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Sentencia CL-492-22 — Registro 17498

Resumen

Demanda ordinaria laboral para el pago de reajuste o complemento de prestaciones e indemnizaciones laborales, costas,

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por los defectos técnicos siguientes: a) el artículo “…113 párrafos primero y tercero, literal a), y 95 párrafo primero, numeral 23 del Código del Trabajo…” señalados como infringidos no han sido aplicados, ya que si bien el artículo 113 del Código de Trabajo, es mencionado en la parte dispositiva de la sentencia de primera instancia y la del Ad quo es confirmatoria de la misma su cita es más un lapsus calami del A quo, pues la misma, no ha sido utilizada para decidir la cuestión litigiosa, por ende, si no fueron aplicadas no pueden existir una aplicación indebida. Es importante recordar que el concepto de aplicación indebida se refiere a que el juzgador aplica una ley que no es la que regula el caso debatido; b) el precepto autorizante resulta impreciso, ya que el numeral 1) del artículo 765 del Código de Trabajo, contiene párrafos que se deben precisar careciendo de claridad el motivo; c) en la explicación se insta a la valoración del material probatorio, lo cual es incompatible con el concepto de violación a la ley sustantiva formulado; y, d) se realizan en el desarrollo alegatos de instancia inoportunos en este recurso extraordinario."..

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente caso, estima éste Tribunal, que en el fallo impugnado no se ha violado el debido proceso ni el derecho de defensa de las partes en consecuencia no procede la nulidad solicitada. VI. Por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo de casación y sin lugar la nulidad alegada de forma subsidiaria"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Civil, art. 1589 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., cinco de diciembre de dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 31 de marzo del 2023, por el Abogado JOSÉ LINDOLFO GRANDEZ GARCÍA, en su condición de representante procesal de la señora ONDINA DIAZ ALVAREZ, como recurrente; además, es parte recurrida, el ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por el Abogado CARLOS BENJAMÍN SANTOS HERNANDEZ. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para el pago de reajuste o complemento de prestaciones e indemnizaciones laborales, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 17 de noviembre del 2016, por la señora ONDINA DIAZ ALVAREZ, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la COMISIÓN LIQUIDADORA DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA (IHNFA), a través de su representante legal el señor FELIPE ARTURO MORALES CÁRCAMO, por medio de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 27 de abril del 2022, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 05 de noviembre del 2019, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) Declarando SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por ONDINA DIAZ ALVAREZ contra el ESTADO DE HONDURAS a través de su Representante Legal el Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en cuanto al pago complemento de prestaciones laborales consistentes en: preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones, vacaciones proporcionales, décimo tercer mes, décimo cuarto mes, décimo cuarto mes proporcional, bonificación de vacaciones, bonificación proporcional por vacaciones, en base en Séptimo Contrato Colectivo de las condiciones de trabajo IHNFA- SITRAIHNFA, más salarios dejados de percibir a títulos de daños y perjuicios; en consecuencia; 2) ABSUELVE al ESTADO DE HONDURAS a través de su Representante Legal el Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, a pagar a ONDINA DIAZ ALVAREZ, en cuanto al pago de prestaciones laborales consistentes en: preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones, vacaciones proporcionales, décimo tercer mes, décimo cuarto mes, décimo cuarto mes proporcional, bonificación de vacaciones, bonificación proporcional por vacaciones, en base en Séptimo Contrato Colectivo de las condiciones de trabajo IHNFA-SITRAIHNFA, más salarios dejados de percibir a títulos de daños y perjuicios; 3) Declarando SIN LUGAR el DEFECTO DE TRANSACCIÓN DE PAGO Y PRESCRIPCIÓN alegado por la parte demandada; 4) SIN COSTAS en esta Instancia”. ANTECEDENTES DE HECHO 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que inició su relación laboral con la demandada, en el mes de junio de 1992, y que se desempeñaba en el cargo de Conserje-Aseadora, asignada a la Clínica Odontológica Modulo alta Productividad, devengaba un salario base mensual de L.12,400.00; que en fecha 09 de septiembre de 2014, firmaron con el representante del IHNFA, el Acta de Terminación de una Relación Laboral por Mutuo Consentimiento, en la cual se estableció que: Acápite Primero, establece: "EL TRABAJADOR…, ratifica la solicitud planteada del pago de su Cesantía y terminación de su contrato de trabajo a partir del 03 de septiembre de 2014 para que se le haga efectivo el pago del cien por ciento (100%) de las prestaciones e indemnizaciones laborales que le corresponden, dando por terminado su contrato de trabajo de acuerdo a la Ley". Asimismo, el Acápite Segundo de dicha Acta, establece: "EL INSTITUTO manifiesta estar de acuerdo para proceder al pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales que de conformidad al Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo corresponden al trabajador, en base a lo establecido en el artículo 111 numerales 2 y 9, en relación con el artículo 379, todos del Código del trabajo, y cláusula 67 del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo...,"; manifestó que, en dicha Acta estableció por escrito, que aceptaba ese arreglo, siempre y cuando se le pagara conforme al Séptimo Contrato Colectivo, sin que el representante del Patrono objetara su reclamo; y que a raíz de ese arreglo, a través del SIAFI, recibió cinco transferencias a su Cuenta Bancaria, sumando un total de L.618,127.74; señaló además que el IHNFA, nunca le mostró ni le entregó el cálculo detallado de sus prestaciones e indemnizaciones laborales conforme a la Cláusula No.67 del Séptimo Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo, ni de otro contrato, por lo que no supo cuánto era el monto que le correspondía por esos conceptos, razón por la cual acudió a la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social, a la Unidad de Cálculo de Prestaciones e Indemnizaciones Laborales, resultando que el monto que debió recibir por los conceptos antes referidos, era por L.1,829,525.11 y que restándole los L.618,127.74, cantidad que le pagó el IHNFA, resultaba una diferencia a su favor de L.1,211,397.37; siendo ese el reajuste o complemento que solicitó le sea pagado; en virtud que el IHNFA al no pagarle completamente sus prestaciones e indemnizaciones laborales, disminuyó y tergiversó los derechos que le otorga la Constitución de la República en su artículo 128, en relación con el artículo 3 del Código del Trabajo. Asimismo, con el ánimo de llegar a un acuerdo conciliatorio acudieron ante la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, siendo imposible el mismo se dio por agotada la vía administrativa. 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó contestó dicha demanda rechazando las pretensiones de la parte actora; señalando que la demandante sostuvo una relación contractual con el demandado, dando inicio el 22 de junio de 1992 y culminó el 09 de septiembre del 2014, cancelada de su puesto de trabajo en virtud del decreto Ejecutivo PCM-26-2014, de fecha 04 de junio del 2014, a la cual se le garantizaron sus derechos laborales conforme al Sexto Contrato Colectivo que era el que se encontraba vigente hasta esa fecha; y que en el presente caso existió un defecto procesal de litispendencia de conformidad con el artículo 455 del Código Procesal Civil, en virtud que existe una Demanda Ordinaria Laboral contra el Estado de Honduras, registrada bajo el expediente número 00096-2014, Juez 2, en la que se reclama el reajuste o incremento salarial en base a la cláusula 67 del Séptimo Contrato Colectivo del IHNFA, presentada por la misma demandante; manifestó que tal como lo señaló la demandante en fecha 09 de septiembre del 2014 se firmó el Acta de Terminación de una Relación Laboral por Mutuo Consentimiento, no obstante lo manifestado por la demandante al afirmar que "en dicha acta establecí por escrito, que aceptaba ese arreglo, siempre y cuando se me pagara conforme al Séptimo Contrato Colectivo, sin que el representante del Patrono objetara mi reclamo.", sin embargo al momento del acuerdo el demandado firmó un acta de terminación de la relación laboral con el representante del IHNFA y ante la presencia de la Inspectora el Trabajo, la cual fue celebrada en base al Sexto Contrato Colectivo Vigente al momento de la liquidación, esto debido a que el Séptimo Contrato Colectivo nunca fue aplicable, ya que fue inscrito en la Dirección General del Trabajo, mediante argucia del Presidente del SITRAIHNFA, sin contar con el Dictamen Favorable de la Secretaría de Finanzas, tal cual se sujetó dicho incremento salarial en el acta final de fecha 27 de febrero del 2013, por los miembros de la junta negociadora con representantes de la parte Patronal y Sindical; por lo que debido a lo antes expuesto fue anulada la inscripción del mismo mediante Sentencia Definitiva de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, prorrogando automáticamente el Sexto Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo del IHNFA. Así mismo arguyó que el Tribunal tomando como base fundamental la Sentencia del Recurso de Amparo donde deja sin valor y efecto el Séptimo Contrato Colectivo en beneficio del demandado, debería de declarar sin lugar la demanda y condenar en costas a la recurrente. además como lo expresó la demandante se le realizaron los pagos correspondientes a través de SIAFI, conforme a lo que correspondía según el Sexto Contrato Colectivo, por la suma de L. 618,127.74, denotando la buena fe del demandado y el cumplimiento de lo pactado conforme al Acta de Terminación de una Relación Laboral por Mutuo Consentimiento; y que en cuanto a lo expresado por la demandante al manifestar que se le mostró ni se le entregó el cálculo detallado de sus prestaciones e indemnizaciones laborales conforme a la Cláusula No.67 del Séptimo Contrato Colectivo, y que el calculo que debía haber recibido por los conceptos antes referidos, era por L.1,829,525.11; fue improcedente, en virtud que la norma constitucional en el artículo 183 ya establece que. “El Estado reconoce la garantía de amparo, en consecuencia, toda persona agraviada o cualquier en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo: … 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por esta Constitución...", por lo que de conformidad a dicho artículo y al haber sido anulado el Séptimo Contrato Colectivo mediante Recurso de Amparo, según fallo de la Sala de lo Constitucional de fecha (24) de septiembre del 2015, el cual declaró que el mismo nunca se encontró vigente, razón por la cual el demandado no se encontraba en la obligación de realizar cálculos conforme a ese contrato, ni mucho menos que se encontraba obligado a reconocer la suma de dinero que reclamaba la demandante, constituyéndose el reclamo en improcedente por no asistirle el derecho. Manifestó además que a la demandante se le garantizaron tanto sus derechos convenidos y legales así como el debido proceso; por lo que, la demandante no podía pretender sustentar un derecho subjetivo que no le correspondía y que carecía de todo soporte jurídico para exigir el pago de la manera que le favorecía a su interés personal bajo la tutela del Séptimo Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo, el cual la Sala de lo Constitucional falló otorgando el Amparo a favor del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA), "anulándolo de pleno derecho" lo actuado por la Secretaría de Trabajo; sin embargo a la parte actora no le asistía el derecho, ya que desde la fecha de la terminación de la relación laboral la cual se efectuó el 09 de septiembre del 2014, la demandante tenía dos meses para reclamar el supuesto derecho, no obstante la misma acudió hasta el 24 de febrero del siguiente año, por lo que su acción se encontraba prescrita, de igual forma la presente demanda fue presentada en fecha 16 de noviembre del 2016, por lo que es extemporánea, contraviniendo la disposición del Código de Trabajo en el artículo 864. Asimismo, en audiencia primera de tramite interpuso las excepciones perentorias de transacción y pago; y de prescripción. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 05 de noviembre del 2019, dictó sentencia que, en su parte conducente, dice: “FALLA: 1) Declarando SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por ONDINA DIAZ ALVAREZ contra el ESTADO DE HONDURAS a través de su Representante Legal el Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en cuanto al pago complemento de prestaciones laborales consistentes en: preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones, vacaciones proporcionales, décimo tercer mes, décimo cuarto mes, décimo cuarto mes proporcional, bonificación de vacaciones, bonificación proporcional por vacaciones, en base en Séptimo Contrato Colectivo de las condiciones de trabajo IHNFA- SITRAIHNFA, más salarios dejados de percibir a títulos de daños y perjuicios; en consecuencia; 2) ABSUELVE al ESTADO DE HONDURAS a través de su Representante Legal el Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, a pagar a ONDINA DIAZ ALVAREZ, en cuanto al pago de prestaciones laborales consistentes en: preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones, vacaciones proporcionales, décimo tercer mes, décimo cuarto mes, décimo cuarto mes proporcional, bonificación de vacaciones, bonificación proporcional por vacaciones, en base en Séptimo Contrato Colectivo de las condiciones de trabajo IHNFA-SITRAIHNFA, más salarios dejados de percibir a títulos de daños y perjuicios; 3) Declarando SIN LUGAR el DEFECTO DE TRANSACCIÓN DE PAGO Y PRESCRIPCIÓN alegado por la parte demandada; 4) SIN COSTAS en esta Instancia”. Bajo el criterio que, está probado de autos que a la demandante se le hizo transferencia bancaria por la cantidad de L.618,127.74, es también cierto que la parte demandante en el escrito de la demanda específicamente en el hecho tercero, acepta llanamente que se le había realizado cinco pagos por la cantidad de L.618,127.74, pero consta que lo hizo bajo protesto al indica "Se acepta con el VII Contrato Colectivo”, al establecer que no corresponde al 100% de sus prestaciones calculadas en base al sexto Contrato Colectivo, y no al Séptimo Contrato Colectivo; es importante relacionar de acuerdo a la legislación civil que establece su artículo 1442: "Que se entenderá pagada una deuda, cuando completamente se hubiese entregado la cosa o hecho la prestación en que la obligación consistía"; esto relacionado con los argumentos planteados se concluye que el pago realizado no satisfizo a la demandante por cuanto no hay entera satisfacción, es en razón de lo antes expuesto que debe declararse SIN LUGAR el defecto de transacción de pago. Que siguiendo el orden de ideas el demandante reclama el pago de prestaciones en base al Séptimo Contrato Colectivo, en vista que al momento de firmar el acuerdo de terminación de la relación laboral estableció como protesto que aceptaba el pago conforme al VII contrato colectivo, por lo que se toma como un protesto y no como una contrapropuesta al ofrecimiento de pago planteado por la parte demandada ni la existencia de una acepta tacita del patrono de la misma, por no haberse pronunciado en el acto, ya que para que tuviera valor dicha propuesta tenía que ser incorporada al acta, realizando la modificación de la primera propuesta, caso que no es el que nos ocupa; por consiguiente, constando que la representación procesal de la parte demandada presentó Certificación de sentencia de fecha 24 de septiembre del 2015, emitida por la Honorable Corte Suprema de Justicia a través de la Sala Constitucional, declarando con lugar el Amparo interpuesto en contra del Séptimo Contrato Colectivo, fallo que deja sin valor ni efecto la aplicación del referido contrato, lo cual vuelve imposible a esta operadora de justicia la aplicación del mismo, es preciso señalar que a la demandante se le consignó el pago de prestaciones en base al Sexto Contrato Colectivo, extremo éste que fue probado de autos; pero el demandante está haciendo su petición como ya se ha relacionado en aplicación al Séptimo Contrato Colectivo, lo cual no es aplicable por las razones antes expuestas; siendo oportuno declarar sin lugar la demanda de mérito. Que en relación al Defecto Material de Prescripción alegado por la representante procesal demandada en relación a que la demandante reclama pago del incremento otorgado a los empleados del IHNFA, ésta no es especifica ni precisa con claridad cuál es el derecho que le prescribió a la demandante para efectuar el reclamo ante el juzgado, si es el derecho para interponer la demanda ante este Juzgado por un despido injustificado o el derecho al reclamo del reajuste del salario en aplicación al séptimo contrato colectivo; en consecuencia se declara sin lugar la prescripción alegada por la parte demandada. Que el Juez Laboral puede eximir del pago de las costas a la parte que fuere vencida en juicio, cuando a su criterio este último a litigado en juicio con evidente buena fe, estimándose que existieron motivos racionales para litigar; en consecuencia, es procedente declarar sin lugar las costas en esta instancia. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha 27 de abril del 2022, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el A-quo, sin costas; bajo el criterio que; cuando el artículo 72 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece que "Las sentencias dictadas en los procedimientos de Habeas Corpus o Exhibición Personal, Habeas Data y Amparo producirán efecto de cosa juzgada solamente entre las partes y en relación a la controversia constitucional planteada. El efecto de cosa juzgada, sólo se hará valer..., por lo que no podrá oponerse como excepción de cosa juzgada en ningún proceso que se ventile con posterioridad ante los Órganos Jurisdiccionales", lo que significa es que la sentencia dictada no produce el efecto de cosa juzgada en otros procesos que se ventilen con posterioridad. Al fundarse el fallo recurrido en la sentencia de amparo del 24 de septiembre de 2015 dictada por la Sala Constitucional, no es con objeto de resolver con base a una excepción de cosa juzgada la pretensión de los demandantes, sino como la razón para no aplicar el VII Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia. En efecto, no hay duda que la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de 24 de septiembre de 2015 que otorga el Amparo interpuesto por el abogado Felipe Arturo Morales Cárcamo a favor del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA) ordenó que como consecuencia lógica de la nulidad de pleno derecho en que se ha incurrido, que se cancele y se deje sin ningún valor ni efecto la resolución número 194/DGT/NC/2013 emitida por la Dirección General del Trabajo en fecha 3 de junio de 2013, resolución cancelada que era la que ordenaba la inscripción del VII Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia. La citada sentencia de Amparo señala la nulidad de la inscripción realizada por la Dirección General del Trabajo de la inscripción del VII Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre el IHNFA y su sindicato y, conforme al artículo 1596 del Código Civil, el efecto de la nulidad es restituir las situaciones al mismo estado en que se hallaban si no hubiera existido el acto o contrato nulo, de modo que debemos entender que el VII contrato colectivo en mención nunca fue inscrito. De igual forma el efecto ex nunc de las sentencias dictadas en materia de justicia constitucional está regulado en el penúltimo párrafo artículo 94 de la Ley Sobre Justicia Constitucional respecto al recurso de inconstitucionalidad y lo que señala es que: "La sentencia no afectará las situaciones jurídicas que ya hayan sido definitivamente resueltas y ejecutadas"; es decir, la norma tiene por objeto que no se afecten los casos y situaciones en los que definitivamente ya se ha concluido todo el proceso, esto con objeto de dar seguridad jurídica las partes en relación con juicios definitivamente finalizados, siendo claro que la litis planteada en el presente caso no ha sido definitivamente resuelta y ejecutada, que es el requisito establecido por la norma citada para que la sentencia en mención no le afecte. Que por las consideraciones que anteceden procede confirmar la sentencia venida en apelación. Que por ser gratuita la justicia laboral no es procedente en esta instancia la condena en costas a la parte vencida. 5.- Mediante auto de fecha 26 de octubre del 2022, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado RIKI NELSON DUBON TURCIOS, en su condición de representante procesal de la señora ONDINA DIAZ ALVAREZ, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 31 de marzo del 2023, compareció ante este Tribunal el Abogado JOSÉ LINDOLFO GRANDEZ GARCÍA, en su condición de representante procesal de la señora ONDINA DIAZ ALVAREZ, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación y nulidad subsidiaria; por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 17 de agosto del 2023, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado CARLOS BENJAMÍN SANTOS HERNANDEZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado ROY PINEDA CASTRO, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I. Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II. Que el Abogado JOSÉ LINDOLFO GRANDEZ GARCÍA, en un primer y único motivo de casación alega: “El Precepto Legal Sustantivo de Orden Nacional que se considera violado es el contenido en los artículos 113 párrafos primero y tercero, literal a), y 95 párrafo primero, numeral 23 del Código del Trabajo, por Aplicación Indebida de la Norma. En relación con los artículos 127, 128 en su preámbulo y 129 de la Constitución de la República, 3, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 868 párrafo primero, literal b). PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. PRIMERO: La Corte sentenciadora, al Confirmar el Fallo dictado por el Juzgado de Primera Instancia, manifiestamente incurrió en Aplicación Indebida de la Norma, pues mediante las pruebas rendidas por las partes, se encuentran acreditados los hechos siguientes: 1. Que la demandante presto sus servicios laborales en el cargo de Conserje - Aseadora, devengando los últimos 6 meses un salario de L12,400.00; 2.- Que en fecha 9 de septiembre de 2014, las partes firmaron el Acta de Terminación de la Relación Laboral por Mutuo Consentimiento, sin embargo, la demandante firmó dicha terminación de contrato bajo protesto, indicando que le pagará su prestaciones e indemnizaciones laborales conforme al Séptimo Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre IHNFA y SITRAIHNFA, lo cual no fue objetado por la parte demandada, lo que significa que la acepto tácitamente.- 3.- Se acreditó la Sentencia de fecha 24 de septiembre de 2015, emitida por la Sala de lo Constitucional, mediante la cual se anuló la Resolución No.194/DGT/NC/2013, emitida por la Dirección General del Trabajo, en fecha 3 de junio de 2013, que se refiere al Depósito del séptimo Contrato Colectivo. SEGUNDO: No obstante, de estar acreditado en autos dicha Sentencia de Amparo, la misma no surte efectos contra el Séptimo Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo, pues claramente tal sentencia solo anula la Resolución No.194/DGT/NC/2013, emitida por la Dirección General del Trabajo, en fecha 3 de junio de 2013, que se refiere al Depósito del Séptimo Contrato Colectivo. Lo que significa que, No Anula dicho Contrato Colectivo, basta leer la mencionada sentencia para darse cuenta de ello, por ende, no cabe duda que se debió aplicar el Séptimo Contrato Colectivo que se ha hecho referencia, para el cálculo y pago de las Prestaciones e Indemnizaciones Laborales a favor de la parte demandante, ya que el mencionado Contrato Colectivo continua vigente. Su no aplicación, acarrea a la demandante un grave perjuicio económico. Como se aprecia, con esa decisión la Corte de Apelaciones del Trabajo, violenta el Precepto Legal Sustantivo de Orden Nacional contenido en los artículos 113 párrafos primero y tercero, literal a), y 95 párrafo primero, numeral 23 del Código del Trabajo, por Aplicación Indebida de la Norma. En relación con los artículos 127, 128 en su preámbulo y 129 de la Constitución de la República, 3, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 868 párrafo primero, literal b). En virtud que, al Confirmar la Sentencia de Primera Instancia, directamente violenta el derecho al pago de Prestaciones e Indemnizaciones Laborales del demandante, establecidas en los artículos 113 párrafos primero y tercero, literal a) y 95 párrafo primero, numeral 23 del Código del Trabajo, en relación con el artículo 868 párrafo primero, literal b) del mismo Código, y en la Cláusula número 67 del Séptimo Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo. Ya que resulta claro, que la referida Sentencia de Amparo, NO ANULA dicho Contrato Colectivo. Siendo esa, la norma pertinente que debió aplicar al momento de emitir su Fallo, pues se puede apreciar en la parte dispositiva de la sentencia recurrida, que la Corte de Apelaciones del Trabajo, a pesar de conocer muy bien la mencionada Sentencia de Amparo, aplica la norma de manera indebida, pues no tiene relación con el asunto en relación, lo cual, trae como consecuencia, no pagarle al demandante su derecho de Prestaciones e Indemnizaciones Laborales, establecido en los artículos 113 párrafos primero y tercero, literal a), y 95 párrafo primero, numeral 23 del Código del Trabajo, Violentando de esa manera el Precepto Legal Sustantivo de Orden Nacional contenido en dichos artículos, por Aplicación Indebida de la Norma. y en la Cláusula número 67 del Séptimo Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo celebrado entre IHNFA y SITRAIHNFA. En relación con los artículos 127, 128 en su preámbulo y 129 de la Constitución de la República, 3, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 868 párrafo primero, literal b)”. III. Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por los defectos técnicos siguientes: a) el artículo “…113 párrafos primero y tercero, literal a), y 95 párrafo primero, numeral 23 del Código del Trabajo…” señalados como infringidos no han sido aplicados, ya que si bien el artículo 113 del Código de Trabajo, es mencionado en la parte dispositiva de la sentencia de primera instancia y la del Ad quo es confirmatoria de la misma su cita es más un lapsus calami del A quo, pues la misma, no ha sido utilizada para decidir la cuestión litigiosa, por ende, si no fueron aplicadas no pueden existir una aplicación indebida. Es importante recordar que el concepto de aplicación indebida se refiere a que el juzgador aplica una ley que no es la que regula el caso debatido; b) el precepto autorizante resulta impreciso, ya que el numeral 1) del artículo 765 del Código de Trabajo, contiene párrafos que se deben precisar careciendo de claridad el motivo; c) en la explicación se insta a la valoración del material probatorio, lo cual es incompatible con el concepto de violación a la ley sustantiva formulado; y, d) se realizan en el desarrollo alegatos de instancia inoportunos en este recurso extraordinario. IV. Que se solicita nulidad de la sentencia impugnada en la forma siguiente: “Se solicita se Declare la Nulidad Absoluta de la Sentencia Definitiva recurrida dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de fecha 27 de abril de 2022, por haber sido proferida sin sujetarse a los lineamientos que sobre esta materia regula el Código del Trabajo y supletoriamente el Código Procesal Civil, violando con ello Normas de Orden Público, que no pueden eludirse ni modificarse por convenciones de los particulares, y su nulidad puede ser alegada por todo aquel que tenga interés en ella y cuando conste en autos puede declararse de oficio aunque las partes no la aleguen. Para el caso, la Corte de Apelaciones del Trabajo, comete el error en la Sentencia recurrida, que se deriva en los Fundamentos de Derecho en que descansa la parte dispositiva de la sentencia, cuando pese a Confirmar el Fallo de primera instancia, no lo fundamenta en disposiciones laborales relacionadas con la misma, pues únicamente hace mención de los artículos 1, 2 párrafo primero, 3, 7, 20, 664, 665, 666 letra b), 672, 686, 699 párrafo final, 763 y 858 del Código del Trabajo, las cuales en ningún momento ni siquiera se refieren a un Contrato Colectivo. Menos a los fundamentos de derecho del por qué se anuló supuestamente el Séptimo Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo celebrado entre IHNFA y SITRAIHNFA, lo cual pugna e infringe lo exigido en al artículo 200 numerales 1 y 2 literal c) del Código Procesal Civil, que establece: "Que en los fundamentos de derecho se expresarán en párrafos separados y numerados los puntos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso". Para además de eso, los considerandos de dicha Sentencia no son claros ni precisos, basta leerlos para darse cuenta que son muy confusos y ambiguos, por lo que no existe una conexión lógica entre ellos y el Fallo de la Sentencia recurrida. En todo caso, cabe señalar que, si existiera una colusión de normas, siempre se debe aplicar la que más favorezca a la persona humana, situación que, a todas luces, violenta el Derecho de Defensa y Debido Proceso que tiene el demandante, imposibilitándolo a defenderse de una mejor manera, motivo por el cual, se debe declarar la Nulidad de la Sentencia recurrida”. V. Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente caso, estima éste Tribunal, que en el fallo impugnado no se ha violado el debido proceso ni el derecho de defensa de las partes en consecuencia no procede la nulidad solicitada. VI. Por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo de casación y sin lugar la nulidad alegada de forma subsidiaria. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 770, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo de casación. 2) SIN LUGAR la nulidad alegada de forma subsidiaria; 3)SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado ROY PINEDA CASTRO. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ROY PINEDA CASTRO, COORDINADOR, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de junio del dos mil veinticuatro; certificación de la sentencia de fecha cinco de diciembre del dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL492-22. FIRMA Y SELLO.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ.

SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.