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Sentencia CL-523-22 — Registro 17505

Resumen

En la Demanda ordinaria laboral para que se reconozca la validez y eficacia jurídica del (ETS), IPC se ordene el pago retroactivo de los salario, reajuste del Pagola primera instancia; declara con lugar la demanda condena al demandado; la segunda instancia Declarar CON LUGAR PARCIALMENTE el recurso REVOCAR EN CUANTO a lo que declara con lugar la demanda y condena al demandado al pago reajuste, la sala de lo laboral, DECLARA NO HA LUGAR dicho recurso

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

...´´Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: No es cualquier error el que conduce a quebrantar el fallo, sino el manifiesto y evidente. Para que se configure la violación de la ley por error de hecho en la apreciación de las pruebas, son necesarios los siguientes requisitos: a) Debe existir una mala o falta de apreciación de la prueba y debe singularizarse. b) Esa apreciación debe ser originada por un error de hecho, es decir, respecto de la prueba aportada en sí misma y no con relación a las normas de derecho; c) Ese error de hecho debe generar como consecuencia obligada y necesaria la violación de la ley sustantiva; d) El error de hecho expresado debe ser manifiesto, o sea que aparezca en pugna con la evidencia demostrada por la prueba de que se trate, como ocurriría si en la sentencia se admite por probado un hecho que en realidad no está demostrado o al contrario. IV. Que la Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional y de índole laboral por infracción indirecta del Articulo 95 párrafo primero numeral 1) del Código del Trabajo derivada de error de hecho en la apreciación errónea de los medios de prueba documental público que obran a Folios 14 al 33 y 175 al 194, documentos que corren agregados a la primera pieza de autos y admitidos a ambas partes, en relación con la prueba en su conjunto, que hizo incurrir al Tribunal Ad-Quem en tal error, que aparece de manifiesto en los autos y que lo llevó de forma indirecta a la violación del Artículo 95 párrafo primero numeral 1) del Código del Trabajo en relación con el Articulo 21 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores Sociales, Articulo 90 del Código Civil y 8 del Decreto Ejecutivo PCM-026- 2014 de 4 de junio de 2014 publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,446 de 06 de junio de 2014. Prueba que a continuación singularizo. Singularización de la Prueba: La prueba apreciada erróneamente es la documental pública que obra a Folios 14 al 33, 175 al 194 de la primera pieza de autos, consistentes en: 1) Las Actas de Cierre de las Diligencias Administrativas Gubernativas Conciliatorias por decisión de las partes de fecha 22 de octubre de 2014 apareciendo como requirentes los demandantes y como parte requerida el IHNFA y de forma solidaria el Estado de Honduras por actuaciones de la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas y de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) (ver Folios 14 al 33); y. 2) Constancias de Existencia de la relación laboral de los demandantes de fecha el 14 de enero de 2016 extendidas por la Comisión Liquidadora IHNFA/SEFIN y con el sello del IHNFA (ver Folios 175 al 194). Normas Procesales que sirvieron de medio para la violación de la Ley Sustantiva de orden nacional contenida en el Artículo 95 párrafo primero numeral 1) del Código del Trabajo en relación con el Artículo 21 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores Sociales, Artículo 90 del Código Civil y 8 del Decreto Ejecutivo PCM-026-2014 de 4 de junio de 2014 publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,446 de 06 de junio de 2014: Las normas procesales que llevaron a la violación de las normas sustantivas indicadas como violadas son los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. Precepto Autorizante: Este motivo de casación está comprendido en el numeral 1) párrafo segundo del Artículo 765 del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DE LA VIOLACIÓN. Se produjo la infracción indirecta del Articulo 95 párrafo primero numeral 1) del Código del Trabajo, por error de hecho en la apreciación errónea de los medios de prueba denominados documentos públicos que obran a Folios del 14 al 33 y del 175 al 194 del Tomo I de la primera pieza de autos, cuando el Ad-Quem, basado en los Considerandos 13, 15, y 16 emite un fallo errado bajo el supuesto que la demanda se presentó contra una persona jurídica que no existía por haberse extinguido en sus funciones. La apreciación errónea de la prueba singularizada en este motivo incide directamente en el fallo en virtud de que en dichos documentos se aprecia que la acción de los demandantes, desde la instancia administrativa, se promovió contra el IHNFA y de forma solidaria contra el Estado de Honduras por actuaciones de la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas y de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF). En la prueba erróneamente apreciada puede verse que: a) el 22 de octubre de 2014, a la instancia administrativa compareció la Apoderada legal del IHNFA y no el Procurador de la República, pese a haber sido citado; y, b) Que la Comisión Liquidadora del IHNFA siguió actuando a través de la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas aun después de la supuesta desaparición del IHNFA, Secretaria que por disposición del Artículo 8 del PCM-026-2014 deviene obligada a pagar el pasivo laboral del IHNFA. Al haber apreciado erróneamente la prueba, y no haberse percatado que los demandantes, desde la vía administrativa, promovieron la acción de forma solidaria contra el IHNFA y contra el Estado de Honduras, incurrió en error de hecho que lo llevó al error manifiesto de afirmar que la demanda se promovió contra una persona jurídica inexistente. De haber apreciado correctamente la prueba, el Ad-Quem habría llegado al convencimiento que la acción promovida contra el Estado de Honduras se encuentra bien dirigida pues: a) se adeudan cantidades a los demandantes derivadas de la aplicación del artículo 21 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores Sociales; b) el Artículo 90 del Código Civil citado por el Ad- Quem para que se extinga la personas jurídica establece que "la existencia de las asociaciones y corporaciones termina por la destrucción de los bienes dedicados a su sostenimiento", lo que no aplica al caso de autos pues el mismo Ad-Quem sostiene que los bienes del IHNFA fueron traspasados a la Secretaria de Finanzas para garantizar la provisión de recursos para pagar pasivo laboral por lo que los bienes no fueron destruidos sino traspasados, c) el Estado de Honduras (y la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas), fue demandado de forma solidaria, es contra él que se siguió el proceso, y continúa existiendo, por cuanto por disposición del mismo Poder Ejecutivo las obligaciones del IHNFA fueron asumidas por el Estado por mandato del Artículo 8 del PCM-026-2014; y, d) al absorber los bienes, obligaciones y pasivo laboral del IHNFA, el Estado de Honduras estaba en la obligación de cumplir lo ordenado Artículo 95, párrafo primero, numeral 1) del Código del Trabajo y proceder al pago de los ajustes salariales por ser una remuneración amparada en Ley. Por lo que la admisión de este segundo motivo.” V. Que el cargo que antecede no resulta admisible ya que el error de hecho, implica conclusiones ostensiblemente contrarias a lo establecido en el juicio, ya sea por falta de apreciación de la prueba o por defectuosa apreciación de la misma, es decir, en los casos en que el juzgador incurra en una manifiesta y evidente equivocación; es importante también señalar, que en los juicios del trabajo los juzgadores gozan de autonomía en la apreciación de las pruebas y que no puede acusarse válidamente en casación esa estimación sino por haberse incurrido con ella en un error de hecho que aparezca de modo evidente, manifiesto e incontrovertible de acuerdo con las constancias procesales, en forma que se dé por establecido un hecho que no lo está o, al contrario, se considere como existente uno que sí está suficientemente acreditado en el juicio. Analizado el caso que nos ocupa, la Impetrante no logra demostrar el error de hecho alegado y tampoco se evidencia ninguna situación que pugne contra el material probatorio aportado y practicado en el juicio, aparte que se formulan alegatos de instancia inoportunos en este extraordinario recurso. VI. Que la Impetrante formula un tercer motivo de casación en el que alega: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional y de índole laboral por infracción indirecta derivada de error de hecho en la apreciación errónea de los medios de prueba documental público admitidos a la parte demandante, agregados a la primera pieza de autos y que obran a Folios 175 al 194 y 354 a 360, en relación con la prueba en su conjunto; error que aparece de manifiesto en los autos y que llevó al Tribunal, de forma indirecta, a la violación del artículo 374 del Código del Trabajo, en relación con el Articulo 128 numeral 4) de la Constitución de la República, Artículo 21 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores Sociales y los Artículos 5 numeral 2) y 8 Decreto Ejecutivo PCM-026-2014 de 4 de junio de 2014 publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,446 de 06 de junio de 2014. Prueba que a continuación singularizo. Singularización de la Prueba: La prueba apreciada erróneamente es la documental que obra a Folios 175 al 194 y 354 a 360 de la primera pieza de autos, consistentes en: 1) Constancias extendidas a los demandantes el 14 de enero de 2016 que acreditan fechas de ingreso y forma de cancelación de la laboral, último sueldo devengado y monto pagado en concepto de prestaciones, extendidas por la Comisión Liquidadora IHNFA/SEFIN y con el sello del IHNFA que corren del Folio 175 al 194; 2) Documentos enviados por el Gerente de Recursos Humanos del IHNFA a los Trabajadores Sociales del IHNFA, a la Directora Regional Centro Oriente del IHNFA, a las Licenciadas Alma Isabel Sosa y Jackeline Midence y al señor Carlos Lombardo Cruz representante del SITRAIHNFA consistentes en a) Memorando No. 190-GRH- 2014 de 12 de junio de 2014 que corre a Folio 354; b) Memorando No. 185- GRH-2014 de 11 de junio de 2014 que corre a Folio 355; c) Nota de 16 de junio de 2014 que corre a Folio 356; 3) Acta Especial de Comparecencia de 17 de junio de 2014 suscrita por la directora Regional Centro Oriente, la Trabajadora Social de Adopciones y Recursos Humanos del IHNFA, que corre Folio 357; 4) Oficio No. 131-DGP-AE de 27 de junio de 2014 enviado por el Sub Secretario de Finanzas y Presupuesto al Apoderado Legal del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Honduras, que corre a Folio 358; 5) Acta de Compromiso de 04 de octubre de 2011 suscrita por el Subsecretario de Finanzas y Presupuesto de la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas, los Secretarios de Estado en los Despachos de Salud, Seguridad, Educación Trabajo y Seguridad Social y la Presidenta del Colegio de Profesionales del Trabajo Social, que corre a Folios 359 al 360. Normas Procesales que sirvieron de medio para la violación de la Ley Sustantiva de orden nacional contenida en el Articulo 128 numeral 4) de la Constitución de la República, Artículo 21 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores Sociales y los Artículos 5 numeral 2) y 8 del Decreto Ejecutivo PCM-026-2014 de 4 de junio de 2014 publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,446 de 06 de junio de 2014: Las normas procesales que llevaron a la violación de las normas sustantivas indicadas como violadas son los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. Precepto Autorizante: Este motivo de casación está comprendido en el numeral 1) párrafo segundo del Artículo 765 del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DE LA VIOLACIÓN. Se produjo la infracción indirecta por error de hecho en la apreciación errónea de los medios de prueba denominados documentos públicos que obran a Folios del 175 al 194 y del 354 a 360 de la primera pieza de autos, ya que el Ad-Quem en el Considerando 16 numeral 3) sostiene de forma errada que al haberse extinguido la persona jurídica demandada no podría ejecutarse la sentencia. La apreciación errónea de la prueba singularizada en este motivo incide directamente en el fallo pues: a) las Constancias que corren agregadas de Folio 175 al 194 fueron extendidas por la Comisión Liquidadora del IHNFA SEFIN el 14 de enero de 2016 con el sello del IHNFA y la demanda fue presentada el 05 de enero de 2015, resultando inocultable que la persona jurídica demanda no se había extinguido al momento de incoar la acción; y, b) con los documentos que corren agregados del Folio 354 a 360 se probó que tanto el IHNFA como solidariamente reconocían la deuda con el Estado de Honduras sus Trabajadores Sociales, afirmando incluso en el Acta Especial de Comparecencia que debido a la transición del IHNFA al DINAF serían las nuevas autoridades quienes haría el análisis de las solicitudes planteadas en relación al IPC de los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, por lo que se trata de una obligación existente, liquida y exigible por parte de los demandantes. La apreciación errónea de la prueba singularizada llevó a la Corte de Apelaciones a negar el carácter de crédito singularmente privilegiado que el Artículo 374 del Código del Trabajo otorga a los créditos de los trabajadores, como lo son los aumentos adeudados a los demandantes derivados del Artículo 21 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores Sociales, en relación con el Artículo 128 numeral 4) de la Constitución de la República; por tanto, tenor de lo establecido en los Artículos 5 numeral 2) y 8 del Decreto Ejecutivo PCM-26-2014 de 4 de junio de 2014 por constituir un pasivo laboral del INHPA, la Comisión Liquidadora del IHNFA/SEFIN estaba en la obligación de pagarlos. De haber apreciado correctamente la prueba, el Ad-Quem habría concluido: a) que por mandato del Estado de Honduras y por actuaciones del mismo Poder Ejecutivo, a los demandantes se le causa un daño injusto; b) como consecuencia, el Estado, por medio de Comisión Liquidadora del IHNFA/SEFIN, está obligado solidariamente al pago de las cantidades adeudadas por ajuste salarial derivado del costo de vida y el índice inflacionario correspondiente al IPC correspondiente al periodo comprendido del 2010 al 2014, según el Artículo 21 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores Sociales. Por lo que procede la admisión de este tercer motivo.” VII. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos, lo cual no aparece demostrado por la Recurrente; b) La prueba singularizada si fue apreciada de forma adecuada en el fallo impugnado, resultando que se le dio una valoración o alcance diferente al que pretende la Impetrante, por lo que es impropio el ataque al mismo por apreciación errónea ; y, c) Formula alegatos propios de instancia. VIII. Que la Censora formula un cuarto motivo de casación invocando lo siguiente: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional en vía directa por interpretación errónea del Artículo 96 párrafo primero numeral 9) del Código del Trabajo en relación con los Artículos 21 de la Ley del de los Trabajadores Sociales, 261 párrafo primero de la Constitución de la República, 42 del Código Civil y con el Artículo 1 del PCM- 026-2014 de 04 de junio de 2014, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,446 de 06 de junio de 2014. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el numeral 1) párrafo primero del Artículo 765 del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DE LA VIOLACIÓN. La interpretación errónea de la Ley tiene lugar cuando el juez aplica la ley que regula el caso, pero la interpreta incorrectamente, se hace una estimación equivocada de su contenido, independientemente de la cuestión de hecho que se trata de regular. El Ad-Quem, en el Considerando 13 de su sentencia, invoca el Artículo 42 del Código Civil para, en los Considerandos 15 y 16 concluir que no existe obligación de pago a los demandantes porque la persona jurídica demandada dejó de existir en virtud del Artículo 1 del Decreto Ejecutivo PCM-026-2014. Tal argumentación la llevó a una interpretación errónea del Articulo 96 párrafo primero, numeral 9) del Código del Trabajo en relación con el Articulo 21 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores Sociales, con el Artículo 42 del Código Civil y con el Artículo 1 del PCM-026-2014. Porque: a) El Artículo 96, párrafo primero numeral 9) del Código del Trabajo prohíbe que se ejecuten actos que vulneren los derechos que otorgan las leyes a los trabajadores; b) El Articulo 21 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores Sociales ordena que cada año las instituciones públicas evalúen y ajusten los niveles salariales del Trabajador Social, fundamentando en el costo de vida y el índice inflacionario anual; c) Al tenor del Artículo 42 del Código Civil "la Ley puede ser derogada total o parcialmente por otra Ley” pero resulta que el Decreto Ejecutivo PCM-026-2014 no tiene rango de Ley. El INHFA fue creado mediante un Decreto Legislativo, por lo que no puede ser suprimido por un organismo Decreto Ejecutivo; d) El Articulo 261 párrafo primero de la Constitución de la República establece que "Para crear o suprimir un organismo descentralizado, el Congreso Nacional resolverá por los (2/3) dos tercios de votos de sus miembros"; e) Al no haberse suprimido mediante Ley, el IHNFAlegalmente no ha desaparecido, por lo que el Estado de Honduras es solidariamente responsable con éste frente a sus trabajadores. Por lo anteriormente expuesto procede que se admita este cuarto motivo de casación.” IX. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón que: a) Olvida la Impetrante que la violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley; y, b) Formula alegatos de instancia. X. Que la recurrente en casación formula un quinto motivo pretendiendo lo siguiente: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional en vía directa por la aplicación indebida del Artículo 96 párrafo primero numeral 11) del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el numeral 1) párrafo primero del Artículo 765 del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DE LA violación. La aplicación indebida de la Ley tiene lugar cuando para solucionar el conflicto se aplica una ley que no es la que corresponde al caso. La pretensión y el hecho controvertido en juicio es el pago del ajuste salarial adeudado y derivado de la aplicación del Estatuto de los Trabajadores Sociales. El Ad-Quem, funda, entre otros, su fallo en el Articulo 96 numeral 11) del Código del Trabajo, que se refiere a la prohibición del patrono de imponer penas o sanciones que no hayan sido autorizadas por las leyes o reglamentos vigentes, norma que no corresponde aplicar al caso concreto, en vista que no forma parte del debate, ni de las pretensiones de demandantes. Por lo anteriormente expuesto procede que se admita este quinto motivo de casación.” XI. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Olvida la Impetrante que la violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley; y, b) En su explicación no se demuestra ni se indica cual es el error incurrido ni cuál es la norma que proceda a aplicar, y formula alegatos de instancia...´´

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

...´´El recurso de casación configura una acción de impugnación que a la vez sirve de guía para la correcta aplicación e interpretación del derecho y es instrumento unificador de la jurisprudencia nacional. En materia de trabajo, la censura puede ser dirigida contra un fallo que hace tránsito a cosa juzgada, dictado por un Tribunal de Apelación, alegándose violación de la Ley o invocándose el principio prohibitivo de la reformatio in pejus, requiriendo dicha acusación de una rigurosa técnica, pues lo que se pretende es la confrontación de una resolución judicial definitiva de segundo grado con la normativa legal sustancial; por ello, la parte litigante que hace uso de esta vía procesal dispositiva y extraordinaria está obligada a romper las presunciones de legalidad y acierto que amparan la decisión recurrida y que derivan del supuesto de la conclusión del debate procesal con el agotamiento de las instancias. Como consecuencia de todo lo anterior, para poder realizarse un estudio de fondo primero se debe revisar si el libelo casacional llena todos los requisitos de forma legales y jurisprudenciales...´´

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 675 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 30 de marzo del 2023, por la Abogada LIANA RODRÍGUEZ VALLADARES, en su condición de representante procesal de los señores JOSÉ JUAN ÁNGEL AGUILAR BANEGAS, FRANCIS MARÍA MENDOZA DÍAZ, ALMA ISABEL SOSA y otros, como recurrentes; además, es parte recurrida, el ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por el Abogado CARLOS BENJAMÍN SANTOS HERNANDEZ. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para que se reconozca la validez y eficacia jurídica del artículo 21 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores Sociales (ETS), en relación al costo de vida y el índice inflacionario anual correspondiente al IPC y en aplicación de dicho artículo se ordene el pago retroactivo de los salarios devengados en los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014; reajuste del pago de vacaciones, decimotercer y decimocuarto correspondientes a dichos años, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 05 de enero del 2015, por la Abogada LIANA RODRÍGUEZ VALLADARES, en su condición de representante procesal de los señores 1) JOSÉ JUAN ÁNGEL AGUILAR BANEGAS; 2) FRANCIS MARÍA MENDOZA DÍAZ; 3) ALMA ISABEL SOSA; 4) JACQUELINE IVETTE MIDENCE RODAS; 5) RITA MARÍA ESPINOZA SALINAS; 6) ANA ARACELY ESTRADA REYES; 7) GLORIA MARIA SALINAS ÁVILA; 8) SANDRA MARENA RIVERA MARTÍNEZ; 9) ADRIANA GUEVARA OSORIO; 10) MARÍA EVANGELINA SÁNCHEZ SIERRA; 11) GRISELDA PATRICIA ROQUE ROJAS; 12) NORMA LIZZETTE GUTIÉRREZ FONSECA; 13) ARACELY MALDONADO ESPINOZA; 14) JOSÉ RAMÓN LUNA SALAS; 15) IGNE ESPERANZA VEGA ALVARADO; 16) MARÍA ELIZABETH HERRERA AGUIRRE; 17) CLAUDIA ISABEL GALEAS RODRÍGUEZ; 18) OLGA MARINA URQUÍA DÍAZ; 19) ROSARIO ARAGÓN MARTÍNEZ; y 20) SOMAY JAMILETH PERALTA DÁVILA, todos mayores de edad, Trabajadores Sociales, hondureños y de este domicilio, contra el INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA (IHNFA), por intermedio de su representante legal en ese entonces el señor FELIPE ARTURO MORALES; y en forma solidaria contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio del Procurador General de la República, en ese entonces Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS y la DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF). El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 30 de mayo del 2022, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, que en su parte conducente dice: “FALLA: I.- Declarar CON LUGAR PARCIALMENTE el recurso de apelación interpuesto por la Abogada BLANCA LIDIA PONCE RAMOS, actuando en su condición de Representante Procesal de la parte demandada-apelante.- II.- REVOCAR EN CUANTO a lo que declara con lugar la demanda y condena al demandado el ESTADO DE HONDURAS a través de su Representante Legal Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en cuanto al pago reajuste de acuerdo al índice inflacionario correspondiente a los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 y condena al pago de la cantidad de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS (L.4.429.931.58) y desglosado en la forma que consta en autos en su parte resolutiva y en los valores que corresponde a cada uno de los demandantes y por los conceptos establecidos por el tribunal de primera instancia, III.- DECLARAR SIN LUGAR LA Demanda Ordinaria Laboral promovida por la Abogada LIANA RODRÍGUEZ VALLADARES, en su condición de Apoderada Legal de los señores JOSÉ JUAN ÁNGEL AGUILAR BANEGAS, FRANCIS MARIA MENDOZA DIAZ, ALMA ISABEL SOSA, JACQUELINE IVETTE MIDENCE RODAS, RITA MARIA ESPINOZA SALINAS, ANA ARACELY ESTRADA REYES, GLORIA M MARIA SALINAS ÁVILA, SANDRA MARENA RIVERA MARTÍNEZ, ADRIANA GUEVARA OSORIO, MARIA EVANGELINA SÁNCHEZ SIERRA, GRISELDA PATRICIA ROQUE ROJAS, NORMA LIZZETTE GUTIÉRREZ FONSECA, ARACELY MALDONADO ESPINOZA, JOSÉ RAMON LUNA SALAS, IGNE ESPERANZA VEGA ALVARADO, MARIA ELIZABETH HERRERA AGUIRRE, CLAUDIA ISABEL GALEAS RODRÍGUEZ, OLGA MARINA URQUÍA DIAZ, ROSARIO ARAGÓN MARTÍNEZ Y SOMAY JAMILETH y PERALTA DÁVILA.- IV.- ABSUELVE al ESTADO DE HONDURAS, través de su Representante Legal, el Señor Procurador General de la República, ABRAHAM ALVARENGA URBINA, para que se les reconozca la validez y eficacia jurídica del Articulo 21 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores Sociales, etc. En relación al costo de vida y el índice inflacionario anual correspondiente al IPC y en aplicación de dicho Artículo se ordene: A) El pago retroactivo de los salarios devengados en los años, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, B) El reajuste del pago de vacaciones, décimo tercer y décimo cuarto correspondientes a dichos años, dictados en la sentencia definitiva por el Juzgado de Letras del Trabajo de este departamento de Francisco Morazán, de fecha 13 de Septiembre del año dos mil dieciocho, que corre a folios del 117 al 121 de la primera pieza de autos así: V.- CONFIRMAR el romano III donde se declara SIN LUGAR las Excepción Perentoria de Prescripción opuesta por el apoderado demandado apelante, y el romano IV.- Donde declara SIN COSTAS.- VI.- Se agrega a esta parte resolutiva que se ABSUELVE de igual forma por actuaciones tanto de la Secretaria de Estado en los Despachos de Finanzas y también de manera solidaria contra la DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF), ente desconcentrado de la Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo e Inclusión Social.- VII. SIN COSTAS en esta instancia”. ANTECEDENTES DE HECHO 1.- Las partes demandantes expresaron en el escrito de su acción que iniciaron la relación laboral para el IHNFA, como Trabajadores Sociales, de la forma siguiente: José Juan Ángel Aguilar Banegas, el 15 de enero del 2001 y finalizó el 04 de diciembre del 2014; Francis Maria Mendoza Diaz, el 03 de febrero de 1997 y finalizó el 15 de octubre del 2014; ALMA ISABEL SOSA, el 02 de octubre de 1998 y finalizó el 30 de noviembre del 2014; Jacqueline Ivette Midence Rodas, el 11 de enero del 2010 y finalizó el 04 de diciembre del 2014; Rita Maria Espinoza Salinas, el 24 de diciembre de 1986 y finalizó su relación laboral el 11 de noviembre del 2014; Ana Aracely Estrada Reyes, el 25 de abril del 2001 y finalizó el 25 de noviembre de 2014; Gloria Maria Salinas Ávila, el 15 de mayo de 1997, y finalizó el 17 de noviembre del 2014; Sandra Marena Rivera Martínez, el 01 de septiembre de 1988 y finalizó el 12 de noviembre de 2014; Adriana Guevara Osorio, el 17 de septiembre del 2002 y finalizó el 17 de noviembre del 2014; Maria Evangelina Sánchez Sierra, el 01 de agosto de 1990 y finalizó el 04 de diciembre del 2014; Griselda Patricia Roque Rojas, el 02 de diciembre del 4711707397750004845057425055002002, y finalizó el 30 de noviembre de 2014; Norma Lizzette Gutiérrez Fonseca, el 03 de junio de 1991 y finalizó el 30 de noviembre de 2014; Aracely Maldonado Espinoza, el 23 de noviembre de 2005 y finalizó el 28 de noviembre del 2014; José Ramon Luna Salas, el 13 de septiembre del 2005 y finalizó el 26 de noviembre de 2014; Igne Esperanza Vega Alvarado, el 20 de marzo del 2005 y finalizó el 04 de diciembre de 2014; Maria Elizabeth Herrera Aguirre, el 13 de septiembre de 1995 y finalizó el 30 de noviembre del 2014; Claudia Isabel Gáleas Rodríguez, el 01 de abril de 1993 y finalizó el 17 de noviembre del 2014; Olga Marina Urquía Diaz, el 08 de enero de 1996 y finalizó el 10 de octubre del 2014; Rosario Aragón Martínez, el 01 de febrero de 1991 y finalizó el 16 de octubre de 2014; y Somay Jamileth Peralta Dávila, el 02 de julio de 1990 y finalizó el 12 de septiembre de 2014; y que pese a que estaban pendientes sus reclamos de reajuste de salario, todos fueron despedidos en virtud del Decreto Ejecutivo PCM-26-2014 del 06 de junio del 2014 que suprimió al IHNFA; que el artículo 21 de la Ley del Estatuto del Trabajador Social, estipula que: “Cada año las instituciones públicas como privadas, tendrán que evaluar y ajustar los niveles salariales del Trabajador Social, fundamentando en el costo de vida y el índice inflacionario anual. En el caso de la devaluación de la moneda en una relación igual o mayor al diez por ciento (10%), los salarios deberán ser ajustados de inmediato, tomándose como base el índice inflacionario que resulte.”; que este derecho fue reconocido, respetado, otorgó y pagó hasta el año 2010; argumentó que el 15 de febrero, 22 de junio y 04 de noviembre todas del 2010, 11 de marzo de 2013, 23 de mayo, 23 y 25 de noviembre de 2012, 20 de febrero y 19 de marzo de 2013; y 19 de marzo, 10 y 13 de junio de 2014 los demandantes enviaron solicitudes para que se les hiciera efectivo el pago del ajuste por costo de vida, pero el mismo no se les hizo efectivo, por lo que el Colegio de Profesionales de Trabajo Social a través de sus presidentes enviaron notas para que les realizaran el trámite del ajuste por costo de vida; que mediante nota de fecha 04 de junio de 2012, el Director Ejecutivo del IHNFA envió circular DE-028-2012, a los Licenciados en Trabajo Social donde les informó que no aplicarían al IPC conforme al ETS por no contar con el presupuesto, y sobre todo porque la Secretaría de Estado en los Despachos de Finanzas mediante Circular DGID-002-2012 de 04 de mayo del 2012 instruyó que las Instituciones Descentralizadas no contrajesen compromiso alguno respecto a mejoras salariales, derivados de negociación de contratos colectivos y otro beneficios de naturaleza económica; por lo que alegaron que el ajuste salarial que solicitaron era por ley y no por una negociación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 21 que continuaba teniendo validez y eficacia jurídica al no haber sido derogado, y por ende subsistía la obligación de que se les pague lo relativo al ajuste salarial de los años 2010 al 2014; igualmente argumentaron que en las notas de fechas 27 de noviembre de 2012 y 12 de junio de 2014, el Gerente de Recursos Humanos del IHNFA respondió a las solicitudes de ajustes por el IPC que por razones presupuestarias no fue posible y que había que esperar el próximo año que les amplíen el presupuesto para cumplirles con todas las obligaciones y les solicitó un compás de espera; manifestaron que con lo expresado el IHNFA reconoció las obligaciones que tenía con los demandantes; por lo que los demandantes con el ánimo de llegar a un arreglo conciliatorio acudieron ante la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, siendo imposible el mismo se dio por agotada la vía administrativa. 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que los demandantes sostuvieron una relación contractual con el Estado de Honduras, a través del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA), y que en virtud del Decreto Ejecutivo PCM-26-2014 de fecha 4 de junio del 2012, emitido por el Señor Presidente de la República en Consejo de Ministros, y publicado en el Diario Oficial "La Gaceta" No. 33,446 de fecha 06 de junio de 2014, finalizó la relación laboral a efecto que el decreto en su artículo 1 establece que: "suprimir el INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA (IHNFA), creado mediante Decreto Legislativo No. 199-1997 de fecha 29 de enero de 1998"; también aceptó parcialmente únicamente en la suscripción de la nota de fecha 4 de junio 2012 suscrita por el Director Ejecutivo del IHNFA en ese momento, a efecto de ser de su conocimiento a los Licenciados en Trabajo Social la Circular DE-0028-2012, en la cual se les informó que no se aplicará el Índice de Precios al Consumidor (IPC) conforme al Estatuto de Trabajadores Sociales (ETS), por no contar con presupuesto sustentando en la circular DGID-002-2012 de fecha 14 de mayo de 2012 girado por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas por lo que instruyó que “las Instituciones Descentralizadas no contrajesen compromiso alguno respecto a mejoras salariales derivadas de negociación de contratos colectivos y otros beneficios de naturaleza económica, si la institución no cuenta con la capacidad financiera, por razones presupuestarias y que no había sido posible, sin embargo que esperaran que el próximo año les ampliaran el presupuesto para cumplir con esa y otras obligaciones y les solicitó hacer un compás de espera, que pase ese proceso de transición de la Institución de su conocimiento..."; pero rechazó en cuanto a lo argumentado por las partes actoras donde aducen: "Pese a encontrarse pendiente sus reclamos de reajuste salarial, todos fueron despedidos", no se refirieron a qué tipo de reclamos y ante que autoridad competente interpusieron sus reclamos y en qué estado se encontraban; la decisión de suprimir esa institución, no se objeta por el simple hecho de estar pendiente un reclamo, y que tales argumentos expresados por los demandantes carecen de validez jurídica, ya que a este momento el reclamo planteado estaría fuera de tiempo; y en cuanto a lo manifestado por los demandantes de que el ajuste salarial solicitado no se derivaba de una negociación sino de una ley, lo rechazó y reiteró que no se objeta la normativa del artículo 21 del ETS ni su validez y eficacia jurídica pero el cumplimiento de esa norma estaba íntimamente ligada a la capacidad financiera y autorización de la Secretaría de Finanzas que regula el Presupuesto de las Instituciones del Estado; y que la exigencia de pagar los ajustes de los años 2010 a 2014 conforme al artículo 867 del Código de Trabajo ha prescrito en virtud que esa norma establecía: "todos los derechos y acciones provenientes de este código reglamentos demás leyes de trabajo o previsión social que no se originen directamente en contratos de trabajo prescriben en el término de 2 meses; plazo que corre para patronos y trabajadores desde el acaecimiento del hecho respectivo, salvo para éstos últimos cuando hubieren estado imposibilitados de reclamar sus derechos o de ejercitar las acciones correspondientes, extremo que debe probarse en juicio", lo que no es el caso de las partes actoras de esta demanda puesto que ellos reclamaron su derecho y ejercitaron acciones ante sede administrativa, y que en ningún momento presentaron reclamo ante autoridad competente; asimismo volvió a recalcar que no se objetaba la normativa del artículo 21 de la Ley Estatuto de los Trabajadores Sociales (ETS), donde establece que "cada año la empresa privada y pública tendrá que evaluar y ajustar los salarios de los trabajadores sociales fundamentado en el costo de vida y el índice inflacionario anual... ", y sin embargo no es el objeto del debate, y que la validez de ese Estatuto para darle cumplimiento a la norma requería también las disposiciones de otras leyes como ser la Ley Orgánica de Presupuesto, disposiciones generales de presupuesto de Ingresos y Egresos de la República para el ejercicio del año fiscal vigente y de otros decretos que racionalizan el gasto público, es decir que no es permitido de manera antojadiza aplicar el texto legal de un artículo que lleve aparejado la asignación presupuestaria para ser aplicada; y que en ese orden de ideas el reclamo de un reajuste salarial en este momento se presumiría de extemporáneo, ya que la institución regida mediante la Ley del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA), creada mediante Decreto Legislativo No. 199-1997, de fecha 29 de enero de 1998 fue derogada mediante Decreto Ejecutivo PCM-26-2014; por lo que el reclamo no es procedente porque ya no existe la Institución a quien se le podría reclamar dichos derechos subjetivos, por lo cual el demandado no estaba obligado a cumplir exigencias, porque las pretensiones carecían de tutela jurídica y pretextos legales para demandar; además los demandantes no especificaron el "derecho que les fue reconocido, respetado, otorgado y pagado hasta el año 2010", información que además de no ser objeto de la demanda carece de los elementos necesarios para instituir un debate, y que la institución durante su funcionamiento, siempre respetó todas las leyes y reglamentos emitidos en el país, así mismo como las disposiciones generales del presupuesto de la República, y que a ese efecto además de no asistirles el derecho que reclaman, la cantidad que exigen, atenta contra las disposiciones presupuestarias establecidas en la Constitución de la República, misma que prohíbe realizar compromisos o efectuar pago alguno fuera de las asignaciones dotadas en el presupuesto o en contravención con las normas presupuestarias en concordancia a lo establecido en el Artículo 321 de la Constitución de la República que dispone: "Los servidores del estado no tienen facultades más que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad"; por ende, no se pueden reconocer derechos que no le correspondían; y que además no procedía llevar a cabo ninguna conciliación a través de la Comisión Liquidadora del Instituto Hondureño de la Niñez y de la Familia (IHNFA), y tampoco estaba obligada para aceptar obligaciones de derechos subjetivos inexistentes; asimismo en audiencia primera de trámite de fecha 30 de marzo de 2016, la representante procesal demandado interpuso la Excepción Perentoria de Prescripción. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 13 de septiembre del 2018, dictó sentencia que en su parte conducente dice: “FALLA: I) Declarar CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por la Abogado LIANA RODRÍGUEZ VALLADARES, en su condición de Apoderada Legal de JOSÉ JUAN ÁNGEL AGUILAR BANEGAS, FRANCIS MARIA MENDOZA DIAZ, ALMA ISABEL SOSA, JACQUELINE IVETTE MIDENCE RODAS, RITA MARIA ESPINOZA SALINAS, ANA ARACELY ESTRADA REYES, GLORIA MARIA SALINAS ÁVILA, SANDRA MARENA RIVERA MARTÍNEZ, ADRIANA GUEVARA OSORIO, MARIA EVANGELINA SÁNCHEZ SIERRA, GRISELDA PATRICIA ROQUE ROJAS, NORMA LIZZETTE GUTIÉRREZ FONSECA, ARACELY MALDONADO ESPINOZA, JOSÉ RAMON LUNA SALAS, IGNE ESPERANZA VEGA ALVARADO, MARIA ELIZABETH HERRERA AGUIRRE, CLAUDIA ISABEL GÁLEAS RODRÍGUEZ, OLGA MARINA URQUÍA DIAZ, ROSARIO ARAGÓN MARTÍNEZ y SOMAY JAMILETH PERALTA DÁVILA, contra el ESTADO DE HONDURAS a través de su Representante Legal Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en cuanto al pago reajuste de acuerdo al índice inflacionario correspondiente a los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014; en consecuencia, II) CONDENA al DEMANDADO el ESTADO DE HONDURAS a través de su Representante Legal Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, a pagar a la cantidad de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL LEMPIRAS CON CINCUENTA Y COHO CENTAVOS, en concepto de pago de reajuste de acuerdo al índice inflacionario correspondiente a los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 desglosados de la siguiente forma: para 1) JOSÉ JUAN ÁNGEL AGUILAR BANEGAS la cantidad de L.190,907.94 por los conceptos siguientes: para el año 2010 el 5.47 % ajuste de salario L.9.627.00, décimo tercer mes L.802.25, décimo cuarto mes L.401.12 y vacaciones L.989.44, un sub total de L. 11,819.76; para el año 2011 el 4.72% ajuste de salario L. 18,388.44, décimo tercer mes L. 1,532.37, décimo cuarto mes L. 1,167.30 y vacaciones L.1,889.92 un subtotal de L .22,978.06; para el año 2012 el 6.76% ajuste de salario L.31,528.80, décimo tercer mes L.2,627.40, décimo cuarto mes L. 2,079.88 y vacaciones L.3,240.46 un sub total de L.39,476.53; para el año 2013 el 5.19% ajuste de salario L.42,299.40, décimo tercer mes L.3,524.94, décimo cuarto mes L.3,076.17 y vacaciones L.4,347.43, un subtotal de L.53,247.85; para el año 2014 el 5.18% ajuste de salario L.49,735.38, décimo tercer mes L.4,144.67, décimo cuarto mes L.3,996.09 y vacaciones L.5,509.60 para un sub total L.63,385.74; 2) Para FRANCIS MARIA MENDOZA DIAZ, la cantidad de L.217,163.90 por los conceptos siguientes: para el año 2010 el 5.47 % ajuste de salario L. 11,431.92, décimo tercer mes L.952.66, décimo cuarto mes L.476.32 y vacaciones L.1,174.94, un subtotal de L.14,035.84; para el año 2011 el 4.72% ajuste de salario L.21,835.92, décimo tercer mes L.1,819.67, décimo cuarto mes L.1,386.16 y vacaciones L.2,244.25, un subtotal de L.27,286.00; para el año 2012 el 6.76% ajuste de salario L.37,439.88, décimo tercer mes L.3,119.99, décimo cuarto mes L.2,469.82 y vacaciones L.3,847.99, un subtotal de L.46,877.70; para el año 2013 el 5.19% ajuste de salario 512445741172000L.50,229.72, décimo tercer mes L.4,185.81, décimo cuarto mes L. 3,652.89 y vacaciones L.5,162.50, un subtotal de L.63,230.90; para el año 2014 el 5.18% ajuste de salario L.50,218.59, décimo tercer mes L.4,227.01, décimo cuarto mes L.4,745.29 y vacaciones L.6,542.57, un subtotal de L.65,733.46; 3) para ALMA ISABEL SOSA, la cantidad de L.322,435.80 por los conceptos siguientes: para el año 2010 el 5.47% ajuste de salario L.16,296.60, décimo tercer mes L. 1,358.05, décimo cuarto mes L.679.02 y vacaciones L.1,674.93, un subtotal de L.20,008.60; para el año 2011 el 4.72% ajuste de salario L.31,128.00, décimo tercer mes L.2,594.00, décimo cuarto mes L. 1,976.02 y vacaciones L.3,199.27, un subtotal de L.38,897.29; para el año 2012 el 6.76% ajuste de salario L.53,372.16, décimo tercer mes L.4,447.68, décimo cuarto mes L.3,520.84 y vacaciones L.5,485.47, un subtotal de L.66,826.15; para el año 2013 el 5.19% ajuste de salario L.71,604.60, décimo tercer mes L.5,967.05, décimo cuarto mes L.5,207.36 y vacaciones L.7,359.36, un subtotal de L.90,138.37; para el año 2014 el 5.18% ajuste de salario L.82,932.13, décimo tercer mes L.7,541.93, décimo cuarto mes L.6,764.62 y vacaciones L.9,326.71, un subtotal de L.106,565.39; 4) para JACQUELINE IVETTE MIDENCE RODAS, la cantidad de L. 127,664.28 por los conceptos siguientes: para el año 2010 el 5.47 ajuste de salario L.8,121.26, décimo tercer mes L.676.56, décimo cuarto mes L. 328.62, un subtotal de L.9,126.44; para el año 2011 el 4.72% ajuste de salario L.15,975.72, décimo tercer mes L. 1,331.59, décimo cuarto mes L. 1,014.59 y vacaciones L.621.28, un subtotal de L.18,943.18; para el año 2012 el 6.76% ajuste de salario L.19,260.84, décimo tercer mes L.1,605.07, décimo cuarto mes L. 1,151.48 y vacaciones L.909.54, un subtotal de L.22,926.93; para el año 2013 el 5.19% ajuste de salario L.28,183.68, décimo tercer mes L. 2,348.64, décimo cuarto mes L. 1,976.85 y vacaciones L.1,644.05, un subtotal de L. 34,153.22; para el año 2014 el 5.18% ajuste de salario L.34,839.54, décimo tercer mes L. 2,900.47, décimo cuarto mes L. 2,738.96 y vacaciones L.2,035.54, un subtotal de L.42,514.51; 5) para RITA MARIA ESPINOZA SALINAS, la cantidad de L.248,680.39 por los conceptos siguientes: para el año 2010 el 5.47% ajuste de salario L. 12,799.08, décimo tercer mes L. 1,066.59, décimo cuarto mes L.533,29 y vacaciones L. 1,315.46 para un subtotal L. 15,714,42; para el año 2011 el 4.72% ajuste de salario L.24,447.36, décimo tercer mes L. 2,037.28, décimo cuarto mes L.1,551.93 y vacaciones L. 2,512.64, un subtotal de L.30,549.21 ; para el año 2012 el 6.76% ajuste de salario L.41,917.44, décimo tercer mes L. 3,493.12 décimo cuarto mes L. 2,765.20 y vacaciones L.4,308.19 un subtotal de L.52,483.95; para el año 2013 el 5.19% ajuste de salario L.56,236.80, décimo tercer mes L.4,686.40, décimo cuarto mes L.4,089.76 y vacaciones L.5,779.90, un subtotal de 70,792.56; para el año 2014 el 5.18% ajuste de salario L.61,371.73, décimo tercer mes L.5,130.72, décimo cuarto mes L. 5,312.79 y vacaciones L. 7,325.01, un subtotal de L.79,140.25; 6) ANA ARACELY ESTRADA REYES, la cantidad de L.241,657.97 por los conceptos siguientes: para el año 2010 el 5.47% ajuste de salario L.12,289.08, décimo tercer mes L. 1024.09, décimo cuarto mes L..512.04 y vacaciones L. 1,263.05 un subtotal de L.15090,26; para el año 2011 el 4.72% ajuste de salario L. 23,473.32, décimo tercer mes L.1,956.11, décimo cuarto mes L.1,490.09 y vacaciones L. 2,412.53, un subtotal de L.29,332.05; para el año 2012 el 6.76% ajuste de salario L.40,247.40, décimo tercer mes L.3,353.95, décimo cuarto mes L. 2,655.03 y vacaciones L.4,136.54, un subtotal de L.50,392.92; para el año 2013 el 5.19% ajuste de salario L.53,996.28, décimo tercer mes L.4,499.69, décimo cuarto mes L.3,926.82 y vacaciones L.5,549.62, un subtotal de L.67,972.41; para el año 2014 el 5.18% ajuste de salario L.61,587.76, décimo tercer mes L.5,148.27, décimo cuarto mes L.5,101.13 y vacaciones L. 7,033.17 un subtotal de L.78,870.33; 7) GLORIA MARIA SALINAS ÁVILA, la cantidad de L.223,261.10 por los conceptos siguientes: para el año 2010 el 5.47% ajuste de salario L. 11,431.92, décimo tercer mes L.952.66, décimo cuarto mes L.476.32 y vacaciones L.1,174.94, un subtotal de L.14,035.84; para el año 2011 el 4.72% ajuste de salario L.21,835.92, décimo tercer mes L.1,819.66, décimo cuarto mes L. 1386.16 y vacaciones L. 2,244.25 un subtotal de L.27,285.99; para el año 2012 el 6.76% ajuste de salario L.37,439.88, décimo tercer mes L.3,119.99, décimo cuarto mes L.2,469.82 y vacaciones L.3,847.99, un subtotal de L.46,872.68; para el año 2013 el 5.19% ajuste de salario L.50,229.72, décimo tercer mes L.4,185.81, décimo cuarto mes 6821170886523500L.3,652.89 y vacaciones L.5,162.50 un subtotal de L.63,230.92 para el año 2014 el 5.18% ajuste de salario L.55,876.82 décimo tercer mes L.4,670.99, décimo cuarto mes L.4,745.29 y vacaciones L.6,542.57, un subtotal de L.71,835.67; 8) SANDRA MARENA RIVERA MARTINEZ, la cantidad de L.273,528.82 por los conceptos siguientes: para el año 2010 el 5.47% ajuste de salario L.14,065.80, décimo tercer mes L. 1,172.15, décimo cuarto mes L.586,07 y vacaciones L.1,445.65, un subtotal de L.17,269.67; para el año 2011 el 4.72% ajuste de salario L.26,866.92, décimo tercer mes L.2,238.91, décimo cuarto mes L. 1,705.52 y vacaciones L.2,761.32, un subtotal de L.33,572.67; para el año 2012 el 6.76% ajuste de salario L.46,066.08, décimo tercer mes L.3,838.84, décimo cuarto mes L.3,038.87 y vacaciones L.4,734.57, un subtotal de L.57,678.36; para el año 2013 el 5.19% ajuste de salario L.61,802.64, décimo tercer mes L.5,150.22, décimo cuarto mes L.4,494.53 y vacaciones L.6,351.94, un subtotal de L. 77,799.33; para el año 2014 el 5.18% ajuste de salario L.67,663.34, décimo tercer mes L.5,656.86, décimo cuarto mes L.5,838.61 y vacaciones L.8,049.98, un subtotal de L.87,208.79; 9) ADRIANA GUEVARA OSORIO, la cantidad de L.214,719.33 por los conceptos siguientes: para el año 2010 el 5.47% ajuste de salario L.10,994.64, décimo tercer mes L. L.916.22, décimo cuarto mes L. L.458.11 y vacaciones L.1,130.01 un subtotal de L. 13,498.98; para el año 2011 el 4.72% ajuste de salario L.21,000.72, décimo tercer mes L. 1,750.06, décimo cuarto mes L. 1,333.14 y vacaciones L.2,158.41, un subtotal de L.26,242.23; para el año 2012 el 6.76% ajuste de salario L.36,000.72, décimo tercer mes L.3,000.66, décimo cuarto mes L. 2,375.36 y vacaciones L.3,700.82, un subtotal de L.45,076.96; para el año 2013 el 5.19% ajuste de salario L.48,308.64, décimo tercer mes L.4,025.72, décimo cuarto mes L. 3,513.18 y vacaciones L.4,965.05, un subtotal de L.60,812.59; para el año2014 el 5.18%ajuste de salario L.53,740.01, décimo tercer mes L.4,492.41, décimo cuarto mes L.4,563.81 y vacaciones L.6,292.34, un subtotal de L.69,088.57; 10) MARIA EVANGELINA SANCHEZ SIERRA, la cantidad de L.239,975.41 por los conceptos siguientes: para el año 2010 el 5.47% ajuste de salario L. 12,393.36, décimo tercer mes L. 1,032.78, décimo cuarto mes L. 516.38 y vacaciones L. 1,273.76, un subtotal de L.15,216.28, para el año 2011 el 4.72% ajuste de salario L.23,672.40, décimo tercer mes L. 1,972.70, décimo cuarto mes L. 1,502.73 y vacaciones L.2,432.99, un subtotal de L .29,580.82; para el año 2012 el 6.76% ajuste de salario L.40,588.68, décimo tercer mes L. 3,382.39, décimo cuarto mes L. 2,677.54 y vacaciones L.4,171.62, un subtotal de L.50,820.23; para el año 2013 el 5.19% ajuste de salario L.54,454.20, décimo tercer mes L.4,537.85, décimo cuarto mes L.3,960.11 y vacaciones L.5,596.68, un subtotal de L.68,548.84; para el año 2014 el 5.18% ajuste de salario L.58,266.39, décimo tercer mes L.5,335.64, décimo cuarto mes L.5,114.39 y vacaciones L.7,092.82, un subtotal de L.75,809.24; 11) GRISELDA PATRICIA ROQUE ROJAS, la cantidad de L. 161,171.61 por los conceptos siguientes: para el año 2010 el 5.47% ajuste de salario L.8,155.08, décimo tercer mes L.679.59, décimo cuarto mes L.339.79 y vacaciones L.838.16, un subtotal de L, 10,012.62; para el año 2011 el 4.72% ajuste de salario L.15,576.84, décimo tercer mes L. 1,298.07, décimo cuarto mes L.988.83 y vacaciones L. 1,600.96, un subtotal de L. 19,464.70; para el año 2012 el 6.76% ajuste de salario L. 26,708.04, décimo tercer mes L. 2,225.67, décimo cuarto mes L. 1,761.87 y vacaciones L. 2,745.00, un subtotal de L.33,440.58; para el año 2013 el 5.19% ajuste de salario L. 35,831.76, décimo tercer mes L,2,985.98, décimo cuarto mes L.2,605.82 y vacaciones L.3,682.71, un subtotal de L.45,106.27; la cantidad de L. por los conceptos siguientes: para el año 2014 el 5.18% ajuste de salario L.41,626.31, décimo tercer mes L.3,468.85, décimo cuarto mes L.3,385.09 y vacaciones L.4,667.19, un subtotal de L.53,147.44; 12) NORMA LIZZETTE GUTIÉRREZ FONSECA, la cantidad de L.260,267.97 por los conceptos siguientes: para el año 2010 el 5.47% ajuste de salario L.13,049.76, décimo tercer mes L. 1,087.48, décimo cuarto mes L.543.73 y vacaciones L.1,341.22, un subtotal de L. 16,022.19, para el año 2011 el 4.72% ajuste de salario L.24,926.16, décimo tercer mes L.2,077.18, décimo cuarto mes L. 1,582.33 y vacaciones L.2,561.86, un subtotal de L.31,147.53; para el año 2012 el 6.76% ajuste de salario L.42,738.48, décimo tercer mes L. 3,561.54, décimo cuarto mes L. 2,819.35 y vacaciones L.4,392.56, un subtotal de L.56,073.47; para el año 2013 el 5.19% ajuste de salario L.57,338.40, décimo tercer mes L.4,778.20, décimo cuarto mes L.4,169.86 y vacaciones L.5,893.11, un subtotal de L. 72,179.57; para el año 2014 el 5.18% ajuste de salario L.66,408.98, décimo tercer mes L.5,550.88, décimo cuarto mes L.5,416.86 y vacaciones L.7,468.49, un subtotal de L.84,845.21; 13) ARACELY MALDONADO ESPINOZA, la cantidad de L.171,677.14 por los conceptos siguientes: para el año 2010 el 5.47% ajuste de salario L.8,534.76, décimo tercer mes L. 711.23, décimo cuarto mes L.355.61 y vacaciones L,877.19, un subtotal de L. 10,478.79; para el año 2011 el 4.72% ajuste de salario L.16,302.24, décimo tercer mes L. 1,358.52, décimo cuarto mes L. 1,034.87 y vacaciones L.1,675.50, un subtotal de L.20,371.13; para el año 2012 el 6.76% ajuste de salario L.27,951.84, décimo tercer mes L.2,329.32, décimo cuarto mes L. 1,843.92 y vacaciones L.2,872.83, un subtotal de L.37,997.91; para el año 2013 el 5.19% ajuste de salario L.37,500,48, décimo tercer mes L.3,125.04, décimo cuarto mes L.2,727.17 y vacaciones L.3,854.21, un subtotal de L.47,206.90 para el año 2014 el 5.18% ajuste de salario L.43,564.84, décimo tercer mes L.3,125.04, décimo cuarto mes L3,542.74. y vacaciones L.4,884.55, un subtotal de L.55,622.41; 14) JOSE RAMON LUNA SALAS, la cantidad de L.170962.05 por los conceptos siguientes: para el año 2010 el 5.47 % ajuste de salario L.8,534.76, décimo tercer mes L. 711,23, décimo cuarto mes L. 355.61 y vacaciones L.877.19, un subtotal de L.10,478.78; para el año 2011 el 4.72% ajuste de salario L.16,302.24, décimo tercer mes L. 1,358.52, décimo cuarto mes L.1,034.87 y vacaciones L.1,675.50; un subtotal de L. 20,371.13; para el año 2012 el 6.76% ajuste de salario L.27,951.84, décimo tercer mes L.2,329.32, décimo cuarto mes L. 1,843.92 y vacaciones L.2,872.83, un subtotal de L .37,997.91; para el año 2013 el 5.19% ajuste de salario L.37,500.48, décimo tercer mes L. 3,125.04, décimo cuarto mes L. 2,727.17 y vacaciones L.3,854.21, un subtotal de L.47,206.90; para el año 2014 el 5.18% ajuste de salario L.42,904.77, décimo tercer mes L.3,575.27, décimo cuarto mes L. 3,542.74 y vacaciones L.4,884.55, un subtotal de L.54,907.33; 15) IGNE ESPERANZA VEGA ALVARADO, la cantidad de L.229,072.01 por los conceptos siguientes: para el año 2010 el 5.47% ajuste de salario L. 11,837.76, décimo tercer mes L.986.48, décimo cuarto mes L.493.23 y vacaciones L.1,216.65, un subtotal de L. 14,534.12; para el año 2011 el 4.72% ajuste de salario L.22,611.12, décimo tercer mes L. 1,884.26, décimo cuarto mes L. 1,435.37 y vacaciones L.2,323.92, un subtotal de L.28,254.67; para el año 2012 el 6.76% ajuste de salario L.38,769.12, décimo tercer mes L.3,230.76, décimo cuarto mes L. 2,557.50 y vacaciones L.3,984.60, un subtotal de L.84,845.21; para el año 2013 el 5.19% ajuste de salario L.52,013.04, décimo tercer mes L.4,334.42, décimo cuarto mes L. 3,782.58 y vacaciones L.5,345.78, un subtotal de L.65,475.82; para el año 2014 el 5.18% ajuste de salario L.55,486.51, décimo tercer mes L.5,096.29, décimo cuarto mes L.4,913.77 y vacaciones L.6,774.85, un subtotal de L.72,265.42; 16) MARIA ELIZABETH HERRERA AGUIRRE, la cantidad de L. 123,558.09 por los conceptos siguientes: para el año 2010 el 5.47% ajuste de salario L.6,723.48, décimo tercer mes L.560.29, décimo cuarto mes L. 280.14 y vacaciones L.691.02, un subtotal de L.8,254.93; para el año 2011 el 4.72% ajuste de salario L. 12,842.40, décimo tercer mes L.1,070.20, décimo cuarto mes L.815.24 y vacaciones L.1,319.92, un subtotal de L. 16,047, 76; para el año 2012 el 6.76% ajuste de salario L.22,019.64, décimo tercer mes L. 1,834.97, décimo cuarto mes L. 1,452.58 y vacaciones L.2,253.13, un subtotal de L.27,570.32; para el año 2013 el 5.19% ajuste de salario L.29,541.84, décimo tercer mes L.2,461.82, décimo cuarto mes L.2,148.39 y vacaciones L.3,0136,24, un subtotal de L.37,180.29; para el año 2014 el 5.18% ajuste de salario L.27,066.71, décimo tercer mes L.2,255.55, décimo cuarto mes L. 2,147.78 y vacaciones L.2,034.75, un subtotal de L.34,504.79; 17) CLAUDIA ISABEL GÁLEAS RODRÍGUEZ, la cantidad de L.238,970.33 por los conceptos siguientes: para el año 2010 el 5.47% ajuste de salario L. 12,393.36, décimo tercer mes L. 1,032.78, décimo cuarto mes L.516.38 y vacaciones L. 1,273.76, un subtotal de L.15,215.86; para el año 2011 el 4.72% ajuste de salario L. 23,672.40, décimo tercer mes L.1,972.70, décimo cuarto mes L. 1,502.73 y vacaciones L,2,432.99, un subtotal de L.29,580.82, para el año 2012 el 6.76% ajuste de salario L.40,588.68, décimo tercer mes L.3,382.39, décimo cuarto mes L.2,677.54 y vacaciones L.4,171.62; un subtotal de L.50,828.23; para el año 2013 el 5.19% ajuste de salario L.54,454.20, décimo tercer mes L.4,537.85, décimo cuarto mes L. 3,960.11 y vacaciones L.5,596.68, un subtotal de L.68,548.84; para el año 2014 el 5.18% ajuste de salario L.57,509.30, décimo tercer mes L.5,050.07, décimo cuarto mes L.5,144.39 y vacaciones L.7,092.82, un subtotal de L.74,796.58; 18) OLGA MARINA URQUIA DIAZ, la cantidad de L.302,454.91 por los conceptos siguientes: para el año 2010 el 5.47% ajuste de salario L. 16,125.60, décimo tercer mes L.1,343.80, décimo cuarto mes L.671.90 y vacaciones L.1,657.35, un subtotal de L.19,798.65; para el año 2011 el 4.72% ajuste de salario L.30,801.36, décimo tercer mes L.2,566.78, décimo cuarto mes L. 1,955.28 y vacaciones L.3,165.69, un subtotal de L.38,489.61; para el año 2012 el 6.76% ajuste de salario L.52,812.12, décimo tercer mes L.4,401.01, décimo cuarto mes L.3,483.89 y vacaciones L.5,427.91, un subtotal de L.66,124.93; para el año 2013 el 5.19% ajuste de salario L. 70,853.28, décimo tercer mes L.5,904.44, décimo cuarto mes L.5,152.72 y vacaciones L. 7,282.14, un subtotal de L.89,192.58; para el año 2014 el 5.18% ajuste de salario L.69,590.50, décimo tercer mes L.5,799.25, décimo cuarto mes L.6,693.64 y vacaciones L.6,765.75, un subtotal de L.88,849.14; 19) ROSARIO ARAGÓN MARTÍNEZ la cantidad de L.237,094.69 por los conceptos siguientes: para el año 2010 el 5.47%ajuste de salario L.12,408.96, décimo tercer mes L. 1,034.08, décimo cuarto mes L.517.04 y vacaciones L.1,275.34, un subtotal de L.15,235.42; para el año 2011 el 4.72% ajuste de salario L.23,702.28, décimo tercer mes L.1,975.19, décimo cuarto mes L. 1,504.63 y vacaciones L.2,436.07, un subtotal de L.29,618.17; para el año 2012 el 6.76% ajuste de salario L.40,640.04, décimo tercer mes L.3,386.67, décimo cuarto mes L. 2,680.92 y vacaciones L.4,176.82, un subtotal de L.50,884.45; para el año 2013 el 5.19% ajuste de salario L.54,523.08, décimo tercer mes L.4,543.59, décimo cuarto mes L.3,965.13 y vacaciones L.5,603.76, un subtotal de L.68,635.56; para el año 2014 el 5.18% ajuste de salario L.54,702.99, décimo tercer mes L.5,765.42, décimo cuarto mes L. 5,150.89y vacaciones L.7,101.79, un subtotal de L.72,721.09; y 20) SOMAY JAMILETH PERALTA DÁVILA la cantidad de L.234,707.84 por los conceptos siguientes: para el año 2010 el 5.47% ajuste de salario L. 12,945.48, décimo tercer mes L. 1,078.79, décimo cuarto mes L.539.39 y vacaciones L. 1,330.51, un subtotal de L.15,891.17; para el año 2011 el 4.72% ajuste de salario L.24,727.08, décimo tercer mes L.2,060.59, décimo cuarto mes L. 1,569.68 y vacaciones L.2,541.39, un subtotal de L.30,898.72; para el año 2012 el 6.76% ajuste de salario L.42,397.08, décimo tercer mes L.3,533.09, décimo cuarto mes L. 2,796.84 y vacaciones L.4,357.48, un subtotal de L.53,084.09, para el año 2013 el 5.19% ajuste de salario L.56,888.36, décimo tercer mes L.4,740.03, décimo cuarto mes L.4,136.55 y vacaciones L.5,846.04, un subtotal de L.71,602.98; para el año 2014 el 5.18% ajuste de salario L.50,259.91, décimo tercer mes L.4,188.15, décimo cuarto mes L.5,373.59 y vacaciones L.7,408.83, un subtotal de L.63,230.48; III) Declarar SIN LUGAR la EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN alegada por la parte demandada; IV) Declarar SIN COSTAS en esta Instancia”; bajo el criterio que, la controversia en el presente caso de autos radica en que los demandantes solicitan el reconocimiento del artículo 21 de la Ley del Estatuto de Trabajadores Sociales; por otro lado, la demandada expresa que los demandantes no les asiste el derecho al reclamo en vista que la relación de trabajo el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA), había terminado en vista que la Institución fue suprimida mediante Decreto Ejecutivo número PCM-24-2014. Que al hacer la revisión exhaustiva de los argumentos de ambas partes la prueba aportada al proceso y la fundamentación jurídica, es oportuno establecer que la pretensión de los demandantes se desprende de un derecho reconocido en el artículo 21 de la Ley Estatuto de los Trabajadores Sociales que a letra dice: "Cada año las instituciones públicas como privadas tendrán que evaluar y ajustar los niveles salariales del Trabajador Social, fundamentando en el costo de vida y el Índice Inflacionario anual..."; en tal sentido la Institución estaba en la obligación de reconocer a los trabajadores sociales el ajuste de salario anualmente de acuerdo a las cifras establecidas por el Banco Central de Honduras, por lo tanto no se ha acreditado que la institución hiciera efectivo el cumplimiento de lo establecido en el artículo precitado; por cuanto les asiste el derecho que reclaman los demandantes; en consecuencia, debe otorgarse el ajuste del índice inflacionario y que corresponde a los porcentajes anuales que certifica el Banco Central de Honduras y que obedecen a los siguientes porcentajes para el año 2010 que corresponde a un porcentaje de 5.47%, para el 2011 4.72%, para el 2012 6.76%, para el 2013 5.19% y para el 2014 un 5.18%; en consecuencia se declara con lugar la demanda de mérito. Que en relación al Defecto Material de Prescripción alegado por la representante procesal demandada en lo concerniente, a que a los demandantes les prescribió el derecho en vista que el IHNFA ya no existe por haber sido suprimida mediante Decreto Ejecutivo No. PCM 24-2014, es oportuno puntualizar que la parte demandada se limita a expresar argumentos sin establecer qué derecho les ha prescrito y detallar desde donde hasta donde ellos tenía el tiempo para realizar su reclamo; en tal sentido, se declara sin lugar la prescripción alegada por la parte demandada. Que el Juez Laboral puede eximir del pago de las costas a la parte que fuere vencida en juicio, cuando a su criterio este último a litigado en juicio con evidente buena fe, estimándose que existieron motivos racionales para litigar en consecuencia es procedente declarar sin lugar las costas en esta instancia. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha 30 de mayo del 2022, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: I.- Declarar CON LUGAR PARCIALMENTE el recurso de apelación interpuesto por la Abogada BLANCA LIDIA PONCE RAMOS, actuando en su condición de Representante Procesal de la parte demandada-apelante.- II.- REVOCAR EN CUANTO a lo que declara con lugar la demanda y condena al demandado el ESTADO DE HONDURAS a través de su Representante Legal Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en cuanto al pago reajuste de acuerdo al índice inflacionario correspondiente a los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 y condena al pago de la cantidad de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS (L.4.429.931.58) y desglosado en la forma que consta en autos en su parte resolutiva y en los valores que corresponde a cada uno de los demandantes y por los conceptos establecidos por el tribunal de primera instancia, III.- DECLARAR SIN LUGAR LA Demanda Ordinaria Laboral promovida por la Abogada LIANA RODRÍGUEZ VALLADARES, en su condición de Apoderada Legal de los señores JOSÉ JUAN ÁNGEL AGUILAR BANEGAS, FRANCIS MARIA MENDOZA DIAZ, ALMA ISABEL SOSA, JACQUELINE IVETTE MIDENCE RODAS, RITA MARIA ESPINOZA SALINAS, ANA ARACELY ESTRADA REYES, GLORIA M MARIA SALINAS ÁVILA, SANDRA MARENA RIVERA MARTÍNEZ, ADRIANA GUEVARA OSORIO, MARIA EVANGELINA SÁNCHEZ SIERRA, GRISELDA PATRICIA ROQUE ROJAS, NORMA LIZZETTE GUTIÉRREZ FONSECA, ARACELY MALDONADO ESPINOZA, JOSÉ RAMON LUNA SALAS, IGNE ESPERANZA VEGA ALVARADO, MARIA ELIZABETH HERRERA AGUIRRE, CLAUDIA ISABEL GALEAS RODRÍGUEZ, OLGA MARINA URQUÍA DIAZ, ROSARIO ARAGÓN MARTÍNEZ Y SOMAY JAMILETH y PERALTA DÁVILA.- IV.- ABSUELVE al ESTADO DE HONDURAS, través de su Representante Legal, el Señor Procurador General de la República, ABRAHAM ALVARENGA URBINA, para que se les reconozca la validez y eficacia jurídica del Articulo 21 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores Sociales, etc. En relación al costo de vida y el índice inflacionario anual correspondiente al IPC y en aplicación de dicho Artículo se ordene: A) El pago retroactivo de los salarios devengados en los años, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, B) El reajuste del pago de vacaciones, décimo tercer y décimo cuarto correspondientes a dichos años, dictados en la sentencia definitiva por el Juzgado de Letras del Trabajo de este departamento de Francisco Morazán, de fecha 13 de Septiembre del año dos mil dieciocho, que corre a folios del 117 al 121 de la primera pieza de autos así: V.- CONFIRMAR el romano III donde se declara SIN LUGAR las Excepción Perentoria de Prescripción opuesta por el apoderado demandado apelante, y el romano IV.- Donde declara SIN COSTAS.- VI.- Se agrega a esta parte resolutiva que se ABSUELVE de igual forma por actuaciones tanto de la Secretaria de Estado en los Despachos de Finanzas y también de manera solidaria contra la DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF), ente desconcentrado de la Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo e Inclusión Social.- VII. SIN COSTAS en esta instancia”. Bajo el criterio que, del estudio de los hechos y derechos así como de los medios de prueba acreditados en este juicio este Tribunal de Alzada ha llegado al convencimiento que la sentencia definitiva dictada por la Juez A-quo y que se revisa en apelación no está apegada a derecho y procede su reformatoria parcial en cuanto a que se declara con lugar la demanda en virtud de que los derechos es un vocablo que se emplea pluralizado cuando se refiere a un conjunto de normas o atribuciones que se concede, reivindica o ejerce colectivamente, así los derechos civiles, los naturales o esenciales de los cuales goza todo individuo jurídicamente capaz y la extinción, desaparición de una persona, cosa, situación o relación y, a veces, de sus efectos y consecuencias, por lo que con el Decreto PCM-026-2014 el 4 de junio del 2014 la institución demandada fue intervenida y que la comisión interventora, después de realizar un análisis de la situación de la Institución y constante deterioro institucional del IHNFA, así como el grave peligro y urgente necesidad de atención a la niñez, adolescencia y familia, se le recomendó al Presidente de la Republica de aquel entonces la aplicación del Artículo 102 de la Ley General de la Administración Pública en el sentido de suprimir la Institución y traspasar todos sus bienes y presupuesto asignado a la Secretaria de Finanzas mediante la Dirección de Bienes Nacionales, garantizando la provisión oportuna de los recursos presupuestarios que se requieran para pagar el pasivo laboral del IHNFA. Este convencimiento se fundamentó en los hechos siguientes: 1) Que está probado en la secuela del juicio que la terminación de la relación laboral por parte de la demandada de la decisión de dar por terminada la relación de trabajo se debió al emitir el PCM-026-2014 el 4 de junio el 2014 donde se suprime la Institución y traspasa todos sus bienes y presupuesto asignado a la Secretaria de Finanzas mediante la Dirección de Bienes Nacionales.- 2) Que el pago de lo reclamado por los demandantes se le pago mientras estuvo vigente la relación laboral entre el IHNFA y los demandantes hasta el 2010 y que la demanda fue presentada hasta el 5 de enero del 2015, cuando ya el IHNFA no existía como persona jurídica.- 3) Que es ampliamente observable que la Juez Sentenciadora al declarar con lugar la demanda, toma la decisión equivocada en fundamento que provoca irregularidades en el procedimiento de forma y de fondo, por no existir la persona jurídica de la demandada por haber extinguido en sus funciones y como se ejecutaría la condena. 4) Tampoco aplica lo de la sustitución de patrono que establece el Artículo 28 del Código de Trabajo, en virtud de que todos ellos cesaron en sus funciones con el IHNFA y no fueron recontratados por otra institución del Estado creada al efecto como o es el DINAF. En consecuencia con todo lo antes ilustrado a la luz de las normas sustantivas y procedimentales del Código de Trabajo y supletoriamente el Código Civil, es meritorio y legal reformar parcialmente en cuanto a lo que se declara con lugar la demanda y condena al demandado el ESTADO DE HONDURAS a través de su Representante Legal Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en cuanto al pago reajuste de acuerdo al índice inflacionario correspondiente a los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 y condena al pago de la cantidad de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS (L.4.429.931.58) desglosado en la forma que consta en autos en su parte resolutiva y en los valores que corresponde a cada uno de los demandantes y por los conceptos establecidos por el tribunal de primera instancia y confirmar en lo concerniente a declarar sin lugar la excepciones de prescripción. Que la Corte Suprema Sala Laboral Contencioso Administrativo en sentencia del 13 de Diciembre del 2021, declara la nulidad de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial del 8 de octubre del 2019, con el argumento en su Romano VIII que se violenta el debido proceso al no resolver el asunto conforme a su deber de congruencia y con base a los principios generales del derecho del trabajo, afectando la tutela judicial efectiva a que toda persona tiene derecho y el en Romano IX La Corte recurrida revoca el fallo de primera instancia, por lo que declara sin lugar la demanda contra el Estado de Honduras, que es el demandado solidario en el juicio, pero omitiendo pronunciarse con relacional demandado principal, el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA), aduciendo que dicha Institución fue intervenida y suprimida mediante el Decreto PCM-026-2014 del 4 de junio del 2014, traspasando sus bienes y presupuesto a la Secretaria de Finanzas, en el romano X El Ad quem, por un lado no resuelve todos los puntos o extremos en litigio sometidos a su decisión, al no indicar si declaraba con o sin lugar la demanda, por ende si absolvía o condenaba al IHNFA, no tomando en consideración que lo reclamado en el proceso se deriva de situaciones jurídicas acaecidas durante la existencia de dicha institución y por reclamos formulados antes la terminación de los contratos de trabajo vinculara los demandante, por salarios y otros derechos laborales solicitados de los años 2010 al 2014, por otro lado el referido Decreto PCM-026- 2014 del 4 de junio del 2014 en el Artículo 7 y 8 claramente se dispone que se procederá a la terminación de todos los contratos vigentes, con el reconocimiento a favor de los trabajadores de las prestaciones e indemnizaciones laborales a que hubiere lugar en derecho y que la Secretaria de Finanzas garantizara la provisión oportuna de los recursos presupuestarios que se requiere para pagar el pasivo laboral del IHNFA. Que en vista de las consideraciones legales que anteceden este Tribunal de Alzada es de la firme opinión que la sentencia definitiva que se conoce en apelación no se encuentra dictada conforme a las disposiciones de la Ley sobre la materia y a la vez porque el pago de lo reclamado por los demandantes se le pago mientras estuvo vigente la relación laboral entre el IHNFA y los demandantes hasta el 2010 y que la demanda fue presentada hasta el 5 de enero del 2015, cuando ya el IHNFA no existía como persona jurídica por haber extinguido en sus funciones y tampoco aplica lo de la sustitución de patrono que establece el Artículo 28 del Código de Trabajo, en virtud de que todos ellos cesaron en sus funciones con el IHNFA y no fueron recontratados por otra institución del Estado creada al efecto como o es el DINAF, por lo que en estricto derecho procede su reformatoria parcial en cuanto a lo que declara con lugar la demanda y condena a pagar la cantidad de L.4.429.931.58 a la parte demandada. 5.- Mediante auto de fecha 04 de noviembre del 2022, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada LIANA RODRÍGUEZ VALLADARES, en su condición de representante procesal de los señores JOSÉ JUAN ÁNGEL AGUILAR BANEGAS, FRANCIS MARÍA MENDOZA DÍAZ, ALMA ISABEL SOSA y otros, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 30 de marzo del 2023, compareció ante este Tribunal la Abogada LIANA RODRÍGUEZ VALLADARES, en su condición de representante procesal de los señores JOSÉ JUAN ÁNGEL AGUILAR BANEGAS, FRANCIS MARÍA MENDOZA DÍAZ, ALMA ISABEL SOSA y otros, formalizando su demanda, exponiendo seis motivos de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 09 de agosto del 2023, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado CARLOS BENJAMÍN SANTOS HERNANDEZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHOI. El recurso de casación configura una acción de impugnación que a la vez sirve de guía para la correcta aplicación e interpretación del derecho y es instrumento unificador de la jurisprudencia nacional. En materia de trabajo, la censura puede ser dirigida contra un fallo que hace tránsito a cosa juzgada, dictado por un Tribunal de Apelación, alegándose violación de la Ley o invocándose el principio prohibitivo de la reformatio in pejus, requiriendo dicha acusación de una rigurosa técnica, pues lo que se pretende es la confrontación de una resolución judicial definitiva de segundo grado con la normativa legal sustancial; por ello, la parte litigante que hace uso de esta vía procesal dispositiva y extraordinaria está obligada a romper las presunciones de legalidad y acierto que amparan la decisión recurrida y que derivan del supuesto de la conclusión del debate procesal con el agotamiento de las instancias. Como consecuencia de todo lo anterior, para poder realizarse un estudio de fondo primero se debe revisar si el libelo casacional llena todos los requisitos de forma legales y jurisprudenciales. II. Que la Abogada LIANA RODRÍGUEZ VALLADARES, en su primer motivo de casación alega: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantivas de orden nacional y de índole laboral por infracción indirecta derivada de error de hecho por la apreciación errónea de los medios de prueba documental público que obran a Folios 118, 229, 244, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 265, 266, 277, 278, 298, 304 al 308, 309, 310, 311, 315, 318, 319 al 321, 322 y 323 de la primera pieza de autos, admitidos a ambas partes en relación con la prueba en su conjunto, que hizo incurrir al Tribual Ad-Quem en tal error, que aparece de manifiesto en los autos y que lo llevó de forma indirecta a la violación del artículo 28 del Código del Trabajo en relación con el Articulo 8) del Decreto Ejecutivo PCM-026-2014 de 4 de junio de 2014 publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,446 de 06 de junio de 2014. Prueba que a continuación singularizo. Singularización de la Prueba: La prueba erróneamente apreciada es la documental pública que obra a Folios 118, 229, 244, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 265, 266, 277, 278, 298, 304 al 308, 309, 310, 311, 315, 318, 319 al 321, 322 y 323 de la primera pieza de autos, consistentes en: 1) Acuerdo No. SEDIS-206-2014 de cancelación del Director del IHNFA (ver Folio 118): 2) Certificaciones del historial de las acciones laborales extendidas por el Encargado de Recursos Humanos de la Comisión Liquidadora del IHNFA a los demandantes en las fechas siguientes: a) al señor JOSÉ JUAN ÁNGEL AGUILAR BANEGAS, de fecha 07 de abril de 2015; b) a la señora RITA MARIA ESPINZA SALINAS, de fecha 28 de abril de 2015; c) a la señora IGNE ESPERANZA VEGA ALVARADO, de fecha 03 de marzo de 2015; d) a la señora MARIA ELIZABETH HERRERA AGUIRRE, de fecha 12 de marzo de 2015 (ver Folios 229, 249, 277, 298 y 309); 3) Acciones de Personal de los demandantes autenticadas por el Gerente de Recursos Humanos del IHNFA en las fechas siguientes: a) No. 003-DE-10 el 21 de abril de 2015; b) No. 1734 el 28 de abril de 2015; c) No. 18-94 el 28 de abril de 2015; d) No. 2846 27 de febrero de 2015; e) No. 155-CI-05 el 12 de marzo de 2015; f) No. 326- 93 el 13 de marzo de 2015; g) No. 053-DRH-07 el 18 de marzo del 2015; h) No. 109-93 13 de julio de 2015; i) 027-DE-02 el 13 de julio de 2015: J) 027- DRH-07 el 13 de julio de 2015 (ver Folios 244, 250, 251, 266, 304 al 308, 310, 315, 318, 319 al 321, 322); 4) Historiales de los últimos 36 sueldos devengados, firmados y sellados por la Jefatura de Recursos Humanos del IHNPA, extendido a los señores Jacqueline Ivette Midence Rodas, Rita Maria Espinoza Salinas, Gloria Maria Salinas Ávila, Adriana Guevara Osorio, Claudia Isabel Gáleas Rodríguez y Rosario Aragón Martínez (ver Folios 248, 253, 265, 278, 311 y 323). Normas Procesales que sirvieron de medio para la violación de la Ley Sustantiva de orden nacional contenida en artículo 28 del Código del Trabajo en relación con el Artículo 8) del Decreto Ejecutivo PCM-026-2014 de 4 de junio de 2014 publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,446 de 06 de junio de 2014: Las normas procesales que llevaron a la violación de las normas sustantivas indicadas como violadas son los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. Precepto Autorizante: Este motivo de casación está comprendido en el numeral 1) párrafo segundo del Artículo 765 del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DE LA VIOLACIÓN. Se produjo la infracción indirecta por error de hecho en la apreciación errónea de los medios de prueba denominados documentos públicos que obran a Folios 118, 229, 244, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 265, 266, 277, 278, 298, 304 al 308, 309, 310, 311, 315, 318, 319 al 321, 322 y 323 de la primera pieza de autos, por cuanto el Ad-Quem, en el Considerando 16 numerales 2) y 4) argumenta y motiva su fallo en el criterio errado "que al momento de presentar la demanda, el 05 de enero de 2015, el IHNFA no existía como persona jurídica". La apreciación errónea de la prueba singularizada en este motivo incide directamente en el fallo en virtud de que jurídicamente el IHNFA sigue existiendo por cuanto: a) Una institución creada mediante un Decreto no puede ser disuelta y liquidada por un Decreto Ejecutivo; b) Dichos documentos acreditan que el IHNFA continuaba operando por sí y a través de la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas y de la Comisión Liquidadora después del 05 de enero de 2015, incluso diez meses después de que se publicase el Decreto Ejecutivo PCM-26-2014; c) A folio 118 obra el Acuerdo de fecha 15 de diciembre de 2014 de Cancelación del entonces director del IHNFA el cual fue recibido por el destinatario hasta el 08 de enero de 2015, es decir, cuando la demanda ya estaba presentada; d) En los documentos que corren agregados a folios 229, 244, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 265, 266, 277, 278, 298, 304 al 308, 309, 310, 311, 315, 318, 319 al 321, 322 y 323 el señor HÉCTOR FRANCISCO OCHOA RUIZ actuando como Encargado de Recursos Humanos de la Comisión Liquidadora del IHNFA extiende certificaciones, auténticas e historiales de pago; e) Los demandantes fueron cancelados entre los meses de octubre y diciembre de 2014 MEDIANTE ACUERDO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE FINANZAS; f) Que en dichos Acuerdos, se estampa el sello de la Jefatura de Recursos Humanos del IHNFA; y. g) Que todos estos documentos fueron extendidos entre el 27 de febrero y el 13 de julio ambos de 2015, es decir, después de presentada la demanda. Al haber apreciado erróneamente la prueba, la Corte de Apelaciones incurrió en error de hecho al afirmar que el IHNFA dejó de existir como persona jurídica el 06 de junio de 2014 y que por ende al momento de demandar ya no existía pues: a) los demandantes continuaron laborando para el Estado de Honduras más allá de la fecha en que el Decreto Ejecutivo PCM-26-2014, supuestamente desaparece al IHNFA; b) la Secretaria de Finanzas, al absorber las obligaciones del IHNFA en relación a su pasivo laboral y cancelar la relación laboral y firmar plan de pago de prestaciones con los demandantes y extender auténticas de documentos sobre nombramientos, cancelaciones y pagos efectuados a los demandantes, por mandato del Artículo 8 del PCM-26- 2014, actuó como patrono. De haber apreciado correctamente la prueba, el Ad-Quem habría concluido que el Estado de Honduras al haberse subrogado en las funciones del IHNFA, a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, continuó ejerciendo las labores de patrono más allá de la fecha de publicación del PCM-026-2014 y, en tal sentido, hubiese otorgado la tutela jurídica ofrecida por el Artículo 28 del Código del Trabajo. Por lo que procede la admisión de este primer motivo.” III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: No es cualquier error el que conduce a quebrantar el fallo, sino el manifiesto y evidente. Para que se configure la violación de la ley por error de hecho en la apreciación de las pruebas, son necesarios los siguientes requisitos: a) Debe existir una mala o falta de apreciación de la prueba y debe singularizarse. b) Esa apreciación debe ser originada por un error de hecho, es decir, respecto de la prueba aportada en sí misma y no con relación a las normas de derecho; c) Ese error de hecho debe generar como consecuencia obligada y necesaria la violación de la ley sustantiva; d) El error de hecho expresado debe ser manifiesto, o sea que aparezca en pugna con la evidencia demostrada por la prueba de que se trate, como ocurriría si en la sentencia se admite por probado un hecho que en realidad no está demostrado o al contrario. IV. Que la Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional y de índole laboral por infracción indirecta del Articulo 95 párrafo primero numeral 1) del Código del Trabajo derivada de error de hecho en la apreciación errónea de los medios de prueba documental público que obran a Folios 14 al 33 y 175 al 194, documentos que corren agregados a la primera pieza de autos y admitidos a ambas partes, en relación con la prueba en su conjunto, que hizo incurrir al Tribunal Ad-Quem en tal error, que aparece de manifiesto en los autos y que lo llevó de forma indirecta a la violación del Artículo 95 párrafo primero numeral 1) del Código del Trabajo en relación con el Articulo 21 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores Sociales, Articulo 90 del Código Civil y 8 del Decreto Ejecutivo PCM-026- 2014 de 4 de junio de 2014 publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,446 de 06 de junio de 2014. Prueba que a continuación singularizo. Singularización de la Prueba: La prueba apreciada erróneamente es la documental pública que obra a Folios 14 al 33, 175 al 194 de la primera pieza de autos, consistentes en: 1) Las Actas de Cierre de las Diligencias Administrativas Gubernativas Conciliatorias por decisión de las partes de fecha 22 de octubre de 2014 apareciendo como requirentes los demandantes y como parte requerida el IHNFA y de forma solidaria el Estado de Honduras por actuaciones de la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas y de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) (ver Folios 14 al 33); y. 2) Constancias de Existencia de la relación laboral de los demandantes de fecha el 14 de enero de 2016 extendidas por la Comisión Liquidadora IHNFA/SEFIN y con el sello del IHNFA (ver Folios 175 al 194). Normas Procesales que sirvieron de medio para la violación de la Ley Sustantiva de orden nacional contenida en el Artículo 95 párrafo primero numeral 1) del Código del Trabajo en relación con el Artículo 21 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores Sociales, Artículo 90 del Código Civil y 8 del Decreto Ejecutivo PCM-026-2014 de 4 de junio de 2014 publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,446 de 06 de junio de 2014: Las normas procesales que llevaron a la violación de las normas sustantivas indicadas como violadas son los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. Precepto Autorizante: Este motivo de casación está comprendido en el numeral 1) párrafo segundo del Artículo 765 del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DE LA VIOLACIÓN. Se produjo la infracción indirecta del Articulo 95 párrafo primero numeral 1) del Código del Trabajo, por error de hecho en la apreciación errónea de los medios de prueba denominados documentos públicos que obran a Folios del 14 al 33 y del 175 al 194 del Tomo I de la primera pieza de autos, cuando el Ad-Quem, basado en los Considerandos 13, 15, y 16 emite un fallo errado bajo el supuesto que la demanda se presentó contra una persona jurídica que no existía por haberse extinguido en sus funciones. La apreciación errónea de la prueba singularizada en este motivo incide directamente en el fallo en virtud de que en dichos documentos se aprecia que la acción de los demandantes, desde la instancia administrativa, se promovió contra el IHNFA y de forma solidaria contra el Estado de Honduras por actuaciones de la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas y de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF). En la prueba erróneamente apreciada puede verse que: a) el 22 de octubre de 2014, a la instancia administrativa compareció la Apoderada legal del IHNFA y no el Procurador de la República, pese a haber sido citado; y, b) Que la Comisión Liquidadora del IHNFA siguió actuando a través de la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas aun después de la supuesta desaparición del IHNFA, Secretaria que por disposición del Artículo 8 del PCM-026-2014 deviene obligada a pagar el pasivo laboral del IHNFA. Al haber apreciado erróneamente la prueba, y no haberse percatado que los demandantes, desde la vía administrativa, promovieron la acción de forma solidaria contra el IHNFA y contra el Estado de Honduras, incurrió en error de hecho que lo llevó al error manifiesto de afirmar que la demanda se promovió contra una persona jurídica inexistente. De haber apreciado correctamente la prueba, el Ad-Quem habría llegado al convencimiento que la acción promovida contra el Estado de Honduras se encuentra bien dirigida pues: a) se adeudan cantidades a los demandantes derivadas de la aplicación del artículo 21 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores Sociales; b) el Artículo 90 del Código Civil citado por el Ad- Quem para que se extinga la personas jurídica establece que "la existencia de las asociaciones y corporaciones termina por la destrucción de los bienes dedicados a su sostenimiento", lo que no aplica al caso de autos pues el mismo Ad-Quem sostiene que los bienes del IHNFA fueron traspasados a la Secretaria de Finanzas para garantizar la provisión de recursos para pagar pasivo laboral por lo que los bienes no fueron destruidos sino traspasados, c) el Estado de Honduras (y la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas), fue demandado de forma solidaria, es contra él que se siguió el proceso, y continúa existiendo, por cuanto por disposición del mismo Poder Ejecutivo las obligaciones del IHNFA fueron asumidas por el Estado por mandato del Artículo 8 del PCM-026-2014; y, d) al absorber los bienes, obligaciones y pasivo laboral del IHNFA, el Estado de Honduras estaba en la obligación de cumplir lo ordenado Artículo 95, párrafo primero, numeral 1) del Código del Trabajo y proceder al pago de los ajustes salariales por ser una remuneración amparada en Ley. Por lo que la admisión de este segundo motivo.” V. Que el cargo que antecede no resulta admisible ya que el error de hecho, implica conclusiones ostensiblemente contrarias a lo establecido en el juicio, ya sea por falta de apreciación de la prueba o por defectuosa apreciación de la misma, es decir, en los casos en que el juzgador incurra en una manifiesta y evidente equivocación; es importante también señalar, que en los juicios del trabajo los juzgadores gozan de autonomía en la apreciación de las pruebas y que no puede acusarse válidamente en casación esa estimación sino por haberse incurrido con ella en un error de hecho que aparezca de modo evidente, manifiesto e incontrovertible de acuerdo con las constancias procesales, en forma que se dé por establecido un hecho que no lo está o, al contrario, se considere como existente uno que sí está suficientemente acreditado en el juicio. Analizado el caso que nos ocupa, la Impetrante no logra demostrar el error de hecho alegado y tampoco se evidencia ninguna situación que pugne contra el material probatorio aportado y practicado en el juicio, aparte que se formulan alegatos de instancia inoportunos en este extraordinario recurso. VI. Que la Impetrante formula un tercer motivo de casación en el que alega: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional y de índole laboral por infracción indirecta derivada de error de hecho en la apreciación errónea de los medios de prueba documental público admitidos a la parte demandante, agregados a la primera pieza de autos y que obran a Folios 175 al 194 y 354 a 360, en relación con la prueba en su conjunto; error que aparece de manifiesto en los autos y que llevó al Tribunal, de forma indirecta, a la violación del artículo 374 del Código del Trabajo, en relación con el Articulo 128 numeral 4) de la Constitución de la República, Artículo 21 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores Sociales y los Artículos 5 numeral 2) y 8 Decreto Ejecutivo PCM-026-2014 de 4 de junio de 2014 publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,446 de 06 de junio de 2014. Prueba que a continuación singularizo. Singularización de la Prueba: La prueba apreciada erróneamente es la documental que obra a Folios 175 al 194 y 354 a 360 de la primera pieza de autos, consistentes en: 1) Constancias extendidas a los demandantes el 14 de enero de 2016 que acreditan fechas de ingreso y forma de cancelación de la laboral, último sueldo devengado y monto pagado en concepto de prestaciones, extendidas por la Comisión Liquidadora IHNFA/SEFIN y con el sello del IHNFA que corren del Folio 175 al 194; 2) Documentos enviados por el Gerente de Recursos Humanos del IHNFA a los Trabajadores Sociales del IHNFA, a la Directora Regional Centro Oriente del IHNFA, a las Licenciadas Alma Isabel Sosa y Jackeline Midence y al señor Carlos Lombardo Cruz representante del SITRAIHNFA consistentes en a) Memorando No. 190-GRH- 2014 de 12 de junio de 2014 que corre a Folio 354; b) Memorando No. 185- GRH-2014 de 11 de junio de 2014 que corre a Folio 355; c) Nota de 16 de junio de 2014 que corre a Folio 356; 3) Acta Especial de Comparecencia de 17 de junio de 2014 suscrita por la directora Regional Centro Oriente, la Trabajadora Social de Adopciones y Recursos Humanos del IHNFA, que corre Folio 357; 4) Oficio No. 131-DGP-AE de 27 de junio de 2014 enviado por el Sub Secretario de Finanzas y Presupuesto al Apoderado Legal del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Honduras, que corre a Folio 358; 5) Acta de Compromiso de 04 de octubre de 2011 suscrita por el Subsecretario de Finanzas y Presupuesto de la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas, los Secretarios de Estado en los Despachos de Salud, Seguridad, Educación Trabajo y Seguridad Social y la Presidenta del Colegio de Profesionales del Trabajo Social, que corre a Folios 359 al 360. Normas Procesales que sirvieron de medio para la violación de la Ley Sustantiva de orden nacional contenida en el Articulo 128 numeral 4) de la Constitución de la República, Artículo 21 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores Sociales y los Artículos 5 numeral 2) y 8 del Decreto Ejecutivo PCM-026-2014 de 4 de junio de 2014 publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,446 de 06 de junio de 2014: Las normas procesales que llevaron a la violación de las normas sustantivas indicadas como violadas son los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. Precepto Autorizante: Este motivo de casación está comprendido en el numeral 1) párrafo segundo del Artículo 765 del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DE LA VIOLACIÓN. Se produjo la infracción indirecta por error de hecho en la apreciación errónea de los medios de prueba denominados documentos públicos que obran a Folios del 175 al 194 y del 354 a 360 de la primera pieza de autos, ya que el Ad-Quem en el Considerando 16 numeral 3) sostiene de forma errada que al haberse extinguido la persona jurídica demandada no podría ejecutarse la sentencia. La apreciación errónea de la prueba singularizada en este motivo incide directamente en el fallo pues: a) las Constancias que corren agregadas de Folio 175 al 194 fueron extendidas por la Comisión Liquidadora del IHNFA SEFIN el 14 de enero de 2016 con el sello del IHNFA y la demanda fue presentada el 05 de enero de 2015, resultando inocultable que la persona jurídica demanda no se había extinguido al momento de incoar la acción; y, b) con los documentos que corren agregados del Folio 354 a 360 se probó que tanto el IHNFA como solidariamente reconocían la deuda con el Estado de Honduras sus Trabajadores Sociales, afirmando incluso en el Acta Especial de Comparecencia que debido a la transición del IHNFA al DINAF serían las nuevas autoridades quienes haría el análisis de las solicitudes planteadas en relación al IPC de los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, por lo que se trata de una obligación existente, liquida y exigible por parte de los demandantes. La apreciación errónea de la prueba singularizada llevó a la Corte de Apelaciones a negar el carácter de crédito singularmente privilegiado que el Artículo 374 del Código del Trabajo otorga a los créditos de los trabajadores, como lo son los aumentos adeudados a los demandantes derivados del Artículo 21 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores Sociales, en relación con el Artículo 128 numeral 4) de la Constitución de la República; por tanto, tenor de lo establecido en los Artículos 5 numeral 2) y 8 del Decreto Ejecutivo PCM-26-2014 de 4 de junio de 2014 por constituir un pasivo laboral del INHPA, la Comisión Liquidadora del IHNFA/SEFIN estaba en la obligación de pagarlos. De haber apreciado correctamente la prueba, el Ad-Quem habría concluido: a) que por mandato del Estado de Honduras y por actuaciones del mismo Poder Ejecutivo, a los demandantes se le causa un daño injusto; b) como consecuencia, el Estado, por medio de Comisión Liquidadora del IHNFA/SEFIN, está obligado solidariamente al pago de las cantidades adeudadas por ajuste salarial derivado del costo de vida y el índice inflacionario correspondiente al IPC correspondiente al periodo comprendido del 2010 al 2014, según el Artículo 21 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores Sociales. Por lo que procede la admisión de este tercer motivo.” VII. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos, lo cual no aparece demostrado por la Recurrente; b) La prueba singularizada si fue apreciada de forma adecuada en el fallo impugnado, resultando que se le dio una valoración o alcance diferente al que pretende la Impetrante, por lo que es impropio el ataque al mismo por apreciación errónea ; y, c) Formula alegatos propios de instancia. VIII. Que la Censora formula un cuarto motivo de casación invocando lo siguiente: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional en vía directa por interpretación errónea del Artículo 96 párrafo primero numeral 9) del Código del Trabajo en relación con los Artículos 21 de la Ley del de los Trabajadores Sociales, 261 párrafo primero de la Constitución de la República, 42 del Código Civil y con el Artículo 1 del PCM- 026-2014 de 04 de junio de 2014, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,446 de 06 de junio de 2014. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el numeral 1) párrafo primero del Artículo 765 del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DE LA VIOLACIÓN. La interpretación errónea de la Ley tiene lugar cuando el juez aplica la ley que regula el caso, pero la interpreta incorrectamente, se hace una estimación equivocada de su contenido, independientemente de la cuestión de hecho que se trata de regular. El Ad-Quem, en el Considerando 13 de su sentencia, invoca el Artículo 42 del Código Civil para, en los Considerandos 15 y 16 concluir que no existe obligación de pago a los demandantes porque la persona jurídica demandada dejó de existir en virtud del Artículo 1 del Decreto Ejecutivo PCM-026-2014. Tal argumentación la llevó a una interpretación errónea del Articulo 96 párrafo primero, numeral 9) del Código del Trabajo en relación con el Articulo 21 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores Sociales, con el Artículo 42 del Código Civil y con el Artículo 1 del PCM-026-2014. Porque: a) El Artículo 96, párrafo primero numeral 9) del Código del Trabajo prohíbe que se ejecuten actos que vulneren los derechos que otorgan las leyes a los trabajadores; b) El Articulo 21 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores Sociales ordena que cada año las instituciones públicas evalúen y ajusten los niveles salariales del Trabajador Social, fundamentando en el costo de vida y el índice inflacionario anual; c) Al tenor del Artículo 42 del Código Civil "la Ley puede ser derogada total o parcialmente por otra Ley” pero resulta que el Decreto Ejecutivo PCM-026-2014 no tiene rango de Ley. El INHFA fue creado mediante un Decreto Legislativo, por lo que no puede ser suprimido por un organismo Decreto Ejecutivo; d) El Articulo 261 párrafo primero de la Constitución de la República establece que "Para crear o suprimir un organismo descentralizado, el Congreso Nacional resolverá por los (2/3) dos tercios de votos de sus miembros"; e) Al no haberse suprimido mediante Ley, el IHNFAlegalmente no ha desaparecido, por lo que el Estado de Honduras es solidariamente responsable con éste frente a sus trabajadores. Por lo anteriormente expuesto procede que se admita este cuarto motivo de casación.” IX. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón que: a) Olvida la Impetrante que la violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley; y, b) Formula alegatos de instancia. X. Que la recurrente en casación formula un quinto motivo pretendiendo lo siguiente: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional en vía directa por la aplicación indebida del Artículo 96 párrafo primero numeral 11) del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el numeral 1) párrafo primero del Artículo 765 del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DE LA violación. La aplicación indebida de la Ley tiene lugar cuando para solucionar el conflicto se aplica una ley que no es la que corresponde al caso. La pretensión y el hecho controvertido en juicio es el pago del ajuste salarial adeudado y derivado de la aplicación del Estatuto de los Trabajadores Sociales. El Ad-Quem, funda, entre otros, su fallo en el Articulo 96 numeral 11) del Código del Trabajo, que se refiere a la prohibición del patrono de imponer penas o sanciones que no hayan sido autorizadas por las leyes o reglamentos vigentes, norma que no corresponde aplicar al caso concreto, en vista que no forma parte del debate, ni de las pretensiones de demandantes. Por lo anteriormente expuesto procede que se admita este quinto motivo de casación.” XI. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Olvida la Impetrante que la violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley; y, b) En su explicación no se demuestra ni se indica cual es el error incurrido ni cuál es la norma que proceda a aplicar, y formula alegatos de instancia. XII. Que la recurrente en casación formula un sexto motivo formulando lo siguiente: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria por la aplicación indebida de la Cláusula del Contrato Colectivo que se señala se utiliza "en relación con los Artículos 22.1, 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil” PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el numeral 1) párrafo primero del Artículo 765 del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DE LA VIOLACIÓN. Como se indicó anteriormente, la aplicación indebida de la Ley tiene lugar cuando para solucionar el conflicto se aplica una ley que no es la que corresponde al caso. La pretensión y el hecho controvertido en juicio es el pago del ajuste salarial adeudado y derivado de la aplicación del Artículo 21 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores Sociales. El Ad-Quem, funda, entre otros, su fallo en la Cláusula 59 del Contrato Colectivo que se señala se utiliza "en relación con los Artículos 22.1, 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil" y que desconocemos a que se refiere al no formar parte de las pretensiones de las partes ni del objeto del debate ninguna disposición de ningún Contrato Colectivo por lo no corresponde aplicarla al caso concreto. Por lo anteriormente expuesto procede que se admita este sexto motivo de casación.” XIII.- Que el cargo que antecede no resulta admisible, ya que la Recurrente olvida que este Tribunal ha establecido el criterio de que la violación directa de la ley, ya sea por infracción directa o falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea, tiene lugar y se produce con prescindencia de cualquier material probatorio (Ver sentencias expedientes números CL 118-08, 169-08, 219-08, 249-08, 354-08, 382-08 y 14-09); en el presente caso, la cuestión debatida tiene relación con la legalidad y justificación de la terminación de la relación de trabajo que vinculó a las partes y ello fue objeto del material probatorio, por ende, no resulta viable el ataque al fallo por esa vía. XIV. La impetrante alega nulidad subsidiaria la cual aduce que: “La nulidad, en sus diferentes expresiones, está regulada abundantemente en los artículos 9, 1586 numeral 1) y 1589 del Código Civil, 34 literal c), y 35 párrafo primero de la Ley del Procedimiento Administrativo, en los que se sintetiza el mandato del Artículo 321 de la Constitución de la República en cuanto "Los servidores del estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la Ley. Todo acto que ejecuten fuera de la Ley es nulo e implica responsabilidad. De lo anterior se desprende que: 1. El Articulo 205 numeral 1) de la Constitución de la República establece como atribución exclusiva del Congreso Nacional "crear, decretar interpretar, reformar y derogar las leyes”; en uso de ésta el legislador mediante Decreto Legislativo No. 199-1997 de 29 de diciembre de 1997 publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 28,476 de 29 de enero de 1998, creo el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia, en lo sucesivo IHNFA mismo que no ha sido abrogado o derogado y cuya comisión liquidadora sigue existiendo. 2. El Artículo 245 de la Constitución de la República establece las atribuciones del Presidente de la República y, en ninguna de ellas se le faculta para derogar las leyes. No obstante, en abierta transgresión de sus atribuciones y de la esencia del Estado de Derecho prevista en los Artículos 1, 2,3 y 4 de la Constitución de la República emite el Decreto Ejecutivo PCM 026-2014 de fecha 04 de junio de 2014 publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,446 de 06 de junio de 2014 (en lo sucesivo PCM-026-2014) a través del cual se suprime, pero no se liquida el IHNFA. 3. La sentencia de la Honorable Cote de Apelaciones de fecha treinta (30) de mayo de dos mil veintidós (2022) recurrida, en la argumentación y motivación jurídica que le sirve de base, en el Considerando 16, motiva su fallo en: 1) que la terminación de la relación laboral se efectuó en aplicación del PCM-026-2014 del 4 de junio de 2014, mediante el cual se suprime la Institución, se traspasan los bienes y el presupuesto del IHNFA a la Secretaria de Finanzas; 2) que a los demandantes se les pagaron sus derechos mientras el IHNFA existió como persona jurídica pero que la demanda fue presentada hasta el 05 de enero de 2015 cuando el IHNFA ya no existía como persona jurídica; 3) que la sentencia de primera instancia es equivocada en la forma y en el fondo por no existir la persona jurídica del IHNFA pero subsistir las obligaciones hacia los trabajadores; y, 4) invoca la aplicación del Artículo 28 del Código del Trabajo señalando que no aplica la sustitución de patrono, por cuanto los trabajadores no fueron recontratados por otra institución, como lo es el DINAF. Pero no resuelve el problema del cumplimiento de las obligaciones pendientes. Y, en base a todas las consideraciones señaladas concluye "Es meritorio y legal reformar parcialmente en cuanto a lo que se declara con lugar la demanda y condena al demandado el Estado de Honduras...”. Es un asunto de mero derecho constitucional y legal que en la emisión del PCM-026-2014 el Poder Ejecutivo no solamente transgrede las normas. constitucionales citadas pues por un Decreto Ejecutivo no se puede derogar un Decreto Legislativo, sino el propio Articulo 16 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que, desde el 26 de agosto de 1789, dejó sentando "Una sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de poderes determinado, no tiene Constitución", la Carta de las Naciones Unidas del 26 de junio de 1945, sobre todo en sus Artículos 1 y 2 y el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de 1969, violándoles a los demandantes sus más fundamentales derechos, que son inalienables, imprescriptibles, inderogables e irrenunciables, que les son conferidos por el Artículo 21 del Estatuto de los Trabajadores Sociales en relación con los Artículos 1, 3, 128 numeral 4) de la Constitución de la República y 28, 95 párrafo primero numeral 1), 96 párrafo primero numeral 9) y 374 del Código del Trabajo. 4) En un Estado de derecho, una persona jurídica como lo es el IHNFA, nace a la vida jurídica, existe y solo pude dejar de existir porque se haya decretado su disolución y liquidación con las formalidades exigidas por la ley, lo que no ocurrió en el caso de autos. Mas grave es el hecho si se aprecia que como consecuencia de la nulidad decretada por esta Honorable Corte Suprema de Justicia se volvió a dictar sentencia casi en los mismos términos únicamente agregado el CONSIDERANDO (17) en el que, a pesar de retomar los argumentos que llevaron a la nulidad de la sentencia previa, a saber que el Ad Quem "por un lado no resuelve todos los puntos tenemos litigios sometidos a su decisión, al no indicar si declaraba con o sin lugar la demanda, por ende si absolvía o condenaba al IHNFA, no tomando en consideración lo reclamado en el proceso se deriva la situación en jurídicas acaecidas durante la existencia de dicha institución y por reclamos formulados antes de la terminación de los contratos de trabajo que vinculara a los demandantes por salarios de otros derechos laborales solicitados de los años 2010 al 2014, por otro lado el referido decreto PCM-026-1014 de 04 de junio de 2014 en el artículo 8 claramente se dispone que se procederá a la eliminación de todos los contratos de trabajo vigentes con el reconocimiento a favor de trabajadores en las prestaciones indemnizaciones laborales a que hubiere lugar en derecho y que la secretaria de finanzas garantizará la provisión oportuna de los recursos presupuestales que se requieren para parar el pasivo laboral del IHNFA", agrega el Romano VI a la parte dispositiva del fallo a través del cual se absuelve a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas y de manera solidaria a la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), lo anterior a pesar de ser esta primera la encargada de liquidar el pasivo laboral del IHNFA. Por todas las violaciones realizadas por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán en su fallo, y en aplicación de los Artículos 207 numeral 19 y 208 numeral 1) del Código procesal Civil, procede que la Honorable Corte Suprema de Justicia salve el honor de la República y la misión de ofrecer una tutela judicial efectiva, un debido proceso y el respeto a derechos fundamentales, a la dignidad de la persona humana del trabajador, con la nulidad solicitada” XV.- Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ha ocasionado un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; sin embargo, estudiada la petición del Censor del Fallo, aparece que los puntos expuestos en la misma pudieron haber sido expuestos como motivos del recurso, debidamente estructurados, sin que se evidencie ninguna violación a los derechos de defensa y debido proceso, resultando por ello inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria. XVI. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus seis motivos de casación. Y sin lugar la petición de nulidad subsidiaria. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus seis motivos. 2) SIN LUGAR la nulidad solicitada de forma subsidiaria. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ROY PINEDA CASTRO, COORDINADOR, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de febrero del dos mil veinticuatro; certificación de la sentencia de fecha veintiocho de septiembre del dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL523-2022. FIRMA Y SELLO.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ

SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.