Sentencia CL-495-22 — Registro 17499
Resumen
Segunda instancia reformó declarando parcialmente con lugar la demanda ordinaria laboral para el reintegro a un puesto de igual o mejor condición, en virtud de despido directo, ilegal e injusto relacionado con lo que establece el artículo 100 numeral 9 del Código de Trabajo, salarios dejados de percibir en concepto de daños y perjuicios
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
...".- Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además, es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden. IV.- Que por Acceso a la Justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial. "...
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate así como la motivación deberá incidir en los distintos elementos facticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón. "...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 206 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que es deber ineludible de la Corte Suprema de Justicia no solo observar la técnica rigurosa y formalista del recurso de casación, sino que se garantice el debido proceso y el derecho de defensa a las partes, particularmente que las resoluciones deben ser dictadas con la suficiente explicación de los puntos en litigio y los temas debatidos, como que sean congruentes y los resuelvan debidamente, por lo cual con respecto al tema del presente conflicto, en el tópico de las resoluciones judiciales es fundamental lo referente a la fundamentación y motivación, ya que la primera es un ejercicio racional mediante el cual se proporcionan razones que tienen la aspiración de convencer a los destinatarios acerca de su corrección y validez.- Quien motiva explica las causas de sus decisiones y esas pueden ser incluso irracionales. Quien explica da razones para hacer aceptable lo resuelto. Por eso en materia jurídica, las decisiones sólo son válidas si están respaldadas por razonamientos legales, esto es: fácticos, probatorios y jurídicos."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que es deber ineludible de la Corte Suprema de Justicia no solo observar la técnica rigurosa y formalista del recurso de casación, sino que se garantice el debido proceso y el derecho de defensa a las partes, particularmente que las resoluciones deben ser dictadas con la suficiente explicación de los puntos en litigio y los temas debatidos, como que sean congruentes y los resuelvan debidamente, por lo cual con respecto al tema del presente conflicto, en el tópico de las resoluciones judiciales es fundamental lo referente a la fundamentación y motivación, ya que la primera es un ejercicio racional mediante el cual se proporcionan razones que tienen la aspiración de convencer a los destinatarios acerca de su corrección y validez.- Quien motiva explica las causas de sus decisiones y esas pueden ser incluso irracionales. Quien explica da razones para hacer aceptable lo resuelto. Por eso en materia jurídica, las decisiones sólo son válidas si están respaldadas por razonamientos legales, esto es: fácticos, probatorios y jurídicos."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., trece de octubre de dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha doce de diciembre del dos mil veintidós, por la Abogada FANNY CAROLINA FLORES DEL CID, en su condición de representante procesal del REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP), como recurrente; además es parte recurrida, el señor JUAN RAMON ZUNIGA ANTUNEZ, representado en juicio por el Abogado LEONARDO MIGUEL ALVARADO FUENTES. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el reintegro a un puesto de igual o mejor condición, en virtud de despido directo, ilegal e injusto relacionado con lo que establece el artículo 100 numeral 9 del Código de Trabajo, salarios dejados de percibir en concepto de daños y perjuicios, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta de agosto del dos mil dieciséis, por el señor JUAN RAMON ZUNIGA ANTUNEZ, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, contra el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP), por medio de su Director Ejecutivo, el señor JOSE MIGUEL VILLEDA VILLELA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veintitrés de mayo del dos mil veintidós, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha diecisiete de octubre del dos mil diecinueve, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que: “FALLA:PRIMERO: Declarando PARCIALMENTE CON LUGAR demanda ordinaria laboral promovida por el señor JUAN RAMON ZUNIGA ANTUNEZ, contra el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP) por medio de su Director Abogado JOSE MIGUEL VILLEDA VILLELA.- SEGUNDO: CONDENAR al REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP) por medio de su Director Abogado JOSE MIGUEL VILLEDA VILLELA al REINTEGRO del señor JUAN RAMON ZUNIGA ANTUNEZ a su puesto de trabajo en el cargo de Registrador Civil Municipal 3.3 de Gualaco, departamento de Olancho, en mejores o iguales condiciones, y a los salarios dejados de percibir y demás derechos que se reconozcan, desde la fecha de la finalización de la relación laboral hasta que sea debidamente reinstalado. TERCERO: SE ABSUELVE al REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP) por medio de su Director Abogado JOSE MIGUEL VILLEDA VILLELA, a pagar al señor JUAN RAMON ZUNIGA ANTUNEZ 16 meses de salario.- CUARTO: SE ABSUELVE al REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP) por medio de su Director Abogado JOSE MIGUEL VILLEDA VILLELA, a pagar al señor JUAN RAMON ZUNIGA ANTUNEZ los conceptos de bonificación de vacaciones, décimo tercer y cuarto mes de salario.- QUINTO:SIN COSTAS…”. ANTECEDENTES DE HECHO 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que el 25 de marzo del 2002 mediante acuerdo número 855 DG-2002, fue nombrado para desempeñar el cargo de Registrador Civil Municipal del Municipio de Gualaco, de manera permanente, señalo que a través del acuerdo número 239-2015 de fecha 29 de mayo del año 2015, el directorio del Registro Nacional de las Personas, acordó cancelarle de su puesto de trabajo, destitución que sería efectiva a partir del 2 de junio del 2015, argumentando el incumplimiento de las obligaciones que el artículo 106 numeral 9) y el artículo 112 letra H) del Código de Trabajo y la de desconocimiento de su situación entre otras; que el 11 de julio del año 2014, fue objeto de un atentado criminal en su casa de habitación en Gualaco, Olancho, de la cual resultó una persona fallecida y por la cual el 19 de marzo del 2015, personal de la Dirección de Investigación Criminal conjuntamente con fiscales del Ministerio le dieron captura en su puesto de trabajo responsabilizándole de la muerte que se suscitó ese día en su vivienda, tal situación le condujo a que tuviera que permanecer durante 16 meses recluido en el centro penal de Juticalpa Olancho, hasta el 1 de julio del año 2016, que salió libre en virtud del sobreseimiento definitivo que el tribunal de sentencias de aquel departamento le dio, razón por la cual el día lunes 4 de julio del mismo año y como a la una de la tarde se presentó a su centro de trabajo a lo cual su compañera de labores le comunico que el Registrador de Juticalpa señor Carlos Zelaya, le había comunicado que había recibido un fax de Tegucigalpa donde le informaban sobre el acuerdo número 239-2015 contentivo de la cancelación de su persona como empleado de la institución; señala el demandante que ante ese hecho es que comenzó, en primer lugar por procurar encontrar un acercamiento con las autoridades para evitar en la medida de lo posible las acciones judiciales correspondientes, lo que resulto ser infructuoso, razón por la cual recurrió a los servicios conciliatorios del Ministerio de trabajo, con la finalidad de poder hacer posible su reintegro a su puesto de trabajo de manera extrajudicial, lo cual fue infructuoso. Señaló así mismo que la patronal en el acuerdo de cancelación argumenta que el fundamento legal de la separación de su puesto de trabajo está contenido en el artículo 106 inciso 9) del Código de Trabajo, en estos casos rige la regla del último párrafo del artículo 104, en lo relacionado con lo anterior, es meritorio hacer de conocimiento, que el empleador falta a la verdad objetiva al querer conducir a través de la tergiversación de los hechos una justificación legal de manera errónea, esto en virtud de que no es cierto, que no tuvieron conocimiento de su detención judicial, en término que la ley establece, ya que fue detenido por los elementos de la policía en conjunto con fiscales del Ministerio Público en las oficinas de la institución, en consecuencia indica el demandante el patrono no debe argüir que no tenía conocimiento de su situación judicial por la que atravesaba, en este sentido, dicha obligación es cumplida, o sea la que consiste en poner conocimiento al patrono de la situación judicial, por otra parte, se hizo presente a la institución al día siguiente hábil de su liberación, o sea el día lunes 4 de julio del 2016 obligación que fue cumplida por su persona; por otra parte, como argumento legal para justificar su despido el contenido en el artículo 112 letra h), este argumento legal, por lo expuesto y por el conocimiento de su situación judicial se encuentra más que justificado, o sea que su inasistencia no fueron actos deliberados, sino que fueron actos dependientes de una circunstancia ajena a su voluntad de las cuales dio conocimiento a sus jefes con un año de antelación, sin embargo sus jefes hicieron caso omiso al planteamiento y a lo solicitado en aquel momento; este artículo en particular, le establece obligaciones que debe cumplir el trabajador, tales como la notificación de la detención y así mismo cono la de presentarse a sus labores dos días después de su liberación, obligaciones estas que cumplió, no obstante, este mismo precepto laboral le impone la obligación al patrono de que debe hacer uso del mismo de manera precisa y puntual y no de la manera generalizada, esto deviene de dicho artículo entre otras cosas establece que el incumplimiento de esta obligación o la detención del trabajador por más de seis meses, dará lugar a la terminación del contrato, esto no puede ser utilizado por el patrono como argumento legal, en virtud que el despido directo e ilegal fue realizado antes de cumplido los seis meses que la ley establece, o sea, que el empleador así como también el trabajador desconocían cuanto tiempo duraría el proceso, esta figura legal solamente podía ser utilizada como argumento legal una vez que se cumpliera dicho termino, ante este cumplimiento legal el argumento se torna inaplicable como fundamento legal en el acuerdo de cancelación. 2. La parte demandada, el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP), contestó dicha demanda señalando que el demandante fue destituido de su cargo de Transcriptor de Datos Registrador Civil Municipal 3.3 del Municipio de Gualaco, departamento de Olancho del Registro Nacional de las Personas, a partir del 2 de junio del año 2015, y sin responsabilidad alguna para la institución demandada, en virtud de la falta grave cometida por dicho empleado consistente en haber dejado de asistir a sus labores sin ninguna justificación desde el 19 de marzo del año 2015 hasta la fecha de la presente sesión el 29 de mayo del 2015, en virtud del oficio No. 1397-DRH-15 de fecha 29 de mayo del 2015, enviado al Abogado Fernando F. Anduray Diaz, Secretario General del Registro Nacional de las Personas (RNP), por la Licenciada Dioxana Hernandez Rivera, Jefe Departamento de Recursos Humanos del Registro Nacional de Las Personas (RNP), fecha en que ella tuvo conocimiento del hecho, manifestando en dicha nota que el demandante no cumplió con lo establecido en el artículo 06 del Código de Trabajo de dar aviso al Patrono dentro de los cinco días siguientes a aquel en que comenzó su detención o prisión, y el incumplimiento de esta obligación, o la detención del trabajador por más de seis meses, dará lugar a la terminación del contrato, sin responsabilidad para ninguna de las partes. El artículo 112 letra h) establece que: "Son causas justas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo, sin responsabilidad de su parte: a) ... h) Cuando el trabajador deje de asistir al trabajo sin permiso del patrono o sin causa justificada durante dos (02) días completos y consecutivos o durante tres (03) días hábiles en el término de un (01) mes ... ". El artículo 59 letra p) del Reglamento Interno de Trabajo del Personal del Registro Nacional de las Personas, establece: "Constituyen faltas graves: a)... p) Faltar al trabajo durante tres (03) días laborales consecutivos o durante cinco (05) días laborales alternos, sin causa justificada..."; por lo que, de acuerdo a la normativa relacionada cometió la falta grave señalada; todo lo anterior está probado, hechos ocurridos de los cuales el 29 de mayo del 2015 tuvo conocimiento el Directorio del Registro Nacional de las Personas (RNP) como Autoridad Nominadora, en virtud de haberse enterado en esa sesión Ordinaria del OFICIO No. 1397-DRH-15 enviado al Abogado Fernando F. Anduray Díaz por la Licenciada Dioxana Hernández Rivera ya mencionado, y estos extremos facultaron al patrono a dar por terminado su contrato de trabajo sin responsabilidad para el Registro Nacional de las Personas, de acuerdo a lo establecido en la normativa relacionada en el Acuerdo de destitución, con lo que se comprueba en este caso, que dicho empleado no observó lo establecido en el Reglamento Interno de Trabajo del Personal de la institución, la Ley del Registro Nacional de las Personas y su Reglamento, el Código de Trabajo, al haber dejado de asistir a sus labores sin causa justificada por más del tiempo establecido en dicha normativa (artículo 98 numeral 1) del Código del Trabajo); fue así que el Registro Nacional de las Personas, que mediante Acuerdo Número 239-2015 el Director del Registro Nacional de las Personas, en cumplimiento a lo resuelto en la Sesión Ordinaria celebrada por el Directorio de este organismo, el 29 de mayo del 2015, y en aplicación a lo establecido en los artículos 16 numeral 7), 17 numeral 2) y demás aplicables de la Ley del Registro Nacional de las Personas, del Reglamento de dicha Ley, Código del Trabajo; Reglamento Interno de Trabajo del Personal del Registro Nacional de las Personas; ACORDO: Cancelar por despido a partir del dos (02) de junio del dos mil quince (2015), al ciudadano JUAN RAMON ZUNIGA ANTUNEZ, del cargo de Registrador Civil Municipal del Municipio de Gualaco, Departamento de Olancho del Registro Nacional de las Personas, y sin responsabilidad para la institución, en virtud de la falta grave cometida por dicho empleado, consistente la misma en haber dejado de asistir a sus labores sin ninguna justificación desde el diecinueve ( 19) de marzo del dos mil quince (2015) hasta la fecha 29 de mayo del 2015, en virtud del Oficio No. 1397-DRH-15 mencionado en el hecho precedente, fecha en que se tuvo conocimiento del hecho; asimismo, todo lo que establece en el Acuerdo 239-2015 mediante el cual se destituyó de su cargo al demandante, incluido la fecha en que tuvo conocimiento el Directorio de la institución. De las disposiciones legales establecidas en la Ley del Registro Nacional de las Personas y su reglamento, en su Reglamento Interno de Trabajo, en el Código del Trabajo y demás leyes aplicables al efecto, se desprende: a) Que la institución podrá nombrar, contratar, ascender, trasladar, sancionar y cancelar al personal de la institución; b) Que está facultada la institución a destituir a los empleados con causa justificada y sin responsabilidad para la misma. 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecisiete de octubre del dos mil diecinueve, dictó sentencia que, en su parte conducente, dice: “FALLA:PRIMERO: Declarando PARCIALMENTE CON LUGAR demanda ordinaria laboral promovida por el señor JUAN RAMON ZUNIGA ANTUNEZ, contra el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP) por medio de su Director Abogado JOSE MIGUEL VILLEDA VILLELA.- SEGUNDO: CONDENAR al REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP) por medio de su Director Abogado JOSE MIGUEL VILLEDA VILLELA al REINTEGRO del señor JUAN RAMON ZUNIGA ANTUNEZ a su puesto de trabajo en el cargo de Registrador Civil Municipal 3.3 de Gualaco, departamento de Olancho, en mejores o iguales condiciones, y a los salarios dejados de percibir y demás derechos que se reconozcan, desde la fecha de la finalización de la relación laboral hasta que sea debidamente reinstalado. TERCERO: SE ABSUELVE al REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP) por medio de su Director Abogado JOSE MIGUEL VILLEDA VILLELA, a pagar al señor JUAN RAMON ZUNIGA ANTUNEZ 16 meses de salario.- CUARTO: SE ABSUELVE al REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP) por medio de su Director Abogado JOSE MIGUEL VILLEDA VILLELA, a pagar al señor JUAN RAMON ZUNIGA ANTUNEZ los conceptos de bonificación de vacaciones, décimo tercer y cuarto mes de salario.- QUINTO:SIN COSTAS…”. Bajo el criterio que en el caso que nos ocupa el actor fue capturado en fecha 19 de marzo del año 2015 en las mismas oficinas en donde se ubicaba su labor desempeñada como Registrador Civil del Municipio de Gualaco, Departamento de Olancho como lo establece la constancia extendida en fecha 20 de julio del año 2016 por la Registradora Civil Municipal de Gualaco, Olancho y la Constancia emitida por la Dirección Policial de Investigaciones D.P.I. en fecha 20 de agosto del año 2016, en relación a dicho medio de prueba se hace mención al medio de prueba documental que refiere al oficio No.829-DRH-15 en el cual el Abogado Humberto Sánchez Aguilera Jefe Departamento de Recursos Humanos del Registro Nacional de las Personas le hace de conocimiento a la señora Nora Alicia Lopez Barahona Oficial de Nóminas Municipios Depto. de Recursos Humanos del Registro Nacional de las Personas que el demandante Registrador Civil Municipal 3.3 de Gualaco, Departamento de Olancho, fue puesto en prisión desde el 19 de marzo del 2015 y autoriza que se le excluya de la planilla hasta que el mismo solvente su situación y acredita que no ha sentenciado a cumplir pena, con dicha prueba descrita se acredita que el empleador tenía conocimiento de la detención del demandante, por lo que el argumento de lo indicado por el Registro Nacional de las Personas (RNP) de la falta de aviso al mismo no se toma en consideración; ahora bien el artículo 100 numeral 9) del Código de Trabajo preceptúa de manera concreta: "Son causas de suspensión de los contratos de trabajo sin responsabilidad para las partes: 1)…, 2…,)…, 3)…, 4)…, 5)…, 6)…, 7)..., 8)…, 9) La detención o la prisión del trabajador decretada por autoridad competente...”, es decir que el contrato de trabajo del demandante se encontraba suspendido a partir de su privación de la libertad en fecha 19 de marzo del año 2015 hasta seis (6) meses, término que faculta el ordenamiento jurídico laboral para dar lugar a la terminación del contrato, sin responsabilidad para ninguna de las partes, en el caso de que la detención del trabajador se excediere de dicho termino; la decisión de terminación unilateral de la relación laboral por parte del Registro Nacional de las Personas se suscitó a partir del 2 de junio del año 2015, fecha en la cual se encontraba suspendido el contrato de trabajo del actor, ya que este se encontraba privado de su libertad bajo la figura de prisión preventiva por el delito de Homicidio en perjuicio del señor Javier Santiago Cardona y fue liberado en fecha 1 de julio del año 2016 por haber sido absuelto de toda responsabilidad penal según carta de libertad emitida por el Tribunal de Sentencia del Departamento de Olancho, según constancia emitida por el Director Interino Centro Penal de Juticalpa Instituto Nacional Penitenciario, es decir que a partir del 19 de marzo del año 2015 por la suspensión del contrato de trabajo del actor y su terminación de la relación laboral debía suscitarse según el ordenamiento jurídico laboral hasta 6 meses después es decir hasta el 19 de septiembre del año 2015, mientras tanto se encontraba suspendido el contrato de trabajo del mismo, por lo que el despido a todas luces el ilegal, ya que como se reitera el contrato de trabajo del demandante antes mencionado se encontraba suspendido al momento del despido, al estar suspendida la relación laboral a causa de la detención (prisión preventiva), no existe la posibilidad de dar por terminada la relación de trabajo, pues resulta sorpresivo el hecho de estar gozando de este amparo legal y de repente dar por finalizado el contrato, en este periodo de suspensión están obligadas las partes a todos los deberes que la buena fe le impone el derecho laboral, como ser el no ejercitar una acción de despido directo, en consecuencia en virtud de la ilegalidad comprobada y que se ha motivado en este fallo, se considera que no deviene pronunciarse en cuanto a las causas que motivaron al empleador para despedir al trabajador, ni de la prueba que hicieron llegar las partes en relación a ellas consistente en prueba documental público (f.13, 18, 19 del 22 al 24, 25, 26, 71, 72, 74 al 100), por lo antes expuesto la demanda de reintegro, más los salarios dejados de percibir, por ser un derecho opcional Constitucional, debe ser declarada con lugar. 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintitrés de mayo del dos mil veintidós, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que el artículo 100 numeral 9 del Código de Trabajo establece que: "Son causas de suspensión de los contratos de trabajo sin responsabilidad para las partes: 9). La detención o la prisión del trabajador decretada por autoridad competente”; el que tiene relación con el artículo 106 del mismo cuerpo legal, el cual establece que: "En el caso del inciso 9 del artículo 100, el trabajador dará aviso al patrono dentro de los cinco (5) días siguientes a aquel en que comenzó su detención o prisión, y tendrá la obligación de reanudar su trabajo dentro de los dos (2) días siguientes de haber sido puesto en libertad, más el término de la distancia en su caso. El incumplimiento de una de estas obligaciones, o la detención del trabajador por más de seis (6) meses, dará lugar a la terminación del contrato, sin responsabilidad para ninguna de las partes. A solicitud del trabajador o de cualquier persona en nombre de este, el jefe de la cárcel le extenderá las constancias necesarias para la prueba de los extremos a que se refiere el párrafo anterior. En estos casos rige la regla del último párrafo del artículo 104”. Que el 19 de marzo de 2015 el demandante fue detenido por elementos de la Dirección de Investigación Criminal, en las oficinas del RNP de Gualaco, Departamento de Olancho, donde se desempeñaba como Registrador Civil Municipal, por suponerlo responsable del delito de Homicidio. Es en esta fecha que el RNP se da por enterado del hecho por el cual se le privo de su libertad al demandante y es a partir del 19 de marzo de 2015, que opera lo señalado en el Artículo 106 del Código de Trabajo; es decir, que a partir de esta fecha, su contrato de trabajo se encontraba en suspenso, motivo por el cual, el RNP al emitir el acuerdo de cancelación el 29 de mayo de 2015, lo hace de forma ilegal, ya que como se dijo anteriormente, la relación laboral se encontraba en suspenso; razón por la cual el despido se vuelve ilegal e injustificado. Que a estar en suspenso la relación laboral, no procede el pago de los salarios adeudados solicitados por el apoderado demandante; ya que si bien es cierto que la detención preventiva finalizo mucho después de los seis meses que señala el Código de Trabajo, no es menos cierto, que los salarios no percibidos, comenzaron a no pagarse dentro del término de los seis meses y por lo tanto, los mismos no deben ser pagados. 5. Mediante auto de fecha veintiséis de octubre del dos mil veintidós, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada FANNY CAROLINA FLORES DEL CID, en su condición de representante procesal del REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha doce de diciembre del dos mil veintidós, compareció ante este Tribunal la Abogada FANNY CAROLINA FLORES DEL CID, en su condición de representante procesal del REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP), formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha doce de diciembre del dos mil veintidós, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha veintisiete de julio del dos mil veintitrés, se declaró precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por parte del Abogado LEONARDO MIGUEL ALVARADO FUENTES, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente a la Magistrada ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I.- Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. II.- Que el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente". III.- Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además, es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden. IV.- Que por Acceso a la Justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial. V.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. VI.- Que conforme el principio y deber de congruencia procesal, los jueces y magistrados deberán resolver las cuestiones planteadas, después de un proceso de deliberación y valoración, produciéndose a continuación la redacción escrita de la sentencia, fase en la que necesariamente ha de tenerse en cuenta la motivación, como medio de exteriorizar el juicio mental realizado por el Órgano Jurisdiccional, para llegar a la emisión de la declaración de voluntad que se materializa en el fallo, en el subjudice la sentencia recurrida carece de exhaustividad en base a lo establecido en el artículo 206 del Código Procesal Civil existe material probatorio del cual debe razonar para llegar a las conclusiones del caso de mérito realizando el análisis de los mismos para resolver lo establecido en cuanto a la fecha que el Directorio tuvo conocimiento de la petición de permiso, el tiempo que trascurrió en el proceso penal y el tiempo que se presentó la demanda, haciendo una valoración total de todos los medios de prueba aceptados en el proceso corrige una mejor evaluación del cómputo de prescripción. VII.- Que toda persona tiene el derecho de poder ejercitar o promover las acciones que estime pertinentes en defensa de sus derechos y derivado de ello también tiene el derecho a recibir una respuesta del órgano jurisdiccional, previo a seguirse el debido proceso, resolución que deberá ser congruente, motivada, imparcial y apegada al ordenamiento jurídico y a los principios generales del derecho laboral. VIII.- Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia de fondo del 5 de octubre de 2015, dictada en el caso Ruano Torres y otros Vs. El Salvador, Serie C No. 30319 151, estableció sobre el debido proceso: “La Corte ha señalado que el derecho al debido proceso se refiere al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado, adoptado por cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que pueda afectarlos.- El debido proceso se encuentra, a su vez, íntimamente ligado con la noción de justicia, que se refleja en: i) un acceso a la justicia no sólo formal, sino que reconozca y resuelva los factores de desigualdad real de los justiciables, ii) el desarrollo de un juicio justo, y iii) la resolución de las controversias de forma tal que la decisión adoptada se acerque al mayor nivel de corrección del derecho, es decir que se asegure, en la mayor medida posible, su solución justa.” IX.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate así como la motivación deberá incidir en los distintos elementos facticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón. X.- Que es deber ineludible de la Corte Suprema de Justicia no solo observar la técnica rigurosa y formalista del recurso de casación, sino que se garantice el debido proceso y el derecho de defensa a las partes, particularmente que las resoluciones deben ser dictadas con la suficiente explicación de los puntos en litigio y los temas debatidos, como que sean congruentes y los resuelvan debidamente, por lo cual con respecto al tema del presente conflicto, en el tópico de las resoluciones judiciales es fundamental lo referente a la fundamentación y motivación, ya que la primera es un ejercicio racional mediante el cual se proporcionan razones que tienen la aspiración de convencer a los destinatarios acerca de su corrección y validez.- Quien motiva explica las causas de sus decisiones y esas pueden ser incluso irracionales. Quien explica da razones para hacer aceptable lo resuelto. Por eso en materia jurídica, las decisiones sólo son válidas si están respaldadas por razonamientos legales, esto es: fácticos, probatorios y jurídicos. XI.- Con base a lo establecido en el artículo 726 del Código del Trabajo, así como el artículo 8 del Código Procesal civil, referente a la celeridad procesal deberá el Ad - Quem, resolver de forma prioritaria dicha nulidad por ser un juicio que ya ha sido de conocimiento y estudio procurando brindar una pronta respuesta a las partes procesales. XII. Que conforme con el artículo 701 numeral 3) del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en materia laboral, dispone que el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no se hubieran denunciado por el recurrente. XIII.- Que, por las razones antes expuestas, es procedente declarar la NULIDAD de la sentencia recurrida, para que el Ad-quem proceda de conformidad a derecho. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 59, 60, 90 párrafo primero, 128, 303, 304, 313 numeral 5), 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1, 8.2. h) 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 8, 666 letra c) 726, 776, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200, 206, 208 y 701.3 del Código Procesal Civil; 9 y 11del Código Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la sección judicial de Francisco Morazán, el 23 de mayo del 2022, visible a folios 13 al 17 de la segunda pieza de autos. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó la Magistrada ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ROY PINEDA CASTRO, COORDINADOR, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de febrero del dos mil veinticuatro; certificación de la sentencia de fecha trece de octubre del dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL495-2022. FIRMA Y SELLO.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ.
SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.