Sentencia CL-469-22 — Registro 17153
Resumen
En demanda laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, pago de daños y perjuicios causados por concepto de lesiones en accidente de tránsito en horas de trabajo, salarios dejados de percibir, la segunda instancia confirma el fallo de primera instancia, declarando con lugar la demanda y condena al demandado al pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales, daños y perjuicios los salarios dejados de percibir; sin lugar al pago de indemnización parcial permanente por lesiones sufridas en accidente de trabajo, esta Sala de lo Laboral; declara la Nulidad ya que El juez laboral está obligado a buscar la verdad material y no lo hizo.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
...´´Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de participación de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial...´´
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 718 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
...´´Que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veintiséis (26) de julio de dos mil veintidós (2022), que confirma la que conocía en apelación y que fuese dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, del Departamento de Cortés, en fecha treinta (30) de mayo de dos mil veintidós (2022), donde se declara con lugar la demanda, no resulta congruente con las actuaciones que se han suscitado durante el proceso, olvidando la norma contenida en el Código de Trabajo que reza en su artículo 718: “Los actos del proceso para los cuales las leyes no prescriban una forma determinada, los realizará el Juez o dispondrá que se lleven a cabo, de manera adecuada al logro de su finalidad”. El juez laboral está obligado a buscar la verdad material y es en el caso de mérito que las partes y el juez de instancia debió solicitar el dictamen del INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) en el que la Comisión técnica de invalidez se pronunciara sobre el caso en cuestión. VII. Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. VII. Con base a lo establecido en el artículo 726 del Código de Trabajo, así como el artículo 8 del Código Procesal civil, referente a la celeridad procesal deberá el Ad-Quem, resolver de forma prioritaria dicha nulidad por ser un juicio que ya ha sido de conocimiento y estudio procurando brindar una pronta respuesta a las partes procesales...´´
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 718 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN.
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veintiséis días del mes de junio del año dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha dieciséis de enero del dos mil veintitrés, por el Abogado SIGBERTO EDUARDO LOZANO CASTRO, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil denominada ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. DE C.V. (OPSA), como recurrente; además es parte recurrida, el señor CARLOS ALCIDES MEJIA CARIAS, representado en juicio por el Abogado JULIO CESAR PEREZ GARCIA. OBJETO DEL PROCESO: demanda laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, pago de daños y perjuicios causados por concepto de lesiones en accidente de tránsito en horas de trabajo, salarios dejados de percibir hasta que se dicte sentencia definitiva en virtud del despido directo, ilegal e injusto, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veinticuatro de julio del dos mil diecinueve, por el Abogado JULIO CESAR PEREZ GARCIA, en su condición de representante procesal del señor CARLOS ALCIDES MEJIA CARIAS, mayor de edad, casado, Promotor, hondureño y del domicilio de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, contra la sociedad mercantil denominada ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. DE C.V. (OPSA), por medio de su representante legal, el señor JORGE J. LARACH. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veintiséis de julio del dos mil veintidós, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha treinta de mayo del dos mil veintidós, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, misma que: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR la demanda Ordinaria Laboral para el pago de prestaciones sociales e indemnizaciones sociales, promovida por el señor CARLOS ALCIDES MEJIA CARIAS, de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia; Contra la EMPRESA ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A. (OPSA) a través del representante legal señor JORGE J. LARACH, de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia; 2) CONDENA: A la EMPRESA ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A. (OPSA) a través del representante legal señor JORGE J. LARACH, a pagar al trabajador CARLOS ALCIDES MEJIA CARIAS, la cantidad de VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS (L. 28,813.57), distribuido así: Preaviso L. 5,772.62, auxilio de cesantía L. 8,246.60, vacaciones proporcionales L. 2,601.61, aguinaldo proporcional L. 4,388.37, décimo cuarto mes proporcional L. 7,804.37; Mas a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, desde la fecha que se produjo la terminación hasta que con sujeción a las normas procesales quede firme la sentencia Condenatoria; 3) Declarando SIN LUGAR la demanda Ordinaria Laboral respecto al pago de indemnización parcial permanente por lesiones sufridas en accidente de trabajo, en consecuencia, ABSUELVE: A la demandada la EMPRESA ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A. (OPSA) a través del representante legal señor JORGE J. LARACH, del pago de indemnización parcial permanente por lesiones sufridas en accidente de trabajo.- SIN COSTAS”. ANTECEDENTES DE HECHO. 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que ingresó a trabajar con la demandada en fecha 03 de septiembre del 2018, en el cargo de Promotor de Exhibición, trabajo que realizaba en los puntos de venta del periódico La Prensa, por lo cual se transportaba en motocicleta por toda la ciudad, actualmente la empresa demandada le pagaba un salario mensual de L. 11,300.00, laboró hasta el 29 de mayo del año 2019, la cual se acredita con la nota de despido firmada por el señor Fredy Almendarez Pagoada, en su condición de Jefe Regional de Ventas Circulación, quién era su jefe inmediato en la empresa. En fecha 04 de noviembre del 2018, el trabajador se conducía en moto en horas de trabajo a realizar unas diligencias de la demandada, sufrió un accidente de tránsito, fue colisionado por un vehículo, lo cual le causó lesiones provocándole fractura en el tobillo Izquierdo, fue remitido e internado en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) donde consta expediente Clínico, Según Diagnostico las lesiones le han causado una Incapacidad parcial permanente en el Tobillo Izquierdo, que hasta la fecha la Empresa no le ha pagado. En fecha 29 de mayo del 2019, la demandada procedió a entregarle Nota de Despido, en la cual manifiesta que debido a resolución patronal se ha decidido prescindir de sus servicios como Promotor de Exhibición en el área de Circulación, se fundamenta el despido en los artículos 111 numeral 1, 116 del Código del Trabajo, lo que no es una causal de despido basado en ley, el cual se considera que el mismo es ilegal e injusto, pues no se establece la causa en que se basa el patrono para despedirlo sin responsabilidad de su parte. 2. La parte demandada, la sociedad mercantil denominada ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. DE C.V. (OPSA), contestó dicha demanda señalando que el demandante laboró para la demandada en el puesto de Promotor de Exhibición, y para ello se trasladaba en su motocicleta por los diferentes puntos de venta localizados alrededor de la ciudad de San Pedro Sula, Cortés. En fecha 14 de noviembre del 2018 sufrió un accidente en su motocicleta y como consecuencia de ello fue atendido en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (I.H.S.S.), donde le otorgaron incapacidad para trabajar hasta el día 16 de marzo del 2019, fecha a partir de la cual el I.H.S.S., a través de su personal médico no le continuó otorgando más incapacidades, por lo que tuvo que incorporarse a sus labores cotidianas. Resulta que el demandante una vez reincorporado a su trabajo, alegó que no podía conducir motocicleta porque se sentía mal del tobillo, y por ello la empresa lo tuvo por 2 meses en las oficinas de la empresa, sin hacer absolutamente nada y pagándole su respectivo salario. El demandante se presentaba a las oficinas de la Empresa portando un par de muletas, y un día sus propios compañeros de trabajo sabiendo que el uso de las muletas era innecesario, se las escondieron en el segundo piso del edificio de la empresa, y le fingieron retirarse a sus hogares, al verse solo, el demandante sin ningún tipo de impedimento se trasladó caminando normalmente al segundo piso a recoger sus muletas, todo esto quedo grabado en las cámaras de la empresa, el cual se presentará en el momento procesal oportuno como medio de prueba de la demandada. En razón de lo anterior, y ante la negativa del demandante de incorporarse plenamente a sus actividades de trabajo, la demandada en fecha 29 de mayo del 2019, determinó dar por concluida la relación de trabajo con el ahora demandante, no sin antes ofrecerle el pago íntegro de sus prestaciones e indemnizaciones laborales, tal como consta en la fecha de elaboración del cheque número 00028304 de fecha 31 de mayo de 2019, emitido a favor de Carlos Alcides Mejía Carias por la Organización Publicitaria. S.A. de C.V., por valor de L.31,418.30, lo que incluye aún más, de lo que le corresponde en concepto de prestaciones laborales. Habiendo ofrecido el pago de sus prestaciones laborales, el demandante, solicitó adicionalmente el pago de la indemnización por el accidente de trabajo sufrido, a lo que la empresa a través de sus ejecutivos le manifestaron que en el momento mismo en que hiciese llegar a la Empresa el dictamen de incapacidad total o parcial emitido por el Instituto Hondureño de Seguridad Social (I.H.S.S.), y el cálculo indemnizatorio elaborado por el Ministerio de Trabajo, en ese mismo momento se le haría efectivo el pago de la indemnización en caso de corresponderle; sin embargo, la documentación aún no ha sido presentada, por tanto, ese pago indemnizatorio no le corresponde; en virtud de la negativa del demandante de recibir el pago total de sus prestaciones e indemnizaciones laborales la demandada presentó en fecha 28 de agosto de 2019, diligencias de pago por consignación, ingresadas bajo el número 0501-2019-00579 LTO, habiéndose acompañado y depositado en el juzgado respectivo el cheque antes mencionado debidamente certificado a favor del demandante; nótese que el valor del cheque consignado, sobrepasa el valor de la cuantía reclamada por el demandante en su escrito de demanda, y de igual forma es notorio que el cheque fue elaborado y certificado el día en que fue despedido el demandante; razón por la cual, resulta improcedente el reclamo que efectúa del pago de salarios dejados de percibir o salarios caídos. 3. El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha treinta de mayo del dos mil veintidós, dictó sentencia misma que: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR la demanda Ordinaria Laboral para el pago de prestaciones sociales e indemnizaciones sociales, promovida por el señor CARLOS ALCIDES MEJIA CARIAS, de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia; Contra la EMPRESA ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A. (OPSA) a través del representante legal señor JORGE J. LARACH, de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia; 2) CONDENA: A la EMPRESA ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A. (OPSA) a través del representante legal señor JORGE J. LARACH, a pagar al trabajador CARLOS ALCIDES MEJIA CARIAS, la cantidad de VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS (L. 28,813.57), distribuido así: Preaviso L. 5,772.62, auxilio de cesantía L. 8,246.60, vacaciones proporcionales L. 2,601.61, aguinaldo proporcional L. 4,388.37, décimo cuarto mes proporcional L. 7,804.37; Mas a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, desde la fecha que se produjo la terminación hasta que con sujeción a las normas procesales quede firme la sentencia Condenatoria; 3) Declarando SIN LUGAR la demanda Ordinaria Laboral respecto al pago de indemnización parcial permanente por lesiones sufridas en accidente de trabajo, en consecuencia, ABSUELVE: A la demandada la EMPRESA ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A. (OPSA) a través del representante legal señor JORGE J. LARACH, del pago de indemnización parcial permanente por lesiones sufridas en accidente de trabajo.- SIN COSTAS”. Bajo el criterio que la terminación de la relación de trabajo se dio sin invocar justa causa por lo que procede condenar a la demandada al resarcimiento de daños; en el presente juicio es un hecho controvertido el determinar si procede condenar a la demandada al pago de los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios; con relación a tal pretensión se encuentra acreditado en autos que la demandada reconoció el pago de las prestaciones procediendo a consignar ante este tribunal hasta en fecha 28 de agosto del año 2019, consignación que se desconoce si fue notificada al demandante, sin embargo, ya tuvo conocimiento a través de su apoderado legal por haber sido propuesta como medio de prueba documental, que dicha consignación fue realizada dos meses con 29 días, después de haberse efectuado el despido del que fue objeto el demandante. Que la conducta asumida por la demandada no demuestra que hubo buena fe querer pagar las prestaciones sociales, pues dejo transcurrir más de dos meses para poner a disposición del trabajador demandante las prestaciones sociales que le correspondían; por lo antes expuesto, y tomando en consideración que ha sido un principio aceptado por los Tribunales de la Republica según se ha dejado sentado en diversos fallos, que el efecto de la consignación de lo que el patrono crea deber ante autoridad competente, exonera a este del pago de los llamados salarios caídos, siempre y cuando se haga como consecuencia de la negativa del trabajador a recibir sumas que se le han ofrecido, que se haga inmediatamente de poner fin a la relación de trabajo, principio que no es aplicable en este caso porque entre la fecha del despido y la fecha en que fue presentada la consignación transcurrieron más de dos meses. En consecuencia, condena a la empresa demandada al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha de la terminación de la relación de trabajo, hasta que en sujeción a las normas procesales quede firme la sentencia condenatoria. Que la parte actora también reclama el pago de indemnización parcial permanente por lesiones sufridas en accidente de trabajo, el cual procede a declarar sin lugar por las circunstancias siguientes: Se entiende como accidente de trabajo todo suceso imprevisto y repentino que sobrevenga por causa u ocasión del Trabajo y que produzca al trabajador una lesión orgánica o perturbación funcional permanente o pasajera. Incapacidad parcial permanente es la disminución de las facultades de un individuo por haber sufrido la pérdida o paralización de algún miembro, órgano o función del cuerpo, según dispone el artículo 409 del Código del Trabajo. El patrono es responsable de la reparación de los riesgos profesionales ocurridos a sus trabajadores en los términos de los artículos 403 y 404 del Código del Trabajo. Que si bien es cierto el trabajador demandante sufrió un accidente de trabajo en fecha 14 de noviembre del año 2018, tipo colisión de moto que le provocó una fractura de tobillo izquierdo; también no es menos cierto que a pesar de ello nunca le fue emitido por el Instituto Hondureño de Seguridad dictamen médico por parte de la comisión de invalidez que determinara incapacidad total o parcial permanente por el accidente sufrido; por lo que se considera que no procede el pago de indemnización por accidente de Trabajo, porque no existe dictamen médico que califique que el demandante tiene una incapacidad para trabajar de forma total, parcial permanente lo que le imposibilita determinar el monto que le pudiere corresponder. 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veintiséis de julio del dos mil veintidós, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que en el presente caso, se ha acreditado que no hubo causa justa ni legal para el despido y lo que corresponde es determinar si la consignación efectuada por la parte demandada, reúne los requisitos necesarios para exonerar a la misma del pago de los salarios dejados de percibir por el trabajador, desde su despido hasta que la sentencia respectiva adquiera carácter de firme. Al respecto esta Corte estima que la consignación realizada si bien, reúne el requisito de proporcionalidad, no resulta oportuna por las siguientes razones: a) A pesar de que el cheque ofrecido tiene fecha 31 de mayo del 2019, esto es, dos días después del despido, no se encuentra acreditado que el mismo haya sido puesto a disposición del demandante en ese momento y éste niega que se le haya ofrecido dicho pago; b) La certificación del cheque y la consignación judicial del mismo se realizó en el mes de agosto del 2019, momento en el cual el demandante ya había acudido a la vía judicial, ya que de no haberlo hecho, habría prescrito su derecho para emplazar al patrono. En virtud de lo anteriormente expresado, se concluye por esta Alzada que no existen razones válidas para exonerar a la empresa demandada del pago, al trabajador, de los salarios dejados de percibir, a título de daños y perjuicios, por lo que la sentencia recurrida debe ser confirmada por encontrarse ajustada a derecho. 5. Mediante auto de fecha veintisiete de septiembre del dos mil veintidós, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado SIGBERTO EDUARZO LOZANO CASTRO, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil denominada ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. DE C.V. (OPSA), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha dieciséis de enero del dos mil veintitrés, compareció ante este Tribunal el Abogado SIGBERTO EDUARDO LOZANO CASTRO, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil denominada ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. DE C.V. (OPSA), formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha dieciséis de enero del dos mil veintitrés, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha veintisiete de febrero del dos mil veintitrés, se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por parte del Abogado JULIO CESAR PEREZ GARCIA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I. Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. II. Que el Artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. - Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente". III. Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su Artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden. IV. Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial. V. Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. VI. Que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veintiséis (26) de julio de dos mil veintidós (2022), que confirma la que conocía en apelación y que fuese dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, del Departamento de Cortés, en fecha treinta (30) de mayo de dos mil veintidós (2022), donde se declara con lugar la demanda, no resulta congruente con las actuaciones que se han suscitado durante el proceso, olvidando la norma contenida en el Código de Trabajo que reza en su artículo 718: “Los actos del proceso para los cuales las leyes no prescriban una forma determinada, los realizará el Juez o dispondrá que se lleven a cabo, de manera adecuada al logro de su finalidad”. El juez laboral está obligado a buscar la verdad material y es en el caso de mérito que las partes y el juez de instancia debió solicitar el dictamen del INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) en el que la Comisión técnica de invalidez se pronunciara sobre el caso en cuestión. VII. Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. VII. Con base a lo establecido en el artículo 726 del Código de Trabajo, así como el artículo 8 del Código Procesal civil, referente a la celeridad procesal deberá el Ad-Quem, resolver de forma prioritaria dicha nulidad por ser un juicio que ya ha sido de conocimiento y estudio procurando brindar una pronta respuesta a las partes procesales. IX. Que, por las razones antes expuestas, es procedente declarar la NULIDAD de la sentencia recurrida, debiéndose reponer las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que la ha originado, procediéndose a enmendar lo actuado conforme a derecho. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 59, 60, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5), 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8. 1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 666 letra c), 776, 777 y 858 del Código del Trabajo; 11 del Código Civil; 22, 193, 200, 206, 207, 208, 211, 213, 214 numeral 2), 215 numeral 5), 217 numeral 2) y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha veintiséis (26) de julio de dos mil veintidós (2022), visible a folios 17 al 21 de la segunda pieza, debiendo dicho órgano jurisdiccional reponer lo actuado, pronunciarse y resolver sobre los extremos omitidos, conforme las razones y consideraciones expuestas en los Fundamentos de Derecho de la presente resolución.- Y MANDA: Devolver los autos al lugar de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a Derecho. Redactó la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ROY PINEDA CASTRO, COORDINADOR, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes septiembre del dos mil veintitrés; certificación de la sentencia de fecha veintiséis de junio del dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL469-2022. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.