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Sentencia CL-426-22 — Registro 18440

Resumen

Segunda instancia declaró parcialmente con lugar la apelación considerando excluir de la condena de pago el concepto y la cuantía calculada por auxilio de cesantía proporcional y establecer como cuantía líquida total de la condena de pago y confirma la sentencia apelada y antes relacionada en sus demás extremos

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el error de hecho solo procede en casación, cuando es ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos, pero en circunstancias de hechos dudosos, los Tribunales quedan en libertad de decidirse en caso tal por el extremo que, a su juicio, consideren mejor demostrado. En este caso, al revisarse la situación jurídica planteada, se advierte que el tribunal recurrido observó que se realizó el análisis y valoración de todo el material probatorio allegado al juicio, por lo cual no resulta procedente la admisión de dicho motivo. IV.- Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el error de hecho solo procede en casación, cuando es ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos, pero en circunstancias de hechos dudosos, los Tribunales quedan en libertad de decidirse en caso tal por el extremo que, a su juicio, consideren mejor demostrado. En este caso, al revisarse la situación jurídica planteada, se advierte que el tribunal recurrido observó que se realizó el análisis y valoración de todo el material probatorio allegado al juicio, por lo cual no resulta procedente la admisión de dicho motivo. IV.- Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los cinco días del mes de diciembre del año dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 30 de mayo del 2023, por el Abogado LUIS ENRIQUE DAVADI HERNANDEZ, en su condición de representante procesal de la sociedad SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PROFESIONAL S. DE R.L. conocida como (SEYPROP S. DE R.L.), como recurrente; además, es parte recurrida, el señor ORLIN MANUEL MUNGUIA, representado en juicio por la Abogada ALBA SUYAPA VALLADARES LÓPEZ. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones laborales, como ser: preaviso, cesantía, vacaciones causadas y proporcionales y pendientes, decimotercer mes causado, proporcional y pendientes, decimocuarto mes de salario, causado, proporcional y pendientes, salario adeudados, reajuste de salario mínimo y demás indemnizaciones legales por despido verbal, y a título de daños y perjuicios el pago de salarios dejados de percibir, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 04 de marzo del 2021, por el señor ORLIN MANUEL MUNGUIA, mayor de edad, soltero, hondureño y con domicilio en San Pedro Sula, Departamento de Cortés, contra la sociedad SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PROFESIONAL S. DE R.L., conocida como (SEYPROP S. DE R.L.), a través de su representante legal el señor VÍCTOR OCTAVIO VERDE RAMOS. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 13 de junio del 2022, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO PARCIALMENTE CON LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el representante procesal de la parte demandada, Abogado LUIS ENRIQUE DAVADI HERNÁNDEZ contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de ésta ciudad, Departamento de Cortés, en fecha 06 (seis) de mayo del presente año (2022), en la demanda de la referencia, en consecuencia se reforma la misma en el sentido de: A.- Excluir de la condena de pago el concepto y la cuantía calcula por auxilio de cesantía proporcional (L 7,316.35); B.- Establecer como cuantía líquida total de la condena de pago la suma de CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON TREINTA Y UN CENTAVOS (L 153,585.31).- SEGUNDO: CONFIRMANDO la sentencia apelada y antes relacionada en sus demás extremos.- TERCERO: SIN COSTAS en esta instancia, dado el carácter eminentemente social de las normativa del trabajo”. ANTECEDENTES DE HECHO 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que inicio a trabajar el 16 de febrero del 2014, devengando un salario mensual de L. 8,150.00, se desempeñaba como Guardia de Seguridad, y que no le pagaban ni el salario mínimo que la ley establece; y que fue despedido en fecha 17 de noviembre del 2020 por vía teléfono por el Gerente de la empresa, diciéndole que no podía seguir laborando para la demandada; que el demandante firmaba contrato cada 2 meses, y así durante seis años, nueve meses, que nunca le pagaron décimo cuarto, décimo tercer mes de aguinaldo ni vacaciones, mucho menos prestaciones; por lo cual decidió personarse ante la Secretaria de Trabajo para constatar su despido, citándose a la demandada para una audiencia que se llevaría a cabo el 1 de diciembre de 2020, a la cual acudió el representante procesal de la empresa demandada quien manifestó que el demandante había firmado una carta de renuncia en fecha 16 de noviembre del 2020, lo que no fue cierto, ya que lo que firmó fue otro contrato de 2 meses; y además reconoció que se le debían los pagos de vacaciones, décimo cuarto mes y décimo tercer mes al demandante, lo cual solicitó que fuera citada la empresa a través del Departamento de Conciliación de la Secretaria de Trabajo, que la empresa se haría responsable y comprometiéndose hacer efectivo el pago correspondiente, lo cual no fue cierto; asimismo para agotar el procedimiento administrativo solicitó los servicios en la oficina del departamento de la Procuraduría del Trabajo, pero no se llegó a ningún arreglo con la empresa por no haber llevado ningún ofrecimiento a la audiencia señalada, por esa razón se dio por terminadas las diligencias administrativas dejando al demandante en libertad para acudir a los tribunales competentes. 2.- La parte demandada, la sociedad SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PROFESIONAL S. DE R.L. conocida como (SEYPROP S. DE R.L.), contestó dicha demanda señalando que el demandante laboraba como Guardia de Seguridad pero rechazó en cuanto a que comenzó a laborar el 16 de febrero del 2014, ya que la empresa se constituyó el 11 de septiembre del 2014, extremo que probaría en el momento procesal oportuno, y que en cuanto al salario también era un asunto sujeto a prueba; arguyó que el demandante no fue despedido de la empresa, ya que el demandante presentó su renuncia el 16 de noviembre del 2020, misma que fue aceptada por la empresa; además a pesar del ofrecimiento de los pagos de vacaciones, décimo cuarto mes y décimo tercer mes de salario que se le hicieron al demandante, solicitó otras cantidades que no correspondían a la realidad, ya que él renunció a su trabajo, razón por la cual no se llegó a ningún arreglo. Asimismo, en audiencia primera de trámite se interpuso la Excepción Perentoria de Pago. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 06 de mayo del 2022 dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: 1) DECLARANDO CON LUGAR la demanda Ordinaria Laboral para el pago de prestaciones laborales, vacaciones, décimo tercer mes, catorceavo mes proporcionales, salarios caídos, y costas del juicio por despido por despido directo promovida por ORLIN MANUEL MUNGUIA, de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia; Contra la empresa denominada SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PROFESIONAL S. DE R.L conocida como (SEYPROP S. DE R.L.), a través de su representante legalmente el señor VÍCTOR OCTAVIO VERDE RAMOS, también de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia; En consecuencia: 2) CONDENA: SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PROFESIONAL S. DE R.L conocida como (SEYPROP S. DE R.L.), a través de su representante legalmente el señor VÍCTOR OCTAVIO VERDE RAMOS, a pagarle al trabajador ORLIN MANUEL MUNGUIA, la cantidad de CIENTO SESENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS, CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS (L.160,901.66), desglosados de la siguiente manera: Preaviso L 19,366.80; Auxilio de Cesantía L. 58,100.40, Auxilio de cesantía proporcional; L.7,316.35; Vacaciones proporcionales L.4,877.56; Décimo tercer mes proporcional L. 7,308.70, Décimo cuarto mes proporcional L.3,158.65; décimo tercer mes pendiente L.16,660.00, décimo cuarto mes pendiente L. 16,660.00, vacaciones pendientes L. 12,911.20, reajuste de salario mínimo L. 14,542.00; Más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde que ocurrió la terminación del contrato hasta que de acuerdo con las normas procésales quede firme el presente fallo. 2) DECLARA SIN LUGAR LA EXCEPCIÓN PERENTORIA DE PAGO, interpuesto por la parte demandada.- SIN COSTAS”. Bajo el criterio que, del estudio y análisis a las pruebas practicadas este Tribunal considera procedente declarar con lugar la demanda por las circunstancias siguientes: 1) Que en caso de autos la demandada alega que el trabajador renunció a su trabajo; con relación a la carta de renuncia este Tribunal considera que la renuncia no tiene validez por las circunstancias siguientes: Que el trabajador demandante no redacto la misma es decir no obedece a la voluntad del trabajador de poner fin a la relación de trabajo, llevan a este convencimiento el hecho que el demandante no puede ni escribir su nombre mucho menos redactar esa nota de renuncia, y aunque solo se la pusieron a firmar tampoco pudo saber su contenido porque no sabe leer y escribir, lo que se puede deducir con la firma que calza en el escrito de demanda y con los documentos que la demandada pretende hacer valer en juicio tal como consta a folios 7, 46 47 de los autos; es decir la renuncia está viciada no hubo consentimiento el trabajador fue engañado a firmar algo que no sabía su contenido; 2) Que la terminación realizada en los términos antes indicados hace que la renuncia sea nula y carente de validez, por lo que la terminación de la relación llevada a cabo bajo engaño hace el mismo se traduzca en un despido injusto e ilegal por lo que procede condenar a la demandada al resarcimiento de daños; 3) En el presente juicio el trabajador reclamaba el pago de décimo tercer mes, décimo cuarto mes; con relación a dicho reclamo la demandada en su escrito de contestación de demanda alega que el trabajador se negó a recibir la cantidad que le ofrecían porque no era la que el reclamaba; sin embargo presento como medio de prueba denominado documento un finiquito en donde aparece reflejado que la demandada pago al trabajador la cantidad de L. 70,000.00, en concepto de derechos adquiridos por cancelación de su contrato por renuncia voluntaria a partir del 16 de noviembre del año 2020, pago que fue realizado 3 días antes que se celebrara la audiencia de conciliación señalada por este Tribunal 6 de noviembre del año 2021; documento que este Tribunal no merece credibilidad debido a que es un documento elaborado por la demandada es un formato que la demandada mantiene según los dichos del representante patronal en el cual una persona se encargó de llenar los espacios vacíos en forma manuscrita en cuanto la cantidad y la fecha de la renuncia, y fecha de su expedición: documento que es evidente que no fue llenado por el trabajador demandante, mucho menos tuvo conocimiento de su contenido porque no sabe leer y escribir; sumado a eso el representante patronal alega que se lo pago en efectivo, sin presencia de testigos, no lo hizo en las instalaciones de la demandada, sino que se lo entrego en la calle al frente del INFOP, frente al portón de IMSA AGRO circunstancias que llevan a la conclusión de este Tribunal que el trabajador no recibió dicha cantidad de dinero aunque aparezca firmado el documento denominado finiquito el mismo pudo haber sido firmado bajo engaño. Por todo lo antes expuesto procede condenar a la demandada al pago de décimo tercer mes y décimo cuarto mes reclamados por el trabajador; y declarar sin lugar la excepción perentoria de pago interpuesta por la parte demandada; 4) En el presente juicio no se pudo acreditar la existencia individual de trabajo por escrito, el cual es imputable al patrono, por lo que este Tribunal aplicando la presunción que establece el artículo 30 del Código de Trabajo, toma como cierta las estipulaciones alegadas por el trabajador en cuanto la fecha de inicio de la relación así como el salario alego por este en vista de no haber prueba en contrario. Que la Ley laboral establece que cuando el patrono no pruebe la justificación en que funda el despido debe pagarle al trabajador las indemnizaciones que según el Código del Trabajo le pueden corresponder y a título de daños y perjuicios, los salarios que este habría percibido desde la terminación del Contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procésales del cuerpo de la Ley citado debe quedar firme la sentencia condenatoria. Que a la terminación del contrato de trabajo el patrono deviene obligado a pagar al trabajador los beneficios sociales entendiéndose como tales; el derecho a vacaciones, el derecho a décimo tercer mes en concepto de aguinaldo y el derecho a décimo cuarto mes de salario de compensación social en la proporción en que tales derechos son debidos sino han sido causados en su totalidad con independencia de la causa de terminación del contrato de trabajo es justificado o no, por cual procede ordenar su pago. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha 13 de junio del 2022, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO PARCIALMENTE CON LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el representante procesal de la parte demandada, Abogado LUIS ENRIQUE DAVADI HERNÁNDEZ contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de ésta ciudad, Departamento de Cortés, en fecha 06 (seis) de mayo del presente año (2022), en la demanda de la referencia, en consecuencia se reforma la misma en el sentido de: A.- Excluir de la condena de pago el concepto y la cuantía calcula por auxilio de cesantía proporcional (L 7,316.35); B.- Establecer como cuantía líquida total de la condena de pago la suma de CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON TREINTA Y UN CENTAVOS (L 153,585.31).- SEGUNDO: CONFIRMANDO la sentencia apelada y antes relacionada en sus demás extremos.- TERCERO: SIN COSTAS en esta instancia, dado el carácter eminentemente social de las normativa del trabajo”. Bajo el criterio que, en el caso de autos, la acción ejercitada por el actor se funda en un despido, comunicado el 17 de noviembre de 2020 mediante llamada telefónica, hecho que se concatena con que el demandante haya acudido ante la autoridad administrativa del trabajo en procura de sus derechos, y que con ocasión de ello se celebrase audiencia ante el inspector de trabajo el 01 de diciembre de 2020, según se aprecia a folios 51 y 52 de la p. p. de a.; y si bien, la demandada aportó como prueba una carta de renuncia y un finiquito de solvencia en el que se hace constar que el trabajador recibió la suma de L 70,000.00, dichos documentos carecen de credibilidad, por cuanto el finiquito por si es insuficiente para acreditar que se hizo efectiva la cantidad de dinero antes mencionada; pues siendo que el empleador es quien tiene a su disposición toda la documentación relacionada tanto con el contrato o relación de trabajo para con el demandante como con las actividades u operaciones de dirección y administración de la empresa, es quien tiene la disponibilidad y facilidad probatoria para hacer llegar al proceso la prueba idónea para demostrar en juicio que efectivamente realizó el pago en cuestión, por ejemplo, la transacción bancaria de retiro a la que el señor Víctor Octavio Verde Ramos hizo referencia en el interrogatorio de parte. A lo anterior se suma la declaración del testigo Oscar Eduardo Rivera Sorto, quien afirmó haber sido empleado de la demandada y que ésta solo hace los pagos por cheques, además declaró que se enteró que el actor fue despedido. Que el acta levantada por el inspector de trabajo el 01 de diciembre del año 2020, se consignó que el trabajador manifestó que inició labores el 16 de noviembre de 2014 como guardia de seguridad, fecha que es concordante con la existencia de la demandada, quien fue constituida como comerciante social el 11 de septiembre de ese año, mediante instrumento público 528 otorgado ante los oficios del notario Marco Antonio Rodríguez Mejía, en la ciudad de Tegucigalpa; de manera que, para efecto de cálculo de los derechos laborales del demandante debe considerarse como fecha de inicio de labores el 16 de noviembre de 2014 y no el 16 de febrero de dicho año que consideró la juzgadora, de manera que la antigüedad del trabajador son 6 años y día. Por las razones de hecho y de derecho expuestas, consecuentes de la valoración de los elementos fácticos aportados por las partes y la prueba allegada al proceso según lo disponen las normas procesales, este Tribunal estima procedente declarar parcialmente con lugar el recurso de apelación que nos ocupa y reformar en su parte dispositiva la sentencia impugnada, en excluyendo de la condena de pago el concepto de auxilio de cesantía proporcional. 5.- Mediante auto de fecha 01 de septiembre del 2022, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado LUIS ENRIQUE DAVADI HERNANDEZ, en su condición de representante procesal de la sociedad SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PROFESIONAL S. DE R.L. conocida como (SEYPROP S. DE R.L.), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 30 de mayo del 2023, compareció ante este tribunal el Abogado LUIS ENRIQUE DAVADI HERNANDEZ, en su condición de representante procesal de la sociedad SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PROFESIONAL S. DE R.L. conocida como (SEYPROP S. DE R.L.), formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 10 de agosto del 2023, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 20 de octubre del 2023, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada ALBA SUYAPA VALLADARES LÓPEZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.- Que la demanda de casación laboral es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II.- Que el Abogado LUIS ENRIQUE DAVADI HERNANDEZ, en el primer y único motivo de casación alega: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de la ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta derivada del error de hecho por apreciación errónea de la prueba que resulta evidente de los medios de prueba documental contenido a folios 7, 47 y 48 de los autos de primera instancia. PRECEPTO LEGAL SUSTANTIVO INFRINGIDO: Las disposiciones sustantivas infringidas están contenidas en los artículos: 111 numeral 2 del Código del Trabajo en relación con el artículo 127 de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral 1 párrafo segundo del Código del Trabajo. NORMAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas procesales por medio de las cuales se produjo la infracción están contenida en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRUEBA APRECIADA ERRÓNEAMENTE: La prueba apreciada en forma errónea por el Tribunal, es la documental contenido a folios 7, 47 y 48 de los autos de primera instancia. LA VIOLACIÓN PASO A EXPLICARLA EN LA FORMA SIGUIENTE. La Corte sentenciadora, incurre en error de hecho, que es manifiesto en los autos, al apreciar en forma errónea los medios de prueba documental que obra a folios 7, 47 y 48 del expediente de primera instancia, ya que incluso les restó su valor probatorio. La sentencia impugnada expresa la falta de credibilidad de los documentos que se acreditan como medio de prueba, la carta de renuncia de fecha 16 de noviembre del año 2020, con la cual se prueba la desvinculación voluntaria del trabajador, y el finiquito con lo cual se prueba el pago de los derechos del trabajador de fecha 6 de noviembre del año 2021, documentos como se puede apreciar incluso, que fueron redactados en fechas diferentes, con un año de diferencia, folios 47 y 48, con los cuales se apoya la defensa para desacreditar la demanda de mérito, contrastada con el escrito de la demanda folio 7, son la misma firma y huella digital que calzan dichos documentos, con lo cual se acredita que son de la misma persona, el demandante. Al igual que menciona el tribunal Ad Quem, que el trabajador no puede leer ni escribir, un hecho que no se probó en el juicio, ni fue objeto de controversia en el mismo”. III.- Que el error de hecho solo procede en casación, cuando es ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos, pero en circunstancias de hechos dudosos, los Tribunales quedan en libertad de decidirse en caso tal por el extremo que, a su juicio, consideren mejor demostrado. En este caso, al revisarse la situación jurídica planteada, se advierte que el tribunal recurrido observó que se realizó el análisis y valoración de todo el material probatorio allegado al juicio, por lo cual no resulta procedente la admisión de dicho motivo. IV.- Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ROY PINEDA CASTRO, COORDINADOR, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de octubre del dos mil veinticuatro; certificación de la sentencia de fecha cinco de diciembre del dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL426-2022. FIRMA Y SELLO.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ.

SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.