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Sentencia CL-569-22 — Registro 18442

Resumen

Segunda instancia reformó la sentencia declarando sin lugar demanda ordinaria Laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe la justa causa del despido caso contrario sea condenado al reintegro al trabajo, más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, se exige empleado permanente formalizando con su Contrato Individual de Trabajo, que se iguale el salario a las demás jefaturas de los demás Departamentos o Arancel del Colegio de Ingenieros Agrónomos

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."El deber de motivación de la resolución judicial implica el plasmar el razonamiento y expresión detallada de las consideraciones y criterios a los que ha arribado y forman su convencimiento y razones en la decisión que constituye su sentencia definitiva, ello vinculado al principio de congruencia, que no es más que resolver conforme a las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, por ende, además debe existir una conexión lógica entre lo controvertido u objeto del debate y la resolución judicial que se emite, debiendo entonces emitir para cada petición, aceptada por las partes o controvertida, un pronunciamiento sustentado conforme a lo expuesto en el mismo fallo, consecuentemente es imprescindible la exhaustividad del mismo, es decir, el deber de concluir el proceso con un profundo análisis, tangible y detallada valoración probatoria y la incorporación evidente de la normativa jurídica que le sirve de fundamento y que también permita la posible recurribilidad de la sentencia."...

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 y 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 7 y 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Procesal Civil, art. 208 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que la Ley garantiza la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y profesiones y las justas causas de separación. Cuando el despido injustificado surta efecto y firme que sea la sentencia condenatoria respectiva, el trabajador tendrá derecho a su elección a una remuneración en concepto de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, y a las indemnizaciones legales y convencionales previstas; o a que se le reintegre al trabajo con el reconocimiento de los salarios dejados de percibir, a título de daños y perjuicios."...

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."Que la Ley garantiza la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y profesiones y las justas causas de separación. Cuando el despido injustificado surta efecto y firme que sea la sentencia condenatoria respectiva, el trabajador tendrá derecho a su elección a una remuneración en concepto de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, y a las indemnizaciones legales y convencionales previstas; o a que se le reintegre al trabajo con el reconocimiento de los salarios dejados de percibir, a título de daños y perjuicios."...

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..." Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. X. Que la nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella, y debe cuando conste en autos, decretarse de oficio, aunque las partes no la aleguen."...

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veintiún días del mes de noviembre de dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 9 de junio del 2023 por la Abogada KARLA ZIOMARA RODRIGUEZ ORELLANA, en su condición de representante procesal del señor ISRAEL GOMEZ AYALA, como recurrente; además, es parte recurrida, la MUNICIPALIDAD DE OMOA, DEPARTAMENTO DE CORTES, representada en juicio por el Abogado RAFAEL ANTONIO BREVE TABORA. OBJETO DEL PROCESO: Demanda Ordinaria Laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe la justa causa del despido caso contrario sea condenado al reintegro al trabajo, más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, se exige empleado permanente formalizando con su Contrato Individual de Trabajo, que se iguale el salario a las demás jefaturas de los demás Departamentos o Arancel del Colegio de Ingenieros Agrónomos, costas, promovida ante el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, en fecha 25 de febrero del 2021, por el señor ISRAEL GOMEZ AYALA, mayor de edad, soltero, Ingeniero Agrónomo Administrador, hondureño, con domicilio en la ciudad de Puerto Cortes, Departamento de Cortes, contra la MUNICIPALIDAD DE OMOA, DEPARTAMENTO DE CORTES, a través de su Alcalde Municipal el señor RICARDO ALVARADO ESCOBAR. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 22 de septiembre del 2022, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortès, misma que en su parte resolutiva dice: “FALLA: PRIMERO: Declarando PARCIALMENTE HA LUGAR, el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal demandada. SEGUNDO: REFORMAR la sentencia de fecha veintiocho (28) de julio del presente año 2022, dictada por el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortés; la que consiste en: I.- DECLARAR SIN LUGAR la demanda para el reintegro a su puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones; II. Establecer que la condena del pago de salarios dejados de percibir es a partir del 2 de marzo al 2 de junio del año 2020- TERCERO: CONFIRMAR la referida sentencia en sus demás extremos; CUARTO: SIN COSTAS”. ANTECEDENTES DE HECHO. 1. La parte demandante expresó que inició a laborar el día 11 de marzo del 2019, en el cargo de Director de la Oficina Unidad Municipal Ambiental (UMA) en la Alcaldía del Municipio de Omoa contratado por el señor Alcalde Ricardo Alvarado Escobar, devengando un salario de L. 16,000.00 mensual, contrato que tuvo duración del 11 de marzo al 10 de mayo del 2019 y renovado el contrato del 10 de mayo al 9 de noviembre del mismo año 2019; el último contrato firmado caducó el 9 de noviembre del 2019, sin hacer renovación se laboró ininterrumpidamente desde el 11 de marzo del 2019 al 2 de marzo del 2020, haciendo la aclaración que desde el 10 de noviembre esta sin habérsele realizado un Contrato Individual de Trabajo, el artículo 30 de nuestra normativa laboral del Trabajo dice que la falta de Contrato Individual del Trabajo es imputable al patrono por lo que el mismo indica que cualquier derecho alegado por el trabajador en caso de controversia serán ciertas las estipulaciones de trabajo alegadas, sin perjuicio de prueba en contrario, por lo que al no tener Contrato de Trabajo no tiene duración de su contrato, por lo que el mismo será indefinido porque no hay fecha que de por terminado el mismo, siendo que en el contrato escrito uno de los requisitos es el estipulado en el artículo 37 de la misma normativa laboral específicamente el inciso c) pero como no se realizó dicho contrato se da por entendido que este queda por un periodo indefinido como dice el artículo 46 inciso a) cuando no se especifica fecha para su terminación, es por esta razón en su artículo 47 al ser reintegrado a su lugar de Trabajo debe hacerse de forma permanente, continuo o por tiempo indefinido formalizándolo con un nuevo contrato individual del trabajo ordenado por el juzgado manteniendo su antigüedad siendo su fecha de inicio el 11 de marzo del 2019; resulta que el 2 de marzo del 2020 se le extendió una nota de despido, la cual describe lo siguiente “me dirijo a usted respetuosamente para notificarle que desde el día 29 de febrero del 2020 está Municipalidad de Omoa, Departamento de Cortes ha decidido prescindir de sus servicios, debido a restructuración de personal, por tanto, se solicita que el día de hoy haga su respectiva entrega de su puesto y herramientas otorgadas al iniciar sus labores en esta empresa a su jefe inmediato; de igual manera agradecemos por las labores realizadas durante el tiempo que hizo parte de nuestro equipo de trabajo y manifestamos que todas sus prestaciones laborales y salariales correspondientes serán liquidadas dentro del tiempo establecido para ello”, firmando dicho documento por la Directora de Recursos Humanos, la presente nota de Despido fue extendiéndose por escrito, misma que es ilegal e injusta, dicho documento dice que el despido es debido a restructuración del personal, por lo que no está dentro las causales que el Código del Trabajo describe en su artículo 112, por lo que su despido es injusto porque no está apegado a Derecho, es por ello que se pide el emplazamiento tal como lo manda el artículo 113 del Código del Trabajo, que le pruebe la justa causa en que se fundó el despido, si el patrono no prueba dicha causa debe pagar al trabajador las indemnizaciones que según el código le puedan corresponder y, a título de daños y perjuicios, los salarios que este habría percibido desde la terminación del Contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del presente código debe quedar firme la sentencia condenatoria respectiva; el trabajador puede demandar a su patrono el cumplimiento del contrato para que se le reponga en su trabajo, por lo menos en igualdad de condiciones; en fecha 3 de marzo del 2020 se hizo Acta de entrega al Departamento de Recursos Humanos los 4 uniformes, 2 carnet de identificación, un juego de llaves de oficina, un sello, y el inventario de materiales asignados al departamento, mismo día se hizo una constancia de finiquito de Bienes, todo se adjunta para demostrar que en la nota de Despido se requería dicha entrega y para evitar algún conflicto se hizo la entrega de lo solicitado por el Departamento de Recursos Humanos; adjunta cedula de citación de fecha 2 de marzo del 2020 para que en legal y debida forma compareciera el profesor Ricardo Alvarado en su condición de Alcalde Municipal de Omoa, Cortes, como patrón o su Representante legal comparezca ante la Procuraduría del Trabajo el jueves 19 de marzo del 2020, con el objeto de resolver por la vía conciliatoria reclamo laboral de reintegro a su puesto de trabajo como Director de la Unidad Municipal de la UMA en igualdad de condiciones a las que tenía antes de su despido ilegal e injusto, dicha cita extendida ante el procurador, como es sabido dicha fecha no se pudo realizar la audiencia porque el 16 de marzo según los diferente PCMS que El Estado declaro que nuestro país estaba en estado de emergencia debido a la Pandemia sufrida por el COVID-19, por lo que fue hasta el día 11 de enero del 2021 fue ordenado la habilitación de los plazos judiciales como ya se sabe; el procurador del trabajo estuvo incapacitado desde el inicio de la pandemia, ya que es una persona que padece de una enfermedad base es por ello que el tramite estuvo parado sin poder enviar nueva cedula de citación por lo que se solicitó asistencia de inspector del trabajo en fecha 12 de enero del 2021, ya que el 11 de enero del 2021 fueron habilitados los plazos y el Procurador del Trabajo se encontraba incapacitado y siendo que para poder proceder a demandar debe finalizar el trámite Administrativo por tratarse de una institución pública solicitó que fuera la Inspectoría del Trabajo culminar dicho trámite, pero la misma lo declaró incompetente, sin embargo era porque el procurador ya se iba incorporar a labores, adjunta dicha solicitud de que la finalidad no era perder más tiempo sino terminar el tramite sin más dilación; se acompaña otra segunda cedula de citación de fecha 20 de enero del 2021, ambas cedulas de citación fueron firmadas de recibido la primera por Larissa Morales y la segunda el licenciado Roberto Acosta Gerente Administrativo, esta última fue para que comparecieran el día 03 de febrero del 2021 a las 10:00 a.m., en fecha 3 de febrero del 2021, se levantó Acta sin llegar a conciliación, compareciendo en compañía de su apoderada legal, y por parte de la Municipalidad de Omoa el abogado Rafael Antonio Breve Tabora el cual le dio poder a su apoderada legal y al manifestarse dijo: “se solicita a la Municipalidad de Omoa el reintegro del señor Israel Gómez Ayala a su puesto de trabajo como Director de la UMA en igual o mejores condiciones a las que tenía antes del Despido ilegal e injusto que le fue notificado el día 02 de marzo del 2020”, nota de despido firmada y sellada por la licenciada Karla Patricia Cosenza Mejia notificándole que en la misma que a partir del 29 de febrero del 2020 la Municipalidad de Omoa ha decidido prescindir de los servicios debido a restructuración de personal, como es sabido no es causal de despido ni está estipulada en el artículo 112 del Código de Trabajo, así también se pide se formalice el Contrato Individual de Trabajo de forma permanente, es decir de forma indefinida y que dicho contrato tiene que ser en el mismo puesto que él ocupaba antes de su despido y con el salario que corresponde a las demás jefaturas, los salarios dejados de percibir desde la fecha de su despido, así como todos los derechos que goza como empleado como ser catorceavo, aguinaldo, vacaciones, así mismo se solicita las planillas del tiempo que laboro, los contratos que firmo, las copias de actas de sesión de corporación municipal de los años 2018, 2019, 2020 en el mes de diciembre de cada año firmadas en las corporación municipal ya que en las mismas se pactó el aumento de salarios a los Jefes de Departamento se solicita que las mismas sean cotejadas con su original para constar su autenticidad, y al contestar el apoderado legal la Municipalidad de Omoa el abogado Rafael Bereve dijo que las instrucciones dadas por el Alcalde son de no reintegrar al demandante dado que el mismo cometió falta grave siendo citado en legal y debida forma por tal motivo, haciendo caso omiso a las citatorias, en virtud de lo anterior no será reintegrado, cabe señalar que se le estuvo citando por varios medios para que llegar a la Municipalidad de Omoa sin hacer acto de presencia por lo tanto aprovecha el presente acto para hacerle entrega de la carta despido por la falta grave cometida, a la vez manifiesta en cuanto a lo solicitado es improcedente dicha solicitud por las razones antes expuestas, posteriormente le manifestó que era inaudito e inconcebible que se le despida 2 veces siendo su primera notificación de despido el 02 de marzo del 2020 y otra nota de despido entregada el 03 de febrero del 2021; como puede observar fue despedido 2 veces, por un lado el apoderado legal dijo que con instrucciones del señor Alcalde Municipal no le quiera reintegrar y otra que le despida dos veces pues ambos despidos del señor Alcalde explicarlos es por ello que se le emplaza para que pruebe ambos despidos, de no poder justificar que se le reintegre; cumplió a cabalidad el agotamiento del trámite administrativo, sus vacaciones correspondientes al mes de marzo del 2020 no se le fueron gozadas, por lo que al declararse la demanda con lugar solicita se le paguen en la cuantía de la demanda, así mismo todos los derechos que por ley le corresponde, y que se haga revisión de los salarios de las demás jefaturas cual es el salario para que se le pague igual que los demás Jefes de Departamento o en su defecto el salario correspondiente al Arancel del Colegio de Ingenieros Agrónomos el cual considera que le corresponde a L. 33,951.37. 2. La parte demandada, la MUNICIPALIDAD DE OMOA, DEPARTAMENTO DE CORTES, contestó dicha demanda argumentando que el demandante fue despedido en fecha 2 de marzo del año 2020, debido a restructuración de personal, ya que no estaba siendo eficiente en el desempeño de su cargo, siendo que había sido citado para ser reintegrado a su cargo y por la pandemia del Covid-19 no se pudo llevar a cabo la audiencia de conciliación en la Secretaria del Trabajo, donde se tenían instrucciones de darle otra oportunidad y reintegrarlo a su cargo, pero dado a que la pandemia se estaba prolongando y la Secretaria del Trabajo no estaba laborando, se tomó la determinación de citar al demandante a las instalaciones físicas de la Municipalidad de Omoa con el objeto de reintegrarlo, acudiendo este en compañía de su Apoderado Legal en fecha 2 de junio del 2020, donde se levantó un acta de reintegro y se comprometió a pagarle todos sus derechos y que siguiera laborando en su mismo cargo, lo anterior se realizó en aras de reactivar nuevamente las actividades en el Departamento de la Unidad Municipal Ambiental (UMA), ya que la dirección del mismo se encontraba acéfalo y es un departamento importante en el desarrollo de las actividades municipales, en vista que no había un jefe en el cargo le estaba ocasionando perjuicios; para sorpresa la parte actora no se quiso reintegrar a sus funciones aun y cuando se le estaba cumpliendo con todo lo que este solicitaba, respetándole todos sus derechos y dado que la Municipalidad de Omoa es un órgano que está regido y auditado por El Estado no se podía seguir esperando que al demandante se le antojara presentarse a sus labores o se restableciera la atención en la Secretaria del Trabajo, ya que en reiteradas ocasiones y por distintos medios se le convoco para que se presentara a trabajar o de igual forma presentara la excusa correspondiente por su ausencia injustificada de labores, por tal razón se le realizó el debido proceso citándolo en legal y debida forma a una audiencia de descargos para que pudiera acreditar o expresar los extremos por los cuales se había ausentado de sus labores, sin presentarse a la audiencia correspondiente cerrando así el caso, y en vista que la Secretaria del Trabajo no estaba en funciones por la pandemia se levantó una acta para dejar constancia de todo lo anteriormente relacionado; tomo la determinación de despedir al demandante y fue hasta que este se presentó en la Secretaria del Trabajo en fecha 3 de febrero del 2021 solicitando un reintegro, mismo que ya había sido otorgado en fecha 2 de junio del 2020, que se aprovechó a entregarle la nota de despido de fecha 21 de septiembre del 2020, ya que el demandante se había ausentado de la Municipalidad y no atendía llamado alguno. En audiencia primera de tramite celebrada en fecha 23 de febrero del 2022, interpuso excepción de prescripción de la demanda, fundamentándose en los artículos 710 y 864 del Código del Trabajo. 3. El Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortes, Departamento de Cortes, en fecha 28 de julio del 2022, dictó sentencia que en su parte conducente dice: “PARTE RESOLUTIVA: Que el Juez de lo laboral no estará sujeto a tarifa legal de pruebas y por lo tanto formará libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes. POR TANTO: este Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de la ciudad de Puerto Cortés, departamento de Cortés, en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 127, 128, 129 y 136 de la Constitución de la República; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 36, 37, 46 inciso a), 47 párrafo primero, 126, 360, 361, 379, 616, 617 inciso g), 619, 664, 665, 666, 691, 710 párrafos primero, segundo y tercero, 719 numeral 3 inciso a), y 858 del Código del Trabajo vigente en relación con los artículos 200 numerales 1 y 2 incisos a), b), c) y d), 201 numeral 1, 206 numerales 1, 2 y 3, 207 numerales 1 y 2, 208 numerales 1 y 2, 380 numerales 1 y 2, 383 numeral 2, 388 numeral 2, 390 numeral 1 y 2, 391 numeral 1 y 2, 392 domicilio en el Municipio de Omoa, a través de su Representante Legal su Alcalde el señor RICARDO ALVARADO ESCOBAR, en cuanto al Reintegro a su puesto de Trabajo y el pago de los salarios dejados de percibir y establecer que la relación laboral entre las partes es de carácter permanente.- SEGUNDO: DECLARAR SIN LUGAR LA DEMANDA en cuanto Formalizar su relación laboral con un Contrato Individual de Trabajo y en cuanto a la pretensión de igualar el salario al de las demás jefaturas de los demás departamentos o al Arancel del Colegio de Ingenieros Agrónomos.- TERCERO: DECLARAR SIN LUGAR la EXCEPCION DE PRESCRIPCION DE LA DEMANDA DE MERITO interpuesta por el representante procesal de la demandada.- SIN COSTAS DADA LA NATURALEZA EMINENTEMENTE SOCIAL DEL DERECHO DEL TRABAJO.- EN CONSECUENCIA: PRIMERO: EXONERA A la MUNICIPALIDAD DE OMOA, con domicilio en el Municipio de Omoa, a través de su Representante Legal su Alcalde el señor RICARDO ALVARADO ESCOBAR, en cuanto a la pretensión de igualar el salario al de las demás jefaturas de los demás departamentos o al Arancel del Colegio de Ingenieros Agrónomos.- SEGUNDO: CONDENA A la MUNICIPALIDAD DE OMOA, con domicilio en el Municipio de Omoa, a través de su Representante Legal su Alcalde el señor RICARDO ALVARADO ESCOBAR, A REINTEGRAR AL DEMANDANTE señor ISRAEL GOMEZ AYALA EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES, como Director de la Unidad Municipal Ambiental UMA, MÁS EL PAGO DE LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE EL DÍA 02 DE MARZO DEL AÑO 2020 HASTA LA FIRMEZA DEL PRESENTE FALLO”. Bajo el criterio que de los medios de prueba aportados al debate por las partes se ha logrado probar lo siguiente, que la relación laboral entre las partes finalizó a iniciativa de la demandada al despedir por escrito al demandante de su puesto de trabajo como Director de la Unidad Municipal Ambiental UMA, en fecha 02 de marzo del 2020, invocando como causal de despido la Restructuración de Personal; se suscribieron 2 contratos de trabajo, en fechas 11 de marzo del 2019 con vigencia de 59 días, y el otro de fecha 23 de marzo del 2019 con vigencia de 6 meses; la demandada de forma unilateral realizó internamente tramites de reintegro del demandante pero sin contar con el consentimiento del mismo; luego de realizar internamente el reintegro y en forma unilateral realizó internamente tramites disciplinarios al demandante pero sin contar con su participación, ya que materialmente no había sido reintegrado a su puesto de trabajo, no se le había pagado décimo tercer, décimo cuarto mes de salario ni vacaciones, dado a que aún no había cumplido el año de antigüedad; en cuanto a la excepción de prescripción interpuesta por la demandada es improcedente, dado que el demandante fue despedido en fecha 2 de marzo del 2020 y siendo que en fecha 16 de marzo del 2020, y a raíz de la Emergencia originada por la pandemia del Virus COVID-19, el Presidente de la República en Consejo de Ministro declaro emergencia nacional, con ello dispuso la restricción en todo el país de las garantías contenidas en los artículos 69, 78, 81, 84, 99 y 109 de la Constitución de la República desde el día 16 de marzo del año 2020, según los Decretos Ejecutivos PCM-021-2020, reformado por los Decretos Ejecutivos PCM-022-2020, PCM-023-2020, PCM-026-2020, PCM-028-2020, PCM-031-2020, PCM-033-2020, PCM-036-2020, PCM-040-2020, PCM-045-2020, PCM-047-2020, PCM-048-2020 entre otros, en consecuencia la Corte Suprema de Justicia suspendió las labores y los actos y plazos procesales a través del Acuerdo No. CSJ 1-2020 desde el 16 de marzo del 2020, suspensión de labores que se fue prorrogando a través de los Acuerdos PCSJ 10-2020, Acuerdos PCSJ 13-2020, PCSJ 15-2020, PCSJ 18-2020, PCSJ 22-2020, PCSJ 28-2020, PCSJ 29-2020, PCSJ 30-2020, PCSJ 33- 2020 y otros; y fue hasta que mediante el Acuerdo No. CSJ-03-2020 tomado en fecha 8 de diciembre del 2020 por el Pleno de la Honorable Corte Suprema de Justicia, en el cual se habilitan los Plazos y Términos Procesales y Judiciales a partir del 11 de enero del 2021, por lo que es hasta en esta fecha en que se inicia el conteo nuevamente del plazo de dos meses que establece el artículo 864 del Código del Trabajo para que el demandante interpusiera su demanda, ya que en fecha 2 de marzo del 2020, había acudido ante la Procuraduría del Trabajo a efecto de agotar la vía conciliatoria con la demandada, pero la audiencia señalada para el 19 de marzo del 2020 no se celebró dado a la emergencia sanitaria anteriormente señalada quedando en suspenso el plazo de prescripción para que el demandante interpusiera su demanda, dicho plazo inició su conteo nuevamente el 11 de enero del 2021 cuando fueron habilitados los plazos procesales por el Tribunal Supremo como anteriormente se estableció, pero el demandante en fecha 20 de enero del 2021, obtuvo cedula de citación para agotar la vía conciliatoria con la demandada, celebrándose la audiencia correspondiente el día 3 de febrero del 2021 iniciando de esta forma nuevamente el conteo de prescripción a partir del día siguiente; por lo que siendo que el demandante interpuso su demanda en fecha 25 de febrero del 2021, la misma se encuentra interpuesta en tiempo y forma, por lo que es procedente declarar sin lugar la excepción de prescripción interpuesta por la demandada; se celebraron contratos de trabajo a término con el demandante pero la labor que el demandante desempeñaba dentro de la Municipalidad de Omoa es de carácter permanente, ya que su cargo era como Director de la Unidad Municipal Ambiental conocida como UMA, por lo que concluye que su contratación era de carácter indeterminada, por lo que es del criterio en establecer que la relación laboral entre las partes era de carácter permanente, esto en aplicación de lo que establece el artículo 47 del Código del Trabajo, ya que la contratación por tiempo determinado es la excepción y únicamente procede cuando las características de la labor a realizar sean también de carácter temporal o accidental; por otro lado en cuanto a la pretensión de formalizar su relación laboral con la suscripción de un Contrato de Trabajo es improcedente dado a que la celebración del mismo es un acto Voluntario de las partes y no se puede imponer a la demandada a suscribirlo únicamente es proceden declarar que la relación laboral entre las partes es de carácter permanente; El Estado garantiza la estabilidad laboral, lo cual se encuentra garantizado en el artículo 129 Constitucional la cual solamente puede verse perturbada cuando haya acaecido un acto o falta comprobada del trabajador, en la cual se haya seguido el debido proceso y habiendo permitido al trabajador, el derecho a ser oído sobre la razones que le llevaron a cometer dicha falta y que la misma se encuentre prohibida por la Leyes laborales o Reglamento Interno de Trabajo, estabilidad laboral que se vio perturbada ya que la demandada notificó al demandante y por escrito en fecha 02 de marzo del 2020 de su puesto de trabajo como Director de la Unidad Municipal Ambiental UMA, invocando como causal de despido la Restructuración de Personal, causal que no se encuentra enmarcada entre las que señala el artículo 112 del Código del Trabajo como causales para dar por terminada la relación laboral a la patronal, por otro lado el proceso de reintegro que internamente realizo la demandada pero sin contar con el consentimiento del demandante, no produce efectos jurídicos que vinculen al demandante, ya que el proceso de reintegro extrajudicial debe ser con la participación y consentimiento del demandante, lo cual no ocurrió, es por ello que el proceso disciplinario realizado por ausencia injustificada, también carece de valor jurídico, dado que si el demandante no fue materialmente reintegrado a sus labores, no podía la demandada exigir su presencia a sus labores, por ende no podía realizar un proceso disciplinario ya que el demandante nunca reanudo sus labores y la demandada no acredito que haya retornado a sus labores aunque sea un día; en consecuencia la demandada no tenía razones justificadas para despedir al demandante, es procedente la condena de los conceptos indemnizatorios que establecen los artículos 110, 113 del Código del Trabajo es decir el reintegro a su puesto de trabajo en igual o mejores condiciones en el puesto de Director de la Unidad Municipal Ambiental conocida como UMA, más el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido el día 2 de marzo del año 2020; en cuanto a la pretensión de igualar el salario del demandante al de las demás jefaturas de los demás departamentos es preciso señalar la línea jurisprudencia que ha establecido la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo en cuanto a establecer que el derecho a la igualdad no plantea una igualdad matemática, sino una real, que busca un trato igual a las personas que se encuentran bajo unas mismas condiciones, y que justifica un trato diferente sólo cuando se encuentran bajo distintas circunstancias, con base en éste derecho fundamental es que en el artículo 128 numeral 3) de la Carta magna y 367 del Código de la materia se desarrolla el principio a trabajo igual corresponde salario igual, siempre que el puesto, la jornada y las condiciones de eficiencia y tiempo de servicio, dentro de la misma empresa, sean también iguales a ese respecto el Convenio 100 de la OIT inspirado en el principio de igualdad de remuneración y no discriminación sostiene que para ello se precisa establecer medidas o parámetros para una evaluación objetiva, como la antigüedad, formación profesional, conocimientos, experiencia, conquista de beneficios laborales, de manera que es posible que existan diferencias salariales entre trabajadores si se tiene un parámetro objetivo que justifique tal diferenciación; sin que esto constituya un trato discriminatorio; por otro lado la Sala Laboral Contencioso-Administrativa de la Honorable Corte Suprema de Justicia en el recurso de casación identificado con el número 1515-02 a fin de establecer una línea jurisprudencial ha sostenido que “corresponde al empleador como responsable de la administración de la empresa o centro de trabajo, elaborar y poner en funcionamiento los manuales de clasificación de puestos y salarios, asimismo establecer las categorías de puestos de cada clase entendiendo que igual categoría en el campo laboral implica igualdad de condiciones para el trabajador, por lo que en términos de la retribución del servicio sin discriminación puede variar el salario únicamente en razón de la antigüedad en el servicio y la comprobada calidad y eficiencia en el desempeño del trabajo”, criterios jurisprudenciales que comparte y son aplicables dado a que el demandante no ha acreditado en forma alguna que tenga la misma antigüedad que los Directores de los demás departamentos de la demandada, ni que realice la misma función con las mismas características como para que sea posible establecer que la labor realizada sea idéntica a la que pretende su nivelación salarial; por otro lado tal como sostiene la parte demandada, no es procedente la aplicación del Arancel del Colegio de Ingenieros Agrónomos, dado a que dicho Arancel no es Ley de la República, ya que el mismo no nace de un Decreto Legislativo como señala nuestra legislación, sino que su génesis es a raíz una asamblea del Colegio de Profesionales en Ciencias Agrícolas de Honduras (COLPROCAH) y del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Honduras (CINAH), razón por la cual es procedente declarar sin lugar la pretensión de igualar el salario que el demandante solicita; Por las razones de hecho y los fundamentos de derecho anteriormente expuestas, estima procedente conforme a derecho en declarar con lugar la Demanda Ordinaria Laboral interpuesta en cuanto al Reintegro a su puesto de Trabajo y el pago de los salarios dejados de percibir y establecer que la relación laboral entre las partes es de carácter permanente, declara procedente declarar sin lugar la demanda en cuanto formalizar su relación laboral con un Contrato Individual de Trabajo y la pretensión de igualar el salario al de las demás jefaturas de los demás Departamentos o al Arancel del Colegio de Ingenieros Agrónomos; de igual forma declara sin lugar la excepción de prescripción interpuesta por la demandada; Sin Costas. 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula Departamento de Cortes, en fecha 22 de septiembre del 2022, dictó sentencia que, en su parte resolutiva dice: “FALLA: PRIMERO: Declarando PARCIALMENTE HA LUGAR, el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal demandada. SEGUNDO: REFORMAR la sentencia de fecha veintiocho (28) de julio del presente año 2022, dictada por el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortés; la que consiste en: I.- DECLARAR SIN LUGAR la demanda para el reintegro a su puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones; II. Establecer que la condena del pago de salarios dejados de percibir es a partir del 2 de marzo al 2 de junio del año 2020- TERCERO: CONFIRMAR la referida sentencia en sus demás extremos; CUARTO: SIN COSTAS”. Bajo el criterio siguiente: “En la audiencia primera de trámite, la accionada planteó la excepción perentoria de prescripción basada en que la acción presentada ante el órgano jurisdiccional competente es extemporánea pues tenía dos meses a partir del 2 de marzo del año 2021, fecha en que se le notificó el despido; que venció el 2 de abril para interponer en tiempo y forma la demanda, sin embargo lo hizo hasta el 25 de febrero del 2021 (11 meses y 23 días), lo que hace que su demanda este prescrita, aunado a lo anterior la Corte Suprema de Justicia según Acuerdo PCSJ-34-2020 se estableció la reincorporación gradual y progresiva de labores presenciales a partir del 15 de junio del 2020 quedando el Juzgado Seccional del Trabajo de Puerto Cortés, en la Región B del plan el cual quedó facultado para brindar los servicios de justicia, por lo que pudo haber interpuesto la demanda en dicha fecha, argumento que fue desestimado por el iudex a quo pues considera que es improcedente, dado a que el demandante fue despedido en fecha 2 de marzo del 2020 y siendo que en fecha 16 de marzo del 2020, y a raíz de la Emergencia originada por la pandemia del Virus COVID-19, el Presidente de la República en Consejo de Ministros declaró emergencia nacional y con ello dispuso la restricción en todo el país de las garantías contenidas en los artículos 69, 78, 81, 84, 99 y 109 de la Constitución de la República desde el día 16 de marzo del año 2020, según los Decretos Ejecutivos y la Corte Suprema de Justicia suspendió las labores y los plazos desde el día Lunes 16 de marzo del 2020, y fue hasta que mediante Acuerdo No. CSJ-03-2020, tomado en fecha 8 de diciembre de los demás del 2020 por el Pleno de la Honorable Corte Suprema de Justicia, en el cual se habilitan los Plazos y Términos Procesales y Judiciales, a partir del día Lunes 11 de enero del 2021, por lo que es hasta en esta fecha en que se inicia el conteo nuevamente del plazo de dos meses que establece el artículo 864 del Código del Trabajo, para que el demandante interpusiera su demanda, ya que el demandante en fecha 2 de marzo del 2020 había acudido ante la Procuraduría del Trabajo a efecto agotar la vía conciliatoria con la demandada, pero la audiencia señalada para el 19 de marzo del 2020 no se celebró dado a la emergencia sanitaria anteriormente señalada, quedando en suspenso el plazo de prescripción para que el demandante interpusiera su demanda, dicho plazo inició su conteo nuevamente el 11 de enero del 2021, cuando fueron habilitados los plazos procesales por el Tribunal Supremo como anteriormente se estableció, pero el demandante en fecha 20 de enero del 2021 obtuvo cedula de citación para agotar la vía conciliatoria con la demandada, celebrándose la audiencia correspondiente el día 3 de febrero del 2021, iniciando de esta forma nuevamente el conteo de prescripción a partir del día siguiente; por lo que siendo que el demandante interpuso su demanda en fecha 25 de febrero del 2021, la misma se encuentra presentada en tiempo y forma, por lo que es procedente DECLARAR SIN LUGAR LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN DE LA DEMANDA DE MÉRITO interpuesta por el representante procesal de la demandada; criterio que esta Alzada comparte, pues la fecha inicial en que la autoridad señaló para la audiencia de conciliación se decretó el Estado de Emergencia antes relacionado, y con ello se suspendieron los términos para realizar actuaciones administrativas y judiciales, y fue hasta el 11 de enero del año 2021 en que se reestablecieron, por lo que dicha excepción no es procedente y aunque gradualmente se fue atendiendo al público, lo cierto es que al estar en suspenso dichos términos, no es posible obligarles a gestionar su reclamo en atención a los principios protectorios de la materia laboral y pro persona”; que la buena fe equivale a obrar con lealtad, rectitud y de manera honesta, es decir, se traduce en la conciencia sincera, con sentimiento suficiente de lealtad y honradez del empleador frente a su trabajador, que en ningún momento ha querido atropellar sus derechos; lo cual está en contraposición con el obrar de mala fe, de quien pretende obtener ventajas o beneficios sin una suficiente dosis de probidad o pulcritud. De la revisión de los autos es visto que la demandada si bien en fecha 2 de marzo del año 2020 entregó una nota de despido al demandante, mediante la que le notificó el cese laboral, este acudió inmediatamente al Ministerio del Trabajo y posteriormente interpuso demanda cuya pretensión es el reintegro a su puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones y pago de salarios dejados de percibir; en fecha 1 de junio del 2020, se le citó para que se hiciera presente el día siguiente, ello con la finalidad de llegar a un arreglo extrajudicial y proceder a reintegrarlo a su puesto de trabajo atendiendo el llamado acudió con su apoderada legal pero el ofrecimiento que consta en el acta visible, no fue aceptado por el actor; documentación que se corrobora con lo declarado por la Directora de Recursos Humanos y por el actor mismo, quien manifestó entre otras cosas que hubo una reunión pero no llegaron a un acuerdo, pues el contrato no le beneficiaba, de lo anterior se concluye la buena fe de la patronal de cumplir con la pretensión del actor de reintegrarlo a su puesto de trabajo, sin que ello fuere posible, pues fue éste quien se negó a aceptarlo, y aunque aduce que no le favorecía, lo cierto es que de las probanzas consta que era en igualdad de condiciones; de ahí que no es lógico entender, que si el demandante buscó auxilio de la autoridad administrativa del Trabajo para ser reintegrado, no acepte el ofrecimiento hecho por el empleador tres meses después de haberse efectuado el cese laboral, por lo que se estima analizando la conducta de las partes al tenor del artículo 739 de Código del Trabajo, que la accionada únicamente está obligada a cancelar los meses en que estuvo despedido, pues la reinstalación fue ofrecida incluso antes de agotarse el procedimiento administrativo sin ser aceptada, lo que resulta contradictorio en relación a la pretensión planteada en la sede judicial, lo que lleva a concluir la intención de no querer laborar y obtener beneficios sin prestar actividad laboral alguna; de ahí que aunque no se produjo el abandono alegado por la demandada por la no reinstalación lo cierto es que, la accionada estaba dispuesta a satisfacer la pretensión de la parte actora, circunstancia que hace inatendible la pretensión del reintegro; por las razones antes expuestas, y atendiendo la facultad concedida en el artículo 667 del Código del Trabajo, declara procedente reformar la sentencia que se conoce en apelación. 5. Mediante auto de fecha 30 de noviembre del 2022, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada KARLA ZIOMARA RODRIGUEZ ORELLANA, en su condición de representante procesal del señor ISRAEL GOMEZ AYALA, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha 9 de junio del 2023, compareció ante este Tribunal la Abogada KARLA ZIOMARA RODRIGUEZ ORELLANA, formalizando su demanda, exponiendo cinco motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha 4 de septiembre del 2023, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 23 de octubre del 2023, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por el Abogado RAFAEL ANTONIO BREVE TABORA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado ROY PINEDA CASTRO, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I. Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. II. Que el Artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. - Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente". III. Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su Artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter"; además, se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden. IV. Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. V. Que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo, en fecha 22 de septiembre del 2022, reforma parcialmente el fallo de fecha 28 de julio del 2022 emitido por el juzgado de primera instancia, disponiendo en su parte resolutiva lo siguiente: “FALLA: PRIMERO: Declarando PARCIALMENTE HA LUGAR, el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal demandada. SEGUNDO: REFORMAR la sentencia de fecha veintiocho (28) de julio del presente año 2022, dictada por el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortés; la que consiste en: I.- DECLARAR SIN LUGAR la demanda para el reintegro a su puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones; II. Establecer que la condena del pago de salarios dejados de percibir es a partir del 2 de marzo al 2 de junio del año 2020- TERCERO: CONFIRMAR la referida sentencia en sus demás extremos; CUARTO: SIN COSTAS”. VI. Que, examinada la resolución emitida por el Tribunal de segunda instancia, se aprecia que, en la misma, no se ha observado los principios de exhaustividad, claridad, congruencia y una motivación suficiente y razonada sobre el material probatorio aportado al proceso. En el sub-judice, la parte demandante pretende que se emplace al empleador a efecto de que le pruebe la justa causa del despido, caso contrario debe pagar al demandante las indemnizaciones que de conformidad a ley le corresponden y, a título de daños y perjuicios los salarios que este habría percibido desde la terminación del contrato hasta que quede firme la sentencia condenatoria respectiva. Es un hecho aceptado por las partes y no controvertido el despido del demandante, toca en consecuencia a los tribunales de instancia revisar la legalidad del mismo, en lo concerniente a los requisitos internos que debe contener la nota de despido de conformidad a lo dispuesto en el artículo 117 del Código de Trabajo, siendo omiso el A-quo, en relación a esa prueba aportada al proceso. Por otro lado, el Ad-quem, en la resolución mérito ordena en el ordinal segundo romano 2 lo siguiente: “II. Establecer que la condena del pago de salarios dejados de percibir es a partir del 2 de marzo al 2 de junio del año 2020”; sin embargo, es de lato conocimiento que los salarios dejados de percibir tienen un carácter indemnizatorio a raíz de un despido injusto e ilegal, tal como lo señala el artículo 113 párrafo primero del Código de Trabajo, resultando el pronunciamiento referido contradictorio con lo resuelto en el romano I del mismo ordinal segundo que se resuelve: “I.- DECLARAR SIN LUGAR la demanda para el reintegro a su puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones” pues, al declararse sin lugar la demanda en cuanto al reintegro resulta improcedente el pago de salarios dejados de percibir. Además, si se infiriera que lo resuelto es el pago de salarios adeudados esto no ha sido pretensión de la parte demandante lo que resulta que el fallo impugnado sea incongruente. Aparte de lo antes expuesto, para efectos de claridad y precisión, es importante recordar al momento de asentir con algún pronunciamiento de los fallos impugnados, no basta con señalar su confirmación, como se ha indicado en el romano tercero del fallo impugnado, siendo necesario realizar los pronunciamientos respectivos ya sea, condenando o absolviendo, en su caso, todo en relación a lo pretendido y controvertido en el proceso; máxime en el caso en cuestión cuando se ha reformado parcialmente la sentencia del A-quo. Las falencias antes relacionadas en cuanto a falta de claridad, precisión, exhaustividad, congruencia y la insuficiente motivación razonada sobre el material probatorio aportado al proceso determinan la nulidad del fallo impugnado. VII. El deber de motivación de la resolución judicial implica el plasmar el razonamiento y expresión detallada de las consideraciones y criterios a los que ha arribado y forman su convencimiento y razones en la decisión que constituye su sentencia definitiva, ello vinculado al principio de congruencia, que no es más que resolver conforme a las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, por ende, además debe existir una conexión lógica entre lo controvertido u objeto del debate y la resolución judicial que se emite, debiendo entonces emitir para cada petición, aceptada por las partes o controvertida, un pronunciamiento sustentado conforme a lo expuesto en el mismo fallo, consecuentemente es imprescindible la exhaustividad del mismo, es decir, el deber de concluir el proceso con un profundo análisis, tangible y detallada valoración probatoria y la incorporación evidente de la normativa jurídica que le sirve de fundamento y que también permita la posible recurribilidad de la sentencia. VIII. Que la Ley garantiza la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y profesiones y las justas causas de separación. Cuando el despido injustificado surta efecto y firme que sea la sentencia condenatoria respectiva, el trabajador tendrá derecho a su elección a una remuneración en concepto de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, y a las indemnizaciones legales y convencionales previstas; o a que se le reintegre al trabajo con el reconocimiento de los salarios dejados de percibir, a título de daños y perjuicios. IX. Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. X. Que la nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella, y debe cuando conste en autos, decretarse de oficio, aunque las partes no la aleguen. XI. Que, por las razones antes expuestas, es procedente ANULAR la sentencia recurrida. PARTE DISPOSITIVA POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 90 párrafo primero, 127, 128, 129, 303, 304, 313 numeral 5, 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numerales 2) y 3) de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 20, 30, 113, 666 letra c), 776, 777 y 858 del Código del Trabajo, 197, 200, 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil; 9 y 11 del Código Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: ANULAR la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha 22 de septiembre de 2022 visible a folios 21 al 27 de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó el Magistrado Roy Pineda Castro. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. ROY PINEDA CASTRO, COORDINADOR, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de octubre del dos mil veinticuatro; certificación de la sentencia de fecha veintiuno de noviembre del dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL569-2022. FIRMA Y SELLO.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ

SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.