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Sentencia CL-541-22 — Registro 18441

Resumen

Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo casa parcialmente con lugar la demanda ordinaria laboral para que en sentencia definitiva se declare la permanencia por tiempo indefinido la relación laboral originada por la suscripción de reiterados contratos de trabajo continuos e ininterrumpidos según lo preceptuado en los artículos 47 y 52 del Código del Trabajo; pago de salarios dejados de percibir en forma retroactiva a partir del inicio de la relación laboral y demás beneficios económicos que corresponden a los empleados permanentes

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede reúne los requisitos necesarios para su admisión, por lo que habiéndose establecido con precisión y claridad el mismo, es procedente declarar ha lugar el recurso de mérito, casar la sentencia impugnada y a continuación, en sede de instancia, decidir lo que proceda conforme a la ley. "...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede reúne los requisitos necesarios para su admisión, por lo que habiéndose establecido con precisión y claridad el mismo, es procedente declarar ha lugar el recurso de mérito, casar la sentencia impugnada y a continuación, en sede de instancia, decidir lo que proceda conforme a la ley. "...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Si bien el Demandado alude a una jurisdicción distinta, esta Sala considera que, efectivamente, las características de los contratos celebrados entre el trabajador y el Demandado cumplen con los requisitos establecidos por el Artículo 20, 664 y 665 del Código de Trabajo. Por lo cual, la jurisdicción competente para resolver este tipo de conflictos es la jurisdicción del trabajo. En atención a ello, el trabajador reclama su permanencia laboral a partir del inicio de su relación laboral con el Demandado. No obstante, tras analizar los medios probatorios aportados al proceso, se concluye que no hay una relación laboral continua e ininterrumpida a partir de la fecha que reclama el trabajador – 08 de febrero de dos mil diez (2010) – debido a que no se ha logrado acreditar a este Tribunal la existencia de una relación laboral entre las partes durante el año 2013. Por lo anterior, este Tribunal concluye que la relación continua e ininterrumpida es a partir del cuatro (04) de febrero de dos mil catorce (2014), conforme lo establece y ordenan los Artículos 47 y 52 del Código de Trabajo. "...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 47 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 52 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Hito

..."Consecuentemente, los reclamos derivados del reconocimiento de la permanencia por tiempo indefinido corresponden ser otorgados de la siguiente manera: Conforme al Artículo 43 de la Ley del Salario Mínimo que establece una prescripción de dos años a partir de la fecha en que ocurrió la causa que motiva un ejercicio. Por lo que, para el reclamo de reajuste salarial, corresponde bajo esta misma analogía otorgar los reajustes laborales correspondientes a los empleados permanentes a partir del cuatro (04) de febrero de dos mil dieciséis (2016). En cuanto a los demás derechos laborales que corresponden a los empleados de carácter permanente, tal y como ordena el Artículo 2295 del Código Civil que establece una prescripción de dos años para reclamar las obligaciones de pago que deban hacerse por años o plazos más breves, corresponde otorgar estos derechos a partir del cuatro (04) de febrero de dos mil dieciséis (2016)."

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Civil, art. 2295 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley del Salario Mínimo, art. 43 (Jerarquía Ordinaria)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veinte días del mes de noviembre del año dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 07 de junio del 2023, por el Abogado MANASES CLAROS BUSTILLO, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, el señor RICARDO ADOLFO BANEGAS GIRON, representado en juicio por el Abogado DARWIN JOSUE DÍAZ FLORES. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para que en sentencia definitiva se declare la permanencia por tiempo indefinido la relación laboral originada por la suscripción de reiterados contratos de trabajo continuos e ininterrumpidos según lo preceptuado en los artículos 47 y 52 del Código del Trabajo; pago de salarios dejados de percibir en forma retroactiva a partir del inicio de la relación laboral y demás beneficios económicos que corresponden a los empleados permanentes, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 23 de abril del 2018, por el señor RICARDO ADOLFO BANEGAS GIRON, mayor de edad, casado, Ingeniero en Sistemas, hondureño y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP) ahora SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT). El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 07 de junio del 2022, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 05 de febrero del 2021, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: I.- Declarar CON LUGAR la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA QUE SE DECLARE LA PERMANENCIA POR TIEMPO INDEFINIDO LA RELACIÓN LABORAL ORIGINADA POR LA SUSCRIPCIÓN DE REITERADOS CONTRATOS DE TRABAJO CONTINUOS E ININTERRUMPIDOS SEGÚN LO PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS 47 Y 52 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO. PAGO DE BENEFICIOS ECONÓMICOS QUE CORRESPONDEN A LOS EMPLEADOS PERMANENTES.; instaurada por el señor RICARDO ADOLFO BANEGAS GIRON; contra EL ESTADO DE HONDURAS por Intermedio de su actual Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA. II. CONDENAR: AL ESTADO DE HONDURAS, por Intermedio de su actual Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA a lo siguiente: a) Que se tenga la relación laboral del Señor RICARDO ADOLFO BANEGAS GIRON con carácter de indefinida desde la fecha en que ingreso a laborar para la Institución demandada 08 de febrero de 2010; b) Que al Señor: RICARDO ADOLFO BANEGAS GIRON se le ajuste su salario y demás derechos que como empleado permanente le corresponde desde la fecha de inicio de la relación laboral, hasta la fecha fecha en la cual se emite la presente sentencia condenatoria; Conceptos que serán liquidados en el momento procesal oportuno que corresponda; c) Al Reconocimiento de los demás beneficios que correspondan a los empleados permanentes en forma retroactiva de los derechos que por ley o contratación colectiva corresponda al demandante desde el inicio de la relación laboral. Conceptos que serán liquidados en el momento procesal oportuno que corresponda; III.- Declarar SIN LUGAR la demanda instaurada por el Señor RICARDO ADOLFO BANEGAS GIRON para el pago de salarios dejados de percibir; contra EL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su actual Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA; ABSUELVE: AL ESTADO DE HONDURAS, por Intermedio de su actual Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA de pagar al Señor: RICARDO ADOLFO BANEGAS GIRON dicho concepto. IV.- SIN COSTAS en esta instancia”. ANTECEDENTES DE HECHO 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que inició su relación laboral con el Estado de Honduras, por medio de la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), el 10 de febrero del 2010, devengaba un salario mensual de L.28,000.00; en virtud de la suscripción de reiterados contratos continuos e Ininterrumpidos y al tenor de lo preceptuado en el artículo 47 del Código del Trabajo que establece literalmente que: “los contratos relativos que por su naturaleza sean permanentes y continuas en la empresa, se consideran como celebrados por tiempo indefinido aunque en ellos se exprese termino de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsiste la causa que le dio origen a la materia del trabajo para la prestación de servicios a la ejecución de obras iguales o análogas”; y el artículo 52 párrafo tercero establece;: “Si antes de transcurrido (1) año se celebra nuevo contrato entre las mismas partes contratantes y para la misma clase de trabajo, deberá entenderse este por tiempo indefinido…”, y que en atención a las disposiciones relacionadas consideró que le asiste el derecho legítimo a la permanencia en el puesto en el cual desempeñó sus labores. Manifestó además que, con el ánimo de llegar a un acuerdo conciliatorio, acudió a las Oficinas Gubernativas de la Secretaría del Trabajo, siendo imposible el mismo. 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que el demandante prestó sus servicios profesionales a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP); asimismo, no es menos cierto que la prestación de esos servicios fue regida por cláusulas contractuales aceptadas y consentidas en legal y debida forma por el demandante con fecha de inicio y terminación, donde el demandante de antemano tuvo conocimiento de la fecha de terminación de la relación contractual, sin objeción administrativa alguna ante la autoridad correspondiente de dicha Secretaría; alegó además que el demandante con normativa inaplicable al caso concreto alega se le otorgue un derecho subjetivo que no le corresponde al procurar en flagrante violación al derecho administrativo y lograr desnaturalizar la modalidad bajo la cual fueron contratados sus servicios profesionales a término citando al efecto a su favor lo que establece el Artículo 47 del Código del Trabajo, el cual también de ser aplicable la normativa del Código del Trabajo ampararía la improcedencia de dicho artículo, citando del mismo estamento legal el Artículo 46 literal b) que dispone: "El contrato individual de trabajo puede ser: a)...b) Por tiempo limitado cuando se especifica fecha para su terminación", tal como sucedió en el presente caso, que una vez llegada la fecha de terminación del contrato no prevaleció compromiso alguno entre las partes como procuraba el demandante que le subsista, cuando en realidad el mismo fue fenecido de acuerdo a la vigencia contractual plasmada en el contrato; para lo cual citó la Locución Latina, que los pactos deben mantenerse de conformidad a lo estipulado por las partes, cualquiera que sea la forma de la estipulación, debe ser fielmente cumplido en apego a lo que conocemos como la "Pacta Sunt Servanda"; preceptos legales que no podrían ser quebrantados por el demandado, de lo contrario afrontaría flagrante abuso de autoridad, quebrantando lo que establecen los Artículos 321 y 364 de la Constitución de la República; sin embargo, por estar la prestación de sus servicios regidos mediante cláusulas contractuales legalmente establecidas, acordadas, aceptadas y consentida por las partes con fecha de inicio y terminación de la relación contractual, siendo cada contratación conforme a la cantidad presupuestaria aprobada al efecto por la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas; motivo por el cual, no se puede considerar que la relación de la prestación de servicios técnicos que prestaba el demandante sea de forma permanente como lo trata hacer ver a su conveniencia el actor de la demanda ante ese Tribunal, y que el compromiso que contrajo con el demandado se enmarcaba estrictamente en el Derecho Administrativo y no laboral como entabló su improcedente demanda el actor de la misma, sin haber cumplimentado previamente los requisitos exigidos por la ley de Servicio Civil y poder así lograr contar con una plaza permanente aprobada en legal y debida forma por autoridad competente lo que permite proceder a realizar el nombramiento respectivo mediante Acuerdo Ministerial al amparo de lo que establece el Artículo 2 de la Ley de Servicio Civil que instituye: "El régimen de Servicio Civil comprenderá a los servidores públicos que laboran en las Secretarias de Estado cuyo ingreso al servicio se haya efectuado llenando las condiciones y requisitos que establezca esta Ley y su Reglamento”. En concordancia a lo estatuido en el Código del Trabajo en el que tan afanosamente respaldan su reclamo el demandante que en el Artículo 2 numeral 2 dispone: "Son de orden público las disposiciones contenidas en el presente Código y obligan a todas las empresas, explotaciones o establecimientos, así como a las personas naturales. Se exceptúan: Las relaciones entre el Estado, el Departamento y el Municipio y sus servidores, quienes se regirán por las leyes de Servicio Civil que se expidan". Razón por la cual el demandante al no haber seguido y cumplido con los requisitos legales para ostentar un cargo con plaza en la Administración Pública su reclamo debió ser considerado improcedente que a la vez debió ser dilucidado según el Artículo 3 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, al amparo de lo que establece el Reglamento de la Ley de Servicio Civil en el Artículo 201 y aunado a lo que establece el Artículo 202 del citado Reglamento; por lo que debería declararse improcedente la misma. Asimismo, expresó que, en relación al reclamo administrativo ante las Oficinas Gubernativas de la Secretaría de Estado en el Despacho de Trabajo y Seguridad Social, el demandado no ostenta facultades para comparecer a ningún tipo de conciliación. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 05 de febrero del 2021 dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: I.- Declarar CON LUGAR la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA QUE SE DECLARE LA PERMANENCIA POR TIEMPO INDEFINIDO LA RELACIÓN LABORAL ORIGINADA POR LA SUSCRIPCIÓN DE REITERADOS CONTRATOS DE TRABAJO CONTINUOS E ININTERRUMPIDOS SEGÚN LO PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS 47 Y 52 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO. PAGO DE BENEFICIOS ECONÓMICOS QUE CORRESPONDEN A LOS EMPLEADOS PERMANENTES.; instaurada por el señor RICARDO ADOLFO BANEGAS GIRON; contra EL ESTADO DE HONDURAS por Intermedio de su actual Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA. II. CONDENAR: AL ESTADO DE HONDURAS, por Intermedio de su actual Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA a lo siguiente: a) Que se tenga la relación laboral del Señor RICARDO ADOLFO BANEGAS GIRON con carácter de indefinida desde la fecha en que ingreso a laborar para la Institución demandada 08 de febrero de 2010; b) Que al Señor: RICARDO ADOLFO BANEGAS GIRON se le ajuste su salario y demás derechos que como empleado permanente le corresponde desde la fecha de inicio de la relación laboral, hasta la fecha fecha en la cual se emite la presente sentencia condenatoria; Conceptos que serán liquidados en el momento procesal oportuno que corresponda; c) Al Reconocimiento de los demás beneficios que correspondan a los empleados permanentes en forma retroactiva de los derechos que por ley o contratación colectiva corresponda al demandante desde el inicio de la relación laboral. Conceptos que serán liquidados en el momento procesal oportuno que corresponda; III.- Declarar SIN LUGAR la demanda instaurada por el Señor RICARDO ADOLFO BANEGAS GIRON para el pago de salarios dejados de percibir; contra EL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su actual Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA; ABSUELVE: AL ESTADO DE HONDURAS, por Intermedio de su actual Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA de pagar al Señor: RICARDO ADOLFO BANEGAS GIRON dicho concepto. IV.- SIN COSTAS en esta instancia”. Bajo el criterio que, al hacer un estudio de las pruebas aportadas al proceso se concluye que el señor Ricardo Adolfo Banegas Girón antes de haber transcurrido un año celebro Contratos de Trabajo con la misma institución demandada y para la misma clase de trabajo; por lo consiguiente esta continuidad de celebración de Contratos se entiende por tiempo indefinido y asimismo ese puesto es en el que se desempeñaba al momento de ejecutar los trámites administrativos, razón por la cual la Suscrita es del firme criterio que procede declarar CON LUGAR la demanda de mérito referente a tener la relación laboral del demandante por tiempo indefinido, y asimismo que se le debe reconocer todos los derechos que por ley o contrato colectivo se hayan generado como empleado permanente del Estado a partir del 08 de febrero de 2010 fecha de inicio de la relación laboral, hasta el 05 de febrero del año 2021, fecha en la cual se emite la presente sentencia condenatoria. En cuanto al pago de los salarios dejados de percibir se declara SIN LUGAR dicho concepto en vista de ser una sanción que la Ley impone al patrono en caso de despidos injustificados situación que no aconteció en las presentes diligencias; en lo que respecta a los demás beneficios que correspondan a los empleados permanentes se declara CON LUGAR ya que el Estado al no interponer la excepción de prescripción dejo a salvo a favor del demandante, los que serán liquidados junto con la sentencia definitiva de conformidad a la inspección que en su momento procesal oportuno se practique. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 07 de junio del 2022, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que, esta Corte de Apelaciones en reiterados fallos ha dejado establecido que el Estado de Honduras al contratar a sus trabajadores, lo hace en base a contratos de servicios profesionales, nombrándolos en plazas vacantes cuya naturaleza es de carácter permanente; lo que ha llevado a que dichos trabajadores soliciten su permanencia y se les considere como trabajadores permanentes; ya que se ha dejado claro que dichos contratos de trabajo reúnen los requisitos señalados en el artículo 20 y 47 del Código del Trabajo. Que la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia (Exp. 11016 de segunda instancia) señala "Que consecuentemente la existencia de una relación de trabajo no depende de lo que las partes hubieren pactado, sino de la situación real en que el trabajador se encuentre colocado, de modo que la aplicación del derecho del trabajo depende cada vez menos de una relación jurídica subjetiva, cuya existencia es independiente del acto que condiciona su nacimiento; por ello resulta erróneo pretender juzgar la naturaleza de esta relación, de acuerdo a lo que las partes hubieren pactado, ya que si las estipulaciones consignadas en el contrato no corresponden a la realidad, y además implican renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución y el Código del Trabajo le otorgan al trabajador, son nulas de pleno derecho". Que habiéndose ya pronunciado la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia, que "... si las estipulaciones consignadas en el contrato no corresponden a la realidad, y además implican renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución y el Código del Trabajo le otorgan al trabajador, son nulas de pleno derecho"; esta Corte de Apelaciones reafirma aún más su criterio de que la relación existente entre el señor Ricardo Adolfo Banegas Girón con el Estado de Honduras; es de carácter permanente. Que los salarios dejados de percibir constituyen una indemnización que, como compensación por el despido sin causa legal que lo justifique, debe pagarle el patrono a su trabajador para cubrir cualquier daño causado al haberlo privado arbitrariamente de su sustento diario y, por tal razón, tiene el derecho a que dicha Indemnización sea calculada con base en el salario que hubiera devengado durante los días en que éste estuvo separado de su empleo. En el presente caso, la demanda incoada contra el Estado de Honduras se contrae al reconocimiento de la permanencia en el puesto y los consecuentes ajustes; y no al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, ni al reintegro al trabajo. Como consecuencia de esto, es que no procede el pago de los salarios dejados de percibir. Que es procedente confirmar la sentencia definitiva apelada. 5.- Mediante auto de fecha 14 de noviembre del 2022, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada MARÍA DELMI LEMUS LEMUS, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 07 de junio del 2023, compareció ante este tribunal el Abogado MANASES CLAROS BUSTILLO, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 04 de septiembre del 2023, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 20 de octubre del 2023, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado DARWIN JOSUE DÍAZ FLORES, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado Roy Pineda Castro, quien en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I. La finalidad del recurso de casación es la unificación de la jurisprudencia nacional tal como lo establece el artículo 764 primer párrafo del Código de Trabajo no constituye una tercera instancia que permita un discurso atropellado, alegaciones extensas y argumentos desordenados. Por ello este Tribunal, afincado al sistema constitucional y legal y adoptando una cultura de respeto y cumplimiento a los tratados y convenios internacionales suscritos por el País, tiene dicho que la demanda de casación está sometida a un conjunto de formalidades para que sea atendible. Se ha establecido también que esos precisos requerimientos de técnica, más que un culto a la formalidad son supuestos esenciales de la racionalidad del recurso de casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice. II. La demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. III. Que el Abogado Manases Claros Bustillo, en su condición de Representante Procesal del Estado de Honduras por actuaciones de la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT), en su único motivo de casación alega: “EXPRESIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN. ÚNICO MOTIVO: Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley sustantiva de orden nacional y de índole laboral, por error de hecho por apreciación errónea del medio de prueba denominado documental consistente en los Contratos de Servicios Profesionales, que hizo incurrir en la violación que aparece manifiesto en los autos, y que llevó de forma indirecta a la Corte Sentenciadora a la violación de los artículos 200, 201 y 202 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las Normas Procesales que sirvieron de medio para la violación de las Normas Sustantivas señaladas, están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRUEBA APRECIADA ERRÓNEAMENTE: El medio de prueba que fue apreciado erróneamente es el siguiente: a) Contratos de Servicios Profesionales, suscritos entre el demandante y el Estado de Honduras a través del ESTADO DE HONDURAS a través de la extinta SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP), medio de prueba que corre bajo los folios 29 al 52 de la primera pieza de autos. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL ÚNICO MOTIVO: La Corte sentenciadora, manifiestamente incurrió en error de hecho, al apreciar erróneamente los medios de prueba señalados anteriormente, los cuales fueron admitidos y evacuados en su oportunidad, en relación a los demás medios de prueba en su conjunto, ya que si bien es cierto, el Juzgador no está sujeto a la tarifa legal de las pruebas, sino que forma libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que forman la sana crítica de la prueba, tal y como está consagrado en el artículo 739 del Código del Trabajo, ésta disposición no impide de manera alguna que el Tribunal se coloque en una posición de profundo análisis para poder llegar a la verdad de los hechos e impartir justicia aplicando la Ley, por lo que deviene obligado a efectuar la apreciación de las pruebas en su conjunto. Sino se hubiesen apreciado erróneamente por parte del Tribunal recurrido los medios de prueba señalados, se hubiera dado por establecido en forma indubitable que al demandante no le asiste el derecho para obtener la permanencia y demás derechos subjetivos que de manera infundada solicita en su improcedente demanda, ya que al suscribir Contratos de Servicios Profesionales, evidentemente se trata de una relación de servicio, la cual no conlleva una continuidad en los servicios prestados por el señor RICARDO ADOLFO BANEGAS GIRON; en consecuencia, si la Corte Sentenciadora hubiese apreciado debidamente las pruebas señaladas y no como la apreciación errónea que efectuó, hubiese fallado declarando no ha lugar la "Demanda Ordinaria Laboral interpuesta por el señor RICARDO ADOLFO BANEGAS GIRON, pues como se ha indicado, se trata de una relación de servicio y no de una relación de trabajo, ya que la normativa de los artículos 127 y 256 de la Constitución de la República de Honduras, establece una clara diferencia entre el "derecho del trabajo" y "la relación de servicio", razón por la cual el demandante no puede augurar que la relación contractual mediante Contratos de Servicios Profesionales con mi representado es una relación de trabajo, pues dicha norma constitucional en su artículo 256 establece que es el Régimen de Servicio Civil el que regulará las relaciones de empleo y función pública que se establecen entre el Estado y sus servidores, siendo el caso que nos ocupa, lo anterior en analogía con el artículo 257 del mismo estamento legal constitucional, donde remite a la regulación de la Ley de Servicio Civil y su reglamento y observando lo establecido en los artículos 17 y 200 del Reglamento de Servicio Civil, mi representado está facultado para ejercer legalmente la contratación del demandante, por lo que en caso de tener alguna objeción sobre lo establecido en las cláusulas del contrato suscrito con mi representado el Estado de Honduras a través de la extinta SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA (SOPTRAVI). debió interponer la acción ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tal como lo establece el artículo 3 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, pero nunca aseverar que lo presente es una relación de trabajo permanente; en consecuencia, es improcedente la pretensión del demandante en virtud de encontrarnos concretamente ante una relación de servicio, razón por la que la demanda interpuesta por el señor RICARDO ADOLFO BANEGAS GIRON debió ser declarada SIN LUGAR”. IV. Que el cargo que antecede reúne los requisitos necesarios para su admisión, por lo que habiéndose establecido con precisión y claridad el mismo, es procedente declarar ha lugar el recurso de mérito, casar la sentencia impugnada y a continuación, en sede de instancia, decidir lo que proceda conforme a la ley. V. En el presente caso, el objeto del proceso versa sobre si existe entre las partes involucradas en el proceso una relación de trabajo por tiempo indeterminado a razón de los contratos de trabajo celebrados en supuesta continuidad, derivando en el pago de salarios dejados de percibir para el trabajador en forma retroactiva a partir del inicio de la relación laboral, así como los demás beneficios laborales que conforme a Ley corresponden a los empleados permanentes. VI. Por lo que la contienda se centra en establecer: A) Sí existe una relación laboral continua entre el trabajador Ricardo Adolfo Banegas Girón y el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT) por cumplirse los requisitos legales establecidos en los Artículos 47 y 52 del Código de Trabajo. B) En caso de existir una relación laboral continua e ininterrumpida, establecer la fecha de inicio de esta relación laboral y, consecuentemente determinar si le corresponden o no salarios dejados de percibir en forma retroactiva, así como los demás beneficios laborales que corresponden a los empleados permanentes. C) Si la acción se encuentra prescrita o no, y, por otro lado, si prescribió o no el pago de salarios reclamados. VII. Durante la sustanciación del proceso de primera instancia se admitieron como medios probatorios los siguientes: Parte Demandante: Documental: Folios 06, 57 al 229 de los autos que corren agregados en la primera pieza, así como los Oficios librados que corren agregados a folios 233 al 258 de la pieza precitada. Parte Demandada: Documental: a folios 21 al 36 de los autos que corren agregados en la primera pieza. VIII. Derivado del estudio de los medios de prueba aportados al proceso junto a las argumentaciones legales vertidas por las partes, resultan como Hechos Probados los siguientes: 1. La relación existente entre el trabajador Ricardo Adolfo Banegas Girón y el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte cumple con los requisitos establecidos en el Artículo 20 del Código de Trabajo para regirse por la jurisdicción laboral. 2. El Demandante inició su relación con su patrono en fecha ocho (08) de febrero de dos mil diez (2010). Sin embargo, fue interrumpida en el año dos mil trece (2013) al no encontrar evidencia alguna que acredite que existió una relación laboral durante este tiempo. 3. Entre el trabajador y su patrono existió una relación laboral continua e ininterrumpida desde el cuatro (04) de febrero de dos mil catorce (2014). 4. En cuanto al reclamo de reajuste salarial, corresponde otorgar los reajustes laborales correspondientes a los empleados permanentes a partir del cuatro (04) de febrero de dos mil dieciséis (2016). 5. El reconocimiento de los demás derechos laborales que corresponde a los trabajadores permanentes deberá ser otorgada, desde el cuatro (04) de febrero de dos mil dieciséis (2016) conforme lo ordena el Artículo 2295 del Código Civil. IX. Si bien el Demandado alude a una jurisdicción distinta, esta Sala considera que, efectivamente, las características de los contratos celebrados entre el trabajador y el Demandado cumplen con los requisitos establecidos por el Artículo 20, 664 y 665 del Código de Trabajo. Por lo cual, la jurisdicción competente para resolver este tipo de conflictos es la jurisdicción del trabajo. En atención a ello, el trabajador reclama su permanencia laboral a partir del inicio de su relación laboral con el Demandado. No obstante, tras analizar los medios probatorios aportados al proceso, se concluye que no hay una relación laboral continua e ininterrumpida a partir de la fecha que reclama el trabajador – 08 de febrero de dos mil diez (2010) – debido a que no se ha logrado acreditar a este Tribunal la existencia de una relación laboral entre las partes durante el año 2013. Por lo anterior, este Tribunal concluye que la relación continua e ininterrumpida es a partir del cuatro (04) de febrero de dos mil catorce (2014), conforme lo establece y ordenan los Artículos 47 y 52 del Código de Trabajo. X. Consecuentemente, los reclamos derivados del reconocimiento de la permanencia por tiempo indefinido corresponden ser otorgados de la siguiente manera: Conforme al Artículo 43 de la Ley del Salario Mínimo que establece una prescripción de dos años a partir de la fecha en que ocurrió la causa que motiva un ejercicio. Por lo que, para el reclamo de reajuste salarial, corresponde bajo esta misma analogía otorgar los reajustes laborales correspondientes a los empleados permanentes a partir del cuatro (04) de febrero de dos mil dieciséis (2016). En cuanto a los demás derechos laborales que corresponden a los empleados de carácter permanente, tal y como ordena el Artículo 2295 del Código Civil que establece una prescripción de dos años para reclamar las obligaciones de pago que deban hacerse por años o plazos más breves, corresponde otorgar estos derechos a partir del cuatro (04) de febrero de dos mil dieciséis (2016). XI. Respecto a la petición del pago salarios dejados de percibir, se declara Sin Lugar, en razón que este concepto corresponde a la sanción establecida en el Artículo 129 de la Constitución de la República, otorgada como concepto de daño y perjuicio cuando el trabajador ha sufrido un despido injusto, situación que en el presente caso no ha sucedido, por lo cual no es procedente esta petición. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala de lo Laboral Contencioso-Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 127, 128, 129, 134, 135, 303, 304, 313 atribución 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 53, 60, 111 numeral 2), 120 reformado, 20, 47, 52, 664, 665, 666 letra c), 738, 739, 778, 858, 868 literal b) y 871 del Código del Trabajo; 43 de la Ley del Salario Mínimo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia; FALLA: 1) CASAR PARCIALMENTE la sentencia definitiva recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha siete (07) de junio de dos mil veintidós (2022). 2) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda ordinaria laboral para que se declare la permanencia por tiempo indefinido la relación laboral originada por la suscripción de reiterados contratos de trabajo continuos e ininterrumpidos según lo preceptuado en los artículos 47 y 52 del Código de Trabajo interpuesta por el señor Ricardo Adolfo Banegas Girón contra el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (sit), por medio de su actual Representante Legal el Procurador General de la República Abogado Manuel Antonio Díaz Galeas. 3. Consecuentemente, CONDENAR al Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT) a lo siguiente: 3.1) Al reconocimiento de la permanencia laboral en forma continua e ininterrumpida del trabajador Ricardo Adolfo Banegas Girón a partir del cuatro (04) de febrero de dos mil catorce (2014); 3.2) Otorgar al trabajador Ricardo Adolfo Banegas Girón los ajustes salariales que como empleado permanente le corresponden a partir del (04) de febrero de dos mil dieciséis (2016). Conceptos que serán liquidados en el momento procesal oportuno que corresponda. 3.3) Al reconocimiento retroactivo de los demás beneficios y derechos que por ley o contratación colectiva correspondan al demandante desde el (04) de febrero de dos mil dieciséis (2016). Conceptos que serán liquidados en el momento procesal oportuno que corresponda. 4) Declarar SIN LUGAR la demanda instaurada por el señor Ricardo Adolfo Banegas Girón contra el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT) por medio de su actual Representante Legal, el Procurador General de la República, Abogado Manuel Antonio Díaz Galeas para el pago de los salarios dejados de percibir. 4.1) ABSUELVE al Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (sit) de pagar al señor Ricardo Adolfo Banegas Girón dicho concepto. 5) SIN COSTAS, dado que en materia laboral impera el principio de gratuidad, constituyéndose en una rama del Derecho de orden social. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado Roy Pineda Castro. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ROY PINEDA CASTRO, COORDINADOR, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de octubre del dos mil veinticuatro; certificación de la sentencia de fecha veinte de noviembre del dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL541-2022. FIRMA Y SELLO.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ.

SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.