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Sentencia CL-577-22 — Registro 17191

Resumen

Demanda ordinaria laboral para el reintegro en iguales o mejores condiciones en el puesto de trabajo del cual fue despedida en forma directa, ilegal, injusta y arbitraria, se otorgue la permanencia en el puesto de trabajo, pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, décimo tercer y cuarto mes de salario y demás derechos que le corresponden

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) El artículo 112 literales j) y l) del Código de Trabajo, los literales señalados contienen situaciones jurídicas distintas que se deben precisar y el articulo relacionado no tiene incidencia con la decisión final; b) La violación directa de la ley se produce con prescindencia de los hechos controvertidos y por ello del material probatorio, resulta impropio el ataque por esta vía; y, c) Realiza alegatos de instancia."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) El artículo 112 literales j) y l) del Código de Trabajo, los literales señalados contienen situaciones jurídicas distintas que se deben precisar y el articulo relacionado no tiene incidencia con la decisión final; b) Cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no es congruente con el Concepto de infracción invocado; c) Debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos, lo cual no aparece demostrado por el Recurrente; d) La prueba singularizada si fue apreciada en el fallo impugnado, resultando que se le dio una valoración o alcance diferente al que pretende el Impetrante, por lo que es impropio el ataque al mismo por falta de apreciación; y, e) Realiza alegatos propios de instancia."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN. -

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veintiséis de junio de dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha siete de febrero del dos mil veintitrés, por la Abogada SINTIA MARÍA BREVÉ TOMÉ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además es parte recurrida, la señora GLORIA ISABEL AGÜERO DURON, representada en juicio por el Abogado PABLO EMILIO REYES THEODORE. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el reintegro en iguales o mejores condiciones en el puesto de trabajo del cual fue despedida en forma directa, ilegal, injusta y arbitraria, se otorgue la permanencia en el puesto de trabajo, pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, décimo tercer y cuarto mes de salario y demás derechos que le corresponden, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diez de junio del dos mil dieciséis, por el Abogado ADOLFO PINEDA PADILLA, en su condición de Apoderado Legal de la señora GLORIA ISABEL AGÜERO DURON, en contra del ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA, por medio del Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha cuatro de agosto del dos mil veintidós, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha treinta y uno de agosto del dos mil veinte, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: PRIMERO: Declarando PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por la señora GLORIA ISABEL AGÜERO DURON en contra del ESTADO DE HONDURAS a través de su representante legal el señor ABRAHAM ALVARENGA en su condición de Procurador General de la República. -SEGUNDO: SE CONDENA a reconocer y declarar una relación de trabajo por tiempo indefinido y de carácter permanente la que sostiene la señora GLORIA ISABEL AGÜERO DURON con el Estado de Honduras representado por el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA en su condición de Procurador General de la República, directamente con LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL se le reconoce una antigüedad laboral desde el 23 de Abril del 2010, asimismo se le reconoce a la demandante todos los derechos que ostentan los empleados de carácter permanente; asimismo a REINTEGRAR a su puesto de trabajo como ENCARGADA DE APOYO LOGISTICO INTERNO o en otro puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones en LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL, más el pago de salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que la demandante sea debidamente reinstalada. TERCERO: se ABSUELVE al ESTADO DE HONDURAS a través de su representante legal el señor ABRAHAM ALVARENGA a pagar a la señora GLORIA ISABEL AGÜERO DURON, en concepto de décimo tercer y cuarto mes de salario y vacaciones. - CUARTO: se ABSUELVE al ESTADO DE HONDURAS a través de su representante legal el señor ABRAHAM ALVARENGA a pagar a la señora GLORIA ISABEL AGÜERO DURON, en concepto de demás derechos. - QUINTO: SIN COSTAS…”. ANTECEDENTES DE HECHO.1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que inició la relación de trabajo mediante contrato de prestación de servicios profesionales con la Secretaría de Estado en el Despacho Presidencial en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en el cargo de Coordinadora de Organización y Distribución Física, devengando un salario inicial de L. 40,000.00 mensuales, desempeñando sus funciones con el mayor esmero y eficiencia posible; que la relación que mantuvo con la demandada fue mediante contrato de servicios profesionales por tiempo determinado firmando un sin número, de los mismos, hasta que en fecha 31 de marzo del 2016, que le notificaron que su contrato no iba a ser renovado según lo manifestado por los señores: Nimia Aguilar Torres, Sub Gerente de Recursos Humanos, y Edwin Rosales Gerente Administrativo, mediante nota de fecha 31 de marzo del 2016, que literalmente dice: "Por este medio me dirijo a usted para notificarle como resulta de la Audiencia de Descargo que se celebrara el día lunes 28 de Marzo del 2016, queda estipulado en el acta levantada para tal efecto que no pudo desvanecer las faltas allí imputadas, aceptando su reiterada indisciplina en el incumplimiento de su horario de trabajo, documento que se encuentra anexo a su expediente de personal, en donde a través de muchos otros documentos se puede constatar las muchas oportunidades de mejora brindadas a través de los llamados de atención, así como la celebración de dos audiencias de descargo anteriores respetándole el debido proceso. Por todo lo anteriormente expuesto, por servicios profesionales el cual tiene vigencia hasta el día de hoy 31 de marzo del 2016, por incumplimiento a las disposiciones internas que rigen el comportamiento del personal de la Secretaría de la Presidencia, contenidas tanto en el Reglamento Interno vigente en sus artículos 28 y 47 inciso 3) y en la cláusula quinta de su contrato de servicios profesionales vigente No. 49/2016 en donde está claramente establecido el horario de trabajo oficial y reglamentario, incurriendo en faltas detalladas en los artículos 50 , inciso h), 51 inciso a) y d), y 52 incisos a) y c) del reglamento Interno Vigente, y artículos 97, inciso 2 y 112 inciso i) y l) del Código del Trabajo, así como también el incumplimiento a la norma constitucional contemplada en el artículo 128 numeral 1) que señala que la jornada de trabajo será de 8 horas diarias contempladas dentro del horario establecido por la institución se le solicita proceder a efectuar los descargos de los bienes a sus cargos, así como la entrega de su carné de identificación", con lo descrito anteriormente se da cuenta que existen evidentes violaciones a los derechos laborales de la demandada violentando en primer lugar el artículo 82 de la Constitución de la República en relación con los artículos 97, 98, 112, y 117 del Código de Trabajo, ya que en la nota de despido no expresa la causa, que motivo a la Secretaría de Estado en los Despachos de la Presidencia a tomar la determinación, esto quiere decir que las razones que el empleador señala como causas justas para determinar válidamente el contrato de trabajo deben: a) Respaldarse en hechos concretos; b) Ser siempre claras y precisas con el objeto que el trabajador pueda tener la oportunidad de cuestionar o controvertir tales motivos y que el juez pueda dirimir el conflicto y pueda valorarlas como materia litigiosa; y c) El patrono no deba utilizar un carácter genérico en la carta de despido. Que en el caso que nos ocupa la demandante durante toda la relación laboral que mantuvo fue mediante contratos a términos, por lo que de acuerdo a lo establecido en los artículos 47 y 52 del Código de Trabajo la relación laboral con la Secretaría de Estado en el Despacho Presidencial es por tiempo indefinido ya que la naturaleza de las funciones que realizaba es permanente, continuas y todavía subsiste la causa o motivo que le dio origen a la contratación. Es importante mencionar que la Secretaría de Estado en el Despacho Presidencial quiso maquillar el contrato individual de trabajo, denominándole "Contrato de Prestación de Servicios Profesionales", cuando en realidad es un contrato de trabajo de acuerdo a lo tipificado en el artículo 20 del Código de Trabajo, hecho este que puede ser corroborado con los mismos contratos firmados entre las partes. Expuso la parte actora que no se le ha seguido el procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento de Trabajo vigente, ya que en su historial laboral no tiene llamados de atención, de igual forma para la audiencia de descargo a la cual compareció, fue sin citación previa y sin testigos presenciales, siendo una violación clara a los procedimientos laborales y al derecho a la defensa. 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que la demandante prestó sus servicios profesionales en la Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia, no obstante, se rechaza el cargo y la remuneración que aduce, ya que del Contrato de Servicios Profesionales No. 049/2016 de fecha 01 de marzo del 2016, se desprende en su Cláusula Primera que el cargo era como Encargada de Apoyo Logístico Interno, y no el de Coordinadora como la demandante consigna en la demanda de mérito, así mismo, de la Cláusula Cuarta se desprende que "devengará mensualmente por sus servicios profesionales, la suma de TREINTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.30,000.00)...". Por lo que se podrá observar que existe una distorsión de las condiciones pactadas por parte de la demandante, pretendiendo de mala fe alterar la realidad de los hechos para conseguir un beneficio pecuniario que no le corresponde. La demandante confundió la vía jurisdiccional ante la cual interpuso la presente pretensión, ya que la realidad de los hechos y como bien reconoce la demandante en la demanda, al manifestar que su relación laboral es mediante contratos de servicios profesionales, se comprueba que la presente causa debió de interponerse ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tal como lo dispone la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en su numeral 3 inciso a) que prescribe: "La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá también: a) las cuestiones referentes a cumplimiento, interpretación, resolución, recisión, y efectos... y todo lo relativo a los Contratos de Servicios Profesionales o Técnicos que celebren los Poderes del Estado...". Que no obstante y aun cuando hubiesen encontrado ante un supuesto de los que regulan por la normativa laboral vigente, la Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia prestando sus servicios profesionales, se encontraba facultada para dar por terminada la relación contractual, ya que de la plataforma fáctica del caso se desprende que la demandada aplico estrictamente lo establecido en la facultad otorgada por el artículo 112 que dispone: "Son causas justas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo sin responsabilidad de su parte.... i) La negativa manifiesta y reiterada del trabajador, o el no acatar el trabajador, en igual forma y el perjuicio del patrono, las normas que éste o su representante en la dirección de los trabajos le indiquen... l) Cualquier violación grave de las obligaciones prohibiciones especiales que incumben al trabajador, de acuerdo con los artículos 97 y 98, o cualquier falta grave calificada como tal en pacto o convenciones colectiva, fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentos, siempre que el hecho está debidamente comprobado y que en la aplicación de la sanción se observe el respectivo procedimiento reglamentario o convencional". relación que efectiva llego a su término pues la demandante incumplió obligaciones ineludibles que por ley le corresponden, como es la establecida en el artículo 97 numeral 2) del mismo cuerpo legal que prescribe: "Además de las contenidas en otros artículos de este Código, en sus reglamentos y en las leyes de seguridad social, son obligaciones de los trabajadores…. 2) Ejecutar por si mismo su trabajo, con la mayor eficiencia, cuidado y esmero, en el tiempo lugar y condiciones convenidos....”, en el momento procesal se acreditaran las innumerables llegadas tardes a su puesto de trabajo, las cuales no fueron justificadas y desvirtuadas, razón por la cual se procedió a la no renovación de su Contrato de Servicios Profesionales, luego de haberse agotado el correspondiente procedimiento de descargo y disciplinario dando como consecuencia legal la notificación de fecha 31 de marzo del 2016, donde se daba por terminada la relación contractual sin responsabilidad para el Estado de Honduras, por lo que la petición de la demandante no tiene sustento legal, por lo que su reclamo al solicitar su reintegro y derechos que no le corresponden son improcedentes por cuanto se ha actuado conforme a derecho, es de hacer notar y así como se probará manifiesta que la misma fue consciente de los servicios profesionales reiterado incumplimiento de sus responsabilidades profesionales pero lamentablemente después de varias oportunidades de mejorar brindadas por parte de la demandada no fueron por esta cuidadosamente acatadas, no quedando otra alternativa que la de prescindir de sus servicios, siendo importantes resaltar que en todo momento se cumplió el procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento Interno del Personal de la Secretaría de Estado del Despacho Presidencial, respetándosele el derecho a la defensa y el debido proceso a la demandante, por el cual se citó a la demandante mediante memorando RRHH-SEP-156/16 donde se informa que se celebraría audiencia de descargo por llegadas tardes, en el numeral 3 del acta contesto: “He hecho el esfuerzo que tristemente no se ve reflejado pero si usted remite a los meses anteriores en donde las llegadas tardes eran de 20 a 30 minutos, si ha habido mejoría que quiero que quede esto establecido que si ha habido mejoría de mi parte, las ultimas llegadas tardes son de 15 a 20 minutos y creo que hay menos días, es lo que creo…", existe una aceptación expresa por parte de la demandante, la cual fue escuchada y en ningún momento acreditó una causa justificada para sus ausencias en horas de prestación de servicios, probando de esta manera que no existe vulneración del derecho a la defensa. 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta y uno de agosto del dos mil veinte, dictó sentencia que, en su parte conducente, dice: “FALLA: PRIMERO: Declarando PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por la señora GLORIA ISABEL AGÜERO DURON en contra del ESTADO DE HONDURAS a través de su representante legal el señor ABRAHAM ALVARENGA en su condición de Procurador General de la República. -SEGUNDO: SE CONDENA a reconocer y declarar una relación de trabajo por tiempo indefinido y de carácter permanente la que sostiene la señora GLORIA ISABEL AGÜERO DURON con el Estado de Honduras representado por el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA en su condición de Procurador General de la República, directamente con LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL se le reconoce una antigüedad laboral desde el 23 de Abril del 2010, asimismo se le reconoce a la demandante todos los derechos que ostentan los empleados de carácter permanente; asimismo a REINTEGRAR a su puesto de trabajo como ENCARGADA DE APOYO LOGISTICO INTERNO o en otro puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones en LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL, más el pago de salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que la demandante sea debidamente reinstalada. TERCERO: se ABSUELVE al ESTADO DE HONDURAS a través de su representante legal el señor ABRAHAM ALVARENGA a pagar a la señora GLORIA ISABEL AGÜERO DURON, en concepto de décimo tercer y cuarto mes de salario y vacaciones. - CUARTO: se ABSUELVE al ESTADO DE HONDURAS a través de su representante legal el señor ABRAHAM ALVARENGA a pagar a la señora GLORIA ISABEL AGÜERO DURON, en concepto de demás derechos.- QUINTO: SIN COSTAS….”. Bajo el criterio que la demandante ha sido contratada como temporal en un puesto que por su continuidad tanto en el tiempo, como en el mismo puesto de trabajo y para el mismo empleador y estos son de naturaleza indefinida dentro de la institución demandada, contratos para el mismo entorno de la labor que se desempeña en esta, es decir siempre necesitara personal de Encargada de Apoyo Logístico Interno (ultima contratación) y su función, para realizar las actividades de la demandante, no necesariamente relacionada directamente con el giro o actividad que realiza la Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia, sin embargo este personal es indispensable para la operatividad en la institución. Deduciéndose que el contrato de trabajo que nació como temporal se ha desnaturalizado, pues su permanencia en el tiempo y la naturaleza de la labor desempeñada ha provocado la exigencia y necesidad de la institución en cuanto al puesto de trabajo; concluyendo que dicha forma de contratación no tiene la mínima intención de poner fin a la relación laboral suscrita originalmente como temporal. El Código de Trabajo y sus principios resuelven éste tipo de abusos y violaciones contra los trabajadores, con lo establecido en el artículo 3 del Código de Trabajo que dice: "Son nulos ipso jure todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la constitución, el presente código, sus reglamentos o las demás leyes de trabajo o previsión social otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato de trabajo u otro pacto cualquiera". Por lo que si el empleador, utilizando el contrato de trabajo por tiempo determinado, pretendía rehuir sus obligaciones patronales, son nulos ipso jure dichos contratos de servicios profesionales y sus fechas de finalización, ya que los mismos eliminan y disminuyen derechos laborales y constitucionales, ya adquiridos por los trabajadores derivados de una relación típica de trabajo; haciendo la aclaración que lo que se invalida es la declaración fraudulenta o simulada de la voluntad de las partes (o la de una de ellas en realidad), no respecto de la decisión de relacionarse o de vincularse jurídicamente, en consecuencia se extingue con la sanción de nulidad a cualquiera y a toda modalidad fraudulenta o de simulación, donde se pretenda la violación de derechos laborales, pero subsiste y debe de aplicarse al contrato de trabajo, las normas laborales y previsionales por encima de la voluntad de las partes, por ser las normas de Derecho del Trabajo de orden público y de cumplimiento obligatorio. En otro orden de ideas, la nota de terminación laboral deja evidenciado que excluye explicar y precisar en qué consistió de manera completa la violación de las normas estipuladas en el Reglamento Interno, el Código de Trabajo y el mismo contrato individual de trabajo suscrito entre la trabajadora y la demandada, incurriendo en una violación a las obligaciones convencionales o legales que impone el Código de trabajo al patrono, relativas a las condiciones generales del contrato de trabajo como garantías mínimas que deben imperar en la relación de trabajo, omitiendo señalar los días, horas, exactas que la trabajadora ha incumplido en su horario de trabajo, detallando no de manera concreta y precisa las acciones imputadas a la trabajadora que conllevaron a ser despedida de la institución. La parte demandante dentro de sus pretensiones solicitó el pago del décimo tercer y cuarto mes de salario y pago de vacaciones, se ha acreditado mediante la evacuación del medio de prueba Exhibición de Documentos Públicos (comprobantes de pago), que la demandante no se le adeudan cantidades en dichos conceptos por lo que se declara sin lugar los mismos; en cuanto al pago de demás Derechos, la parte demandante no especifica que otro derecho solicita, asimismo el representante procesal de la parte actora no generó prueba en el momento procesal oportuno (audiencia primera de trámite) para sustentar tal pretensión y siendo que las decisiones judiciales no pueden descansar nunca sobre los hechos alegados, sino que deben fundamentarse sobre su demostración por alguno a algunos de los medios de prueba reconocidos por la ley, siendo estos medios de pruebas los instrumentos legales y necesarios de que se valen las partes para demostrar al juez la verdad a existencia real de las hechos generadores del derecho, es preciso entonces que la prueba se produzca para que la autoridad pueda calificarla, en relación a lo expuesto, es del criterio de la que juzga que no precede la pretensión de pago de Demás Derechos. 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cuatro de agosto del dos mil veintidós, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que obra en la primera pieza de autos, la existencia de varios contratos de servicios profesionales celebrados entre el Estado de Honduras y la demandante; y que las funciones por las cuales fue contratada la demandante, siempre han sido las mismas durante la suscripción de dichos contratos; existiendo además los otros elementos para considerar la relación laboral como permanente, tal como lo señala el artículo 20 del Código de Trabajo como ser: subordinación y dependencia del patrono, horario de trabajo y el derecho a una remuneración. Además, el artículo 47 del Código de Trabajo señala que: "Los contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la empresa, se considerarán como celebrados por tiempo indefinido aunque en ellos se exprese término de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsisten la causa que le dio origen o la materia del trabajo para la prestación de sedicioso o la ejecución de obras iguales o análogas”, por lo que no cabe duda que la relación existente entre las partes en contienda, era por tiempo indeterminado. 5. Mediante auto de fecha treinta de noviembre del dos mil veintidós, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada SINTIA MARÍA BREVÉ TOMÉ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha siete de febrero del dos mil veintitrés, compareció ante este Tribunal la Abogada SINTIA MARÍA BREVÉ TOMÉ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha siete de febrero del dos mil veintitrés, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha veintiuno de marzo del dos mil veintitrés, se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por parte del Abogado PABLO EMILIO REYES THEODORE, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I.- Que la finalidad del recurso de casación es la unificación de la jurisprudencia nacional tal como lo establece el artículo 764 primer párrafo del Código de Trabajo, no constituye una tercera instancia que permita un discurso atropellado, alegaciones extensas y argumentos desordenados. Por ello este Tribunal, afincado al sistema constitucional y legal y adoptando una cultura de respeto y cumplimiento a los tratados y convenios internacionales suscritos por el País, tiene dicho que la demanda de casación está sometida a un conjunto de formalidades para que sea atendible. Se ha establecido también que esos precisos requerimientos de técnica, más que un culto a la formalidad son supuestos esenciales de la racionalidad del recurso de casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice. II.- Que la Abogada SINTIA MARIA BREVÉ TOMÉ en su primer motivo de casación alega: “Acuso a la sentencia de ser violatoria de la ley Sustantiva del orden nacional POR INFRACCIÓN DIRECTA del Artículo 112 literales j) y l) del Código del Trabajo, por falta de aplicación del mismo, en relación con el párrafo primero del Artículo 113 interpretado del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el párrafo primero del ordinal primero del Artículo 765 del Código del Trabajo. EXPLICACION DEL MOTIVO DE CASACION: La sentencia recurrida viola lo establecido en el Artículo 112 literales j) y l) del Código de Trabajo, al no aplicar el mismo, ya que si lo hubiera aplicado el Ad Quen hubiera revocado la sentencia que conocía en Apelación. La afirmación que antecede se hace en virtud de que en el presente caso resulta evidente la apreciación errónea de la prueba propuesta por el Estado de Honduras en tal sentido tal como lo establece el precepto autorizante en el presente escrito hacemos referencia a la falta de apreciación de la prueba propuesta en los que se basa la decisión de la Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia en rescindir el contrato con la demandante cuya prueba se encuentra en los folios 105, 1047, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 y 118 de la pieza principal de autos, donde se encuentra plenamente establecido y totalmente comprobable que la Secretaría de Estado en el Despacho de la pieza principal en el presente caso ha actuado con irrestricto apego a las normas del procedimiento y respetando los derechos y garantías de la demandante, se exige la correcta apreciación de la prueba y que se aplique justicia donde se aprecie toda la prueba incorporada en el presente caso. Esto es lo que exactamente sucedió en el caso que nos ocupa, pero a pesar de eso la Corte Sentenciadora se negó a aplicar lo ordenado en la Ley y por consiguiente mostrándose en rebeldía con la misma. Si la Corte Sentenciadora hubiera aplicado la norma invocada como violada, hubiera revocado la sentencia de Primera Instancia y consecuentemente hubiera eximido al Estado de Honduras al pago de todos los conceptos reclamados por la demandante, por encontrarse todo lo actuado por la Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia conforme a derecho, siendo respetuosa de los procedimientos establecidos y de las normas aplicables en el presente asunto, de conformidad a lo señalado en el Artículo 112 numerales j) y l) interpretado del Código de Trabajo. Por lo explicado, considero que esta Honorable Corte Suprema de Justicia debe casar la Sentencia recurrida en el presente motivo de Casación.”. III.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) El artículo 112 literales j) y l) del Código de Trabajo, los literales señalados contienen situaciones jurídicas distintas que se deben precisar y el articulo relacionado no tiene incidencia con la decisión final; b) La violación directa de la ley se produce con prescindencia de los hechos controvertidos y por ello del material probatorio, resulta impropio el ataque por esta vía; y, c) Realiza alegatos de instancia. IV.- Que la Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de ley Sustantiva del orden nacional POR INFRACCIÓN INDRECTA del Artículo 112 literales j) y l) interpretado del Código del Trabajo por error de hecho que aparece de manifiesto en los autos por falta de apreciación de los medios de prueba documental consistentes en la nota de fecha treinta y uno de marzo del año dos mil dieciséis donde se le notifica a la demandante la no renovación del contrato de trabajo (ver folio 105), Resolución Interna No. RRHH-02/2016 de fecha veintinueve de marzo del año dos mil dieciséis en la que se resuelve el procedimiento laboral instituido a la demandante por faltas laborales cometidas y que no fueron desvirtuadas por la inculpada ahora demandante (ver folios 107 y 108), Acta de Audiencia de Descargo en la que se le dio la oportunidad a la demandante en sede administrativa para que propusiera la prueba necesaria en descargo de las faltas incoadas, en ella se evidencia el respeto al derecho de defensa, al debido proceso y a la oportunidad procesal para que la inculpada pudiera defenderse de la acusación laboral (ver folios 109 y 110), Memorándum No. RRHH-SEP-156/16, que contiene la citación para la audiencia de descargo y la especificación de las faltas que se le imputan (ver folio 111), Reporte del Reloj marcador de los meses de enero y febrero, en ellos se detallan las llegadas tardes, salidas antes de la hora de salida y abandono de su puesto de trabajo en sus horas de trabajo (ver folio 112 y 113) y el Contrato de Servicios Profesionales N0. 049/2016, Cláusula Quinta (ver folios 115 al 118) todos de la pieza principal de autos; en relación con los Artículos 82 y 94 de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el párrafo primero del ordinal primero del Artículo 765 del Código del Trabajo. Normas adjetivas que sirvieron como medio para la violación: Las normas adjetivas que sirvieron como medios para la violación de norma invocada como violada son los Artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN LAS PRUEBAS PROPUESTAS POR LAS PARTES EN EL JUICIO FUERON: LA PARTE DEMANDANTE PROPUSO: 1.-Documental. 2.- Exhibición de Documentos. LA PARTE DEMANDADA PROPUSO: 1.-Documentos Públicos. De la prueba antes relacionada se hace referencia al medio de prueba documental público, con las que la parte demandada hace uso de toda la prueba que considera necesaria y proporcional y que la misma reúne los requisitos de pertinencia y utilidad, a criterio de esta representación y de este Tribunal, ver folios 105 al 119, en ellos se encuentra el fundamento que oriento a la Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia a tomar la decisión de rescindir de sus servicios con la ahora demandante, imputaciones a las que no presento descargos y que evidencia el incumplimiento a las disposiciones internas que rigen el comportamiento del personal de la Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia contenidas tanto dentro del Reglamento vigente en sus Artículos 28 y 47 ordinal 3) y la Cláusula Quinta del Contrato de Servicios Profesionales suscrito entre la demandante y la Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia número 049/2016, en donde se establece claramente el horario de trabajo oficial, establecido por el Gobierno de la República para todos los empleados públicos. Con su inobservancia a los reglamentos internos, violenta las disposiciones internas e incurre en las faltas contenidas en los Artículos 50 inciso h), 51 incisos a) y d) y 52 inciso a) y c) del Reglamento Interno de la Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia, violentando los Artículos 97 inciso 2), y 112 incisos i) y l) del Código de Trabajo y relacionada con la Norma Constitucional del Artículo 128 ordinal l) que establece que la jornada de trabajo será de ocho (8) horas diarias. Las referidas pruebas documentales no fueron apreciadas por la Corte de Apelaciones del Trabajo, la cual al confirmar la sentencia recurrida hizo suyas las motivaciones del Tribunal de Primera Instancia; esa falta de apreciación llevó a la Corte Sentenciadora a violar la norma invocada como violada; las referidas pruebas no apreciadas son de muchísima importancia e influyeron en el fallo recurrido pues si esas pruebas se hubiesen apreciado el Tribunal Recurrido hubiera llegado a la conclusión que mi representada al rescindir de los servicios de la demandante quien en reiteradas ocasiones y con su conocimiento y aceptación incumplió con el horario de trabajo que rige en el país para todos los empleados públicos, incumplimiento o faltas que tampoco pudo desvirtuar en audiencia de descargo que le realizo la Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia, argumentos que han sido fuertemente comprobados a este Juzgado y alegados desde el inicio de la defensa del presente caso. Si la Corte Sentenciadora hubiera apreciado las pruebas hubiera llegado a la conclusión de que el despido de la demandante se hizo observando todos los procedimientos establecidos en las normas laborales vigentes y además en todo momento se respecto el derecho de defensa a la demandante y tal como se han pronunciado tanto el Juzgado de Letras del Trabajo, como la Corte de Apelaciones del Trabajo, son lesivas a los intereses de mi representado e insta a que los incumplimientos realizados por la demandante son correctos y que no incurre en falta alguna, pues es lo que la justica en las instancias inferiores han dado a mi representada, en tal sentido el fallo recurrido no es objetivo ni contundente a la práctica de la prueba propuesta y evacuada y que la misma consta en autos, pues es evidente que si existieron medios suficientes para que mi representado haya tomado la decisión de rescindir el contrato y dar por terminada la relación de trabajo para el Estado tal como lo establecen las normas laborales establecidas en el Código del Trabajo pero esto sucedió precisamente por la falta de apreciación de los medios de prueba relacionados y esto produjo consecuentemente la violación de la referida norma. Con lo anterior queda evidenciado que la Corte Recurrida no analizó ni apreció todas las pruebas allegadas en tiempo al proceso, olvidando el imperativo que encontramos en el Artículo 738 del Código del Trabajo. Si la referida Corte hubiera analizado las pruebas singularizadas en este motivo de casación hubiera llegado al convencimiento que en el presente caso estamos en presencia de un despido legal y por ello hubiera dictado fallo declarando sin lugar la demanda ordinaria laboral por improcedente. Por lo explicado anteriormente considero que la Corte Suprema de Justicia debe casar la sentencia recurrida en el presente motivo de casación”. V.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) El artículo 112 literales j) y l) del Código de Trabajo, los literales señalados contienen situaciones jurídicas distintas que se deben precisar y el articulo relacionado no tiene incidencia con la decisión final; b) Cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no es congruente con el Concepto de infracción invocado; c) Debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos, lo cual no aparece demostrado por el Recurrente; d) La prueba singularizada si fue apreciada en el fallo impugnado, resultando que se le dio una valoración o alcance diferente al que pretende el Impetrante, por lo que es impropio el ataque al mismo por falta de apreciación; y, e) Realiza alegatos propios de instancia. VI.- Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos de casación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código de Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que, con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ROY PINEDA CASTRO, COORDINADOR, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los un días del mes septiembre del dos mil veintitrés; certificación de la sentencia de fecha veintiséis de junio del dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL577-2022. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.