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Sentencia CL-612-22 — Registro 17513

Resumen

Demanda ordinaria laboral para el pago de reajuste o complemento de prestaciones e indemnizaciones laborales y sociales de acuerdo a la cláusula número cincuenta y nueve del XII contrato colectivo de condiciones de trabajo celebrado entre la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) y el SITRATELH

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede resulta inestimable por contener los defectos técnicos siguientes: a) El concepto de violación a la ley sustantiva por Infracción Directa se debe alegar al margen del material probatorio, sin embargo, en la explicación se insta a la valoración de la prueba lo cual es incompatible con dicho concepto; b) En su explicación cita normativa que no fue indicada como infringida o relacionada en la formulación del cargo, tal es el caso de los artículos 18, 96 numeral 5) del Código de Trabajo; 200 numeral 1, 2 letras b), c) y d), 208, 215 numeral 1 del Código Procesal Civil; 321 y 323 de la Constitución de la República; 1429 del Código Civil; y, cuarenta y tres (43), en relación con el treinta y nueve (39) de la Ley del Salario Mínimo; y, c) En su explicación realiza alegatos propios de instancia, inoportunos en este recurso extraordinario."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765 numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos facticos que demuestren el vicio de tal manera, que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente asunto se estima que no se ha violado el debido proceso o el derecho de defensa de las partes, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Civil, art. 1589 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., diecinueve de octubre de dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha veinticinco de abril del dos mil veintitrés, por el Abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO, en su condición de representante procesal de la señora MERCEDES AGRIPINA VELASQUEZ, como recurrente; además es parte recurrida, la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), representada en juicio por la Abogada ANGELA GABRIELA MEDINA HENRRIQUEZ. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el pago de reajuste o complemento de prestaciones e indemnizaciones laborales y sociales de acuerdo a la cláusula número cincuenta y nueve del XII contrato colectivo de condiciones de trabajo celebrado entre la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) y el SITRATELH, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha trece de septiembre del dos mil diecisiete, por la señora MERCEDES AGRIPINA VELASQUEZ, mayor de edad, casada, abogada, hondureña y de este domicilio, contra la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) por medio de su Gerente General el señor MELVIN REMBERTO MALDONADO MALDONADO. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha siete de septiembre del dos mil veintidós, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de la siguiente manera: “FALLA:I.DECLARARCON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada ANGELA GABRIELA MEDINA HENRIQUEZ como apoderada procesal de la parte demandada. II. DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO como apoderado procesal de la parte demandante.- III. REVOCA la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán de fecha veintinueve de enero del año dos mil veinte y que corre agregada a la primera pieza de autos a folios 146 al 152 de la primera pieza de autos. IV.- DECLARA CON LUGAR LAS EXCEPCIONES PERENTORIAS DE PRESCRIPCION Y DE PAGO interpuestas por la representante procesal de la parte demandada.- V.- DECLARA SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral de primera instancia promovida por la ciudadana MERCEDES AGRIPINA VELASQUEZ contra la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) a través de su Gerente General el señor MELVIN REMBERTO MALDONADO MALDONADO, contraída a pedir el pago de reajuste o complemento de prestaciones e indemnizaciones laborales y sociales de acuerdo a la cláusula número cincuenta y nueve (59) del XII contrato colectivo de condiciones de trabajo celebrado entre la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) Y EL SITRATELH, en consecuencia ABSUELVE a la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) de pagar a la señora MERCEDES AGRIPINA VELASQUEZ un reajuste o complemento de prestaciones e indemnizaciones laborales y sociales de acuerdo a la cláusula número cincuenta y nueve (59) del XII contrato colectivo de condiciones de trabajo celebrado entre la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) Y EL SITRATELH.- VI.- SIN COSTAS”. ANTECEDENTES DE HECHO 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que inició la relación laboral con la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), el 1 de agosto del 1983, en el cargo de Secretaria I, devengando un salario base mensual de L. 425.00 y un salario promedio mensual durante los últimos seis meses de L. 59,081.10, con 33 años con 4 meses de servicio a disposición de HONDUTEL; que de conformidad a las leyes que rigen la materia y en especial a lo establecido en el XII contrato Colectivo de condiciones de trabajo celebrado por HONDUTEL y SITRATELH periodo 2010-2012, dio por terminada la relación laboral con HONDUTEL, beneficio de retiro voluntario, el cual fue aceptado por la demandada a partir del 30 de noviembre del 2016, quien devenía y se comprometió al pago total de las prestaciones e indemnizaciones laborales de conformidad con la ley; resulta que según el cálculo de prestaciones laborales obtenido por la Dirección de Talento Humano, Departamento de Relaciones Laborales de Hondutel, lo que le correspondía en concepto de prestaciones e indemnizaciones laborales y además derechos y beneficios es la cantidad de L. 1,842,986.60 sin deducciones, suma de dinero que HONDUTEL le hizo efectivo en varias cuotas, cancelándole un último pago en fecha 3 de mayo del año 2017, posteriormente tuvo conocimiento que sus prestaciones fueron calculadas de forma incompleta e incorrecta, en virtud que se calcularon unilateralmente por Hondutel, pues tenía que aplicarse y no se aplicó para el cálculo y el pago correcto legal y justo lo establecido en el capítulo VIII Prestaciones Económicas y Sociales, CLAUSULA 59 Prestaciones Laborales párrafo primero, contenido en el XII Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo entre HONDUTEL y SITRATELH, periodo "2010-2012", que literalmente dice: “CLAUSULA 59 PRESTACIONES LABORALES. Párrafo primero: A excepción de las personas que ejercen cargos de confianza mencionadas en la cláusula No. 2 de este Contrato Colectivo, en caso de terminación de Contrato de Trabajo por mutuo consentimiento de las partes o a petición del trabajador, HONDUTEL pagará a todo trabajador una indemnización de un mes por año trabajado, además se le pagará el preaviso, vacaciones, aguinaldo y decimocuarto mes que corresponda y además bonificaciones a que tuviere derecho". Lo cual la patronal ignoro a su conveniencia al practicar un cálculo de prestaciones alejado de toda realidad, ya que no realizó el mismo en base a los más de 33 años que laboró para la demandada. La actuación anterior realizada por los personeros de HONDUTEL es nula de conformidad al artículo 3 del Código de Trabajo, ante tal ilegalidad se aboco a las oficinas de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, específicamente a la Unidad de Cálculo de Prestaciones e Indemnizaciones Laborales en procura que se le practicara el cálculo de sus prestaciones e indemnizaciones laborales de conformidad con la ley, obteniendo el mismo, que arroja la cantidad total a pagar en concepto de prestaciones e indemnizaciones laborales y demás conceptos es la suma de L. 2,760,871.19, a la cual se le resta la cantidad ya hecha efectiva a su favor por Hondutel que es de L. 1,842,986.60, nos da una simple operación aritmética, que HONDUTEL le adeuda en concepto de reajuste o complemento de prestaciones e indemnizaciones laborales la suma de L. 917,884.59, lo antes relacionado de conformidad a lo establecido en el párrafo primero de la Cláusula 59 del XII Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo celebrado entre Hondutel y Sitratelh periodo 2010-2012; en aras de solicitar el pago del reajuste o complemento de sus prestaciones e indemnizaciones laborales, acudió a la Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad, específicamente al Departamento de Resolución Alterna de Conflictos Laborales (CONCILIACION) a presentar el reclamo respectivo para que de manera conciliatoria resolver el asunto de mérito, lo cual no fue posible, dándose por agotada las diligencias administrativas conciliatorias de conformidad con el artículo 691 del Código del Trabajo. 2. La parte demandada, la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), contestó dicha demanda señalando que la demandante ingreso a trabajar para la demandada a partir del 1 de agosto de 1983, desempeñando últimamente el puesto de Asistente Profesional III devengando un salario mensual de L. 50,641.04, al momento de su cancelación a partir del 2 de mayo del año 2015, pero la relación termino pagándosele sus prestaciones laborales y demás derechos; ya efectuadas las deducciones correspondientes, cantidad que fue calculada y generada por el Departamento de Relaciones y Servicios a Empleados de HONDUTEL, de la siguiente manera: con base a un salario mensual de L. 61,613.26 y resulto a favor del demandante la cantidad bruta de L. 1,842,986.60; que se reclama el pago del complemento de prestaciones laborales con base en el reajuste salarial de la cláusula 59 del XI y XII Contrato Colectivo suscrito entre HONDUTEL y SITRATELH aprobada en fecha 10 de noviembre de 2009, sin embargo en ese momento se encontraban vigente las Disposiciones Generales del presupuesto para el Ejercicio Fiscal del 2009, mismas que al igual que las disposiciones presupuestarias de los periodos fiscales posteriores, en su artículo 85, por lo anteriormente expuesto y siendo HONDUTEL una entidad descentralizada sujeta al principio de legalidad que opera en la Administración Pública y que los servidores del Estado no tienen más facultades que las expresamente les confiere la ley y que todo acto que ejecuten fuera de ella, es nulo e implica responsabilidad, siendo evidente que su representante legal no podría generar un acto valido mediante omisión de los procedimientos legales establecidos, y si lo hiciera, dicho acto sería nulo y conllevaría a la deducción de las responsabilidades que en derecho pudieran corresponder al funcionario que los hubiere generado; en cuanto al cumplimiento del procedimiento establecido en las disposiciones generales del presupuesto de los periodos fiscales 2009, 2010, 2011, 2013 y 2014 acorde a la capacidad financiera de HONDUTEL la administración propicio el otorgamiento de los incrementos salariales de sus empleados permanentes; con relación a la cláusula 59 del Contrato Colectivo cabe mencionar que la Junta Directiva de HONDUTEL es la máxima autoridad de la Institución y por ende sus decisiones son de obligatorio cumplimiento y principalmente de aquellos casos en que afecte los intereses económicos de la misma, por lo que, en fecha 13 de mayo del 2008, la Junta Directiva de HONDUTEL emitió Resolución del Punto de acta No. 8 de la Sesión Orinaría No. 545-08 en donde se resolvió ratificar la aprobación del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo de HONDUTEL para los años 2008-2009 a excepción de la cláusula No. 59 “PRESTACIONES LABORALES”, porque se contrapone a los artículos número 38 del Equilibrio Presupuestario de la Ley Orgánica del Presupuesto y 160 de las Disposiciones Generales del Presupuesto Vigente para el año 2008, que son de orden público y faculta al Gerente General para que proceda a contratar una firma consultora, a efecto de que realice un estudio actual que mida el impacto financiero de la misma; la Junta Directiva de HONDUTEL en Sesión Ordinaria No. 547-08 celebrada el día 5 de Septiembre del año 2008 en el punto de acta No. 11. E) RESOLVIO: Recomendar a la Gerencia General que retome el Estudio actual, incluyendo el estudio financiero que certifique cual es la capacidad de soporte económico de HONDUTEL en un año, tomando en cuenta a todos los empleados que tienen más de 22 años de laborar en la empresa proyectando el número de personas que podrían ser cesanteadas aplicándoles dicho beneficio; a la demandante ya se le pagaron sus prestaciones e indemnizaciones laborales y demás derechos adquiridos de conformidad a la Cláusula 59 del X Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo 2006-2007, en vista de lo cual la Junta Directiva de HONDUTEL que es la máxima autoridad de la empresa, no aprobó el contenido de la cláusula 59 del XI Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo 2008-2009, es decir que la cláusula 59 que sigue vigente y que se aplica en la actualidad por disposiciones de la Junta Directiva de HONDUTEL, es la del X (decimo) Contrato Colectivo 2006-2007 que es la que reconoce hasta un límite de 22 o 24 meses de salario por los años de servicio como pago de indemnizaciones de cesantía, se le pagaron 22 meses de indemnización por cesantía, tal como lo regula la cláusula en mención. 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintinueve de enero del dos mil veinte, dictó sentencia que en su parte conducente, dice: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por la señora MERCEDES AGRIPINA VELASQUEZ, contra LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), a través de su Gerente General MELVIN REMBERTO MALDONADO MALDONADO en cuanto al pago por ajuste o complemento de auxilio de cesantía; en consecuencia, 2) CONDENA a la demandada la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), a través de su Gerente General MELVIN REMBERTO MALDONADO MALDONADO a pagar la cantidad de OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS(L. 819,446.95) por los 11 años con cuatro meses, en concepto de complemento de auxilio de cesantía; 3) Declarando SIN LUGAR la EXCEPCION DE PRESCRIPCION y DE PAGO opuestas por el representante de la parte demandada; 4)SIN LUGAR las COSTAS”; bajo el criterio que la demandante reclama el pago del reajuste de prestaciones por lo que haciendo un análisis de las pruebas allegadas al juicio esta juzgadora concluye lo siguiente: que en el presente caso la empresa demandada aplica la cláusula 59 del X Contrato Colectivo para realizar el cálculo en relación a la cesantía reconociendo el pago de veintidós meses, disposición ésta que contraviene la norma general como ser el Código de Trabajo en su artículo 120 reformado, que establece que el pago de la cesantía no podrá exceder de 25 meses, y en el presente caso debe aplicarse lo que establece la cláusula 59 del XII Contrato Colectivo que se encuentra vigente, en armonía con la norma precitada, ésta suscrita es del convencimiento que a la demandante se le adeuda un complemento por pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, en vista que HONDUTEL debió pagar a la demandante en concepto de pago de auxilio de cesantía un mes por cada año laborado, es decir, por los treinta y tres años con cuatro meses laborados, y a quien se le pagó 22 sueldos, quedándole un pendiente de once años, con cuatro meses de pago de auxilio de cesantía, en tal sentido es oportuno declarar con lugar esta pretensión. 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha siete de septiembre del dos mil veintidós, dictó sentencia que, en su parte conducente, dice: “FALLA:I.DECLARARCON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada ANGELA GABRIELA MEDINA HENRIQUEZ como apoderada procesal de la parte demandada. II. DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO como apoderado procesal de la parte demandante.- III. REVOCA la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán de fecha veintinueve de enero del año dos mil veinte y que corre agregada a la primera pieza de autos a folios 146 al 152 de la primera pieza de autos. IV.- DECLARA CON LUGAR LAS EXCEPCIONES PERENTORIAS DE PRESCRIPCION Y DE PAGO interpuestas por la representante procesal de la parte demandada.- V.- DECLARA SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral de primera instancia promovida por la ciudadana MERCEDES AGRIPINA VELASQUEZ contra la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) a través de su Gerente General el señor MELVIN REMBERTO MALDONADO MALDONADO, contraída a pedir el pago de reajuste o complemento de prestaciones e indemnizaciones laborales y sociales de acuerdo a la cláusula número cincuenta y nueve (59) del XII contrato colectivo de condiciones de trabajo celebrado entre la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) Y EL SITRATELH, en consecuencia ABSUELVE a la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) de pagar a la señora MERCEDES AGRIPINA VELASQUEZ un reajuste o complemento de prestaciones e indemnizaciones laborales y sociales de acuerdo a la cláusula número cincuenta y nueve (59) del XII contrato colectivo de condiciones de trabajo celebrado entre la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) Y EL SITRATELH.- VI.- SIN COSTAS”. Bajo el criterio que la parte actora reclama un derecho contra una entidad del Estado y por tal razón para entablar la acción correspondiente procedió a dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 691 reformado del Código del Trabajo, y en el ejercicio del derecho alternativo que confiere la norma, optó por agotar el trámite gubernativo, o sea los servicios de conciliación de la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social lo que inició en fecha 22 de agosto de 2017. Que al iniciar en esa fecha la gestión que ordena el artículo 691 reformado del Código de Trabajo como presupuesto procesal para demandar a HONDUTEL, su actuación la ha realizado fuera del plazo legal que señala el artículo 867 del Código de Trabajo ya que desde que su renuncia fue aceptada en fecha 01 de diciembre de 2016 desde que se le realizó el último pago correspondiente a sus prestaciones e indemnizaciones laborales lo que ocurrió en fecha 26 de abril de 2017 debía conforme al artículo en mención iniciar una gestión dentro del plazo legal pero no lo hizo sino después de dos meses por lo tanto cuando la ejerce primero en vía administrativa y luego judicial ya está prescripta su acción. Que asimismo la parte demandada interpuso la excepción de pago para tal efecto propuso el acta de aceptación de fecha 12 de diciembre de 2016 por la cual la trabajadora aceptó sin reservas, como se puede observar, la suma que le ofreció HONDUTEL y que haría efectivo en cinco pagos que sumados dan la cantidad de L. 1,842,986.60, por lo que este pago ha sido hecho y recibido de buena fe por lo tanto surte sus efectos liberatorios al tenor del artículo 1429 del Código Civil. 5. Mediante auto de fecha cinco de enero del dos mil veintidós, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO, en su condición de representante procesal de la señora MERCEDES AGRIPINA VELASQUEZ, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha veinticinco de abril del dos mil veintitrés, compareció ante este Tribunal el Abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO, en su condición de representante procesal de la señora MERCEDES AGRIPINA VELASQUEZ, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de fecha ocho de mayo del dos mil veintitrés, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha diecinueve de septiembre del dos mil veintitrés, se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por parte de la Abogada ANGELA GABRIELA MEDINA HENRRIQUEZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I. Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II. Que el Abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO, en su primer y único motivo de casación alega: “Ser la Sentencia violatoria de Ley Sustantiva de Orden Nacional por Infracción Directa del artículo 867 del Código de Trabajo, en relación con el artículo 2292 del Código Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el numeral 1o. párrafo primero del Artículo 765 del Código de Trabajo. LA VIOLACION PASO A EXPLICARLA DE LA SIGUIENTE FORMA: Toda violación directa de la Ley parte de que la sentencia no aplique la norma que regula el caso debatido y establecido en el proceso o que la aplique a un hecho no demostrado en él; que al caso debatido y establecido en juicio no deduzca de la norma las consecuencias en ella previstas, o de una interpretación errónea como sucedió en el presente caso que conste, POR MAYORIA DE VOTOS, por el ad-quem. Honorables señores Magistrados con relación al pago del reajuste o complemento de prestaciones e indemnizaciones laborales y sociales de acuerdo a la cláusula número cincuenta y nueve (59) del XII Contrato Colectivo de condiciones de Trabajo celebrado entre la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL) Y EL SITRATELH, que reclama mi representada a lo cual, previo haberle acreditado y probado al Juzgado de Primera instancia su procedencia fue condenada a pagar la demandada en dicha instancia, pero que ya en segunda instancia, que conste POR MAYORIA DE VOTOS, revoca la sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, al amparo que la actuación de la demandante la ha realizado fuera del plazo que señala el artículo 867 del Código de Trabajo, bajo el argumento que la renuncia de la demandante fue aceptada en fecha 01 de diciembre de 2016 o desde que se le realizó el último pago correspondiente a sus prestaciones e indemnizaciones laborales lo que ocurrió en fecha 26 de abril de 2017 y que conforme al artículo en mención debía iniciar una gestión dentro del plazo legal pero no lo hizo sino después de dos meses por lo tanto cuando la ejerce primero en vía administrativa y luego judicial ya está prescrita su acción, como lo deja plasmado el Ad- Quem en el CONSIDERANDO (8), de la sentencia impetrada. Con el reiterado respeto, se considerada que pasó desapercibido el Ad- Quem, que el reclamo de la demandante se centra en el pago del reajuste o complemento de prestaciones e indemnizaciones laborales y sociales que de acuerdo a la cláusula número cincuenta y nueve (59) del XII Contrato Colectivo de condiciones de Trabajo celebrado entre la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL) Y EL SITRATELH. Y a esos efectos el artículo 867 párrafo primero prescribe: "Salvo disposición en contrario, todos los derechos y acciones provenientes de este Código, de sus reglamentos o de las demás leyes de trabajo o previsión social, que no se originen directamente en contratos de trabajo, prescriben en el término de dos (2) meses...” De lo que resulta alejado de toda legalidad aplicarle al caso de mi representado dicha norma. En virtud que lo pedido por la demandante en este momento viene originado de una contratación colectiva, ya que se trata de un derecho ya adquirido, es decir YA FORMA PARTE DEL PATRIMONIO DEL TRABAJADOR, convirtiéndose así en una acción personalísima ya adquirida y que no lo hiso efectiva el patrono, producto del tiempo que laboró para la demandada. Para lo cual, y su reclamo ya el Artículo 2292 del Código Civil ordena lo siguiente: "Las acciones personales que no tengan señalado término especial, prescriben a los diez años”. Lo que conlleva a ser incongruente sus considerandos con la parte resolutiva de la sentencia, ya que la demandante no está demandando pago de prestaciones laborales, mucho menos reintegro a su puesto de trabajo, sino que, el pago del reajuste o complemento de sus prestaciones e indemnizaciones laborales y sociales de acuerdo a la cláusula número cincuenta y nueve (59) del XII Contrato Colectivo de condiciones de Trabajo celebrado entre la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL) Y EL SITRATELH. Aunándole a lo anterior lo que prescribe el artículo 18 del Código del Trabajo que reza: "Los casos no previstos por este Código, por sus reglamentos o por las demás leyes relativas al trabajo, se deben resolver, en primer término, de acuerdo con los principios del Derecho del Trabajo., en segundo lugar, de acuerdo a la equidad, la costumbre o el uso locales, en armonía con dichos principios., y por último, de acuerdo con las disposiciones contenidas en los convenios y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, y los principios del derecho común, jurisprudencia y doctrina". Como se repite, lo reclamado por mi representada en su demanda ya forma parte de su patrimonio, (PAGO DE AJUSTE O COMPLEMENTO DE SUS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES), derivado de la relación laboral que existió entre su persona y Hondutel. Y es partiendo de ello, ya que el Código de Trabajo, no contiene una norma que exija o que regule la prescripción en cuanto a lo reclamado por la demandante y al carecer el Código de Trabajo de tal exigencia es que viene a conocimiento lo establecido en el artículo 2292 del Código Civil, que manda lo siguiente: "Las acciones personales que no tengan señalado término especial, prescriben a los diez años". En consecuencia, para mayor abundancia y de acuerdo a lo estipulado en el artículo 208 del Código Procesal Civil que establece la CONGRUENCIA. En su numeral 1.- Las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. 2. En las sentencias se efectuarán las declaraciones que aquéllas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate, por lo tanto también tiene vicios de nulidad subsidiaria la cual expondré en este mismo escrito, tal como lo señala el artículo 215 numeral 1 del mismo cuerpo legal, y también tomando en consideración que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes y reunir los requisitos del artículo 200 numeral, 1, 2 letras b), c) y d) del mismo cuerpo legal citado. A los efectos anteriores ya el Artículo 96 en su numeral 5 establece lo siguiente: "Se prohíbe a los patronos: 1......5. Deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y prestaciones en dinero que correspondan a los trabajadores, sin autorización previa escrita de éstos para cada caso, sin mandamiento judicial, o sin que la ley, el contrato o el reglamento lo autoricen. Lo que no fue valorado por el Ad- Quem. DE CONSIGUIENTE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA, NO DEBEN LIMITAR EL PAGO DE UN DERECHO LABORAL ADQUIRIDO POR EL TRABAJADOR. Como se podrá observar en la Sentencia impetrada, el Ad- Quem, con su actuar ha limitado los derechos humanos de mi representada, en total desacato a esta obligación impuesta por el articulo precitado, y violentando los artículos 321 y 323 de nuestra Carta Magna; por lo que los ajustes o complemento de sus prestaciones e indemnizaciones laborales y sociales de acuerdo a la cláusula número cincuenta y nueve (59) del XII Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo Celebrado entre la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL) Y EL SITRATELH, deberán ser pagados por la demandada. Ya que también va implícito de que si la empresa demandada (HONDUTEL) hubiera pagado correctamente a mi representada que es conforme a ley no hubiera necesidad de tal acción jurisdiccional. Por consiguiente, deducimos que el Ad- Quem ha incumplido los preceptos legales que hemos señalado, con lo que ha llevado a que se le violenten las garantías constitucionales a la demandante de justicia, como ser el derecho de defensa y el debido proceso establecido en los artículos 82 y 90 Constitucional, 3, 4, 7, 13 del Código Procesal Civil. En el CONSIDERANDO (9) de la sentencia impetrada el Tribunal Ad-Quem observa lo siguiente: "Que la parte demandada interpuso la excepción de pago para tal efecto propuso el acta de aceptación de fecha 12 de diciembre de 2916 por la cual la trabajadora MERCEDES VELASQUEZ aceptó sin reservas, como se puede observar, la suma que le ofreció HONDUTEL y que haría efectivo en cinco pagos que sumados dan la cantidad de UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON SESENTA CENTAVOS (L. 1,842,986.60) por lo que este pago ha sido hecho y recibido de buena fe por lo tanto surte efectos liberatorios al tenor del artículo 1429 del Código Civil." Y ya en el CONSIDERANDO (11), determina: "Que por las razones expuestas es procedente revocar la resolución apelada, por no estar dictada conforme a derecho sin necesidad de proceder a estudiar el fondo del juicio por la procedencia de las excepciones perentorias de prescripción y pago." De lo determinado por el Tribunal Ad- Quem en la sentencia que se impetra podemos deducir, en primer lugar, que no está en discusión el pago ni el tiempo que en que mi representada recibió el pago, sino que la acción que la acción que se debate tiene vinculación con el pago que dejó de hacer HONDUTEL a mi representada y que a esta última ya el artículo 2292 del Código Civil le ampara para formalizar su reclamo, por lo que el fundamento utilizado por el Ad- Quem artículo 867 del Código de Trabajo lo infringe directamente contra la demandante de justicia, porque como se repite lo que reclama mi representada YA FORMA PARTE DEL PATRIMONIO DEL TRABAJADOR, no se está en una situación de despido alguno, ni de pago de prestaciones, que allí si operan los dos meses que tiene el trabajador y del que habla el artículo 867 del Código de Trabajo, Sépase entender, por favor?. Por lo que siendo así las cosas por el Ad- Quem se ha violentado la norma sustantiva de orden nacional invocada por haberse interpretado erróneamente, a una situación regulada por la misma, al no hacerla producir los efectos que de ella se derivan, ante un hecho debidamente reconocido y que no admite discusión ni prueba en contrario. Por todo lo anteriormente expuesto es evidente que se debe casar la sentencia en el presente motivo. En consecuencia y con lo resuelto por el Ad- Quem, para fines jurisprudenciales, es importante destacar que el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales es una forma de cumplir con las obligaciones y produce efectos liberatorios, PERO siempre y cuando la misma sea efectuada en forma oportuna, razonable y completa en sus conceptos LO QUE NO HA OCURRIDO EN EL CASO DE MI REPRESENTADA. Para el caso tenemos es OPORTUNA: Ya que debe hacerse de forma inmediata a la terminación de la relación laboral. RAZONABLE: Porque los valores cancelados deben ser aproximados al monto total que corresponda recibir el acreedor conforme a la ley. COMPLETO: En todos sus conceptos. Deduciendo de lo anterior que la demandada no cumplió con los requisitos tanto de razonabilidad y completamiento, pues lo pagado a la demandante dista demasiado del monto total que conforme a ley corresponde a la demandante. Concluyendo que el Ad- Quem incurre en una violación directa del artículo 867 del Código de Trabajo, por interpretación errónea al imponer a mi representada la prescripción de la que establece dicha norma cuando no es aplicable al caso de mi representada, ampliamente explicado del porque referida interpretación errónea. De lo que procede es ordenar el pago del reajuste o complemento de las prestaciones e indemnizaciones laborales a favor de mi representada por ser lo procedente en derecho y justicia. Finalizando esta explicación de la violación, bajo el principio de que, ningún Profesional del Derecho, mucho menos los Juez y Magistrados de instancia debemos desconocer que en materia laboral rige el principio protectorio al trabajador, por cuanto en el caso de mi representada, se debe aplicar la norma que más favorece y en este caso de justicia como mínimo debió y debe aplicarse el término de dos (2) años, que ya establece como norma supletoria la Ley del Salario Mínimo en su artículo cuarenta y tres (43), en relación con el treinta y nueve (39) de la misma.” III. Que el cargo que antecede resulta inestimable por contener los defectos técnicos siguientes: a) El concepto de violación a la ley sustantiva por Infracción Directa se debe alegar al margen del material probatorio, sin embargo, en la explicación se insta a la valoración de la prueba lo cual es incompatible con dicho concepto; b) En su explicación cita normativa que no fue indicada como infringida o relacionada en la formulación del cargo, tal es el caso de los artículos 18, 96 numeral 5) del Código de Trabajo; 200 numeral 1, 2 letras b), c) y d), 208, 215 numeral 1 del Código Procesal Civil; 321 y 323 de la Constitución de la República; 1429 del Código Civil; y, cuarenta y tres (43), en relación con el treinta y nueve (39) de la Ley del Salario Mínimo; y, c) En su explicación realiza alegatos propios de instancia, inoportunos en este recurso extraordinario. IV. El impetrante alega nulidad subsidiaria la cual aduce que: “ Resulta que en el caso de autos, la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán de fecha siete de septiembre del año dos mil veintidós, al revocar la sentencia definitiva de primera instancia que corre a fotios 146 al 152 de la primera pieza de autos, no hace suyos los extremos de la sentencia de primera instancia, y tomando en consideración que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes y reunir los requisitos del artículo 200 numeral, 1, 2 letras b, c y d, del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria al caso de autos y especialmente en el caso de la nulidad subsidiaria indicada, resulta que la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, hizo suyo el error de la sentencia de primera instancia que no obstante haber condenado a la empresa demandada a pagar la cantidad de OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS (L .819,446.95) por los 11 años con cuatro meses, en concepto de complemento de auxilio de cesantía. Y declaró SIN LUGAR la EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN Y DE PAGO opuestas por el representante de la parte demandada." Lo mismo que la violación de los artículos 18 del Código de Trabajo en relación con el artículo 2292 del Código Civil. Así también la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, al dictar la sentencia impetrada no dio cumplimiento a lo ordenado en el artículo 200 del Código Procesal Civil, en cuanto a lo relacionado con el CONTENIDO FORMAL DE LAS SENTENCIAS, ya que estas deben ser siempre motivadas y contendrán, en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en los que se base la parte dispositiva o fallo.... En los antecedentes de hecho se consignarán, con la claridad y la concisión posibles y en párrafos separados y numerados, las pretensiones de las partes o interesados, los hechos en que las funden que hayan sido alegados oportunamente y tengan relación con las cuestiones que deban de resolverse, las pruebas que se hubiesen propuesto y practicado y los hechos probados, en su caso, … En los fundamentos de derecho se expresarán, en párrafos separados y numerados, los puntos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso,... El fallo contendrá, numerados, los pronunciamientos correspondientes a las pretensiones de las partes, aunque la estimación o desestimación de todas o algunas de dichas pretensiones pudiera deducirse de los fundamentos jurídicos, así como el pronunciamiento sobre las costas. Y al respecto, el artículo 212 numeral 6 del Código Procesal Civil establece: "Los actos procesales serán nulos en los casos siguientes: 1, 2, 3, 4. "Cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, se haya producido indefensión"., 5, 6. "En los casos en que este Código y demás leyes así lo determinen". Y para confirmar aún más la procedencia de la nulidad subsidiaria solicitada, me permito acompañar al presente escrito, fallos dictados por la Honorable Corte Suprema de Justicia.- Sala de lo Laboral Contencioso Administrativo en las que a otros compañeros de mi representada que han demandado el mismo concepto que reclama mi patrocinada, pasado también del término que prescribe el Artículo 867 del Código de Trabajo, tanto Primera y segunda instancia les han otorgado ese mismo derecho que está reclamando mi representada, lo cual como se repite ha sido confirmado por la Sala de lo Laboral Contencioso Administrativo. Y que conste la parte demandada siempre ha venido alegando las mismas excepciones de prescripción y de pago, las que les han sido declaradas sin lugar en ambas instancias y confirmado por la Honorable Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Laboral Contencioso- Administrativo. Y con el reiterado respeto, de todo Profesional del Derecho es conocido que tres o más fallos dictados en un mismo asunto, ello constituye jurisprudencia, lo cual, ocurre en el caso de mi representada. - Por todas estas razones expuestas procede la declaratoria de NULIDAD de la sentencia impetrada”. V. Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos facticos que demuestren el vicio de tal manera, que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente asunto se estima que no se ha violado el debido proceso o el derecho de defensa de las partes, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria. VI. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación. Y declarar sin lugar la petición de nulidad subsidiaria. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código de Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN LUGAR la nulidad solicitada de forma subsidiaria. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ROY PINEDA CASTRO, COORDINADOR, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de mayo del dos mil veinticuatro; certificación de la sentencia de fecha diecinueve de octubre del dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL612-2022. FIRMA Y SELLO.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ

SECRETARIO SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.