Sentencia CL-464-21 — Registro 17149
Resumen
Demanda Ordinaria Laboral para que en sentencia definitiva se declare por tiempo indefinido la relación laboral de sus representados desde el inicio de la misma, originada por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos en aplicación estricta de lo preceptuado en el artículo 47 del Código del Trabajo, en consecuencia concederles todos los derechos que ostentan los empleados con carácter permanente, pago de vacaciones, décimo tercer y décimo cuarto mes, pago de indemnización por violación a derechos fundamentales vía artículo 90 de la Ley de Inspección Laboral y demás derechos generados de Contratación colectiva, por ende otorgarles su acuerdo de nombramiento
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
...."Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además, es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden. IV.- Que por Acceso a la Justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial."...
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que revisado el fallo expuesto en el numeral que antecede, se concluye, que los juzgadores de instancia después de un proceso de deliberación y valoración deben resolver las cuestiones planteadas en él iter procesal, cumpliendo con los requisitos formales en el contenido interno de los fallos judiciales de conformidad a la ley, lo que implica que al momento de su emisión se debe cumplir con el deber de claridad, exhaustividad y congruencia. Al revisarse el fallo impugnado el mismo incumple con el deber de claridad, ya que si bien el Ad quem, al confirmar el fallo de primera instancia hace suyos todos los fundamentos y pronunciamientos del mismo en cuanto se declara con lugar la pretensión de permanecía de los demandantes, en los cargos ostentados; al mismo tiempo en el romano II, numeral 1) del referido fallo se condena a la demandada a que emita acuerdos en relación a la permanencia de los demandantes, cuando ésta es potestad de la autoridad nominadora o de quien delegue y la jurisdicción del trabajo está instituida para decir los conflictos jurídicos que se origine directa o indirectamente del contrato de trabajo, y no en relaciones de servidores públicos. Por lo expuesto procede la nulidad del fallo de conformidad a lo dispuesto en los artículos 22 y 207 numeral 2) del Código procesal Civil y artículo 2 numeral 2 del Código del Trabajo. "...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 208 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. XI.- Que la nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella, y debe cuando conste en autos, decretarse de oficio, aunque las partes no la aleguen. XII.- Que, por las razones antes expuestas, es procedente ANULAR DE OFICIO la sentencia recurrida."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 206 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION.
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los doce días del mes de abril del año dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 28 de septiembre del 2022, por el Abogado MIGUEL ANGEL MEZA CHOTO, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP), como recurrente; además, es parte recurrida, los señores DUNIA YAMILETH CHAVARRIA, LETICIA ISBELA CACERES AVILA, GUSTAVO ADOLFO MEJIA ORTIZ y ELVIRA YOHANA VELASQUEZ HERNANDEZ, representados en juicio por la Abogada MARIELA NINOSKA VASQUEZ ACOSTA. OBJETO DEL PROCESO: Demanda Ordinaria Laboral para que en sentencia definitiva se declare por tiempo indefinido la relación laboral de sus representados desde el inicio de la misma, originada por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos en aplicación estricta de lo preceptuado en el artículo 47 del Código del Trabajo, en consecuencia concederles todos los derechos que ostentan los empleados con carácter permanente, pago de vacaciones, décimo tercer y décimo cuarto mes, pago de indemnización por violación a derechos fundamentales vía artículo 90 de la Ley de Inspección Laboral y demás derechos generados de Contratación colectiva, por ende otorgarles su acuerdo de nombramiento, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 15 de noviembre del 2017, por la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO, en condición de Apoderada Legal de los señores DUNIA YAMILETH CHAVARRIA, cocinera; LETICIA ISBELA CACERES AVILA, ama de casa; GUSTAVO ADOLFO MEJIA ORTIZ, vigilante, ELVIRA YOHANA VELASQUEZ HERNANDEZ, maestra de educación primaria; todos mayores de edad, solteros, hondureños y con domicilio en la ciudad de La Paz, Departamento de la Paz, contra el INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP), por medio de su Director Ejecutivo el señor ROBERTO ENRIQUE CARDONA LOPEZ. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 9 de junio del 2021, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 12 de diciembre de 2019, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que en su parte conducente dice: “FALLA: I) Declarando CON LUGAR la demanda promovida por la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO, actuando en su condición de Apoderado legal de los señores DUNIA YAMILETH CHAVARRIA, LETICIA ISBELA CACERES AVILA, GUSTAVO ADOLFO MEJIA ORTIZ Y ELVIRA YOHANA VELASQUEZ HERNANDEZ, contra el INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP) por medio de su Director Ejecutivo el señor ROBERTO ENRIQUE CARDONA LOPEZ, en cuanto a que se declara: 1) la permanencia en el puesto de trabajo a partir del inicio de la relación laboral, para lo cual debe emitirse el acuerdo de nombramiento como empleado permanente; con el reconocimiento de los derechos otorgados a los empleados permanentes y de la contratación colectiva de la institución; 2) Reconocimiento de los derechos otorgados a los empleados permanentes desde el inicio de la relación como ser décimo tercer, décimo cuarto mes y vacaciones desde el inicio del relación laboral; en consecuencia, II) CONDENA el INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP) por medio de su Director Ejecutivo el señor ROBERTO ENRIQUE CARDONA LOPEZ, a que se declara: 1) La permanencia en el puesto de desde el inicio de la relación de trabajo a los señores 1) DUNIA YAMILETH CHAVARRIA, LETICIA ISBELA CACERES AVILA, GUSTAVO ADOLFO MEJIA ORTIZ y ELVIRA YOHANA VELASQUEZ HERNANDEZ para lo cual debe emitirse el acuerdo de nombramiento como empleado permanente; con el reconocimiento de los derechos otorgados a los empleados permanentes y de la contratación colectiva de la institución; 2) Al pago de la cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS (L.772,345.63) desglosadas de la manera siguiente: DUNIA YAMILETH CHAVARRIA, L.201,969.52 así: VACACIONES: 2011-2012: L.2,383.29; 2012-2013: L.4,090.50; 2013-2014: L.5,605.79; 2014- 2015: L.7,923.18; 2015-2016: L.7,923.18; 2016-2017: L.9,600.00; 2017-2018: L.10,300.00; 2018:2019: L.10,300.00; SUB TOTAL: 58,125.94; DECIMO TERCER MES: 2011: L.5,500.00; 2012: L.6,817.75; 2013: L.7,312.04; 2014: L.7,860.44; 2015: L.8,489.28; 2016: L.8,489.28; 2017: L.9,600.00; 2018: L.10,300.00; 2019: L.10,300.00; SUBTOTAL: 74,668.79; DECIMO CUARTO MES: 2011- 2012: L.6,817.75; 2012-2013: L.7,312.04; 2013-2014: L. 7,866.44; 2014-2015: L.8.489.28; 2015-2016: L.8,489.28; 2016-2017: L.9,600.00; 2017-2018: L.10,300.00; 2018:2019: L.10,300.00; SUBTOTAL: 69,174.79; 2) LETICIA ISBELA CACERES AVILA: L. 82,108.33 así: VACACIONES: 2016-2017: L. 3,678.61; 2017-2018: L.5,819.99; 2018-2019: L.7,896.66; SUB TOTAL: L. 17,395.26; DECIMO TERCER MES: 2016: L.7,374.51; 2017: L. 8,489.28; 2018: L.9,700.00; 2019: L.10,300.00; SUB TOTAL: L.36,223.79; DECIMO CUARTO MES: 2016-2017: L.8,489.28; 2017-2018: L.9,700.00; 2018:2019: L.10,300.00; SUB TOTAL L.28,489.28; 3) GUSTAVO ADOLFO MEJIA ORTIZ, L.286,787.25 así: VACACIONES: 2005-2006: L. 1,300.00; 2006-2007: L.1,800.00; 2007-2008: L.2,300.00; 2008-2009: L.5,133.33; 2009-2010: L.5,886.00; 2010-2011: L.5,886.00; 2011- 2012: L.5,886.00; 2012-2013: L.7,312.04; 2013-2014: L.7,312.04; 2014-2015: L.8,489.28; 2015-2016: L.8,489.28; 2016-2017: L. 9,700.00; 2017-2018: L.10,300.00; 2018-2019: L.10,300.00; SUB TOTAL: L. 30,093.97; DECIMO TERCER MES: 2005: L.3.000.00; 2006: L.3,000.00; 2007: L.3,000.00; 2008: L.5,500.00; 2009: L.5,886.00; 2010: L.5,886.00; 2011: L.5,886.00; 2012: L.5,886.00; 2013: L.7,312.04; 2014: L.7,312.04; 2015: L.8,489.28; 2016: L.8,489.28; 2017: L.9,700.00; 2018: L.10,300.00; 2019: L.10,300.00; SUB TOTAL: L.99,946.64; DECIMO CUARTO MES: 2006-2007: L.3.000.00; 2007- 2008: L.3.000.00; 2008-2009: L.5,500.00; 2009-2010: L.5,886.00; 2010- 2011: L.5,886.00; 2011-2012: L.5,886.00; 2012-2013: L.5,886.00; 2013- 2014: L.7,312.04; 2014-2015: L.7,312.04; 2015-2016:L.8,489.28; 2016-2017:L.8,489.28; 2017-2018:L.10,300.00; 2018-2019: L.10,300.00; SUB TOTAL. L. 96,946.64; 4) ELVIRA YOHANA VELASQUEZ HERNANDEZ, L.201,480.53 así: VACACIONES: 2011-2012: L.2,383.29; 2012-2013: L.4,090.50; 2013-2014: L.5,605.79; 2014-2015: L.7,923.18; 2015-2016: L.7,923.18; 2016-2017: L.9,600.00; 2017-2018: L.10,300.00; L.58,125.94; 2018:2019: L.10,300.00; SUBO TOTAL: DECIMO TERCER MES: 2011: L.5,011.01; 2012: L.6,817.75; 2013: L.7,312.04; 2014: L.7,860.44; 2015: L.8,489.28; 2016: L.8,489.28; 2017: L.9,600.00; 2018: L.10,300.00; 2019: L.10,300.00; SUBTOTAL: 74,179.80; DECIMO CUARTO MES: 2011-2012: L.6,817.75; 2012-2013: L.7,312.04; 2013-2014: L. 7,866.44; 2014-2015: L.8.489.28; 2015-2016: L.8.489.28; 2016-2017: L.9,600.00; 2017-2018: L.10,300.00; 2018:2019: L.10,300.00; SUBTOTAL: 69,174.79;; III) Declarando SIN LUGAR la demanda promovida por la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO, actuando en su condición de Apoderado legal de los señores DUNIA YAMILETH CHAVARRIA, LETICIA ISBELA CACERES AVILA, GUSTAVO ADOLFO MEJIA ORTIZ y ELVIRA YOHANA VELASQUEZ HERNANDEZ, contra el INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP) por medio de su Director Ejecutivo el señor ROBERTO ENRIQUE CARDONA LOPEZ, por el pago de indemnización por violación a derechos fundamentales vía Ley de Inspectoría del Trabajo contentiva en el artículo 90; IV) ABSUELVE Al INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP) por medio de su Director Ejecutivo el señor ROBERTO ENRIQUE CARDONA LOPEZ, a pagar en concepto de indemnización por violación a derechos fundamentales vía Ley de Inspectoría del Trabajo contentiva en el artículo 90 a los señores DUNIA YAMILETH CHAVARRIA, LETICIA ISBELA CACERES AVILA, GUSTAVO ADOLFO MEJIA ORTIZ Y ELVIRA YOHANA VELASQUEZ HERNANDEZ; V) Declarar SIN LUGAR la EXCEPCION PERENTORIA DE PRESCRIPCION planteada por la representante procesal Demandada; VI) Declarando SIN LUGAR las COSTAS”. ANTECEDENTES DE HECHO. 1. La parte demandante expresó que iniciaron la relación laboral en el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), mediante la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos, de la manera siguiente, la señora Dunia Yamileth Chavarría, el 04 de enero del año 2011, desempeñándose en el puesto de Cocinera, devengando un salario mensual de L.9, 700.00; Leticia Isbela Cáceres Ávila, el 01 de febrero del año 2016, en el puesto de Ayudante de Cocina, devengando un salario mensual de L.9,700.00; Gustavo Adolfo Mejia Ortiz, el 1 de enero del año 2005, en el puesto de Vigilante, devengando un salario mensual de L.9,700.00; Elvira Yohana Velasquez Hernandez, el 2 de febrero del año 2011, en el puesto de Orientadora del departamento de educación, devengando un salario mensual de L.9,700.00; desde que iniciaron a laborar para la demandada han desempeñado las mismas funciones de manera continua e ininterrumpida, bajo la subordinación de su empleador, así como consta en los contratos suscritos entre las partes, mismos que reúnen los elementos exigidos en el artículo 20 del Código del Trabajo, en virtud de lo anterior la relación laboral que les une es de orden laboral, entendiéndose que están ante un contrato de trabajo por tiempo indeterminado, regido por la jurisdicción del Trabajo; que la causa que ha originado el surgimiento de la relación laboral ha subsistido y subsistirá siempre, pues es y ha sido el mismo puesto y funciones que han venido desempeñando durante su relación laboral con la demandada, actividades que por la naturaleza de las mismas no pueden desaparecer, pues forman parte de la operatividad de la demandada; dejando ver una simulación de contrato de trabajo por tiempo determinado, ocultando un verdadero contrato de trabajo por tiempo indefinido, acto simulatorio que tiene como finalidad evadir obligaciones estipuladas en la Ley Laboral; solicita declarar la Nulidad de la Simulación de naturaleza de prestación de servicios profesionales que la entidad demandada ha pretendido dar a los contratos de trabajo que los unen, pretendiendo a toda costa vedarles el derecho a su estabilidad laboral que manda el artículo 129 Constitucional, por lo que de acuerdo a lo establecido en el artículo 128 párrafo primero de la Constitución de la República, las leyes que rigen las relaciones laborales son de orden público. Son nulos los actos, estipulaciones o convenciones que impliquen renuncia, disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos reconocidos a favor de los trabajadores en la Constitución de la República, Ley, Tratados Internacionales ratificados por Honduras, en los Reglamentos u otras disposiciones relativas al trabajo, complementada con lo preceptuado en el artículo 3 del Código del trabajo; la demanda ha querido encubrir la relación laboral que les une, al pretender hacerlos ver como trabajadores a término, cuando son simples empleados sujetos y subordinados a su empleador y que por la necesidad de llevar a sus hogares algo con que alimentar a sus familias, ceden a firmar contratos que de manera unilateral elaborados por la demandada, sin embargo y en consonancia con las normas tal simulación es nula de pleno derecho, porque implica la renuncia de derechos cuya naturaleza es irrenunciable, tal es el caso de todos los derechos que derivan de la relación de trabajo que les une con su empleador; de manera que aunque se haya intentado encubrir y simular una relación diferente a la de orden laboral, debe entenderse que subsiste de pleno derecho la relación laboral; Por lo anteriormente relacionado y en virtud de la suscripción de varios contratos de forma continua e ininterrumpida y al tenor de lo preceptuado en el artículo 47 del Código del Trabajo, en consecuencia se les otorgue su acuerdo de nombramiento; adicionalmente, solicitó la indemnización por violación a los derechos fundamentales de sus representados por el evidenciado fraude a la Ley por Simulación Contractual, indemnización que finalmente se encuentra vigente en la República de Honduras, por mandato internacional de la Organización Internacional del Trabajo, establecida en la Ley de Inspección laboral, Decreto Legislativo 178-2016, que en su artículo 90 establece la cantidad de L. 100,000.00 por cada violación a un derecho fundamental, tal Indemnización de L. 100,000.00 debe pagarla el empleador por la violación al Derecho Fundamental a la estabilidad laboral establecido en la Constitución de la República en su artículo 129 pues el fraude laboral por simulación contractual impide la acumulación de antigüedad, y por consiguiente el goce de derechos como décimo tercer y décimo cuarto mes y vacaciones, también deberá pagarse la cantidad de L. 100,000.00 por violación al Derecho Fundamental a gozar de vacaciones establecido en el artículo 128 numeral 8) de la Constitución de la República y Código del Trabajo; también deberá pagarse la cantidad de L 100,000.00 por vulnerar el derecho fundamental a gozar del décimo tercer mes de salario establecido en el artículo 128 numeral 10) de la Constitución de la República y Decreto 112 de la Ley del décimo tercer mes y Decreto del décimo cuarto mes, el pago de L. 100,000.00, por vulnerar el derecho fundamental a gozar de los servicios de la Seguridad Social pues el fraude laboral representa una barrera al acceso a estos servicios, impidiéndole cotizar los mismos, derecho que se encuentra consignado en el artículo 147 de la Constitución de la República; Teniendo por agotado el trámite administrativo ante la Secretaria del Trabajo al no lograr la partes llegar a un acuerdo conciliatorio. 2. La parte demandada, el INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP), contestó dicha demanda expresando que, con su actuación material no violenta normativa laboral alguna, al contrario en su cumplimiento observó la normativa administrativa vigente y las disposiciones generales del presupuesto, por virtud de haberse suscrito contrato especiales, contratándose a los demandantes como personal de apoyo con las funciones de todas aquellas inherentes al puesto, asignadas por el Jefe Inmediato, por otra parte a título ilustrativo resalto que de acuerdo al artículo 16 inciso b) y artículo 5 del Decreto No. 10 del 28 de diciembre de 1972 contentivo a la Ley de INFOP, se suscribió contrato con plazo determinado, para realizar funciones de apoyo, pago que afecta el Programa 01, Actividad 1000 Reglón 12910 del Presupuesto Anual del Instituto; en consecuencia se establece que no violó ninguna normativa laboral alguna, en tal sentido la demanda de mérito debe ser declarada sin lugar por improcedente; los demandantes faltan con sus afirmaciones a su ética como servidores públicos e inclusive violando el artículo 112 inciso b) del Código del Trabajo, por virtud de acusar de actos de injurias contra INFOP, constitutivo en la causal justa que lo faculta para dar por terminado su contrato de trabajo, sin responsabilidad de su parte; ilustra que habiendo contratado a los demandantes conforme a sus contratos especiales, en amparo a las disposiciones generales del presupuesto su relación, se ha establecido su permanencia en sus puestos de trabajo sin violación a su estabilidad tal como lo alegan los demandantes en su libelo, e informa que los demandantes nunca fueron objeto de despido alguno y de represalia, que se hallan laborando sin problema alguno, y de conformidad al artículo 26 del Código del Trabajo y conforme a las disposiciones generales del presupuesto e interno del instituto, debe ser declarada sin lugar la demanda; las partes actoras en su afán de sorprender a la judicatura pretenden lesionar sus sagrados intereses injuriando y falseando su reclamo al inferir que se les han violado sus derechos fundamentales; en tal sentido al parecer se pregunta si a los demandantes se les contrato desde su inicio de su relación de trabajo sin haberles interrumpido por figura de cancelación de contrato o por figura de despido, entonces no entiende su accionar puesto que en cumplimiento al artículo 321 de la Constitución de la República en franco apego a leyes administrativas como ser las disposiciones generales del presupuesto la cual origina el concepto de este tipo de contratos por una parte y por la otra habiendo los demandantes aceptado los términos del contrato y habiéndolos firmado sin coacción alguna y en su sano juicio, porque entablan una demanda en su contra, siendo injusto su proceder. Tanto más pretendiendo que a su patrono, a quién en los ha contratado con lealtad, le pretendan lesionar sus intereses sagrados con que se le multe, acción que siendo inaplicable e improcedente se solicita valorar el accionar de los demandantes con notorias deslealtad y falta de juicio. Si bien es cierto los demandantes consideran haber agotado la vía gubernativa, también es cierto que conforme a los términos del escrito de contestación, siempre les informó de su proceder para con ellos en el sentido que su relación de trabajo era permanente y que si no se les brindaban los beneficios del contrato colectivo, era porque los mismos, por una parte no siendo afiliados al SITRAINFOP, no cotizan de forma alguna para esta organización sindical, la cual sostiene suscrito su respectivo contrato colectivo de condiciones de trabajo, el mismo se benefician todos sus afiliados y excluyéndoles a ellos en definitiva, aunado a ello, los demandantes jamás y después de estar laborando, se han sometido a la figura del concurso interno para aplicar a las plazas vacantes que de acuerdo a Ley de Contratación Colectiva se hace obligatoria su participación en tales concursos, tales extremos serán probados en juicio al igual que de las causas de injurias cometidas por los demandantes contra INFOP, acciones con las cuales una vez dañados sus intereses se quedará en la libertad de accionar y aplicar lo relativo a la ley laboral. 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 12 de diciembre del 2019, dictó sentencia de la siguiente manera: “FALLA: I) Declarando CON LUGAR la demanda promovida por la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO, actuando en su condición de Apoderado legal de los señores DUNIA YAMILETH CHAVARRIA, LETICIA ISBELA CACERES AVILA, GUSTAVO ADOLFO MEJIA ORTIZ Y ELVIRA YOHANA VELASQUEZ HERNANDEZ, contra el INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP) por medio de su Director Ejecutivo el señor ROBERTO ENRIQUE CARDONA LOPEZ, en cuanto a que se declara: 1) la permanencia en el puesto de trabajo a partir del inicio de la relación laboral, para lo cual debe emitirse el acuerdo de nombramiento como empleado permanente; con el reconocimiento de los derechos otorgados a los empleados permanentes y de la contratación colectiva de la institución; 2) Reconocimiento de los derechos otorgados a los empleados permanentes desde el inicio de la relación como ser décimo tercer, decimo cuarto mes y vacaciones desde el inicio del relación laboral; en consecuencia, II) CONDENA el INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP) por medio de su Director Ejecutivo el señor ROBERTO ENRIQUE CARDONA LOPEZ, a que se declara: 1) La permanencia en el puesto de desde el inicio de la relación de trabajo a los señores 1) DUNIA YAMILETH CHAVARRIA, LETICIA ISBELA CACERES AVILA, GUSTAVO ADOLFO MEJIA ORTIZ y ELVIRA YOHANA VELASQUEZ HERNANDEZ para lo cual debe emitirse el acuerdo de nombramiento como empleado permanente; con el reconocimiento de los derechos otorgados a los empleados permanentes y de la contratación colectiva de la institución; 2) Al pago de la cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS (L.772,345.63) desglosadas de la manera siguiente: DUNIA YAMILETH CHAVARRIA, L.201,969.52 así: VACACIONES: 2011-2012: L.2,383.29; 2012-2013: L.4,090.50; 2013-2014: L.5,605.79; 2014- 2015: L.7,923.18; 2015-2016: L.7,923.18; 2016-2017: L.9,600.00; 2017-2018: L.10,300.00; 2018:2019: L.10,300.00; SUB TOTAL: 58,125.94; DECIMO TERCER MES: 2011: L.5,500.00; 2012: L.6,817.75; 2013: L.7,312.04; 2014: L.7,860.44; 2015: L.8,489.28; 2016: L.8,489.28; 2017: L.9,600.00; 2018: L.10,300.00; 2019: L.10,300.00; SUBTOTAL: 74,668.79; DECIMO CUARTO MES: 2011- 2012: L.6,817.75; 2012-2013: L.7,312.04; 2013-2014: L. 7,866.44; 2014-2015: L.8.489.28; 2015-2016: L.8,489.28; 2016-2017: L.9,600.00; 2017-2018: L.10,300.00; 2018:2019: L.10,300.00; SUBTOTAL: 69,174.79; 2) LETICIA ISBELA CACERES AVILA: L. 82,108.33 así: VACACIONES: 2016-2017: L. 3,678.61; 2017-2018: L.5,819.99; 2018-2019: L.7,896.66; SUB TOTAL: L. 17,395.26; DECIMO TERCER MES: 2016: L.7,374.51; 2017: L. 8,489.28; 2018: L.9,700.00; 2019: L.10,300.00; SUB TOTAL: L.36,223.79; DECIMO CUARTO MES: 2016-2017: L.8,489.28; 2017-2018: L.9,700.00; 2018:2019: L.10,300.00; SUB TOTAL L.28,489.28; 3) GUSTAVO ADOLFO MEJIA ORTIZ, L.286,787.25 así: VACACIONES: 2005-2006: L. 1,300.00; 2006-2007: L.1,800.00; 2007-2008: L.2,300.00; 2008-2009: L.5,133.33; 2009-2010: L.5,886.00; 2010-2011: L.5,886.00; 2011- 2012: L.5,886.00; 2012-2013: L.7,312.04; 2013-2014: L.7,312.04; 2014-2015: L.8,489.28; 2015-2016: L.8,489.28; 2016-2017: L. 9,700.00; 2017-2018: L.10,300.00; 2018-2019: L.10,300.00; SUB TOTAL: L. 30,093.97; DECIMO TERCER MES: 2005: L.3.000.00; 2006: L.3,000.00; 2007: L.3,000.00; 2008: L.5,500.00; 2009: L.5,886.00; 2010: L.5,886.00; 2011: L.5,886.00; 2012: L.5,886.00; 2013: L.7,312.04; 2014: L.7,312.04; 2015: L.8,489.28; 2016: L.8,489.28; 2017: L.9,700.00; 2018: L.10,300.00; 2019: L.10,300.00; SUB TOTAL: L.99,946.64; DECIMO CUARTO MES: 2006-2007: L.3.000.00; 2007- 2008: L.3.000.00; 2008-2009: L.5,500.00; 2009-2010: L.5,886.00; 2010- 2011: L.5,886.00; 2011-2012: L.5,886.00; 2012-2013: L.5,886.00; 2013- 2014: L.7,312.04; 2014-2015: L.7,312.04; 2015-2016:L.8,489.28; 2016-2017:L.8,489.28; 2017-2018:L.10,300.00; 2018-2019: L.10,300.00; SUB TOTAL. L. 96,946.64; 4) ELVIRA YOHANA VELASQUEZ HERNANDEZ, L.201,480.53 así: VACACIONES: 2011-2012: L.2,383.29; 2012-2013: L.4,090.50; 2013-2014: L.5,605.79; 2014-2015: L.7,923.18; 2015-2016: L.7,923.18; 2016-2017: L.9,600.00; 2017-2018: L.10,300.00; L.58,125.94; 2018:2019: L.10,300.00; SUBO TOTAL: DECIMO TERCER MES: 2011: L.5,011.01; 2012: L.6,817.75; 2013: L.7,312.04; 2014: L.7,860.44; 2015: L.8,489.28; 2016: L.8,489.28; 2017: L.9,600.00; 2018: L.10,300.00; 2019: L.10,300.00; SUBTOTAL: 74,179.80; DECIMO CUARTO MES: 2011-2012: L.6,817.75; 2012-2013: L.7,312.04; 2013-2014: L. 7,866.44; 2014-2015: L.8.489.28; 2015-2016: L.8.489.28; 2016-2017: L.9,600.00; 2017-2018: L.10,300.00; 2018:2019: L.10,300.00; SUBTOTAL: 69,174.79;; III) Declarando SIN LUGAR la demanda promovida por la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO, actuando en su condición de Apoderado legal de los señores DUNIA YAMILETH CHAVARRIA, LETICIA ISBELA CACERES AVILA, GUSTAVO ADOLFO MEJIA ORTIZ y ELVIRA YOHANA VELASQUEZ HERNANDEZ, contra el INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP) por medio de su Director Ejecutivo el señor ROBERTO ENRIQUE CARDONA LOPEZ, por el pago de indemnización por violación a derechos fundamentales vía Ley de Inspectoría del Trabajo contentiva en el artículo 90; IV) ABSUELVE Al INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP) por medio de su Director Ejecutivo el señor ROBERTO ENRIQUE CARDONA LOPEZ, a pagar en concepto de indemnización por violación a derechos fundamentales vía Ley de Inspectoría del Trabajo contentiva en el artículo 90 a los señores DUNIA YAMILETH CHAVARRIA, LETICIA ISBELA CACERES AVILA, GUSTAVO ADOLFO MEJIA ORTIZ Y ELVIRA YOHANA VELASQUEZ HERNANDEZ; V) Declarar SIN LUGAR la EXCEPCION PERENTORIA DE PRESCRIPCION planteada por la representante procesal Demandada; VI) Declarando SIN LUGAR las COSTAS”. Bajo el criterio que declara con lugar el reconocimiento de permanencia desde el inicio de la relación laboral, para la señora Dunia Yamileth Chavarría desde el 01 de enero del 2011, Leticia Isbela Cáceres Ávila el 01 de febrero del 2016; Gustavo Adolfo Mejia Ortiz el 01 de enero del 2005; Elvira Yohana Velásquez Hernandez el 02 de febrero del 2011; la parte demandante también solicita el reconocimiento de derechos reconocidos a empleados permanentes entre los cuales se encuentran las vacaciones, habiéndose constatado que la parte demandada no le reconoció este derecho durante la relación laboral, contradiciendo lo dispuesto en el artículo 345 y 346 del Código del Trabajo, motivo por el cual se declara con lugar esta pretensión desde el inicio de la relación laboral; también solicita el demandante el pago de décimo tercer mes y décimo cuarto mes, derecho que se constató que no fue reconocido durante la relación laboral, habiéndose reconocido por este Juzgado que la relación que mantenían es de carácter permanente, deviene el reconocimiento del derecho reconocido contenido en el Decreto No. 112 artículo 1, 9, 10 de la Ley del Séptimo día y Décimo tercer mes en concepto de aguinaldo y el Acuerdo Numero 02-1995 de fecha 6 de febrero del 1995 del Reglamento del Décimo cuarto mes de salario en concepto de compensación social específicamente articulo 1 y 2 resultando procedente declarar con lugar las presentes pretensiones desde el inicio de la relación laboral; en relación a la excepción perentoria de prescripción, analizado lo preceptuado en el artículo 862 del código del Trabajo la prescripción es un medio de librarse de una obligación impuesta por el presente Código o que sea consecuencia de la aplicación del mismo, mediante el transcurso de cierto tiempo y en las condiciones que determina este Capítulo, el derecho de prescripción es irrenunciable, pero puede renunciarse la prescripción ya consumada, sea expresamente de palabra o por escrito, o tácitamente por hechos indudables relacionado con el 39 y 43 de la Ley del Salario Mínimo, constando que la parte demandada no ha reconocido estos derechos a los trabajadores durante la relación laboral, ya que analizados los contratos suscritos entre las partes, lo mismos que han sido continuos e ininterrumpidos y que los demandantes continúan laborando, ejecutando las labores para las cuales fueron contratados, desprendiéndose de ellos derechos y obligaciones para las partes, lo cual es de tracto sucesivo, por lo tanto no corresponde a aplicación del terminó de prescripción antes relacionados, por lo antes expuesto es procedente declarar sin lugar la excepción de prescripción planeada por la parte demandada; los demandantes igualmente solicitan el pago de indemnización por violación a derechos fundamentales vía Ley de Inspectoría del Trabajo contentiva en el artículo 90; por lo que analizada la normativa que se hace alusión artículo 90 Constitucional, circunstancia que no es el que ocupa, puesto que el derecho que reclaman los demandantes son cuantificables, es menester explicar que la multa establecida en dicho apartado pertenece a las cuentas de El Estado, además no se establece dentro del mismo artículo el otorgamiento de algún derecho a favor de la parte demandante, por consiguiente se declara sin lugar el pago de tal indemnización. 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 9 de junio del 2021, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas. Bajo el criterio que en el desenvolvimiento de la relación laboral contractual de prestación de servicios de los demandantes con vigencias periódicas continuas e ininterrumpidas desempeñando las mismas, supeditada a una jornada y horario de trabajo, bajo la continua subordinación de un jefe inmediato, quienes permanecen laborando en la institución demandada, hace que estime que tales sucesos encajan en las disposiciones legales contenidas en los artículos 20, 47, 52 párrafo segundo del Código del Trabajo; cabe entonces, mencionar que al momento de apreciar los hechos a la luz de las normas laborales, hace que tales contratos relativos a labores que por su naturaleza son permanentes o continuas en la institución, se consideren como celebrados por tiempo indefinido aunque en ellos se exprese termino de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsiste la causa que le dio origen o la materia del trabajo para la prestación de servicio; no habiendo la parte demandada acreditado lo contrario en juicio; la parte demandada opuso la excepción de prescripción de la acción reclamada en cuanto a otorgar los beneficios solo los 2 años a partir de la fecha en que ellos interpusieron su reclamo administrativo, en cuanto a las vacaciones en fundamento al artículo 350 del Código del Trabajo que establece la prohibición de acumular las vacaciones, pero podrán hacerlo por una sola vez, cuando el trabajador desempeñe labores técnicas, de dirección, en tales casos la acumulación será hasta por 2 años; asimismo, el demandado invoca los artículos 39 y 42 de la Ley del Salario Mínimo; en cuanto a la prescripción de 2 años para los salarios, contados a partir de la fecha en que ocurrió la causa que motiva su ejercicio. Conforme a la prueba de exhibición de documentos admitida a la parte demandante, establece que ninguno de los demandantes ha gozado vacaciones de los periodos 2016-2017, 2017-2018, ya que en el contrato especial no se pacta el pago y goce de vacaciones, décimo cuarto, y décimo tercer sueldo, al respecto, hace referencia a criterios jurisprudenciales relevantes en materia laboral de la Sala Laboral Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, en cuanto a este tema “los derechos adquiridos son aquellos que se originan de una situación jurídica indudable y que no es una expectativa, por lo tanto de pertenencia a un titular a quien la Ley laboral le prohíbe su renuncia, razón por la que éste derecho debe ser respetado y no vulnerado; los conceptos por derechos adquiridos deben ser contemplados en la decisión judicial independientemente de la forma de la terminación de la relación laboral y de que hayan sido solicitados o no (extra petita), salvo que éstos se encuentren efectivamente satisfechos y que conste en los autos tal circunstancia o que se determine la inexistencia de relación laboral entre las partes. Entiéndase como derechos adquiridos los siguientes conceptos: decimotercer mes proporcional, decimocuarto mes proporcional, vacaciones pendientes, aguinaldo proporcional y reajuste de bonificación.- IX.- Que el artículo 2 de la Ley de Reordenamiento del Sistema Retributivo del Gobierno Central (Decreto 220-2003 del 19 de diciembre del 2003 publicada en La Gaceta el 12 de enero del 2004) define qué Derecho Adquirido es todo derecho o beneficio conferido por la Constitución y las Leyes, reglamentos o acuerdos legalmente suscrito entre partes, siempre y cuando éstos, por su efectivo ejercicio, hayan sido incorporados al patrimonio personal del sujeto o beneficiario designado por la Ley, para su beneficio y para subvenir sus necesidades morales y materiales”. 5. Mediante auto de fecha 15 de noviembre del 2021, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado MIGUEL ANGEL MEZA CHOTO, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha 28 de septiembre del 2022, compareció ante este Tribunal el Abogado MIGUEL ANGEL MEZA CHOTO, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha 28 de septiembre del 2022, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 14 de noviembre del 2022 se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por la Abogada MARIELA NINOSKA VASQUEZ ACOSTA, en condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado ROY PINEDA CASTRO, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I.- Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. II.- Que el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. - Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente". III.- Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además, es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden. IV.- Que por Acceso a la Justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial. V.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. VI.- Que la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 9 de junio de 2021 fallo CONFIRMANDO la sentencia proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 12 de diciembre de 2019, que en su parte conducente dice: “FALLA: I) Declarando CON LUGAR la demanda promovida por la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO, actuando en su condición de Apoderado legal de los señores DUNIA YAMILETH CHAVARRIA, LETICIA ISBELA CACERES AVILA, GUSTAVO ADOLFO MEJIA ORTIZ Y ELVIRA YOHANA VELASQUEZ HERNANDEZ, contra el INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP) por medio de su Director Ejecutivo el señor ROBERTO ENRIQUE CARDONA LOPEZ, en cuanto a que se declara: 1) la permanencia en el puesto de trabajo a partir del inicio de la relación laboral, para lo cual debe emitirse el acuerdo de nombramiento como empleado permanente; con el reconocimiento de los derechos otorgados a los empleados permanentes y de la contratación colectiva de la institución; 2) Reconocimiento de los derechos otorgados a los empleados permanentes desde el inicio de la relación como ser décimo tercer, décimo cuarto mes y vacaciones desde el inicio del relación laboral; en consecuencia, II) CONDENA el INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP) por medio de su Director Ejecutivo el señor ROBERTO ENRIQUE CARDONA LOPEZ, a que se declara: 1) La permanencia en el puesto de desde el inicio de la relación de trabajo a los señores 1) DUNIA YAMILETH CHAVARRIA, LETICIA ISBELA CACERES AVILA, GUSTAVO ADOLFO MEJIA ORTIZ y ELVIRA YOHANA VELASQUEZ HERNANDEZ para lo cual debe emitirse el acuerdo de nombramiento como empleado permanente; con el reconocimiento de los derechos otorgados a los empleados permanentes y de la contratación colectiva de la institución; 2) Al pago de la cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS (L.772,345.63) desglosadas de la manera siguiente: DUNIA YAMILETH CHAVARRIA, L.201,969.52 así: VACACIONES: 2011-2012: L.2,383.29; 2012-2013: L.4,090.50; 2013-2014: L.5,605.79; 2014- 2015: L.7,923.18; 2015-2016: L.7,923.18; 2016-2017: L.9,600.00; 2017-2018: L.10,300.00; 2018:2019: L.10,300.00; SUB TOTAL: 58,125.94; DECIMO TERCER MES: 2011: L.5,500.00; 2012: L.6,817.75; 2013: L.7,312.04; 2014: L.7,860.44; 2015: L.8,489.28; 2016: L.8,489.28; 2017: L.9,600.00; 2018: L.10,300.00; 2019: L.10,300.00; SUBTOTAL: 74,668.79; DECIMO CUARTO MES: 2011- 2012: L.6,817.75; 2012-2013: L.7,312.04; 2013-2014: L. 7,866.44; 2014-2015: L.8.489.28; 2015-2016: L.8,489.28; 2016-2017: L.9,600.00; 2017-2018: L.10,300.00; 2018:2019: L.10,300.00; SUBTOTAL: 69,174.79; 2) LETICIA ISBELA CACERES AVILA: L. 82,108.33 así: VACACIONES: 2016-2017: L. 3,678.61; 2017-2018: L.5,819.99; 2018-2019: L.7,896.66; SUB TOTAL: L. 17,395.26; DECIMO TERCER MES: 2016: L.7,374.51; 2017: L. 8,489.28; 2018: L.9,700.00; 2019: L.10,300.00; SUB TOTAL: L.36,223.79; DECIMO CUARTO MES: 2016-2017: L.8,489.28; 2017-2018: L.9,700.00; 2018:2019: L.10,300.00; SUB TOTAL L.28,489.28; 3) GUSTAVO ADOLFO MEJIA ORTIZ, L.286,787.25 así: VACACIONES: 2005-2006: L. 1,300.00; 2006-2007: L.1,800.00; 2007-2008: L.2,300.00; 2008-2009: L.5,133.33; 2009-2010: L.5,886.00; 2010-2011: L.5,886.00; 2011- 2012: L.5,886.00; 2012-2013: L.7,312.04; 2013-2014: L.7,312.04; 2014-2015: L.8,489.28; 2015-2016: L.8,489.28; 2016-2017: L. 9,700.00; 2017-2018: L.10,300.00; 2018-2019: L.10,300.00; SUB TOTAL: L. 30,093.97; DECIMO TERCER MES: 2005: L.3.000.00; 2006: L.3,000.00; 2007: L.3,000.00; 2008: L.5,500.00; 2009: L.5,886.00; 2010: L.5,886.00; 2011: L.5,886.00; 2012: L.5,886.00; 2013: L.7,312.04; 2014: L.7,312.04; 2015: L.8,489.28; 2016: L.8,489.28; 2017: L.9,700.00; 2018: L.10,300.00; 2019: L.10,300.00; SUB TOTAL: L.99,946.64; DECIMO CUARTO MES: 2006-2007: L.3.000.00; 2007- 2008: L.3.000.00; 2008-2009: L.5,500.00; 2009-2010: L.5,886.00; 2010- 2011: L.5,886.00; 2011-2012: L.5,886.00; 2012-2013: L.5,886.00; 2013- 2014: L.7,312.04; 2014-2015: L.7,312.04; 2015-2016:L.8,489.28; 2016-2017:L.8,489.28; 2017-2018:L.10,300.00; 2018-2019: L.10,300.00; SUB TOTAL. L. 96,946.64; 4) ELVIRA YOHANA VELASQUEZ HERNANDEZ, L.201,480.53 así: VACACIONES: 2011-2012: L.2,383.29; 2012-2013: L.4,090.50; 2013-2014: L.5,605.79; 2014-2015: L.7,923.18; 2015-2016: L.7,923.18; 2016-2017: L.9,600.00; 2017-2018: L.10,300.00; L.58,125.94; 2018:2019: L.10,300.00; SUBO TOTAL: DECIMO TERCER MES: 2011: L.5,011.01; 2012: L.6,817.75; 2013: L.7,312.04; 2014: L.7,860.44; 2015: L.8,489.28; 2016: L.8,489.28; 2017: L.9,600.00; 2018: L.10,300.00; 2019: L.10,300.00; SUBTOTAL: 74,179.80; DECIMO CUARTO MES: 2011-2012: L.6,817.75; 2012-2013: L.7,312.04; 2013-2014: L. 7,866.44; 2014-2015: L.8.489.28; 2015-2016: L.8.489.28; 2016-2017: L.9,600.00; 2017-2018: L.10,300.00; 2018:2019: L.10,300.00; SUBTOTAL: 69,174.79;; III) Declarando SIN LUGAR la demanda promovida por la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO, actuando en su condición de Apoderado legal de los señores DUNIA YAMILETH CHAVARRIA, LETICIA ISBELA CACERES AVILA, GUSTAVO ADOLFO MEJIA ORTIZ y ELVIRA YOHANA VELASQUEZ HERNANDEZ, contra el INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP) por medio de su Director Ejecutivo el señor ROBERTO ENRIQUE CARDONA LOPEZ, por el pago de indemnización por violación a derechos fundamentales vía Ley de Inspectoría del Trabajo contentiva en el artículo 90; IV) ABSUELVE Al INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP) por medio de su Director Ejecutivo el señor ROBERTO ENRIQUE CARDONA LOPEZ, a pagar en concepto de indemnización por violación a derechos fundamentales vía Ley de Inspectoría del Trabajo contentiva en el artículo 90 a los señores DUNIA YAMILETH CHAVARRIA, LETICIA ISBELA CACERES AVILA, GUSTAVO ADOLFO MEJIA ORTIZ Y ELVIRA YOHANA VELASQUEZ HERNANDEZ; V) Declarar SIN LUGAR la EXCEPCION PERENTORIA DE PRESCRIPCION planteada por la representante procesal Demandada; VI) Declarando SIN LUGAR las COSTAS”. VII.- Que revisado el fallo expuesto en el numeral que antecede, se concluye, que los juzgadores de instancia después de un proceso de deliberación y valoración deben resolver las cuestiones planteadas en él iter procesal, cumpliendo con los requisitos formales en el contenido interno de los fallos judiciales de conformidad a la ley, lo que implica que al momento de su emisión se debe cumplir con el deber de claridad, exhaustividad y congruencia. Al revisarse el fallo impugnado el mismo incumple con el deber de claridad, ya que si bien el Ad quem, al confirmar el fallo de primera instancia hace suyos todos los fundamentos y pronunciamientos del mismo en cuanto se declara con lugar la pretensión de permanecía de los demandantes, en los cargos ostentados; al mismo tiempo en el romano II, numeral 1) del referido fallo se condena a la demandada a que emita acuerdos en relación a la permanencia de los demandantes, cuando ésta es potestad de la autoridad nominadora o de quien delegue y la jurisdicción del trabajo está instituida para decir los conflictos jurídicos que se origine directa o indirectamente del contrato de trabajo, y no en relaciones de servidores públicos. Por lo expuesto procede la nulidad del fallo de conformidad a lo dispuesto en los artículos 22 y 207 numeral 2) del Código procesal Civil y artículo 2 numeral 2 del Código del Trabajo. VIII.- Que toda persona tiene el derecho de poder ejercitar o promover las acciones que estime pertinentes en defensa de sus derechos y derivado de ello también tiene el derecho a recibir una respuesta del órgano jurisdiccional, previo a seguirse el debido proceso, resolución que deberá ser congruente, motivada, imparcial y apegada al ordenamiento jurídico y a los principios generales del derecho laboral. IX.- Con base a lo establecido en el artículo 726 del código del Trabajo, así como el artículo 8 del Código Procesal civil, referente a la celeridad procesal deberá el Ad Quem, resolver de forma prioritaria dicha nulidad por ser un juicio que ya ha sido de conocimiento y estudio procurando brindar una pronta respuesta a las partes procesales. X.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. XI.- Que la nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella, y debe cuando conste en autos, decretarse de oficio, aunque las partes no la aleguen. XII.- Que, por las razones antes expuestas, es procedente ANULAR DE OFICIO la sentencia recurrida. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 59, 60, 90 párrafo primero, 128, 303, 304, 313 numeral 5), 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1, 8.2. h) 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 8, 2 numeral 2)665, 666 letra c) 726, 776, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22 y 206 del Código Procesal Civil; 9 y 11del Código Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, de fecha 09 de junio 2021. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó el Magistrado. ROY PINEDA CASTRO. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLOS. ROY PINEDA CASTRO, COORDINADOR, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO DE LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los dieciséis días del mes mayo del dos mil veintitrés; certificación de la sentencia de fecha doce de abril del dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Casación número CL464-2021. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. SECRETARIO SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.