Sentencia CL-593-22 — Registro 17510
Resumen
Demanda Ordinaria Laboral para que se declare que en una relación de trabajo regida por Contratos de Servicios Profesionales se da la concurrencia de los tres elementos esenciales del Contrato de Trabajo, se declare como una verdadera relación laboral de carácter permanente por la suscripción de Contratos continuos y se declare su antigüedad desde el inicio de su relación de trabajo, se condene al reintegro a su puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones de las que tenía al momento del despido, así como también al pago de los salarios dejados de percibir, a título de daños y perjuicios, se condene al pago de los incrementos y ajustes salariales y otros beneficios que se generen por el transcurso del juicio, más el reajuste de salario según establece el Estatuto del Químico Farmacéutico
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Entre las normas que indica como violadas el articulo 47 último párrafo del Código de Trabajo no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) La Censora del fallo alega por la vía del error de derecho, la inobservancia del material probatorio de varios contratos de trabajo por prestación de servicios profesionales y técnicos; sin embargo, el error de derecho en la casación laboral, tiene lugar cuando se haya dado por establecido un hecho con un medio probatorio no autorizado por la Ley, por exigir ésta al efecto una determinada solemnidad para la validez del acto, púes en este caso no se puede admitir su prueba por otro medio y también cuando deja de apreciarse una prueba de esta naturaleza, siendo el caso de hacerlo, situación que en el presente asunto no se ha expuesto bajo alguna de esas modalidades, sino que se invoca la infracción indirecta al aplicar indebidamente el contenido de unos documentos que se refieren a contratos de trabajos por la prestación de servicios profesionales y técnicos, todo ello hace inadmisible dicho motivo; c) Olvida señalar las normas procesales que sirvieron de medio para la violación; y, d) Formula extensos alegatos de instancia inoportunos en este extraordinario recurso. IV. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765 numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 769 numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 27 de julio del 2023, por la Abogada FRANCISCA ARGENTINA MENA GARCIA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, la señora MIRIAM SOLEDAD LOBO CRUZ, representada en juicio por el Abogado WALTER ENRIQUE PINEDA PAREDES.OBJETO DEL PROCESO: Demanda Ordinaria Laboral para que se declare que en una relación de trabajo regida por Contratos de Servicios Profesionales se da la concurrencia de los tres elementos esenciales del Contrato de Trabajo, se declare como una verdadera relación laboral de carácter permanente por la suscripción de Contratos continuos y se declare su antigüedad desde el inicio de su relación de trabajo, se condene al reintegro a su puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones de las que tenía al momento del despido, así como también al pago de los salarios dejados de percibir, a título de daños y perjuicios, se condene al pago de los incrementos y ajustes salariales y otros beneficios que se generen por el transcurso del juicio, más el reajuste de salario según establece el Estatuto del Químico Farmacéutico, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 14 de marzo del 2018, por la señora MIRIAM SOLEDAD LOBO CRUZ, mayor de edad, hondureña, casada, Doctora en Ciencias Químicas y Farmacia, de este domicilio, contra EL ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 29 de abril del 2022, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que falló CONFIRMANDO la sentencia dictada en fecha 18 de septiembre del 2020 dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por MIRIAM SOLEDAD LOBO CRUZ Contra el ESTADO DE HONDURAS por medio de su Representante Legal, el Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en cuanto a: I) Al reconocimiento como empleada permanente desde el inicio de la relación laboral el 17 de junio del 2015; y II) para el reintegro a su puesto de trabajo más los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido a la fecha en que sea reintegrada a su puesto de trabajo con el reconocimiento de los ajustes e incrementos y otros beneficios otorgados en su ausencia a los empleados permanentes para su contratación, quedando bajo la responsabilidad del patrono a realizar las gestiones pertinentes para el otorgamiento del acuerdo de permanencia; en consecuencia; II) CONDENA AL DEMANDADO, EL ESTADO DE HONDURAS por medio de su Representante Legal, el Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, a lo siguiente: 1) A reconocer como empleada permanente desde el inicio de la relación laboral el 17 de junio del 2015; y 2) A reintegrar a su puesto de trabajo más los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido a la fecha en que sea reintegrada a su puesto de trabajo con el reconocimiento de los ajustes e incrementos y otros beneficios otorgados en su ausencia a los empleados permanentes para su contratación, quedando bajo la responsabilidad del patrono a realizar las gestiones pertinentes para el otorgamiento del acuerdo de permanencia; a la señora MIRIAM SOLEDAD LOBO CRUZ; III) Declarando SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por MIRIAM SOLEDAD LOBO CRUZ Contra el ESTADO DE HONDURAS por medio de su Representante Legal, el Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en cuanto al pago de reajuste salarial según lo establece el Estatuto del Químico Farmacéutico; IV) ABSUELVE AL DEMANDADO, EL ESTADO DE HONDURAS por medio de su Representante Legal, el Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, al pago reajuste salarial según lo establece el Estatuto del Químico Farmacéutico a la señora MIRIAM SOLEDAD LOBO CRUZ; V) Declarar SIN LUGAR la EXCEPCION PERENTORIA DE PRESCRIPCION planteada por la parte demandada. IV) Declarar SIN COSTAS”. ANTECEDENTES DE HECHO. 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción que inició la relación de trabajo en la Secretaría de Estado en el Despacho Salud, mediante la suscripción de Contratos de Servicios Profesionales, desde el 17 de junio del 2015, en el cargo de Jefe del Almacén Central de Medicamentos, devengando un salario mensual de L. 42,000.00; desde el inicio de su relación laboral con la institución demandada, celebró varios Contratos de Servicios Profesionales por tiempo determinado, realizando labores en forma continua e ininterrumpida, propias de un puesto permanente en la institución, Contratos de Servicios Profesionales que simulan verdaderos Contratos de Trabajo, ya que se cumplen los elementos exigidos en el artículo 20 del Código de Trabajo, como ser la actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo, en la que nunca delega sus funciones; la continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del patrono que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato y además, sujetos a un horario de trabajo; y un salario como retribución del servicio, por lo que se entiende que existe Contrato de Trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen; existe simulación cuando las partes otorgantes del acto aparente han acordado declarar una voluntad distinta a la real, el principio de la primacía de la realidad sobre lo formal derivado del principio protectorio del trabajo, se perfecciona como consecuencia de la buena fe, para evitar el fraude y la simulación de ilícitos y promover la buena fe entre las partes, en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir a lo que sucede en el terreno de los hechos; como consecuencia, una vez comprobada la inadecuación contractual a la realidad de la relación laboral de que se trate, son de directa aplicación las normas imperativas que la rigen a despecho de la que se aparentó; por otra parte y de conformidad a los artículos 47 párrafo primero y segundo, y 52 párrafo tercero del Código de Trabajo, se está ante un verdadero Contrato de Trabajo por tiempo indefinido regido por la jurisdicción laboral del trabajo, pues la causa del Contrato subsiste y los puestos son aún vigentes dentro de la situación demandada, adquiriendo la estabilidad en sus puestos de trabajo con fundamento en el principio de continuidad y que el contrato es de tracto sucesivo, por lo que la concertación del Contrato de Trabajo es por tiempo limitado, no puede basarse en la simple decisión de las partes y debe observarse siempre la verdad de los hechos sobre la apariencia o por encima de los acuerdos formales; debiendo computarse la antigüedad desde la fecha de la suscripción de su primer Contrato de Trabajo, que existe línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia en el sentido que el tipo de Contratación de Servicios Profesionales o Técnicos procede únicamente con personal especializado, con un grado académico superior o conocimientos especializados para realizar un trabajo específico o técnico en determinada rama, cuya función no puede ser desarrollada por cualquier trabajador debe haber independencia técnica y administrativa, la persona no está supeditada a un horario de trabajo específico o a un jefe subordinación y la tarea encomendada debe ser la entrega de un producto; sumado a ello debe advertir que este Tribunal de Justicia ya se ha pronunciado en sendas ocasiones, en casos como el indicado, y dejado en manifiesto que el Contrato laboral existe cuando hay una dirección y dependencia entre el empleador y el trabajador, lo que permite afirmar que en él se presentan ciertas características que lo distinguen de los Contratos de Servicios Profesionales, entre las cuales podrían destacarse las siguientes, la obligación del trabajador a prestar un servicio personal empleando su fuerza material o su capacidad intelectual; la obligación del empleador de pagar a aquel por su trabajo un salario independientemente de la denominación que tenga; y la relación de dirección o dependencia en que el trabajador se encuentra colocado frente al patrón subordinación, disposición consignada en el artículo 20 del Código de Trabajo, resultando antijurídico que la parte demandada suscriba y prorrogue Contratos denominados de Servicios Profesionales cuando rige un Contrato de Trabajo personal y subordinado, por lo tanto al tenor del artículo 3 del Código de Trabajo debe estimarse ineficaz las cláusulas de un Contrato de Prestación de Servicios Profesionales, según el cual la vigencia sería por un periodo determinado, toda vez que los derechos de los trabajadores, en los términos precisados, son irrenunciables, sin que la voluntad de las partes pueda modificarlos o restringirlos; mediante Acuerdo No. 266-2018, de fecha 15 de febrero del 2018, por el Secretario de Estado en el Despacho de Salud le notificó que a partir de la fecha se cancelaba el nombramiento que desde el 17 de junio del 2015 se desempeñaba en el cargo de Jefe del Almacén Central de Medicamentos, sin invocar causal de las establecidas en el artículo 112 del Código de Trabajo en violación del artículo 117 del mismo cuerpo legal; en virtud de la negativa del patrono a reintegrarle a su puesto de trabajo, en fecha 5 de marzo del 2018, se le cito en la Secretaria de Estado en Despacho de Trabajo y Seguridad a solicitar que mediante la vía de la conciliación ordenara su reintegro al puesto de trabajo, sin embargo el patrono no compareció a la audiencia para la cual fueron citados, por lo tanto se dio por agotado el trámite administrativo, extremo que acredito con el Acta de Cierre de las Diligencias Administrativas Gubernativas Conciliatorias por la no comparecencia de la parte requerida, extendida por la Unidad del Servicio de Resolución Alterna de Conflictos Laborales de la Dirección General del Trabajo en fecha 9 de marzo del 2018. 2. La parte demandada, EL ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que mantuvo una relación de Servicios Profesionales y Técnicos con la demandante, cuya modalidad era a término, a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, en el cargo de Jefe de Almacén Nacional de Medicamentos cuya sede era en la Región Departamental de Choluteca, tal como se desprende del Contrato de Servicios Profesionales y Técnicos No. 13761-2017, cláusula primera; rechaza la fecha en que aduce el inició la relación profesional, ya que de conformidad al Contrato en su Cláusula Tercera, referente a la validez y vigencia, se establece que esta prestaría sus servicios a partir del 1 de julio al 31 de diciembre del 2017, haciendo un total de 180 días, este contrato no será prorrogable, por lo que no constituye un Contrato de Trabajo permanente como pretende hacer valer la demandante, como se observa el Contrato llegaría a su fin una vez acaecida la fecha estipulada de su vigencia, de igual forma rechaza el salario que aduce devengaba, en razón que la Cláusula Cuarta establece que el monto del mismo era por la cantidad de L.252,000.00, valor que se cancelara sobre la base de una remuneración mensual de L.42,000.00, desprendiéndose que no existe un salario mensual sino que a cambio de una prestación de servicios la misma recibiría a cambio un monto como pago de sus servicios prestados; en virtud que si bien es cierto la demandante laboró para la Secretaría de Salud, lo realizo en forma temporal y no permanente mediante Contrato de Servicios Profesionales y Técnicos, por desempeñar un cargo de Jefe del Almacén Central de Medicamentos, para la cual fue contratada siendo que los servicios prestados por la demandante eran servicios profesionales por la capacidad y por los conocimientos que la demandante posee por ser Químico Farmacéutica; se puede razonar que el Contrato está sujeto al derecho administrativo, en razón de su modalidad regulado por el Reglamento de Personal de la Secretaría de Salud que en el artículo 2 prescribe “El ámbito de aplicación de este Reglamento estará limitado a la Secretaría y sus órganos desconcentrados funcionalmente y será aplicado en las relaciones que se originen de un nombramiento en cualquiera de sus modalidades o de un contrato de servicios profesionales, técnicos o de apoyo”, asimismo, el artículo 28 que en su texto legal dice “Se entiende por contratos de servicios profesionales, técnicos o de servicio de apoyo los que tienen por objeto prestaciones diferentes a los previstas para los contratos de consultoría, según la Ley de contratación del Estado”, y el artículo 33 del mismo corpus iuris estipula “La vigencia de estos contratos no podrán de exceder la del ejercicio fiscal… los derechos y las obligaciones a reclamar serán lo que contiene en el contrato suscrito... en ningún caso se consideraran permanente al personal contratado”, en concordancia con lo anterior el artículo 11 de la Ley de Servicio Civil dispone que “para ingresar al Servicio Civil se requiere … 5) haber aprobado los exámenes de competencia o de oposición de antecedentes de conformidad con los requisitos establecidos en esta Ley” y el Reglamento de la Ley de Servicio Civil artículo 4 estatuye que “la relación jurídica de empleo público constituye una situación legal y reglamentaria, determinada únicamente por las disposiciones de la Ley, el presente Reglamento y demás disposiciones relativas a esta materia. Dicha relación, por consiguiente, no se rige por un Contrato de Trabajo, fuere individual o colectivo, o de derecho público o privado”, por lo expuesto, no puede pretender la peticionaria que se le reconozca un derecho subjetivo que no le corresponde, en cuanto a que la modalidad de su contratación es por servicios profesionales por un periodo de tiempo determinado, tal como lo dispone el artículo 202 del citado reglamento que instituye “Todo contrato deberá de contener... obligaciones, lugar y condiciones de prestación de los servicios, informes, remuneraciones y forma de pago. Tendrán plazo determinado y no podrán renovarse... al vencimiento del plazo cesará la relación sin responsabilidad para ninguna de las partes”, como se puede colegir la demandante pretende que le reconozcan un derecho que no le corresponde y que se desconozca la relación que el mismo consintió tal como se establece en la Cláusula Décima Primera del contrato donde consta “aceptación de condiciones: las partes manifiestan que aceptan los términos del presente contrato, comprometiéndose al fiel cumplimiento del mismo”, al tenor de lo expuesto se desvirtúa que existe una simulación de contratos, por reunir los elementos del artículo 20 del Código de Trabajo; la parte actora ha equivocado el camino para la presentación de su demanda, en virtud de ser improcedente al caso lo prescrito en el artículo 47 del Código de Trabajo, tomando en cuenta que la relación que sostuvo es bajo la modalidad de Contratos de Servicios Profesionales regulado mediante la Ley de Servicio civil y su Reglamento, al tenor del artículo 11 de la Ley de Servicio Civil, y el Reglamento de la Ley de Servicio Civil artículo 4; por lo expuesto, no puede pretender la peticionaria que se le reconozca un derecho subjetivo que no le corresponde, de lo preceptuado se desprende que para reconocerle la permanencia a la que alude debe seguir el debido proceso, es decir que para ingresar como funcionaria permanente debió de ser mediante concurso, de igual forma, se establece que los contratos regidos por las leyes supra indicadas, no debe confundirse con los Contratos de Trabajo de la normativa laboral, asimismo es improcedente lo argumentado en el artículo 52 del Código de Trabajo, en virtud que el derecho al que ella pretende se le otorgue no depende de la voluntad del demandado, si no que depende de la disposición presupuestaria que le haya sido asignada y que con ello exista la plaza con renglón presupuestario permanente para considerar la permanencia en su cargo, extremo este que ipso jure, la Administración Pública gira alrededor de las leyes especiales atinentes a cada caso y conforme a las Disposiciones Presupuestarias aprobadas anualmente, lo anterior se desprende de la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno que reforma el artículo 124-C de la Ley General de la Administración Pública que establece “en caso de los empleados por contrato los mismos deberán sujetarse al plazo y a las condiciones contractuales convenida entre las partes”; el cargo para el cual fue contratada la demandante como Jefe de Almacén Central de Medicamentos en la Secretaría de Salud reúne dichas características del Contrato de Servicios Profesionales y Técnico, en virtud que las funciones realizadas por la demandante son funciones estrictamente profesionales, dada a que ella misma ostenta el Título de Químico Farmacéutica, requiriendo para desempeñar dicho cargo de conocimientos especializados para realizar un trabajo específico o técnico con un grado académico superior, cargo que no puede ser desempeñado por cualquier persona como lo pretende hacer creer la demandante, manifestando que se trata de un Contrato Individual de Trabajo por el hecho de darse los tres elementos del trabajo dándole otro sentido a la Ley; en cuanto a que efectivamente presentó reclamo administrativo ante la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social para llegar a un arreglo conciliatorio, no obstante no estaba en la obligación ni facultado para reconocer tales derechos, en virtud de haber accedido a sus pretensiones hubiese infringido disposiciones Constitucionales contenidas en los artículos 321 “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley, todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad”, aunado al mismo el 364 del mismo Corpus Iuris pregona “No podrán hacerse ningún compromiso o efectuarse pago alguno fuera de las asignaciones votadas en el Presupuesto, o en contravención a las normas presupuestarias”, como se puede colegir de haberse efectuado dicha conciliación reconociendo derechos a la parte actora que no le corresponden dicho acto hubiese sido nulo y acarrearía responsabilidad, en tanto a que el mismo hubiese ido en contravención no solo de la Constitución y del presupuesto, si no también infligiendo el artículo 202 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil que establece “Al vencimiento del plazo cesará la relación sin responsabilidad para ninguna de las partes”; por lo que se concluye que no existe infracción de las disposiciones legales vigentes en materia laboral. En Audiencia Primera de Tramite celebrada en fecha 14 de agosto del 2018, interpuso excepción perentoria de prescripción. 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 18 de septiembre del 2020, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por MIRIAM SOLEDAD LOBO CRUZ Contra el ESTADO DE HONDURAS por medio de su Representante Legal, el Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en cuanto a: I) Al reconocimiento como empleada permanente desde el inicio de la relación laboral el 17 de junio del 2015; y II) para el reintegro a su puesto de trabajo más los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido a la fecha en que sea reintegrada a su puesto de trabajo con el reconocimiento de los ajustes e incrementos y otros beneficios otorgados en su ausencia a los empleados permanentes para su contratación, quedando bajo la responsabilidad del patrono a realizar las gestiones pertinentes para el otorgamiento del acuerdo de permanencia; en consecuencia; II) CONDENA AL DEMANDADO, EL ESTADO DE HONDURAS por medio de su Representante Legal, el Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, a lo siguiente: 1) A reconocer como empleada permanente desde el inicio de la relación laboral el 17 de junio del 2015; y 2) A reintegrar a su puesto de trabajo más los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido a la fecha en que sea reintegrada a su puesto de trabajo con el reconocimiento de los ajustes e incrementos y otros beneficios otorgados en su ausencia a los empleados permanentes para su contratación, quedando bajo la responsabilidad del patrono a realizar las gestiones pertinentes para el otorgamiento del acuerdo de permanencia; a la señora MIRIAM SOLEDAD LOBO CRUZ; III) Declarando SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por MIRIAM SOLEDAD LOBO CRUZ Contra el ESTADO DE HONDURAS por medio de su Representante Legal, el Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en cuanto al pago de reajuste salarial según lo establece el Estatuto del Químico Farmacéutico; IV) ABSUELVE AL DEMANDADO, EL ESTADO DE HONDURAS por medio de su Representante Legal, el Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, al pago reajuste salarial según lo establece el Estatuto del Químico Farmacéutico a la señora MIRIAM SOLEDAD LOBO CRUZ; V) Declarar SIN LUGAR la EXCEPCION PERENTORIA DE PRESCRIPCION planteada por la parte demandada. IV) Declarar SIN COSTAS”. Bajo el criterio que haciendo un análisis de los argumentos planteados por ambas partes, pruebas aportadas al proceso y la fundamentación jurídica aplicable al caso concreto, si bien es cierto la relación laboral se suscribió mediante Contratos de Servicios Profesionales o Técnicos por tiempo determinado, y que la demandada basa su defensa, en que se trata de una relación de derecho administrativo y no laboral, es del convencimiento que no es menos cierto que la falta de competencia genérica interpuesta por la parte demandada, fue declarada sin lugar siendo confirmada por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo, además consta que existe discordancia entre lo alegado y lo que ocurrió en la práctica, lo que surge de los Contratos de Servicios Profesionales y Técnicos suscritos por las partes; es decir, lo que sucedió en el terreno de los hechos, lo que se valoran de conformidad al principio de la Primacía de la realidad, mismo que de acuerdo a lo que establece la legislación laboral y de la simple lectura de dichos contratos aportados en el proceso se desprende que dentro de los mismos concurren tres elementos esenciales establecidos en el artículo 20 del Código de Trabajo, al indicar que debe realizar la actividad personalmente, que sus actividades las tenía que realizaren el lugar donde indicaba la Secretaría, bajo la subordinación a las tareas asignadas por su jefe inmediato; además de las descritas en los contratos, debiendo cumplir con el horario de trabajo de los empleado del Gobierno Central, que gozaba de vacaciones y remuneración por su servicios; relacionado con los artículos 47 y 347 del mismo cuerpo legal y que fue contratada para desempeñar el mismo trabajo, y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen, por otro lado, la condición de contrato a término no determina la actividad que se realice, la demandante acreditó que laboró de forma continua e ininterrumpida acumulando una antigüedad de 2 años, 7 meses y 28 días; por lo tanto, no se toma en cuenta el término establecido en los mismos, mientras que la parte demandada no acreditó fehacientemente la temporalidad de la relación laboral alegada ni que el servicio prestado se requiera una especialización o conocimiento técnico especializado para su ejecución, coligiéndose que existe una verdadera relación de trabajo, por lo que es procedente declarar Con Lugar la petición de reconocimiento de permanente la relación laboral que unía a la demandante con la demandada desde el inicio de la relación laboral, es decir, el 17 de junio del 2015; también se solicita el reintegro a su puesto de trabajo con el reconocimiento de los salarios dejados de percibir, reconocimiento de los incrementos salariales y otros beneficios que se generen por el transcurso del juicio, analizado el acuerdo de cancelación del contrato de trabajo, entregado por el patrono, se colige que ésta no invocó justa causa para dar por terminada la relación laboral por ende no ha justificado la misma, puesto que no basta indicar la fecha de finalización, sino que se debe especificar cuál es la causa o motivo para la ruptura de la relación, no hacerlo así se violenta lo dispuesto en el artículo 117 del Código de Trabajo “la parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo debe dar el preaviso por escrito, personalmente a la otra parte, pero si el contrato es verbal puede darlo de palabra ante 2 testigos, con expresión de la causa o motivo que la mueve a tomar esa determinación. Después no podrá alegar válidamente causales o motivos distintos”, en consecuencia declara Con Lugar la petición de reintegro a su puesto de trabajo con el reconocimiento de los salarios dejados de percibir, reconocimiento de los ajustes e incremento salariales, otros beneficios que se generen por el transcurso del juicio, quedando bajo la responsabilidad del patrono a realizar las gestiones pertinentes para el otorgamiento del acuerdo de permanencia; la prescripción es un medio de librarse de una obligación impuesta por el Código de Trabajo o que sea consecuencia de la aplicación del mismo mediante el transcurso de cierto tiempo y en las condiciones que determina el capítulo único del Título XI del Código de Trabajo; el término de prescripción se interrumpe por demanda o gestión ante la autoridad competente; por el hecho de que la persona a cuyo favor corre la prescripción, y reconozca expresamente de palabra o por escrito o tácitamente por hechos indudables, el derecho de aquel contra quien transcurre el término de prescripción y por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados; en relación a la Excepción Perentoria de Prescripción alegada por la representante procesal demandada, en la cual alega que la demandante no solicitó la permanencia antes de la finalización de la relación laboral, desprendiéndose que no establece la fecha en la cual venció el derecho reclamado ni la normativa bajo la cual fundamenta la prescripción alegada donde se establece el término concedido por la ley para ejercer su derecho, el cual que se considera vencido irremediablemente, por lo que se considera que la parte demandada no fue clara ni específica al plantear la misma; en consecuencia, es oportuno declarar Sin Lugar el defecto procesal de prescripción planteado; la parte demandante igualmente solicita el reajuste de pago de salario según lo establecido en el Estatuto del Químico Farmacéutico, pretensión sobre la cual la parte demandante no aportó ningún elemento probatorio ni la normativa bajo la cual sustenta la petición planeada y en base al principio universal en materia probatoria que quien afirma una cosa es quien está obligado a probarla onus probando incumbit actori, por lo tanto siendo la prueba el medio legal que sirve para demostrar la verdad de los hechos que se alegan ante las autoridades para que estas puedan calificarlas, se considera que la parte demandante no acreditó el derecho reclamado, por consiguiente se declara Sin Lugar la pretensión. 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 29 de abril del 2022, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas. Bajo el criterio que las funciones por las cuales fue contratada la demandante siempre fueron las mismas durante la suscripción de dichos contratos, existiendo además los otros elementos para considerar la relación laboral como permanente, tal como lo señala el artículo 20 del Código de Trabajo como ser subordinación y dependencia del patrono, horario de trabajo y el derecho a una remuneración, además el artículo 47 del Código de Trabajo señala que “los contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la empresa, se considerarán como celebrados por tiempo indefinido aunque en ellos se exprese término de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsisten la causa que le dio origen o la materia del trabajo para la prestación de servicios o la ejecución de obras iguales o análogas”, por lo que no cabe duda al Tribunal de Alzada, que la relación existente entre las partes en contienda, era por tiempo indeterminado; la doctrina jurisprudencial es la que establece por medio de criterios reiterados en sus sentencias, complementando el ordenamiento jurídico al interpretar y aplicar la ley, las costumbres y los principios generales del derecho; es decir, que la jurisprudencia no vincula pero crea hábitos interpretativos que tienden a procurar la unificación en la interpretación judicial, y permite servir de fundamento jurídico al medio de impugnación ya sea de apelación o casación; en ese sentido, la jurisprudencia cumple el cometido de fuente jurídica adicional que garantiza la uniforme aplicación del derecho, conforme al principio de igualdad; y esta función de fuente adicional solo se predica en las materias en que es posible el recurso de casación por infracción de jurisprudencia, como en el derecho civil y en el derecho laboral; que la Corte de Apelaciones en reiterados fallos ha dejado establecido que el Estado de Honduras al contratar a sus trabajadores, lo hace en base a Contratos de Servicios Profesionales, nombrándolos en plazas vacantes cuya naturaleza es de carácter permanente, lo que ha llevado a que dichos trabajadores soliciten su permanencia y se les considere como trabajadores permanentes, ya que se ha dejado claro que dichos Contratos de Trabajo reúnen los requisitos señalados en el artículo 20 y 47 del Código de Trabajo; aunado a lo anterior, la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia en el expediente No. 11016 de segunda instancia señala “que consecuentemente la existencia de una relación de trabajo no depende de lo que las partes hubieren pactado, sino de la situación real en que el trabajador se encuentre colocado, de modo que la aplicación del derecho del trabajo depende cada vez menos de una relación jurídica subjetiva, cuya existencia es independiente del acto que condiciona su nacimiento; por ello resulta erróneo pretender juzgar la naturaleza de esta relación, de acuerdo a lo que las partes hubieren pactado, ya que si las estipulaciones consignadas en el contrato no corresponden a la realidad, y además implican renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución y el Código de Trabajo le otorgan al trabajador, son nulas de pleno derecho”; habiéndose ya pronunciado la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia, que “si las estipulaciones consignadas en el contrato no corresponden a la realidad, y además implican renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución y el Código de Trabajo le otorgan al trabajador, son nulas de pleno derecho”; por ello reafirma aún más su criterio que la relación existente entre es de carácter permanente, y confirma la sentencia dictada en primera instancia. 5. Mediante auto de fecha 9 de diciembre del 2022, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada FRANCISCA ARGENTINA MENA GARCIA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha 27 de julio del 2023, compareció ante este Tribunal la Abogada FRANCISCA ARGENTINA MENA GARCIA, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 4 de septiembre del 2023, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 20 de octubre del 2023, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por el Abogado WALTER ENRIQUE PINEDA PAREDES, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I. El recurso de casación configura una acción de impugnación que a la vez sirve de guía para la correcta aplicación e interpretación del derecho y es instrumento unificador de la jurisprudencia nacional. En materia de trabajo, la censura puede ser dirigida contra un fallo que hace tránsito a cosa juzgada, dictado por un Tribunal de Apelación, alegándose violación de la Ley o invocándose el principio prohibitivo de la reformatio in pejus, requiriendo dicha acusación de una rigurosa técnica, pues lo que se pretende es la confrontación de una resolución judicial definitiva de segundo grado con la normativa legal sustancial; por ello, la parte litigante que hace uso de esta vía procesal dispositiva y extraordinaria está obligada a romper las presunciones de legalidad y acierto que amparan la decisión recurrida y que derivan del supuesto de la conclusión del debate procesal con el agotamiento de las instancias. Como consecuencia de todo lo anterior, para poder realizarse un estudio de fondo primero se debe revisar si el libelo casacional llena todos los requisitos de forma legales y jurisprudenciales. II. Que la Abogada FRANCISCA ARGENTINA MENA GARCIA, en su primer y único motivo de casación alega: “Por ser la sentencia violatoria de ley sustantiva nacional por infracción indirecta al aplicar indebidamente el artículo 47 último párrafo y 52 del Código de Trabajo en relación con los artículos 19 y 20, del mismo Código, por error de derecho que aparece de manifiesto en los autos al apreciar en forma errónea la prueba documental propuesta por la parte demandada a favor del Estado de Honduras a través de la Secretaria de Salud consistente; Contratos de Servicios Profesionales que corren agregados del folio treinta y tres (33-58), y que se detallan a continuación: contrato f.(35-36) que comprende una vigencia por el periodo del 17 de junio al 31 de julio del año 2015; Contrato f.(37-38), que comprende del 01 de agosto al 31 de diciembre del año 2015; Contrato f.(39-41) que comprende del 04 de enero al 30 de junio 2016; Contrato f.(42-44), que comprende de del 01 de julio al 31 de diciembre del año 2016; Contrato f.(45-47) que comprende del 02 de enero al 30 de marzo del año 2017, Contrato F.(48-50) que comprende del 01 de abril al 30 de junio del año 2017; Contrato F.(51-53), que comprende del 01 de julio al 31 de diciembre del año 2017; Contrato F. (54-56), que comprende del 02 de enero al 15 de febrero del 2018; Documentos Públicos: Acuerdo de nombramiento No. 1743 de fecha 17 de junio del año 2015, Acuerdo de cancelación No. 266-2018 de fecha 15 de febrero del año 2018 que corre a folio 7; Medio Prueba Documental vía Oficio que corre a folios (62,63.69, 73); Exhibición de documentos que corre agregada en el folio (76), mismos que obran en la primera pieza de autos al dar por establecido en la resolución emitida específicamente en el Considerando No.9, lo siguiente: “Que obra en la Primera pieza de autos, la existencia de varios contratos de servicios profesionales (35 al 56) celebrados entre el Estado de Honduras y el demandante; y que las funciones por las cuales fue contratada la demandante, siempre fueron las mismas durante la suscripción de dichos contratos; existiendo además los otros elementos para considerar la relación laboral como permanente, tal como lo señala el artículo 20 del Código de Trabajo como ser: subordinación dependencia del patrono, horario de trabajo y el derecho a una remuneración. Además, el artículo 47 del Código de Trabajo señala que "Los contratos relativos a labores que por su naturaleza sea permanentes y continuas en la empresa, se considerarán como celebrados por tiempo indefinido aunque en ellos se exprese termino de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsisten la causa que le dio origen o la materia del trabajo para la prestación de servicios o la ejecución de obras iguales o análogas, por lo que no cabe duda a este Tribunal de Alzada, que la relación existente entre las partes en contienda, era por tiempo determinado.- asimismo en el CONSIDERANDO (11): Que esta Corte de Apelaciones en reiterados fallos ha dejado establecido que el Estado de Honduras al contratar a sus trabajadores, lo hace en base a contratos de servicios profesionales, nombrándolos en plazas vacantes cuya naturaleza es de carácter permanente: lo que ha llevado a que dichos trabajadores soliciten su permanencia y se les considere como trabajadores permanentes; ya que se ha dejado claro que dichos contratos de trabajo reúnen los requisitos señalados en el artículo 20 y 47 del Código de Trabajo.- De igual manera en el CONSIDERANDO (12) Que la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia (Exp 11016) de segunda instancia) señala "Que consecuentemente la existencia de una relación de trabajo no depende de lo que las partes hubieren pactado, sino de la situación real en que el trabajador se encuentre colocado, de modo que la aplicación del derecho del trabajo depende cada vez menos de una relación jurídica subjetivo, cuyo existencia es Independiente del acto que condiciona su nacimientos por ello resulta erróneo pretender juzgar la naturaleza de esta relación de acuerdo al que las partes hubieren pactado, ya que estipulaciones consignadas en el contrato no corresponden a la real y además implican renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que Constitución y el Código de Trabajo le otorga al trabajador, son nulas de pleno derecho. “; esta Corte de Apelaciones reafirma aún más su criterio de que la relación existente entre la Señora MIRIAN SOLEDAD LOBO CRUZ, con el ESTADO DE HONDURAS, es de carácter permanente.- CONSIDERANDO (14): Que es procedente confirmar la sentencia definitiva apelada. Por lo anterior los Fundamentos en los cuales fundamenta el fallo el A-quem, de acuerdo a los considerandos antes relacionados, resultan improcedentes siendo que basa dicha resolución en un argumento erróneo al manifestar en los CONSIDERANDOS (9) lo siguiente: Que obra en la Primera pieza de autos, la existencia de varios contratos de servicios profesionales (35 al 56) celebrados entre el Estado de Honduras y el demandante; y que las funciones por las cuales fue contratada la demandante, siempre fueron las mismas durante la suscripción de dichos contratos; existiendo además los otros elementos para considerar la relación laboral como permanente, tal como lo señala el artículo 20 del Código de Trabajo como ser: subordinación dependencia del patrono, horario de trabajo y el derecho a una remuneración. Además, el artículo 47 del Código de Trabajo señala que "Los contratos relativos a labores que por su naturaleza sea permanentes y continuas en la empresa, se considerarán como celebrados por tiempo indefinido aunque en ellos se exprese termino de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsisten la causa que le dio origen o la materia del trabajo para la prestación de servicios o la ejecución de obras iguales o análogas, por lo que no cabe duda a este Tribunal de Alzada, que la relación existente entre las partes en contienda, era por tiempo determinado..- asimismo de acuerdo a lo establecido en el CONSIDERANDO 12 que establece lo siguiente: “Que consecuentemente la existencia de una relación de trabajo no depende de lo que las partes hubieren pactado, sino de la situación real en que el trabajador se encuentre colocado, de modo que la aplicación del derecho del trabajo depende cada vez menos de una relación jurídica subjetivo, cuyo existencia es Independiente del acto que condiciona su nacimientos por ello resulta erróneo pretender juzgar la naturaleza de esta relación de acuerdo al que las partes hubieren pactado, ya que estipulaciones consignadas en el contrato no corresponden a la real y además implican renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que Constitución y el Código de Trabajo le otorga al trabajador, son nulas de pleno derecho. “; esta Corte de Apelaciones reafirma aún más su criterio de que la relación existente entre la Señora MIRIAN SOLEDAD LOBO CRUZ, con el ESTADO DE HONDURAS, es de carácter permanente.- CONSIDERANDO (14): Que es procedente confirmar la sentencia definitiva apelada.- Siendo dichas afirmaciones erróneas y totalmente alejadas de la verdad, pues en el caso de autos, los argumentos en los cuales se encuentra fundamentado el improcedente fallo emitido por el A-quem, son totalmente improcedentes en virtud que las sentencias deben ser claras y precisas basadas en hechos concretos apegados a derecho en este caso también al mismo contrato, pues tales argumentos manifestados por el A-quem, no constituye una justificación para considerar que la relación existente entre la Señora MIRIAN SOLEDAD LOBO CRUZ y la Secretaria de Salud, era por tiempo indefinido o permanente, por el hecho que se celebraron varios Contratos técnicos y profesionales de forma continua, con fechas de inicio y finalización mismos que fueron venciendo en cada contratación realizada sujetos únicamente a las cláusulas establecidas en cada uno de los contratos, específicamente en la cláusula tercera que establece la vigencia de cada uno de dichos contratos, siendo que tales apreciaciones no se encuentran justificadas en la Ley, en virtud que los contratos de servicios profesionales y técnicos suscritos por la demandante y la Secretaria de Salud, se encuentran regulados por el Derecho Administrativo específicamente en el artículo 3 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y en la Ley de Contratación del Estado y la Ley de Ley de Servicio Civil, siendo estas normas que regulan las relaciones entre el Estado y los contratistas, como se puede apreciar los argumentos planteados por el A-quem en su improcedente fallo, no se encuentra conforme a la Ley, siendo que los contratos de servicios profesionales y técnicos, celebrados entre el demandante y la Secretaria de Salud, fueron suscritos al tenor de lo establecido en las cláusulas de los respectivos contratos específicamente la Cláusula tercera que establece la vigencia de cada contratación y la cláusula Novena que establece la Jurisdicción y Leyes aplicables, asimismo la Cláusula Decima Primera que establece la Aceptación de condiciones, como se probó en la secuela del juicio no debiendo considerarse bajo ninguna circunstancia que la relación que existió entre la demandante y la Secretaria de Salud fue permanente, siendo que la relación laboral que existió entre las partes, fue en forma temporal por así haberse pactado en los correspondientes contratos, por lo que es erróneo pretender juzgar la naturaleza de una relación contractual de trabajo entre las partes, siendo que la relación que se dio entre ambas partes fueron relaciones administrativas contractuales según se establece en el artículo 3 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Siendo incongruentes dichas afirmaciones, con las pretensiones de la demandante en virtud que dichas afirmaciones no corresponden a la realidad de los hechos, ya que en ningún momento ha existido el supuesto despido a la demandante en el caso que nos ocupa, siendo que lo que se dio fue la terminación normal del último contrato vigente entre la demandante y la Secretaria de Salud, no existiendo la necesidad de establecerse causal de despido, en virtud que en el caso que nos ocupa se ha alegado un supuesto despido, siendo la pretensión principal de la demanda el reintegro y el reconocimiento de la permanencia laboral a la demandante por la celebración de contratos de Servicios Profesionales y técnicos, por lo que no cabe duda que en el presente fallo fue emitido prescindiendo totalmente del procedimiento establecido en la Ley, siendo que se violentó lo establecido en el artículo 206, 207,208 del Código Procesal Civil que establece lo siguiente: Articulo 206.-CLARIDAD, PRESCISION Y EXHAUSTIVIDAD.- Articulo 207, Motivación, y el articulo 208.- CONGRUENCIA, que establece lo siguiente: 1.- Las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito.- 2.-En las sentencias se efectuaran las declaraciones que aquellas exijan, condenando o absolviendo al demandando y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.; De manera que el A-quem no realizo una debida interpretación de la Ley al emitir el fallo correspondiente en virtud que no valoro la prueba allegada al juicio, haciendo caso omiso a los artículos antes relacionados, y a los procedimientos establecidos en la Ley, siendo que los criterios en que fundamenta su fallo no se encuentran conforme a derecho; en virtud que al habérsele reintegrado y reconocido a la demandante la condición de empleada permanente sin seguirse los procedimientos establecidos en la Ley se violentaron los requisitos exigidos en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, como ser el examen de oposición por idoneidad en el cargo de JEFE DE ALMACEN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, en la Región Departamental de Choluteca, según lo establece el artículo 2 y 11 de la Ley de Servicio Civil, asimismo se probó que no existía la plaza vacante disponible con su respectiva estructura Presupuestaria, habiendo violentado con dichos fallos normas constitucionales de carácter obligatorio incurriendo con ello en responsabilidad penal según lo establece el artículo 321 y 364 de la Constitución de la Republica; siendo el caso que nos ocupa lo que existió fueron contratos de servicios profesionales y técnicos temporales con fecha de inicio y de finalización, sujetos a la Constitución de la Republica, las Disposiciones Generales de Presupuesto y a la disponibilidad presupuestaria de la Secretaria de Salud y a la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y a la Ley Contratación del Estado y Ley de Servicio Civil. Asimismo no puede considerarse la relación laboral permanente por el hecho de reunir los tres elementos de trabajo en los contratos de servicios profesionales y técnicos, siendo que lo que se dio entre las partes fueron relaciones contractuales administrativas entre el contratante y el contratista sujetos al Derecho administrativo y al mismo contrato debiendo darse entre las partes condiciones en las relaciones para la prestación de servicio contratados por lo que no pueden considerarse por ese simple hecho, que dichos contratos sean de carácter permanentes, ya que se demostró en la secuela del juicio que la relación entre el demandante y la Secretaria de Salud era definida, pues en el último contrato vigente se establecieron las condiciones por las cuales se regiría dicha relación de trabajo entre las partes, siendo indispensable establecer un horario de trabajo, una subordinación y una remuneración, por los servicios técnicos prestados, sin que por ello signifique que se trata de un Contrato individual de trabajo y por ende que este debe considerarse celebrado como por tiempo indefinido, pues cada contrato celebrado con la demandante, se establecía una fecha de finalización y la condición de no ser el mismo prorrogable, quedando a discreción de la Secretaria de Salud, su prorroga y la jurisdicción que dirimiría los conflictos en caso de controversia, habiéndose establecido por las partes, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y no el Juzgado de Trabajo de Francisco Morazán, condiciones que fueron aceptadas por la demandante a la suscripción de dichos contratos en pleno uso de sus facultades mentales, y sin que mediare coacción ni intimidación, por lo que resultan totalmente improcedentes las argumentos del A-quem, en la resolución emitida, ya que se está violentando lo libremente pactado entre las partes específicamente lo contemplado en las clausula Tercera, Novena y Décima Primera del último contrato de servicios Profesionales o/Técnicos, por el periodo comprendido del 02 de enero al 15 de febrero del año 2018, que obra en los folios No.54 al 56 de la pieza principal, asimismo se violenta lo establecido en el artículo 1348 del Código Civil, que ya establece; “ Que las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben de cumplirse al tenor de los mismos.”.- De igual forma se violenta el artículo 1573 del Código Civil que establece lo siguiente:“ Los contratos serán obligatorios, cualquiera que sea la forma en que se hayan celebrado, siempre que en ellos concurran las condiciones esenciales para su validez.”.- De igual manera según se establece en el artículo 1547 del mismo código que establece lo siguiente: “Los contratantes pueden establecer los pactos, clausulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las Leyes, a la moral, ni al orden público.” Disposiciones estas que fueron violentadas al reconocerle las improcedentes pretensiones a la demandante al reconocerle la antigüedad en el cargo de jefe del Almacén de Medicamentos, al considerarla como empleada permanente, y por ende otorgarle las improcedentes pretensiones reconocidos en la sentencia, siendo que dichos derechos le corresponden al personal que labora en forma permanente para la Secretaria de Salud y no mediante la modalidad de Contratos temporales. Por lo que es evidente que en el caso de autos hubo infracción de la Ley, en virtud que el Tribunal de Alzada emitió su resolución basado en simples conjeturas, obviando lo libremente pactado entre las partes en el último contrato vigente celebrado entre las partes establecido específicamente en la cláusula Tercera, que comprende del periodo del 02 de enero al 15 de febrero del año 2018. Que obra a folios, (54 al 56), de la primera pieza de autos, mediante el cual se establecieron las condiciones por las cuales que regirían las relaciones contractuales entre las partes, por lo que lo hace un contrato temporal con fecha de inicio y finalización, en total apego a lo establecido en el respectivo contrato suscrito entre la Secretaria de Salud y la demandante habiéndose infringido con ello el artículo 1348, 1547, 1573 del Código Civil. Por lo que no debió considerarse bajo ninguna circunstancia dicho hecho por parte del A-quem al confirmar la sentencia de Primera Instancia, al reconocerle la relación laboral a la demandante como permanente por haberse suscrito varios contratos de servicios profesionales y técnicos mismos que ya establecían una fecha determinada de inicio y finalización con una determinada partida presupuestaria, por lo que no se debió considerarse bajo ninguna circunstancia la relación contractual entre las partes como permanente, en virtud que los contratos de Servicios Profesionales y Técnicos suscritos entre las partes, fueron suscritos en forma temporal por periodos determinados, habiéndose infringido con los fallos proferidos los artículos, 738 y 739 del Código de Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 765, ordinal 1º párrafo segundo del Código de Trabajo. CONCEPTO DE LA INFRACCION: El artículo 765 ordinal 1º párrafo segundo dice que “Solo habrá lugar al error de derecho en la casación de trabajo cuando se haya dado por establecido un hecho con un medio probatorio no autorizado por la ley, por exigir ésta al efecto una determinada solemnidad para la validez del acto, pues en este caso no se debe admitir su prueba por otro medio y también cuando deja de apreciarse una prueba de esta naturaleza, siendo el caso de hacerlo.” Es así que el error de derecho solo surge en dos casos precisos: a) Aquel en que el juzgador ha valorado como apta una prueba cualquiera, cuando el legislador exige que para la demostración del hecho correspondiente sólo se admita y valore la prueba ad sustantiam actus, también denominada ad solemnitatem; y b) Aquel en que el juzgador no ha apreciado y no ha valorado debiendo hacerlo, una prueba de tal naturaleza, es decir, uno o varios de aquellos medios probatorios que la ley reviste de solemnidad para la validez misma de la sustancia del acto. La Señora MIRIAN SOLEDAD LOBO CRUZ, laboró para la Secretaría de Salud desempeñándose en el cargo de Jefe del Almacén de Medicamentos asignada en el Región Departamental de Choluteca dependiente de la Secretaria de Salud, mediante Contratos de servicios profesionales por un periodo determinado en el último contrato se estipuló de manera expresa que la jurisdicción para conocer de los conflictos derivados de tal contrato sería la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo específicamente en la cláusula novena , asimismo se estableció la vigencia de dichos contratos en la cláusula tercera por el periodo comprendido del 02 de enero al 15 de febrero del año 2018. La demandante alega en su demanda entre otras cosas los siguiente: “PRIMERO: Inicie la relación de trabajo en la Secretaria de Estado de Salud, mediante la suscripción de contratos de servicios profesionales, desde el diecisiete de junio del año dos mil quince en el cargo de JEFE DEL ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS devengando un salario mensual de CUARENTA Y DOS MIL LEMPIRAS (L.42,000.00); SEGUNDO: Desde el inicio de mi relación laboral con la institución demandada celebre varios contratos de servicios profesionales por tiempo determinado realizando labores en forma continua e ininterrumpida, propias de un puesto permanente en la institución, contratos de servicios profesionales que simulan verdaderos contratos de trabajo, ya que se cumplen los elementos exigidos en el artículo 20 del Código Trabajo, como ser la: a) La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por mismo, en la que nunca delegamos nuestras funciones b) La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del patrono, que faculta a este para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato y además sujetos a un horario de trabajo y c) Un salario como retribución del servicio, por lo que se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen. Existe simulación, cuando las partes otorgantes del acto aparente, han acordado declarar una voluntad distinta a la real. El principio de la primacía de la realidad sobre la formal derivado del principio protectorio del trabajo, se perfecciona como consecuencia de la buena fe, para evitar el fraude y la simulación de ilícitos y promover la buena fe entre las partes, en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir a lo que sucede en el terreno de los hechos, como consecuencia una vez comprobada la inadecuación contractual a la realidad de la relación laboral de que se trate, son de directa aplicación las normas imperativas que la rigen a despecho de la que se aparento.- TERCERO. Por otra parte y de conformidad a los artículos 47 párrafo primeros segundo y 52 párrafo tercero del Código de Trabajo, estamos ante un verdadero contrato de trabajo por tiempo indefinido regido por la jurisdicción laboral del trabajo pues la causa del contrato subsiste y los puestos son aún vigentes dentro de institución demandada, adquiriendo la estabilidad en nuestros puestos de trabajo, con fundamento en el principio de continuidad y que el contrato es de tracto sucesivo, por lo que la concertación del contrato de trabajo por tiempo limitado, no puede basarse en la simple decisión de las partes y debe observarse siempre la verdad de los hechos sobre la apariencia o por encima de los acuerdos formales debiendo computamos nuestra antigüedad desde la fecha de la suscripción de nuestro primer contrato de trabajo Recordemos que existe línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia, en el sentido que el tipo de contratación de servicios profesionales o técnicos, procede únicamente con personal especializado, con un grado académico superior o conocimientos especializados para realizar un trabajo específico o técnico en determinada rama, cuya función no puede ser desarrollada por cualquier trabajador debe haber independencia técnica y administrativa, la persona no está supeditada a un horario de trabajo específico o a un jefe (subordinación) y la tarea encomendada debe ser la entrega de un producto.-CUARTO: Sumado a ello, debemos advertir que este Tribunal de Justicia, ya se ha pronunciado en sendas ocasiones en casos como el indicado, y dejado en manifiesto, que el contrato laboral existe cuando hay una dirección y dependencia entre el empleador y el trabajador, lo que permite afirmar que en él se presentan ciertas características que lo distinguen de los contratos de servicios profesionales (derecho civil o administrativo), entre las cuales podrían destacarse las siguientes: a) La obligación del trabajador a prestar un servicio personal empleando su fuerza material o su capacidad intelectual. b) La obligación del empleador de pagar a aquel por su trabajo, un salario independientemente de la denominación que tenga; y c) La relación de dirección o dependencia en que el trabajador se encuentra colocado frente al patrón (subordinación, disposición consignada en el artículo 20 del Código de Trabajo) Resultando antijurídico que la parte demandada suscriba y prorrogue contratos denominados de servicios profesionales cuando rige un contrato de trabajo de trabajo personal y subordinado, por lo tanto al tenor del artículo 3 del Código de Trabajo debe estimarse ineficaz las cláusulas de un contrato de prestación de servicios profesionales, según el cual la vigencia sería por un periodo determinado, toda vez que los derechos de los trabajadores, en los términos precisados, son irrenunciables, sin que la voluntad de las partes pueda modificarlos o restringirlos.-QUINTO: Mediante Acuerdo Numero 266-2018, de fecha quince de febrero de año dos mil dieciocho, el Doctor OCTAVIO RUBEN SANCHEZ MIDENCE. en condición de SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD, me notificó q a partir de la fecha se cancelaba el nombramiento que desde el diecisiete de junio del año dos mil quince, en el cargo de JEFE DEL ALMACÉN CENTRAL DE MEDICAMENTOS, sin invocar causal de las establecidas en el artículo 112 del Código de Trabajo en violación del artículo 117 del mismo cuerpo legal. Honorable Tribunal de Justicia, sobre este aspecto, nuestro Código de Trabajo, ya establece en el artículo 11 las causas justas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo sin responsabilidad de su parte, y, entre ellas, no se encuentra la invocada por el patrono en el acuerdo de cancelación de fecha quince de febrero del año dos mil dieciocho, cual, hace que el despido se vuelva ilegal e injusto, violentándoseme con ello el derecho a la Estabilidad Laboral, que la Constitución de la República me garantiza en el artículo 129 y en consecuencia obligando al patrono al reintegro a mi puesto de trabajo, más a título de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir desde la terminación del contrato, hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales de Código de Trabajo, la sentencia que en su oportunidad dicte este Tribunal de Justicia adquiera firmeza.-SEXTO: Finalmente, la Ley y la doctrina nos dice que en toda terminación unilateral del contrato de trabajo, debe existir un requisito formal indispensable para que en el evento de ser materialmente justa la causa, se refrende plenamente la legalidad de esa ruptura del contrato, que esa causa justa sea manifestada por la parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo, en el momento mismo de la ruptura del mismo Obedeciendo a la anhelada transparencia, franqueza y claridad con que el derecho rodea las relaciones contractuales del trabajo, para evitar sorpresa entre las partes, y que desde el principio sepa a qué atenerse y pude recurrir a los medios adecuados y conveniente para la protección de su interés jurídico. Pues la parte afectada no puede estar sometida a la incertidumbre de una causa indeterminada o de un motivo oculto, como sucede en el presente caso donde mediante Acuerdo Número 266-2018 de fecha quince de febrero del año dos mil dieciocho, se me notificó la cancelación de mi nombramiento, sin encontrarse está comprendida en ninguna de las establecida en el artículo 112 del Código de Trabajo, y por lo tanto hace que el mismo sea ilegal e injusto.-SEPTIMO: En virtud de la negativa del patrono a reintegrarme a mi puesto de trabajo, en fecha cinco de marzo del año dos mil dieciocho, se le cito en la Secretaria de Estado en Despacho de Trabajo y Seguridad a Solicitar que mediante la vía de la conciliación ordenara mi reintegro a mi puesto de trabajo, sin embargo, ni el patrono ni su apoderado legal comparecieron a la audiencia para la cual fueron citados por lo tanto se dio por agotado el trámite administrativo, extremo que acredito con el Acta de Cierre de las Diligencias Administrativas Gubernativas Conciliatorias por la no comparecencia de la parte requerida extendida por la Unidad del Servicio de Resolución Alterna de Conflictos Laborales de la Dirección General del Trabajo de fecha nueve de marzo del año dos mil dieciocho, que se acompaña a este libelo. En su oportunidad el ESTADO DEHONDURAS contestó la demanda y expresó entre otras cosas lo siguiente:” PRIMERO: Se acepta parcialmente el Hecho primero de la demanda de mérito, por ser cierto que la señora MIRIAM SOLEDAD LOBO CRUZ, mantuvo una relación de Servicios Profesionales y Técnicos, cuya modalidad es a término, como muy bien lo expone en el presente hecho, con la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud en el cargo de1 Jefe de Almacén Nacional de Medicamentos cuya sede era en la Región Departamental de Choluteca, tal como se desprende del Contrato de Servicios Profesionales y Técnicos No 1361-2017, clausula primera. No obstante, se rechaza la fecha en que aduce su relación profesional, ya que de conformidad al Contratos Clausula Tercera referente a la validez y vigencia, se establece que esta prestaría sus servicios a partir del 01 de julio al 31 de diciembre del 2017, haciendo un total de 180 días, este contrato no será prorrogable "Por lo que no constituye un contrato de trabajo permanente como pretende hacer valer la demandante, como se observa el Contrato llegaría su fin una vez acaecida la fecha estipulada de su vigencia. De igual forma, se rechaza el salario que aduce devengaba, en razón que la Cláusula Cuarta (establece que el monto del mismo era por la cantidad de…. Doscientos cincuenta y dos mil lempiras(Lps 252,000.00) valor que se cancelara sobre la base de una remuneración mensual de Cuarenta y dos mil lempiras exactos (Lps.42,000,00) desprendiéndose que no existe un salario mensual sino que a cambio de una prestación de servicios la misma recibiría a cambio un monto como pagos de sus servicios prestados.-SEGUNDO: Se rechaza totalmente el Hecho Segundo de la demanda, en virtud que si bien es cierto la demandante laboro para la Secretaria de Salud, lo realizo en forma temporal y no permanente mediante contrato de servicios profesionales y técnicos, por desempeñar un cargo de Jefe del Almacén Central de Medicamentos, para la cual fue contratada, siendo que los servicios prestados por la demandante eran servicios profesionales por la capacidad y por los conocimientos que la demandante por ser químico farmacéutico. -Se puede razonar que el contrato está sujeto al derecho administrativo, en razón de su modalidad regulado por el Reglamento de Personal de la Secretaria de Salud que en el artículo 2 prescribe: El Ámbito de aplicación de este Reglamento estará limitado a la Secretaria y sus órganos desconcentrados funcionalmente y será aplicado en las relaciones que se originen de un nombramiento en cualquiera de sus modalidades o de un contrato de servicios profesionales, técnicos, o de apoyo. “Asimismo, el artículo 28 que en a texto legal dice: Se entiende por contrato de servicios profesionales, Técnicos o de servicio de apoyo, las que tiene por objeto prestaciones diferentes a los previstos para los contratos de consultorías según la Ley de contratación del Estado y el artículo 33 del mismo corpus iuris estipula. “La vigencia de estos contratos no podrán de exceder la del ejercicio fiscal… Los derechos y las obligaciones a reclamar serán lo que contiene en el contrato suscrito, En ningún caso se consideraran permanente al personal contratado" en concordancia con lo anterior el artículo 11 de la Ley de Servicio Civil dispone que: “ Para ingresar Servicio Civil se requiere…: 5.- Haber aprobado exámenes de competencia de o de oposición de antecedentes de conformidad con requisitos establecidos en esta Ley" y el Reglamento de la Ley de Servicio Civil artículo 4 estatuye que "La relación jurídica de empleo público constituye una situación legal y reglamentaria determinada únicamente por las disposiciones de la Ley, el presente Reglamento y demás disposiciones relativas a esta materia. Dicha relación, por consiguiente, no se rige por un contrato de trabajo, fuere individual o colectivo de derecho público o privado. Por lo expuesto, no puede pretender la peticionaria que se le reconozca un derecho subjetivo que no le corresponde, en cuanto a que la modalidad de su contratación es por servicios profesionales por un periodo de tiempo determinado, tal como lo dispone el artículo 202 del citado reglamento que instituye. “Todo contrato deberá de contener obligaciones, lugar y condiciones de prestación de los servicios informes, remuneraciones y forma de pago. Tendrán plazo determinado y no podrán renovarse…… Al vencimiento del plazo cesara la relación sin responsabilidad para ninguna de las partes...” Como se puede colegir la demandante pretende que le reconozca un derecho que no le corresponde y que desconozca la relación que el mismo consintió tal como se establece en la Cláusula Décima Primera del contrato donde consta "ACEPTACION DE CONDICIONES: Las partes manifiestan que aceptan los términos del presente contrato, comprometiéndose al fiel cumplimiento del mismo. “ Al tenor de lo expuesto se desvirtúa que existe una simulación de contratos, por reunir los elementos del artículo 20 del Código de Trabajo.-TERCERO: Se rechaza totalmente lo aseverado por la parte demandante en el Hecho Tercero de demanda, por carecer la demandante de argumentos válidos para respaldar su reclama, equivocando el camino para la presentación del mismo, en virtud de ser improcedente al caso, lo prescrito en el Artículo 47 del Código de Trabajo, tomando en cuenta que la relación que sostuvo con mi representado es bajo la modalidad de contratos de servicios profesionales regulado mediante la Ley de Servicio civil y su Reglamento, al tenor del artículo 11 de la Ley de Servicio Civil, dispone que: Para ingresar al Servicio Civil se requiere……Haber aprobado los exámenes de competencia o de oposición de antecedentes de conformidad con los requisitos establecidos esta ley y el Reglamento de la Ley de Servicio Civil artículo 4 estatuye que “La relación jurídica de empleo público constituye una situación legal y reglamentaria, determinada únicamente por las disposiciones de la Ley, El presente Reglamento y demás disposiciones relativas a esta materia. Dicha relación, por consiguiente, no se rige por un contrato de trabajo fuere individual o colectivo o de derecho público o privado. “Por lo expuesto, no puede pretender la peticionaria que se le reconozca un derechos subjetivo que no le corresponde, de lo preceptuado se desprende que para reconocerle la permanencia a lo que alude debe de seguir el debido proceso, es decir, que para ingresar como funcionaria permanente debe de ser mediante concurso, de igual forma, se establece que los contratos regidos por las leyes supra indicadas, no debe de confundirse con los contratos de trabajo de la normativa laboral. Asimismo Señor Juez, es improcedente lo argumentado en el artículo 52 del Código de Trabajo, en virtud de que el derecho al que ella pretende se le otorgue no depende de la voluntad de mi representado sino que depende de la disposición presupuestaria que le haya sido asignado y que con ello exista la plaza con renglón presupuestario permanente para considerar la permanencia en su cargo. Extremo este que ipso jure, la Administración Pública gira alrededor de las leyes especiales atinentes a cada caso y conforme a las Disposiciones Presupuestarias aprobadas anualmente, lo anterior se desprende de la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno que reforma el articulo 124 C de la Ley General de la Administración Pública establece que; “ ....en caso de los empleados por contrato, los mismos deberán sujetarse al pazo y a las condiciones contractuales convenida entre las partes: Por lo tanto y siendo que de acuerdo a lo expuesto por la demandante manifiesta que "Que existe línea Jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia en el sentido que el tipo de contratación de servicios profesionales o técnicos, procede únicamente con personal especializada con un grado académico superior o conocimientos especializados para realizar un trabajo específico o técnico en determinado rama cuya función no puede ser desarrollada por cualquier trabajador De donde se colige Señora Juez, que el cargo para el cual fue contratada la demandante como Jefe de Almacén Central de Medicamentos en la Secretaria de Salud reúne dichas características del contrato de Servicios Profesionales y Técnico, en virtud que las funciones realizadas por la demandante son funciones estrictamente profesionales, dada a que ella misma ostenta el Título de Químico Farmacéutica, requiriendo para desempeñar dicho cargo de conocimientos especializados para realizar un trabajo específico o técnico con un grado académico superior, cargo que no puede ser desempeñado por cualquier persona como lo pretende hacer creer la demandante, manifestando que se trata de contrato individual de trabajo por el hecho de darse los tres elementos del trabajo dándole otro sido a la Ley.-CUARTO: Se rechaza lo manifestado en el Hecho Cuarto de la demanda, reiterando lo manifiesta en el hecho segundo del presente escrito, la demandante pretende fundamentarse en que su contratación reúne los elementos del trabajo reglados en el artículo 20 del Código de Trabajo, siendo lo correcto, que el contrato se encuentra regulado bajo las pautas del artículo 202 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil que instituye "Todo contrato deberá de contener obligaciones, lugar ya prestación de los servicios, informes remuneraciones y forma de pago Tendrán plazo determinado no podrán renovarse. Al vencimiento del plazo cesará la relación sin responsabilidad para las partes. Se insiste de igual forma que su contrato fue celebrado en razón del título con cuenta la demandante, al ser este el de Química Farmacéutica, cuyos conocimientos son esenciales para el desempeño de las funciones a la misma consignadas.-QUINTO: Se acepta parcialmente el Hecho Quinto, en virtud de ser cierto que la demandante fue notificada mediante acuerdo interno emitido por la Secretaria de Salud No. 266-2018 de fecha 185 de febrero del 2018, la cancelación del nombramiento en el cargo de Jefe del Almacén Central Medicamentos, por haber sido nombrada de forma temporal y ser un cargo de confianza el cual puede ser cancelado de forma unilateral, por el señor Ministro en cualquier momento como una facultad discrecional que la Ley de confiere, sin que en dicha notificación amerite establecer alguna causal de despido establecidas en el código de trabajo como lo pretende hacer creer la demandante por no estar sujeta a este esta norma sino más bien al respectivo contrato de servicios profesionales y técnicos razón de la cual se encuentra sujeta al derecho administrativo, tal como se consignaba en la cláusula tercera y décima del contrato, las cuales indican que las leyes aplicables son las del Derecho Administrativo, en virtud que el cargo desempeñado por la demandante era un cargo temporal y permanente, mismo que puede ser removido en cualquier momento por tratarse de un cargo de confianza, según se establece en la Cláusula Octava, que se refiere a la resolución del contrato mutuo consentimiento, y dado que el contrato fue consentido y aceptado por las partes, una vez acaecida la fecha de su celebración el mismo llegaría a su fin sin responsabilidad por parte de mi representado. Lo anterior se encuentra acorde a lo preceptuado en el artículo 202 del Reglamento de Ley de Servicio Civil que indica. “….. Tendrán plazo determinado y no podrán renovarse…el vencimiento del plazo cesará la relación sin responsabilidad para ninguna de las partes. Por lo que no debe de ser condenado el Estado de Honduras por no existir responsabilidad de su parte en cuanto no existió despido ilegal e injusto ni tenía porque establecer causales de las dispuestas en el artículo 112 de la norma laboral.-SEXTO: Se rechazan contundentemente el Hecho Sexto de la demanda, No obstante y continuando con el hilo conductor, en vista que la relación contractual estaba originada por la suscripción de Contrato Servicios Profesionales o técnicos, cuya vigencia se encuentra determinada en el mismo, no puede argumentar que se encontraba afectada por estar sometida a incertidumbre de una causa indeterminada o de un motivo oculto, dado que tanto la Cláusula tercera del contrato, así como el articulo 202 reglamento de la Ley de Servicio Civil se consignaba que el mismo era por un tiempo determinado y una vez acaecida la fecha de su vigencia, el mismo llegaría a su fin sin responsabilidad por parte de mi representado. Sin embargo, la ahora demandante confundió la vía jurisdiccional, modalidad se encuentra regulado en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, por lo que la jurisdicción para presente Litis es lo Contencioso Administrativo, tal como expresamente lo establece el artículo 3 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que dice: "La jurisdicción de Contencioso Administrativo conocerá también de: a) Las cuestiones referentes al cumplimento interpretación, resolución recisión y efectos y todo lo relativo a los contratos de servicios profesionales o técnicos que celebren los Poderes del Estado.” De igual forma la Cláusula Novena del Contrato de Servicios Profesionales y Técnicos No. 13761-2017 (En adelante Contrato prescribe “JURISDICCION APLICABLE: Para de dirimir las controversias que surjan de la aplicación de este contrato, las partes se someten a los tribunales de lo Contencioso Administrativo de esta jurisdicción, Enlazada a este la Cláusula Décima determina: “ Las LEYES APLICABLES: esta únicamente regido por las disposiciones del derecho administrativo vigente y en tal virtual en el goce de sus derechos se estará exclusivamente a lo que dispone esta ley y a lo expresamente pactado en el mismo. Extremo que hace improcedente que el ahora demandante reclame derechos subjetivos violentando el debido proceso aplicable al caso concreto. Aunado a lo expuesto la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno que reforma el articulo 124 C de la Ley General de la Administración Pública establece que “…en caso de los empleados por contrato, los mismos deberán sujetarse al plazo, y a las condiciones contractuales convenidas entre las partes. Razón por la cual el reclamo formulado por la parte actora de la presente demanda es improcedente, en primer lugar por no ser este el tribunal ante quien debe dirimirse la presente causa, conforme a las leyes especiales que regulan esta modalidad de contratación y en segundo lugar por haber prescrito la presente acción para el reclamo del derecho subjetivo que pretende mediante la presente acción, conforme al artículo 867 ya citado.-SEPTIMO Se rechaza el Hecho Séptimo de la demanda de mérito, en cuanto a que efectivamente presentó reclamo administrativo ante la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social, para llegar a un arreglo conciliatorio, no obstante mi representado no estaba en la obligación ni facultado para reconocer tales derechos, en virtud que de haber accedido a sus pretensiones hubiese infringido disposiciones Constitucionales contenidas en los artículos 321 "Los servidores del Estado no tienen mis facultades que las expresamente ley confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad Aunado al mismo el 364 del mismo Corpus Iuris pregona "No podrán hacerse ningún compromiso o efectuarse pago alguno fuera de las asignaciones votadas en el Presupuesto o en contravención a las normas presupuestarias. Como se puede colegir de haberse efectuado dicha conciliación reconociendo derechos a la parte actora que no le corresponden, dicho acto hubiese sido nulo y acarrearía responsabilidad a mi representado, en tanto a que el mismo hubiese ido en contravención no solo de la Constitución y del presupuesto, si no también infligiendo el artículo 202 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil que establece Al vencimiento del plazo cesará la relación sin responsabilidad para ninguna de las partes" Por lo que se concluye que no existe infracción de las disposiciones legales vigentes en materia laboral por parte de mi representado. En los contratos suscritos por las partes específicamente en el último contrato vigente y copio textualmente las partes conducentes: “CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS”“CLAUSULA TERCERA: VALIDEZ Y VIGENCIA DEL CONTRATO”. Este contrato tendrá validez una vez suscrito por las partes contratantes y será aprobado, mediante Acuerdo Ministerial correspondiente, estará sujeto a la normativa del derecho administrativo vigente, prestando “EL CONTRATISTA “, sus servicios profesionales a partir del 02 de enero al 15 de febrero del 2018, haciendo un total de 44 días, este contrato no será PRORROGABLE. De igual manera la cláusula NOVENA, del último contrato vigente establece lo siguiente: “Para dirimir las controversias que surjan de la aplicación de este contrato, las partes se someten a los tribunales de lo contencioso administrativo de esta jurisdicción.” El Juzgado del Letras de Trabajo de la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., declaró CON LUGAR la presente demanda, habiendo sido CONFIRMADA por la Corte de Apelaciones del Trabajo la sentencia definitiva de fecha 18 de septiembre del 2020, emitida por los Juzgados de Trabajo de Tegucigalpa y ha ordenado lo siguiente: Declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por MIRIAM SOLEDAD LOBO CRUZ Contra el ESTADO DE HONDURAS por medio de su Representante Legal, el Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en cuanto a I) Al reconocimiento como empleada permanente desde el inicio de la relación laboral el 17 de junio del 2015; y II) para el reintegro a su puesto de trabajo más los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido a la fecha en que sea reintegrada a su puesto de trabajo con el reconocimiento de los ajustes e incrementos y otros beneficios otorgados en su ausencia a los empleados permanentes para su contratación, quedando bajo la responsabilidad del patrono a realizar las gestiones pertinentes para el otorgamiento del acuerdo de permanencia; en consecuencia; II) CONDENA AL DEMANDADO, EL ESTADO DE HONDURAS por medio de su Representante Legal, el Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, a lo siguiente: 1) A reconocer como empleada permanente desde el inicio de la relación laboral el 17 de junio del 2015; y 2) A reintegrar a su puesto de trabajo más los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido a la fecha en que sea reintegrada a su puesto de trabajo con el reconocimiento de los ajustes e incrementos y otros beneficios otorgados en su ausencia a los empleados permanentes para su contratación, quedando bajo la responsabilidad del patrono a realizar las gestiones pertinentes para el otorgamiento del acuerdo de permanencia; a la señora MIRIAM SOLEDAD LOBO CRUZ; III) Declarando SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por MIRIAM SOLEDAD LOBO CRUZ Contra el ESTADO DE HONDURAS por medio de su Representante Legal, el Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en cuanto al pago de reajuste salarial según lo establece el Estatuto del Químico Farmacéutico; IV) ABSUELVE AL DEMANDADO, EL ESTADO DE HONDURAS por medio de su Representante Legal, el Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, al pago reajuste salarial según lo establece el Estatuto del Químico Farmacéutico a la señora MIRIAM SOLEDAD LOBO CRUZ; V) Declarar SIN LUGAR la EXCEPCION PERENTORIA DE PRESCRIPCION planteada por la parte demandada. IV) Declarar SIN COSTAS en esta Instancia. Que en el sentenciador en la resolución emitida en fecha 29 de abril del año dos mil veintidós, lo fundamenta específicamente en los considerandos; nueve (9), Once (11), doce (12), catorce (14), que establecen lo siguiente: CONSIDERANDO (9), lo siguiente: “Que obra en la Primera pieza de autos, la existencia de varios contratos de servicios profesionales (35 al 56) celebrados entre el Estado de Honduras y el demandante; y que las funciones por las cuales fue contratada la demandante, siempre fueron las mismas durante la suscripción de dichos contratos; existiendo además los otros elementos para considerar la relación laboral como permanente, tal como lo señala el artículo 20 del Código de Trabajo como ser: subordinación dependencia del patrono, horario de trabajo y el derecho a una remuneración. Además, el artículo 47 del Código de Trabajo señala que "Los contratos relativos a labores que por su naturaleza sea permanentes y continuas en la empresa, se considerarán como celebrados por tiempo indefinido aunque en ellos se exprese termino de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsisten la causa que le dio origen o la materia del trabajo para la prestación de servicios o la ejecución de obras iguales o análogas, por lo que no cabe duda a este Tribunal de Alzada, que la relación existente entre las partes en contienda, era por tiempo determinado.- asimismo en el CONSIDERANDO (11): Que esta Corte de Apelaciones en reiterados fallos ha dejado establecido que el Estado de Honduras al contratar a sus trabajadores, lo hace en base a contratos de servicios profesionales, nombrándolos en plazas vacantes cuya naturaleza es de carácter permanente: lo que ha llevado a que dichos trabajadores soliciten su permanencia y se les considere como trabajadores permanentes; ya que se ha dejado claro que dichos contratos de trabajo reúnen los requisitos señalados en el artículo 20 y 47 del Código de Trabajo.- De igual manera en el CONSIDERANDO (12) Que la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia (Exp 11016) de segunda instancia) señala "Que consecuentemente la existencia de una relación de trabajo no depende de lo que las partes hubieren pactado, sino de la situación real en que el trabajador se encuentre colocado, de modo que la aplicación del derecho del trabajo depende cada vez menos de una relación jurídica subjetivo, cuyo existencia es Independiente del acto que condiciona su nacimientos por ello resulta erróneo pretender juzgar la naturaleza de esta relación de acuerdo al que las partes hubieren pactado, ya que estipulaciones consignadas en el contrato no corresponden a la real y además implican renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que Constitución y el Código de Trabajo le otorga al trabajador, son nulas de pleno derecho. “; esta Corte de Apelaciones reafirma aún más su criterio de que la relación existente entre la Señora MIRIAN SOLEDAD LOBO CRUZ, con el ESTADO DE HONDURAS, es de carácter permanente. -CONSIDERANDO (14): Que es procedente confirmar la sentencia definitiva apelada. El Artículo 47 párrafo último del Código de Trabajo dispone: “En consecuencia, los contratos a plazo fijo para obra determinada tienen carácter de excepción y solo pueden celebrarse en los casos en que así lo exija la naturaleza accidental o temporal del servicio que se va a prestar o de la obra que se va a ejecutar.” Asimismo el artículo 52 del Código de Trabajo en su párrafo tercero establece lo siguiente: …“Si antes de transcurrido un (1) año se celebra nuevo contrato entre las mismas partes contratantes y para la misma clase de trabajo, deberá entenderse éste por tiempo indefinido, sin que tenga lugar en este caso el período de prueba.” El artículo 19 del Código de Trabajo preceptúa: “Contrato individual de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a efectuar una obra o a prestar sus servicios personales a otra persona, natural o jurídica, bajo la continua dependencia o subordinación de ésta, y mediante una remuneración. Por dependencia continua se entiende la obligación que tiene el trabajador de acatar órdenes del patrono y de someterse a su dirección, ejercida personalmente o por medio de terceros en todo lo que se refiera al trabajo.” Y el artículo 20 del mismo Código antes citado dispone: “Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres (3) elementos esenciales: a) La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo; la continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del patrono, que faculta a ésta para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato; y c) Un salario como retribución del servicio. Una vez reunidos los tres (3) elementos de que trata este artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen.” La disposición que parcialmente invoca el Tribunal Sentenciador es inaplicable en este caso porque parte del supuesto según establece en el considerando nueve (9) “Que las funciones por las cuales fue contratada la demandante, siempre fueron las mismas durante la suscripción de dichos contratos; existiendo además los otros elementos para considerar la relación laboral como permanente, tal como lo señala el artículo 20 del Código de Trabajo como ser: subordinación dependencia del patrono, horario de trabajo y el derecho a una remuneración. Además, el artículo 47 del Código de Trabajo señala que "Los contratos relativos a labores que por su naturaleza sea permanentes y continuas en la empresa, se considerarán como celebrados por tiempo indefinido aunque en ellos se exprese termino de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsisten la causa que le dio origen o la materia del trabajo para la prestación de servicios o la ejecución de obras iguales o análogas, por lo que no cabe duda a este Tribunal de Alzada, que la relación existente entre las partes en contienda, era por tiempo determinado.”.- Sin embargo, la relación entre la Secretaría de Salud y la demandante en manera alguna puede sujetarla a disposiciones del Código de Trabajo si de los propios términos de dicho contrato se pone de manifiesto que la relación de servicio con el Estado queda sujeto al derecho administrativo y a las Disposiciones Generales de Presupuesto y al mismo contrato, por lo tanto no se puede reconocer la relación de trabajo como permanente y por ende reintegrar a la demandante y a título de daños y perjuicios el pago de los derechos y demás pretensiones exigidas en la demanda, en virtud que estos derechos únicamente le corresponden al personal que labora en forma permanente para la Secretaria de Salud, cuando se encuentran nombrados en una plaza mediante un acuerdo permanente llenando los requisitos de idoneidad establecidos en los artículos 4, 11 de la Ley de Servicio Civil, y no mediante contratos temporales, sujeto por tanto a la Ley Orgánica de Presupuesto, la Constitución de la República, la Ley de Servicio Civil, y su Reglamento como la Ley General de la Administración Pública contienen disposiciones que regulan la relación entre el Estado como patrono y el servidor público, ajeno a lo que dispone el Código de Trabajo que regula fundamentalmente la relación entre el capital y el trabajo, pero de ninguna manera una relación de servicio público del Gobierno Central. Si se celebran contratos de servicios profesionales y técnicos es principalmente por la naturaleza del servicio, en primer lugar porque no se pueden comprometer presupuestos de años futuros y de hacerlo se tiene que proceder conforme lo dispuesto en el artículo 364 de la Constitución de la República que claramente establece que “No podrá hacerse ningún compromiso o efectuarse pago alguno fuera de las asignaciones votadas en el Presupuesto, o en contravención a las normas presupuestas. Los infractores serán responsables civil, penal y administrativamente.” El artículo 15 de la Ley Orgánica de Presupuesto, expresa que “cuando se trate de contratos de obra de programas o proyectos de inversión, contratos de suministro, de asistencia técnica y de arrendamiento, cuando resulte antieconómico limitar sus plazos al ejercicio fiscal y cargos financieros originados en operaciones de crédito público, que obviamente no comprende este caso. En la cláusula Cuarta de los contratos se precisan: la fuente de donde serán pagado los contratos de Servicios Profesionales y Técnicos, y en segundo lugar que la relación de servicio con carácter permanente en el Gobierno Central se vincula mediante acuerdos de nombramiento, después de seguir todo el procedimiento que para ello establece la Ley de Servicio Civil. Los artículos 200 y 201 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil prescriben: “ARTICULO 200. Las Secretarías de Estado y los organismos desconcentrados podrán suscribir contratos de servicios profesionales y técnicos con personas naturales cuando las labores asignadas no puedan ser realizadas por los empleados regulares o de carrera, ya fuere por la especialidad de las labores o por otra razón calificada. Esta modalidad también podrá emplearse para reclutar personal calificado que se requiera para la ejecución de proyectos especiales. Previo a la suscripción de los contratos deberá acreditarse que los candidatos reúnen los requisitos de idoneidad y capacidad requeridos, a cuyo efecto deberá acompañarse copia de los títulos, diplomas o certificados que correspondan, así como la hoja de vida con los antecedentes profesionales y la experiencia necesaria y sus remuneraciones deberán ajustarse en lo posible a los de los servidores públicos que realizan tareas similares como disponen los Artículos tres (3) inciso 1) de la Ley de Servicio Civil, y nueve (9) de este Reglamento, quienes prestan servicios bajo esta modalidad están excluidos del Servicio Civil. ARTICULO 201 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil. Para la validez de estos contratos deberán observarse las normas presupuestarias; no podrá suscribirse contrato alguno si no hubiera disponibilidad suficiente en la correspondiente asignación para gastos del ejercicio fiscal que corresponda. La contravención a lo acá dispuesto hará incurrir en responsabilidad.” El artículo 22 de la Ley de Servicio Civil dispone que “todos los puestos de la administración pública comprendidos en el Manual de Clasificación de Cargos deberán adjudicarse en base a exámenes por oposición salvo aquellas circunstancias especiales en que no sea conveniente seguir este procedimiento, por exigirse conocimientos muy especializados o porque la naturaleza del cargo así lo aconseje, en cuyo caso podrá aplicarse el método de oposición de antecedentes. El Manual de Clasificación de Cargos deberá señalar los casos calificados que comprenda esta excepción.” El artículo 6 del Reglamento de esta Ley dispone: “Para los fines de la Ley y del presente Reglamento, los términos y definiciones que a continuación se indica, tienen el siguiente significado… 3. Acuerdo del Poder Ejecutivo: Acto administrativo dictado por el Presidente de la República que autoriza al respectivo Secretario de Estado o el dictado por un Secretario de Estado actuando por delegación del Presidente de la República, relativo, en ambos casos, a la legalización de situaciones prescritas por la Ley… 28. Nombramiento: Es el acto administrativo de concesión del status de Empleado o Servidor Público a una persona natural, por medio de un Acuerdo expedido por la autoridad competente conforme a la Ley.” De acuerdo con las disposiciones legales que he citado, para que un servidor público tenga la permanencia en el cargo, se requiere que exista una asignación presupuestaria y que la misma este afecta a dicha relación, que el servidor público se sujete a la normativa de la Ley de Servicio Civil, entre ellas la de hacer examen de oposición, requisitos que se constituyen en solemnidades para la permanencia en el cargo público. Si bien es cierto que el Juzgador no está sujeto a la tarifa legal de prueba y por lo tanto forma libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes; sin embargo, cuando la ley exige determinada solemnidad ad sustantian actus, no se podrá admitir sin prueba por otros medios. De ahí que el Tribunal Sentenciador al apreciar los contratos de servicios profesionales y técnicos como contratos de trabajo regulados por el Código de Trabajo lo hace en forma errónea pues en su criterio no necesita de tales solemnidades para que el demandante exija derechos que únicamente le corresponden al personal que labora en forma permanente para la Secretaria de Salud sin observar el procedimiento establecido en la Ley, nombrados mediante un acuerdo, no teniendo la competencia los Juzgados del Trabajo de Francisco Morazán de la jurisdicción de la Dirección General de Servicio Civil, para ordenar que a la demandante se le reintegre y se le nombre en forma permanente y se le reconozcan todos los derechos que ostentan los Servidores Públicos nombrados mediante un acuerdo permanente, por no estar comprendido en el ámbito de su competencia, y que al hacerlo estaría incurriendo de esa manera en un error de derecho y que en forma indirecta infringe el 47,52, párrafo último en relación con los artículos 19 y 20, del Código de Trabajo, y el artículo 4, 11 de la Ley de Servicio Civil, 22, 200, 201 del Reglamento de Servicio Civil al haberlo aplicado indebidamente y que como consecuencia de esa aplicación indebida, a reconocerle su relación laboral como permanente en la Secretaria de Salud y demás derechos exigidos por la parte demandante, reconociendo por este acto la permanencia a la señora MIRIAN SOLEDAD LOBO CRUZ, y por tal razón declaró con lugar la demanda. y el respectivo reintegro a su puesto de trabajo y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la cancelación del supuesto despido hasta que quede firme dicha sentencia. por lo antes expuesto, es procedente en derecho que se declare ha lugar este motivo de casación, que se case la sentencia recurrida y como resultado de ello que se declare sin lugar la demanda promovida contra el ESTADO DE HONDURAS”. III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Entre las normas que indica como violadas el articulo 47 último párrafo del Código de Trabajo no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) La Censora del fallo alega por la vía del error de derecho, la inobservancia del material probatorio de varios contratos de trabajo por prestación de servicios profesionales y técnicos; sin embargo, el error de derecho en la casación laboral, tiene lugar cuando se haya dado por establecido un hecho con un medio probatorio no autorizado por la Ley, por exigir ésta al efecto una determinada solemnidad para la validez del acto, púes en este caso no se puede admitir su prueba por otro medio y también cuando deja de apreciarse una prueba de esta naturaleza, siendo el caso de hacerlo, situación que en el presente asunto no se ha expuesto bajo alguna de esas modalidades, sino que se invoca la infracción indirecta al aplicar indebidamente el contenido de unos documentos que se refieren a contratos de trabajos por la prestación de servicios profesionales y técnicos, todo ello hace inadmisible dicho motivo; c) Olvida señalar las normas procesales que sirvieron de medio para la violación; y, d) Formula extensos alegatos de instancia inoportunos en este extraordinario recurso. IV. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código de Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ROY PINEDA CASTRO, COORDINADOR, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de mayo del dos mil veinticuatro; certificación de la sentencia de fecha veintiuno de noviembre del dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL593-2022. FIRMA Y SELLO.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ
SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.