Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CL-513-22 — Registro 17503

Resumen

Revocando parcialmente la sentencia venida en consulta de la demanda ordinaria laboral para el reintegro al puesto de trabajo, que se reconozca la condición de empleada permanente al amparo de las disposiciones contenidas en los artículos 24, 47, 48 párrafo segundo y 52 párrafo tercero del Código de Trabajo, pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios causados desde la fecha del despido ilegal, injusto y arbitrario, hasta la fecha en que se produzca el reintegro de acuerdo con la sentencia condenatoria que sea dictada, con el reconocimiento de la antigüedad adquirida desde la fecha en que originalmente fue contratada, reconocimiento y pago de los respectivos incrementos salariales aprobados para los empleados del sector público que no le han sido otorgados y demás derechos que se produzcan durante la tramitación del juicio

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además, es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden. IV.- Que por Acceso a la Justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial. "...

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate así como la motivación deberá incidir en los distintos elementos facticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código de Procedimientos Civiles, art. 206 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., dos de noviembre de dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha veintisiete de abril del dos mil veintitrés, por el Abogado ALLAN EDUARDO TORRES ARIAS, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además es parte recurrida, la señora YUREISY GORETTY PORTALES SORTO, representada en juicio por el Abogado SANTIAGO OBDULIO HERRERA MAYEN. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el reintegro al puesto de trabajo, que se reconozca la condición de empleada permanente al amparo de las disposiciones contenidas en los artículos 24, 47, 48 párrafo segundo y 52 párrafo tercero del Código de Trabajo, pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios causados desde la fecha del despido ilegal, injusto y arbitrario, hasta la fecha en que se produzca el reintegro de acuerdo con la sentencia condenatoria que sea dictada, con el reconocimiento de la antigüedad adquirida desde la fecha en que originalmente fue contratada, reconocimiento y pago de los respectivos incrementos salariales aprobados para los empleados del sector público que no le han sido otorgados y demás derechos que se produzcan durante la tramitación del juicio, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciséis de agosto del dos mil dieciocho, por la señora YUREISY GORETTY PORTALES SORTO, mayor de edad, soltera, hondureña, Técnico de Enfermería y con domicilio en el Barrio Las Mercedes, Gracias, Departamento de Lempira, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD PUBLICA, por medio de la Procuraduría General de la República. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veintiocho de abril del dos mil veintidós, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: 1.-REFORMANDO DE OFICIO la sentencia definitiva venida en consulta, de fecha treinta de septiembre de dos mil veinte, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en el sentido siguiente: A) REVOCANDO PARCIALMENTE el numeral PRIMERO, numeral 1); B) REVOCANDO PARCIALMENTE EL NUMERAL SEGUNDO, numeral 1), los que deberán leerse de la siguiente manera: "I.- Declarando CON LUGAR La demanda ordinaria laboral, promovida por la señora YUREISY GORETTY PORTALES SORTO, contra el ESTÁDO DE HONDURAS, a través de la Procuradora General de la República en su condición de Representante Legal del Estado de Honduras, Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA, en cuanto a: 1) DECLARAR que la relación laboral de la demandante YUREISY GORETTY PORTALES SORTO, con el ESTADO DE HONDURAS es de CARÁCTER PERMANENTE en consecuencia se le reconocen todos los derechos como empleado PERMANENTE que le corresponden, reconociéndole su antigüedad desde que ingreso a laborar para la demandada en fecha ocho (08) de marzo del año 2017". “II.- CONDENAR: Al ESTADO DE HONDURAS, a través de la Procuradora General de la República en su condición de Representante Legal del Estado de Honduras, Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA: en cuanto a: 1) A DECLARAR que la relación laboral de la demandante YUREISY GORETTY PORTALES SORTO, con el ESTADO DE HONDURAS es de CARÁCTER PERMANENTE en consecuencia se le reconocen todos los derechos como empleado PERMANENTE que le corresponden desde que ingreso a laborar para la demandada en fecha ocho (08) de marzo del año 2017.". -C).- CONFIRMANDO EL NUMERAL PRIMERO, numerales 2, 3 y 4;NUMERAL SEGUNDOnumerales 2 y 3;NUMERALES TERCERO Y CUARTO.- Todo en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL REINTEGRO AL PUESTO DE TRABAJO, QUE SE RECONOZCA LA CONDICION DE EMPLEADA PERMANENTE AL AMPARO DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LOS ARTICULOS 24, 47, 48 PÁRRAFO SEGUNDO Y 52 PARRAFO TERCERO DEL CODIGO DEL TRABAJO, PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS DESDE LA FECHA DEL DESPIDO ILEGAL, INJUSTO Y ARBITRARIO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PRODUZCA EL REINTEGRO DE ACUERDO CON LA SENTENCIA CONDENATORIA QUE SEA DICTADA, CON EL RECONOCIMIENTO DE LA ANTIGÜEDAD ADQUIRIDA DESDE LA FECHA EN QUE ORIGINALMENTE FUE CONTRATADA, RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LOS RESPECTIVOS INCREMENTOS SALARIALES APROBADOS PARA LOS EMPLEADOS DEL SECTOR PUBLICO QUE NO HAN SIDO OTORGADOS Y DEMAS DERECHOS QUE SE PRODUZCAN DURANTE LA TRAMITACION DEL JUICIO, COSTAS DEL JUICIO, promovido por la señora YUREISY GORETTY PORTALES SORTO contra el ESTADO DE HONDURAS, a través del Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en su condición de Procurador General de la República.- SIN COSTAS”. ANTECEDENTES DE HECHO 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que la demandante prestó sus servicios laborales al Estado de Honduras en el Hospital Doctor Juan Manuel Gálvez de la ciudad de Gracias, Departamento de Lempiras, desde el ocho de marzo del dos mil diecisiete, como Auxiliar de Enfermería que en la práctica su labor era de enfermera en la sala de Medina de Mujeres; que la relación estuvo regida mediante una sucesión de contratos que la Secretaría de Salud les denominó "Contratos de Servicios Profesionales y Técnicos", el salario mensual que le era pagado fue de L. 8,948.84; su relación laboral ha estado regida por una sucesión de contratos por tiempo definido y denominados en la forma antes dicha, se desarrolló normalmente, al grado que se prolongó por más de un año, sin interrupciones de ninguna naturaleza; que debido a la errónea tipificación del contrato, es que el Estado mediante notificación de fecha 28 de mayo del año 2018 a través de la Secretaría de Salud hizo de su conocimiento su decisión unilateral de que a partir del 1 de junio del año 2018 ya no podía seguir laborando para dicho centro hospitalario, puesto que decidió no renovar el contrato que venció el 31 de mayo del año 2018, lo que en forma evidente, implica el despido en forma injustificada; que al tenor de lo dispuesto en los artículos 24, 47, 48 párrafo segundo y 52 párrafo tercero del Código de Trabajo y los Principios de Primacía de la Realidad y de Continuidad, es una relación laboral que se convirtió de carácter indefinida, puesto que, ha continuado ininterrumpidamente, computando una antigüedad de más de un año, lo cual prueba que la labor para la que fue contratada es laboral, de naturaleza permanente o continua en el Hospital Doctor Juan Manuel Gálvez, pues, a la fecha subsisten las causas que le dieron origen o la materia del trabajo y por tanto está regida por las disposiciones del Código del Trabajo, no del Derecho Administrativo. 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que se contrató a la demandante mediante un Contrato de Servicios Profesionales y Técnicos, en aplicación estricta de los artículos 200, 201, 202 y subsiguientes del Reglamento de la Ley de Servicio Civil. En ese orden de ideas, el artículo 3 numeral 1) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, establece que en casos como el que nos ocupa será conocida por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y no por el Juzgado del Trabajo. El argumento en que se apoya la parte actora para reclamar el derecho subjetivo que pretende, es en el texto legal de los artículos 24, 47, 48 y 52 del Código del Trabajo, ya que las actividades que realiza la parte actora no se pueden considerar permanentes como lo pretende hacer ver, pues sus funciones se encuentran previamente establecidas en las clausula segunda del Contrato de Servicios Profesionales y Técnicos y no se puede aplicar dicha normativa de manera antojadiza por el simple hecho que le conviene. En ese orden de ideas fundamentar sus pretensiones para exigir un reconocimiento de permanencia por la suscripción de los contratos, seria en menos cabo del artículo 60 de la Constitución de la República, el que dispone que "todos somos iguales ante la ley"; no obstante, la actividad temporal se debe a que la plaza no existe y por ende no puede otorgarse un nombramiento de la Dirección de Servicio Civil permanente, razón por la cual se rechaza la pretensión; que es de suma importancia recalcar que la parte demandada a suscrito contrato a término con la demandante el cual tenia fecha de inicio y finalización, firmándose de esa manera en vista de que la demandada está sujeto a un Plan Operativo Anual (POA) y a las Disposiciones Generales de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República, por lo que no puede excederse, tal como lo determina la Constitución de la República en su artículo 364 "No podrá hacerse ningún Compromiso o efectuarse pago alguno fuera de las asignaciones votadas en el presupuesto, o en contravención a las normas presupuestarias". Asimismo, la parte actora desconoce que al ser la demandada un órgano centralizado, sus empleados permanentes se deben regir por la Ley de Servicio Civil, consecuentemente si pretende que se le reconozca tal permanencia debe dar cumplimiento a lo que establece el artículo 11 de la Ley de Servicio Civil y artículo 7 de su Reglamento. En cuanto al reconocimiento de incrementos salariales, estos no pueden ser otorgados ya que la demandante no está sometida a una relación laboral, sino a un Contrato de Servicios Profesionales y Técnicos, en el cual claramente se estableció un monto total y durante su vigencia se paga según los meses que prestan sus servicios, razón por la cual igualmente se deben desestimar estas pretensiones; que se rechaza lo manifestado por la demandante referente a que mediante fecha 28 de mayo del año 2018 se le despidió por el hecho de no haberle renovado su contrato, pues a la demandante únicamente se le notificó con la referida nota que su contrato finalizaba el 31 de mayo del año 2018 y que no se le renovaría. 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha seis de marzo del dos mil veinte, dictó sentencia que, en su parte conducente, dice: “FALLA: I. Declarando CON LUGAR La demanda ordinaria laboral, promovida por la señora YUREISY GORETTY PORTALES SORTO, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la Procuradora General de la República en su condición de Representante Legal del Estado de Honduras, Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA, en cuanto a: 1) DECLARAR que la relación laboral de la demandante YUREISY GORETTY PORTALES SORTO, con el ESTADO DE HONDURAS es de CARÁCTER PERMANENTE en consecuencia se le nombre mediante ACUERDO reconociéndole todos los derechos como empleado PERMANENTE que le corresponde, reconociéndole su antigüedad desde que ingreso a laborar para la demandada en fecha ocho (08) de marzo del año 2017, 2) Que sea REINSTALADA a su puesto de trabajo por lo menos en igualdad de condiciones, 3) Que se le pague los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios desde la fecha del despido el 31 de mayo del año 2018, hasta que quede firme la sentencia condenatoria. 4) Declarando CON LUGAR el reconocimiento y pago de los respectivos incrementos salariales aprobados para los empleados del sector público que no han sido otorgados y demás derechos que produzcan durante la tramitación del presente juicio, los cuales serán liquidados al momento que se produzca su reintegro a sus labores. II. CONDENAR: Al ESTADO DE HONDURAS, a través de la Procuradora General de la República en su condición de Representante Legal del Estado de Honduras, Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA: 1)ADECLARAR que la relación laboral de la demandante YUREISY GORETTY PORTALES SORTO, con el ESTADO DE HONDURAS es de CARÁCTER PERMANENTE en consecuencia se le nombre mediante ACUERDO reconociéndole todos los derechos como empleado PERMANENTE le corresponde desde que ingreso a laborar para la demandada en fecha ocho (08) de marzo del año 2017, 2) Que sea REINSTALADA a su puesto de trabajo por lo menos en igualdad de condiciones, 3) Que se le pague los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios desde la fecha del despido el 31 de mayo del año 2018, hasta que quede firme la sentencia condenatoria. II. A Reconocer y pagar los respectivos incrementos salariales aprobados para los empleados del sector público que no han sido otorgados y demás derechos que produzcan durante la tramitación del presente juicio, los cuales serán liquidados al momento que se produzca su reintegro a sus labores, IV. SIN COSTAS”. Bajo el criterio que en el caso que nos ocupa, la demandante ha venido desempeñando sus funciones de manera continua e ininterrumpida desde el 08 de marzo del año 2017, hasta el día 31 de mayo del año 2018, bajo la subordinación de su empleador, así como de tener un horario en el centro de trabajo, con un salario mensual como retribución por las labores desempeñadas; en consecuencia nos encontramos ante un evidente caso que reúne los tres elementos que establece en el artículo 20 del Código de Trabajo, los cuales son: a) la actividad personal del trabajador, es decir realizada por sí mismo; b) la continua subordinación o dependencia del trabajador respecto del patrono, que faculta a este para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento en cuanto el modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato; y c) un salario como retribución del servicio. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por la razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen; encontrándose evidentemente ante una verdadera relación de orden laboral; es por todas las razones anteriormente expuestas que se llega a la convicción que es procedente declarar con lugar la demanda en vista que la relación de trabajo es un típico caso de contrato de trabajo por tiempo indefinido y que la demandante ha acreditado que el despido es ilegal e injustificado, reconociéndole que la relación de trabajo es en forma permanente se le reconozca la antigüedad desde el 8 de marzo del año 2017, se ordene el nombramiento por acuerdo de la demandante, en consecuencia sea reinstalada a su puesto de trabajo en igualdad de condiciones, más el pago de los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios desde la fecha del despido hasta que quede firme la sentencia. 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho de abril del dos mil veintidós, dictó sentencia que, en su parte conducente, dice: “FALLA: 1.-REFORMANDO DE OFICIO la sentencia definitiva venida en consulta, de fecha treinta de septiembre de dos mil veinte, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en el sentido siguiente: A) REVOCANDO PARCIALMENTE el numeral PRIMERO, numeral 1); B) REVOCANDO PARCIALMENTE EL NUMERAL SEGUNDO, numeral 1), los que deberán leerse de la siguiente manera: "I.- Declarando CON LUGAR La demanda ordinaria laboral, promovida por la señora YUREISY GORETTY PORTALES SORTO, contra el ESTÁDO DE HONDURAS, a través de la Procuradora General de la República en su condición de Representante Legal del Estado de Honduras, Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA, en cuanto a: 1) DECLARAR que la relación laboral de la demandante YUREISY GORETTY PORTALES SORTO, con el ESTADO DE HONDURAS es de CARÁCTER PERMANENTE en consecuencia se le reconocen todos los derechos como empleado PERMANENTE que le corresponden, reconociéndole su antigüedad desde que ingreso a laborar para la demandada en fecha ocho (08) de marzo del año 2017". “II.- CONDENAR: Al ESTADO DE HONDURAS, a través de la Procuradora General de la República en su condición de Representante Legal del Estado de Honduras, Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA: en cuanto a: 1) A DECLARAR que la relación laboral de la demandante YUREISY GORETTY PORTALES SORTO, con el ESTADO DE HONDURAS es de CARÁCTER PERMANENTE en consecuencia se le reconocen todos los derechos como empleado PERMANENTE que le corresponden desde que ingreso a laborar para la demandada en fecha ocho (08) de marzo del año 2017.". -C).- CONFIRMANDO EL NUMERAL PRIMERO, numerales 2, 3 y 4;NUMERAL SEGUNDOnumerales 2 y 3;NUMERALES TERCERO Y CUARTO.- Todo en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL REINTEGRO AL PUESTO DE TRABAJO, QUE SE RECONOZCA LA CONDICION DE EMPLEADA PERMANENTE AL AMPARO DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LOS ARTICULOS 24, 47, 48 PÁRRAFO SEGUNDO Y 52 PARRAFO TERCERO DEL CODIGO DEL TRABAJO, PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS DESDE LA FECHA DEL DESPIDO ILEGAL, INJUSTO Y ARBITRARIO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PRODUZCA EL REINTEGRO DE ACUERDO CON LA SENTENCIA CONDENATORIA QUE SEA DICTADA, CON EL RECONOCIMIENTO DE LA ANTIGÜEDAD ADQUIRIDA DESDE LA FECHA EN QUE ORIGINALMENTE FUE CONTRATADA, RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LOS RESPECTIVOS INCREMENTOS SALARIALES APROBADOS PARA LOS EMPLEADOS DEL SECTOR PUBLICO QUE NO HAN SIDO OTORGADOS Y DEMAS DERECHOS QUE SE PRODUZCAN DURANTE LA TRAMITACION DEL JUICIO, COSTAS DEL JUICIO, promovido por la señora YUREISY GORETTY PORTALES SORTO contra el ESTADO DE HONDURAS, a través del Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en su condición de Procurador General de la República.- SIN COSTAS”. Bajo el criterio que con la prueba documental que obra en la primera pieza de autos, se logró acreditar la existencia de una verdadera relación de trabajo celebrado entre el Estado de Honduras y la demandantes; y que las funciones por la cual fue contratada siempre han sido las mismas durante la suscripción de dichos contratos; existiendo además los otros elementos para considerar la relación laboral como permanente, tal como lo señala el artículo 20 del Código de Trabajo como ser: subordinación y dependencia del patrono, horario de trabajo y el derecho a una remuneración. Además, el artículo 47 del Código de Trabajo señala que "Los contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la empresa, se considerarán como celebrados por tiempo indefinido aunque en ellos se exprese término de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsisten la causa que le dio origen o la materia del trabajo para la prestación de servicios o la ejecución de obras iguales o análogas”, por lo que no cabe duda que la relación existente entre las partes en contienda, era por tiempo indeterminado. Que la doctrina jurisprudencial es la que establece por medio de criterios reiterados en sus sentencias, complementando el ordenamiento jurídico al interpretar y aplicar la ley, las costumbres y los principios generales del derecho; es decir, que la jurisprudencia no vincula, pero crea un hábito interpretativo que tienden a procurar la unificación en la interpretación judicial, y permite servir de fundamento jurídico al medio de impugnación, ya sea de apelación o casación. Que esta Corte de Apelaciones en reiterados fallos ha dejado establecido que el Estado de Honduras al contratar a sus trabajadores, lo hace en base a contratos de servicios profesionales, nombrándolos en plazas vacantes cuya naturaleza es de carácter permanente; lo que ha llevado a que dicho trabajador solicite su permanencia, el pago de sus prestaciones laborales o el reintegro a su puesto de trabajo y se les considere como trabajador permanente; ya que se ha dejado suficientemente claro, que dichos contratos de trabajo reúnen los requisitos señalados en los artículos 20 y 47 del Código de Trabajo. Que habiéndose acreditado en autos que la relación que sostenía la demandante con el Estado de Honduras era de naturaleza permanente, y tratándose de verdaderos contratos de trabajo los suscritos por la demandante, no procede el otorgamiento de un acuerdo de nombramiento, ya que la Juez al otorgar la permanencia, lo hace con todas las facultades que la ley le da como juzgadora, y a la parte demandada no le queda más que dar cumplimiento a la sentencia condenatoria. Por lo que en este sentido procede reformar de oficio la sentencia apelada. 5. Mediante auto de fecha treinta y uno de octubre del dos mil veintidós, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado ALLAN EDUARDO TORRES ARIAS, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha veintisiete de abril del dos mil veintitrés, compareció ante este Tribunal el Abogado ALLAN EDUARDO TORRES ARIAS, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha dieciocho de mayo del dos mil veintitrés, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha veintisiete de julio del dos mil veintitrés, se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por parte del Abogado SANTIAGO OBDULIO HERRERA MAYEN, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.- Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos, garantías que la ley establece. II.- Que el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente". III.- Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además, es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden. IV.- Que por Acceso a la Justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial. V.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. VI.- Que conforme el principio y deber de congruencia procesal, los Jueces y Magistrados deberán resolver las cuestiones planteadas, después de un proceso de deliberación y valoración, al momento de la redacción escrita de la sentencia, fase en la que necesariamente ha de tenerse en cuenta la motivación, como medio de exteriorizar el juicio mental realizado por el Órgano Jurisdiccional, para llegar a la emisión de la declaración de voluntad que se materializa en el fallo, en el sub judice la sentencia recurrida carece de exhaustividad ya que los medios de prueba presentados y admitidos como ser los contratos de trabajo los mismos acreditan que el primer contrato comprende del 02 de enero del año 2018, que comienza la relación laboral y no el 8 de marzo del 2017, como establece la demandante ya que no consta otro medio de prueba que constate lo alegado, así mismo la constancia que obra a folio 42 de la primera pieza de autos de fecha 19 de mayo del 2019, en el cual hace constar la fecha de inicio y el puesto desempeñado por la demandante fue presentado fuera del término procesal exclusivo para proposición de medios de prueba por lo cual es extemporáneo tal como se establece en la norma supletoria, artículo 119 del Código Procesal Civil, teniendo en cuenta que no se tomó como un hecho nuevo sin seguir el procedimiento establecido en la norma supletoria, artículos 241 y 287 del Código Procesal Civil, así mismo a folio 38 de la primera pieza de autos consta la respuesta a un oficio enviado por el Tribunal a la demandada que se le da respuesta por medio de la Sub Gerente de Recursos Humanos del departamento de contratos en el cual no existía registro en el sistema de contratación alguna del mes de marzo a diciembre del 2017, por lo cual la antigüedad que le corresponde a la demandante es desde la fecha del primer contrato que obra a folios 27 al 29 de la primera pieza de autos en su cláusula tercera establece el 02 de enero del 2018. VII.- Que toda persona tiene el derecho de poder ejercitar o promover las acciones que estime pertinentes en defensa de sus derechos y derivado de ello también tiene el derecho a recibir una respuesta del órgano jurisdiccional, previo a seguirse el debido proceso, resolución que deberá ser congruente, motivada, imparcial y apegada al ordenamiento jurídico y a los principios generales del derecho laboral. VIII.- Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia de fondo del 5 de octubre de 2015, dictada en el caso Ruano Torres y otros Vs. El Salvador, Serie C No. 30319 151, estableció sobre el debido proceso: “La Corte ha señalado que el derecho al debido proceso se refiere al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado, adoptado por cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que pueda afectarlos.- El debido proceso se encuentra, a su vez, íntimamente ligado con la noción de justicia, que se refleja en: i) un acceso a la justicia no sólo formal, sino que reconozca y resuelva los factores de desigualdad real de los justiciables, ii) el desarrollo de un juicio justo, y iii) la resolución de las controversias de forma tal que la decisión adoptada se acerque al mayor nivel de corrección del derecho, es decir que se asegure, en la mayor medida posible, su solución justa.” IX.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate así como la motivación deberá incidir en los distintos elementos facticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón. X.- Que es deber ineludible de la Corte Suprema de Justicia no solo observar la técnica rigurosa y formalista del recurso de casación, sino que se garantice el debido proceso y el derecho de defensa a las partes, particularmente que las resoluciones deben ser dictadas con la suficiente explicación de los puntos en litigio y los temas debatidos, como que sean congruentes y los resuelvan debidamente, por lo cual con respecto al tema del presente conflicto, en el tópico de las resoluciones judiciales es fundamental lo referente a la fundamentación y motivación, ya que la primera es un ejercicio racional mediante el cual se proporcionan razones que tienen la aspiración de convencer a los destinatarios acerca de su corrección y validez.- Quien motiva explica las causas de sus decisiones y esas pueden ser incluso irracionales. Quien explica da razones para hacer aceptable lo resuelto. Por eso en materia jurídica, las decisiones sólo son válidas si están respaldadas por razonamientos legales, esto es: fácticos, probatorios y jurídicos. XI.- Con base a lo establecido en el artículo 726 del Código de Trabajo, así como el artículo 8 del Código Procesal civil, referente a la celeridad procesal deberá el Ad - Quem, resolver de forma prioritaria dicha nulidad por ser un juicio que ya ha sido de conocimiento y estudio procurando brindar una pronta respuesta a las partes procesales. XII.- Que conforme con el artículo 701 numeral 3) del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en materia laboral, dispone que el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no se hubieran denunciado por el recurrente. XIII.- Que, por las razones antes expuestas, es procedente declarar la NULIDAD de la sentencia recurrida, para que el Ad-quem proceda de conformidad a derecho. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 59, 60, 90, párrafo primero, 94, 95, 128, 303, 304, 313 numeral 5), 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1, 8.2. h) 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 92 8, 666 letra c) 726, 776, 777 y 858 del Código de Trabajo; 22, 200, 206, 208 y 701.3 del Código Procesal Civil; 9 y 11 del Código Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, de fecha 28 de abril del 2022, visible a folios 17 al 23 de la segunda pieza de autos. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó la Magistrada ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ROY PINEDA CASTRO, COORDINADOR, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de enero del dos mil veinticuatro; certificación de la sentencia de fecha dos de noviembre del dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL513-2022. FIRMA Y SELLO.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ

SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.