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Sentencia CL-444-21 — Registro 15819

Resumen

Demanda Laboral de emplazamiento por despido injustificado que se declare la ilegalidad y nulidad absoluta de un acto administrativo, audiencia de cargos y descargos por mal procedimiento de carácter particular en materia de personal, violación al derecho de la defensa, condenando al Estado de Honduras al reintegro y permanencia, pagándoles los salarios dejados de percibir, pago de todos los beneficios que otorgan los Contratos Individuales, costas,

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que también y con respecto a los denominados contratos de servicios profesionales, esta Sala comparte el criterio de la Sala de lo Constitucional de este Tribunal, que ha venido señalando “…que en cuanto a los contratos de servicios profesionales entre otras, presentan las siguientes características a saber: a) Prevalece la autonomía de la voluntad de las partes contratantes; b) No está supeditada a una dirección inmediata, ni recibe instrucciones; c) La prestación del servicio o trabajo es bajo la égida de conocimientos científicos, y quien ejerce los mismos debe tener un título facultativo y autorización legal para prestarlos, amén de estar colegiado; d) No está sujeto a un horario de trabajo; e) Su remuneración es en concepto de honorarios profesionales, los cuales son pactados libremente, y podrán ser pagados de manera sucesiva o bien en un solo pago; y f) Al terminar la relación profesional, no se puede reclamar indemnización alguna…Que no obstante lo pactado por las partes en los llamados contratos de servicios profesionales, es menester señalar que la relación de trabajo ésta por principio, protegida por la presunción legal que prevé el Artículo 21 del Código del Trabajo en el sentido de que la misma está regida por un contrato de trabajo…”(Ver sentencias del 30 de septiembre del 2016, expedientes AL 273-15 y AL 694-15, del 19 de octubre del 2016, expediente AL 777-14).-"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 21 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..." Se deben recordar las líneas jurisprudenciales que ha establecido este Tribunal sobre el tema de la proporcionalidad, expuestas en la sentencia dictada el 31 de julio del 2018, en el expediente CL 150-17, donde se señalara: 1) “que en el ámbito laboral predomina el principio de proporcionalidad, según el cual debe existir una correlación entre la falta cometida y la sanción impuesta, de manera que el empleador debe demostrar efectivamente que el trabajador incurrió en una falta de tal naturaleza que por su gravedad hace imposible el sostenimiento de la relación laboral por el perjuicio que la actividad irregular del trabajador le ha ocasionado a la institución y el apoderado demandado no aportó prueba de los perjuicios ocasionados a su representada, todo lo cual vuelve inadmisible dicho motivo…”(ver sentencia del 28 de septiembre del 2010, expediente CL 44-09).- 2) “…Que en materia laboral, en base al principio de la continuidad de la relación laboral, lo que debe imperar en ella es la intención de que la relación de trabajo se mantenga, mientras no surjan circunstancias que la hagan imposible de sostener; ya que proceder así equivale a buscar la estabilidad laboral, principio inspirador de todo ordenamiento jurídico, especialmente por lo dispuesto en el artículo 129 de la Constitución de la República; de igual manera por el principio de “proporcionalidad” debe existir una correlación entre la falta cometida y la sanción impuesta, de manera tal que el empleador debe demostrar efectivamente que el trabajador ha incurrido en una falta de tal naturaleza que por su gravedad haga imposible el sostenimiento de la relación laboral por el perjuicio que la actividad irregular del trabajador le ocasionaría a la empresa…”(ver sentencia del 26 de agosto del 2014, expediente CL 72-13)."...

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el contrato colectivo de trabajo, es todo convenio escrito relativo a las condiciones de trabajo y empleo celebrado entre un patrono, un grupo de patronos o una o varias organizaciones de patronos, por una parte, y, por otra, una o varias organizaciones de trabajadores, los representantes de los trabajadores de una o más empresas o grupos de trabajadores asociados transitoriamente.-",,,

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 53 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el motivo expresado anteriormente llena los requisitos de ley y procede su admisión.- "...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veintitrés de enero de dos mil veintitrés.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 16 de junio del 2022, por el Abogado JOSE MARIA DIAZ AVILA, en su condición de representante procesal de las señoras JENNIFER ILIANA ESCOTO ROSALES y REYNA MARIA SALGADO ALVARADO, como recurrentes; además, es parte recurrida, EL ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por el Abogado ESAU ANTONIO MIDENCE RODAS. OBJETO DEL PROCESO: Demanda Laboral de emplazamiento por despido injustificado que se declare la ilegalidad y nulidad absoluta de un acto administrativo, audiencia de cargos y descargos por mal procedimiento de carácter particular en materia de personal, violación al derecho de la defensa, condenando al Estado de Honduras al reintegro y permanencia, pagándoles los salarios dejados de percibir, pago de todos los beneficios que otorgan los Contratos Individuales, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 3 de agosto del 2018, por las señoras JENNIFER ILIANA ESCOTO ROSALES, casada, Licenciada en Administración de Empresas, y REYNA MARIA SALGADO ALVARADO, soltera, Perito Mercantil y Contador Público, ambas hondureñas, mayores de edad y de este domicilio, contra EL ESTADO DE HONDURAS, a través de la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, por actuaciones de la DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS (DARA). El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 23 de febrero del 2021, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 31 de octubre del 2019 dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: I.- Declarar SIN LUGAR la EXCEPCION PERENTORIA DE PAGO, opuesta por el representante procesal de la parte demandada. II.- Declarar SIN LUGAR la DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE EMPLAZAMIENTO POR DESPIDO INJUSTIFICADO QUE SE DECLARE LA ILEGALIDAD Y NULIDAD ABSOLUTA DE UN ACTO ADMINISTRATIVO AUDIENCIA DE CARGOS DESCARGOS POR MAL PROCEDIMIENTO DE CARÁCTER PARTICULAR EN MATERIA PERSONAL. VIOLACION AL DERECHO DE DEFENSA. CONDENANDO AL ESTADO DE HONDURAS AL REINTEGRO Y PERMANENCIA A NUESTRO CARGO O PUESTO DE TRABAJO PAGANDONOS LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE EL DIA DE NUESTRA CANCELACION HASTA EL DIA QUE SE NOS SEÑALE LA FECHA NUESTRO REINTEGRO CON TODOS LOS INCREMENTOS SALARIALES DEJADOS DE PERCIBIR A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS.-PAGO DE TODOS LOS BENEFICIOS QUE OTORGAN LOS CONTRATOS INDIVIDUALES A LOS TRABAJADORES DURANTE LA SECUELA DEL JUICIO promovida por las señoras JENNIFER ILIANA ESCOTO ROSALES Y REYNA MARIA SALGADO ALVARADO en contra de la DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS (DARA) por medio de su Directora Adjunta Licenciada WENDY FLORES; II.- ABSUELVE a la DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS (DARA) por medio de su Directora Adjunta Licenciada WENDY FLORES y su Representante Legal señora Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA; del pago de prestaciones e indemnizaciones laborales; III.- Declara CON LUGAR, la demanda en cuanto al pago de derechos adquiridos en la demanda promovida por las señoras JENNIFER ILIANA ESCOTO ROSALES Y REYNA MARIA SALGADO ALVARADO en contra de la DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS (DARA), por medio de su Directora Adjunta Licenciada WENDY FLORES y Representante Legal señora Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA; IV.- CONDENA a la DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS (DARA) por medio de su Directora Adjunta Licenciada WENDY FLORES y Representante Legal señora Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA a pagar a las señoras JENNIFER ILIANA ESCOTO ROSALES la cantidad de OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS. (L.89,583.33) por los conceptos siguiente: AÑO 2017: DECIMO TERCER MES PROPORCIONAL: L. 25,000.00; DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL: L. 7,500.00; VACACIONES PROPORCIONALES: L. 8,750.00; AÑO 2018: DECIMO TERCER MES PROPORCIONAL: L. 15,750.00; DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL: L.31,583.33, VACACIONES PROPORCIONAL: LPS. 1000.00, Y REYNA MARIA SALGADO ALVARADO, la cantidad de VEINTISEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES CON TREINTA Y TRES CENTAVOS. (26,733.33) Por los conceptos siguientes: DECIMO TERCER MES PROPORCIONAL: L. 10,450.00; DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL: L. 10,450.00; VACACIONES PENDIENTES: L.5,833.33; SIENDO UN GRAN TOTAL CIENTO DIECISEIS MIL, TRECIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS. L 116.316.66. VI.- SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción que, la señora Jennifer Iliana Escoto Rosales, inició su relación de servicio en la Administración Pública en la Dirección Adjuntas de Rentas Aduanera (DARA) por contrato a partir del 01 de marzo al 31 de diciembre del año 2017, suscribiendo un total de 3 contratos de manera continua en el cargo de Analista de Recursos Humanos, devengando un salario de L. 30,000.00, posteriormente pidió traslado en UPEG unidad dentro de la Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA) suscribiendo contratos desde el 1 enero al 31 de julio del año 2018, haciendo un total de 5 contratos continuos en el cargo de Analista de UPEG, siendo esos sus últimos contratos, devengando un salario de L.30,000.00; y, la señora Reyna Maria Salgado Alvarado, inicio su relación laboral del 01 de marzo al 31 de julio del año 2018, suscribiendo un total de 4 contratos de manera continua en el cargo de Analista de Recursos Humanos devengando un salario de L. 30,000.00; se les entregó la nota de despido en fecha 19 de julio del 2018, por lo que no se acredito su salario completo del mes de julio del 2018, sino que lo hicieron de manera proporcional hasta los días trabajados; cuando había un contrato de terminación del 31 de julio del 2018, pues desde ahí hay un mal procedimiento y violentando su derecho a recibir un salario justo y completo; mediante nota de fecha 19 de julio del año 2018, se les informó que habían tomado la decisión de dar por terminado el contrato de trabajo sin responsabilidad por esa Dirección Adjuntas de Rentas Aduanera (DARA), comenzando con el mal procedimiento en específico con la nota de despido consigna el nombre en el caso de Jennifer Iliana Escoto Rosales como Jennifer Ilana Escoto Rosales, segundo nombre que no corresponde al nombre de una de las demandantes, por lo tanto este documento es sujeto a ser anulado pues no son los nombres correcto. Según aducen en la nota de terminación del contrato que se les realizó una Audiencia de Cargos y Descargos violentándose en su totalidad el artículo 92 del Código del Trabajo en su inciso 9) que establece “el reglamento además de las prevenciones que se estimen convenientes contendrá: … 9) Las disposiciones disciplinarias y procedimientos para aplicarlas...y que la suspensión del trabajo sin goce de salario, no puede decretarse por más de ocho días sin antes de haber oído al interesado y nunca se harán anotaciones malas a los trabajadores, sin la previa comprobación de las faltas cometidas debiendo intervenir en ambos casos el delegado del sindicato y a falta de éste un representante de los trabajadores”. En virtud que no existe un Reglamento Interno en la Dirección Adjunta de Rentas Aduanera, la Ley laboral es clara y ya establece esta sanción si en realidad el patrono prueba la falta cometida, aplicando una sanción como es el Despido sin estar tipificado en ningún Reglamento Interno, mucho menos se especifica cómo están clasificadas las faltas que cometa el trabajador ya sea falta grave, leve menos grave; faltando totalmente al debido proceso. Encima violentando el derecho a la defensa en el sentido de que no les permitieron que se defendieran, lejos de ser una verdadera audiencia de cargos y descargo, como en todo proceso administrativo, al trabajador primero se le indica por que fue llamado a esa Audiencia y que goza del derecho a la defensa, a sus medios de pruebas como ser documental y testifical, en este caso no se les permitió un testigo que pudiera hablar para su defensa, ya que se les informó que el testigo no podía hablar, definiéndolo como testigo silencioso, por lo que consideran que esto falta a su defensa, ya que llevan a un medio testifical que no podía hablar, donde debieron exponer su defensa clara y concreta y no en forma de interrogatorio tal y como la desarrollaron, pues lo demostraron con la copia de la Audiencia de cargos y descargo a la cual les hicieron de forma errónea pues todas estas lagunas tienen que quedar bien especificadas en un procedimiento dentro del Reglamento Interno de la Institución del cual no existe, al no existir dicho Reglamento se aplica la Ley General, la cual es clara en su artículo 92 del Código del Trabajo en su inciso 9); si bien es cierto que en fecha 4 de julio del 2018, se les hizo una mal lograda Audiencia de Cargos y Descargos, en las que se les acusa de modificaciones al reloj en el sistema biométrico de marcas de entrada y salida, beneficiándose de esas modificaciones, argumentando que no tienen soportes lo cual es totalmente falso, cuando se realizó la Audiencia de Cargos y Descargo se les dijo verbalmente el mismo día de la audiencia que no podían sacar ningún documento en su defensa, de manera virtual así como llevar un testigo, cometiendo con esto una clara infracción al ordenamiento jurídico y al debido proceso; en consecuencia se debe declarar la ilegalidad y nulidad absoluta de dicha Audiencia de Cargos y Descargos en virtud que en la cedula de citación que se les entrega para la audiencia cargos y descargo, argumentan que según el memorándum DARA-GIT 0363-2018 de fecha 19 de junio del 2018 se realizó una revisión y control al sistema de empleados Cross Chex encontrando como resultado modificaciones a 56 empleados a los registros de entrada y salida del personal que labora en DARA, sin tener justificación; supuestamente el Departamento de Recursos Humanos como dice la nota hace una exhaustiva investigación en libros y expedientes laborales para justificar los documentos soporte de los 56 empleados que modificaron sus entradas y salidas, y encontrando como resultados que sólo 6 personas incluidas las demandantes no tenían documentación soporte, Reporte que nunca les fue presentado en dicha audiencia, pues la carga de la prueba la lleva quien acusa; Por otro lado ejerciendo su derecho a la defensa, lograron presentar documentos soportes donde probaban que la acusación era incorrecta, de igual manera en el acta de la audiencia de descargos en su parte de cierre en el penúltimo párrafo se estipula “Se adjunta documentos de presentación de descargo por las ciudadanas... y desvirtuacion de los hechos”, si en la audiencia se estipula que se han desvirtuado los hechos, no comprenden cual es la razón de tiempo después tomar una medida de despido basado en esta audiencia comprobando así el mal procedimiento; argumentan que cometieron una falta grave según el artículo 111 numeral 7) del Código del trabajo articulo mal aplicado pues al caso que les ocupa no cabe, el artículo es claro donde en una de sus partes dice que debe justificarse a juicio de la Dirección de General del Trabajo o sus representantes los motivos de tal desconfianza, procedimiento que tampoco se hizo si fuera el caso de desconfianza pues el patrón no ha probado la pérdida de confianza en virtud de que no tienen acceso a manipular dicho reloj de marcadas de entradas y salidas. En la misma nota les acusan según en aplicación al artículo 112 literal e), i) lo cual tampoco es aplicable al caso, en virtud que no tienen accesos a modificar el Reloj de marcadas de entradas y salidas, ni tampoco se les probó que han solicitado que la persona encargada del reloj como dice la nota de despido les hiciera tal modificación; en otros artículos que siguen aplicando mal, que son los artículos 97 y 98 sobre las obligaciones de los trabajadores, considera que la Institución demandada tampoco probó si incurrieron en el incumplimiento de los mismos y de los cuales se les acusa; sigue argumentando en la Cedula de citación a la audiencia de cargos y descargos que en fecha 21 de junio del 2018, Recursos Humanos solicito a la Secretaria de Trabajo la asignación de un Inspector, en fecha 22 de junio se hizo presente el Inspector de la Secretaria del Trabajo a efecto de constatar el procedimiento realizado por el Departamento de Infotecnologia y Recursos Humanos al Sistema Cross Chex por un periodo comprendido del 1 de enero al 6 de junio del 2018, donde se lleva el control de entradas y salidas del reloj marcador del personal, mismo que fue puesto a la vista de la Inspectora, quien constato el procedimiento que realizo el Técnico de Informática demostrándole a la Inspectora que el sistema fue manipulado, surgen las interrogantes ¿está calificada técnicamente el Inspector del Trabajo, para que de fe que en realidad fue manipulado el sistema?, ¿está calificado el Técnico para dar un Dictamen de Modificación en poco tiempo?, ¿la Inspectora supo detectar quien fue la que realizo la modificación? ¿cómo sabe la Inspectora que fueron las demandantes quienes manipularon el reloj de entrada y salida? cuando supuestamente la investigación fue por 56 trabajadores; El debido proceso establece que quien acusa e imputa un delito o falta debe de tener la carga de la prueba, si la Comisionada Presidenta del DARA o la Gerente de Recursos Humanos les están acusando que se modificaron sus entradas y salidas a la Institución, pero nunca probaron en la audiencia que en realidad hubo una modificación al Reloj o que las mismas las realizaron ellas, no aceptan dichas acusaciones. Según la nota de terminación de contrato se basan en el artículo 112 numeral 1) del Código del Trabajo “la negativa manifiesta...o el no acatar el trabajador, en igual forma y en perjuicio del patrono las normas que este o su representante en la dirección de los trabajos le indiquen con claridad para obtener la mayor eficacia y rendimiento en las labores que se están ejecutando” el patrono no tiene ninguna prueba para acusarles de que su rendimiento no es eficaz o que haya disminuido, pues no tienen llamados de atención sobre este particular. También mal aplican el inciso i) “cualquier violación grave de las obligaciones prohibiciones especiales que incumben al trabajador de acuerdo con los artículos 97 y 98 o cualquier falta grave calificada como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrarios, contratos individuales, o reglamentos siempre que el hecho este debidamente comprobado y que en la aplicación de la sanción se observe el respetivo procedimiento reglamentario o convencional”, otro artículo mal aplicado es el 97 del Código del Trabajo en sus numerales 1), “realizar personalmente la labor en los términos estipulados; observar los preceptos del Reglamento y acatar y cumplir las órdenes e instrucciones de modo particular les impartan el patrono o su representante, según el orden jerárquico establecido”, numeral 2) “ejecutar por sí mismo su trabajo con la mayor eficiencia, cuidado y esmero, en el tiempo lugar y condiciones convenidas”, numeral 3) “observar buenas costumbres y conductas ejemplar durante el servicio”, numeral 13) “cumplir las demás obligaciones que les impongan este Código, las leyes y Reglamentos de Trabajo, una clara infracción al ordenamiento jurídico ya que la Dirección Adjunta de Rentas Aduanera no tienen un reglamento interno y desconocen las sanciones que se aplican a las faltas”. En el caso de la demandada Reyna Maria Salgado Alvarado le hicieron un llamado de atención justamente el día de la citación de la audiencia, pero fueron contestados y desvirtuando de lo que le acusaban, en el caso de Jennifer Iliana Escoto Rosales, jamás le hicieron un llamado de atención además de que en sus expedientes no hay notas ni llamados de atención sobre la aplicación de estos artículos; es por ello que interponen Demanda solicitando el reintegro y permanencia a su puesto de trabajo, en virtud del mal procedimiento por su despido, asimismo que se declare la ilegalidad y nulidad absoluta de todo lo actuado en dicha Audiencia de Cargos y Descargos, ya que se les violentó el derecho a su defensa al debido proceso y la mala aplicación de los artículos que no son conforme a derecho ni al caso que se les ocupa. En clara violación al debido proceso en la audiencia de cargos y descargos, el patrono no pudo sostener la carga de la prueba de lo hechos que les acusaban, ni tampoco se les aplicó ninguna sanción, si no días después les sorprenden con la nota de despido sin ningún argumento, por lo que es extemporánea e ilegal el despido a su puesto de trabajo; en fecha 27 de junio del 2018, la señora Reyna María Salgado presente por escrito una denuncia ante el despido en el Comisionado Nacional De Los Derechos Humanos, donde hizo una narración de los hechos sobre los acosos y hostigamiento laborales que venía teniendo por parte del Asistente de la Gerencia de Recursos Humanos; en relación a la señora Jennifer Iliana Escoto Rosales, también interpuso denuncia de forma verbal que fue tomada en un acta que se encuentra en el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, donde expone todo el acoso laboral y hostigamiento por parte de la Gerente de Recursos Humanos y de su Asistente, hace referencia que no pertenecía a la Gerencia de Recursos Humanos, sin embargo le seguían hostigando laboralmente y le montaron persecución laboral llevando consigo un abuso de poder y la facilidad con que hacen las manipulaciones todo para causar daños personales tales como los que les acusan ahora y que injustamente les despidieron; Teniendo por agotada la vía administrativa ante la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, en virtud que las partes no lograron llegar a un acuerdo conciliatorio, quedando expedita la vía judicial.- 2. La parte demandada, EL ESTADO DE HONDURAS contestó dicha demanda señalando que no es suficiente la afirmación que haga la parte demandante en sus hechos de demanda, ya que debe fundarse en hechos reales y concretos, mismos que deben ser probados en juicio, pues en materia probatoria, es un principio universal que quien afirma una cosa es quien está obligado a probarla, constituyendo la máxima onus probandi encumbit actori, siendo que la prueba es el medio legal que sirve para demostrar la veracidad de los hechos que se alegan ante las autoridades judiciales, es preciso que la prueba se produzca de manera tal que la Honorable Juez pueda apreciarla e inspirarse en los principios de la sana critica para formar libremente su criterio. En materia laboral la carga probatoria se invierte solamente en cuanto a que le corresponde a la parte demandada probar la justa causa en que fundamentó el despido, y en efecto tuvo justa causa para dar por cancelada la relación laboral con las demandantes, lo que se explica en el desarrollo de los subsiguientes hechos y fundamentos de derecho que se exponen a continuación; los contratos suscritos en el caso de la Licenciada Jennifer Iliana Escoto Rosales, mantuvo una relación contractual de Servicios personales, mediante los contratos números 315/2018 con vigencia desde el 01 de enero al 28 de febrero de 2018; 638/2018 con vigencia de 01 de marzo 2018 hasta el 31 de marzo 2018; 820/2018 con vigencia del 01 de abril 2018 hasta el 31 de mayo 2018; 2247/2018 con vigencia del 01 de junio 2018 al 30 de junio 2018; y 2417/2018 con vigencia de 01 de julio al 31 de julio del 2018; en el caso de la señora Reyna Maria Salgado Alvarado mantuvo relación contractual de Servicios Personales con tiempo determinado, mediante los contratos números 713/2018, con vigencia del 01 de enero del 2018 al 31 de marzo 2018; 895/2018 con vigencia 01 de abril 2018 hasta el 31 de mayo 2018; 2319/2018 con vigencia 01 de junio 2018 al 30 de junio 2018 y 01 de julio 2018 al 31 julio 2018. Por lo que la Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras en cumplimiento y respetando el debido proceso y derecho de defensa, y en vista de las faltas graves cometidas por las demandantes, las citó para escuchar sus descargos, en la audiencia tuvieron la oportunidad de defenderse, se hicieron acompañar de un testigo, y como consecuencia de haber quedado probado fehacientemente las faltas cometidas se procedió a notificarles sus despidos en fecha 19 de julio del año 2018, pagándose los días trabajados tal como en derecho corresponde; se debe aclarar que en relación a la notificación del despido, es preciso mencionar que un error involuntario en el segundo nombre no ocasiona nulidad de un proceso disciplinario y un despido, ya que ella acepta de forma expresa que fue contra ella quien se lleva cabo el procedimiento laboral por parte de la Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras; asimismo en relación a lo que aduce no haberse cumplido el debido proceso importante que se le citó en legal y debida forma, indicándosele las faltas que se le imputaban contando con un tiempo prudencial para preparar su defensa, asimismo y al momento de la celebración de las audiencias de cargos y descargos, pudieron defenderse, acompañadas en el momento del testigo nominado, existen las actas que serán anexadas y presentadas como medio de prueba, donde se demuestra que se llevó de forma libre y espontánea, y que si bien es cierto no existe un reglamento interno de trabajo, en respeto, protector y garantista de derechos laborales realizó audiencia de cargos y descargos y obteniendo el resultado de despido por las faltas cometidas, ya que se probó que efectivamente tenían y aceptaron la colusión con la persona encargada del reloj biométrico para modificar siendo esto faltas graves que le facultan, amparado en el artículo 112 del Código de Trabajo a realizar el respectivo despido legal y justificado; ya que las audiencias de cargos y descargos cumplieron su objetivo principal, siendo este, que las demandantes pudieran expresar sus argumentos de defensa ante un debido proceso bien fundamentado, además en la cita de comparecencia a la audiencia de cargos y descargos estipularon las preguntas a realizarse y los cargos que se le impusieron, lo cual el principio procesal del debido proceso alude a la capacidad que tienen las partes de ser oídos, igualdad procesal y que se respeten los plazos en los momentos procesales oportunos; el reintegro, permanencia y demás derechos, únicamente son procedentes cuando el despido al que ha sido objeto un trabajador es sin falta justificada, y considerando que quedó debidamente comprobada la comisión de las faltas graves cometidas por las demandantes, y que se evacuó en su oportunidad la audiencia de descargo, para respetar su derecho de defensa, audiencia en la que las demandantes aceptaron que habían cometido faltas como llegadas tardes, y modificaciones en el sistema biométrico en el cual se detectó una serie de irregularidades a favor de las partes requirentes, y en vista que las mismas se impusieron dentro del mismo mes que el patrono se enteró de la comisión de la misma, es que la cancelación de las demandantes es legal, y consecuentemente no les corresponde el derecho al reintegro, permanencia ni mucho menos los salarios dejados de percibir; no obstante, es preciso aclarar que cumplió con el debido proceso que preceptúa un conjunto de reglas mínimas, que deben observarse en las instancias procesales y en ningún momento la Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras falto a esas reglas mínimas, ya que las demandantes tuvieron acceso a defenderse y presentar los medios de prueba oportunos al proceso, cabe mencionar que las citas o actuaciones deben de realizarse en el momento procesal oportuno y en efecto a través de la Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA), realizo el procedimiento en el plazo que establece el Código de Trabajo en su artículo 863 del Código de Trabajo que estatuye “los derechos y acciones de los patronos para despedir justificadamente a los trabajadores o para disciplinar sus faltas al contrato de trabajo prescriben en un (1) mes” por lo tanto se cumple lo establecido con el debido proceso, asimismo se exige que se realice por autoridad competente razón por la cual fue la Gerencia de Recursos Humanos la que designo a la autoridad administrativa para que se realizara procedimiento de cargos y descargos en el momento procesal oportuno, de igual manera en cumplimiento a que el resultado sea eficaz y oportuno la Comisionada Presidente de la COPRISAO, después de observar y analizar los puntos antes mencionados tomo la decisión de realizar los despidos, por estar apegado a derecho el procedimiento realizado.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 31 de octubre del 2019, dictó sentencia misma que en su parte resolutiva dice: “FALLA: I.- Declarar SIN LUGAR la EXCEPCION PERENTORIA DE PAGO, opuesta por el representante procesal de la parte demandada. II.- Declarar SIN LUGAR la DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE EMPLAZAMIENTO POR DESPIDO INJUSTIFICADO QUE SE DECLARE LA ILEGALIDAD Y NULIDAD ABSOLUTA DE UN ACTO ADMINISTRATIVO AUDIENCIA DE CARGOS DESCARGOS POR MAL PROCEDIMIENTO DE CARÁCTER PARTICULAR EN MATERIA PERSONAL. VIOLACION AL DERECHO DE DEFENSA. CONDENANDO AL ESTADO DE HONDURAS AL REINTEGRO Y PERMANENCIA A NUESTRO CARGO O PUESTO DE TRABAJO PAGANDONOS LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE EL DIA DE NUESTRA CANCELACION HASTA EL DIA QUE SE NOS SEÑALE LA FECHA NUESTRO REINTEGRO CON TODOS LOS INCREMENTOS SALARIALES DEJADOS DE PERCIBIR A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS.-PAGO DE TODOS LOS BENEFICIOS QUE OTORGAN LOS CONTRATOS INDIVIDUALES A LOS TRABAJADORES DURANTE LA SECUELA DEL JUICIO promovida por las señoras JENNIFER ILIANA ESCOTO ROSALES Y REYNA MARIA SALGADO ALVARADO en contra de la DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS (DARA) por medio de su Directora Adjunta Licenciada WENDY FLORES; II.- ABSUELVE a la DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS (DARA) por medio de su Directora Adjunta Licenciada WENDY FLORES y su Representante Legal señora Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA; del pago de prestaciones e indemnizaciones laborales; III.- Declara CON LUGAR, la demanda en cuanto al pago de derechos adquiridos en la demanda promovida por las señoras JENNIFER ILIANA ESCOTO ROSALES Y REYNA MARIA SALGADO ALVARADO en contra de la DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS (DARA), por medio de su Directora Adjunta Licenciada WENDY FLORES y Representante Legal señora Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA; IV.- CONDENA a la DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS (DARA) por medio de su Directora Adjunta Licenciada WENDY FLORES y Representante Legal señora Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA a pagar a las señoras JENNIFER ILIANA ESCOTO ROSALES la cantidad de OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS. (L.89,583.33) por los conceptos siguiente: AÑO 2017: DECIMO TERCER MES PROPORCIONAL: L. 25,000.00; DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL: L. 7,500.00; VACACIONES PROPORCIONALES: L. 8,750.00; AÑO 2018: DECIMO TERCER MES PROPORCIONAL: L. 15,750.00; DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL: L.31,583.33, VACACIONES PROPORCIONAL: LPS. 1000.00, Y REYNA MARIA SALGADO ALVARADO, la cantidad de VEINTISEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES CON TREINTA Y TRES CENTAVOS. (26,733.33) Por los conceptos siguientes: DECIMO TERCER MES PROPORCIONAL: L. 10,450.00; DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL: L. 10,450.00; VACACIONES PENDIENTES: L.5,833.33; SIENDO UN GRAN TOTAL CIENTO DIECISEIS MIL, TRECIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS. L 116.316.66. VI.- SIN COSTAS…”. Bajo el criterio que, del análisis de las prueba allegadas al juicio se concluye, que la parte demandada ha probado de manera fehaciente la causa justa que lo motivó a dar por terminado los Contratos de Trabajo de las demandantes al haber cometido falta grave en el desempeño de sus cargos, hechos debidamente comprobado mediante procedimiento señalado en la ley laboral, previo a ejecutar la acción de despido; las demandantes en cambio no han probado el despido injusto e ilegal de que han sido objeto por parte de su empleador, determinando que procede declarar sin lugar la demanda de mérito.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 23 de febrero del 2021, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas. Bajo el criterio que del estudio de los hechos y derechos así como los medios de prueba acreditados en este juicio, ha llegado al convencimiento que la sentencia definitiva dictada por el Juez A-quo y que se revisa en apelación está apegada a derecho y procede su confirmatoria, este convencimiento se fundamenta en los hechos de la demanda, la contestación y los documentos allegados al proceso por las partes, quedó probado en juicio la relación laboral que existió entre trabajador y empleador, así como el salario devengado y el puesto desempeñado, así como las faltas graves cometidas por las demandantes, el no pago de los derechos adquiridos, en consecuencia la sentencia definitiva dictada en primera instancia está apegada a derecho.- 5. Mediante auto de fecha 15 de noviembre del 2021, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado MARIO GUILLERMO MONTES MONTOYA en su condición de representante procesal de las señoras JENNIFER ILIANA ESCOTO ROSALES, y REYNA MARIA SALGADO ALVARADO, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha 16 de junio del 2022, compareció ante este Tribunal el Abogado JOSE MARIA DIAZ AVILA, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de fecha 16 de junio del 2022, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 23 de agosto del 2022 se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por el Abogado ESAU ANTONIO MIDENCE RODAS, en condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que el Abogado JOSE MARIA DIAZ AVILA, en su primer motivo de casación alega: “Acuso la sentencia ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta del artículo 113 interpretado párrafo 2) literal b del Código del Trabajo en relación con los Artículos 112 literal i) y el Artículo 117 siempre del Código del Trabajo que regula las causales del despido directo y el contenido de la nota de despido respectivamente y siempre en relación con los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo, por error de hecho, derivado de la apreciación errónea de la prueba documental privada admitida a la parte demandante visible a folios 12 y 71 de la primera pieza de autos consistentes en prueba documental privada denominada notas de despido, que adelante singularizo, en relación con el resto de material probatorio. SINGULARIZACIÓN DE LA PRUEBA: La prueba erróneamente apreciada es la documental privada que obra a folios 12 y 71 del expediente de primera instancia, que se refieren a las notas de despido de las señoras JENNIFER ILANA ESCOTO ROSALES Y DE REYNA MARIA SALGADO, ambas de fecha 19 de julio del año 2018 firmadas por la Comisionada Presidenta de la Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras en donde se puede observar que ambas notas de despido se fundamentan en el artículo 112 literal i) del Código del Trabajo. Siempre en relación con el resto del material probatorio. NORMAS PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIO PARA LA VIOLACIÓN DE LA LEY SUSTANTIVA: Las normas procesales que llevaron a la violación de las normas sustantivas indicadas como violadas son los artículos 738 y 739. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765 numeral primero párrafo segundo del Código del Trabajo. DOCTRINA: En numerosas sentencias, la Corte Suprema ha precisado las características que debe tener el error de hecho para que sea "manifiesto". Así, este Tribunal ha señalado que para que pueda casarse una sentencia por error de hecho "es requisito indispensable que sea manifiesto o contraevidente y trascendente. Lo primero implica que la conclusión de hecho a que llegó el juzgador resulte evidentemente contraria a la realidad fáctica exteriorizada en la prueba, esto es, que se aprecie de bulto y no después de un intrincado análisis. Lo segundo, que el error incida en la decisión final, descartándose, por tanto, el inane o irrelevante". En otras ocasiones, este tribunal ha precisado que para que opere en casación, el yerro debe ser "tan grave y notorio que a simple vista se imponga a la mente, sin mayor esfuerzo ni raciocinio, o, en otros términos, de tal magnitud, que resulte contrario a la evidencia del proceso (véase sentencias C.L.638-17, C.L.625-16, C.L.329-16). El error de hecho debe resultar entonces de contra evidencias notorias y patentes, ya que la equivocación debe ser protuberante y aparecer a primera vista. Por eso se trata de una falla, si se quiere tan "intolerable", que "la simple observación del expediente ponga de manifiesto con absoluta certeza". En tal contexto, la exigencia de que el error de hecho sea manifiesto, en principio se justifica por cuanto, como se ha insistido, el tribunal de casación no es un juez de instancia ni un cuerpo para corregir todos los eventuales errores cometidos en los procesos. Por ende es legítimo que, por razones de seguridad jurídica, deba presumirse que la sentencia de instancia ha acertado, pues las controversias judiciales deben tener un final. Esas sentencias llegan entonces a la casación amparadas por una presunción de acierto y legalidad, como lo ha dicho en incontables oportunidades la Corte Suprema de Justicia, por lo cual, bien puede la ley determinar que sólo aquellos errores fácticos que tengan la entidad suficiente para romper esa presunción de acierto del juez de instancia, y que hayan implicado una violación de la ley, son susceptibles de hacer prosperar este recurso extraordinario, como es el caso de mérito. EXPLICACIÓN DE LA VIOLACIÓN: El Tribunal Ad-Quem, al confirmar la sentencia de primera instancia, incurrió en infracción indirecta por error de hecho de las normas señaladas como infringidas, por cuánto aprecia de manera equivocada la prueba arriba singularizada tal como consta en los folios 12 y 71 (f) de la primera pieza de autos, en su numeral Considerando 7, donde establece: "Que del estudio de los hechos y derechos así como los medios de prueba acreditados en este juicio, este Tribunal de Alzada ha llegado al convencimiento que la sentencia definitiva dictada por el Juez A-Quo y que se revisa en apelación está apegada a derecho y procede su confirmatoria, este convencimiento se fundamenta en los hechos de la demanda, la contestación y los documentos allegados al proceso por las partes, quedó probado en juicio la relación laboral que existió entre trabajador y empleador, así como el salario devengado y el puesto desempeñado, así como las faltas graves cometidas por las demandantes, el no pago de los derechos adquiridos, en consecuencia la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de esta Sección Judicial el 31 de octubre del 2019 está apegada a derecho". Lo cierto es que el Tribunal Ad quem como el A Quo en sus respectivas sentencias aplican el artículo 117 que regula la nota de despido y al no apreciar correctamente la misma en los folios ya señalados incurren en la infracción alegada ya que LA SALA LABORAL en numerosas ocasiones ha sentado el criterio jurisprudencial que la Nota de despido deberá de contener la falta cometida por el trabajador estableciendo que fue lo que pasó, donde pasó y como pasó, en ningún momento la normativa laboral exige la fundamentación jurídica de la nota de despido y peligra el patrono que lo haga ya que si la causal señalada o invocada por el patrono no calza con la fundamentación jurídica utilizada en la misma nota de despido, se está ante un despido ilegal ya que poco o nada tiene que ver el artículo 112 literal i) que establece lo siguiente: "la negativa manifiesta y reiterada del trabajador a adoptar las medidas preventivas o a seguir los procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades, o el no acular el trabajador, en igual forma y en perjuicio del patrono, las normas que este o su representante en la dirección de los trabajos le indiquen con claridad, para obtener la mayor eficacia y rendimiento en las labores que se están ejecutando" con el caso que nos ocupa ya que no fue objeto del proceso ni del debate que las trabajadoras adoptasen o no, las medidas preventivas para evitar accidentes o enfermedades. Por tal razón el Tribunal Ad Quem incurre en la infracción alegada y se solicita se estime este motivo para que en definitiva el fallo sea impugnado. Es evidente entonces que la correcta apreciación de la prueba documental privada denominada notas de despido de las trabajadoras en mención dan pie para que el Juzgador de Instancia condene a la demandada al reintegro y al pago de los salarios dejados de percibir. Es por eso os ruego a vosotros poder analizar la defectuosa apreciación de la prueba por error de hecho invocado en este motivo junto con el resto del material probatorio para que el mismo sea estimado y en consecuencia sea casado parcialmente el presente recurso y una vez casada la demanda se declare CON LUGAR la misma. Se hace mención de los argumentos y escritos de demanda de la primera instancia en virtud que el Tribunal Ad Quem Confirmo la sentencia del A Quo y al hacerlo, hace suyos dichas consideraciones al no variar sus argumentaciones jurídicas.- III. Que el motivo expresado anteriormente llena los requisitos de ley y procede su admisión.- IV. Que el Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente “Acuso la sentencia ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta del artículo 113 interpretado párrafo 1) literal b) en relación con el Artículo 127 de la Constitución de la República y 738 y 739 del Código del Trabajo, por error de hecho, derivado de la apreciación errónea de la prueba documental admitida a la parte demandada denominada Informe DARA-RRHH-006-2018 de la Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras visible a folio 169 (f) y el Informe DARA-RRHH-002-2018 de la Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras visible a folio a 158 (f), correspondientes a las trabajadoras JENNIFER ILIANA ESCOTO ROSALES Y REYNA MARIA SALGADO respectivamente de la primera pieza de autos, en relación con el resto de material probatorio. SINGULARIZACIÓN DE LA PRUEBA: La prueba erróneamente apreciada es la documental que obra a folios 169 (f) y 158 (f) del expediente de primera instancia, que se refieren a las INFORMES hechos por la Gerencia de Recursos Humanos respecto a las faltas cometidas por las demandantes, de fechas cinco de julio del 2018, respectivamente, donde claramente se puede observar que en sus conclusiones el Patrono en este caso acepta en su informe que la falta cometida de adulterar el reloj biométrico fue hecha por el trabajador encargado de ese aparato y no por mis poderdantes como lo pretende hacer ver el demandado. NORMAS PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIO PARA LA VIOLACIÓN DE LA LEY SUSTANTIVA: Las normas procesales que llevaron a la violación de las normas sustantivas indicadas como violadas son los artículos 738 y 739. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765 numeral primero párrafo segundo del Código del Trabajo. DOCTRINA: La casación es un recurso extraordinario, con fundamento constitucional expreso, que tiene esencialmente una función sistémica, por lo cual no puede confundírsela con una tercera instancia. La exigencia de que el error de hecho sea manifiesto, en principio se justifica por cuanto el tribunal de casación no es un juez de instancia ni un cuerpo para corregir todos los eventuales errores cometidos en los procesos. Bien puede la ley determinar que sólo aquellos errores fácticos que tengan la entidad suficiente para romper esa presunción de acierto del juez de instancia, y que hayan implicado una violación de la ley, son susceptibles de hacer prosperar este recurso extraordinario. La demanda de casación más que un culto a la forma, son supuestos esenciales de la racionalidad de la casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice el recurso y, en su lugar, opere una tercera instancia no prevista en la ley. En razón de lo anterior es necesario recalcar que el error de hecho en materia laboral solo puede predicarse respecto de pruebas que efectivamente obre en el proceso y que por esa razón sean susceptibles de ser apreciadas por el Juzgador. Es indispensable entonces para quien pretenda acusar con éxito una sentencia por infracción indirecta de la ley como consecuencia de errores de hecho, la indicación concreta de la deficiencia en la apreciación probatoria en que haya incurrido el juez de instancia, precisando si la prueba fue mal apreciada o dejada de apreciar. EXPLICACIÓN DE LA VIOLACIÓN: El Tribunal Ad-Quem, al confirmar la sentencia de primera instancia, incurrió en infracción indirecta por error de hecho de las normas señaladas como infringidas, por cuánto aprecia incorrectamente la prueba denominada documental que obra a folios 158 y 169 de la primera pieza de autos del expediente de primera instancia, que se refieren sobre los informes elaborados por la Gerencia de Recursos Humanos y firmados por la Licenciada Melissa Cárcamo respecto a las trabajadoras JENNIFER ILIANA ESCOTO ROSALES Y REYNA MARIA SALGADO MATUTE, de fechas cinco de julio del año dos mil dieciocho. Si los tribunales de instancia hubieran apreciado la referida prueba hubiesen inferido que quien cometió la falta de manipular el reloj biométrico fue otra persona y no las trabajadores actoras de este proceso, es por eso necesario explicar que la libertad en la apreciación de las pruebas que tienen los juzgadores utilizando los principios de la sana critica que no es más que la lógica y la experiencia, los obliga en un proceso laboral pronunciarse de todo el material probatorio aportado por las partes otorgándole o restándole la fuerza probatoria que para ellos amerite, con la obligación de no dejar por fuera material debidamente incorporado al proceso. Por lo dicho, las conclusiones que hace el Tribunal Ad Quem del material probatorio recepcionado, se encuentran viciadas por no cumplir con el analisis de una o varias pruebas presentadas al proceso por ende no cumple con su función examinadora de las mismas y ocasiono que la sentencia viole la ley de forma indirecta a través del error de hecho por apreciación errónea de la prueba anteriormente referida. Tiene dicho la doctrina del derecho procesal que la apreciación conjunta de la prueba consiste en la actividad intelectual que debe realizar el juzgador de instancia analizando y conjugando los diversos elementos probatorios y a través de la cual llega a un convencimiento homogéneo sobre el cual habrá de edificar su fallo estimativo o desestimativo; es deber del juez y no mera liberalidad, evaluar en conjunto las pruebas para obtener todos los elementos aducidos de un resultado homogéneo o único, sobre el cual habrá de fundar su decisión final. En el caso de mérito cuando el Tribunal Ad Quem deja de hacerlo al igual que el A Quo fallan al principio de acierto que esta revestido las sentencias judiciales y causan una infracción a la ley, y que a través de este recurso la Honorable Sala Laboral-Contencioso Administrativo tiene la posibilidad de enmendar casando la sentencia y declarando CON LUGAR la demanda de mérito. Es por eso os ruego a vosotros poder analizar la falta de apreciación de la prueba anunciada en este motivo en relación con el resto del material probatorio para que el mismo sea estimado y en consecuencia sea casado el presente recurso de forma parcial y una vez casada la demanda se declare CON LUGAR la misma.- V. Que el cargo que antecede resulta admisible por llenar los requisitos de ley.- VI. El impetrante alega nulidad subsidiaria la cual aduce que: “En el remoto caso de no prosperar los motivos aquí bien explicados, solicito subsidiariamente se declare la NULIDAD de la sentencia impugnada, en base a la supletoriedad del Código del Trabajo enmarcada en el artículo 858 y los artículos que regulan la sentencia en el Código Procesal Civil que detallo a continuación: 200 numerales 1 y 2.c, en la parte que exige que los fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, deberá hacerse con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso, y como en el proceso disciplinario por parte del patrono y del proceso de la primera instancia utilizan el nombre de Jenifer Ilana Escoto persona que no es parte en el proceso, en consecuencia se solicita se ANULE el fallo impugnado, en virtud de prescindir normas esenciales del procedimiento y carente de exhaustividad y precisión. Por todo lo expuesto, en base a los artículos 211, 212 del Código Procesal Civil se solicita se proceda a declarar la NULIDAD SUBSIDIARIA de la sentencia recurrida”.- VII. Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente caso, donde la situación planteada ya ha sido resuelta en el momento procesal oportuno por el A Quo y confirmado por el Tribunal de apelación lo constituye en un objeto de litigio ya dirimido y agotadas sus instancias, sin embargo estudiado el caso en examen, éste Tribunal no estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria.- VIII. Que resultando ser admisibles el primer y segundo motivo, es procedente declarar ha lugar el recurso de mérito, casar la sentencia impugnada y a continuación, en sede de instancia, decidir lo que proceda conforme a la ley.- IX.- Que en el presente caso, los demandantes se contraen a pedir el pago a) despido injustificado y nulidad del acto administrativo de cancelación; b) reintegro sus puestos de trabajo; c) salarios dejados de percibir hasta que se del reintegro; d) todos los incrementos aplicados a los demás empleados en la ausencia de las mismas ; por su parte la demandada sostiene que rechaza lo alegados por las demandantes y que la relación era contractual no permanente pero al cometer falta grave y seguirse el procedimiento de ley se dio la terminación contractual.- X. Por lo que el OBJETO DEL DEBATE se centra en establecer si la acción de cancelación fue conforme a derecho y les corresponde el reintegro e indemnizaciones laborales.- XI. Que las partes propusieron sus medios de prueba en la manera siguiente: PARTE DEMANDANTE: DOCUMENTAL: a) nota de despido a la señora Jennifer Escoto por parte de la Comisionada presidenta (F12) ; b) acuse de recibo (F14) c) acta de cierre de las diligencias administrativas de la Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social de la señora Jennifer Escoto (F15) d) contratos firmados por la señora Jennifer Escoto con la Dirección Adjunta de rentas Aduaneras (DARA) (F 15 al 53) e) acta de audiencia de descargo realizada a señora Jennifer Escoto (F57 al 64) f) circular No. DARA RRHHH 025-2018 (F69 ) g) acta de cierre de las diligencias administrativas de la Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social de la señora REYNA MARIA SALGADO (F72) ;h) memorándum de llamado de atención (F73); i) denuncia interpuesta en el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos por la señora REYNA SALGADO (F 74 al 79); j) citación para audiencia de descargos (F80 Y 83); audiencia de descargo y citaciones (F 85 al 94); k) contratos firmados por la señora Reyna Salgado con la Dirección Adjunta de rentas Aduaneras (DARA) (F 95 al 116); PARTE DEMANDADA: DOCUMENTAL: a) recibo de ejecución de gastos transferidos a las demandantes (F 148 y 149); b) copia de auditoria realizada al sistema informático de asistencia de los empleados (F188 al 197); mediante oficio a) oficios recibidos de Aduanas No. DARA 098-2019 (F150 AL 153).- XII. Que de los hechos aceptados por las partes y del estudio del material probatorio allegado y practicado en el proceso, resultan los siguientes HECHOS PROBADOS: 1) la relación laboral existente entre las señoras JENNIFER ILIANA ESCOTO ROSALES y REYNA MARIA SALGADO ALVARADO con la DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERA (DARA); 2) la relación que tenían era de naturaleza permanente en virtud que las demandantes firmaron varios contratos para la mismas funciones y el cargo que desempeñaban es permanente en la Dirección como ser Analista de Derechos Humanos; 3) no se dio el pago completo según lo establecido en el contrato de trabajo; 4) en la audiencia de descargo llevada a cabo se violento el debido proceso al notificar con anticipación de la realización de la audiencia y los hechos que se le imputaba así mismo el derecho de defensa al poder llevar los medios de prueba pertinentes para su descargo sin que pudieran hacer uso de ellos; 5) al no tener reglamento interno de trabajo es imputable al patrono y no se pueden poner sanciones que no están establecidas en el mismo, volviendo nulo la acción de la cancelación del contrato.- XIII.- Que el contrato colectivo de trabajo, es todo convenio escrito relativo a las condiciones de trabajo y empleo celebrado entre un patrono, un grupo de patronos o una o varias organizaciones de patronos, por una parte, y, por otra, una o varias organizaciones de trabajadores, los representantes de los trabajadores de una o más empresas o grupos de trabajadores asociados transitoriamente.- XIV.- Que también y con respecto a los denominados contratos de servicios profesionales, esta Sala comparte el criterio de la Sala de lo Constitucional de este Tribunal, que ha venido señalando “…que en cuanto a los contratos de servicios profesionales entre otras, presentan las siguientes características a saber: a) Prevalece la autonomía de la voluntad de las partes contratantes; b) No está supeditada a una dirección inmediata, ni recibe instrucciones; c) La prestación del servicio o trabajo es bajo la égida de conocimientos científicos, y quien ejerce los mismos debe tener un título facultativo y autorización legal para prestarlos, amén de estar colegiado; d) No está sujeto a un horario de trabajo; e) Su remuneración es en concepto de honorarios profesionales, los cuales son pactados libremente, y podrán ser pagados de manera sucesiva o bien en un solo pago; y f) Al terminar la relación profesional, no se puede reclamar indemnización alguna…Que no obstante lo pactado por las partes en los llamados contratos de servicios profesionales, es menester señalar que la relación de trabajo ésta por principio, protegida por la presunción legal que prevé el Artículo 21 del Código del Trabajo en el sentido de que la misma está regida por un contrato de trabajo…”(Ver sentencias del 30 de septiembre del 2016, expedientes AL 273-15 y AL 694-15, del 19 de octubre del 2016, expediente AL 777-14).- XV.- Que no es la voluntad de las partes la que determina si un contrato representa o no una relación de trabajo, sino el hecho de que si esta relación cumple o no los requisitos establecidos por la ley para que se configure como tal, conforme el principio de primacía de la realidad. Por eso es necesario estudiar los elementos esenciales determinados por el Código del Trabajo para la existencia del contrato de trabajo, sin perder de vista que una vez reunidos los elementos de que trata el artículo 20 del precitado cuerpo legal, se entiende que existe contrato de trabajo y que no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen. En tal sentido, si se cumplen a cabalidad los elementos esenciales del precepto citado, existirá relación o contrato de trabajo a pesar de cualquier acto, estipulación o convención entre las partes.- XVI.- Se deben recordar las líneas jurisprudenciales que ha establecido este Tribunal sobre el tema de la proporcionalidad, expuestas en la sentencia dictada el 31 de julio del 2018, en el expediente CL 150-17, donde se señalara: 1) “que en el ámbito laboral predomina el principio de proporcionalidad, según el cual debe existir una correlación entre la falta cometida y la sanción impuesta, de manera que el empleador debe demostrar efectivamente que el trabajador incurrió en una falta de tal naturaleza que por su gravedad hace imposible el sostenimiento de la relación laboral por el perjuicio que la actividad irregular del trabajador le ha ocasionado a la institución y el apoderado demandado no aportó prueba de los perjuicios ocasionados a su representada, todo lo cual vuelve inadmisible dicho motivo…”(ver sentencia del 28 de septiembre del 2010, expediente CL 44-09).- 2) “…Que en materia laboral, en base al principio de la continuidad de la relación laboral, lo que debe imperar en ella es la intención de que la relación de trabajo se mantenga, mientras no surjan circunstancias que la hagan imposible de sostener; ya que proceder así equivale a buscar la estabilidad laboral, principio inspirador de todo ordenamiento jurídico, especialmente por lo dispuesto en el artículo 129 de la Constitución de la República; de igual manera por el principio de “proporcionalidad” debe existir una correlación entre la falta cometida y la sanción impuesta, de manera tal que el empleador debe demostrar efectivamente que el trabajador ha incurrido en una falta de tal naturaleza que por su gravedad haga imposible el sostenimiento de la relación laboral por el perjuicio que la actividad irregular del trabajador le ocasionaría a la empresa…”(ver sentencia del 26 de agosto del 2014, expediente CL 72-13).- XVII Que con base al análisis en su conjunto de todas las pruebas allegadas en tiempo y forma por las partes al proceso, con base a la libre formación del convencimiento, tomando en cuenta los criterios y principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo las circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal observada por las partes, se concluye y estima procedente declarar CON LUGAR la demanda de mérito en cuanto la ilegalidad del acto de cancelación, el pago de indemnizaciones por despido injustificado así mismo su reintegro a su puesto de trabajo y su permanencia, Sin costas, dado el principio de gratuidad y que la materia laboral es de orden social.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala de lo Laboral Contencioso-Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 127, 128, 129, 134, 135, 303, 304, 313 atribución 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 47, 53, 94, 112, 120 reformado, 664, 665, 666 letra c), 738, 739, 778, 858, 868 literal b) y 871 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) CASA PARCIALMENTE la sentencia recurrida y en consecuencia: 2) SIN LUGAR LA EXCEPCION DE PRESCRIPCION, opuesta por la parte demanda; 3) DECLARA CON LUGAR LA DEMANDA ordinaria laboral promovida por las señoras JENNIFER ILIANA ESCOTO y REYNA MARIA SALGADO ALVARADO, para el reintegro y permanencia a sus cargo o puesto de trabajo pagándole los salarios dejados de percibir desde el día de la cancelación hasta el día que se de el reintegro con todos los incrementos salariales dejados de percibir a título de daños y perjuicios.-pago de todos los beneficios que otorgan los contratos individuales a los trabajadores; 4) CONDENA la DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS (DARA) por medio de su Directora Adjunta Licenciada WENDY FLORES y su Representante Legal señora Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA al reintegro de las señoras JENNIFER ILIANA ESCOTO y REYNA MARIA SALGADO ALVARADO, en su mismo puesto de trabajo u otro de mejor categoría de manera permanente así mismo el pago de los salarios dejados de percibir desde su cancelación hasta que se dé la reinstalación a sus puestos de trabajo; 5) SIN COSTAS, por carácter eminentemente social de la normativa del trabajo.- Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. - Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. SECRETARIO DE LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los diecisiete días del mes febrero del dos mil veintitrés; certificación de la sentencia de fecha veintitrés de enero del dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Casación número CL 444-21.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

SECRETARIO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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