Sentencia CL-479-22 — Registro 17496
Resumen
demanda ordinaria laboral para que el patrono pruebe la legalidad y justa causa de mi despido, caso contrario que se le reintegre a su puesto de trabajo y se ordene el pago de salarios dejados de percibir, reconocimiento de aumentos salariales y bonificaciones otorgadas y otros derechos reconocidos a los demás trabajadores a título de daños y perjuicios desde la fecha del despido hasta que con sujeción a las normas procesales sea reintegrada al puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones, más el pago de los salarios adeudados, por considerar que el contrato que tenía es por tiempo indefinido dada la naturaleza del servicio prestado, celebrado con fraude a la ley por la simulación de un contrato por tiempo determinado debiendo declarar mediante sentencia por tiempo indefinido, costas
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) La vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley, en el motivo expuesto la causa de terminación fue objeto de la controversia y por ende del material probatorio; b) Cita de forma incompleta el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo en que se encuentra comprendido el cargo; c) Dentro de las normas que indica como violadas como ser los artículos 46 y 100 del Código de Trabajo, no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce y consagra correlativamente derechos y obligaciones o extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; y, d) Realiza alegatos propios de instancia, mismos que en este Recurso extraordinario son inapropiados debido que los argumentos del caso ya fueron evacuados en el momento procesal oportuno. IV. Por lo anteriormente expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765 numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha catorce de marzo del dos mil veintitrés, por la Abogada EVI DOMINICK GODOY FLORES, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), como recurrente; además es parte recurrida, la señora NILDA MICHELLE SUAREZ PASCUA, representada en juicio por el Abogado CESAR ALEJANDRO RIVERA URBINA. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para que el patrono pruebe la legalidad y justa causa de mi despido, caso contrario que se le reintegre a su puesto de trabajo y se ordene el pago de salarios dejados de percibir, reconocimiento de aumentos salariales y bonificaciones otorgadas y otros derechos reconocidos a los demás trabajadores a título de daños y perjuicios desde la fecha del despido hasta que con sujeción a las normas procesales sea reintegrada al puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones, más el pago de los salarios adeudados, por considerar que el contrato que tenía es por tiempo indefinido dada la naturaleza del servicio prestado, celebrado con fraude a la ley por la simulación de un contrato por tiempo determinado debiendo declarar mediante sentencia por tiempo indefinido, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve de marzo del dos mil dieciocho, por la señora NILDA MICHELLE SUAREZ PASCUA, mayor de edad, soltera, hondureña Licenciada en Comunicación y Publicidad y de este domicilio, contra el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) por medio de su Directora Ejecutiva y Representante Legal la señora MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veintiuno de abril del dos mil veintidós, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: I.- Declarar SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada EVI DOMINICK GODOY FLORES, en su condición de Representante Procesal de la parte apelante.- II.- REFORMAR DE OFICIO la sentencia definitiva que se conoce por vía del recurso de apelación, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de este Departamento de Francisco Morazán en fecha siete de junio de dos mil diecinueve, que corre agregada a folios 82 al 89 de la primera pieza de autos, en la forma siguiente: UNO: REVOCAR los ordinales 1) de los numerales romanos I y II de la parte resolutiva de la sentencia que se refiere a declarar: "la nulidad de la simulación de los contratos por tiempo determinado" y "A que se anule la simulación de los contratos por tiempo determinado" dejando subsistente la parte final de los mismos, en cuanto a que a declarar "la relación de trabajo de la demandante por tiempo indefinido reconociéndole su antigüedad desde la firma del primer contrato de trabajo".- DOS: CONFIRMAR el resto de los numerales de la parte resolutiva de la sentencia III.- SIN COSTAS”. ANTECEDENTES DE HECHO 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que inicio la relación laboral con el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP), en fecha 16 de marzo del 2014, desempeñando su trabajo por más de tres años, en el cargo de Auxiliar de Tesorería, devengando un último salario de L.25,000.00. Cabe señalar que aunque firmó un contrato por tiempo determinado, su puesto de trabajo es de naturaleza permanente en la institución demandada, realizaba actividades que siempre se van a dar dentro de la institución, por consiguiente, debió firmarse un contrato de trabajo por tiempo indeterminado, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 47 del Código de Trabajo, donde establece que si el puesto es permanente, el contrato deberá celebrarse por tiempo indeterminado, establecido como norma general de los contratos de trabajo por tiempo indeterminado. Es importante mencionar que durante el tiempo que laboró para la demandada, las autoridades correspondientes, siempre hacían una contratación por tiempo determinado, no obstante su desempeño laboral fue de forma continua por más de tres años, en adición a lo anterior cabe precisar, que en la vigencia de la relación contractual con la demandada, cumplía con los tres requisitos fundamentales establecidos en el artículo 20 del Código del Trabajo, con esto queda evidenciado que la relación de trabajo con la institución demandada era de carácter permanente y no temporal, sin invocar causal justa que de conformidad al Código de Trabajo esté regulada y conforme a la inspección efectuada por la autoridad competente, siendo en este caso el inspector de trabajo, en el cual se logró constatar en fecha 24 de enero del 2018 que en efecto hubo una finalización de la relación de trabajo de forma unilateral, ilegal e injustificada por parte del INJUPEMP, ya que la Jefe de Recursos Humanos de dicha Institución, manifestó que la relación laboral llegó a su finalización en vista de vencimiento de contrato por tiempo determinado, violentando claramente el principio protector al derecho a la estabilidad laboral, establecido en la Constitución de la República al estipular cómo causal una disposición totalmente contraria a lo que se establece el Código de Trabajo, en cuanto a las causales que tiene el patrono para dar por finalizada una relación laboral, lo anterior debido a que sin fundamento legal la demandada aduce una finalización de contrato de trabajo temporal, lo cual en el plano de la realidad no existió, pues su relación de trabajo siempre fue de forma permanente, al grado qué Recursos Humanos de la Institución demandada reconoció tácitamente ante el inspector de trabajo el ofrecimiento del cheque contentivo de prestaciones e indemnizaciones laborales. Cabe mencionar que su relación de trabajo con la demandada consistía en Auxiliar de Tesorería cargo que plenamente está establecido que es un puesto de labores continuas y permanentes en la institución y que por su naturaleza subsiste dentro de la misma en virtud de que siendo el INJUPEMP una institución pública dedicada a préstamos hipotecarios, personales otorgamiento de beneficios entre otras funciones el departamento de contabilidad es esencial para el buen funcionamiento de la institución; que el artículo 52 último párrafo del Código del Trabajo literalmente dice: "Si antes de transcurrido un año se celebra un nuevo contrato entre las mismas partes contratantes y para la misma clase de trabajo deberá entenderse este por tiempo indefinido sin que tenga lugar en este caso el período de prueba"; en tal sentido y siendo que la demandante tenía más de 3 años continuos de trabajar para la misma institución, por lo que se entiende que la demandante ya era una empleada permanente debiendo de tener estabilidad por mandato de ley, articulo 127 de la Constitución de la República, y que para separarle de su puesto de trabajo el patrono sólo podría ser mediante una justa causa y en el presente caso no hubo tal acción; dándose por agotada la vía administrativa sin llegar a un arreglo conciliatorio con la parte demandada. 2. La parte demandada, el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), contestó dicha demanda señalando que el Código del Trabajo en su Artículo 46 literal b) regula lo relativo a los contratos por tiempo limitado, estableciendo que los mismos podrán ser celebrados, "cuando se ha previsto el acaecimiento de algún hecho que forzosamente ha de poner término a la relación de trabajo", esta disposición ha sido observada por el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP), para contratar personal de carácter no permanente debido a que por ser una institución del Estado de Honduras creada mediante Decreto Legislativo 138 publicado en la Gaceta el 7 de abril de 1971, para cada período anual el Congreso Nacional de la República le aprueba un presupuesto de ingresos y egresos, cuya cuantía y normas de ejecución deviene obligado a cumplir irrestrictamente para financiar sus operaciones de prestar servicios de prevención social a los servidores públicos, por el hecho de disponer de recursos aprobados en el presupuesto anual para contratar personas naturales para que le presten servicios personales o profesionales de carácter no permanente para cumplir con su finalidad hecho establecido en la vigente Ley Orgánica del Presupuesto para todas las instituciones del Estado y no exclusivamente para la demandada, cuando las circunstancias lo exigen por requerir de personal temporal para apoyar al personal permanente en el desarrollo de las actividades, el instituto procede a celebrar con personas naturales contratos por tiempo limitado, tomando como base el hecho de disponer de los recursos presupuestarios debidamente aprobados para pagarle durante un período fiscal que comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año; cuando el presupuesto es totalmente ejecutado se produce el hecho previsto para que la relación finalice; lo anterior, constituye la razón que justifica por qué la demandada formaliza contratos con periodos de vigencia determinada. Los argumentos de este hecho se sustentan en leyes vigentes de la República, por lo tanto, no requiere de ser probado. La hoy demandante fue contratada por la demandada por contar con fondos aprobados por el Congreso Nacional en la partida y asignación presupuestaria registrada con nomenclatura 24900, 12100 la cual es de naturaleza excepcional para pago de contratistas con carácter de no permanentes, de apoyo a los trabajadores permanentes para realizar actividades cuya ejecución no es posible realizar únicamente con los empleados permanentes, por lo que la contratación fue formalizada para que realizará por tiempo limitado, actividades de apoyo al personal permanente de la oficina principal tomando en cuenta el resultado del trabajo realizado y por aprobar el Congreso Nacional de la República los fondos en la partida y asignación presupuestaria relacionadas; no obstante durante el transcurrir de su contratación a término la hoy demandante fue objeto de procesos disciplinarios como lo es particularmente llamados de atención por parte de la Jefatura de Recursos Humanos lo que en alguna medida fue generando una manifiesta ineficiencia en su prestación de servicios por parte de la hoy demandante; asimismo es de hacer notar que siempre se le contrató por tiempo determinado, por contar con fondos aprobados por el en las partidas presupuestarias en mención, la cual como se ha expuesto ya es de naturaleza excepcional los fondos aprobados son para financiar específicamente el pago de honorarios a personas naturales contratadas para ejecutar actividades cuya ejecución no es posible realizar únicamente con los empleados con status permanente, pero lógicamente se califica la actitud del contratista. Resulta evidente que el INJUPEMP en caso de la contratación de la hoy demandante ha observado y cumplido estrictamente las normas legales vigentes para la ejecución de la partida y asignación presupuestaria que corresponde, de acuerdo a su naturaleza jurídica del contrato celebrado entre las partes, el cual se enmarca en los términos establecidos en el Código de Trabajo de lo cual la hoy demandante estaba debidamente enterada para los efectos de que con posterioridad ninguna de las partes contratantes pretendiera sorprender a la otra alegando otros términos distintos a los consignados en el contrato, como acontece en la presente demanda. 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha siete de junio del dos mil diecinueve, dictó sentencia que, en su parte conducente, dice: “FALLA: I. Declarar CON LUGAR La demanda ordinaria laboral, promovida por la señora NILDA MICHELLE SUAREZ PASCUA; contra el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENCIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) a través de su Directora Ejecutiva y Representante Legal la señora MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA, DECLARANDO: 1) La nulidad de la simulación de los contratos por tiempo determinado, por ende declarar la relación de trabajo de la demandante por tiempo indefinido, reconociéndole su antigüedad desde la firma del primer contrato de trabajo; 2) A que REINTEGRE a la señora NILDA MICHELLE SUAREZ PASCUA a su puesto de trabajo, por lo menos en igualdad de condiciones, 3) A título de daños y perjuicios el pago de los salarios que esta habría percibido desde la terminación del contrato de trabajo, hasta la fecha que sea reinstalada en su puesto de trabajo; 4) A que se le reconozcan los aumentos salariales y bonificaciones otorgadas y otros derechos recocidos a los demás trabajadores en su ausencia. II. CONDENAR: Al INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) a través de su Directora Ejecutiva y Representante Legal la señora MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA a lo siguiente: 1) A que se anule la simulación de los contratos por tiempo determinado, por ende a declarar la relación de trabajo de la demandante por tiempo indefinido, reconociéndole su antigüedad desde la firma del primer contrato de trabajo; 2) A que REINTEGRE a la señora NILDA MICHELLE SUAREZ PASCUA a su puesto de trabajo, por lo menos en igualdad de condiciones, 3) A título de daños y perjuicios el pago de los salarios que esta habría percibido desde la terminación del contrato de trabajo, hasta la fecha que sea reinstalada en su puesto de trabajo; 4) Al reconocimiento de los incrementos salariales que se hayan producido desde el momento del despido, hasta el reintegro de la demandante; y demás derechos adquiridos y adeudados que en su ausencia se hayan otorgado a los demás trabajadores; III.- SIN COSTAS”, bajo el criterio que al hacer el análisis de los argumentos de las partes, así como los medios de prueba aportados por cada una de ellas y la fundamentación jurídica aplicada al caso concreto, se desprende que la parte demandada manifiesta que el artículo 47 del Código de Trabajo contempla la suscripción de Contratos de Trabajo por Tiempo limitado, y que mediante esta modalidad fue contratada la demandante que por esa misma razón se dio por terminada la relación laboral con la actora, situación que quedo establecida en el acta levantada al efecto por el inspector del trabajo en fecha 24 de enero del año 2018, en la que se le notifico la cancelación de su contrato, sin mediar causa justificada de tal determinación. Que de las pruebas aportadas al proceso se colige que la demandante inicio su relación laboral con la Institución demandada en fecha 17 de marzo del 2014, mediante la suscripción de un contrato por Servicios Profesionales y luego sucesivamente varios Contratos Individuales de Trabajo con carácter definido (o sea por tiempo determinado), en el cargo de Auxiliar de Tesorería, devengando un salario mensual de L. 25,000.00, y siendo que del estudio de los contratos celebrados se observa que los mismos tienen inmersos en sus cláusulas los 3 requisitos establecidos en el artículo 20 del Código del Trabajo, para ser reconocidos como verdaderos contratos de trabajo, pues en ellos se pueden ver que contienen un horario, un salario y que la prestación del servicio se hace de forma personal y con la continua subordinación de un Jefe inmediato, también consta que a la demandante se le hacia el pago de Décimo tercer y décimo cuarto mes de salario; es de hacer ver que las normas laborales tutelan la posibilidad de desvirtuar la simulación de las clases de contratos que en muchos casos se intenta encubrir su carácter de verdaderos contratos de trabajo; o sea, la simulación de un contrato de servicios profesionales o a término, cuando realmente es un contrato de trabajo por tiempo indefinido, conforme a lo establecido en el artículo 20 del Código de Trabajo. Como se puede observar, la demandante ha sido contratada a través de varios contratos renovándose en forma ininterrumpida, uno en post de otro, dejando entrever que aún subsiste la causa que le dio origen al contrato de trabajo suscrito inicialmente y que sigue subsistiendo la causa de contratación, siendo que la misma demandada informo a este Tribunal que el cargo de Auxiliar de Tesorería es parte de la Estructura del Departamento de Tesorería en el cual se desempeñaba la actora, por lo tanto el puesto que ha venido desempeñando por su continuidad tanto en el tiempo, como la ejecución de las mismas funciones y para el mismo empleador, son de naturaleza indefinida dentro de la institución, ya que se cumplen los elementos al tenor de lo establecido en el artículo 47 y 52 del Código de Trabajo y concurre el elemento más importante de toda relación laboral como ser la subordinación. Deduciéndose que el verdadero contrato de trabajo que nació fraudulentamente como contrato de servicios profesionales y luego contrato individual por tiempo definido, pues al concurrir los elementos de todo contrato de trabajo y su permanencia en el tiempo ha provocado la exigencia y necesariedad de la institución en cuanto a los servicios que prestó la demandante; dicho lo anterior se deja ver claramente una simulación de contrato Individual de trabajo en forma temporal, ocultando un verdadero contrato de trabajo por tiempo indefinido, éste acto simulado u ocultamiento del verdadero contrato de trabajo, tiene como fin último evadir la obligaciones estipuladas en la Ley Laboral en fraude a la ley o abuso de derecho (art. 3 del Código de Trabajo y art. 6 Código Procesal Civil); el Código de Trabajo y sus principios resuelven éste tipo de abusos y violaciones contra los trabajadores, con lo establecido en el artículo 3 del Código de Trabajo que, por lo que si el empleador, utilizando el contrato Individual de Trabajo por tiempo determinado, pretendía rehuir sus obligaciones patronales, son nulos ipso jure dichos contratos ya que los mismos eliminan y disminuyen derechos laborales y constitucionales, ya adquiridos por los trabajadores derivados de una relación típica de trabajo; haciendo la aclaración que lo que se invalida es la declaración fraudulenta o simulada de la voluntad de las partes (o la de una de ellas en realidad), no respecto de la decisión de relacionarse o de vincularse jurídicamente, en consecuencia se extingue con la sanción de nulidad a cualquiera y a toda modalidad fraudulenta o de simulación, donde se pretenda la violación de derechos laborales, pero subsiste y debe de aplicarse al contrato de trabajo, las normas laborales y previsionales por encima de la voluntad de las partes, por ser las normas de Derecho del Trabajo de orden público y dé cumplimiento obligatorio. Que si bien es cierto, el demandado en su contestación de demanda, asegura que la demandante fue objeto de procesos disciplinarios, no menos cierto es que este no fue el motivo o causal que dio origen a la decisión de dar por terminada la relación laboral al momento de la notificación de cancelación del contrato de trabajo, por lo que se le aclara al demandado, que al dar el aviso de cancelación o despido al trabajador, deberá expresar la causa o motivo que lo mueve a tomar tal determinación, después no podrá alegar válidamente causales o motivos distintos, faltando así a lo establecido en el artículo 117 del Código de Trabajo; consecuentemente es procedente declarar con lugar la demanda de que se ha hecho mérito. 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiuno de abril del dos mil veintidós, dictó sentencia misma que: “FALLA: I.- Declarar SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada EVI DOMINICK GODOY FLORES, en su condición de Representante Procesal de la parte apelante.- II.- REFORMAR DE OFICIO la sentencia definitiva que se conoce por vía del recurso de apelación, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de este Departamento de Francisco Morazán en fecha siete de junio de dos mil diecinueve, que corre agregada a folios 82 al 89 de la primera pieza de autos, en la forma siguiente: UNO: REVOCAR los ordinales 1) de los numerales romanos I y II de la parte resolutiva de la sentencia que se refiere a declarar: "la nulidad de la simulación de los contratos por tiempo determinado" y "A que se anule la simulación de los contratos por tiempo determinado" dejando subsistente la parte final de los mismos, en cuanto a que a declarar "la relación de trabajo de la demandante por tiempo indefinido reconociéndole su antigüedad desde la firma del primer contrato de trabajo".- DOS: CONFIRMAR el resto de los numerales de la parte resolutiva de la sentencia III.- SIN COSTAS”. Bajo el criterio que en el fallo dictado por la A quo, ésta ha procedido a declarar que: "I... 1) La nulidad de la simulación de los contratos por tiempo determinado, por ende, declarar la relación de trabajo de la demandante por tiempo Indefinido, reconociéndole su antigüedad desde la firma del primer contrato de trabajo; …II....1) La nulidad de la simulación de los contratos por tiempo determinado, por ende, declarar la relación de trabajo de la demandante por tiempo Indefinido, reconociéndole su antigüedad desde la firma del primer contrato de trabajo". Tales declaraciones no son conforme a derecho, porque la nulidad en sentido estricto implica que las cosas vuelvan al estado anterior lo que solo es posible en obligaciones instantáneas que no son las propias de la relación laboral donde las obligaciones son de tracto sucesivo, dado que no hay forma de devolver al trabajador el esfuerzo realizado al ejecutar sus labores ni manera de obligar a éste a devolver lo que ha percibido para su subsistencia; en segundo lugar lo que si establece el código del trabajo es una nulidad ipso jure, lo que implica que no ocupa que alguna autoridad así lo pronuncie, lo que refuerza la improcedencia de una declaración de nulidad por parte del Juez, basta a este con declarar que la relación o contrato bajo estudio constituye una simulación o fraude a la ley como lo viene desarrollando la práctica judicial, que considera equivalentes dichos términos aunque técnicamente no lo sean. Nótese que la referencia de nulidad es a los contratos de trabajo no a otros acontecimientos laborales como la renuncia o el mutuo consentimiento que si pueden ser objeto de alguna declaración por parte del Tribunal, por lo que es procedente reformar la sentencia definitiva apelada en el aspecto señalado y confirmar el resto de los extremos de la parte dispositiva. 5. Mediante auto de fecha veintisiete de septiembre del dos mil veintidós, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada EVI DOMINICK GODOY FLORES, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha catorce de marzo del dos mil veintitrés, compareció ante este Tribunal la Abogada EVI DOMINICK GODOY FLORES, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha catorce de marzo del dos mil veintitrés, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha ocho de junio del dos mil veintitrés, se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por parte del Abogado CESAR ALEJANDRO RIVERA URBINA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente a la Magistrada ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I. Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II. Que la Abogada EVI DOMINICK GODOY FLORES, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), en su único motivo de casación alega: “ACUSO A LA SENTENCIA RECURRIDA DE SER VIOLATORIA DE LEY SUSTANTIVA DE ORDEN NACIONAL POR INFRACCIÓN DIRECTA. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS EN ESTE MOTIVO: Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden Nacional proveniente de falta de aplicación de lo dispuesto en el artículo 46 literal b) y c), articulo 100 literal 5) del Código de Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el artículo 765 ordinal primero del Código de Trabajo, que establece como causal de Casación "ser la sentencia violatoria de la ley sustantiva por infracción directa". EXPLICACIÓN DEL MOTIVO ÚNICO DE CASACIÓN. PRIMERO: Reiteradamente ha mantenido esta Honorable Corte el sólido criterio de que la infracción directa de la Ley tiene lugar cuando a un hecho debidamente comprobado se dejó de aplicar la norma que regulo el caso debatido y establecido en el proceso, haciéndole producir efectos contrarios a la norma y colocándose el sentenciador en manifiesta rebeldía contra la norma legal aplicable y cuando el texto de la norma es absolutamente claro y la sentencia contiene disposiciones en abierta pugna con la Ley.- SEGUNDO: Resulta evidente que el INJUPEMP, en el caso de la contratación del hoy demandante, ha observado y cumplido estrictamente las normas legales vigentes para le ejecución de la partida presupuestaria que corresponde, de acuerdo a la naturaleza jurídica del contrato celebrado entre las partes el cual se enmarca en los términos establecidos en el Código de Trabajo, de lo cual el ahora demandante está debidamente enterada, para los efectos de que con posterioridad ninguna de las partes contratantes pretendieran sorprender a la otra alegando otros términos distintos a los consignados en el contrato, como acontece en la presente demanda . Por lo anterior la demanda de mérito es totalmente improcedente. Lo expresado constituye un hecho notorio que además se encuentra previsto en la legislación laboral vigente no obstante se acreditara debidamente en juicio. De igual manera no reúnen los presupuestos legales de la norma constitucional”. III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) La vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley, en el motivo expuesto la causa de terminación fue objeto de la controversia y por ende del material probatorio; b) Cita de forma incompleta el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo en que se encuentra comprendido el cargo; c) Dentro de las normas que indica como violadas como ser los artículos 46 y 100 del Código de Trabajo, no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce y consagra correlativamente derechos y obligaciones o extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; y, d) Realiza alegatos propios de instancia, mismos que en este Recurso extraordinario son inapropiados debido que los argumentos del caso ya fueron evacuados en el momento procesal oportuno. IV. Por lo anteriormente expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal C, 764, 765, 769, 770, 777, 858 y 865 del Código de Trabajo; 22, 200, 211, 212, 214, 215 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal A del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación interpuesto por la Abogada EVI DOMINICK GODOY FLORES, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que, con la certificación de este fallo, se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ROY PINEDA CASTRO, COORDINADOR, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de febrero del dos mil veinticuatro; certificación de la sentencia de fecha veintiocho de septiembre del dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL479-2022. FIRMA Y SELLO.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ.
SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.