Sentencia CL-511-22 — Registro 17161
Resumen
Los trabajadores demandan a la Institución por el saldo de sus prestaciones e indemnizaciones laborales se efectúen de acuerdo al cálculo elaborado por la Secretaría del Trabajo como se ha explicado, es decir, que en dicho pago se tome en cuenta los incrementos salariales pactadas con el SITRAIHNFA y adeudados y no pagados desde el año 2012, solicitando que además se les pague los incrementos salariales a los que la Institución demandada se comprometió a pagar en el contrato colectivo.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) entre otras las normas que indica como violadas (Artículo 60 párrafo cuarto y séptimo del Código del Trabajo) no ostenta el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) la falta de aplicación de una norma se produce con prescindencia del haz probatorio; y, c) realiza alegatos propios de instancia, mismos que en este Recurso extraordinario son inapropiados debido que los argumentos del caso ya fueron evacuados en el momento procesal oportuno."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8.1, 8.2. h), 24 y 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8.1, 8.2. h), 24 y 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN. -
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veinticinco días del mes de julio del año dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha doce de diciembre del dos mil veintidós, por el Abogado FRANCISCO RAFAEL FU QUEZADA, en su condición de representante procesal de los señores MARIA ELENA CHAVARRIA MARTINEZ, LEILA MYLENE MAYORGA CARCAMO, FRANCISCO SANCHEZ FLORES y SOFIA LORENA ARIAS BUSTILLO, como recurrente; además es parte recurrida, el ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por la Abogada BLANCA LIDIA PONCE RAMOS. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para que se ordene el pago del saldo de prestaciones e indemnizaciones laborales adeudadas en base al cálculo de prestaciones e indemnizaciones laborales realizado por la Secretaría de Estado en los Despachos del Trabajo y Seguridad Social; asimismo, se ordene el pago de los incrementos salariales adeudados y no pagados desde el año 2012 hasta la fecha de sus despidos en forma retroactiva de conformidad a la cláusula 89 del séptimo contrato colectivo suscrito entre el IHNFA y el SITRAIHNFA, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecinueve de junio del dos mil quince, por los señores MARIA ELENA CHAVARRIA MARTINEZ, en unión libre, Perito Mercantil y Contador Público; LEILA MYLENE MAYORGA CARCAMO, soltera, Ama de casa; FRANCISCO SANCHEZ FLORES, casado, Agricultor, y SOFIA LORENA ARIAS BUSTILLO, soltera, Ama de casa; todos mayores de edad, hondureños y con domicilio en el Corpus, Departamento de Choluteca las dos primeras y en Duyure, Departamento de Choluteca, los dos últimos, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA (IHNFA), ahora DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF), por medio del Procurador General de la República en ese entonces Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha seis de mayo del dos mil veintidós, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha veinticinco de febrero del dos mil veinte, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: PRIMERO: Declarando SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por los señores 1) MARIA ELENA CHAVARRIA MARTINEZ, 2) LEILA MYLENE MAYORGA CARCAMO, 3) FRANCISCO SANCHEZ FLORES, y 4) SOFIA LORENA ARIAS BUSTILLO, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio del Procurador General de la República señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA.- SEGUNDO: ABSOLVER al ESTADO DE HONDURAS, por medio del Procurador General de la República señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA, de toda responsabilidad en el presente juicio.- TERCERO: Declarando CON LUGAR LA EXCEPCION PERENTORIA DE PAGO, interpuesta por la Abogada BLANCA LIDIA PONCE RAMOS actuando en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, por medio del Procurador General de la República señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA.- CUARTO: Declarando SIN LUGAR LA EXCEPCION PERENTORIA DE PRESCRIPCION, interpuesta por la Abogada BLANCA LIDIA PONCE RAMOS actuando en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, por medio del Procurador General de la República señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA.- QUINTO: SIN COSTAS…”. ANTECEDENTES DE HECHO. 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que iniciaron la relación laboral con el Instituto Hondureño de La Niñez y La Familia (IHNFA), ahora Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), de la manera siguiente: Maria Elena Chavarría Martínez el 23 de septiembre del 2002 en el puesto de niñera, devengando un sueldo mensual a inicio de L. 11,072.40 y al momento de su despido ilegal e injusto devengaba un salario promedio mensual de L. 27,681.00; Leila Mylene Mayorga Cárcamo, el 1 de junio de 1995 como cocinera de la institución, devengando un sueldo mensual a inicio de L.12,115.93 y al momento de su despido ilegal e injusto devengaba un salario promedio mensual de L. 30,289.82; Francisco Sánchez Flores, el 1 de junio de 1995 en el puesto de guardia de seguridad, devengaba un salario promedio mensual de L.12,115.93 y al momento del despido devengaba un salario promedio mensual de L. 35,399.90; y, la señora Sofia Lorena Arias Bustillo, el 7 de junio de 1995 en el puesto de niñera, devengando un salario mensual de L. 12,115.93 y al momento de su despido ilegal e injusto el salario promedio mensual ascendía a L.30,289.82; resulta que mediante las notas de fecha 19 de noviembre del 2014 dirigido a los demandantes en forma individual por el Gerente de Recursos Humanos del IHNFA ahora DINAF el señor Héctor Francisco Ochoa les comunico dar por terminado sus contratos de trabajo y relación laboral a partir del 19 de noviembre del 2014 fecha en que se les entrego dichas notas, manifestando en las mismas “En virtud del proceso de supresión y clausura definitiva del establecimiento del IHNFA…Debemos expresarle su agradecimiento por los servicios prestados a la institución y en cumplimiento del procedimiento establecido en el artículo 126 del Código del Trabajo el liquidador procederá al trámite de pago de sus derechos, dejando así constancia como lo dispone el artículo 379 del Código del Trabajo”. Que las causas justas de terminación del contrato de trabajo se encuentran expresamente señaladas en la ley, específicamente en los artículos 112 y 114 del Código del Trabajo, señalando la parte demandante que en su caso, se hace notar que ninguna de las causas se invocaron en la terminación del contrato individual de trabajo existente entre los demandantes y el IHNFA, por otra parte, resulta que la cláusura definitiva del establecimiento, no es cierta, lo que cambio fue la denominación del patrono, por lo cual no es una causa ni legal ni justa de terminación de contrato de trabajo, cabe resaltar que las notas mediante las cuales se les notifico sus despidos, se les afirmó conducentemente que gozan del derecho de recibir el pago de sus derechos adquiridos, aguinaldo, décimo cuarto mes, vacaciones causadas o proporcionales y a ser indemnizado con el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales que establece la ley, con ello queda plenamente evidenciado que dicho pago se les reconoce por ser el despido ilegal y también injusto; además el IHNFA tampoco procedió conforme a lo señalado en el artículo 111 numeral 9) en relación con el 101 y 102 del Código del Trabajo, es evidente que con sus cancelaciones o despidos se les violento los Derechos al Trabajo y a la Protección del Desempleo contenidos en el artículo 127 de la Constitución de la República y de igual manera se les violentó la garantía a la Estabilidad en el Empleo, contenida en el artículo 129 del mismo cuerpo legal; indican los demandantes que posteriormente a sus despidos la demandada les comunicó que sus prestaciones e indemnizaciones laborales las cancelarían en el plazo de 6 meses a partir del mes de enero del 2015 y se les empezó pagando cuota por cuota sus prestaciones e indemnizaciones laborales tal y como se acredita con los recibos de pago que se acompañan a la demanda, sin embargo dicho pago no está correcto ya que los cálculos de prestaciones e indemnizaciones laborales su cuantía es menor a la cuantía que resulta de los cálculos realizados por la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social y además en el pago de las cuotas en donde se les ha ido efectuando el pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales la demandada se niega a hacernos efectivos el pago de los incrementos salariales adeudados desde el año 2012 en el Séptimo Contrato Colectivo suscrito entre el IHNFA y el SITRAIHNFA, por esa razón demandan que el saldo de sus prestaciones e indemnizaciones laborales se efectúen de acuerdo al cálculo elaborado por la Secretaría del Trabajo como se ha explicado, es decir, que en dicho pago se tome en cuenta los incrementos salariales pactadas con el SITRAIHNFA y adeudados y no pagados desde el año 2012, solicitando que además se les pague los incrementos salariales a los que la Institución demandada se comprometió a pagar en el contrato colectivo, incrementos que ascienden a la cantidad de L.1,200.00 para cada trabajador (a) del IHNFA, retroactivo desde el mes de junio del 2012 mediante la cláusula 89 del Séptimo Contrato Colectivo suscrito entre el IHNFA y el SITRAIHNFA, esto en vista de haberse otorgado los incrementos salariales vía decreto No. 002-2010 y acta de negociación de la propuesta salarial entre el Presidente de la República y los representantes de los servidores públicos oficializado en la gaceta No. 32848 de fecha 16 de junio del año 2012, pago de aumento salarial que desde el año 2012 hasta el momento no se les hizo efectivo. 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que si bien los demandantes sostuvieron una relación laboral con el demandado a través del IHNFA; asimismo, se rechaza el promedio de salario mensual ya que no se constituyen como sueldos, se acepta que fueron cancelados de sus puestos de trabajo en virtud del Decreto Ejecutivo PCM-26-2014 publicado en el Diario Oficial La Gaceta No.33,446 de fecha 04 de junio del 2014, donde el artículo 1, ordena suprimir al IHNFA, por lo que la institución desapareció y que mediante notas se les comunicó a los demandantes dar por terminada la relación laboral con el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA); que los despidos fueron en base a los artículos 111 numeral 2) y 9 del Código del Trabajo, donde son causales suficientes para dar por terminada la relación laboral, cosa que no ha sido una decisión antojadiza de parte del demandado, por lo que los demandantes no tienen causa para ejercitar la demanda; señalando que los demandantes convinieron y estuvieron de acuerdo que se les pagara las prestaciones e indemnizaciones laborales existiendo acta de mutuo consentimiento a favor de ellos, como consta también las transacciones que se realizaron de mutuo consentimiento entre las partes. En relación al Séptimo Contrato Colectivo de Trabajo, nunca ha entrado en vigencia, por adolecer de vicios de nulidad y estar viciado el procedimiento de su inscripción, de lo que se desprende que la institución como tal no existe más, el contrato colectivo de trabajo suscrito por el IHNFA y SITRAIHNFA, no tiene razón de subsistencia, pues la relación de trabajo entre el patrono y trabajador ha desaparecido, en efecto se interpuso la acción de Amparo administrativa en fecha 28 de octubre del 2014 ante la Sala Constitucional, por lo que el contrato colectivo está suspendido su aplicación según la Sala Constitucional y según dictamen emitido por el Ministerio Público, donde establece en sus conclusiones que se otorgue el Amparo a favor del IHNFA. 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticinco de febrero del dos mil veinte, dictó sentencia misma que: “FALLA: PRIMERO: Declarando SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por los señores 1) MARIA ELENA CHAVARRIA MARTINEZ, 2) LEILA MYLENE MAYORGA CARCAMO, 3) FRANCISCO SANCHEZ FLORES, y 4) SOFIA LORENA ARIAS BUSTILLO, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio del Procurador General de la República señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA.- SEGUNDO: ABSOLVER al ESTADO DE HONDURAS, por medio del Procurador General de la República señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA, de toda responsabilidad en el presente juicio.- TERCERO: Declarando CON LUGAR LA EXCEPCION PERENTORIA DE PAGO, interpuesta por la Abogada BLANCA LIDIA PONCE RAMOS actuando en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, por medio del Procurador General de la República señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA.- CUARTO: Declarando SIN LUGAR LA EXCEPCION PERENTORIA DE PRESCRIPCION, interpuesta por la Abogada BLANCA LIDIA PONCE RAMOS actuando en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, por medio del Procurador General de la República señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA.- QUINTO: SIN COSTAS…”. Bajo el criterio que se establece que la resolución No. 194/DGT/NC/2013 de fecha tres de junio del dos mil trece, que dio vigencia al Séptimo Contrato de Condiciones de Trabajo entre el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA) y el Sindicato de Trabajadores del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (SITRAIHNFA), no tiene efecto alguno de aplicación al cálculo de pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales conforme a dicha contratación colectiva, exigido este por la parte actora, por ende el pago retroactivo de salarios desde el año 2012, ya que es evidente que el máximo órgano jurisdiccional de la nuestro país la Honorable Corte Suprema de Justicia a través de la Sala Constitucional, ha dejado esa contratación colectiva nula de pleno derecho y sin efecto alguno como se reitera, por lo que en virtud de lo expuesto es irrelevante la prueba relacionada con la denegatoria de incrementos salariales en el IHNFA (f. 170 al 186). Que la parte demandada interpuso en la audiencia primera de trámite la excepción de pago debido a que los demandantes convinieron y/o estuvieron de acuerdo que se pagaran las prestaciones e indemnizaciones laborales existiendo acta o acuerdo de pago en donde les reconocen un 100% respectivamente y cancelado mediante transferencia electrónica del banco donde los demandantes tienen su cuenta, es decir a favor de los demandantes, como consta en acta en base a los artículos 858 del Código del Trabajo y 2000 del Código Civil; por su parte el representante de los demandantes rechaza la excepción de pago, aduciendo que la demandada no ha cumplido con su obligación de honrar el pago total de prestaciones e indemnizaciones laborales, puesto que lo que ha reconocido es una cantidad menor a la cuantía que resulta de los cálculos del Ministerio del Trabajo, ya que los pagos realizado no se reconocía o incluía el incremento salarial debido y pactado en el séptimo contrato colectivo suscrito entre las partes desde el año 2012; es del criterio que debe ser declarada con lugar la excepción de pago interpuesta, en vista de que la institución demandada, ya ha pagado completamente las cantidades correspondientes en concepto del pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales y derechos adquiridos conforme al VI Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo, suscrito entre el IHNFA y el SITRAIHNFA tal como ha quedado constatado con las constancias emitidas por la Comisión Liquidadora del IHNFA-SEFIN con sus documentos soportes que corren agregadas a folios del 151 al 164 de las presentes diligencias, conforme estos pagos a los cálculos de las prestaciones e indemnizaciones elaboradas a los demandantes por parte de la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social (f.152 al 155), todo lo antes expuesto se entiende que no es aplicable el VII Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo. Que la representante procesal de la parte demandada interpuso a su vez en la audiencia primera de tramite la Excepción de Prescripción, la misma arguye que según los artículos 864 y 867 del Código del Trabajo no se le puede pagar a los trabajadores de forma retroactiva a partir de junio del 2012 por supresión del IHNFA la institución desapareció, las cláusulas económicas como incremento de salario es extemporánea puede decirse que ya transcurrieron dos años y medio desde el 2012 desde que se suponían tenía derecho los trabajadores dejaron de transcurrir el termino de dos meses, por lo que la acción de los demandantes esta prescrita, en contra posición el apoderado demandante rechaza dicha excepción y hace alusión al artículo 868 del Código del Trabajo, en vista de que se les reconoció el derecho de pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales y con ello interrumpió el plazo de la prescripción y el reclamo de los trabajadores demandantes es que se ordene a la demandada a pagar el saldo o reajuste de prestaciones e indemnizaciones laborales, pago ya reconocido por el IHNFA, pero han demandado por ser dicho pago inferior al que realmente le corresponde y hace referencia al artículo 2292 del Código Civil siendo esta una acción personal que prescribe al plazo de 10 años, analizando el proceso es de hacer ver que la Prescripción es un medio de librarse de una obligación impuesta por el presente Código o sea consecuencia de la aplicación del mismo, mediante el transcurso de cierto tiempo y en las condiciones que determina la ley, de igual manera no es aplicable lo preceptuado en el artículo 867 del Código del Trabajo, ya que el derecho que reclaman los demandantes en cuanto a exigir el pago de sus prestaciones laborales conforme a una contratación colectiva derechos que nacen y que se encuentran enmarcados dentro de un Contrato Colectivo, y siendo que estos no se originan del Código del Trabajo, reglamento o demás leyes del trabajo, es un derecho que la parte trabajadora considera ser parte de su patrimonio, ya que este fue reconocido por ambas partes al momento que suscribieron la contratación colectiva, sin perjuicio que posteriormente fuese anulado por disposición de la sala constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia, es por ello que se debe aplicar lo dispuesto en el artículo 2292 del Código Civil en el cual establece que las acciones personales que no tengan señalado un término especial prescriben a los 10 años, tiempo que aún no ha transcurrido, ya que el decreto ejecutivo PCM 26-2014 en su artículo 8 asigna la responsabilidad de liquidar y pagar el pasivo laboral de la institución liquidada (IHNFA) y al ofrecimiento de pago plasmado en las actas de terminación laboral se establece que el pago de estos derechos se realizaran en el término de seis meses la parte actora en razón de ello entabla la presente demanda ordinaria laboral como se reitera dentro del término de 10 años, en consecuencia la excepción de prescripción se declara sin lugar. 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha seis de mayo del dos mil veintidós, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que en el caso en análisis los trabajadores hacen el reclamo en base al Séptimo Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo y consta en autos que, ante la interposición del Recurso de Amparo presentado por el Abogado Felipe Arturo Morales Cárcamo, en su condición de Director Ejecutivo del Instituto Hondureño de la Niñez y La Familia "IHNFA", la Honorable Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Constitucional, en fecha 24 de septiembre del 2015 por unanimidad de votos resolvió Otorgar el Amparo interpuesto, sustenta esta decisión en que la Dirección General del Trabajo dependiente de la Secretaría de Estado en los Despachos del Trabajo y Seguridad Social ha vulnerado a través de la Resolución Administrativa N° 194/ DGT/NC/2013, fechada el tres (3) de junio del año dos mil trece (2013), el debido proceso que incumbe a las partes procesales, ya que esa institución inobservó los requisitos y formalidades establecidas en la Carta Magna, atribuyéndose la potestad de dejar de aplicar leyes de orden público, cuyo cumplimiento es ineludible y obligatorio, lo que trae como consecuencia la nulidad de pleno derecho a lo actuado por la referida instancia gubernativa, dada la incidencia de la lesión al debido proceso e intereses generales de protección a la infancia que vinculan a la parte que recurre en amparo y por el hecho que la Sala Constitucional bajo la responsabilidad del recurrente declaró la suspensión del acto reclamado en amparo, es decir la resolución No. 1964/DGT/NC/2013 de fecha tres de junio del dos mil trece, emitida por la Dirección General del Trabajo, dependiente de la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social quedó sin Valor ni Efecto la aplicación del Séptimo Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo, que es el Instrumento en que basan sus reclamos los demandantes. Con la aceptación de los hechos primero y segundo de la demanda en el escrito de contestación de la misma, en el sentido que se acepta la relación laboral que los demandantes sostuvieron por medio de una relación contractual con el IHNFA, quedó acreditada ésta y la aceptación que mediante notas se les comunicó dar por terminada la relación laboral, se acreditó el despido de que fueron objeto. Con los Acuerdos de Mutuo Consentimiento y pago de Prestaciones a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, se acredita que los trabajadores aceptaron el pago de sus prestaciones laborales en base a la Cláusula 67 del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente en el IHNFA. Según las Constancias extendidas por el Encargado de Recursos Humanos de la Comisión Liquidadora del IHNFA-SEFIN, mediante las cuales hace constar que las prestaciones laborales de cada uno de los demandantes, les fueron calculadas en base al Sexto Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre el IHNFA y el SITRAIHNFA, ya que el Séptimo Contrato Colectivo nunca estuvo vigente, por lo que les fueron cancelados la totalidad de sus prestaciones laborales, cumpliendo de esta manera con lo convenido con los demandantes, según a la decisión tomada por las partes ante la Conciliadora Laboral del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 5. Mediante auto de fecha veintiocho de octubre del dos mil veintidós, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado FRANCISCO RAFAEL FU QUEZADA, en su condición de representante procesal de los señores MARIA ELENA CHAVARRIA MARTINEZ, LEILA MYLENE MAYORGA CARCAMO, FRANCISCO SANCHEZ FLORES y SOFIA LORENA ARIAS BUSTILLO, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha doce de diciembre del dos mil veintidós, compareció ante este Tribunal, el Abogado FRANCISCO RAFAEL FU QUEZADA, en su condición de representante procesal de los señores MARIA ELENA CHAVARRIA MARTINEZ, LEILA MYLENE MAYORGA CARCAMO, FRANCISCO SANCHEZ FLORES y SOFIA LORENA ARIAS BUSTILLO, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de fecha trece de diciembre del dos mil veintidós, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha ocho de febrero del dos mil veintitrés, se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por parte de la Abogada BLANCA LIDIA PONCE RAMOS, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II.- Que el Abogado FRANCISCO RAFAEL FU QUEZADA, en el primer motivo de casación alega: “Ser la sentencia violatoria de los artículos 60 párrafos primero, cuatro y séptimo en relación con el 3, 111 numeral 9) penúltimo párrafo, 112, 113 párrafo primero y tercero letra a), 116, 117, 118 y 120 todos del Código del Trabajo y cláusula 89 del Séptimo Contrato Colectivo suscrito entre el IHNFA y SITRAIHNFA por Infracción directa por falta de aplicación. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo está comprendido en el artículo 765 numeral 1°. párrafo primero del Código del Trabajo. LA EXPLICACION SE HACE ASI: Honorable Corte, en el caso que nos ocupa, la Corte Sentenciadora no aplicó en lo absoluto lo dispuesto en el Art. 60 párrafos primero, cuarto y séptimo del Código del Trabajo, los que conducentemente establecen: EFECTOS JURÍDICOS DE LOS CONTRATOS COLECTIVOS. Art. 60. Los contratos colectivos obligan a sus firmantes, así como a las personas en cuyo nombre o representación se celebran…. La convención colectiva no podrá concertarse en condiciones menos favorables para los trabajadores que las contenidas en contratos en vigor dentro de la propia empresa.... Las disposiciones de un contrato colectivo no se considerarán contrarias a las leyes cuando sean más favorables para los trabajadores…. En ese sentido, la referida Corte más bien aplicó una Sentencia de Amparo dictada por la Sala Constitucional que violenta totalmente lo dispuesto en la Norma antes expresada y por ello, consideramos no procedente lo sostenido en las motivaciones 2, 3 y 5 del fallo Recurrido. Honorables Magistrados, a la Corte recurrida se le olvidó lo dispuesto en el Art. 3 del Código del Trabajo y en este caso concreto, si lo adeudado por el patrono por el saldo de prestaciones e incrementos, tiene su origen en el sentido que a la terminación del Contrato no se pagó conforme lo pactado por el Patrono con sus Sindicato de Trabajadores en el Séptimo Contrato Colectivo que fue debidamente Reconocido por la autoridad competente, pero la Corte Recurrida consideró que el patrono Pago a mis representados aquellos conceptos, pero sin considerar en lo absoluto lo pactado de Buena fe entre las partes y se olvidó de lo establecido en el Art. 3 del Código del Trabajo, violentando de esa manera la norma invocada como violada y lo relacionado con la misma en lo dispuesto en los Art. 111 numeral 9) penúltimo párrafo, 112, 113 párrafo primero y tercero letra a) 116, 117, 118 y 120 todos del Código del Trabajo y cláusula 89 del Séptimo Contrato Colectivo suscrito entre el IHNFA y SITRAIHNFA. La referida Corte Sentenciadora solo aplicó el Art. 111 numeral 2 del Código del Trabajo y no analizó la necesidad de la aplicación de las normas antes mencionadas, debiendo haberlo hecho; sin embargo, al no hacerlo, la Corte recurrida lo que demuestra es la total rebeldía a la aplicación de la norma sustantiva invocada como violada y eso la llevó a la violación de la misma por falta de aplicación. Si la Corte recurrida hubiera aplicado la norma violada, hubiera revocado la Sentencia que conocía en Apelación, y hubiera Declarado con lugar la demanda de mérito en su totalidad y hubiera condenado a la Demandada al PAGO DEL SALDO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES ADEUDADAS EN BASE AL CALCULO PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES REALIZADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Y LOS INCREMENTOS SALARIALES ADEUDADOS Y NO PAGADOS DESDE EL AÑO 2012 HASTA LA FECHA DE LOS DESPIDOS EN FORMA RETROACTIVA DE CONFORMIDAD A LA CLAUSULA 89 DEL SEPTIMO CONTRATO COLECTIVO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NINEZ Y LA FAMILIA (IHNFA) Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA (SITRAIHNFA). Al confrontar la decisión judicial recurrida con la DISPOSICIÓN DEL ARTICULO 60 PARRAFO PRIMERO, CUARTO Y SEPTIMO Y ARTICULO 3 EL CÓDIGO DE TRABAJO VIOLADOS, POR FALTA DE APLICACIÓN, LLEGAMOS A LA CONCLUSION QUE DICHA CORTE NIEGA LA VALIDEZ LEGAL Y LA VIGENCIA DE LA CLAUSULA 89 DEL SEPTIMO CONTRATO COLECTIVO ANTES RELACIONADO, que tiene su base en lo establecido en la norma sustantiva violada, y en ese sentido la Corte recurrida, sostiene QUE LA VALIDEZ LEGAL Y VIGENCIA DEL CONTRATO COLECTIVO NO COMIENZA EN EL MOMENTO DE SU FIRMA COMO LO SEÑALA LA NORMA (artículo 60 párrafo primero, cuarto y séptimo el Código de Trabajo), y dicha Corte considera que su REGISTRO A CAUSA DE FALTA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO en la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social respecto del pronunciamiento de la Resolución de Amparo de fecha 24 de septiembre de 2015 dictada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, pero esto es totalmente contrario a los múltiples tratados y obras sobre conceptos básicos del derecho del trabajo, para ilustración citamos la obra de Santiago Barajas Montes de Oca página capitulo XIV naturaleza jurídica y características del Contrato Colectivo 102 que apoya lo que señala nuestro Código del Trabajo en relación al artículo 60 párrafo primero a que la obligatoriedad, validez y vigencia de un Contrato Colectivo inicia con la firma del mismo eso es independiente de cualquier otro acto) y esto es lógico ya que el registro es para que la Autoridad en su momento pudiera velar por el cumplimiento del Contrato registrado, pero eso no significa que el no registrarse deja de tener Valor lo pactado entre las partes, sino por el contrario lo pactado en el Contrato Colectivo, constituye Ley entre las partes y debe cumplirse, pero la Corte Sentenciadora al no aplicar la norma violada y la contratación colectiva celebrada entre las partes, lo que hizo fue APLICAR INDEBIDAMENTE UNA SENTENCIA DE UN RECURSO DE AMPARO CUYO PRONUNCIAMIENTO Y SENTIDO NO ENTRO A ANULAR NI DECLARAR LO RELATIVO A LOS EFECTOS JURIDICOS DEL SEPTIMO CONTRATO COLECTIVOS entre el IHNFA y SITRAIHNFA, si no que declaro inaplicable la resolución administrativa que ordena el depósito y registro, lo que es totalmente distinto, causando la Corte de Alzada una evidente violación de la norma invocada, por infracción directa por la falta de aplicación de dicha Norma sustantiva Laboral. Por lo explicado, considera es procedente que la Honorable Corte Suprema de Justicia CASE PARCIALMENTE la Sentencia recurrida en el presente Motivo de casación”. III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) entre otras las normas que indica como violadas (Artículo 60 párrafo cuarto y séptimo del Código del Trabajo) no ostenta el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) la falta de aplicación de una norma se produce con prescindencia del haz probatorio; y, c) realiza alegatos propios de instancia, mismos que en este Recurso extraordinario son inapropiados debido que los argumentos del caso ya fueron evacuados en el momento procesal oportuno. IV. Que el Censor alega nulidad subsidiaria: “En el presente caso la Corte de Apelaciones al hacer suyo las consideraciones de la Sentencia de primera Instancia violenta evidentemente lo dispuesto en los Art. 206 y 208 del Código Procesal Civil supletorio conforme el Art. 858 del Código del Trabajo, ya que, la Sentencia recurrida no es clara ni precisa, ni decidió todos los puntos litigiosos objeto del debate, ya que, resulta que si bien se pronunció sobre la Excepción Perentoria de Pago, pero en la parte Resolutiva de su fallo NO SE PRONUNCIO sobre la Excepción perentoria de prescripción también opuesta por la Demandada, lo que demuestra la evidente Violación a las normas procesales mencionadas y por lo que es procedente declarar la Nulidad alegada de la Sentencia recurrida que confirmó la de primera Instancia con la misma violación Procesal mencionada. Por lo explicado. considero es procedente que la Honorable Corte Suprema de Justicia ANULE la Sentencia recurrida, como se ha alegado”. V. Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente asunto, examinada que fue la sentencia impugnada y se estima que el mismo se encuentra dictado conforme a derecho, como también que se ha analizado la prueba aportada por las partes para tomar la decisión de fondo del juicio. A razón de lo antes expuesto estima este Tribunal, que no se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria. VI. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo de casación y sin lugar la nulidad alegada de forma subsidiaria. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo de casación. 2) SIN LUGAR la nulidad alegada subsidiariamente. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ROY PINEDA CASTRO, COORDINADOR, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los un días del mes septiembre del dos mil veintitrés; certificación de la sentencia de fecha veinticinco de julio del dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL511-2022. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.