Sentencia CL-448-22 — Registro 17494
Resumen
Reforma la sentencia declarando ha lugar el recurso de apelación de la demanda ordinaria laboral de primera instancia por despido directo e injustificado, pago de preaviso, cesantía, cesantía proporcional, vacaciones proporcionales, aguinaldo proporcional, décimo cuarto mes proporcional, reajuste de salario mínimo, salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además, es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden. IV.- Que por Acceso a la Justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial."...
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que toda persona tiene el derecho de poder ejercitar o promover las acciones que estime pertinentes en defensa de sus derechos y derivado de ello también tiene el derecho a recibir una respuesta del órgano jurisdiccional, previo a seguirse el debido proceso, resolución que deberá ser congruente, motivada, imparcial y apegada al ordenamiento jurídico y a los principios generales del derecho laboral. VIII.- Con base a lo establecido en el artículo 726 del Código de Trabajo, así como el artículo 8 del Código Procesal civil, referente a la celeridad procesal deberá el Ad Quem, resolver de forma prioritaria dicha nulidad por ser un juicio que ya ha sido de conocimiento y estudio procurando brindar una pronta respuesta a las partes procesales. IX.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. X.- Que la nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella, y debe cuando conste en autos, decretarse de oficio, aunque las partes no la aleguen. "...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 206 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que toda persona tiene el derecho de poder ejercitar o promover las acciones que estime pertinentes en defensa de sus derechos y derivado de ello también tiene el derecho a recibir una respuesta del órgano jurisdiccional, previo a seguirse el debido proceso, resolución que deberá ser congruente, motivada, imparcial y apegada al ordenamiento jurídico y a los principios generales del derecho laboral. VIII.- Con base a lo establecido en el artículo 726 del Código de Trabajo, así como el artículo 8 del Código Procesal civil, referente a la celeridad procesal deberá el Ad Quem, resolver de forma prioritaria dicha nulidad por ser un juicio que ya ha sido de conocimiento y estudio procurando brindar una pronta respuesta a las partes procesales. IX.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. X.- Que la nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella, y debe cuando conste en autos, decretarse de oficio, aunque las partes no la aleguen. "...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 206 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha quince de diciembre del dos mil veintidós, por el Abogado CLEVE CORDELL BODDEN DIXON, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil MILTON BIGHT HOLDING COMPANY S.A., como recurrente; además es parte recurrida, la señora ELSY NALLELY MELENDEZ CALDERON, representada en juicio por el Abogado RUBEN ANTONIO AGUIRRE INESTROZA. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral de primera instancia por despido directo e injustificado, pago de preaviso, cesantía, cesantía proporcional, vacaciones proporcionales, aguinaldo proporcional, décimo cuarto mes proporcional, reajuste de salario mínimo, salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, costas, promovida ante el Juzgado de Letras Departamental de Roatán, Departamento de Islas de la Bahía, en fecha dos de octubre del dos mil veinte, por la señora ELSY NALLELY MELENDEZ CALDERON, mayor de edad, soltera, hondureña, Bachiller en Ciencias y Letras y Técnico en Informática, con domicilio en el Departamento de Islas de la Bahía, contra la “sociedad mercantil MILTON BIGHT RESORT S.A. Denominada “TURQUOISE BAY DIVE & BEACH RESORT”, a través de su representante el señor KYLE TREVOR MCNAB THOMPSON”. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha diecisiete de junio del dos mil veintidós, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, que falló REFORMANDO la sentencia de fecha cuatro de marzo del dos mil veintidós, proferida por el Juzgado de Letras Departamental de Roatán, Departamento de Islas de la Bahía, de la siguiente manera: “RESUELVE: 1:Declarar Ha Lugar el Recurso de Apelación de que se ha hecho mérito; 2: Reformar la sentencia de primera instancia, la que se leerá así: "Primero: DEMANDA LABORAL PARA EL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES POR DESPIDO DIRECTO E INJUSTIFICADO PAGO DE PREAVISO, CESANTIA. CESANTIA PROPORCIONAL. VACACIONES PROPORCIONALES. AGUINALDO ROPORCIONAL. DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL. REAJUSTE DE SALARIO MINIMO.- SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS, MAS COSTAS DEL PRESENTE JUICIO. Segundo: condenar a la demandada a pagar la cuantía de: Preaviso: veinticinco mil setecientos noventa y cuatro lempiras (Lps.25,794.00); Cesantía: ciento tres mil ciento setenta y seis lempiras (Lps.103,176.00); Auxilio de Cesantía Proporcional: nueve mil ochocientos cincuenta y un lempiras con ochenta y ocho centavos (Lps.9,851.88) Vacaciones Proporcionales: seis mil quinientos sesenta y siete con noventa y dos centavos (Lps. 6,567.92) Aguinaldo Proporcional: tres mil quinientos noventa y dos con setenta y ocho centavos (Lps. 3,592.78), Décimo cuarto mes Proporcional: nueve mil ciento veinte con trece centavos (Lps. 9,120.13); rebajando la cantidad de Lps. 6,677.15 por pago de derechos. Mas los salarios dejados de percibir hasta que quede firme esta sentencia. Tercero: declarar no lugar el reajuste al salario mínimo. Cuarto:Sin costas”. ANTECEDENTES DE HECHO 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción que, “comenzó a laborar en la empresa MILTON BIGHT RESORT S.A, denominada “TURQUOISE BAY DIVE & BEACH RESORT”, en fecha 23 de julio del año 2011, desempeñándose inicialmente como cajera y recepcionista de la empresa”, siendo su último puesto hasta el día de su despido recepcionista, con un horario rotativo semanalmente de lunes a domingo de 6:00 am a 2:00 pm o de 2:00 pm a 10:00 pm, devengando un salario promedio mensual de L. 11,054.66. Resulta que fue despedida el 27 de abril del año 2020, por motivos de la pandemia COVID-19, fundamentándose para ello la empresa demandada en el artículo 2 del acuerdo ejecutivo, PCM 021-2020, que estableció: “PROHIBICIONES ESPECIALES, 1.- Suspender las labores en el sector público y privado durante el de excepción, 2.- Prohíben eventos de todo tipo y números de personas, 3.- Suspensión de funcionamiento del transporte público, 4.- suspensión de celebraciones religiosas presenciales, 5.- Prohíbe el funcionamiento de los negocios incluyendo centros comerciales, 6.- Ordena el cierre de todas las fronteras áreas terrestres y marítimas en todo el territorio nacional”; y en el artículo 111 numeral 6 del Código de Trabajo, que se refiere a las causas de terminación de contrato de trabajo y los numerales 1, 2, 3, 4 y 6 del Código de Trabajo, donde se observa que la empresa demandada ha dado una interpretación equivocada al artículo 111 en su numeral 6 específicamente en lo que respecta del caso fortuito o fuerza mayor, en este caso para que se dé la terminación del contrato deberá ser un caso fortuito o fuerza mayor de grandes magnitudes que puede ser por ejemplo un terremoto que se desaparezca la infraestructura y la materia prima de la empresa en su totalidad. Argumento también que la empresa demandada durante la pandemia se ha dedicado a hacer mejoras en las instalaciones de la empresa para una mejor estética y presentación y que ya estableció sus operaciones de trabajo normalmente. La parte demandante alega que lo que debió realizar la empresa demandada era la suspensión de sus labores hasta por 120 días, como lo establecen los artículos 99 y100 numeral 2 del Código de Trabajo, y si la empresa demandada quería terminar la relación laboral con la demandante tenía que pagarle sus prestaciones al 100% tal y como lo establece la ley. Que ha sido tan injusta la empresa demandada que ha pretendido pagarle a la demandante únicamente los derechos adquiridos y hacerle deducciones de dinero que no debe, por otro lado, en la misma fecha del despido la obligaron a firmar un acuerdo extrajudicial para el pago de los derechos laborales queriendo pagarle en dos partes la cantidad de L.13,534.29, donde se tiene entendido que todo acto de compensación, liquidación, transacción o convenio celebrado entre el obrero y el patrono, para que tenga validez deberá hacerse ante las autoridades del trabajo correspondientes, tal y como lo establece el artículo 379 del Código de Trabajo; manifestando el patrono en dicho acuerdo extrajudicial que no comparece a la autoridad del trabajo correspondiente a homologar debido al cierre indefinido causado por la pandemia del COVID-19; y al hacer semejante aseveración que se encuentra al libre albedrío en materia administrativa laboral, hecho este que es irrisorio en vista que las obligaciones de la autoridad administrativa laboral en este departamento fueron delegadas y asumidas por este Órgano Jurisdiccional, por lo que el mismo carece de valor probatorio tal y como lo establece la norma laboral al no haberlo realizado ante la autoridad laboral competente, por lo que se solicita que se declare nulo. 2. La parte demandada, contestó dicha demanda señalando lo siguiente: “1.- Resulta que mi representada MILTON BIGHT HOLDING COMPANY, S.A., propietaria del Hotel "TURQUOISE BAY DIVE & BEACH RESORT", es una empresa que se dedica y depende exclusivamente de la industria hotelera-turística, que opera en Resort o hotel en donde laboraba la demandante, es decir, la actividad comercial de la Empresa o Hotel, es, como el sentido común, nos haría entender, es alojar o hospedar turistas o huéspedes que vienen a la Isla de Roatán, a vacacionar, bucear o cualquier otra actividad que implique quedarse en un Hotel, de tal manera que el hospedar o alojar huéspedes y proporcionar servicios de buceo es la esencia de su razón de ser y a lo que se dedica la empresa y en lo que trabaja la demandante. 2.- Como es de conocimiento público, en el mes de marzo del 2020, el país (y el mundo entero) empezó a ser afectado por la presencia del virus del Covid-19, que creó una situación de Emergencia Nacional que obligó al gobierno decretar ciertas medidas con el fin de proteger la vida de las personas, la salud y sobrevivencia de la nación, y entre sus primeras disposiciones fue el decreto ejecutivo PCM 021-2020 de 15 de marzo del 2020, que como lo señala la Actora en el numeral segundo de su demanda, la misma ordenaba la suspensión de las labores en el sector público y privado, (excepto las esenciales) durante el tiempo de excepción; prohibía eventos de todo tipo y aglomeración de personas; ordeno suspensión del transporte público, suspensión de celebración religiosas; cierre de negocios no esenciales, y ordenó el cierre de la frontera terrestres, aéreas y marítimas.- Esta situación de emergencia nacional obligó a la demandada al cierre su establecimiento, recuerde, estamos hablando de un Resort o Hotel que se dedica a hospedar turistas o viajeros, ya que no pueden venir a la Isla por el Virus COVID-19 y por la orden del gobierno del cierre de las actividades no esenciales, y siendo que nuestro establecimiento o hotel no era de las consideradas esenciales, por orden del gobierno estaba obligada al cierre de sus operaciones, desde el 16 de marzo del 2020, hasta el mes de septiembre del año en curso, ya que no es hasta este mes (septiembre 2020) cuando se alivió un poco las medidas y permite el transito limitado de las personas conforme al último dígito de su número de identidad o pasaporte; situación que no es desconocido para el señor Juez, ni para ninguna otra persona, puesto que todos hemos sido afectados por la misma situación. 3.- Los hechos relatados en el numeral segundo, obligaron a la empresa a notificar a la demandante la terminación de la relación de trabajo, en base a lo que establece el numeral 6 del Artículo 111 del Código de Trabajo, que textualmente y sin ambigüedad establece lo siguiente: Son Causas de terminación de los contratos de trabajo: 1), 2), 3), 4), 5), 6) Caso Fortuito o Fuerza Mayor.- Aquí vemos que nuestro Código de Trabajo claramente establece que tanto el caso fortuito como la fuerza mayor son causas de terminación d la relación de trabajo, sin responsabilidad de las partes puesto que el párrafo segundo del Articulo 111 claramente establece lo siguiente: “En los casos previstos en los sietes primeros incisos de este Artículo, la terminación del contrato no acarreará responsabilidad para ninguna de las partes”.- Mas clara no poder ser la ley, no existe responsabilidad de ninguna de las partes en el caso de la terminación de la relación de trabajo por motivo de caso fortuito o fuerza mayor.- A manera de ilustración para la parte demandada, no hay que confundir el numeral 12 del Articulo 111 con el párrafo segundo del Artículo 111 del Código de Trabajo…. es cierto que en el mes de octubre del presente la empresa ha intentado reiniciar actividades, pero el despido se hizo el 27 de abril del 2020, es decir, hace seis meses, tampoco es ignorado para ninguna persona cuerda que la presencia de huéspedes o visitantes o turistas en la Isla de Roatán, ni siquiera llega a un treinta (30%) por ciento de lo normal, (antes habían vuelos internacionales todos los días, ahora una vez a la semana ...quizás); además porque todavía hay restricciones en el tránsito de las personas, y no se puede incorporar a todos los trabajadores si la operación está en un treinta por ciento (30% de lo que era antes; en cuanto a su alegato que había que suspender por 120 veinte días antes de despedir, no tiene fundamento legal, la suspensión es una opción que tiene las empresas y el despido por caso fortuito o fuerza mayor también es una opción que tiene la empresa puede usar cualquiera de las opciones y las dos para trabajadores distintos. 6.- La empresa en el momento del despido de la trabajadora demandante ofreció pagarle sus derechos adquiridos, que es a lo que tiene derecho, y la actora lo aceptó y firmó el arreglo extrajudicial, nadie la obligó a tal arreglo, tal como lo hizo ella lo aceptó y lo hizo otros trabajadores, y hubo algunos que no lo aceptó, porque era su opción, tal como lo era para la actora.- La demandante pretende alegar que tal arreglo carece de eficacia legal porque no se hizo ante autoridad del trabajo, acaso hemos de recordar a la parte demandante que simplemente no había oficina administrativa del trabajo el día 27 de abril del 2020, ya que la Procuraduría del Trabajo en esta ciudad fue cerrada del 16 de marzo del 2020 hasta el 19 de octubre del 2020, y el Juzgado no fue autorizado por Corte Suprema a celebrar audiencias conciliatorias hasta el mes de mayo del 2020, de tal manera que no había donde celebrar una audiencia conciliatoria con la demandante el 27 de abril del 2020, por tal motivo en la cláusula cuarto del arreglo conciliatoria se ambas partes establecieron lo siguiente: "Ambas partes manifiestan su acuerdo y aceptación con el presente acuerdo, reafirmando su validez legal por la imposibilidad de celebrar el mismo ante autoridad administrativa del trabajo debido al cierre indefinido de dichas oficinas en este municipio por la crisis del covid-19 y la urgencia de celebrar el mismo a fin de que el trabajador (a) tenga una entrada económica durante estos meses de crisis de incertidumbre", por lo que el acuerdo es válido y a la actora no se le debe nada y se debe desestimar la demanda”. 3. El Juzgado de Letras Departamental de Roatán, Departamento de Islas de la Bahía, en fecha cuatro de marzo del dos mil veintidós, dictó sentencia que en su parte conducente, dice: “FALLA: 1)Declarando PARCIALMENTE CON LUGAR la "Demanda Ordinaria Laboral de Primera Instancia por Despido Directo e Injustificado.- Pago de Preaviso.- Cesantía.- Cesantía Proporcional.- Vacaciones Proporcionales.- Aguinaldo Proporcional.- Décimo Cuarto Mes Proporcional.- Reajuste de Salario Mínimo.- Salarios dejado de Percibir a Título de Daños y Perjuicios.- Costas del Presente Juicio", promovido por la señora Elsy Nallely Meléndez Calderón. de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia, en contra de la sociedad mercantil Milton Bight Holding Company, S.A., denominada "Turquoise Bay Dive & Beach Resort" a través de su representante el señor Kyle Trevor Mcnab Thompson. 2) Declara NO HA LUGAR, la pretensión de condena al pago de preaviso, cesantía y salarios dejados de percibir a título de daños v perjuicios. 3) SE CONDENA a la empresa demandada Milton Bight Holding Company, S.A., denominada “Turquoise Bay Dive & Beach Resort” a través de su representante el señor Kyle Trevor Mcnab Thompson, a pagarle a la demandante señora Elsy Nallely Meléndez Calderón, la cantidad de veintiséis mil doscientos setenta y un lempiras con cuarenta y nueve centavos (L. 26,271.49), Que se desglosa de la siguiente manera: a) Vacaciones proporcionales= L. 5,942.24; b) Aguinaldo Proporcional= L.3,528.06; c) Decimo Cuarto mes proporcional= L. 8,361.78; y d) Reserva laboral= L.8,439.41. A la cantidad descrita deberá de restarse la cantidad de L. 6,677.15 ya abonados a la demandante. Sin más deducciones que la indicada anteriormente. SIN COSTAS”, bajo el criterio que el punto central del debate es la interpretación de la notificación escrita de terminación de la relación de en fecha 27 de abril del año 2020. La parte demandante interpreta y argumenta que el decreto ejecutivo PCM-021-2020 en su artículo 2 numeral 1, al referir, "prohibiciones especificas: 1) Se suspenden labores en el sector público y privado durante el tiempo de excepción”; ordenaba a los patronos realizar el procedimiento de suspensión de los contratos de trabajo contemplado en los artículos 99 al 110 del Código de Trabajo. El artículo 17 del Código Civil define las reglas de interpretación de las leyes e indica literalmente "No podrá atribuirse a la vez otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del legislador". Los términos utilizados por el legislador en el decreto ejecutivo PCM 021-2020, son precisos y no permiten entender la interpretación que persigue la parte demandante. El numeral primero del artículo 2 del decreto ejecutivo referido utiliza la expresión "se suspenden labores". Las primeras dos palabras de esta expresión "se suspenden”, es una forma pronominal del verbo suspender, el cual es definido por el diccionario de la Real Academia Española como proveniente del latin suspendere, en dos definiciones: 1. Levantar, colgar o detener algo en alto o en el aire, y 2. Detener o diferir por algún tiempo una acción u obra. El articulo objeto de análisis, utiliza obviamente la segunda definición. La palabra labores, es un sustantivo femenino, que significa la acción o efecto de trabajar conforme la Real Academia Española. Este vocablo es un sinónimo de la palabra trabajo. Lo anterior se resuelve categóricamente la interpretación que debe darse de la expresión se suspenden labores, consistente en la orden de detener el trabajo. El decreto ejecutivo PCM 021-2020 ordena detener o diferir labores. No es posible la interpretación perseguida por la parte demandante que entendió que consistía en una orden de suspender contratos de trabajo. Además de lo anterior la parte demandante alega, que la parte demandada a definido erradamente la pandemia del covid-19, como un caso fortuito o fuerza mayor. El caso fortuito es definido en el derecho como un evento de la naturaleza que es impredecible. Claro que si, al ser que los virus son microrganismos que causan diversas enfermedades Introduciéndose como parásito en una célula para reproducirse en ella. Estos microrganismos no son creados por el hombre forman parte de la naturaleza. El Covid-19 es la enfermedad causada por el coronavirus. Pandemia, es una enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. Es así que llegamos a la conclusión lógica que, si un virus es parte de la naturaleza, consecuentemente la enfermedad que causa lo es también, y lógicamente una enfermedad epidémica o pandemia es otro acto o evento de la naturaleza. La crisis sanitaria causada por el coronavirus era impredecible, por tanto, un caso fortuito. Los terremotos, huracanes o pandemias son ejemplos claros de casos fortuitos la fuerza mayor por otra parte es un evento causado por el hombre que es inevitable. El estado de excepción decretado por el gobierno central y las restricciones adoptadas durante este periodo son claros ejemplos de fuerza mayor. En ese sentido la empresa demandada estaba obligada a cerrar y dejar de operar conforme a lo ordenado en el PCM 021-2020. El capítulo VII, del título II del Código de Trabajo se refiere a la terminación del contrato de trabajo. Este capítulo señala tres métodos o fórmulas para terminar la relación de trabajo, estas se contemplan en los artículos 111, 112 y 114. El articulo 111 define las causas de terminación de los contratos de trabajo, dentro de este artículo se enuncia en el numeral 6, el caso fortuito o fuerza mayor. En ese sentido lo actuado por la empresa y manifestado mediante la notificación escrita de fecha 27 de abril del es una habilitación que concede la norma para que el patrono pueda dar por terminado el contrato de trabajo. Este artículo establece taxativamente que no existe responsabilidad de ninguna de las partes por terminación del contrato de trabajo por motivos de caso fortuito o fuerza mayor. En consecuencia, no procede el reclamo de la parte demandante por estar proscrito así por la norma. La prueba testifical y el interrogatorio de parte evacuado acreditan que la empresa demandada no funciono por motivos de la pandemia desde marzo del 2020 a octubre del mismo año. La parte interrogada aceptó haber recibido un primer cheque por parte de la empresa demandada en concepto del acuerdo extrajudicial. Si bien ese acuerdo extrajudicial no tiene validez por no estar homologado, la realidad es que la demandante recibió ya un adelanto de lo que le correspondería en concepto de derechos adquiridos por la terminación del contrato de trabajo. En consecuencia, de lo anterior, debe restarse la cantidad de L.6,677.15 de la suma del cálculo de los derechos adquiridos y reserva laboral. La cantidad a deducir se desprende al relacionar el interrogatorio de parte con la copia del cheque que obra a folio 24 de la foliada. La parte demandada no acreditó el origen de las deducciones que ascienden a L.10,321.63 y que se detalla en el cálculo de prestaciones realizado por la empresa como se observa a folio 9. En consecuencia, no se deducirá esa cantidad de dinero en concepto de deducciones del cálculo final. 4. La Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha diecisiete de junio del dos mil veintidós, dictó sentencia que, en su parte conducente, dice: “RESUELVE: 1:Declarar Ha Lugar el Recurso de Apelación de que se ha hecho mérito; 2: Reformar la sentencia de primera instancia, la que se leerá así: "Primero: DEMANDA LABORAL PARA EL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES POR DESPIDO DIRECTO E INJUSTIFICADO PAGO DE PREAVISO, CESANTIA. CESANTIA PROPORCIONAL. VACACIONES PROPORCIONALES. AGUINALDO ROPORCIONAL. DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL. REAJUSTE DE SALARIO MINIMO.- SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS, MAS COSTAS DEL PRESENTE JUICIO. Segundo: condenar a la demandada a pagar la cuantía de: Preaviso: veinticinco mil setecientos noventa y cuatro lempiras (Lps.25,794.00); Cesantía: ciento tres mil ciento setenta y seis lempiras (Lps.103,176.00); Auxilio de Cesantía Proporcional: nueve mil ochocientos cincuenta y un lempiras con ochenta y ocho centavos (Lps.9,851.88) Vacaciones Proporcionales: seis mil quinientos sesenta y siete con noventa y dos centavos (Lps. 6,567.92) Aguinaldo Proporcional: tres mil quinientos noventa y dos con setenta y ocho centavos (Lps. 3,592.78), Décimo cuarto mes Proporcional: nueve mil ciento veinte con trece centavos (Lps. 9,120.13); rebajando la cantidad de Lps. 6,677.15 por pago de derechos. Mas los salarios dejados de percibir hasta que quede firme esta sentencia. Tercero: declarar no lugar el reajuste al salario mínimo. Cuarto:Sin costas”. Bajo el criterio que ha quedado acreditado en los hechos probados que, si existió una relación laboral, que dio inicio y finalización en las fechas aceptadas por ambas partes, así como el promedio de los últimos salarios de la trabajadora, por lo tanto, la testigo Jami Daveiba Castro Ávila, declaró justamente sobre la relación laboral lo cual no es un hecho controvertido y sobre como terminó la misma; y sobre lo mismo versó el interrogatorio de parte que rindió la demandada. En consecuencia, estando así los hechos, no habiéndose aportado contrato de trabajo, ni otra prueba que acredite el salario de la trabajadora, daremos por cierto el monto que la misma estipuló en su demanda, por ende, basta leerla para determinar que en ningún hecho se desarrolla por que a la misma se le adeuda un reajuste al salario mínimo; cuando se aprecia que al menos ganaba este último; por lo tanto, tal cuantía peticionada no se le concederá. El resto de la cuantía reclamada se considera pues no hubo una clara oposición a la misma en base que el cálculo estuviera mal elaborado según el salario promedio mensual. Que dada la anterior consideración corresponde a la trabajadora probar que la relación laboral terminó por iniciativa del patrono y a este la justa causal de dicha terminación, constituyendo esto el debate en esta instancia, si la relación de trabajo terminó por una causa legal y justa. En consecuencia, la empleada logró probar la terminación de dicha relación se una nota que recibió el 27 de abril del año 2020, que es a lo que estaba obligada según la carga de la prueba. Que el hecho jurídico es el acaecimiento que se produce en el mundo exterior que comporta la modificación en cuanto a creación, mera alteración o extinción de una realidad jurídica determinada existente entre dos o más personas. Que, de conformidad a lo antes manifestado, resulta claro que en este caso el mundo vivió una pandemia por el virus de covid 19 lo cual fue y es un hecho notorio, no se necesita ser científico para decirlo; y ello dado incluso los decretos que se emitieron por las autoridades limitando circulación y dando otro tipo de directrices, efectivamente podemos afirmar que reúne las dos condiciones de caso fortuito y fuerza mayor. Que la anterior situación afecto a ambas partes de la relación laboral, que se entiende la posición de empresarios y patronos en general que vieron la finalidad económica de sus rubros totalmente obstruida y sin ganancias; pero también esa falta de ingresos y en este caso de salarios afecto a la clase trabajadora. Sin embargo, hay principios a favor de la misma como los de: buena fe, ajenidad de riesgos e irrenunciabilidad de sus derechos que no hacen interpretar los hechos en su favor a manera que no salgan afectados con el pago de sus derechos completos, ya que se le afectó el derecho a la estabilidad laboral. Lo cual en ningún momento fue el interés o finalidad última del decreto señalado en la nota de terminación de relación de trabajo y aportado por la parte demandada como medio de prueba. Es así que, el hecho probado estableciendo la causal que la parte demandada indicó para su accionar como lo fue dar por terminada la relación de trabajo, si bien es cierto está en la ley; no tienen los alances para prácticamente despedir con indolencia a una empleada sin pagarle todos sus derechos laborales; es causal solo de una suspensión del contrato de trabajo por un tiempo determinado, vencido el cual se podrá estimar otra institución relacionada a la finalización del contrato. Todo llevándose el procedimiento y plazos establecidos en la ley y explicados en el decreto proporcionado por el patrono. Al no haberlo manejado dicha parte, es claro definir que la nota que se relaciona también en los hechos probados solo dio lugar a un despido ilegal e injusto. Hay una notoria diferencia que existe en un despido con o sin causal legal y justa; y entre la terminación unilateral de la relación laboral por cualquiera de las causas establecidas en el artículo 111 del código que rige esta materia. Pero no es una cuestión semántica, de agregarle un nombre y artículos en la redacción de dicha nota, sino de subsumir la causal de manera justa en la realidad, obteniendo la autorización correspondiente, procediendo primero a la suspensión del contrato de trabajo. Así mismo el párrafo segundo del artículo 82 de la Constitución de la República recoge el derecho individual de acceso a la justicia, estableciendo que "Los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes". Por ello, la actora tiene el derecho de acudir a los órganos jurisdiccionales a dilucidar su situación jurídica, aun y cuando firmó un documento, hecho que es aceptado por ambas partes, pero tal y como lo expone el apoderado apelante el mismo no reúne los requisitos de ley, pues no está realizado según lo establecido al artículo 378 del Código de Trabajo. Además, no es una cuestión finiquitada pues había un saldo pendiente; de una cuantía escueta en abierta violación a sus derechos laborales. Por lo que en base a los principios ya señalados no tenemos por qué darle validez, sino que es nulo de pleno derecho. Pero en respeto al principio de que no se permite el enriquecimiento sin causa, el valor ya cobrado por la trabajadora debe deducirse de la cuantía a condenar. 5. Mediante auto de fecha veintidós de septiembre del dos mil veintidós, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado CLEVE CORDELL BODDEN DIXON, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil MILTON BIGHT HOLDING COMPANY S.A., contra la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha quince de diciembre del dos mil veintidós, compareció ante este Tribunal el Abogado CLEVE CORDELL BODDEN DIXON, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil MILTON BIGHT HOLDING COMPANY S.A., formalizando su demanda, exponiendo tres motivos de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de fecha quince de diciembre del dos mil veintidós, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha tres de agosto del dos mil veintitrés, se declaró precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por parte del Abogado RUBEN ANTONIO AGUIRRE INESTROZA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente a la Magistrada ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.- Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. II.- Que el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. - Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente".III.- Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además, es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden. IV.- Que por Acceso a la Justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial. V.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. VI.- Que revisado el fallo expuesto en el numeral que antecede, se concluye, que los juzgadores de instancia después de un proceso de deliberación y valoración deben resolver las cuestiones planteadas en él iter procesal, cumpliendo con los requisitos formales en el contenido interno de los fallos judiciales de conformidad a la ley, lo que implica que al momento de su emisión se debe cumplir con el deber de claridad, exhaustividad y congruencia. Al revisarse el fallo impugnado el mismo incumple con el deber de claridad, ya que si bien el Ad quem, al reformar el fallo de primera instancia devenía obligado a determinar en su parte dispositiva quien es la parte Recurrente que declara con lugar el recurso así como a quien expresamente condena en este caso siendo una Sociedad Mercantil tal como aparece en la escritura de constitución de la misma y a quien está obligado a pagar con el nombre completo, para no tener confusión al momento de la ejecución de la sentencia, por lo expuesto procede la nulidad del fallo de conformidad a lo dispuesto en los artículos 22 y 207 numeral 2) del Código procesal Civil y artículo 2 numeral 2 del Código de Trabajo. VII.- Que toda persona tiene el derecho de poder ejercitar o promover las acciones que estime pertinentes en defensa de sus derechos y derivado de ello también tiene el derecho a recibir una respuesta del órgano jurisdiccional, previo a seguirse el debido proceso, resolución que deberá ser congruente, motivada, imparcial y apegada al ordenamiento jurídico y a los principios generales del derecho laboral. VIII.- Con base a lo establecido en el artículo 726 del Código de Trabajo, así como el artículo 8 del Código Procesal civil, referente a la celeridad procesal deberá el Ad Quem, resolver de forma prioritaria dicha nulidad por ser un juicio que ya ha sido de conocimiento y estudio procurando brindar una pronta respuesta a las partes procesales. IX.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. X.- Que la nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella, y debe cuando conste en autos, decretarse de oficio, aunque las partes no la aleguen. XI.- Que, por las razones antes expuestas, es procedente ANULAR DE OFICIO la sentencia recurrida. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 59, 60, 90 párrafo primero, 128, 303, 304, 313 numeral 5), 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1, 8.2. h) 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 8, 2 numeral 2)665, 666 letra c) 726, 776, 777 y 858 del Código de Trabajo; 22 y 206 del Código Procesal Civil; 9 y 11del Código Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia definitiva dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de la sección judicial de La Ceiba, Atlántida, de fecha diecisiete de junio del dos mil veintidós que obra a folios 20 al 31 de la segunda pieza de autos. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó la Magistrada ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ROY PINEDA CASTRO, COORDINADOR, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de febrero del dos mil veinticuatro; certificación de la sentencia de fecha veintiocho de septiembre del dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL448-2022. FIRMA Y SELLO.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ.
SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.