Sentencia CL-510-22 — Registro 17160
Resumen
Segunda instancia confirma la sentencia de primera instancia donde declara sin lugar la demanda ordinaria laboral de emplazamiento prestaciones e indemnizaciones laborales, y esta sala declara no a lugar el recurso.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
...´´Que acorde a lo dispuesto en los artículos 764, 765 y 769 del Código del Trabajo, la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible...´´
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 764 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
...´´El error de hecho es una creencia o noción equivocada del juez frente a los hechos revelados por la prueba, la demanda o la contestación, que se percibe de forma inmediata y conlleva a la violación indirecta de la ley. Para que se configure la violación de la ley por error de hecho en la apreciación de las pruebas, son necesarios los siguientes requisitos: a) debe existir una mala o falta de apreciación de la prueba; b) esa mala apreciación debe ser originada por un error de hecho, es decir, respecto de la prueba considerada en si misma y no con relación a las normas legales que reglamentan la prueba; c) ese error de hecho debe generar como consecuencia obligada y necesaria la violación de la ley sustantiva; d) que el error de hecho expresado debe ser manifiesto, o sea que aparezca en pugna con la evidencia demostrada por la prueba de que se trate, como ocurriría si en la sentencia se admite por probado un hecho que en realidad no está demostrado o al contrario...´´
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
...´´El error de hecho es una creencia o noción equivocada del juez frente a los hechos revelados por la prueba, la demanda o la contestación, que se percibe de forma inmediata y conlleva a la violación indirecta de la ley. Para que se configure la violación de la ley por error de hecho en la apreciación de las pruebas, son necesarios los siguientes requisitos: a) debe existir una mala o falta de apreciación de la prueba; b) esa mala apreciación debe ser originada por un error de hecho, es decir, respecto de la prueba considerada en si misma y no con relación a las normas legales que reglamentan la prueba; c) ese error de hecho debe generar como consecuencia obligada y necesaria la violación de la ley sustantiva; d) que el error de hecho expresado debe ser manifiesto, o sea que aparezca en pugna con la evidencia demostrada por la prueba de que se trate, como ocurriría si en la sentencia se admite por probado un hecho que en realidad no está demostrado o al contrario...´´
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
...´´Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente caso, donde la situación planteada ya ha sido resuelta en el momento procesal oportuno por el A Quo y confirmado por el Tribunal de apelación lo constituye en un objeto de litigio ya dirimido y agotadas sus instancias, sin embargo estudiado el caso en examen, éste Tribunal no estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria...´´
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Civil, art. 1589 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
...´´Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente caso, donde la situación planteada ya ha sido resuelta en el momento procesal oportuno por el A Quo y confirmado por el Tribunal de apelación lo constituye en un objeto de litigio ya dirimido y agotadas sus instancias, sin embargo estudiado el caso en examen, éste Tribunal no estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria...´´
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Civil, art. 1589 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
...´´Del análisis del anterior motivo, este Tribunal observa que el recurrente aduce que el error de hecho proviene de la apreciación errónea de los medios de prueba documental singularizada y que se refiere a: 1) Certificación del Acta No. 037-2011 de la sesión ordinaria celebrada por la Alcaldía Municipal de Trinidad, Santa Bárbara, el 19 de julio de 2019, que obra en los folios 14 y 15 de la primera pieza de dicho expediente; 2) Constancia de fecha 28 de junio de 2021, extendida por la Secretaría del Juzgado de Letras Unificado de la sección judicial de Santa Bárbara, visible a folios 67 al 71 de la primera pieza de actuaciones, pero al ser revisada en su conjunto, se destaca que si se apreciaron plenamente y en su justa medida esas pruebas, dado que el ad-quem ha establecido con propiedad ese extremo, todo lo que se refiere a un contrato de trabajo la concurrencia de tres elementos del contrato de trabajo y una vez reunidos, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen, y lo que se dio es la concurrencia de un contrato de servicios profesionales, se ha determinado previamente que por "servicio profesional" se relaciona al ejercicio de una carrera, oficio, ciencia o arte, enseñanza científica o artística. Lo que deriva en que no existe ningún error de hecho evidente o manifiesto en la apreciación probatoria vinculada con esa situación jurídica; todo lo anterior implica que el cargo no pueda ser admitido...´´
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 738 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 739 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 738 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 739 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
...´´Del análisis del anterior motivo, este Tribunal observa que el recurrente aduce que el error de hecho proviene de la apreciación errónea de los medios de prueba documental singularizada y que se refiere a: 1) Certificación del Acta No. 037-2011 de la sesión ordinaria celebrada por la Alcaldía Municipal de Trinidad, Santa Bárbara, el 19 de julio de 2019, que obra en los folios 14 y 15 de la primera pieza de dicho expediente; 2) Constancia de fecha 28 de junio de 2021, extendida por la Secretaría del Juzgado de Letras Unificado de la sección judicial de Santa Bárbara, visible a folios 67 al 71 de la primera pieza de actuaciones, pero al ser revisada en su conjunto, se destaca que si se apreciaron plenamente y en su justa medida esas pruebas, dado que el ad-quem ha establecido con propiedad ese extremo, todo lo que se refiere a un contrato de trabajo la concurrencia de tres elementos del contrato de trabajo y una vez reunidos, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen, y lo que se dio es la concurrencia de un contrato de servicios profesionales, se ha determinado previamente que por "servicio profesional" se relaciona al ejercicio de una carrera, oficio, ciencia o arte, enseñanza científica o artística. Lo que deriva en que no existe ningún error de hecho evidente o manifiesto en la apreciación probatoria vinculada con esa situación jurídica; todo lo anterior implica que el cargo no pueda ser admitido...´´
Jerarquía: Reiterativa
...´´Que el cargo que antecede no resulta admisible, ya que el Recurrente olvida que este Tribunal ha establecido el criterio de que la violación directa de la ley, ya sea por infracción directa o falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea, tiene lugar y se produce con prescindencia de cualquier material probatorio (Ver sentencias expedientes números CL 118-08, 169-08, 219-08, 249-08, 354-08, 382-08 y 14-09); en el presente caso, la cuestión debatida tiene relación con la legalidad y justificación de la terminación de la relación de trabajo que vinculó a las partes y ello fue objeto del material probatorio, por ende, no resulta viable el ataque al fallo por esa vía...´´
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN.
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veintiocho días del mes de septiembre del año dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha ocho de diciembre del dos mil veintidós, por el Abogado FRANCISCO DANIEL GOMEZ BUESO, en su condición de representante procesal del señor EDGARDO BENJAMIN JEREZANO SARMIENTO, como recurrente; además es parte recurrida, la ALCALDIA MUNICIPAL DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, representada en juicio por el Abogado JOSE ALEX MARTINEZ PONCE. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe la justa causa de despido, en caso contrario el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales, salarios dejados de percibir, costas, promovida ante el Juzgado de Letras Unificado de la Sección Judicial de Santa Barbara, Departamento de Santa Barbara, en fecha once de enero del dos mil veintiuno, por el Abogado MIGUEL ANGEL ALVARADO PINEDA, en su condición de apoderado legal del señor EDGARDO BENJAMIN JEREZANO SARMIENTO, mayor de edad, casado, Abogado, hondureño, del domicilio de Santa Barbara, Departamento de Santa Barbara, contra la ALCALDIA MUNICIPAL DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, por medio de su Alcalde Municipal el señor MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veinticinco de agosto del dos mil veintidós, dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Barbara, Departamento de Santa Barbara, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha catorce de septiembre del dos mil veintiuno, proferida por el Juzgado de Letras Unificado de la Sección Judicial de Santa Barbara, Departamento de Santa Barbara, misma que: “FALLA: PRIMERO: Declarar SIN LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral de emplazamiento prestaciones e indemnizaciones laborales, promovida por el señor EDGARDO BENJAMIN JEREZANO SARMIENTO de generales conocidas en el preámbulo de esta sentencia, en contra del señor MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ, en su condición de Alcalde Municipal de la Alcaldía del Municipio de Trinidad en este Departamento de Santa Barbara, de generales conocidas también en el preámbulo de esta sentencia. SEGUNDO: SIN COSTAS”. ANTECEDENTES DE HECHO 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que inicio la relación laboral de trabajo con el hoy demandado el diecinueve de julio del año dos mil once, desempeñándose en el cargo de Asesor Legal con un salario base mensual de L. 21,000.00 y salario base mensual de L. 24,500.00 promediando con los derechos laborales de antigüedad y que se describen en la hoja de cálculo de prestaciones elaborada por inspectoría del trabajo de esta ciudad haciendo un total de L. 673,011.84 más las costas del juicio. Con fecha diecinueve de diciembre del año dos mil diecinueve, se le notifico por escrito la decisión de dar por terminada la relación; acción que se considera injusta e ilegal ya que en forma escrita se le despidió, se le indica que es que contrataron un profesional del derecho en el Departamento Municipal de Justicia y que hará la labor que él desempeñaba, lo que no es ninguna causal conforme a los Artículos 111 y 112 del Código del Trabajo y que no señalan el argumento jurídico de aplicación a una causal de despido en el presente caso particular, por otro parte y de conformidad a los artículos 47 párrafos 1 y 2, y 52 párrafo tercero del Código del Trabajo, estamos ante un verdadero contrato de trabajo por tiempo indefinido regido por la jurisdicción laboral, pues la causa del contrato subsiste y los puestos a un son vigentes dentro de la institución demandada, adquiriendo lo establecido en dicho puesto de trabajo con fundamento en el principio de continuidad, y que el contrato es de tracto sucesivo. Recordemos que existe línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia ya se ha pronunciado en sendas ocasiones, en casos como el indicado y dejando de manifiesto, que el contrato laboral existe cuando hay una dirección y dependencia entre el empleador y el trabajador, consignadas en el artículo 20 del Código del Trabajo, en relación con el artículo 3 del Código del Trabajo se debe estimar ineficaz las cláusulas de un contrato de prestación de servicios profesionales, según el cual la vigencia seria por un periodo determinado, una vez que los derechos de los trabajadores en los términos precisados, son irrenunciables sin que la voluntad de las partes pueda modificarlos o restringirlos. 2. La parte demandada, la ALCALDIA MUNICIPAL DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, contestó dicha demanda señalando que el actor no era un empleado municipal que prestaba sus servicios de manera exclusiva a la municipalidad, ya que él fue contratado para la prestación de sus servicios profesionales, como abogado para emitir opiniones legales y representar a la Municipalidad en acciones judiciales o administrativas, pero en ningún momento está sujeto a un horario o jornada laboral, mucho menos estaba subordinado al Alcalde Municipal, también es importante mencionar que el demandante dedica al ejercicio de su profesión de manera privada, es decir que tiene un bufete jurídico, con atención abierta al público en donde atiende a tiempo completo, y para el caso de la Municipalidad de Trinidad, era un cliente más del demandante, por lo tanto la Municipalidad como persona jurídica, que se servía de los servicios profesionales del Abogado Edgardo Benjamín Jerezano Sarmiento, tiene o tenía la facultad para elegir o buscar los servicios de otro profesional del derecho, cuando así lo deseara y eso fue lo que hizo. El Articulo 40 de la Ley de Municipalidades, en su numeral 2 establece que el Alcalde Municipal, tiene como atribución otorgar poderes especiales para pleitos o profesionales del derecho para que demanden o defiendan a la municipalidad en juicios civiles, criminales, administrativos, contenciosos administrativos, laborales y otros en el caso que nos ocupa, el demandante fue contratado para la prestación de sus servicios profesionales por parte de una persona jurídica, por lo tanto no tiene ningún derecho a reclamar prestaciones e indemnizaciones laborales. 3. El Juzgado de Letras Unificado de la Sección Judicial de Santa Barbara, Departamento de Santa Barbara, en fecha catorce de septiembre del dos mil veintiuno, dictó sentencia misma que: “FALLA: PRIMERO: Declarar SIN LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral de emplazamiento prestaciones e indemnizaciones laborales, promovida por el señor EDGARDO BENJAMIN JEREZANO SARMIENTO de generales conocidas en el preámbulo de esta sentencia, en contra del señor MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ, en su condición de Alcalde Municipal de la Alcaldía del Municipio de Trinidad en este Departamento de Santa Barbara, de generales conocidas también en el preámbulo de esta sentencia. SEGUNDO: SIN COSTAS”. Bajo el criterio siguiente: “Que examinada toda la prueba en subconjunto esta Juzgadora determina que el señor EDGARDO BENJAMIN JEREZANO SARMIENTO fue o pudo haber sido empleado permanente de la Municipalidad del Municipio de Trinidad Santa Barbara, tal como parece con el resto de sus empleados, puesto que sus servicios los presto de manera independiente y no con exclusividad a dicho ente Municipal, a razón de que por su ejercicio profesional también lo hacía a favor de sus clientes cuya prestación ejerce y tal como consta en la constancia extendida por la Secretaria General de este Judicatura, por lo que esta juzgadora considera declarar sin lugar la presente demanda”. 4. La Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Barbara, Departamento de Santa Barbara, en fecha veinticinco de agosto del dos mil veintidós, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que en el presente caso se determina que efectivamente el Abogado Edgardo Benjamín Jerezano Sarmiento al momento de ser contratado se dio lo siguiente: a) Prevaleció la autonomía de la voluntad de las partes contratantes, pues ambos libremente en sesión de corporación se pusieron de acuerdo que, por la prestación de sus servicios profesionales como abogado, sería a través de pago por concepto de honorarios profesionales de manera mensual, de los cuales la municipalidad cada vez que le realizaba el pago de honorarios profesionales se le deducía lo correspondiente al impuesto sobre la renta. b) Por la prestación de sus servicios profesionales no estaba supeditado a una dirección inmediata de parte de la Municipalidad de Trinidad, Santa Bárbara, ni recibe instrucciones para decir que existía una continuada subordinación o dependencia, ya que la prestación de sus servicios profesionales era en el ejercicio proprio de su profesión como abogado, y no como un empleado permanente de planta en dicha municipalidad, ya que se presentaba cuando así era requerido, y así fue constatando con los medios de prueba que Se evacuaron en el sub judice. c) La prestación de su servicio profesionales o trabajo fue bajo la egida de conocimientos científicos, a través de un título facultativo como ser su título de abogado y autorización legal para prestarlos, amén de estar colegiado, ya que se encuentra debidamente colegiado en el Colegio de Abogados de Honduras. d) No estaba sujeto a un horario de trabajo, pues la prestación de sus servicios profesionales lo realizaba cada vez que la Municipalidad requería de los mismos y era llamado para brindar su asesoría como abogado y como especialista en la materia, ciencia o arte, y se determinó que efectivamente podía prestar sus servicios profesionales a otras personas en los horarios que el estimaba conveniente según la constancia emitida por la Secretaria del Juzgado de Letras Unificado de Santa Bárbara, en la cual se detalla las causas que el Abogado Jerezano llevo en los juzgados de manera independiente, por ende gozaba de autonomía en cuanto a su disposición de los horas de trabajo. e) Su remuneración es en concepto de honorarios profesionales, los cuales fueron pactados libremente con la Alcaldía Municipal de Trinidad Santa Bárbara, tal como quedó probado con la certificación del punto de acta número 37-2011 de sesión ordinaria y pública celebrada por la corporación municipal de Trinidad, Santa Bárbara, el día martes diecinueve de julio del año dos mil once. En ese sentido para esta Corte no existe una relación laboral entre las partes porque no se configuran los tres elementos exigidos por el artículo 20 del Código del Trabajo, en ese sentido los agravios del apelante no son de recibo y se procede a confirmar lo resulto por el A quo. 5. Mediante auto de fecha treinta y uno de octubre del dos mil veintidós, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado MIGUEL ANGEL ALVARADO PINEDA, en su condición de representante procesal del señor EDGARDO BENJAMIN JEREZANO SARMIENTO, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Barbara, Departamento de Santa Barbara, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha ocho de diciembre del dos mil veintidós, compareció ante éste Tribunal el Abogado FRANCISCO DANIEL GOMEZ BUESO, en su condición de representante procesal del señor EDGARDO BENJAMIN JEREZANO SARMIENTO, formalizando su demanda, exponiendo cuatro motivos de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de fecha ocho de diciembre del dos mil veintidós, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha veintisiete de julio del dos mil veintitrés, se declaró precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por parte del Abogado JOSE ALEX MARTINEZ PONCE, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.- Que acorde a lo dispuesto en los artículos 764, 765 y 769 del Código del Trabajo, la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II.- Que el Abogado FRANCISCO DANIEL GOMEZ BUESO, en su primer motivo de casación alega: “Ser la sentencia recurrida violatoria de ley sustantiva, por infracción directa o falta de aplicación del artículo 113 párrafo primero, en relación con los artículos 19, 20, 21 y 30, todos del Código de Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: este motivo está comprendido en el artículo 765ordinal primero, párrafo primero del Código de Trabajo. LA VIOLACIÓN PASO A EXPLICARLA ASI: La Corte de Apelaciones Seccional de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, en su sentencia definitiva no aplicó en lo absoluto lo dispuesto en el artículo 113 párrafo primero del Código del Trabajo, ni las demás normas relacionadas (19, 20, 21 y 30 del Código de Trabajo), cuando era imperativo hacerlo, dado que la acción de mi representado fue promovida para el emplazamiento del patrono y que el mismo probara en juicio la justa causa del despido directo, caso contrario se le condenara al pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales conforme lo dispuesto en la ley. La afirmación de la violación a la norma sustantiva mencionada, se hace precisamente porque a la Corte recurrida se le olvidó o ignoró que la demandada ACEPTÓ EXPRESAMENTE en los hechos primero y segundo del escrito de contestación de la demanda, que mi representado fue contratado para la prestación de servicios, como Abogado, para emitir opiniones y que lo representara, por lo que los mismos no son hechos controvertidos, ya que reitero, refiriéndose a mi representado se afirmó que "él fue contratado para la prestación de servicios profesionales, como abogado, para emitir opiniones legales y representar a la municipalidad' y con ello ha aceptado la existencia de la prestación personal de trabajo que presume la existencia de un contrato trabajo, con base a lo dispuesto en los artículos 19, 20, 21 y 30 del Código de Trabajo; además dicha parte demandada aceptó lo referente a su terminación unilateral de dicha relación, cuando se afirma que "por lo tanto la municipalidad como persona Jurídica, que se servía de los servicios profesionales del abogado EDGARDO BENJAMIN JEREZANO SARMIENTO tiene o tenía la facultad para elegir o buscar los servicios de otro profesional del derecho, cuando así lo deseara y eso fue lo que hizo.", por ello, al ser emplazada la demandada en el juicio, tenía la obligación de probar la causa del despido y no lo hizo. Si la Corte recurrida hubiera aplicado la norma invocada como violada, relacionada con las demás disposiciones, devenía en la obligación de declarar con lugar la demanda de mérito, lo cual no hizo, mostrándose en consecuencia en rebeldía ante la Ley y por consiguiente violando el artículo 13 primer párrafo del Código de Trabajo, por ignorar el contenido de dicha disposición, que establece una carga probatoria al patrono, dado que reitero, la acción de mi mandante el acto de emplazamiento al demandado, para que probara en juicio la justa causa del despido, caso contrario se le condenara al pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales reclamadas, cuestión que la demandada no atendió, aunque reitero acepto la existencia de la relación que les ligaba en la prestación de servicios como Asesor Legal de la Municipalidad y la terminación unilateral de la misma, por su simple voluntad. Por lo explicado, esta Honorable Corte Suprema de Justicia debe casar la sentencia en este motivo”. III.- Que el cargo que antecede no resulta admisible, ya que el Recurrente olvida que este Tribunal ha establecido el criterio de que la violación directa de la ley, ya sea por infracción directa o falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea, tiene lugar y se produce con prescindencia de cualquier material probatorio (Ver sentencias expedientes números CL 118-08, 169-08, 219-08, 249-08, 354-08, 382-08 y 14-09); en el presente caso, la cuestión debatida tiene relación con la legalidad y justificación de la terminación de la relación de trabajo que vinculó a las partes y ello fue objeto del material probatorio, por ende, no resulta viable el ataque al fallo por esa vía. IV.- Que el Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley sustantiva nacional y de índole laboral, por infracción indirecta por la apreciación errónea del medio de prueba documental propuesto por la parte demandante, que adelante se singulariza en relación a la demás prueba en su conjunto, y que hizo incurrir en error de hecho que aparece manifiesto en los autos, y que llevó en forma indirecta a la Corte sentenciadora a la violación de los artículos 113 párrafo primero y tercero literal a), interpretado, 116 letra e) y 120 literal d) reformado, todos del Código del Trabajo, en relación con los artículos 3, 19, 20, 21, 25 y 30 del mismo Código. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas, están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRUEBA APRECIADA ERRONEANENTE: La documental que se refiere a: 1) nota del 19 de diciembre de 2019, visible a folio 5 de la primera pieza; y, 2) Certificación del Acta No. 037-2011 de la sesión ordinaria celebrada por la Alcaldía Municipal de Trinidad, Santa Bárbara, el 19 de julio de 2019, que obra en los folios 14 y 15 de dicho expediente de primera instancia. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La Corte sentenciadora, al confirmar el fallo dictado por el Juzgado de primera Instancia, manifiestamente incurrió en error de hecho, al apreciar erróneamente los medios de prueba señalados anteriormente y admitidos a la parte demandante y evacuados en su oportunidad, en relación a la demás medios de prueba en su conjunto, ya que en el caso en particular si se hubiesen apreciado correctamente por parte del Tribunal recurrido los medios de prueba señalados, se hubiera dado por establecido en forma indubitable la existencia de la relación laboral que mantenía el demandante con la demandada, documentos en los cuales se puede apreciar los elementos esenciales del contrato de trabajo (actividad personal del trabajador, continua subordinación y salario), ya que en ellos se establecía los términos de su contratación como Asesor Legal de la demandada, de forma indefinida, por lo que resulta evidente el error judicial al haber apreciado equivocadamente todo ese material probatorio, lo que llevó en forma indirecta a la Corte Sentenciadora a la violación de los artículos 113 párrafo primero y tercero literal a) interpretado, 116 letra e) y 120 literal d) reformado, todos del Código del Trabajo, en relación con los artículos 3, 19, 20, 21, 25 y 30 del referido Código, al negar dicho tribunal, lo que manifiestamente se estableció en autos, que la relación laboral entre las partes existió durante más de 8 años, lo cual es contrario al principio de la primacía de la realidad, el cual enuncia en el fallo recurrido pero que no aplica al caso concreto, ya que la relación de trabajo existió porque se dieron los elementos de prestación personal del servicio, salario o remuneración y subordinación o dependencia, y la misma no deja de serlo por razón del nombre que le dé, cuando la misma Corte sentenciadora reconoce que el demandante fue contratado para la prestación de sus servicios profesionales, pero según lo expresa dicha alzada, dicha actividad era realizada con autonomía, sin sujetarse a horario de trabajo, que le pagaban honorarios profesionales, por lo que a su criterio no se daban los elementos de la actividad personal, salario y la continuada dependencia del demandante para con la demandada, lo cual es un claro error de hecho y evidencia que el ad-quem aprecio erróneamente todo ese material probatorio, ya que en principio, si tal criterio fuese cierto, se debió acreditar por la demandada la existencia de un contrato de prestación de servicios profesionales que vinculara a las partes, lo cual no se hizo y al contrario, en el juicio si consta el nombramiento y presentación como Asesor Legal o apoderado del abogado Jerezano Sarmiento, acto que fue realizado en la sesión ordinaria celebrada por la Alcaldía Municipal de Trinidad, Santa Bárbara, el 19 de julio de 2019, donde incluso de su simple lectura se puede apreciar que en esa misma fecha él inició su prestación de servicios, evacuando consultas de los funcionarios municipales, por lo que al no existir por escrito el contrato referido, operan en este caso las presunciones contenidas en los artículos 21 y 30 del Código de Trabajo; igual, en la misma nota donde le notifican la terminación unilateral, la misma demandada reconoce su cargo de Asesor Legal y que prescinde sus servicios como tal, porque esa labor la cubriría otro profesional del derecho, lo que determina que debieron aplicarse los artículos 19 y 20 del referido Código, porque concurren los 3 elementos de la relación de trabajo y por otro lado, repetimos, no se acreditó la existencia de un contrato escrito que regulara esos servicios, siendo que se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo, presunción repito, que no fue desvanecida por la parte demandada”. V.- Que el cargo expuesto resulta inadmisible puesto que el error de hecho solo procede en casación cuando es ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos; sin embargo, al revisarse la situación jurídica planteada, se advierte que el Tribunal recurrido al confirmar el fallo de primera instancia hizo suyos los argumentos del Juez A-Quo, observándose que se realizó el análisis y valoración apropiada de todo el material probatorio allegado al juicio, llegándose a la conclusión de la improcedencia de la demanda de mérito. En adición, en cuanto al error de hecho en la apreciación de las pruebas, este Tribunal llama la atención en cuanto a que no es la apreciación de una prueba o la omisión de la misma por parte del juzgador lo que constituye el error de hecho, sino que este vicio es el efecto o resultado que puede presentarse en el criterio del juzgador como consecuencia de haberse dejado de apreciar o de haberse apreciado equivocadamente una prueba, en forma de inducirlo a dar por establecido un hecho que no aparece probado realmente o al contrario, a dar por no probado un hecho que sí está demostrado en el proceso y en el caso sub-judice no aparece ninguna situación que pugne contra el material probatorio aportado y practicado en el juicio. VI.- Que el Impetrante formula un tercer motivo de casación en el que alega: “Ser la sentencia violatoria de Ley sustantiva nacional en Infracción Indirecta proveniente de apreciación errónea de la prueba documental propuesta y admitida a las partes, relacionada con los documentos visibles a folios 14, 15, 67 al 71 de la primera pieza de actuaciones, que hizo incurrir en error de hecho que aparece de manifiesto en los autos y que lo llevo en forma indirecta a la de los artículos 113 párrafos primero y tercero, literal a) interpretado del Código del Trabajo, en relación con los artículos 127, 128 en su preámbulo y 129 de la Constitución de la República 3, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 30 y 319 todos del Código del Trabajo. PRUEBA APRECIADA ERRONEAMENTE: La documental que se refiere a: 1) Certificación del Acta No. 037-2011 de la sesión ordinaria celebrada por la Alcaldía Municipal de Trinidad, Santa Bárbara, el 19 de julio de 2019, que obra en los folios 14 y 15 de la primera pieza de dicho expediente; 2) Constancia de fecha 28 de junio de 2021, extendida por la Secretaría del Juzgado de Letras Unificado de la sección judicial de Santa Bárbara, visible a folios 67 al 71 de la primera pieza de actuaciones. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las sustantivas señaladas, están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACION DEL MOTIVO: La Corte sentenciadora de forma notoria y manifiesta incurrió en error de hecho al apreciar erróneamente los medios probatorios documentales singularizados, en relación a los demás medios de prueba en su conjunto, ya que si bien es cierto el juzgador no está sujeto a la tarifa legal de las pruebas, sino que forma libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la sana crítica de las pruebas, tal y como está consagrado en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo, pero también deviene obligado a efectuar la apreciación de las pruebas en su conjunto y motivar sus decisiones, reglas procesales que debió haber observado la Corte recurrida en la debida y correcta apreciación de los medios de prueba que he singularizado y los demás aportados al proceso, lo cual le hizo incurrir en el error de hecho por su apreciación errónea- Si la Honorable Corte recurrida hubiese apreciado CORRECTAMENTE los medios de prueba relacionados y todos en su conjunto, hubiera llegado al convencimiento que la demandada, en abierto FRAUDE A LA LEY, ha pretendido encubrir la verdadera relación de prestación de servicios como Asesor Legal, que el mismo Tribunal reconoce que existía entre las partes, aparentando o simulando la existencia de una relación civil, cuando es notorio que no aporto contrato alguno que lo evidenciara, además que en dicha relación se aprecian todos los elementos de una relación laboral, en los términos previstos en los artículos 3, 19, 20, 21, 24, 25, 26 y 30 del Código del Trabajo y 128 preámbulo de la Constitución de la República, ya que dichas normas enuncian presunciones para este tipo de situaciones, sobre la existencia de esa relación de trabajo personal y que son nulos de pleno derecho, los actos que contraríen, disminuyan o tergiversen los derechos que emanan de esa relación de trabajo, lo cual es violatorio de los derechos al trabajo y estabilidad laboral, contenidos en los artículos 127 y 129 de la Constitución de la República y en franca infracción del artículo 113 párrafos primero y tercero literal a) interpretado del Código del Trabajo. La Corte recurrida aduce que el demandante prestaba sus servicios como un profesional del derecho, cuando así era requerido y era llamado a brindar su asesoría como Abogado, por lo que podía prestar sus servicios a otras personas, conforme se constata de las causas que llevo de manera independiente y se detallan en la constancia de la Secretaría del Juzgado de Letras Unificado de Santa Bárbara, por ende gozaba de autonomía en cuanto a su disposición en las horas de trabajo, razonamiento que resulta ser completamente erróneo, ya que para la prestación de servicios con exclusividad se requiere al tenor de lo dispuesto en el artículo 22 del Código de Trabajo, pacto expreso que así lo establezca y en este caso no existe, como tampoco la existencia de esos casos judiciales no determina un tema de que su ejercicio profesional filera Limitado a ese tipo de actuaciones; también dicho Tribunal ignora que sobre lo del horario de trabajo la ley no establece ningún requisito para hacerlo en un tiempo definido, es más deja a las partes en la libertad de convenirlas, tal como así lo indica el artículo 319 del mismo Código, cuyo límite de duración de las labores es la máxima legal de la jomada, pero reitero, no se establece tal requerimiento, ya que eso depende del tipo de servicios, que como este caso son de asesoría legal, que pueden brindarse de varias formas (personalmente, por escrito, teléfono, correo electrónico, etc.), pero que en el Acta 037-2011 de la sesión celebrada en fecha 19 de Julio de 2011, la Alcaldía Municipal de Trinidad, Santa Bárbara resolvió la contratación de sus servicios por pagos mensuales, más combustible si le tocara viajar a esa ciudad de Trinidad, cuando fuera necesario, con fecha de inicio el 19 de julio del 2011, por tiempo indefinido, por lo que los demás cuestionamientos vinculados a su ejercicio profesional, no proceden y reflejan que se ha apreciado erróneamente ese material probatorio”. VII.- El error de hecho es una creencia o noción equivocada del juez frente a los hechos revelados por la prueba, la demanda o la contestación, que se percibe de forma inmediata y conlleva a la violación indirecta de la ley. Para que se configure la violación de la ley por error de hecho en la apreciación de las pruebas, son necesarios los siguientes requisitos: a) debe existir una mala o falta de apreciación de la prueba; b) esa mala apreciación debe ser originada por un error de hecho, es decir, respecto de la prueba considerada en si misma y no con relación a las normas legales que reglamentan la prueba; c) ese error de hecho debe generar como consecuencia obligada y necesaria la violación de la ley sustantiva; d) que el error de hecho expresado debe ser manifiesto, o sea que aparezca en pugna con la evidencia demostrada por la prueba de que se trate, como ocurriría si en la sentencia se admite por probado un hecho que en realidad no está demostrado o al contrario. VIII.- Del análisis del anterior motivo, este Tribunal observa que el recurrente aduce que el error de hecho proviene de la apreciación errónea de los medios de prueba documental singularizada y que se refiere a: 1) Certificación del Acta No. 037-2011 de la sesión ordinaria celebrada por la Alcaldía Municipal de Trinidad, Santa Bárbara, el 19 de julio de 2019, que obra en los folios 14 y 15 de la primera pieza de dicho expediente; 2) Constancia de fecha 28 de junio de 2021, extendida por la Secretaría del Juzgado de Letras Unificado de la sección judicial de Santa Bárbara, visible a folios 67 al 71 de la primera pieza de actuaciones, pero al ser revisada en su conjunto, se destaca que si se apreciaron plenamente y en su justa medida esas pruebas, dado que el ad-quem ha establecido con propiedad ese extremo, todo lo que se refiere a un contrato de trabajo la concurrencia de tres elementos del contrato de trabajo y una vez reunidos, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen, y lo que se dio es la concurrencia de un contrato de servicios profesionales, se ha determinado previamente que por "servicio profesional" se relaciona al ejercicio de una carrera, oficio, ciencia o arte, enseñanza científica o artística. Lo que deriva en que no existe ningún error de hecho evidente o manifiesto en la apreciación probatoria vinculada con esa situación jurídica; todo lo anterior implica que el cargo no pueda ser admitido. IX.- Que el Censor formula un cuarto motivo de casación invocando lo siguiente: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley sustantiva nacional y de índole laboral, por infracción indirecta por la apreciación errónea del medio de prueba documental propuesto por la parte demandante, que adelante se singulariza en relación a la demás prueba en su conjunto, y que hizo incurrir en error de hecho que aparece manifiesto en los autos, y que llevó en forma indirecta a la Corte sentenciadora a la violación de los artículos 116 letra e) y 120 literal d) reformado, todos del Código del Trabajo, en relación con los artículos 3, 19, 20, 21, 25 y 30, 360, 361 del mismo Código, 1 del Convenio No. 95 OIT, relativo a la protección del salario ratificado mediante Decreto No. 126 del 12 de febrero de 1960, publicado en La Gaceta del 16 de marzo de 1960. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas, están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRUEBA APRECIADA ERRONEAMENTE: La documental que se refiere a: 1) Certificación del Acta No. 037-2011 de la sesión ordinaria celebrada por la Alcaldía Municipal de Trinidad, Santa Bárbara, el 19 de julio de 2019, que obra en los folios 14 y 15 de dicho expediente de primera instancia; y, 2) Copia del cheque No. 7557 de BANHCAFE del 4 de agosto de 2016 emitido por la Alcaldía Municipal de Trinidad, Santa Barbara a favor de EDGARDO BENJAMIN JEREZANO SARMIENTO, que obra a folio 16 del mismo expediente. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: En la recomendación No. 198 sobre la relación de trabajo de la Organización Internacional del Trabajo, adoptada en su Conferencia General celebrada el 31 de mayo de 2006, entre otros puntos dicho ente determinó como indicios que permiten determinar la existencia de una relación de trabajo, entre otros: "(a) el hecho de que el trabajo: se realiza según las instrucciones y bajo el control de otra persona; que el mismo implica la integración del trabajador en la organización de la empresa; que es efectuado única o principalmente en beneficio de otra persona; que debe ser ejecutado personalmente por el trabajador, dentro de un horario determinado, o en el lugar indicado o aceptado por quien solicita el trabajo; que el trabajo es de cierta duración y tiene cierta continuidad, o requiere la disponibilidad del trabajador, que implica el suministro de herramientas, materiales y maquinarias por parte de la persona que requiere el trabajo, y (b) el hecho de que se paga una remuneración periódica al trabajador; de que dicha remuneración constituye la única o la principal fuente de ingresos del trabajador; de que incluye pagos en especie tales como alimentación, vivienda, transporte, u otros; de que se reconocen derechos como el descanso semanal y las vacaciones anuales; de que la parte que solicita el trabajo paga los viajes que ha de emprender el trabajador para ejecutar su trabajo; el hecho de que no existen riesgos financieros para el trabajador." Los mismos (indicios) deben ser considerados por los Estados y sus autoridades, bajo las dificultades que supone determinar la existencia de una relación de trabajo, cuando no resultan claros los derechos y obligaciones respectivos de las partes interesadas, o en los casos que se ha intentado encubrir la relación de trabajo, o cuando hay insuficiencias o limitaciones en la legislación, en su interpretación o en su aplicación. Por lo que la Corte sentenciadora, al confirmar el fallo dictado por el Juzgado de primera Instancia, ignoró la prueba que establece la existencia de una relación laboral entre las partes, ya que en el proceso aparece evidenciada la contratación de los servicios de mi representado, en una actividad de Asesoría legal y representación de la demandada y que incluso debía viajar para brindarlos, quien le efectuaba pagos mensuales, que constituyen salario, lo cual se evidencia de la prueba documental que obra a folios 14, 15 y 16, donde consta no solo los términos de dicha contratación, sino que la Municipalidad le pagaba los valores convenidos mensualmente, incurriéndose en un error de hecho evidente y manifiesto, al apreciar erróneamente esos medios de prueba, en relación a la demás medios de prueba en su conjunto, ya que si se hubiesen apreciado de forma correcta por parte del Tribunal, se hubiera dado por establecido en forma indubitable la existencia de una relación laboral, reitero que de dichos documentos se puede determinar la concurrencia de los elementos esenciales del contrato de trabajo (actividad personal del trabajador, continua dependencia o subordinación y salario), lo que llevó en forma indirecta a la Corte Sentenciadora a la violación de los artículos 116 letra e) y 120 literal d) reformado, todos del Código del Trabajo, en relación con los artículos 3, 19, 20, 21, 25, 30, 360, 361 del mismo Código, 1 del Convenio No. 95 OIT, relativo a la protección del salario ratificado mediante Decreto No. 126 del 12 de febrero de 1960, publicado en La Gaceta del 16 de marzo de 1960, al negar dicho tribunal, la existencia de la relación laboral que vinculo a las partes y los derechos que de ella derivan, especialmente los derivados de la terminación unilateral que realizara la demandada. Por lo que es procedente la admisión del motivo”. X.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible por la razón siguiente: No es cualquier error el que conduce a quebrantar el fallo, sino el manifiesto y evidente. Para que se configure la violación de la ley por error de hecho en la apreciación de las pruebas, son necesarios los siguientes requisitos: a) Debe existir una mala o falta de apreciación de la prueba y debe singularizarse. b) Esa apreciación debe ser originada por un error de hecho, es decir, respecto de la prueba aportada en sí misma y no con relación a las normas de derecho; c) Ese error de hecho debe generar como consecuencia obligada y necesaria la violación de la ley sustantiva; d) El error de hecho expresado debe ser manifiesto, o sea que aparezca en pugna con la evidencia demostrada por la prueba de que se trate, como ocurriría si en la sentencia se admite por probado un hecho que en realidad no está demostrado o al contrario. XI.- El impetrante alega nulidad subsidiaria la cual aduce que: “En la sentencia definitiva dictada por el Tribunal de Apelación, se han violentado los principios de debido proceso y derecho de defensa, al haber emitido una decisión sin la suficiente motivación jurídica. El vicio procesal que conlleva a la nulidad invocada está amparado en el artículo 858 del Código de Trabajo, aplicando supletoriamente lo dispuesto en el artículo 206 numeral 1) del Código Procesal Civil, que regula la exigencia de que las sentencias deben contar con claridad, precisión y exhaustividad, así como lo dispuesto en el artículo 207 del mismo Código, que determina el deber de motivación en las sentencias, expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho, además, la motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón; circunstancias omitidas en la sentencia recurrida, lo cual violenta el debido proceso al no contener la sentencia esos requisitos internos, especialmente al omitirse la cita de los fundamentos jurídicos que debieron constar en la parte resolutiva del fallo, con lo cual también se violenta el derecho a la defensa, por no contener fundamentos sustantivos que regulen la situación jurídica debatida. Es de recordar que con la infracción de una norma procesal, el órgano judicial en el curso del proceso impide a una parte el ejercicio del derecho de defensa, privando o limitando bien su facultad de alegar y justificar sus derechos e intereses para que le sean reconocidos; normas de procedimiento violentadas que impiden hacer valer los derechos del afectado en el recurso de casación que nos ocupa contra la resolución impugnada, lo que produce efectiva indefensión y un perjuicio real y efectivo de los intereses del afectado provocada por una indebida actuación del órgano judicial recurrido”. XII.- Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente caso, donde la situación planteada ya ha sido resuelta en el momento procesal oportuno por el A Quo y confirmado por el Tribunal de apelación lo constituye en un objeto de litigio ya dirimido y agotadas sus instancias, sin embargo estudiado el caso en examen, éste Tribunal no estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria. XIII.- Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus cuatro motivos de casación. Y sin lugar la petición de nulidad subsidiaria. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus cuatro motivos. 2) SIN LUGAR la nulidad solicitada de forma subsidiaria. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ROY PINEDA CASTRO, COORDINADOR, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de marzo del dos mil veinticuatro; certificación de la sentencia de fecha veintiocho de septiembre del dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL510-2022. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.