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Sentencia CL-545-22 — Registro 17506

Resumen

Demanda Ordinaria Laboral para que se declare permanente la relación laboral y en consecuencia se reinstale en su puesto de trabajo y se le restituya en sus funciones, más el pago de salarios dejados de percibir a título de indemnización por daños y perjuicios

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..." Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) las normas que indica como violadas (Artículo 82, 90, 94 de la Constitución de la Republica) no ostentan el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) omite indicar en la formulación del cargo la violación; c) realiza alegatos propios de instancia, mismos que en este Recurso extraordinario son inapropiados debido que los argumentos del caso ya fueron evacuados en el momento procesal oportuno. IV.- Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los doce días del mes de octubre del año dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 27 de junio del 2023, por el Abogado MIGUEL ANGEL MEZA CHOTO, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP), como recurrente; además, es parte recurrida, el señor OSCAR FERNANDO TROCHEZ MARTINEZ, representado en juicio por el Abogado JORGE ENRIQUE CASTRO BECERRA.OBJETO DEL PROCESO: Demanda Ordinaria Laboral para que se declare permanente la relación laboral y en consecuencia se reinstale en su puesto de trabajo y se le restituya en sus funciones, más el pago de salarios dejados de percibir a título de indemnización por daños y perjuicios, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 7 de abril del 2017, por el señor OSCAR FERNANDO TROCHEZ MARTINEZ, hondureño, mayor de edad, soltero, Community Manager, de este domicilio, contra el INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP), a través de su Director el señor CESAR ANTONIO PINTO PACHECO. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 2 de junio del 2022, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 9 de octubre del 2020, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, la cual en su parte conducente dice: “FALLA: 1.- DECLARA CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA QUE DECLARE PERMANENTE MI RELACIÓN LABORAL Y EN CONSECUENCIA SE ME REINSTALE EN MI PUESTO DE TRABAJO SE ME RESTITUYA EN MIS FUNCIONES MÁS EL PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE LA FINALIZACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO A TÍTULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS promovida por el señor OSCAR FERNANDO TROCHEZ MARTINEZ, contra EL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP) por medio de su Director Ejecutivo el Señor CESAR ANTONIO PINTO PACHECO; 2.- CONDENAR: AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP) por medio de su Director Ejecutivo el Señor CESAR ANTONIO PINTO PACHECO a: A) Reintegrar a su puesto de trabajo al señor OSCAR FERNANDO TRÓCHEZ MARTÍNEZ, por lo menos en las mismas condiciones al momento de operarse el despido; B) Al reconocimiento de una relación laboral permanente, desde la fecha de inicio de la relación laboral es decir 04 de febrero de 2014; C) A reconocer al señor OSCAR FERNANDO TROCHEZ MARTÍNEZ, a título de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir y demás derechos que por ley o contratación colectiva se adeuden desde la fecha del despido hasta la fecha en que se opere el Reintegro, mismos que quedan sujetos a la liquidación que su momento procesal oportuno corresponda; 3.- SIN COSTAS”. ANTECEDENTES DE HECHO 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que el 4 de febrero del 2014, comenzó a laborar en el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), desempeñándose en el cargo de Asistente de Proveeduría asignado a la Dirección Ejecutiva, cuyo Director Ejecutivo era el señor Juan Diego Zelaya; en enero del 2016 se le renueva Contrato, sin embargo, en este momento, lo cambian del renglón en el que se encontraba, numero 121 gozando de todos los beneficios que corresponden en base a Ley, y le cambian el Contrato a uno de Servicios, que dependen del renglón 249 donde se le quitan todos los beneficios con los que gozaba anteriormente, quedándose únicamente con el pago de su salario y cuyo contrato se encuentra sujeto a renovación del mismo cada 3 meses, hasta diciembre del 2016; en enero del 2016 el Director Pinto le llamó a su oficina, pidiéndole que entregara una cámara fotográfica al señor Roberto Luque, lo cual hizo inmediatamente, días después otros compañeros y el demandante fueron sacados de la oficina por motivos de remodelación pero nunca los reubicaron; durante el año 2016, se le exigía que asistiera a eventos personales, a su casa de habitación o eventos proselitistas, utilizando su vehículo personal, en horas y días no laborales para tomarle fotos a él y su familia, pues era Candidato a Diputado Suplente, evidentemente estas funciones no formaban parte de su trabajo formal en el Infop pero por miedo a represalias, sentía el deber de hacerlo; la situación se extendió hasta enero del 2017 en los que le hizo movilizarse a varios eventos que en realidad no se llevaron a cabo; hasta febrero del 2017, estuvo trabajando en el manejo de las Redes Sociales de INFOP, y también en las cuentas personales, políticas y familiares del Director, no obstante observó que se habían realizado las renovaciones contractuales de todo el personal que había participado políticamente con el Partido de Gobierno y no fue hasta que una persona que trabaja para el Departamento de Recursos Humanos que le mencionó que el Director había dado la orden de no renovarle su contrato laboral, de lo cual, nunca fue formalmente notificado. 2. La parte demandada, el INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP), contestó dicha demanda explicando que no ha violentado normativa laboral alguna, al contrario en su cumplimiento observó la normativa administrativa vigente y las disposiciones generales del presupuesto, por virtud de haberse suscrito el Contrato de Servicios Técnicos Profesionales, contratándose al demandante como personal de apoyo con las funciones de todas aquellas inherentes al puesto asignadas por el Jefe Inmediato, es decir sin puesto ni ubicación alguna, sino para todas aquellas que estimare conveniente la Dirección Ejecutiva del Instituto; por otra parte a título ilustrativo resaltó que de acuerdo al artículo 16 inciso b y artículo 5 del Decreto No. 10 del 28 de diciembre de 1972 contentivo a la Ley de INFOP, se suscribió contrato con plazo determinado, para realizar funciones de Apoyo, pago que afecta el Programa 01, Actividad 1000 Región 24900 del Presupuesto Anual del Instituto, acción de contratación que de conformidad con el artículo 64 del Decreto No360-2013 contentivo de los Ingresos y Egresos de la Administración Pública, publicada en Diario La Gaceta en fecha 24 de enero del 2014 No. 33,337, la figura de contratación bajo la modalidad de Servicios Personales y Técnicos, a parte de su formalización mediante el respectivo contrato, la presente modalidad legalmente no debe considerarse para ningún efecto como empleado permanente o temporal de la institución; en consecuencia, con lo expuesto anteriormente se establece que no violó ninguna normativa laboral, en tal sentido la demanda de mérito debe ser declarada sin lugar por improcedente. El demandante confirma que su relación supuesta laboral, no lo es sino que de carácter administrativo y que la misma la rige la Ley de Procedimiento Administrativo por ende la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; por otra parte el demandante confiesa que el Infop no le violó normativa laboral alguna al dejar establecido que le renovaba su contrato cada 3 meses y hasta el 31 de diciembre del 2016, extremo que deberá ser objeto de valoración judicial; que la misma parte demandante confiesa que durante la realización de sus funciones nunca tuvo puesto o cargo asignado alguno, antes bien que desarrollaba varias pero no de vinculación a lo establecido en el artículo 2 de la Ley de INFOP respecto a su finalidad administrativa. Por otra parte el demandante no establece que fue objeto de despido alguno, directo ni indirecto, en consecuencia el demandado no debe ser sancionado con indemnización de daños y perjuicios, los salarios dejados de percibir; que el demandante establece que el abandonó sus labores sin haber sido objeto de notificación alguna, al contrario que el abandonó sus labores cotidianas, en virtud que no fue hasta que una persona que trabaja en el Departamento de Recursos Humanos que le menciono que el Director había dado la orden de no renovarle su contrato laboral, de lo cual nunca fue formalmente notificado; por tanto el demandante nunca fue objeto de despido alguno; que INFOP prorrogó el contrato con el demandante con vigencia a partir del 3 de enero del 2017 al 31 de diciembre del 2017 respectivamente, pero éste habiendo abandonado sus labores no lo firmó, tal como consta en acta de abandono del puesto de fecha 6 de febrero del 2017, 3 de febrero del 2017, 2 de febrero del 2017, situación que fue notificado a la Inspección General del Trabajo a través de su Jefe, en fecha 09 de marzo del 2017, lo cual consta en el Oficio DRH-006-2017. Lo que aplicó fue la figura del abandono mediante resolución técnica de fecha 7 de febrero del 2017, en virtud que el demandante de forma consecutiva falto a sus labores cotidianas los días 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 y 31 de enero del 2017; por lo anterior se debe declarar Sin Lugar la demanda de mérito. 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 9 de octubre del 2020, dictó sentencia que, en su parte conducente, dice: “FALLA: 1.- DECLARA CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA QUE DECLARE PERMANENTE MI RELACIÓN LABORAL Y EN CONSECUENCIA SE ME REINSTALE EN MI PUESTO DE TRABAJO SE ME RESTITUYA EN MIS FUNCIONES MÁS EL PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE LA FINALIZACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO A TÍTULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS promovida por el señor OSCAR FERNANDO TROCHEZ MARTINEZ, contra EL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP) por medio de su Director Ejecutivo el Señor CESAR ANTONIO PINTO PACHECO; 2.- CONDENAR: AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP) por medio de su Director Ejecutivo el Señor CESAR ANTONIO PINTO PACHECO a: A) Reintegrar a su puesto de trabajo al señor OSCAR FERNANDO TRÓCHEZ MARTÍNEZ, por lo menos en las mismas condiciones al momento de operarse el despido; B) Al reconocimiento de una relación laboral permanente, desde la fecha de inicio de la relación laboral es decir 04 de febrero de 2014; C) A reconocer al señor OSCAR FERNANDO TROCHEZ MARTÍNEZ, a título de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir y demás derechos que por ley o contratación colectiva se adeuden desde la fecha del despido hasta la fecha en que se opere el Reintegro, mismos que quedan sujetos a la liquidación que su momento procesal oportuno corresponda; 3.- SIN COSTAS”. Bajo el criterio que del análisis de la prueba aportada se considera que se encuentra probado en autos que el demandante fue contratado mediante una simulación contractual, pues de sus funciones, las cláusulas contractuales y de su antigüedad como empleado del INFOP se desprende la naturaleza permanente de su relación laboral; al tenor de lo que establece el artículo 52 párrafo segundo del Código del Trabajo que reza “si antes de transcurrido un (1) año se celebra nuevo contrato entre las mismas partes contratantes y para la misma clase de trabajo, deberá entenderse este por tiempo indefinido, sin que tenga lugar en este caso el periodo de prueba”; a su vez considera que fue despedido unilateralmente por su empleador, al no haberse probado de manera fehaciente el abandono alegado, pues a pesar de que la parte demandada presentó actas, testigos y resolución técnica que declara este hecho, dicho procedimiento se realizó sin respetar el orden público laboral, como se puede observar en las mismas actuaciones en donde no consta la participación de la autoridad competente de Trabajo o bien con la participación de representantes del sindicato o de trabajadores, por lo que el actuar de la institución demandada es atentatorio al debido proceso y al derecho de estabilidad laboral, tomando en cuenta que el derecho al trabajo es catalogado como un derecho humano consagrado como tal en los Convenios internacionales y en la Constitución de la República, por lo que procede declarar Con Lugar la demanda que se ha hecho mérito y ordenar el reintegro del demandante por lo menos en las mismas condiciones al momento de operarse el despido, restitución de sus funciones como Asistente de la Dirección Ejecutiva, el reconocimiento de la permanencia desde la fecha de inicio de la relación laboral, así como el pago de los salarios dejados de percibir; que para efectos del cálculo de salarios dejados de percibir se tomará como fecha del despido el 8 de febrero de 2017, fecha en la cual se resolvió cancelar al demandante de su puesto de trabajo. 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 2 de junio del 2022, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas. Bajo el criterio que con la prueba documental se logró acreditar la existencia de varios Contratos de Servicios Técnicos Profesionales celebrados entre el INFOP y el demandante; las funciones por las cuales fue contratado siempre han sido las mismas durante la suscripción de dichos contratos; existiendo además los otros elementos para considerar la relación laboral como permanente, tal como lo señala el artículo 20 del Código del Trabajo como ser subordinación y dependencia del patrono, horario de trabajo y el derecho a una remuneración; además, el artículo 47 del Código del Trabajo señala que “los contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la empresa, se considerarán como celebrados por tiempo indefinido aunque en ellos se exprese término de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsisten la causa que le dio origen o la materia del trabajo para la prestación de servicios o la ejecución de obras iguales o análogas”, por lo que no cabe duda que la relación existente entre las partes en contienda, era por tiempo indeterminado. Que esta Corte de Apelaciones en reiterados fallos ha dejado establecido que el Estado de Honduras, instituciones autónomas, descentralizadas etc., al contratar a sus trabajadores, lo ha hecho en base a Contratos de Servicios Profesionales, nombrándolos en plazas vacantes cuya naturaleza es de carácter permanente; lo que ha llevado a que dichos trabajadores soliciten su permanencia y se les considere como trabajadores permanentes; ya que se ha dejado claro que dichos Contratos de Trabajo reúnen los requisitos señalados en el artículo 20 del Código del Trabajo, por lo que también de acuerdo con el artículo 47 del mismo cuerpo legal, este trabajador ha desarrollado sus labores de manera continua, ejerciendo las mismas actividades y funciones, bajo las órdenes del mismo patrono y recibiendo un pago como retribución a sus labores y cumpliendo una jornada de trabajo; que habiéndose ya pronunciado la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia, que “…si las estipulaciones consignadas en el contrato no corresponden a la realidad, y además implican renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución y el Código del Trabajo le otorgan al trabajador, son nulas de pleno derecho”, esta Corte de Apelaciones reafirma aún más su criterio que la relación existente entre las partes es de carácter permanente; la parte demandada al contestar la demanda alegó el abandono de su puesto de trabajo, y para probar dicho abandono, presentó como medios de prueba documental consistente en Oficio DRH-006-2017 dirigido al Jefe de Inspectoría General del Trabajo, en el cual le hace saber que el demandante no suscribió el nuevo contrato de trabajo, debido a que abandonó su puesto de trabajo; asimismo la resolución técnica No. 01-2017-A, firmada por el Jefe de Recursos Humanos y Director Ejecutivo del INFOP; en el cual hace una relación de los días que supuestamente el demandante abandonó su puesto de trabajo; también se presentaron tres actas de abandono del puesto de trabajo de fechas 2, 3 y 6 de febrero de 2017, firmadas también por el Jefe de Recursos Humanos y Director Ejecutivo del INFOP respectivamente; medios de prueba documental que fueron hechos únicamente por la parte demandada, sin acompañamiento de funcionarios del Ministerio del Trabajo. También se presentó como medios de prueba testifical de las señoras Karina Velásquez y Paola Sierra, ambas testigos que solo tienen conocimiento del supuesto abandono por la notificación que les hiciera el Director Ejecutivo del INFOP, sin especificar en dichas deposiciones que funciones realizan ellas al interior del INFOP, esta prueba aportada por la parte demandada, no acredita desde ningún punto de vista el supuesto abandono del puesto de trabajo del demandante, ya que la prueba documental no ha sido respaldaba por la autoridad del trabajo correspondiente, y con respecto a la prueba testifical, dichos testigos no tienen conocimiento directo del supuesto abandono del demandante, razón por la cual este tribunal no le da credibilidad alguna, por ello no cabe la menor duda que la parte demandada no ha probado el abandono del demandante de su puesto de trabajo; que en razón de lo anteriormente expuesto procede confirmar la sentencia definitiva apelada. 5. Mediante auto de fecha 14 de noviembre del 2022, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado MIGUEL ÀNGEL MEZA CHOTO, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha 27 de junio del 2023, compareció ante este Tribunal el Abogado MIGUEL ÀNGEL MEZA CHOTO, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 28 de junio del 2023, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 30 de agosto del 2023, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por el Abogado JORGE ENRIQUE CASTRO BECERRA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II.- Que el Abogado MIGUEL ÀNGEL MEZA CHOTO, en el primer y único motivo de casación alega: “PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el Ordinal Primero, Párrafo Segundo del Artículo 765 del Código del Trabajo. GARANTIAS CONSTITUCIONALES VIOLADAS: Artículo 82 de la Constitución de la República: El derecho de defensa es inviolable. Artículo 90 de la Constitución de la República: Nadie puede ser juzgado sino por juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece. Artículo 94 de la Constitución de la República: A nadie se impondrá pena alguna sin haber sido oído y vencido en juicio, y sin que la haya sido impuesta por resolución ejecutoria de juez o autoridad competente. En los casos de apremio y otras medidas de igual naturaleza en materia civil o laboral, así como en los de multa o arresto en materia de policía, siempre deberá ser oído el afectado. El derecho a la defensa es el derecho fundamental de una persona, física o jurídica, o de algún colectivo a defenderse ante un tribunal de justicia de los cargos que se Imputan con plenas garantías de igualdad e independencia. Se trata de un derecho que se da en todos los órdenes jurisdiccionales. Asimismo, se impone a los tribunales de justicia el deber de evitar desequilibrios en la posición procesal de ambas partes e impedir que las limitaciones de alguna de las partes puedan desembocar en una situación de indefensión. EXPLICACIÓN DE LA VIOLACIÓN Consta en la sentencia emitida por la Corte de apelaciones, a los agravios alegados por la parte demandada y corre a folio 06 al 09 de la segunda pieza de autos, que el principio de legalidad contenido en el artículo 90 de la Constitución de la Republica fue vulnerada tanto por la Primera Instancia y segunda Instancia al conceder derechos que son ilegales ya que no cumple con las formalidades que la ley establece, al no haber valorado tanto los agravios alegados ante la corte de apelaciones, como la prueba aportada en primer instancia; de lo cual la Corte de Apelaciones al emitir su Sentencia viola totalmente el precepto constitucional precitado; ME EXPLICO: El Ad quo y los honorables Magistrados de la Corte de Apelaciones del Trabajo no valora la prueba aportada por la parte demandante ni los agravios expresados, ya quedo constatado mediante prueba documental que el señor Trochez abandono su puesto de trabajo como consecuencia fue cancelado mediante resolución técnica sin responsabilidad para mi representada al tenor de lo establecido en el artículo 98 numeral 1 del Código del Trabajo el cual establece la prohibición a los trabajadores a faltar a su puesto de trabajo, abandonarlo en horas de labor, sin justa causa de impedimento o sin permiso del patrono, relacionado con el artículo 112 del Código del Trabajo establece que son causas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato sin responsabilidad de su parte; Literal H) Cuando el trabajador deje de asistir sin permiso del patrono o sin causa justificada durante dos (2) días completos y consecutivos o durante tres (3) días hábiles en el término de un (1) mes, por lo que mi representada amparada en ley aplico la sanción correspondiente. REPITO: Quedo probado fehacientemente que mi representada actuó en el marco de la ley, sin embargo, el Ad Quo y la Corte de Apelaciones no valoraron la prueba propuesta por esta parte, cuando está claramente establecido que el demandante no se presentó a laboral durante 21 días, sin permiso y sin notificar a su jefe inmediato. El Ad Quo valora erróneamente la prueba aportada por la parte demandante. ME EXPLICO: La parte demandante establece en el HECHO QUINTO DE SU DEMANDA que hasta febrero del 2017 estuvo trabajando en el manejo de redes sociales del INFOP... y no fue hasta que una persona que trabaja para el Departamento de Recursos Humanos que me menciono que el Director había dado la orden de NO renovarme mi contrato laboral, de lo cual, nunca fui formalmente notificado. VEAMOS: De una simple lectura de los hechos podemos determinar que al demandante nunca se le notifico su renovación, prueba de ello es el contrato CSTP-183-2017 que obra a folio 49 y 50 de la primera pieza de autos, el cual fue firmado por el director del INFOP, pero no por el señor Trochez ya que había abandonado su puesto de trabajo, por lo que no tuvo conocimiento que su contrato estaba disponible para su firma. Asimismo, no consta constatación de hechos mediante un Inspector del trabajo que determine de manera fehaciente que mi representada decidió no renovarle el contrato al señor Trochez. Sin embargo, como podrán valorar Honorables Magistrados el despido como hecho controvertido del cual derivan los derechos accesorios en el presente juicio, no consta acreditado en el caso de autos. Por lo que la prueba valorada por el Ad quo y la Corte de Apelaciones del trabajo de Francisco Morazán, para condenar a mi representada es carente totalmente de objetividad, ya que la misma no es capaz de producir un conocimiento cierto o probable acerca de los extremos alegados por la parte demandante. En consecuencia, de lo anterior claramente podemos apreciar la ilegalidad de las sentencias quo al valorar prueba que de ninguna manera produce certeza de la existencia de los hechos alegados por la parte demandante tanto en el escrito de la demanda como en los alegatos finales. Es parte inseparable del concepto conocido como debido proceso: El concepto del debido proceso envuelve comprensivamente el desarrollo progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter procesal o instrumental, como conjuntos de garantías de los derechos de goce cuyo disfrute satisface inmediatamente las necesidades o intereses del ser humano, es decir, de los medios tendientes a asegurar su vigencia y eficacia. Como suele llamársele en doctrina, principio de "bilateridad de la audiencia" del "debido proceso legal" o "principio de contradicción" y que para una mayor comprensión se ha sintetizado así: a) Notificación al interesado del carácter y fines del procedimiento; b) derecho de ser oído, y oportunidad del interesado para presentar los argumentos y producir las pruebas que entienda pertinentes; c) oportunidad para el administrado de preparar su alegación, lo que incluye necesariamente el acceso a la información y a los antecedentes administrativos, vinculados con la cuestión de que se trate; ch) derecho del administrado de hacerse representar y asesorar por abogados, técnicos y otras personas calificadas; d) notificación adecuada de la decisión que dicta la administración y de los motivos en que ella se funde y e) derecho del interesado de recurrir la decisión dictada. Tomen en cuenta los recurridos que el derecho de defensa resguardado en el artículo 82, no sólo rige para los procedimientos jurisdiccionales, sino también para cualquier procedimiento administrativo llevado a cabo por la administración pública; y que necesariamente debe dársele al accionante si a bien lo tiene, el derecho de ser asistido por un abogado, con el fin de que ejercite su defensa. Respecto a la violación al Derecho a la defensa artículo 82, es el derecho fundamental de una persona, física o jurídica, o de algún colectivo a defenderse ante un tribunal de justicia de los cargos que se imputan con plenas garantías de igualdad e independencia. Se trata de un derecho que se da en todos los órdenes jurisdiccionales. Asimismo, se impone a los tribunales de justicia el deber de evitar desequilibrios en la posición procesal de ambas partes e impedir que las limitaciones de alguna de las partes puedan desembocar en una situación de indefensión, situación que se convalida con la observación y la mala interpretación de la prueba propuesta por la parte demandante. Honorables Magistrados el Ad quo y la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán valora injustamente la prueba aportada en Juicio por la parte demandante”. III.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) las normas que indica como violadas (Artículo 82, 90, 94 de la Constitución de la Republica) no ostentan el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) omite indicar en la formulación del cargo la violación; c) realiza alegatos propios de instancia, mismos que en este Recurso extraordinario son inapropiados debido que los argumentos del caso ya fueron evacuados en el momento procesal oportuno. IV.- Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ROY PINEDA CASTRO, COORDINADOR, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de enero del dos mil veinticuatro; certificación de la sentencia de fecha doce de octubre del dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL545-2022. FIRMA Y SELLO.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ

SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.