Sentencia CL-530-21 — Registro 17165
Resumen
La segunda instancia confirma la sentencia de primera instancia donde declara CON LUGAR la demanda, CONDENA a pagar reconocimiento del incremento salarial, y al pago de reajuste o complemento de prestaciones e indemnizaciones laborales consistente en preaviso; auxilio de cesantía; auxilio de cesantía proporcional; vacaciones proporcionales, décimo tercer mes proporcional; vacaciones proporcionales y bonificación de vacaciones, la sala de lo laboral declara sin lugar el recurso.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
...´´Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) la norma sustantiva señalada es el artículo 53 párrafo 1) del Código de Trabajo misma que no ostenta el carácter de norma sustantiva según lo establecido en el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce y consagra correlativamente derechos y obligaciones o extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa, por lo anteriormente expuesto el articulo señalado por el Recurrente es conceptual determinando lo que es un contrato colectivo de trabajo, volviendo ineficaz su ataque; Y, b) para que se configure el error de hecho alegado, por un lado, no basta señalar un medio de prueba determinado, sino que es necesario relacionar el mismo con la prueba en su conjunto, para así poder determinar que el Tribunal recurrido haya incurrido o no en una violación a la Ley, y por otro, que debe ser ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos, pero en circunstancias dudosas, los Tribunales quedan en libertad de decidirse en caso tal por el extremo que, a su juicio, consideren mejor demostrado; en este caso, al revisarse la situación jurídica planteada se advierte que el Tribunal recurrido al confirmar el fallo de primera instancia, hizo suyos los argumentos del Juez A-Quo, observándose que se realizó el análisis y valoración de todo el material probatorio allegado al juicio...´´
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
...´´Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente caso, donde la situación planteada ya ha sido resuelta en el momento procesal oportuno por el A Quo y confirmado por el Tribunal de apelación lo constituye en un objeto de litigio ya dirimido y agotadas sus instancias, por darse una terminación por mutuo consentimiento pagándole todos los conceptos acordados sin violación de algún derecho laboral si no para beneficio del trabajador, sin embargo estudiado el caso en examen, este Tribunal no estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria...´´
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Civil, art. 1589 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
...´´Que si bien es cierto, la PRESCRIPCIÓN es un medio de librarse de una obligación impuesta por el Código de Trabajo o que sea consecuencia de la aplicación del mismo, la misma opera mediante el transcurso de cierto tiempo y condiciones, que hacen indispensable determinar el día o fecha en que la misma se inicia y tener la certeza en la que termina, y cumplidos estos requisitos indubitados pueda ser puesta en el momento procesal oportuno como excepción por parte del demandado, y se determine de esta manera de forma clara y precisa, partiendo del acaecimiento o conocimiento de un hecho cierto y determinado, debiéndose diferenciar si la misma opera en su condición de ser adquisitiva de un derecho o liberatoria de una obligación o acción; y en todo caso, su procedencia o estimación tiene como fundamento el interés público y la paz social.- Se establece para fines jurisprudenciales que el criterio de la sala es que opera la prescripción a los dos años en base a lo establecido en el artículo 39 y 43 de la Ley de salario mínimo, para el reclamo de reajuste salarial y prestaciones, relacionado con el artículo 2295 numeral 2) del Código Civil, en virtud que al no tener un plazo establecido en la legislación laboral, se aplica supletoriamente...´´
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley del Salario Mínimo, art. 39 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley del Salario Mínimo, art. 43 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN.
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., diecinueve de abril de dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha uno de noviembre del dos mil veintidós, por la Abogada DIANA MELISSA PINEDA SALGADO, en su condición de representante procesal del señor LUIS ALONZO TORRES GARCIA, como recurrente; además es parte recurrida, la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE), representada en juicio por la Abogada JUNY LORENA SALMERON CARIAS. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el pago de reajuste o complemento de prestaciones e indemnizaciones laborales, como ser preaviso, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones proporcionales, décimo tercer mes en concepto de aguinaldo proporcional, décimo cuarto mes de salario en concepto de compensación social proporcional y bonificación por vacaciones, más el pago de reajuste de salario por aumento aprobado en la cláusula 51 numeral 6 párrafo ultimo del contrato colectivo vigente suscrito entre la ENEE y el Sindicato de Trabajadores de la misma referente al ajuste salarial equivalente al porcentaje del índice inflacionario de conformidad a las estadísticas del Banco Central de Honduras, años 2014, 2015, 2016 y 2017, pago del complemento del salario base promedio mensual conforme a la cláusula 72 en relación a la cláusula 53 del contrato colectivo referente al pago de completo de bonificación de vacaciones, antes citado, conceptos que no fueron tomados en cuenta para efecto de pago de prestaciones, más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha siete de marzo del dos mil dieciocho, por el señor LUIS ALONZO TORRES GARCIA, mayor de edad, casado, Licenciado Infieri en Derecho, hondureño y de este domicilio, contra la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) por medio de su Gerente General y Representante Legal, el señor JESÚS ARTURO MEJIA ARITA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha tres de septiembre del dos mil veintiuno, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha dieciséis de enero del dos mil veinte, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: I) Declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida el señor LUIS ALONZO TORRES GARCIA, Contra la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) por medio de su Gerente General y Representante Legal, el señor JESÚS ARTURO MEJIA ARITA en cuanto al reconocimiento del incremento salarial contemplado en la cláusula 51 del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre la ENEE/STENEE; en consecuencia, II) CONDENA la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) por medio de su Gerente General y Representante Legal, el señor JESÚS ARTURO MEJIA ARITA, a pagar la cantidad de CIENTO SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS (L. 106,822.73) en reconocimiento del incremento salarial contemplado en la cláusula 51 del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre la ENEE/STENEE AÑO 2014: ajuste de salario: L.9,324.00; ajuste de Décimo tercer mes: L.777.00; ajuste de Décimo cuarto mes: L. 777.00; ajuste de Vacaciones: L. 1,319.18; SUB TOTAL: L. 12,197.18; AÑO 2015: ajuste de salario: L.20,891.64; ajuste de Décimo tercer mes: L. 1,7040.97; ajuste de Décimo cuarto mes: L. 1,740.97; ajuste de Vacaciones: L.2,989.38; SUB TOTAL: L. 27,362.99; AÑO 2016: ajuste de salario: L. 27,259.80; ajuste de Décimo tercer mes: L. 2,271.65; ajuste de Décimo cuarto mes: L. 2,271.65; ajuste de Vacaciones: L.29,361.72; SUB TOTAL: L. 61,164.82; AÑO 2017: ajuste de salario de enero y febrero: L. 6,097.74; al señor LUIS ALONZO TORRES GARCIA; III) Declarando SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por el señor LUIS ALONZO TORRES GARCIA, Contra la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) por medio de su Gerente General y Representante Legal, el señor JESÚS ARTURO MEJIA ARITA para el pago de reajuste o complemento de prestaciones e indemnizaciones laborales consistente en preaviso; auxilio de cesantía; auxilio de cesantía proporcional; vacaciones proporcionales, décimo tercer mes proporcional; vacaciones proporcionales y bonificación de vacaciones, pago de complemento del salario base promedio mensual conforme a la cláusula 72 en relación a la cláusula 53 del contrato colectivo referente al pago completo de bonificación de vacaciones y el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha de la terminación de la relación laboral hasta que con sujeción de las normas procesales quede firme la sentencia; en consecuencia, IV) ABSUELVE la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) por medio de su Gerente General y Representante Legal, el señor JESÚS ARTURO MEJIA ARITA, a pagar al señor LUIS ALONZO TORRES GARCIA, en concepto de pago de reajuste o complemento de prestaciones e indemnizaciones laborales consistente en preaviso; auxilio de cesantía; auxilio de cesantía proporcional; vacaciones proporcionales, décimo tercer mes proporcional; vacaciones proporcionales y bonificación de vacaciones, pago de complemento del salario base promedio mensual conforme a la cláusula 72 en relación a la cláusula 53 del contrato colectivo referente al pago completo de bonificación de vacaciones y el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha de la terminación de la relación laboral hasta que con sujeción de las normas procesales quede firme la sentencia; V) Declarar SIN LUGAR la EXCEPCION PERENTORIA DE PAGO Y LA EXCEPCION PERENTORIA DE PRESCRIPCION planteada por la parte demandada. VI. Declarando SIN LUGAR las COSTAS…”. ANTECEDENTES DE HECHO. 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que inicio la relación laboral con la ENEE en fecha 15 de noviembre del 2006, en el cargo de Analista Instructor, devengado un salario de L.21,641.76; en fecha 28 de agosto del 2017 el demandante firmó con la demandada un acta de terminación de su contrato de trabajo por mutuo acuerdo, mediante el cual se le reconoce el pago del 100% de las prestaciones e indemnizaciones laborales; que el contrato colectivo vigente suscrito entre ENEE y STENEE, manda en su cláusula 51, numeral 6 último párrafo que: “Las partes convienen en continuar aplicando en forma automática a partir del mes de enero del 2014 a todos los empleados permanentes un ajuste salarial equivalente al porcentaje del índice Inflacionario del año anterior de conformidad con las estadísticas oficiales del Banco Central de honduras, sin perjuicio que los aumentos salariales que sean negociados en la siguiente contratación colectiva"; en tal sentido se le tuvo que dar en el año 2014 un ajuste salarial del 4.92% anual y para el año 2015 un ajuste salarial del 5.82%, 2016 un ajuste salarial del 2.36% y 2017 un ajuste salarial del 3.30%, conforme al índice inflacionario declarado por el Banco Central de Honduras, mismo que se debió y debería verse aplicado en su salario, así como en el décimo tercer, décimo cuarto mes y bono de vacaciones, sin embargo a la fecha de la terminación de la relación laboral no había recibido tales incrementos, a pesar que dicha cláusula manda que debe de aplicarse el ajuste de forma automática, mientras no haya otro contrato colectivo; que la demandada procedió a realizar su cálculo de las prestaciones e indemnizaciones, mismo que fueron calculadas únicamente por la cantidad de L.396,782.05, valor que está incorrecto e incompleto restringiéndose los derechos al demandante, ya que al momento de calcular los valores que le correspondían se realizaron sin tomar en cuenta el incremento salarial establecido en la cláusula 51, numeral 6 último párrafo del contrato colectivo vigente suscrito entre ENEE y STENEE, referente al ajuste salarial equivalente al porcentaje del índice inflacionario de conformidad a las estadísticas del Banco Central de Honduras, que da como resultado que al momento de la terminación de la relación laboral el salario en base con el cual se debió hacer el cálculo de prestaciones e indemnizaciones laborales era por la cantidad de L. 25,407.93 y un salario promedio mensual de L. 33,630.61, ni se le incluyó el valor total recibido en monetario o sea el 100% de la bonificación de vacaciones (salario Extraordinario) según cláusula 72 del contrato colectivo, en relación a la cláusula 53 bono de vacaciones del referido contrato colectivo, correspondiente al año 2015, sino que la ENEE los calculó en base al 50% del promedio mensual por la bonificación de vacaciones, por lo que el cálculo es incompleto; dando por agotado el trámite administrativo correspondiente en fecha 18 de enero de 2018. 2. La parte demandada, la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE), contestó dicha demanda señalando que el pago de las prestaciones laborales que le fueron reconocidas al demandante fue conforme a derecho, pues el mismo fue autorizado por la ENEE, en su condición de patrono, en armonía con el mandato establecido en los articulo 111 numeral 2) y 120 literal d) del Código de Trabajo, con especial mención, que en el acta de terminación de la relación laboral por mutuo consentimiento de las partes (patrono/trabajador), aunado a que el demandante, exonerara de toda responsabilidad laboral pasada, presente y futura al centro de trabajo Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), situación que conlleva que son improcedentes los derechos laborales a que se contrae la presente demanda laboral. El demandante pretende que se le paguen salarios dejados de percibir, concepto con lo cual, además de constituir un acto bajo e insólito, no tiene ningún asidero legal, ya que el artículo 113 del Código de Trabajo instaura paladinamente que dicha indemnización solamente procede cuando el trabajador es despedido sin causa justificada, de forma ilegal e injusta, lo cual no ocurrió en el caso de marras, ya que ambas partes decidieron dar por terminada la relación laboral por mutuo consentimiento. Igualmente, el pago de los demás conceptos que exige el trabajador es completamente improcedente, especialmente la pretensión del acto de que se les aplique la cláusula 72 del contrato colectivo vigente de la empresa, ya que la misma solamente procede cuando se da un retiro voluntario, es decir, una renuncia unilateral e irrevocable, pero en este caso lo que se dio fue una terminación por mutuo consentimiento; es importante resaltar que al demandante no le asiste el derecho de exigir el pago del ajuste o complemento de cantidades reclamadas con la presente acción, las cuales ya fueron honradas por la ENEE. 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciséis de enero del dos mil veinte, dictó sentencia que, en su parte conducente, dice: “FALLA: I) Declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida el señor LUIS ALONZO TORRES GARCIA, Contra la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) por medio de su Gerente General y Representante Legal, el señor JESÚS ARTURO MEJIA ARITA en cuanto al reconocimiento del incremento salarial contemplado en la cláusula 51 del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre la ENEE/STENEE; en consecuencia, II) CONDENA la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) por medio de su Gerente General y Representante Legal, el señor JESÚS ARTURO MEJIA ARITA, a pagar la cantidad de CIENTO SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS (L. 106,822.73) en reconocimiento del incremento salarial contemplado en la cláusula 51 del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre la ENEE/STENEE AÑO 2014: ajuste de salario: L.9,324.00; ajuste de Décimo tercer mes: L.777.00; ajuste de Décimo cuarto mes: L. 777.00; ajuste de Vacaciones: L. 1,319.18; SUB TOTAL: L. 12,197.18; AÑO 2015: ajuste de salario: L.20,891.64; ajuste de Décimo tercer mes: L. 1,7040.97; ajuste de Décimo cuarto mes: L. 1,740.97; ajuste de Vacaciones: L.2,989.38; SUB TOTAL: L. 27,362.99; AÑO 2016: ajuste de salario: L. 27,259.80; ajuste de Décimo tercer mes: L. 2,271.65; ajuste de Décimo cuarto mes: L. 2,271.65; ajuste de Vacaciones: L.29,361.72; SUB TOTAL: L. 61,164.82; AÑO 2017: ajuste de salario de enero y febrero: L. 6,097.74; al señor LUIS ALONZO TORRES GARCIA; III) Declarando SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por el señor LUIS ALONZO TORRES GARCIA, Contra la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) por medio de su Gerente General y Representante Legal, el señor JESÚS ARTURO MEJIA ARITA para el pago de reajuste o complemento de prestaciones e indemnizaciones laborales consistente en preaviso; auxilio de cesantía; auxilio de cesantía proporcional; vacaciones proporcionales, décimo tercer mes proporcional; vacaciones proporcionales y bonificación de vacaciones, pago de complemento del salario base promedio mensual conforme a la cláusula 72 en relación a la cláusula 53 del contrato colectivo referente al pago completo de bonificación de vacaciones y el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha de la terminación de la relación laboral hasta que con sujeción de las normas procesales quede firme la sentencia; en consecuencia, IV) ABSUELVE la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) por medio de su Gerente General y Representante Legal, el señor JESÚS ARTURO MEJIA ARITA, a pagar al señor LUIS ALONZO TORRES GARCIA, en concepto de pago de reajuste o complemento de prestaciones e indemnizaciones laborales consistente en preaviso; auxilio de cesantía; auxilio de cesantía proporcional; vacaciones proporcionales, décimo tercer mes proporcional; vacaciones proporcionales y bonificación de vacaciones, pago de complemento del salario base promedio mensual conforme a la cláusula 72 en relación a la cláusula 53 del contrato colectivo referente al pago completo de bonificación de vacaciones y el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha de la terminación de la relación laboral hasta que con sujeción de las normas procesales quede firme la sentencia; V) Declarar SIN LUGAR la EXCEPCION PERENTORIA DE PAGO Y LA EXCEPCION PERENTORIA DE PRESCRIPCION planteada por la parte demandada. VI. Declarando SIN LUGAR las COSTAS…”. Bajo el criterio que, haciendo un análisis de las pruebas allegadas al juicio y los argumentos de ambas partes, consta que la parte demandada al suscribir el contrato colectivo del periodo 2011-2013 vigente hasta la fecha, se acordó en su cláusula 51 del contrato colectivo de condiciones de trabajo: "...CLAUSULA 51. INCREMENTOS SALARIAL Y SALARIO MÍNIMO. Las partes conviene los siguientes incrementos: ...6) La ENEE continuará implementando el sistema de clasificación de puestos, sueldos y salarios, lo que permitirá racionalizar la nueva jerarquía de funciones en atención al grado de tecnicidad y/o responsabilidad de funciones asignada a cada empleado. Las partes convienen en continuar aplicando en forma automática a partir del mes de enero del año 2014 a todos los empleados permanentes, un ajuste salarial equivalente al porcentaje del índice Inflacionario del año anterior de conformidad con las estadísticas oficiales del Banco Central de Honduras, sin perjuicio de los aumentos salariales que sean negociado en la siguiente contratación colectiva...”, por lo que analizados los historiales de pago realizados al demandante en los años 2014, 2015, 2016 y 2017, por lo que siendo el contrato colectivo todo convenio escrito relativo a las condiciones de trabajo y empleo celebrado entre un patrono, un grupo de patronos o una o varias organizaciones de patronos, por un parte, y, por otra, una o varias organizaciones de trabajadores, los representantes de los trabajadores de una o más empresas o grupo de trabajadores asociados transitoriamente y que las mismas una vez suscrito es de obligatorio cumplimiento para ambas partes, se acreditó en autos que la parte demandante devengo la cantidad de L. 15,000.00 en los años 2014, 2015, 2016 a febrero del 2017; por lo que resulta evidente que la parte demandada no aplicó lo incrementos acordados, es criterio del que se ha probado por la parte demandante, la violación del convenio suscrito por parte del patrono al no aplicar los incrementos salariales durante los años 2014, 2015 y 2016. En el año 2017 se le aplicó un salario de L.21,641.76 a partir del mes de marzo según los históricos de pago realizados por la demandada, asimismo, no acreditó fehacientemente que la cantidad pagada incluía los incrementos salariales ni en que concepto de la modificación del salario. En consecuencia, se declara con lugar la demanda de mérito sobre el pago de reajuste de salario correspondiente a los años 2014, 2015, 2016 a febrero del 2017, de la manera siguiente: año 2014: 5.18%; año 2015: 6.11%; año 2016: 3.17% y año 2017: 4.5%; quedando reajustado el salario a L. 18,048.87. Que la parte demandante solicita el pago de complemento de prestaciones e indemnizaciones laborales, por lo que constando en autos que la parte demandante devengaba en el año 2014 un salario de L. 15,000.00 y en el mes de marzo del 2017 se le aplicó incremento un salario de L. 21,641.76, que equivale al 44.30% de incremento de salario, por lo que realizando la operación aritmética del ajuste de salario de conformidad al salario devengado en el 2014 más incrementos del índice Inflacionario de conformidad a la cláusula 51 del Contrato colectivo resulta un salario de L.18,048.87 al año 2017; por lo que se acredita por la parte demandada que las prestaciones e indemnizaciones laborales fueron pagadas con un salario superior al que le correspondía al demandante de conformidad a los incrementos del Contrato Colectivo; mientras que la parte demandante no acreditó fehacientemente la falta cometida por el patrono al momento de efectuar el cálculo; por consiguiente se declara sin lugar el reajuste de prestaciones e indemnizaciones laborales. Que la parte demandante también solicita el pago del complemento de salarios base promedio mensual conforme a la cláusula 72 en relación a la cláusula 53 del contrato colectivo referente al pago de bonificación de vacaciones; consta el ejemplar del contrato colectivo vigente de la institución demandada, en la cual consta que en la cláusula 53 se establece la forma gradual del reconocimiento del concepto de vacaciones y la Cláusula 72 se establecido la forma de pago de auxilio de cesantía, por lo que luego de la revisión de la cláusulas antes relacionada, no se encuentra contemplado que el pago de bonificación de vacaciones se pagaría en base a un salario promedio ni de pago completo del concepto en caso de prestaciones e indemnizaciones laborales, y siendo que la parte demandante no aportó más prueba durante el proceso que acredite su petición y constando en autos que al momento de elaborar el cálculo de prestaciones e indemnizaciones laborales la parte demandada reconoció el pago de dicho concepto, por lo que, es procedente declarar SIN LUGAR esta pretensión; la parte demandante igualmente solicita el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha de la terminación de la relación laboral hasta que con sujeción de las normas procesales quede firme la sentencia, que de conformidad al artículo 129 de la Constitución de la República relacionada con el 113 del Código de Trabajo el pago del concepto de salario dejados de percibir se realiza en reconocimiento de indemnización de daños y perjuicios por un despido injustificado por parte del patrono y constando en autos que la relación laboral que unía al demandante con la demandada finalizó por acuerdo de mutuo consentimiento, no le corresponde dicha indemnización, por consiguiente es procedente declarar SIN LUGAR esta pretensión; en cuanto a la Excepción de Pago, es importante relacionar de acuerdo a la legislación civil que establece su artículo 1422: "Que se entenderá pagada una deuda, cuando completamente se hubiese entregado la cosa o hecho la prestación en que la obligación consistía"; consta que la parte demandada indica que ha cumplido con el pago de sus derechos laborales para con el demandante, en su totalidad y conforme a ley; la parte demandada indica que su pretensión es el complemento de prestaciones por haberse pagado sin el reconocimiento de los ajustes salariales correspondiente a los años 2014, 2015, 2016 y 2017 de conformidad a la Cláusula 51 del Código de Trabajo; que si bien, consta en autos que la parte demandada canceló a la demandante el pago de sus derechos laborales; no es menos cierto, que no se acreditó que dicho pago incluía los ajustes de los años 2014, 2015, 2016 solicitados por la parte demandante en el presente juicio; en consecuencia, se declara SIN LUGAR la Excepción Perentoria de Pago planteada por la parte demandada; en relación a la Excepción Perentoria de Prescripción planteada, que si bien es cierto, se firmó acuerdo de mutuo consentimiento en fecha 28 de agosto del 2018, no es menos cierto que consta en autos que la empresa demandada realizó el depósito en la cuenta bancaria del demandante el 27 de octubre del 2017; que el demandante instauró el agotamiento de la vía administrativa gubernativa el 19 de diciembre del 2017, dándose por agotada el 19 de diciembre del 2017, presentando su demanda ante esta judicatura el 7 de marzo del 2018, resultando que la demandante presentó su demanda dentro del término de dos (2) meses que otorga la ley; consecuentemente, se declara SIN LUGAR la Excepción Perentoria de Prescripción planteada por la parte demandada. 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha tres de septiembre del dos mil veintiuno, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que la jurisdicción del trabajo esta instituida para decidir los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente del contrato de trabajo; el contrato colectivo de trabajo, es un tipo peculiar de contrato celebrado entre un sindicato y un empleador y regula todos los aspectos de la relación laboral (salarios, jornada, descansos, vacaciones, licencias, condiciones de trabajo, capacitación profesional, régimen de despidos, definición de las categorías profesionales), así como determinar reglas para la relación entre los sindicatos y los empleadores (representantes en los lugares de trabajo, información y consulta, cartelera sindical, licencias y permisos para los dirigentes sindicales, etc.); y se aplica a todos los trabajadores del ámbito. Que de la actividad probatoria que obra en la primera pieza de autos, se considera que no fue incluido en el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales que se le hiciera al demandante los Derechos por ajuste salarial según cláusula 51 del Contrato Colectivo conforme al índice inflacionario (IPC) del Banco Central de Honduras para los años 2014 al 2017; lo cual indica que la ENEE no ha pagado en su totalidad las prestaciones e indemnizaciones laborales del demandante. En relación al recurso de apelación interpuesto por la Abogada Diana Melissa Pineda Salgado, esta Corte de Apelaciones considera improcedente la solicitud de que el demandado debió calculársele un salario para el año 2017 de L. 22,615.63 y un salario promedio mensual de L. 30,154.18, ya que lo que se pretendía era el pago de reajuste por índice inflacionario, y este reajuste no es aplicable al salario del demandante, ya que el porcentaje de índice inflacionario varía año con año, y por tanto no se puede incluir en el salario promedio mensual. Distinto sería, si este índice inflacionario se hubiera otorgado en el contrato colectivo de forma mensual, y entonces si entraría a formar parte del salario promedio mensual. 5. Mediante auto de fecha siete de enero del dos mil veintidós, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada DIANA MELISSA PINEDA SALGADO, en su condición de representante procesal del señor LUIS ALONZO TORRES GARCIA, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha uno de noviembre del dos mil veintidós, compareció ante este Tribunal la Abogada DIANA MELISSA PINEDA SALGADO, en su condición de representante procesal del señor LUIS ALONZO TORRES GARCIA, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de fecha dos de noviembre del dos mil veintidós, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha siete de diciembre del dos mil veintidós, se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por parte de la Abogada JUNY LORENA SALMERON CARIAS, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente a la Magistrada ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I.-Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II. Que la Abogada DIANA MELISSA PINEDA SALGADO, en su primer y único motivo de casación alega: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de la Ley Sustantiva de orden nacional por infracción directa proveniente de error de hecho por apreciación errónea del medio de prueba denominado exhibición de documentos, mismo que fue evacuado en fecha ocho de mayo del 2022 en audiencia segunda de tramite mediante el cual se constató que a mi representado no se le realizó su cálculo de prestaciones conforme a derecho, en virtud que en ese momento no se le había otorgado los aumentos salariales que manda la cláusula 51 relacionada con la cláusula 72 del Contrato Colectivo vigente suscrito entre la ENEE y el STENEE, mismo que corre agregado a folios 84 relacionados con el folio 98 y del 105 al 107 de la primera pieza de autos. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el Artículo 765 preámbulo, numeral 1°, párrafo segundo del Código de Trabajo. NORMA SUSTANTIVA VIOLADA: La Norma Sustantiva de Orden Nacional violada el articulo 53 párrafo primero del Código del Trabajo en relación con los artículos 127 y 129 de la Constitución de la República y la cláusula 51 párrafo ultimo relacionada con la 53 y 72 del Contrato Colectivo Vigente suscrito entre la ENEE y la STENEE. SINGULARIZACION DE LA PRUEBA: La prueba apreciada erróneamente y que violenta lo que mandan los artículos 738 y 739 del Código de Trabajo en cuanto al análisis de la prueba y la libre formación del convencimiento con el que se debe fundamentar el Ad-quem para emitir su fallo, consiste en la exhibición de documentos, mismo que fue evacuado en fecha ocho de mayo del 2022 en audiencia segunda de tramite mediante el cual, se constató que a mi representado no se le realizó su cálculo de prestaciones conforme a derecho en virtud que en ese momento no se le había otorgado los aumentos salariales que manda la cláusula 51 relacionada con la cláusula 72 del Contrato Colectivo vigente suscrito entre la ENEE y el STENEE, mismo que corre agregado a folios 84 relacionados con el folio 98 y del 105 al 107 de la primera pieza de autos. NORMAS PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIO PARA LA VIOLACIÓN DE LA LEY SUSTANTIVA: Las normas procesales que llevaron a la violación de las normas sustantivas indicadas como violadas son los artículos 738 y 739. DOCTRINA: Para que se configure el error de hecho es necesario: 1) Que exista una mala apreciación de la prueba producida; 2) que esa mala apreciación sea originada por un error de hecho, es decir, respecto de la prueba considerada en sí misma y no con relación a las normas legales que reglamentan la prueba de que se trate; 3) que el error de hecho genere como consecuencia obligada y necesaria la violación de la ley sustantiva; y, 4) que el error de hecho sea manifiesto, o sea, que aparezca en pugna con la evidencia demostrada por la prueba de que se trate. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. Que en el presente caso ha existido un error de hecho por apreciación errónea del medio de prueba documental publico consistente en el la exhibición de documentos, mismo que fue evacuado en fecha ocho de mayo del 2022 en audiencia segunda de tramite mediante el cual se constató que a mi representado no se le realizó su cálculo de prestaciones conforme a derecho en virtud que en ese momento no se le había otorgado los aumentos salariales que manda la cláusula 51 relacionada con la cláusula 72 del Contrato Colectivo vigente suscrito entre la ENEE y el STENEE, mismo que corre agregado a folios 84 relacionados con el folio 98 y del 105 al 107 de la primera pieza de autos; Su señoría, la justificación del porque el Ad-quem declara con lugar el recurso de apelación, es porque aduce en su considerando 12 lo siguiente: “Esta Corte de Apelaciones improcedente la solicitud de que el demandando debió calculársele un salario para el año 2017 de Lps 22,615.63 y un salario promedio mensual de Lps. 30,154.18, ya que lo que se pretendía era el pago de reajuste por índice inflacionario y este reajuste no es aplicable al salario del demandante, ya que el porcentaje de índice inflacionario varía año con año, y por tanto no se puede incluir en el salario promedio mensual.- Distinto sería, si este índice inflacionario se hubiera otorgado en el contrato colectivo de forma mensual y entonces si entraría a formar parte del salario promedio mensual”.- Señores Magistrados, de lo anterior se puede concluir que la sentencia es incongruente entre sí, en donde se puede apreciar que el mismo Ad-quem ratifica el reconocimiento a mi representado de los incrementos del índice inflacionario quedando con un salario al momento de la terminación de la relación laboral de L. 22,615.63, sin embargo ratifica la negativa del A-quo en declarar SIN LUGAR el reajuste de salario y de igual forma los salarios dejados de percibir bajo el concepto de que mi representado tenía un salario mayor al momento del despido, sin embargo, esta apreciación es totalmente errónea, ya que en ningún momento, ni la prueba, ni el criterio legal aplicado puede ir de detrimento de los derechos de los trabajadores y el hecho que no se otorgue al salario junto con el incremento del contrato colectivo que devengaba mi representado en el año 2017, bajo el alegato que era un salario mayor, esta va en contra de los principios del derecho del trabajo. Para efectos de ilustración ustedes Señores Magistrados, en el presente caso el Ad-quem debió ordenar que para efectos del cálculo de prestaciones e indemnizaciones laborales, se debió realizar aplicando el salario que mi representado devengaba en el 2017 por la cantidad de L.21,641.76 y a este valor aplicarle el incremento de 4.5% quedando con un salario de L.22,615.63 y un salario promedio de L.30,154.18, situación que no se dio en el presente caso por la apreciación errónea de la Juez en cuanto al medio de prueba que obra a folio 84, 98, 105 al 107 de la primera pieza de autos tal como se ha venido indicando. Aunado a lo anterior, Siendo que en el presente caso y se hubiesen tomado en cuenta el salario correcto de mi representado para el pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales, se hubiese llegado a la conclusión que dichos conceptos no fueron pagado conforme a derecho y por ende era procedente declarar con LUGAR los salarios dejados de percibir. Nótese la contradicción de la sentencia emitida por el A-quo la cual por un lado se declara sin lugar el pago de reajuste de prestaciones e indemnizaciones laborales y por otro, también se declara SIN LUGAR la excepción de pago, es decir que se reconoce que a mi representado no se le han pagado en su totalidad los conceptos antes referidos, circunstancia que al ser ratificada por el Ad-quem, genera razón suficiente para declarar con lugar el presente recurso. ”. III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) la norma sustantiva señalada es el artículo 53 párrafo 1) del Código de Trabajo misma que no ostenta el carácter de norma sustantiva según lo establecido en el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce y consagra correlativamente derechos y obligaciones o extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa, por lo anteriormente expuesto el articulo señalado por el Recurrente es conceptual determinando lo que es un contrato colectivo de trabajo, volviendo ineficaz su ataque; Y, b) para que se configure el error de hecho alegado, por un lado, no basta señalar un medio de prueba determinado, sino que es necesario relacionar el mismo con la prueba en su conjunto, para así poder determinar que el Tribunal recurrido haya incurrido o no en una violación a la Ley, y por otro, que debe ser ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos, pero en circunstancias dudosas, los Tribunales quedan en libertad de decidirse en caso tal por el extremo que, a su juicio, consideren mejor demostrado; en este caso, al revisarse la situación jurídica planteada se advierte que el Tribunal recurrido al confirmar el fallo de primera instancia, hizo suyos los argumentos del Juez A-Quo, observándose que se realizó el análisis y valoración de todo el material probatorio allegado al juicio. IV. El impetrante alega nulidad subsidiaria la cual aduce que: “En el remoto caso de no prosperar los motivos aquí bien explicados, solicito subsidiariamente se declare la NULIDAD de la sentencia impugnada, la que baso en los términos siguientes: Conforme al principio del debido proceso que regula el artículo 3 del Código Procesal Civil, las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las Leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones, y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada; todo ello conforme a las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, y como antes se relaciona, mediante un procedimiento establecido con el fin de cumplir con el principio de legalidad procesal y formas (artículo 7 CPC), de manera que la ejecución del acto procesal implique la mejor y más rápida consecución de los fines pretendidos por la Ley; en tal sentido, para determinar que se ha garantizado el debido proceso es indispensable analizar en la decisión que se revisa el principio de congruencia, que marca al Juzgador el camino para su decisión y fijan un límite a su poder discrecional. La sentencia del ad-quem violenta a todas luces el principio de legalidad, que en sentencia definitiva dictada por el Tribunal de Apelación en fecha 03 de septiembre del año 2021, se han violentado los principios de debido legalidad y aplicar en todo momento la norma más favorable a favor del trabajador, al haber emitido una decisión sin la suficiente motivación fáctica y jurídica, omitiendo la exhaustividad que llevara a establecer en el fallo sus razonamientos, valoración probatoria y la debida fundamentación jurídica, que de haberlo hecho lo llevaría al convencimiento de la procedencia de la demanda, consecuentemente a declarar CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto en el presente caso. El vicio procesal que conlleva a la nulidad invocada está amparado en el artículo 206.1 del Código Procesal Civil, que regula la claridad, precisión y exhaustividad que debe contener la sentencia, así como el artículo 207 del mismo Código, que determina el deber de motivación en las sentencias, expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho, además, la motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón; circunstancias omitidas en la sentencia recurrida, lo cual violenta el debido proceso al no contener la sentencia sus requisitos internos, también se violenta el derecho a la defensa, al impedir exponer un recurso de nulidad vía casación, por no contener fundamentos sustantivos que regulen la situación jurídica debatida, ya que los citados han sido indicados sin tener vinculación a la cuestión fáctica ocurrida; también se violenta el derecho a la defensa al omitir la valoración de la prueba y por lo tanto limita también el ataque en casación. Es de recordar que con la infracción de una norma procesal, el órgano judicial en el curso del proceso impide a la parte el ejercicio del derecho de defensa, privando o limitando bien su facultad de alegar y justificar sus derechos e intereses para que le sean reconocidos; normas de procedimiento violentadas que impiden hacer valer los derechos del afectado en el recurso de casación que nos ocupa contra la resolución impugnada, lo que pue produce efectiva indefensión y un perjuicio real y efectivo de los intereses del afectado provocada por una indebida actuación del órgano judicial recurrido. Por otra parte, existe incongruencia cuando conforme a lo dispuesto en el artículo 208.1 del Código Procesal Civil, las sentencias no congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito; la sentencias emitidas por el Tribunal Ad Quem buscan la certeza de los hechos jurídicos, por cuanto debe ser claras, precisas y congruentes con la demanda y las pretensiones, por ende debe existir identidad con la sentencia emitida en primera instancia, haciendo relación exacta de la sentencia, como es en el presente caso por lo que deberá existir congruencia entre lo que se pide, lo que se otorga, ya que al omitir esa motivación produce indefensión a las partes e incongruencia en la sentencia, pues existe violación a las normas procesales que acarrean nulidad, y en el presente caso el Tribunal Ad Quem ha emitido una sentencia sin valorar lo que manda el articulo 53 párrafo primero del Código del Trabajo en relación con los artículos 127 y 129 de la Constitución de la República y la cláusula 51 párrafo ultimo relacionada con la 53 y 72 del Contrato Colectivo Vigente suscrito entre la ENEE y la STENEE, asimismo, han existido pronunciamientos que no fueron realizados conforme a derecho y que interpretaron de manera errónea el mandato judicial emitido por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán en la sentencia de fecha tres de septiembre de dos mil veintiuno en el expediente registrado bajo número 13796. Con base a lo anterior queda evidenciado que la sentencia contiene vicios que acarrean nulidad”. V. Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente caso, donde la situación planteada ya ha sido resuelta en el momento procesal oportuno por el A Quo y confirmado por el Tribunal de apelación lo constituye en un objeto de litigio ya dirimido y agotadas sus instancias, por darse una terminación por mutuo consentimiento pagándole todos los conceptos acordados sin violación de algún derecho laboral si no para beneficio del trabajador, sin embargo estudiado el caso en examen, este Tribunal no estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria. VI. Que si bien es cierto, la PRESCRIPCIÓN es un medio de librarse de una obligación impuesta por el Código de Trabajo o que sea consecuencia de la aplicación del mismo, la misma opera mediante el transcurso de cierto tiempo y condiciones, que hacen indispensable determinar el día o fecha en que la misma se inicia y tener la certeza en la que termina, y cumplidos estos requisitos indubitados pueda ser puesta en el momento procesal oportuno como excepción por parte del demandado, y se determine de esta manera de forma clara y precisa, partiendo del acaecimiento o conocimiento de un hecho cierto y determinado, debiéndose diferenciar si la misma opera en su condición de ser adquisitiva de un derecho o liberatoria de una obligación o acción; y en todo caso, su procedencia o estimación tiene como fundamento el interés público y la paz social.- Se establece para fines jurisprudenciales que el criterio de la sala es que opera la prescripción a los dos años en base a lo establecido en el artículo 39 y 43 de la Ley de salario mínimo, para el reclamo de reajuste salarial y prestaciones, relacionado con el artículo 2295 numeral 2) del Código Civil, en virtud que al no tener un plazo establecido en la legislación laboral, se aplica supletoriamente. VII. Que los servidores del Estado, no tienen más facultades que los que expresamente les confiere la Ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad.- Si el servidor público en el ejercicio de su cargo, infringe la ley en perjuicio de particulares será civil y solidariamente responsable junto con el Estado o con la institución estatal a cuyo servicio se encuentre, sin perjuicio de la acción de repetición que éstos puedan ejercitar contra el servidor responsable, en los casos de culpa y dolo.- Consecuentemente es competencia de los órganos fiscalizadores del Estado, velar porque se produzca la responsabilidad de los funcionarios infractores del ordenamiento jurídico. VIII. Por lo anteriormente expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo, así como de la nulidad subsidiariamente solicitada. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2295.2) del Código Civil; 113, 664, 665, 666 literal C, 764, 765, 769, 777, 858 y 865 del Código de Trabajo; 22, 200, 211, 212, 214, 215 y 931 del Código Procesal Civil; 39 y 43 de la Ley de salario mínimo; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia; clausulas 51, 53 y 72 del Contrato colectivo de condiciones de trabajo entre la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) y el Sindicato de Trabajadores de la empresa. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación interpuesto por la Abogada DIANA MELISSA PINEDA SALGADO, en su condición de representante procesal del señor LUIS ALONZO TORRES GARCIA, en su único motivo, así como la nulidad subsidiariamente solicitada.-. 2) Sin Costas. - 3) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución, al órgano de procedencia y remitir certificación al Tribunal Superior de Cuentas para los efectos legales consiguientes. Y MANDA: Que, con la certificación de este fallo, se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ROY PINEDA CASTRO, COORDINADOR, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes agosto del dos mil veintitrés; certificación de la sentencia de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL 530-2021. - OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ, SECRETARIO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.