Sentencia CL-534-21 — Registro 17166
Resumen
Demanda Ordinaria Laboral para que un patrono sea obligado mediante sentencia definitiva al pago de las prestaciones sociales como ser preaviso, auxilio de cesantía, vacaciones causadas y proporcionales, decimotercer y decimocuarto mes, bono educativo, salarios adeudados, más a título de daños y perjuicios, los salarios dejados de percibir desde la fecha de despido, hasta el momento en que se dicte sentencia y quede firme, costas del juicio
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."En línea con lo anterior, el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo, debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente". IV.- Asimismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además, es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden. "...
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Jerarquía: Reiterativa
..."Por lo que, las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate así como la motivación deberá incidir en los distintos elementos facticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 206 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."En cumplimiento a la obligación legal antes citada, se procedió a la revisión de la sentencia definitiva pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, observándose que el Ad-quem, en su sentencia de fecha tres de noviembre de dos mil veintiuno, resolvió referente a un recurso de apelación interpuesto, a su parecer, por la parte Demandante. Escrito que, conforme a la resolución firme de fecha nueve de septiembre de dos mil veintiuno, que corre a folio 220 de la primera pieza de autos, fue declarado Sin Lugar debido a que la parte Apelante (Abogada Alba Suyapa Valladares) no formaba parte del proceso. En razón de lo anterior, el fallo emitido por el Ad-quem, no debió haber considerado los alegatos planteados en la Audiencia de Alegaciones, ya que no consta ninguna documentación en la que la Abogada Alba Suyapa Valladares haya revocado la representación procesal del Abogado Luis Fernando Gutiérrez Valladares y, por ende, reasumido la representación de la parte Demandante. Por lo anterior, el fallo del Ad quem se encuentra desprovisto de congruencia, pues toma en consideración alegaciones vertidas por una persona que desde la primera instancia no forma parte del juicio. En atención a ello, al declarar “Parcialmente Ha Lugar” el recurso de apelación de esa otra parte ajena al juicio, resuelve respecto de alegaciones que no fueron oportunamente deducidos en el pleito ante la segunda instancia, violentando con ello, garantías constitucionales como ser el debido proceso y el derecho de defensa de la contraparte, consignados en los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, así como el Artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Adicional a estas garantías, se violentan los Artículos 85 y 86 del Código Procesal Civil, en donde claramente se establece cómo puede reasumirse un poder y cómo se entiende que ha sido revocado tácitamente. No encontrándose dentro de dicha revocación tácita la circunstancia ocurrida en el presente juicio, ya que, tampoco corre agregada documentación en la Pieza de la Segunda Instancia, en la que se nombre a la Abogada Alba Suyapa Valladares por parte de los Demandantes. X. De lo anteriormente expuesto y, en atención a la protección judicial que debe imperar en cuanto a un debido proceso, responsabilidad primaria y convencional que corresponde a los órganos jurisdiccionales, así como a la obligatoriedad de resolver conforme a las pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito, el fallo emitido por el Ad-quem carece de congruencia y vulnera las normas esenciales que rigen la postulación procesal, infringiendo los Artículos 206, 208 y 212.4 del Código Procesal Civil, al analizar alegatos vertidos por un Apelante que no forma parte del juicio, pero sobre todo al fundamentar su reforma a la sentencia de primera instancia, en dichos alegatos. Causando con ello una indefensión para el Demandado, quien es el único Apelante del juicio"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 208 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN.-
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los trece días del mes de abril del dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 28 de octubre del 2022, por el Abogado JACOBO MEJIA OLIVERA, en su condición de representante procesal de la Sociedad Mercantil OPERADORA DE HOTELES AMÉRICA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, como recurrente; además, es parte recurrida, los señores WENDY JACQUELINE RAMÍREZ; ANA RUTH PERDOMO CABALLERO; ROSA ANGELICA JIMÉNEZ TREJO, y otros, representados en juicio por la Abogada ALBA SUYAPA VALLADARES LOPEZ. OBJETO DEL PROCESO: Demanda Ordinaria Laboral para que un patrono sea obligado mediante sentencia definitiva al pago de las prestaciones sociales como ser preaviso, auxilio de cesantía, vacaciones causadas y proporcionales, decimotercer y decimocuarto mes, bono educativo, salarios adeudados, más a título de daños y perjuicios, los salarios dejados de percibir desde la fecha de despido, hasta el momento en que se dicte sentencia y quede firme, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha 16 de septiembre del 2020, por la Abogada ALBA SUYAPA VALLADARES LÓPEZ, en su condición de representante procesal de los señores WENDY JACQUELINE RAMÍREZ; ANA RUTH PERDOMO CABALLERO; ROSA ANGELICA JIMÉNEZ TREJO; MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS ALVARADO; SANTOS ROLANDO ARZU FLORES; KATERINE JULISSA RÁPALO MURILLO; MARTHA CECILIA CRUZ; DELMIS OSORIO SANTOS; OLVIN ORLANDO CORRALES HERNANDEZ; JOSÉ REYNALDO SALGADO ORTEZ; y MILAGROS DEL PILAR LICONA CANO; todos mayores de edad, y con domicilio en San Pedro Sula, Departamento de Cortés, contra la sociedad mercantil OPERADORA DE HOTELES AMÉRICA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, conocida también como HOTEL CROWNE PLAZA, por medio de su representante legal el señor ANTONIO HANDAL. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 3 de noviembre del 2021, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarando NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el representante procesal de la parte demandada. SEGUNDO: Declarando PARCIALMENTE HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la representante procesal actora, contra la sentencia proferida el veintisiete de agosto del dos mil veintiuno (27/08/2021) por el Juzgado de Letras del Trabajo de esta misma sección judicial, relacionada con la demanda supra indicada; en consecuencia, se REFORMA la misma, en el sentido de: Declarar CON LUGAR la demanda para el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha en que se notificó el despido, hasta aquella en que con sujeción a las normas procesales quede firme la sentencia condenatoria; en consecuencia, SE CONDENA por dicho concepto. SEGUNDO: CONFIRMANDO en sus demás extremos la mencionada sentencia. TERCERO: SIN COSTAS…”. ANTECEDENTES DE HECHO. 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción que iniciaron la relación laboral de la siguiente manera, la señora Wendy Jacqueline Ramírez, inicio a trabajar en fecha 01 de noviembre 2000, como Mesera devengando un salario de L. 9647.84; Ana Ruth Perdomo Caballero, inicio a trabajar en fecha 18 de septiembre del año 2013, como Cajera, devengando un salario de L.9647.84; Rosa Angelica Jiménez Trejo inicio a trabajar en fecha 31 de julio del año 2015, como Recepcionista devengando un salario de L. 9647.844; Miguel Ángel Contreras Alvarado, inicio a trabajar en fecha 22 de febrero del año 2000, como Cocinero, devengando un salario de L. 9647.84; Santos Rolando Arzú Flores, inicio a trabajar en fecha 01 de septiembre del año 2013 como Bartender, devengando un salario de L. 9,000.00; Katerine Julissa Rapalo Murillo, inicio a trabajar en fecha 26 de mayo del año 2016, como Supervisora de Recepción, devengando un salario de L. 15,000.00; Martha Cecilia Cruz, inicio a trabajar en fecha 11 de octubre del año 2004 como Camarera devengando un salario de L. 9,600.00; Delmis Osorio Santos inicio a trabajar en fecha 06 de septiembre del año 2006, como Miscelánea devengando un salario de L. 9,600.00; Olvin Orlando Corrales Hernández, inicio a trabajar en fecha 21 de agosto del año 2006, como Conserje devengando un salario de L. 9,600.00; Jose Reynaldo Salgado Ortez inicio a trabajar en fecha 9 de diciembre del año 1999, como Lavaplatos, devengando un salario de L. 9647.84; Milagros Del Pilar Licona Cano, inicio a trabajar en fecha 23 de septiembre del 2015 como Cajera, devengando un salario de L. 9,647.84; en fecha 31 de marzo del 2020 la patronal les da una nota de suspensión, en donde la empresa les notifica que a partir de esa fecha el contrato está suspendido temporalmente por el termino de 120 días sin responsabilidad para las partes, en virtud de la emergencia nacional que está afectando al país por el virus del covid-19, en la nota hace del conocimiento que una vez finalice la crisis se irán reintegrando el personal por áreas y que la operación de la empresa llegue al 100% de sus respectivos puestos de trabajo, pero la sorpresa es que en fecha 1 de agosto del 2020, la demandada hace entrega de una nota de despido por medio del señor Mario Rene Cruz Cortes, expresando en la nota ilegal que les notifica que a partir de la fecha están dando por terminada la relación laboral de trabajo que les unía sin responsabilidad por parte de la empresa en aplicación al artículo 111 que establece que son causas de terminación de los contratos de trabajo el caso fortuito o fuerza mayor en virtud de la crisis o emergencia; según la empresa la crisis o emergencia nacional que está afectando el país es el virus covid-19, que ha obligado al cierre temporal de las empresa, al final de su ilegal nota establece que la empresa pagara los derechos adquiridos, es preciso ilustrar a la demanda que las causales por la cual está dando por finalizada la relación laboral, no lo exime de pagar las prestaciones laborales, ya que como la patronal lo estableció en la nota de suspensión que entrego en el mes de marzo del 2020, la suspensión no fue aprobada por la Secretaria de Trabajo porque la patronal debió esperar que se aperturara la Secretaria de Trabajo y hacer el trámite correspondiente de la suspensión, pero lo que sucedió es que procedió ilegalmente al despido; el artículo 101 del Código del Trabajo establece que “la suspensión de los contratos de trabajo surtirá efecto desde la conclusión del día en que ocurrió el hecho que le dio origen, siempre que la comprobación de la causa en que se funde se inicie ante la Secretaria de Trabajo y Previsión Social o ante los representantes de la misma debidamente autorizados,. Si la Secretaria de Trabajo y Previsión Social no autorizare la suspensión... los trabajadores podrán ejercitar sus derechos emanados del contrato de trabajo, de las leyes y reglamentos laborales y demás disposiciones aplicables, por la responsabilidad que competa al patrono”, es preciso ilustrar que la supuesta suspensión se dio es en base al artículo 100 numeral 2) que establece que son causas de suspensión de los Contratos de Trabajo sin responsabilidad para las partes la fuerza mayor o caso fortuito cuando traiga como consecuencia necesaria, inmediata y directa la suspensión del trabajo; estos eventos no generados por el hombre, y también la patronal fundamento dicha suspensión en los decretos ejecutivos PCM 20-2020 y PCM 21-2020 en el que se decreta toque de queda desde marzo, como podrá apreciar la causal de la supuesta suspensión son escenarios distintos a los del despido, la causal de despido no tiene nada que ver con la causal de suspensión, ya que al fundamentarse la suspensión en el decreto 05-2020 PCM este es decreto que declara la emergencia sanitaria en base al dengue y Covid el Decreto 021-2020 declara el estado de sitio suspende las labores del sector público y privado, y el articulo 100 numeral 2) caso fortuito y fuerza mayor eventos no generados por el hombre, por ende la patronal está obligada a pagar las prestaciones laborales, ya que cuando vencen los 120 días no es que se pude dar por finalizado sin responsabilidad de la patronal, la suspensión nadie sabe cuándo va terminar la pandemia, este tipo de suspensiones no puede tener fecha de terminación porque no sabe cuándo termina la pandemia, el artículo 101 del Código de Trabajo es claro al establecer que la suspensión de los Contratos de Trabajo surtirán efecto desde la conclusión del día en que ocurrió el hecho que le dio origen, y la pandemia no ha terminado y siempre que la comprobación de la causa en que se funde se inicie ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social o ante los representantes de la misma debidamente autorizados, lo que no hizo la demandada; con el cierre de la empresa, la patronal está obligada a pagarles las prestaciones y demás derechos reclamados, ya que según la ley y los convenios Internacionales los trabajadores deberán gozar de la adecuada protección y estabilidad laboral, pero la patronal violenta estos convenios al cerrar la empresa sin justificar su accionar y sin pagarles hasta la fecha lo que por ley les corresponde en relación a sus prestaciones laborales. 2. La parte demandada, la sociedad mercantil OPERADORA DE HOTELES AMÉRICA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, contestó dicha demandada señalando que el Gobierno de la República mediante Decreto Ejecutivo PCM-005-2020 de fecha 10 de febrero de 2020, declaró estado de emergencia sanitaria, en todo el territorio nacional, con el propósito de continuar y fortalecer las acciones de vigilancia, prevención, control y garantizar la atención a las personas ante la ocurrencia de infección por coronavirus COVID-19; de igual forma mediante Decreto Ejecutivo PCM-021-2020 quedaron restringidas a nivel nacional, inicialmente por un plazo de 7 días las garantías constitucionales establecidas en los artículos 69, 71, 72, 78, 81, 84, 93, 99, y 103 de la Constitución de la República, esta demás decir que aún se enfrenta una pandemia y una declaratoria de emergencia sanitaria nacional decretada por el Estado de Honduras, aún estamos ante una situación de caso fortuito y fuerza mayor; en fecha 16 de marzo del año 2020 despachó parcialmente a sus empleados debido a que el Estado de Honduras restringió las garantías constitucionales debido a la pandemia que azota en aplicación del PCM-21-2020 en su artículo 1 y en el artículo 3 tiene las siguientes excepciones donde les incluía en el numeral 10), pero debido a que los pocos clientes que quedaban en el hotel eran extranjeros quienes lograron salir del país, el hotel quedo completamente vacío y debido al cierre de fronteras y aeropuertos no ingresaron más clientes al hotel, por tal razón se tomó la determinación de suspender a su personal por un periodo de 120 veinte días, tal como lo establece el artículo 100 numeral 2) del Código del Trabajo el cual transcribe como ilustración, articulo 100 numeral 2) del Código del Trabajo vigente que literalmente dice “son causas de suspensión de los contratos de trabajo sin responsabilidad para las partes, la fuerza mayor o caso fortuito cuando traiga como consecuencia necesaria, inmediata y directa la suspensión del trabajo”, ya que este artículo es el que les sirvió de soporte legal para la suspensión de labores; consciente que las medidas de aislamiento o distanciamiento son atendibles ante una situación como la que se está viviendo, al momento de suspender los contratos, lo hizo siguiendo las sugerencias y recomendaciones sanitarias que el Estado de Honduras puso en práctica, y en tal virtud se vio en la imperiosa necesidad de suspender totalmente los contratos de sus trabajadores, aplicando los artículos del 25 al 29 de la Ley de Auxilio al Sector Productivo y a los Trabajadores ante los Efectos de la Pandemia Provocada por Covid-19, Decreto Ejecutivo PCM 33-2020, presento mediante correo electrónico dirigido a la Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, formal solicitud para adherirse al programa de aportación solidaria para el mantenimiento temporal de empleos e ingresos a los trabajadores durante la vigencia de la emergencia nacional motivada por la pandemia Covid-19; a los trabajadores suspendidos, pagando a sus trabajadores la cantidad de L. 2,000.00 sugeridos a través del referido programa, todo ello con el objeto de conceder un paliativo a sus trabajadores suspendidos; fue así que en fecha 19 de febrero del año 2021 presento ante la Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, solicitud para aprobación de la Suspensión Parcial de los Contratos de Trabajo de sus Colaboradores, ya que a partir del 18 de enero del 2021, se habilitaron los términos en la Secretaria de Trabajo por un periodo de 30 días hábiles para que todas las empresas pudieran presentar dichas solicitudes; debido a que pasaron los 120 veinte días de suspensión y ya está establecido en el Código de Trabajo que no se puede suspender por más de 120 veinte días y el Estado no se pronunció vía Decreto Legislativo para ampliar la suspensión por más tiempo, razón por la cual y en virtud que la empresa no podía iniciar operaciones debido a las restricciones ya establecidas por El Estado se vio obligado a proceder al despido de sus colaboradores sin responsabilidad de su parte en aplicación de artículo 111 del Código del Trabajo; menciona que a la fecha de la contestación de la demanda, la empresa Operadora de Hoteles América S.A de CV., se encontraba cerrada debido a la pandemia y según las restricciones establecidas no pudo reiniciar operaciones al grado que la cadena de Hoteles IHG dueña del nombre comercial Crowne Plaza les retiro la franquicia y no pueden seguir operando con ese nombre comercial, por tal razón fue retirado de la pared del edificio donde operaba dicho Hotel Crowne Plaza; expresa que a pesar de no contar con circulante en efectivo, nunca se ha negado a pagar a sus colaboradores sus derechos adquiridos como ser vacaciones, vacaciones proporcionales, reserva laboral, trece y catorce mes también en sus proporciones y para los que laboraron por más de 15 años el 35% por ciento de su cesantía como lo establece la ley. 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha 27 de agosto del 2021, dictó sentencia que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: declarando CON LUGAR la demanda Ordinaria Laboral para el pago de prestaciones sociales e indemnizaciones legales por despido injustificado promovida por la Abogada ALBA SUYAPA VALLADARES LOPEZ, en su condición de representación legal de los señores 1) WENDYJACKELIN RAMÍREZ, 2) ANA RUTH PERDOMO CABALLERO, 3) ROSA ANGELICA JIMÉNEZ TREJO, 4) MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS ALVARADO, 5) SANTOS ROLANDO ARZÚ FLORES, 6) KATHERINE JULISSA RÁPALO MURILLO, 7) MARTHA CECILIA CRUZ, 8) DELMIS OSORIO SANTOS, 9) OLVIN ORLANDO CORRALES HERNÁNDEZ, 10) JOSÉ REINALDO SALGADO ORTEZ; de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia, contra sociedad mercantil denominada OPERADORA DE HOTELES AMERICA S.A DE C.V. conocida también como HOTEL CROWNE PLAZA a través de su representante legal la señora ANA VICTORIA HANDAL DE ABUFELE, también de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia; En consecuencia: CONDENA: a la sociedad mercantil denominada OPERADORA DE HOTELES AMERICA S.A DE C.V. conocida también como HOTEL CROWNE PLAZA a través de su representante legal la señora ANA VICTORIA HANDAL DE ABUFELE, a pagar a los trabajadores 1) WENDY JACKELIN RAMÍREZ, 2) ANA RUTH PERDOMO CABALLERO, 3) ROSA ANGELICA JIMÉNEZ TREJO, 4) MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS ALVARADO, 5) SANTOS ROLANDO ARZÚ FLORES, 6) KATHERINE JULISSA RÁPALO MURILLO, 7) MARTHA CECILIA CRUZ, 8) DELMIS OSORIO SANTOS, 9) OLVIN ORLANDO CORRALES HERNÁNDEZ, 10) JOSÉ REINALDO SALGADO ORTEZ, la cantidad de DOS MILLONES CIENTO UN MIL DOCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON DOS CENTAVOS (L. 2,001,220.02), distribuida así: 1) WENDY JACKELIN RAMÍREZ, la cantidad de L. 278 952.38, desglosada así: 4,823.38; 2) ANA RUTH PERDOMO CABALLERO, la cantidad de L. 127 365.20 desglosada así: preaviso L. 22,51 1.40, cesantía L. 67,534.20, cesantía proporcional L. 9,817.47 , vacaciones proporcionales L .6,544.98, décimo tercer mes proporcional L, 5,654.62, décimo cuarto mes proporcional L. 830.77, décimo cuarto mes causado L. 9,647.84, salario adeudado 2da quincena de marzo 2020, L. 4,823.38; 3) ROSA ANGELICA JIMÉNEZ TREJO, la cantidad de L. 105 574.99 desglosada así: preaviso L. 22,511.40, cesantía L. 55,228.50, cesantía proporcional 1-,30.68, vacaciones proporcionales L „20.46 décimo tercer mes proporcional L .5,549.12, décimo cuarto mes proporcional L .815.27, décimo cuarto mes causado L. 9,647.84, vacaciones causadas L .7,363.80, salario adeudado 2da quincena de marzo 2020, L. 4,823.38; 4) MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS ALVARADO, la cantidad de L. 276 920.10 desglosada así: preaviso L. 22,51 1.40„ cesantía L .225,1 14.00, cesantía proporcional L.5,002.53 , vacaciones proporcionales L .3,335.02, décimo tercer mes proporcional L .5,654.62, décimo cuarto mes proporcional L.830.77, décimo cuarto mes causado L. 9,647.84, salario adeudado 2da quincena de marzo 2020, L. 4,823.38; 5) SANTOS ROLANDO ARZÚ FLORES, la cantidad de L. 120 611.50 desglosada así: preaviso L. 21 ,000.00, cesantía L. 63,000.00, cesantía proporcional L.9654.17, vacaciones proporcionales L .6,436.1 1 , décimo tercer mes proporcional L.5,275.00, décimo cuarto mes proporcional L. 775,00, décimo tercer mes causado L. 9,647.84, salario adeudado 2da quincena de marzo 2020, L. 4,823.38, 6) KATHERINE JULISSA RÁPALO MURILLO, la cantidad de L. 154,596.54, desglosada así: preaviso L.34,999.80, cesantía L. 69,999.60, cesantía proporcional L. 3,208.32, vacaciones proporcionales L.2,138.88, décimo tercer mes proporcional L. 8,791.67, décimo cuarto mes proporcional L. 1,291,67, décimo cuarto mes causado L. 15,000.00, vacaciones causadas L. 11,666.60, salario adeudado 2da quincena de marzo 2020, L.7,500.00; 7) MARTHA CECILIA CRUZ, la cantidad de L. 233 878.21 desglosada así: preaviso L. 22,399.80, cesantía L. 167,998.50, cesantía proporcional L.9,053.25, vacaciones proporcionales L .6,035.50, décimo tercer mes proporcional L .5,626.67, décimo cuarto mes proporcional L. 826.67, décimo cuarto mes causado L. 9,647.84, vacaciones causadas L. 7,466.60, salario adeudado 2da quincena de marzo 2020, L. 9.647.84; 8) DELMIS OSORIO SANTOS, la cantidad de L. 208 526.61 desglosada así: preaviso L. 22,399.80, cesantía L. 145,598.70, cesantía proporcional L. 10,142.13, vacaciones proporcionales L. 6,761 ,42, décimo tercer mes proporcional L. 5,626.67, décimo cuarto mes proporcional L .826.67, décimo cuarto mes causado L. 9,647.84, salario adeudado 2da quincena de marzo 2020, L. 4,823.38; 9) OLVIN ORLANDO CORRALES HERNÁNDEZ, la cantidad de L. 214 070.98, desglosada así: preaviso L. 22,399.80, cesantía L. 145,598.70, cesantía proporcional L. 10,608.79, vacaciones proporcionales L. 7,072.53, décimo tercer mes proporcional L.5,626.67, décimo cuarto mes proporcional L .826.67, décimo cuarto mes causado L. 9,647.84, vacaciones causadas L. 7,466.60, salario adeudado 2da quincena de marzo 2020, L. 4,82338; 10) JOSÉ REINALDO SALGADO ORTEZ la cantidad de L. 280 723.58 desglosada así: preaviso L. 22,511.40„ cesantía L, 225, 1 14.00, cesantía proporcional L .7,284.94, vacaciones proporcionales L. 4,856.63, décimo tercer mes proporcional L .5,654.62, décimo cuarto mes proporcional L. 830.77, décimo cuarto mes causado L. 9,647.84, salario adeudado 2da quincena de marzo 2020, L. 4,823.38.- SEGUNDO: ABSUELVE: A sociedad mercantil denominada OPERADORA OE HOTELES AMERICA S.A DE C.V. conocida también como HOTEL CROWNE PLAZA a través de su representante legal la señora ANA VICTORIA HANDAL DE ABUFELE, de la responsabilidad del pago de los salarios dejados de percibir por los demandantes desde que se produjo la terminación hasta que quede firme la presente sentencia que reclama.- TERCERO: DECLARA SIN LUGAR la demanda promovida por la señora MILAGROS DEL PILAR LICONA CANO, contra la sociedad OPERADORA DE HOTELES AMERICA S.A DE C.V. conocida también como HOTEL CROWNE PLAZA a través de su representante legal la señora ANA VICTORIA HANDAL DE ABUFELE, en consecuencia la ABSUELVE; de toda responsabilidad proveniente del reclamo de la señora MILAGROS DEL PILAR LICONA CANO.- SIN COSTAS”. Bajo el criterio que del estudio y análisis de las pruebas allegadas al proceso, procede declarar con lugar respecto al pago de las prestaciones sociales, derechos adquiridos y derechos de maternidad, llevan a este convencimiento las circunstancias siguientes, que la demandada puso fin a la relación de trabajo mediante nota escrita que le fue entregada en fecha 01 de agosto del año 2020, invocando como motivo la crisis o emergencia nacional que está afectando el país como es el virus denominado COVID 19, que ha obligado al cierre temporal de las empresas así como a la población en general a quedarse en casa a través del decreto PCM-20-2020, decretando toque de queda desde el 15 de marzo del año 2020; la causal invocada por la demandada no justifica el despido ya que si bien es cierto el artículo 100 del Código de Trabajo establece “son causas de suspensión de los contratos de trabajo sin responsabilidad para las partes entre otras la fuerza mayor o caso fortuito cuando traiga como consecuencia necesaria, inmediata y directo la suspensión del trabajo”, si bien es cierto el caso fortuito es una situación completamente ajena a las partes que impide el desarrollo de las labores acordadas en el contrato, también no es menos cierto que la misma es temporal o transitoria y precisamente por esa circunstancia es que el Gobierno a través de la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social, autorizo que las suspensiones de contratos trabajo se pudieran solicitar por más de 120 días que manda la ley, todo con el ánimo que de preservar el derecho a la estabilidad laboral que establece la Constitución de la Republica; es decir la suspensión de contratos de trabajos se puede solicitar por el tiempo que dure la pandemia; consta que la demandada al solicitar la suspensión de los contratos de Trabajo invoca como causal la crisis o emergencia nacional que está afectando el país como es el virus denominado COVID 19, y es la misma que utiliza para poner fin a la relación de trabajo; si dicha causal es temporal significa que bien pudo haber solicitado nuevamente una suspensión de contratos de Trabajo por todo el tiempo que dure la pandemia o por otro periodo igual de 120 días; para que no fuera tan gravosa la situación al patrono ni para el trabajador afectándole su derecho a la estabilidad laboral; sin embargo opto por despedir a los demandantes violentando todos sus derechos laborales, ya que una vez que la pandemia desaparezca la demandada podrá volver a funcionar como lo dice la demandada con otro nombre y los trabajadores podrían volver a desempeñar sus labores; Por lo que la terminación de la relación de trabajo es injusta; en cuanto al reclamo laboral para el pago de prestaciones laborales por parte de la señora Milagros Del Pilar Licona Cano, se declara sin lugar en vista que la relación de trabajo finalizo por renuncia a su puesto de trabajo interpuesta por la trabajadora antes mencionada, por lo que la renuncia como tal no está instituida como medio legal de terminación de contratos de trabajo; pero como se ha establecido la causal de mutuo consentimiento, lógicamente se puede admitir, para que el mutuo disenso se efectué y tenga la fuerza jurídica de cancelar la relación que una de las partes manifieste esta intención en forma de proposición u oferta, para que aceptada por la otra, con plena capacidad receptiva se produzca el rompimiento de la mencionada relación, pero las declaraciones de ambas contratantes debe ser coincidente en el sentido que la relación laboral se deje sin efecto a partir de determinada fecha, sea que se trate de un contrato por tiempo fijo o por tiempo indeterminado; en el caso de autos las dos partes estuvieron de acuerdo en poner fin a la relación de trabajo, la demandante al presentar nota escrita de renuncia al puesto de trabajo y la demandada la acepto de forma tácita al haberle pagado los derechos que le correspondían según carta de pago y finiquito de solvencia; en relación al reclamo de pago de salarios adeudados, considera declararlo sin lugar en virtud que los demandantes omiten establecer cuáles son los meses de salarios que reclaman, consta que el último pago que se realizo fue en la primera quincena del mes de marzo del año 2020, a partir del 31 de marzo del año 2020, la demandada les notifico una suspensión de contrato de trabajo sin goce de salario por 120 días, por lo que mientras no exista pronunciamiento por parte de la autoridad administrativa es Tribunal no puede condenar al pago de esos salarios, en cuanto a la segunda quincena del mes de marzo del año 2020, la demandada no acredito haber pagado el mismo, por tal razón procede condenar a la demandada al pago de ese concepto; que a la terminación del contrato de trabajo el patrono deviene obligado a pagar al trabajador los beneficios sociales entendiéndose como tales el derecho a vacaciones, el derecho a décimo tercer meses en concepto de aguinaldo y el derecho a décimo cuarto mes de salario de compensación social en la proporción en que tales derechos son debidos sino han sido causados en su totalidad con independencia de la causa de terminación del contrato de trabajo es justificado o no, y siendo que la demandada no presento prueba con la que pudiera acreditar que fueron pagados, procede ordenar el pago de dichos conceptos; la parte actora reclama pago de vacaciones causadas, con relación a dicho reclamo la demandada no acredito haber pagados las mismas, por tal razón procede condenar al pago de ese concepto; en cuanto al décimo cuarto mes año 2020, que reclama la demandada no acredito haber pagado los mismos por lo que procede condenar dicho concepto; al bono educativo que los trabajadores reclaman los mismos no proceden en vista que no se acredito que los interesados tenían hijos en edad escolar requisito indispensable para otorgar el mismo. 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 3 de noviembre del 2021, dictó sentencia de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: Declarando NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el representante procesal de la parte demandada. SEGUNDO: Declarando PARCIALMENTE HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la representante procesal actora, contra la sentencia proferida el veintisiete de agosto del dos mil veintiuno (27/08/2021) por el Juzgado de Letras del Trabajo de esta misma sección judicial, relacionada con la demanda supra indicada; en consecuencia, se REFORMA la misma, en el sentido de: Declarar CON LUGAR la demanda para el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha en que se notificó el despido, hasta aquella en que con sujeción a las normas procesales quede firme la sentencia condenatoria; en consecuencia, SE CONDENA por dicho concepto. SEGUNDO: CONFIRMANDO en sus demás extremos la mencionada sentencia. TERCERO: SIN COSTAS”. Bajo el criterio que la pandemia de covid-19 constituye un caso fortuito, la suspensión de garantías constitucionales fue causada por fuerza mayor, sin embargo, el legislador al emitir los Decretos 31-2020 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 13 de marzo del 2020 y el Decreto 33-2020 publicado el 3 de abril del año 2020 enunció una serie de disposiciones en aras de garantizar la estabilidad laboral, mismos que el empleador debía observar, teniendo en cuenta que el trabajo es un derecho fundamental que goza de la especial protección del Estado; en el primer decreto, autorizó la implementación del teletrabajo, en el segundo reguló la aportación solidaria para el mantenimiento temporal de empleos e ingresos para los trabajadores durante la vigencia de la emergencia nacional que implicaba el otorgamiento de una aportación solidaria para la supervivencia de los trabajadores, todo con el fin de mantener los empleos y la sostenibilidad de las empresas con el propósito de mitigar toda medida que conlleve a la terminación definitiva de contratos de trabajo y cierre de empresas durante la vigencia de la emergencia sanitaria nacional, lo anterior en concordancia con lo dispuesto por la Organización Internacional del Trabajo el 18 de marzo del 2020, donde invitó a los Estados a implementar medidas tendientes a proteger el trabajo, habida cuenta, que los estragos de la economía no pueden ser asumidos por el trabajador, debido a que quebrantaría el equilibrio contractual entre las partes de la relación laboral; viene a conocimiento que la empresa no acredita que efectivamente haya utilizado todos los medios dispuestos por el Gobierno Nacional para resistir la crisis generada por la pandemia covid-19, solamente se limita en el escrito de contestación de demanda a señalar que se acogió y pagó L. 2,000.00 a cada uno de los despedidos sin aportar ningún elemento de prueba, de lo que se concluye que no basta expresar lo que se hizo, sino demostrar con prueba idónea sus afirmaciones y a los autos no corre agregada prueba que acredite los hechos en que funda la defensa; en el sub judice, es visto que la disolución laboral se produjo por voluntad del patrono el 1 de agosto del 2020, en aplicación del artículo 111 numeral 6) del Código del Trabajo, notificando que daba por terminada la relación de trabajo sin responsabilidad de su parte, ofreciéndoles en ese mismo acto el pago de los derechos adquiridos y la reserva laboral, argumentando la crisis y emergencia nacional que afecta al país y que ha obligado al cierre temporal de la empresa; además fundamenta la decisión en los decretos ejecutivos PCM 20-2020 y PCM 21-2020 que decretan toques de queda desde el 15 de marzo del 2020 y por no tener respuesta de las autoridades fecha estimada para que termine la pandemia; asimismo, viene a conocimiento del tribunal que los demandantes previo al despido fueron suspendidos sus contratos de trabajo por 120 días comprendidos desde el 31 de marzo del 2020, bajo el argumento de la crisis y emergencia nacional; del análisis del material fáctico y probatorio incorporado al proceso, de las posiciones asumidas por las partes y de conformidad a los principios que rigen la valoración de la prueba en materia laboral, resulta parcialmente atendible el argumento de la representante procesal actora, pues tratándose del despido injusto como se ha dejado establecido, el patrono debe pagar a título de daños y perjuicios los salarios que los trabajadores habrían percibido desde la fecha en que se produjo la terminación del contrato, hasta la fecha en que la sentencia condenatoria sea firme, mas no es posible obligar a la accionada al pago de los 120 días de la suspensión al no estar resuelta la autorización por parte de la autoridad administrativa; e inatendibles los argumentos del demandado en cuyo caso, se estima procedente reformar la sentencia definitiva impugnada por ambas partes. 5. Mediante auto de fecha 12 de enero del 2022, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado JACOBO MEJÍA OLIVERA, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil OPERADORA DE HOTELES AMÉRICA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha 28 de octubre del 2022, compareció ante este Tribunal el Abogado JACOBO MEJIA OLIVERA, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de fecha 28 de octubre del 2022, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 23 de noviembre del 2022 se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por la Abogada ALBA SUYAPA VALLADARES LOPEZ, en condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado Roy Pineda Castro, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I.- El acceso a la justicia constituye el derecho fundamental que tiene toda persona natural o jurídica para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial. II.- Por lo anterior, toda persona tiene el derecho de poder ejercitar o promover las acciones que estime pertinentes en defensa de sus derechos y derivado de ello, de obtener una respuesta del órgano jurisdiccional, previo a seguirse el debido proceso, resolución que deberá ser congruente, motivada, imparcial y apegada al ordenamiento jurídico y a los principios generales del derecho laboral. III.- En línea con lo anterior, el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo, debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente". IV.- Asimismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además, es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden. V.- Respecto a ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia de fondo del 5 de octubre de 2015, dictada en el caso Ruano Torres y otros Vs. El Salvador, Serie C No. 30319 151, estableció sobre el debido proceso: “La Corte ha señalado que el derecho al debido proceso se refiere al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado, adoptado por cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que pueda afectarlos.- El debido proceso se encuentra, a su vez, íntimamente ligado con la noción de justicia, que se refleja en: i) un acceso a la justicia no sólo formal, sino que reconozca y resuelva los factores de desigualdad real de los justiciables, ii) el desarrollo de un juicio justo, y iii) la resolución de las controversias de forma tal que la decisión adoptada se acerque al mayor nivel de corrección del derecho, es decir que se asegure, en la mayor medida posible, su solución justa.” VI.- Por lo que, las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate así como la motivación deberá incidir en los distintos elementos facticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón. VII.- Y siendo que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la Ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. VIII.- De conformidad al principio dispositivo este Tribunal de Casación solo podrá decidir en relación con los pronunciamientos que haya sido recurridos por las partes y estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente, y, en su caso, por la cuestión de derecho a que se refiere la impugnación. No obstante, lo anterior, y de conformidad a la Ley, deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no se hubieren denunciado por el recurrente, con el fin de lograr la enmienda de la aplicación e interpretación de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso. IX.- En cumplimiento a la obligación legal antes citada, se procedió a la revisión de la sentencia definitiva pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, observándose que el Ad-quem, en su sentencia de fecha tres de noviembre de dos mil veintiuno, resolvió referente a un recurso de apelación interpuesto, a su parecer, por la parte Demandante. Escrito que, conforme a la resolución firme de fecha nueve de septiembre de dos mil veintiuno, que corre a folio 220 de la primera pieza de autos, fue declarado Sin Lugar debido a que la parte Apelante (Abogada Alba Suyapa Valladares) no formaba parte del proceso. En razón de lo anterior, el fallo emitido por el Ad-quem, no debió haber considerado los alegatos planteados en la Audiencia de Alegaciones, ya que no consta ninguna documentación en la que la Abogada Alba Suyapa Valladares haya revocado la representación procesal del Abogado Luis Fernando Gutiérrez Valladares y, por ende, reasumido la representación de la parte Demandante. Por lo anterior, el fallo del Ad quem se encuentra desprovisto de congruencia, pues toma en consideración alegaciones vertidas por una persona que desde la primera instancia no forma parte del juicio. En atención a ello, al declarar “Parcialmente Ha Lugar” el recurso de apelación de esa otra parte ajena al juicio, resuelve respecto de alegaciones que no fueron oportunamente deducidos en el pleito ante la segunda instancia, violentando con ello, garantías constitucionales como ser el debido proceso y el derecho de defensa de la contraparte, consignados en los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, así como el Artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Adicional a estas garantías, se violentan los Artículos 85 y 86 del Código Procesal Civil, en donde claramente se establece cómo puede reasumirse un poder y cómo se entiende que ha sido revocado tácitamente. No encontrándose dentro de dicha revocación tácita la circunstancia ocurrida en el presente juicio, ya que, tampoco corre agregada documentación en la Pieza de la Segunda Instancia, en la que se nombre a la Abogada Alba Suyapa Valladares por parte de los Demandantes. X. De lo anteriormente expuesto y, en atención a la protección judicial que debe imperar en cuanto a un debido proceso, responsabilidad primaria y convencional que corresponde a los órganos jurisdiccionales, así como a la obligatoriedad de resolver conforme a las pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito, el fallo emitido por el Ad-quem carece de congruencia y vulnera las normas esenciales que rigen la postulación procesal, infringiendo los Artículos 206, 208 y 212.4 del Código Procesal Civil, al analizar alegatos vertidos por un Apelante que no forma parte del juicio, pero sobre todo al fundamentar su reforma a la sentencia de primera instancia, en dichos alegatos. Causando con ello una indefensión para el Demandado, quien es el único Apelante del juicio. XI. Con base a lo establecido en el artículo 726 del código del Trabajo, así como el artículo 8 del Código Procesal civil, referente a la celeridad procesal deberá el Ad Quem, resolver de forma prioritaria dicha nulidad por ser un juicio que ya ha sido de conocimiento y estudio procurando brindar una pronta respuesta a las partes procesales. XII. Por lo que, este Tribunal, con el objeto de lograr la enmienda de la aplicación e interpretación de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso, concluye procedente aplicar lo establecido en el Artículo 858 del Código de Trabajo en relación con los Artículos 212.4 y 214.1 del Código Procesal Civil, para que el Ad Quem, proceda a reponer las actuaciones al estado que tenían cuando se cometió la falta, debiendo sustanciarse de conformidad a lo que en Derecho corresponda. XIII.- Por las razones antes expuestas, es procedente declarar la Nulidad de la sentencia recurrida, para que el Ad quem proceda de conformidad a Derecho. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 59, 60, 82, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5), 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1, 8.2. h) 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 112, 113, 666 letra c), 776, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200, 206, 208, 212 y 214 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. Resuelve: Declarar La Nulidad de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, de fecha tres de noviembre de dos mil veintiuno, visible a folios 19 al 28 de la segunda pieza. Y Manda: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a Derecho. Redactó el Magistrado Roy Pineda Castro. NOTIFÍQUESE . FIRMA Y SELLO. ROY PINEDA CASTRO. MAGISTRADO COORDINADOR.- ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. MAGISTRADA.- ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA.- MAGISTRADA.- FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. SECRETARIO SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de agosto del dos mil veintitrés; certificación de la sentencia de fecha trece de abril del dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Casación número CL534-2021. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. SECRETARIO SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.