Sentencia CL-50-22 — Registro 17500
Resumen
Demanda laboral de primera instancia, para que el patrono sea condenado a reintegrar a su trabajo a un trabajador, por lo menos en las mismas condiciones existentes al momento del despido; si no prueba la justa causa por haber otorgado un despido injustificado y directo al trabajador, pago de derechos adquiridos que se causen desde la fecha del despido a la fecha del reintegro; pago de aumentos salariales, vacaciones compensadas y demás beneficios que se obtengan por contratación colectiva, salarios caídos calculados con los aumentos salariales que se otorguen por contratación colectiva; salarios adeudados
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por los defectos técnicos siguientes: a) en la formulación se indica como infringidos los artículos 98 numeral 1) del Código de Trabajo, que no tiene relación con la situación jurídica planteada y los artículos 738 y 739 de Código del Trabajo, son de naturaleza es adjetiva, inviolable en este recurso extraordinario; b) como consecuencia lógica de las disposiciones señaladas como infringidas no se demuestra el error evidente y manifiesto que pugne con la razón; c) en la explicación se esgrime que “…el Tribunal de Segunda Instancia no aprecia (lo negreado es por este Tribunal) el contenido de los documentos presentados 1) citación para audiencia de descargo (folio 18-19). 2) acta de audiencia de descargo (folios 20-22). 3) notificación de terminación de la relación laboral (folio 23-24) …” enunciado que al señalarse que no se apreció la prueba en su contenido obedece a la sub-modalidad de falta de apreciación incompatible con la apreciación errónea invocada. En todo caso revisada que fue la sentencia impugnada dichos medios si fueron apreciados por el juzgador de instancia; d) en el desarrollo se alude a los artículos “…127, 129 de la Constitución de la Republica de Honduras, Articulo 113 del Código del Trabajo”, que no fueron señalados como infringidos o relacionados en la formulación. Además, el error de hecho solo procede en casación, cuando es ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos. En este caso, al revisarse la situación jurídica planteada, se advierte que el tribunal recurrido al confirmar el fallo de primera instancia realizó el análisis y valoración de todo el material probatorio allegado al proceso, resolviendo el juzgador de instancia lo que corresponde conforme a la libre formación de su convencimiento."....
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..." Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente caso, estima éste Tribunal, que en el fallo impugnado no se ha violado el debido proceso ni el derecho defensa de las partes en consecuencia no procede la nulidad solicitada. VI. Por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo de casación y sin lugar la nulidad alegada de forma subsidiaria"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Civil, art. 1589 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veintiún días del mes de septiembre de dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral, formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha 06 de enero del 2023, por el Abogado DILLD KENYIN HERNANDEZ CEDILLO, en su condición de representante procesal del señor RIGOBERTO GONZALES; como recurrente; además es parte recurrida, la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, representada en juicio por el Abogado HENRY YASIR PALMA EUCEDA. OBJETO DEL PROCESO: Demanda laboral de primera instancia, para que el patrono sea condenado a reintegrar a su trabajo a un trabajador, por lo menos en las mismas condiciones existentes al momento del despido; si no prueba la justa causa por haber otorgado un despido injustificado y directo al trabajador, pago de derechos adquiridos que se causen desde la fecha del despido a la fecha del reintegro; pago de aumentos salariales, vacaciones compensadas y demás beneficios que se obtengan por contratación colectiva, salarios caídos calculados con los aumentos salariales que se otorguen por contratación colectiva; salarios adeudados, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 25 de enero del 2021, por el señor RIGOBERTO GONZALES, mayor de edad, casado, Licenciado en Contaduría Pública y Finanzas, hondureño y con domicilio en San Pedro Sula, Departamento de Cortés, contra la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, por medio del Alcalde Municipal en ese entonces ARMANDO CALIDONIO ALVARADO. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 24 de noviembre del 2021, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 19 de octubre del 2021, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR LA DEMANDA LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA PARA QUE EL PATRONO SEA CONDENADO A REINTEGRAR A SU TRABAJO POR LO MENOS EN LAS MISMAS CONDICIONES EXISTENTES AL MOMENTO DEL DESPIDO, PAGO DE AUMENTOS SALARIALES, PAGO DE VACACIONES COMPENSADAS Y DEMAS BENEFICIOS QUE SE OBTENGAN POR CONTRATACIÓN COLECTIVA Y PAGO DE SALARIOS CAÍDOS. Promovida por el señor RIGOBERTO GONZALES, hondureño, mayor de edad, casado, con número de identidad 1706-1968-00282. Contra LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, a través de su representante legal el señor Alcalde Municipal ARMANDO CALIDONIO ALVARADO. SEGUNDO: EN CONSECUENCIA, SE ABSUELVE a la demandada LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, a través de su representante legal el señor Alcalde Municipal ARMANDO CALIDONIO ALVARADO, DE REINTEGRAR AL ACTOR RIGOBERTO GONZALES, se le absuelve del pago de los aumentos salariales y vacaciones compensadas, así como se le absuelve del pago de los salarios dejados de percibir. TERCERO: ÚNICAMENTE CONDENAR A LA institución demandada LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, a través de su representante legal el señor Alcalde Municipal ARMANDO CALIDONIO ALVARADO, a pagar a favor del señor RIGOBERTO GONZALES los derechos adquiridos que ascienden a la cantidad total de CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON CUATRO CENTAVOS (L 48,782.04) que se desglosa en los conceptos siguientes: Vacaciones proporcionales: L 14,372.96; Décimo tercer proporcional: L 23,629.72; Décimo cuarto proporcional: L 10,779.72. CUARTO: SIN COSTAS por el carácter social del derecho laboral y el principio de gratuidad y por ser la demandada una institución del Estado, conforme el Decreto 266-2013 que contiene la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios de la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno en su artículo 8 el Estado está exento de costas en juicio de cualquier naturaleza”. ANTECEDENTES DE HECHO 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que empezó su relación laboral con la demandada el 29 de enero del 2010, cuando fungía como Alcalde de la ciudad de San Pedro Sula el señor Juan Carlos Zuniga Monge, mediante acuerdo número 134-90, de fecha 29 de enero del 2010, desempeñándose en el puesto de Jefe en la Dirección de la Unidad Técnica de Servicios Inmediatos (UTSI), devengaba un salario mensual de L. 20,700.00; y que después en fecha 29 de abril del 2011 fue traslado a una mejor posesión como Director Económico Administrativo, siempre con el mismo salario mensual; posteriormente el 11 de febrero del 2014 fue promovido por el señor Alcalde de ese entonces Armando Calidonio Alvarado, para integrar la Comisión verificadora, que consistía en verificar los Tributos que reclaman el contribuyente que fueron pagados correctamente y que Tesorería recibió el ingreso mediante el sistema bancario, en la cual estaba baja la dirección del Lic. Ángel Rolando Perdomo Matute, Super Intendente Económico Administrativo; y que luego de la muerte de su Jefe inmediato Lic. Rolando Perdomo, fue ascendido el 12 de octubre del 2017 al puesto de Coordinador de la Comisión Verificadora Adscrita al Departamento de Regulación de Ingresos de la MSPS; manifestó que el 22 de septiembre del 2017 había interpuesto reclamo administrativo para que se le efectuara el reajuste salarial, llegando a un acuerdo con el señor Alcalde de que se le otorgaría un aumento a su salario mensual de L.5,000.00, quedando con un salario mensual de L.25,700.00; y que sus funciones como Coordinador de la Comisión Verificadora Adscrita al Departamento de Regulación de Ingresos de la MSPS, eran: llevar toda la coordinación Administrativa de la Unidad, así mismo llevar la coordinación de todo el personal que estaba asignado bajo su mando que eran doce empleados, para generar todo el trabajo que se genera en la unidad, resolviendo todos los reclamos de los contribuyentes de los pagos por distintos tributos no verificados que corresponden a los años 2010, 2011, 2012, 2013, producto de los (famosos borrones) que se dieron en la Municipalidad de San Pedro Sula, documentándolos esos reclamos en los archivos de contabilidad, tesorería y en el sistema financiero de la ciudad, para poder constatar que el pago era correcto que había ingresado a la Tesorería Municipal, luego una vez verificado firmaba una constancia donde daba fe que el pago es correcto, luego se enviaba los expedientes a regulación de ingresos para la elaboración de la nota de crédito o débito, para que se le rebajara el saldo del sistema que les aparecía a algunos contribuyentes, como no pagados y a hacerles la nota de débito porque su pago era ilegal, de ahí se procedía a cargar en el sistema el valor dejado de pagar más los intereses y recargos, toda esa actividad la realizaban en coordinación con la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la corrupción Pública (Fetccop), y que durante todo ese periodo auditaron todos los ingresos de los cuatro años antes mencionados, para determinar con exactitud, todos los contribuyentes que fueron beneficiados y afectados, mediante todo los recaudos de todos los bancos contra el reporte del Sistema Informático Tributario de la Municipalidad (SIT-MSPS); que una vez terminada la auditoría, también generaba todos los requerimientos a los contribuyentes que aparecían como beneficiarios lo cual su saldo se le había rebajado pero que no habían realizado el pago en debida forma en ningún banco del sistema financiero autorizado, ni en la Tesorería Municipal, ni en la Municipalidad de San Pedro Sula. Asimismo argumentó que el 15 de marzo del 2020, suspendieron las garantías constitucionales, y se los remitió a sus hogares, producto de la pandemia del Covid-19, y fue hasta el mes de septiembre del 2020, que les empezaron a notificar mediante llamada telefónicas, para que hicieran tumos de trabajo, y posteriormente fue notificado verbalmente por el ing. Manuel Medina, para hacer los turnos de los empleados, y seguir resolviendo los problemas de los contribuyentes, donde estaba asignado como jefe en el turno de la mañana, pero luego por la demanda de trabajo le tocaba cubrir todo el día, entrando de las 10:00 am y saliendo a las 5:00 pm.; expresó además que el día 03 de noviembre del 2020, a las 2:30 pm, venía de hacer una diligencia del banco del país, buscando una constancia de un contribuyente para poderle resolver su problema, ya que por ser pagos muy viejos (de años anteriores) el banco no les da información a los contribuyentes, más sin embargo, por ser representante de la Municipalidad de San Pedro Sula, si le proporcionan la información requerida; y que llego a su oficina y por la prisa y sumado a eso estaban justo con lo de las Tormentas, y se aparcó sin percatarse que estaba obstruyendo una bajada de las personas con capacidad especial, en la dirección 2 calle 6 avenida de esa ciudad, y que luego recibió una llamada de un ciudadano para decirle que los de la grúa le estaban llevando su vehículo por estar mal estacionado, bajando tan pronto al lugar de los hechos, pidiéndoles de por favor que no se llevaran el vehículo, manifestándoles que era empleado municipal y que estaba trabajando en estados de emergencia, e hicieron caso omiso a sus suplicas, luego cuando les mostró su carnet lo que recibió fue que un policía municipal le arrebato el carnet de identificación, y viendo que su petición no fue escuchada, tomó la decisión arriesgada y peligrosa como última instancia de meterse bajo la grúa como una medida desesperada para que no le llevaran su carro ya que no había dinero para pagar una multa de L. 3,800.00 que cobran los de las grúa, y más que estaban en pandemia, y en las tormentas Eta y Iota; argumentó que una vez metido debajo de la grúa fue sometido a una golpiza brutal por parte de los policías municipales, después de recibir tan salvaje paliza, llego el Gerente de Desarrollo Humanos el Lic. Eduardo Alvares, solicitándole que se saliera de debajo de las bandas de la grúa (y de inmediato acate la orden en vista que es jefe superior) quien le manifestó que su carro se lo iban a entregar, el cual nunca sucedió, sino que tuvo que cancelar los L. 3.800.00, luego de semejante y salvaje golpiza que recibió producto de esa acción se hizo de conocimiento público y salió en medios de comunicación televisados, en los cuales criticaban el comportamiento salvaje de los Policías Municipales; posteriormente recibió una citación para una audiencia de descargo, en fecha 30 de noviembre del 2020; misma que se llevó a cabo el 01 de diciembre del 2020, a las 3.00 pm, cuando nunca le habían realizado una audiencia de descargo durante había trabajado en la municipalidad de San Pedro Sula; igualmente expresó que la demandada se olvidó, o pasó por alto el contrato de servicios profesionales de gestiones por resultados, entre el señor Alcalde Armando Calidonio Alvarado y Ricardo Alfredo Hall Polio, de fecha 14 de abril del 2018, en la cláusula SEGUNDA: del mismo contrato dice, "para la prestación de servicios, EL CONTRATADO, suministrara el personal necesario…” así mismo en la CLAUSULA TERCERA: se remite a las funciones y obligaciones de mismo prestador de servicios, ya que como su contrato lo dice solo prestan un servicio de patrullaje y levantamiento de vehículos, pero con su propio personal, tal como se manifiesta en el inciso número 9 de la misma cláusula donde dice “que el CONTRATADO asumirá la responsabilidad del personal contratado por el” en la cláusula CINCO dice “MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO, que con ello quedó claro que, le SANCIONARON doble por la misma falta cometida según la patronal demandada, una monetaria por haber estado parqueado en un lugar no "permitido” eso sin haberse percatado claro está, tal como se mostró con los recibos de pagos emitidos por la Oficina de Regulación de Ingresos, y recibo de Banco FICOHSA, de fecha 04 de noviembre del 2020, a las 9:13 am, por un monto de L. 3,800.00, y aparte de eso fue notificado de una audiencia de descargo, y posteriormente despedido por esa misma falta, donde la patronal no se percató que el castigo era desproporcional a la falta cometida. Que el 01 de diciembre del 2020, el demandante recibió la notificación de su despido, una vez terminando la Audiencia de Descargo que le realizaron ese mismo día; que con el ánimo de llegar a un acuerdo conciliatorio acudió a la Dirección General del Trabajo, siendo imposible el mismo por la no comparecencia de la patronal. 2.- La parte demandada, la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, contestó dicha demanda rechazando las pretensiones del demandante, apoyando su defensa que el demandante ingresó a laborar el 29 de enero del 2010, devengaba un salario mensual de L.25,700.00, y finalizo el 01 de diciembre del 2020 por consecuencia de un despido legal y justificado motivado por las faltas graves cometidas por el actor las que se enumeran de la siguiente manera: 1) Falta al no observar buenas costumbres y conducta ejemplar durante el servicio, establecida en el art. 112 literal l) del Código del Trabajo. 2) Abstenerse de cuanto pueda poner en peligro su propia seguridad, la de sus compañeros de trabajo o la de otras personas, así como la de los establecimientos, talleres, lugares de trabajo, establecida en el art. 112 literal 1) y 3) La ejecución de toda clase de actos en la Ley, como ser violentar el art. 1, 38 y 42 de la Ley de Equidad y Desarrollo Integral para personas con Discapacidad. Argumento además que el 13 de noviembre del 2020 se recibió informe de parte de la oficina de Relaciones Laborales en donde se reportaba las faltas cometidas por el demandante, por lo que, en fecha 30 de noviembre del 2020 se le citó en legal y debida forma para audiencia de descargo al demandante para que compareciera a la misma, otorgándole su derecho a la defensa, misma que se llevó a cabo en fecha primero de diciembre del 2020, en la cual el demandante no aportó prueba que justificara la falta cometida y lejos de justificar sus faltas, aceptó las mismas, manifestando que su actuación era: "... por la situación que estamos pasando..." la cual difiere totalmente, ya que en pandemia (si era a lo que se refería), la norma de bioseguridad establece tener distanciamiento social, uso de mascarilla, desinfección constante y adecuada de manos, hechos que lejos de justificar su acción, justifican el legal despido; por lo que, el 01 de diciembre del 2020, en vista de que el demandante aceptó sus faltas, en la audiencia de descargos y no aportó ninguna justificación, fue legal y procedente que la demandada cumpliera las sanciones laborales impuestas en el Código del Trabajo, por lo que sin dilación se procedió a notificar la terminación de la relación laboral que mantenía hasta ese momento con la demandada; además relató que el demandante el 03 de noviembre del 2020 a las 2:30 de la tarde estacionó su vehículo en un lugar no permitido por el ordenamiento vial, y además prohibido por una ley especial, y de la lectura de la demanda, se observó que él mismo aceptó tal extremo. Como consecuencia de estar mal estacionado y dando un mal ejemplo al ser un empleado municipal, el servicio de Grúa procedió a realizar su labor de trasladar a la policía municipal el vehículo, aproximadamente las 3:30 de la tarde; pero resultó que el señor demandante, sorpresivamente en un acto totalmente injustificado irracional tomó la decisión arriesgada y peligrosa de meterse a sí mismo debajo de las llantas del camión de la grúa, haciendo expresiones inmorales públicamente, en contra de los servidores públicos, cometiendo las faltas por las cuales fue sancionado por su despido con justa causa, por poner en peligro su vida de acuerdo al artículo 97 inciso i) del Código de Trabajo y el articulo 101 numeral 38 del Reglamento Interno de Trabajo. El principio de la Proporcionalidad y el Principio de Legalidad como contenido del Derecho al Debido Proceso establece que las faltas y prohibiciones deberán estar debidamente tipificadas, prohibiéndose de este modo la aplicación por analogía de conductas reprochables, en ese sentido El Código de Trabajo y el Reglamento de Trabajo de la Municipalidad de San Pedro Sula, ya establece cuales son las obligaciones y prohibiciones al trabajador y en relación al artículo 6 del Código Civil nadie puede alegar ignorancia de la Ley, y en el caso que nos ocupa, menos un servidor público desconocer su propia ley, por ende el demandante tenía pleno conocimiento de la norma laboral que regla su relación, además en el mismo contrato firmado por él se establecen cuáles son las causales de terminación del contrato y ante lo ocurrido el ahora demandante sabía que estaba cometiendo una falta y por ende implicaría una sanción disciplinaria, la cual fue la terminación de la relación laboral, misma que fue impuesta por la demandada por el grado de afectación en la imagen de la Alcaldía de San Pedro Sula, pues el demandante en su narración expresó que todo lo acontecido fue transmitido por los medios de comunicación, razón por la cual, no es un hecho aislado que el demandante cometió las faltas mencionadas. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha 19 de octubre del 2021, dictó sentencia que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR LA DEMANDA LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA PARA QUE EL PATRONO SEA CONDENADO A REINTEGRAR A SU TRABAJO POR LO MENOS EN LAS MISMAS CONDICIONES EXISTENTES AL MOMENTO DEL DESPIDO, PAGO DE AUMENTOS SALARIALES, PAGO DE VACACIONES COMPENSADAS Y DEMAS BENEFICIOS QUE SE OBTENGAN POR CONTRATACIÓN COLECTIVA Y PAGO DE SALARIOS CAÍDOS. Promovida por el señor RIGOBERTO GONZALES, hondureño, mayor de edad, casado, con número de identidad 1706-1968-00282. Contra LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, a través de su representante legal el señor Alcalde Municipal ARMANDO CALIDONIO ALVARADO. SEGUNDO: EN CONSECUENCIA, SE ABSUELVE a la demandada LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, a través de su representante legal el señor Alcalde Municipal ARMANDO CALIDONIO ALVARADO, DE REINTEGRAR AL ACTOR RIGOBERTO GONZALES, se le absuelve del pago de los aumentos salariales y vacaciones compensadas, así como se le absuelve del pago de los salarios dejados de percibir. TERCERO: ÚNICAMENTE CONDENAR A LA institución demandada LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, a través de su representante legal el señor Alcalde Municipal ARMANDO CALIDONIO ALVARADO, a pagar a favor del señor RIGOBERTO GONZALES los derechos adquiridos que ascienden a la cantidad total de CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON CUATRO CENTAVOS (L 48,782.04) que se desglosa en los conceptos siguientes: Vacaciones proporcionales: L 14,372.96; Décimo tercer proporcional: L 23,629.72; Décimo cuarto proporcional: L 10,779.72. CUARTO: SIN COSTAS por el carácter social del derecho laboral y el principio de gratuidad y por ser la demandada una institución del Estado, conforme el Decreto 266-2013 que contiene la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios de la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno en su artículo 8 el Estado está exento de costas en juicio de cualquier naturaleza”. Bajo el criterio que, este despacho judicial es del criterio que la sanción de despido aplicada al actor es proporcional y por tanto legal y justificada por las razones siguientes: a) No hay duda que el trabajador cometió los hechos imputados y que acontecieron en fecha 03 de noviembre del año 2020, ya que el estacionó mal su vehículo cuando realizaba una diligencia bancaria en horario de trabajo, se parqueo en un paso para personas con discapacidad, por tanto la grúa municipal aplicaba procedimiento de levantamiento de vehículo para pago de multa y el actor pretendiendo evitar que su vehículo fuere llevado por la grúa ya que pese a que se identificó como empleado municipal siempre la grúa se llevaría el vehículo, decidió meterse debajo de la grúa a fin de evitar que le llevaran el vehículo, saliendo de donde se encontraba hasta que llego al lugar el Gerente de Desarrollo Humano, llevándose siempre la grúa municipal el vehículo de su propiedad. Tal comportamiento fue aceptado por el señor Rigoberto Gonzales en la audiencia de descargos a este realizada en fecha 01 de diciembre del año 2020, así se verificó que los hechos acontecieron sin ninguna duda, por medio de la práctica del medio de prueba de la reproducción de video a través de reconocimiento judicial por medio técnico propuesto y admitido para la parte demandada y que fuere reproducido, visto y examinado en presente juicio. (Ver acta audiencia a folios 110), y según se aprecia incluso de las fotografías que obran a folios 107 al 110. b) Tal hecho y comportamiento realizado por el actor fue voluntario, no se justifica por el hecho que se haya estado en tiempo de emergencia por el Covid-19 o por las tormentas Eta y Iota como lo refiere en la demanda, su actuar fue culpable, y aún y cuando se haya acreditado en el proceso que el actor no tiene antecedentes disciplinarios sancionatorios, su comportamiento es culposo y suficientemente grave por el hecho cometido, que vale precisar que no resultan aplicables los criterios de sanción establecidos en su artículo 105 del Reglamento Interno de la empresa, ya que la patronal hizo aplicación del artículo 109 del Reglamento Interno; de igual forma lo resta eficacia a la sanción impuesta lo alegado en el hecho número seis de la demanda, ya que a criterio de este juzgador lo relativo al contrato de servicios de gestiones por resultados entre el Alcalde y Ricardo Alfredo Hall de fecha 14 de abril del 2018 no es un argumento vinculante para considerarse que no sea posible despedir. En este caso el despacho es del criterio que no hay aplicación de doble sanción, por el hecho que se haya pagado la multa de L. 3,800.00, tal y como se probó que lo realizo al trabajador, puesto que se encontraba obligado a realizarlo conforme lo manda el plan de arbitrios (folios 95), y la sanción del despido es precisamente por los hechos realizados que hicieron verificar que en realidad, el actor si inobservo las buenas costumbres y conducta ejemplar al que se encuentra obligado máxime por el hecho de que al ser empleado municipal tiene un deber reforzado de cumplir con la ley y seguir los procedimientos establecidos para el caso que le aconteció, poniendo de forma notoria y sin justificación alguna en peligro su vida, tan fue así que está probado con fotografías que obran a folios 13 de los golpes y lesiones que sufrió y si bien las mismas no son razonables como uso de fuerza, fue el mismo actuar que con su actuar negligente, voluntario y culposo se colocó en situación de riesgo. Lo anterior hace verificar que no tiene nada que ver la sanción por los hechos realizados con el pago de la multa, es el comportamiento asumido el que se castiga con la máxime sanción y no el hecho si el actor pago o no la multa, por el hecho que la haya pagado la multa no implica que entonces no pueda ser sancionado por la Municipalidad. Por los hechos realizados por el actor, y al incumplirse normas jurídicas del Código Trabajo en cuanto a obligaciones del trabajador impuestas en el artículo 97 y al incumplirse los artículos 101 numerales 4 y 38 y 114 letra L, del Reglamento Interno de Trabajo, conforme el hecho Imputado y comprobado constituye el comportamiento del actor una verdadera falta grave. En consecuencia, la sanción del despido impuesta si se correlaciona con su actuar culpable, voluntario y arriesgado asumido por el actor, este incurrió en las faltas graves: “1. Observar buenas costumbres y conducta ejemplar durante el servicio; (art. 112 literal L) articulo 97 numeral 3) del Código del Trabajo relacionado con los artículos 101 numeral 4 y 38 y el articulo 114 literal i y l del Reglamento Interno de Trabajo, 2. Abstenerse de cuando pueda poner en peligro su propia seguridad, la de sus compañeros de trabajo o la de otras personas, así como la de los establecimientos, talleres y lugares de trabajo (art. 112 literal L y articulo 97 numeral 12 del Código del Trabajo y el articulo 114 literal i del Reglamento Interno de Trabajo. 3. La ejecución de toda clase de actos prohibidos en la ley contra la Alcaldía o sus representantes”. c) La naturaleza de la falta a criterio de este juzgador hace imposible la continuación del contrato de trabajo, el hecho reviste de suficiente gravedad, el actor incumplió una ley especial y no acató a la autoridad municipal, cuando era su obligación hacerlo, la forma en que actuó no se encuentra justificada a criterio de este juzgador, cuando máxime puso en peligro su propia integridad (su vida) y este hecho lo coloca en que la patronal pueda aplicarle la máxima sanción disciplinaria como es el despido tal y como lo hizo, sin que las razones expuestas por la parte actora en su demanda justifiquen o le resten eficacia al despido, ya que ni implica una doble sanción ni resulta ser desproporcional. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 24 de noviembre del 2021, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a-quo, sin costas; bajo el criterio que, a la luz de lo que dispone el artículo 113 del Código del Trabajo, una vez que el patrono comunica la terminación del contrato de trabajo, le corresponde probar la existencia de la causa justa que lo ha llevado a poner fin a la relación laboral, y si logra acreditaría queda exento de la responsabilidad económica laboral proveniente de dicha vinculación; en el sub judice, es visto que el cese laboral fue decisión del empleador imputando al trabajador violación al Reglamento Interno y al Código del Trabajo, específicamente violación grave a las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al trabajador, consistente en que el día 3 de noviembre del 2020 protagonizó en la vía pública, actos reñidos con la ley, al tener conocimiento que la grúa le llevaba su vehículo por haberlo encontrado estacionado en un lugar señalizado para uso exclusivo de personas con capacidades especiales, consistiendo el acto en haberse metido debajo de las llantas de la grúa y poner en riesgo no solo su vida sino de las demás personas que participaron en el hecho y dar mal ejemplo a los compañeros de trabajo, pues se identificó como empleado municipal. Es un extremo relevante en el presente caso, la participación del actor en los hechos que se le imputan y que el Reglamento Interno del Trabajo califica como falta grave, cual es la contenida en el artículo 114 literal l), relacionada con la ejecución de toda clase de actos prohibidos en la ley contra la Alcaldía o sus representantes, normativa que el señor Rigoberto González conocía, por tanto no es un hecho justificable puesto que con su actuar puso en grave riesgo su vida y la de otras personas, hechos que fueron demostrados en juicio con prueba idónea y eficaz, que facultan al patrono para poner fin a la relación de trabajo sin ninguna responsabilidad, además de que es visto de que le fue garantizado el derecho de defensa al ser citado a audiencia de descargos para que expusiera la defensa que creyera pertinente; más esos mismos hechos son lo que vuelven el accionar del empleador enmarcado dentro de la ley y por tanto el despido es proporcional a los hechos que se le imputan dada la gravedad de los mismos; y si bien, el actor argumenta que la MSPS incumple su misma normativa interna al no respetar el contenido del artículo 116 que ordena que la audiencia de descargos se realizará después de entregada la cita al empleado con al menos 24 horas de anticipación y se realizará ante dos o más testigos; tal argumento no es atendible puesto que no fue objeto de controversia en la primera instancia, por manera que alegarlo ante esta instancia es extemporáneo e improcedente. Dados así los hechos, son inatendibles los argumentos del recurrente, pues la falta atribuida al demandante no fue revertida con prueba contundente y veraz y no logra destruir la tesis patronal de despido justificado, argumentos que fueron desarrollados y razonados por el A-Quo, en consecuencia, la sentencia impugnada debe confirmarse por estar ajustada a derecho. 5.- Mediante auto de fecha 22 de febrero del 2022, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado DILLD KENYIN HERNANDEZ CEDILLO, en su condición de representante procesal del señor RIGOBERTO GONZALES, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 06 de enero del 2023, compareció ante este Tribunal el Abogado DILLD KENYIN HERNANDEZ CEDILLO, en su condición de representante procesal del señor RIGOBERTO GONZALES, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 21 de julio del 2023, se tuvo por precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por parte del Abogado HENRY YASIR PALMA EUCEDA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado ROY PINEDA CASTRO, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I. Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II. Que el Abogado DILLD KENYIN HERNANDEZ CEDILLO, en un primer y único motivo de casación alega: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley Sustantiva de orden nacional y de índole laboral, por infracción indirecta del artículo 98 numeral 1 del Código del Trabajo, en relación por error de hecho en la apreciación de la prueba en su conjunto que adelante señalo, y que aparece manifiesto en los autos, resultando esta de la infracción de los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765 ordinal 1 párrafo segundo del Código del Trabajo. PRUEBA APRECIADA ERRÓNEAMENTE: Los medios de prueba que fueron apreciados erróneamente son los siguientes: PRUEBAS PROPUESTAS POR LA PARTE ACTORA: Documental consistente en: 1) citación para audiencia de descargo (folio 18-19). 2) acta de audiencia de descargo (folios 20-22). 3) notificación de terminación de la relación laboral (folio 23-24). 4) denuncia interpuesta por el señor: Rigoberto Gonzales ante el Ministerio público (folios 14). 5) remisión de la denuncia ante los Juzgados de Paz de lo Criminal de San Pedro Sula (folios 15-16). 6) dictamen Preliminar del médico de turno del Ministerio Publico; Dra. Lilian Cristina, en relación a la evaluación de los golpes que recibió el señor: Rigoberto Gonzales (folio 17) 7) Contrato de Servicios Profesionales de Gestión por Resultados (folios 27-30). 8) Ficha Jurisprudencial (folios 57-63). PRUEBAS PROPUESTAS POR LA PARTE DEMANDADA: Documental referidas a: 1) informe disciplinario (folios 91-94). 2) reglamento Interno del Trabajo (folios 64-80). 3) Articulo 266 título 9 Capitulo 1 (folio 95). 4) Decreto número 160-2005 (folios 96-105) 5) fotografías (folios 107-109) EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La Corte sentenciadora, manifiestamente incurrió en error de hecho, al apreciar erróneamente los medios de prueba señalados anteriormente, los cuales fueron admitidos y evacuados en su oportunidad, en relación a los demás medios de prueba en su conjunto, ya que si bien es cierto, el Juzgador no está sujeto a la tarifa legal de las pruebas, sino que forma libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la sana critica de la prueba, tal y como está consagrado en el artículo 739 del Código de Trabajo, ésta disposición no impide de manera alguna que el Tribunal se coloque en una posición de profundo análisis de las pruebas aportadas, tal como lo dispone el artículo 738 del Código del Trabajo que expresa: "Articulo 738. El Juez, al proferir su decisión, analizará todas las pruebas allegadas en tiempo, lo anterior con el propósito de llegar a la verdad de los hechos e impartir justicia apegada al principio del debido proceso, por lo que deviene obligado a efectuar la apreciación de las pruebas en su conjunto. Si no se hubiesen apreciado erróneamente por parte del Tribunal recurrido los medios de prueba señalados, se hubiera dado por establecido en forma indubitable que el despido efectuado al demandante es completamente ilegal y injusto, pero, el A quo concluyó que el despido estaba realizado en forma justa, lo que no es así por los motivos y razones siguientes: 1) El Tribunal A quo en su sentencia le da total credibilidad a la manifestación realizada por la demanda en su escrito de demanda, puntualmente en el hecho QUINTO que corre agregado a folios 45, donde expresa: "En conclusión señor juez como lo probaré en el transcurso del presente juicio, y a confesión de parte relevo de pruebas, sin embargo se pondrá ante los dignos oficios de este Juzgador los medios de prueba que acreditan dichas faltas, a fin de establecer que la acción del despido se hizo en apego a la ley, El A quo no valoró, analizo, evaluó medio de prueba documental aportado por la parte actora, consistente en la denuncia, interpuesta ante el Juzgado de Paz de lo Primero de lo Criminal(folio 14-16), donde fácilmente se observa que mi cliente no salió lastimado por su propia voluntad si no por un mal actuar y proceder de los encargados de manejar los caminos Grúas, así mismo no valoro el Dictamen Preliminar realizado por la Dra. Lilian Cristina, donde se aprecia la gravedad de las lecciones recibidas por mi cliente, y que hasta lo incapacitaron seis (06) días por la gravedad, y con este actuar el A-Quo se forma un criterio impositivo favorable únicamente a la demandada. Así mismo el Tribunal de Segunda Instancia no aprecia el contenido de los documentos presentados 1) citación para audiencia de descargo (folio 18-19). 2) acta de audiencia de descargo (folios 20-22). 3) notificación de terminación de la relación laboral (folio 23-24). 4) denuncia interpuesta por el señor: Rigoberto Gonzales ante el Ministerio público (folios 14). 5) remisión de la denuncia ante los Juzgados de Paz de lo Criminal de San Pedro Sula (folios 15-16). 6) dictamen Preliminar del médico de turno del Ministerio Publico; Dra. Lilian Cristina, en relación a la evaluación de los golpes que recibió el señor: Rigoberto Gonzales (folio 17) donde el despido es la sanción más grave que se le puede imponer al trabajador, y que este debe abordarse con criterios gradualistas, ósea que debe haber una adecuada proporción ante este tipo de conductas y sanciones de acuerdo con los criterios sentados la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. La potestad disciplinaria del empleador que se deriva del principio de subordinación y dependencia del trabajador respecto al patrono tiene su campo de acción en la "Prestación del Servicio", artículo 87 del código del trabajo, así lo define también el Reglamento Interno de trabajo en su artículo 14 ya que las causales reglamentarias del despido del señor: Rigoberto Gonzales, invocadas por la demanda no guardan relación con sus labores como Coordinador de la Comisión de Verificación de Ingresos, lo que implica una grave violación del artículos, 127, 129 de la Constitución de la Republica de Honduras, Articulo 113 del Código del Trabajo. Es decir, se demuestra de forma contundente que la causal de despido invocada por la demandada en la nota de despido que corre a (folios 23- 24). Concluyendo que la Corte de Apelaciones al haber apreciado erróneamente los medios de prueba señalados, llegó a la conclusión errónea de ratificar un despido Ilegal e injustificado, lo que no ocurre en autos por los motivos ya señalados, razones por las cuales este Supremo Tribunal, debe de declarar con lugar el recurso de casación, en su primer motivo, por no estar dictada conforme a derecho la sentencia recurrida”. III. Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por los defectos técnicos siguientes: a) en la formulación se indica como infringidos los artículos 98 numeral 1) del Código de Trabajo, que no tiene relación con la situación jurídica planteada y los artículos 738 y 739 de Código del Trabajo, son de naturaleza es adjetiva, inviolable en este recurso extraordinario; b) como consecuencia lógica de las disposiciones señaladas como infringidas no se demuestra el error evidente y manifiesto que pugne con la razón; c) en la explicación se esgrime que “…el Tribunal de Segunda Instancia no aprecia (lo negreado es por este Tribunal) el contenido de los documentos presentados 1) citación para audiencia de descargo (folio 18-19). 2) acta de audiencia de descargo (folios 20-22). 3) notificación de terminación de la relación laboral (folio 23-24) …” enunciado que al señalarse que no se apreció la prueba en su contenido obedece a la sub-modalidad de falta de apreciación incompatible con la apreciación errónea invocada. En todo caso revisada que fue la sentencia impugnada dichos medios si fueron apreciados por el juzgador de instancia; d) en el desarrollo se alude a los artículos “…127, 129 de la Constitución de la Republica de Honduras, Articulo 113 del Código del Trabajo”, que no fueron señalados como infringidos o relacionados en la formulación. Además, el error de hecho solo procede en casación, cuando es ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos. En este caso, al revisarse la situación jurídica planteada, se advierte que el tribunal recurrido al confirmar el fallo de primera instancia realizó el análisis y valoración de todo el material probatorio allegado al proceso, resolviendo el juzgador de instancia lo que corresponde conforme a la libre formación de su convencimiento. IV. Que se solicita nulidad de la sentencia impugnada en la forma siguiente: “NULIDAD SUBSIDIARIA DE LA SENTENCIA DE FECHA VEINTICUATRO (24) DE NOVIEMBRE DE 2021 PROFERIDA POR LA HONORABLE CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE SAN PEDRO SULA, CORTÉS. PRIMERO: El artículo 858 del Código del Trabajo establece que, a falta de disposiciones especiales en el procedimiento del trabajo, se aplicarán las normas análogas de este Código y, en defecto, las del Código de Procedimientos Civiles. En ese orden de ideas los artículos 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil determinan la forma y contenido de las sentencias definitivas. La sentencia que se pretende impugnar contiene omisiones que limitan el ejercicio del derecho a la defensa y que no exponen con claridad los objetos de debate en juicio, El tribunal A quo en su apartado fundamentos de derecho, específicamente en el parágrafo segundo, expresa que a folios 20 al 24 de la primera pieza de autos, se encuentra un acta de audiencia imputable al trabajador, cuyo contenido no fue probado por la demandada en vista que en la nota de despido ellos alegan que el demandante confeso en la audiencia de descargo que corre a folio (20 al 23), porque ellos dicen que el señor Rigoberto Gonzales actuó en una forma negativa y confrontativa, con las autoridades municipales ver folio (23) y en el acta de descargo en ningún momento el señor: RIGOBERTO GONZALES, manifestó dicha actitud, asimismo cuando la autoridad nominadora le pregunto ¿usted considera que su actuación de ese día se puede considerar como buena costumbre y conducta ejemplar ya que se encontraba en horas laborales? Y la respuesta fue, yo bajo porque estamos en un sistema de emergencia, porque me dicen que el vehículo me lo están llevando, pero en ningún momento yo he fallado a la conducta como empleado. También la demandada alega en su nota de despido que el actor, hizo declaraciones ofensivas a las autoridades municipales, situación que en el acta de descargo levantada por la autoridad nominadora nunca se demostró, ni mucho menos en el debate en los Juzgados laborales de San Pedro Sula, según el Tribunal A quo, no fue atacado ni desvirtuado por el demandante, afirmación que es totalmente alejada a la realidad por las razones antes expuestas y que constan de forma contundente en el expediente de mérito. Cuando el Ad-Quem no se pronuncia sobre medios de prueba propuestos por mi representado genera una confusión e incongruencia en el fallo; en primer lugar, porque no se encuentra un argumento lógico que conduzca al punto en el que el Ad-Quem prefirió la prueba ofrecida por la parte demandada sobre la prueba propuesta por mi representado y en segundo lugar no aparecen descritos los hechos que lo motivaron a no pronunciarse sobre la prueba ofrecida por mi representada. SEGUNDO: Toda persona tiene la potestad de poder ejercitar o promover las acciones que estime pertinentes en defensa de sus derechos, y, derivado de ello también tiene el derecho a recibir una respuesta del órgano jurisdiccional, previo a seguirse el debido proceso, respuesta que se hará por medio de resolución que deberá ser congruente, motivada, imparcial y apegada al ordenamiento jurídico y a los principios generales del derecho. En uso de ese derecho de libre acceso a los tribunales, el señor: RIGOBERTO GONZALES, en fecha 25 de enero del 2021, presentó demanda contra: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, DEMANDA LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA.- QUE EL PATRONO SEA CONDENADO A REINTEGRAR A SU TRABAJO A UN TRABAJADOR POR LO MENOS EN LAS MISMAS CONDICIONES EXISTENTES AL MOMENTO DEL DESPIDO.- SI NO PRUEBA LA JUSTA CAUSA PARA HABER OTORGADO UN DESPIDO INJUSTIFICADO Y DIRECTO AL TRABAJADOR.- PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS QUE SE CAUSEN DESDE LA FECHA DEL DESPIDO A LA FECHA DEL REINTEGRO.- PAGO DE AUMENTOS SALARIALES.- PAGO DE VACACIONES COMPENSADAS Y DEMAS BENEFICIOS QUE SE OBTENGAN POR CONTRATACIÓN COLECTIVA.- PAGO DE SALARIOS CAÍDOS CALCULADOS CON LOS AUMENTOS SALARIALES QUE SE OTORGUEN POR CONTRATACIÓN COLECTIVA.- PAGO DE SALARIOS ADEUDADOS.- COSTAS(folios 1 al 6), en el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés. Del análisis y lectura de la demanda entablada por el señor: RIGOBERTO GONZALES contra la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA; se observa que dicho libelo ataca las causales del despido imputado al trabajador. RIGOBERTO GONZALES, consistente en 1) Violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al trabajador, como ser observar buenas costumbres y conducta ejemplar durante el servicio, abstenerse de cuanto pueda poner en peligro su propia seguridad..., 2) cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al trabajador de acuerdo con el articulo 97 y 98 del código del trabajo. El Tribunal de Alzada manifestó en su sentencia, específicamente en el acápite OBJETO DEL RECURSO (folio 23 frente), que el objeto del recurso de apelación se fijó en determinar si las causas en las que el demandado justifica el despido del trabajador la facultaban para poner fin a la relación de trabajo, y si la acción del empleador constituye o no un acto desproporcionado, Asimismo en el ordinal SEGUNDO del apartado FUNDAMENTOS DE DERECHO (folios 23), el Tribunal de Segunda Instancia manifiesta: "es un extremo relevante en el presente caso......” sic. Dicha afirmación de la sentencia censurada violenta el requisito de CONGRUENCIA, que impone que las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito y decidiendo todos los puntos litigiosos, es decir, la resolución recurrida y cuestionada se pronuncia sobre situaciones que la parte actora no formuló en su escrito de demanda, violando el debido proceso consagrado en el artículo 90 constitucional. El derecho al debido proceso se refiere al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado, adoptado por cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, las resoluciones deben ser dictadas con la suficiente explicación de los puntos en litigio y los temas debatidos, como que sean congruentes y los resuelvan debidamente. El articulo 206 Procesal Civil que se aplica de manera supletoria al procedimiento laboral, nos establece que las sentencias, en su contenido, deben ser claras, precisas y exhaustivas, en relación con los hechos argumentados por las partes y las pruebas aportadas, preceptos que no se cumplen en la sentencia de marras por las razones anteriormente expuestas. Por los motivos facticos y jurídicos antes relacionados, es procedente declarar la nulidad de la sentencia recurrida, para que el A quo proceda de conformidad a derecho en el asunto subjúdice”. V. Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente caso, estima éste Tribunal, que en el fallo impugnado no se ha violado el debido proceso ni el derecho defensa de las partes en consecuencia no procede la nulidad solicitada. VI. Por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo de casación y sin lugar la nulidad alegada de forma subsidiaria. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivos de casación. 2) SIN LUGAR la nulidad alegada de forma subsidiaria; 3)SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado Roy Pineda Castro. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ROY PINEDA CASTRO, COORDINADOR, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de febrero del dos mil veinticuatro; certificación de la sentencia de fecha veintiuno de septiembre del dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL50-2022. FIRMA Y SELLO.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ
SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.