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Sentencia CL-423-22 — Registro 17493

Resumen

Demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe la justa causa en que fundo el despido, caso contrario sea declarado un despido ilegal e injustificado y se condene al pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales, así como a título de indemnización por daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la terminación de la relación laboral hasta que con sujeción a las normas procesales sea firme la respectiva sentencia condenatoria

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

Que el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. - Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente". III.- Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además, es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden. IV.- Que por Acceso a la Justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que conforme el principio y deber de congruencia procesal, los jueces y magistrados deberán resolver las cuestiones planteadas, después de un proceso de deliberación y valoración, produciéndose a continuación la redacción escrita de la sentencia, fase en la que necesariamente ha de tenerse en cuenta la motivación, como medio de exteriorizar el juicio mental realizado por el Órgano Jurisdiccional, para llegar a la emisión de la declaración de voluntad que se materializa en el fallo, en el subjudice la sentencia recurrida carece de exhaustividad en base a lo establecido en el artículo 206 del Código Procesal Civil existe material probatorio del cual debe razonar para llegar a las conclusiones del caso de mérito realizando el análisis de los mismos para resolver conforme a la solicitud planteada en el petitum de la demanda, tomando en consideración lo establecido en el artículo 350 del Código de Trabajo, 43 de la Ley de Salario Mínimo, ya que solicita el pago de décimo tercer y decimocuarto mes de salario, vacaciones adeudadas desde la fecha de inicio de la relación laboral, conceptos que tal como quedó probado en autos fueron negados a los demandantes por su modalidad de contratación, siendo éstos victimas de discriminación, por lo que corresponde el pago de los mismos en forma retroactiva desde el 30 mayo de 2015 al 30 mayo de 2017 por haber operado la prescripción, otorgándole los últimos dos años que corresponde por derecho, junto a esto la excepción de prescripción opuesta por el demandado se encierra en el artículo 2295 literal b) del Código Civil, por el transcurso de dos (2) años, prescriben las acciones para exigir el cumplimiento de las obligaciones de cualesquiera otros pagos que deban hacerse por años o en plazos debiendo analizar todo el material probatorio en su conjunto presentado y admitido."....

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."Que conforme el principio y deber de congruencia procesal, los jueces y magistrados deberán resolver las cuestiones planteadas, después de un proceso de deliberación y valoración, produciéndose a continuación la redacción escrita de la sentencia, fase en la que necesariamente ha de tenerse en cuenta la motivación, como medio de exteriorizar el juicio mental realizado por el Órgano Jurisdiccional, para llegar a la emisión de la declaración de voluntad que se materializa en el fallo, en el subjudice la sentencia recurrida carece de exhaustividad en base a lo establecido en el artículo 206 del Código Procesal Civil existe material probatorio del cual debe razonar para llegar a las conclusiones del caso de mérito realizando el análisis de los mismos para resolver conforme a la solicitud planteada en el petitum de la demanda, tomando en consideración lo establecido en el artículo 350 del Código de Trabajo, 43 de la Ley de Salario Mínimo, ya que solicita el pago de décimo tercer y decimocuarto mes de salario, vacaciones adeudadas desde la fecha de inicio de la relación laboral, conceptos que tal como quedó probado en autos fueron negados a los demandantes por su modalidad de contratación, siendo éstos victimas de discriminación, por lo que corresponde el pago de los mismos en forma retroactiva desde el 30 mayo de 2015 al 30 mayo de 2017 por haber operado la prescripción, otorgándole los últimos dos años que corresponde por derecho, junto a esto la excepción de prescripción opuesta por el demandado se encierra en el artículo 2295 literal b) del Código Civil, por el transcurso de dos (2) años, prescriben las acciones para exigir el cumplimiento de las obligaciones de cualesquiera otros pagos que deban hacerse por años o en plazos debiendo analizar todo el material probatorio en su conjunto presentado y admitido."....

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia de fondo del 5 de octubre de 2015, dictada en el caso Ruano Torres y otros Vs. El Salvador, Serie C No. 30319 151, estableció sobre el debido proceso: “La Corte ha señalado que el derecho al debido proceso se refiere al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efecto de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado, adoptado por cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que pueda afectarlos.- El debido proceso se encuentra, a su vez, íntimamente ligado con la noción de justicia, que se refleja en: i) un acceso a la justicia no sólo formal, sino que reconozca y resuelva los factores de desigualdad real de los justiciables, ii) el desarrollo de un juicio justo, y iii) la resolución de las controversias de forma tal que la decisión adoptada se acerque al mayor nivel de corrección del derecho, es decir que se asegure, en la mayor medida posible, su solución justa.” IX.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate así como la motivación deberá incidir en los distintos elementos facticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón. X.- Que es deber ineludible de la Corte Suprema de Justicia no solo observar la técnica rigurosa y formalista del recurso de casación, sino que se garantice el debido proceso y el derecho de defensa a las partes, particularmente que las resoluciones deben ser dictadas con la suficiente explicación de los puntos en litigio y los temas debatidos, como que sean congruentes y los resuelvan debidamente, por lo cual con respecto al tema del presente conflicto, en el tópico de las resoluciones judiciales es fundamental lo referente a la fundamentación y motivación, ya que la primera es un ejercicio racional mediante el cual se proporcionan razones que tienen la aspiración de convencer a los destinatarios acerca de su corrección y validez. Quien motiva explica las causas de sus decisiones y esas pueden ser incluso irracionales. Quien explica da razones para hacer aceptable lo resuelto. Por eso en materia jurídica, las decisiones sólo son válidas si están respaldadas por razonamientos legales, esto es: fácticos, probatorios y jurídicos. "...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Procesal Civil, art. 206 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., cinco de diciembre de dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 29 de mayo del 2023, por el Abogado FABRICIO ALEJANDRO OCHOA SIERRA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, los señores SERGIO MURILLO BARAHONA; y MARLON MODESTO DIAZ ZELAYA, representados en juicio por el Abogado JOSÉ RAMÓN MARTÍNEZ BONILLA. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe la justa causa en que fundo el despido, caso contrario sea declarado un despido ilegal e injustificado y se condene al pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales, así como a título de indemnización por daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la terminación de la relación laboral hasta que con sujeción a las normas procesales sea firme la respectiva sentencia condenatoria; se declare que la relación sostenida por las partes era regida por un contrato de trabajo y se condene a los derechos laborales adquiridos que se dejaron de percibir durante toda la prestación de los servicios como ser décimo tercer mes, décimo cuarto mes y vacaciones, se condene al pago de preaviso, auxilio de cesantía, décimo tercer mes adeudado, décimo cuarto mes adeudado, vacaciones adeudadas, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 18 de agosto del 2017, por los señores SERGIO MURILLO BARAHONA, Bachiller en Ciencias y Letras; y MARLON MODESTO DIAZ ZELAYA, Pasante de la Carrera de Ingeniería Civil; ambos mayores de edad, casados, hondureños y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, por medio del PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS (PATH), a través de la Procuraduría General de la República. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 04 de marzo del 2022, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, que en su parte conducente dice: “FALLA: I. DECLARANDO SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado FABRICIO ALEJANDRO OCHOA SIERRA como apoderado procesal delegado del ESTADO DE HONDURAS, por medio del Instituto de la Propiedad como ente desconcentrado de la Presidencia de la Republica.- II. DECLARANDO CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado JOSÉ RAMON MARTÍNEZ BONILLA como apoderado procesal de la parte demandante.- III.- REVOCANDO el numeral 1), 2) de la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán; de fecha veintinueve de enero del año dos mil veinte que corre agregada a la primera pieza de autos a folios 657 al 663 de la primera pieza de autos, la cual deberá leerse así FALLA: 1) DECLARA SIN LUGAR LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN, opuesta por el apoderado procesal demandado.-2) DECLARAR CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES, ASÍ COMO A TITULO DE INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS, POR DESPIDO DIRECTO, ILEGAL E INJUSTO LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL HASTA QUE CON SUJECIÓN A LAS NORMAS PROCESALES SEA FIRME LA SENTENCIA CONDENATORIA, PAGO DE DERECHOS LABORALES ADQUIRIDOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE EL INICIO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DECIMO TERCER MES, DECIMO CUARTO MES Y VACACIONES, promovida por los señores SERGIO MURILLO BARAHONA y MARLON MODESTO DIAZ ZELAYA contra el ESTADO DE HONDURAS a través del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP) como ente desconcentrado de la PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, por medio del PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS DE HONDURAS (PATH), representado por la Abogada LIDIA ESTELA CARDONA en su condición de PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA.- 3) CONDENA: Al ESTADO DE HONDURAS a través del INSTITUTO DE LA PROPIEDA (IP) como ente desconcentrado de la PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, por medio del PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS DE HONDURAS (PATH), representado por la Abogada LIDIA ESTELA CARDONA en su condición de PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA: A) pagar las prestaciones laborales en un gran total de SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS (L.749.641.06): así: Al señor SERGIO MURILLO BARAHONA la cantidad de TRESCIENTOS CINCO MIL CINCO LEMPIRAS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS (L.305,005.58) por los conceptos siguientes: PREAVISO L.59,033.33, AUXILIO DE CESANTÍA L.236,133.36; AUXILIO DE CESANTÍA PROPORCIONAL L.9,838.89; al señor MARLON MODESTO DIAZ ZEAYA, la cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS (L.444,635.78) por los conceptos PREAVISO L.74,433.33, AUXILIO DE CESANTÍA L.334,950.00, AUXILIO DE CESANTÍA PROPORCIONAL L.35,252.45; y ambos demandantes, al pago del décimo tercer mes de salario, décimo cuarto mes de salario, vacaciones adeudadas desde la fecha de inicio de la relación laboral a la fecha del despido, más los salarios dejados de percibir a favor de ambos demandantes desde la fecha del despido hasta que sea firme la sentencia condenatoria, los cuales serán liquidados en la etapa de ejecución de sentencia.- IV. CONFIRMAR el pronunciamiento de la sentencia en cuanto a SIN COSTAS en esta instancia.- V.- SIN COSTAS en esta segunda instancia”. ANTECEDENTES DE HECHO 1.- Las partes demandantes expresaron en el escrito de su acción que iniciaron a laborar prestando sus servicios de manera personal en el Instituto de la Propiedad (IP) como ente desconcentrado de la Presidencia de la Republica, por medio del Programa de Administración de Tierras de Honduras (PATH), bajo la modalidad de Consultores, proveedor de servicios, consultor técnicos de soporte u otras denominaciones, que para efectos de relación laboral son intrascendentes, ya que se reunían los elementos esenciales de toda relación laboral, desde las siguientes fechas: Sergio Murillo Barahona, el 01 de febrero de 2002, y Marlon Modesto Díaz Zelaya el 20 de junio de 2007, devengaban un salario ordinario mensual de L.25,300.00 y L.31,900.00, arrojando un salario promedio mensual de L.29,516.67 y L.37,216.67 respectivamente; señalaron que el inicio de la relación contractual entre las partes, se efectuó mediante la suscripción de "Contratos de Consultoría", contratos estos en los que se establecía que los demandantes laborarían para el Proyecto de Administración de Tierras de Honduras, y en vista de que en esos contratos se establecían cláusulas de temporalidad, cada vez que uno de estos contratos llegaba a la fecha de finalización se suscribía un nuevo contrato, de manera continua; y que, si bien los contratos suscritos pretendían simular una relación distinta a la relación laboral, sin importar el nombre dado a esa, la misma estaba regida por un Contrato de Trabajo, debido a que dentro de la misma se encontraba los tres elementos esenciales que el Código del Trabajo establecidos en su artículo 20, para la existencia de los mismos; es decir que la prestación del servicio se hizo de manera personal, esta prestación se efectuaba bajo una continua dependencia o subordinación, de tal manera que las labores las efectuaban en el modo y tiempo que el patrono les establecía y esa prestación lo hacían a cambio de una remuneración, misma que de conformidad al artículo 1 del Convenio 95 de la OIT, relativo a la Protección del Salario, debió ser considerada como un salario, sin importar el nombre dado a dicha relación; agregó que en virtud de ese tipo de contratación, durante toda la prestación del servicio, fueron objeto de discriminación según lo denomina el convenio 111 de la OIT, en el sentido que debido a esa contratación simulatoria, los demandantes fueron excluidos de gozar de los derechos y beneficios mínimos establecido en la ley, como ser derecho a gozar vacaciones anuales, derecho a percibir decimotercer mes y decimocuarto mes de salario, al igual que todos los demás beneficios laborales legales; lo que en todo momento son nulos ipso iure todos los actos que se constituyan en renuncia disminución o tergiversación los derechos contenidos en el Código de Trabajo y todo el andamiaje jurídico protectorio laboral. Expresaron que sin embargo, debido al temor racional y fundado de poner en riesgo o de perder los empleos o recibir por parte de la empleadora alguna represalia y con la finalidad de ingreso para la subsistencia propia y de los dependientes de los demandantes, como Derecho Humano; durante el tiempo que se prestó la fuerza de trabajo mediante esta contratación simulada y discriminatoria, los demandantes se encontraban imposibilitados a poner objeción a la misma, ya que en todo momento en base al Principio de Irrenunciabilidad les resultaba imposible a los demandantes disponer en su propio perjuicio de los derechos mínimos reconocidos por la ley. Destacaron además que si bien la contratación fue efectuada por el Programa de Administración de Tierras de Honduras (PATH), este proyecto formaba parte de la estructura Organizativa del Instituto de la Propiedad, por tal razón su patrono efectivamente era el IP, asimismo este era quien se beneficiaba de su prestación laboral y ese mismo era el Ejecutor de ese programa. Asimismo, manifestaron que en fecha 08 de mayo del 2017, se les comunicó por medio de la circular No. 005-2017, que el Coordinador Nacional del PATH, les informaba a todos los empleados que laboraban en ese Proyecto que estaban contratos bajo la modalidad por la cual los demandantes se encontraban contratados, que los mismos tenían fecha de finalización hasta el 30 de mayo de 2017 bajo fundamento de la cláusula No. 12 literal "G". y que llegada esa fecha se les comunicó que cesaban sus contratos, por lo que evidentemente se encontraban ante la decisión unilateral por parte del empleador de no continuar con la contratación que venían desenvolviendo; y que pese a que el patrono tenía la oportunidad de acreditar la legalidad del despido, se percibe que fue ilegal e injustificado, ya que la casual alegada por el patrono con relación a finalización del contrato no es aplicable para el caso de los demandantes, esto debido a que la misma únicamente procede cuando la prestación de los servicios sea temporal o accidental, de conformidad al artículo 47 del Código del Trabajo, y en el caso de autos resulta evidente que las labores de los demandantes no eran de índole temporal o accidental, pues habían trabajado por 15 años y 9 años, renovándoles el contrato cada vez que llegaban a fecha de finalización, simulando en todo momento relaciones laborales temporales; asimismo el patrono en ningún momento se fundamentó en el artículo 112 de Código del Trabajo ni en otra norma laboral y tomó fundamento legal un literal inexistente dentro de los contratos suscritos, ya que el literal "g" de la cláusula 12 no estaba consignado en los contratos; arguyeron además que el despido fue un despido colectivo pues el representante patronal les notificó de manera colectiva a todos los empleados que estaban bajo la modalidad de los demandantes, es decir Consultores, que sus contratos llegaron a su fecha de finalización, y dentro de la normativa laboral no está permitido este tipo de terminación de contratos de trabajo; pues la decisión unilateral de dar por terminado el contrato de trabajo debió efectuarse de manera personal en cumplimiento a lo ordenado en el precitado artículo 117 del Código del Trabajo; dando por agotado el trámite administrativo respectivo, sin poder llegar a un arreglo conciliatorio con la parte demandada. 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda rechazando las pretensiones de las partes demandantes; alegando que prestaron sus servicios como consultores para lo que fue el Programa de Administración de Tierras de Honduras (PATH II) y lo que devengaban eran Honorarios Profesionales, bajo la categoría de Consultores; y que el salario ordinario mensual de los demandantes, así como el salario promedio mensual, que adujeron los demandantes, también lo rechazó, ya que su relación laboral la mantuvieron con lo que fue el Programa de Administración de Tierras de Honduras (PATH II), y suscribieron Contratos de Servicios, con sus respectivos Términos de Referencia, contrataciones que se efectuaron en base a los Artículos 94, 96, 97, 126 y 127 numeral 11 de la Ley de Contratación del Estado, por ende no hubo simulación de relación laboral, como alegan los demandantes; y que en cuyos Contratos se establecía fecha de inicio y finalización; asimismo, los demandantes aceptaron sin coacción alguna las cláusulas y los términos de referencia de los Contratos de Servicios, así como los Términos de Referencia, que son parte integral de los Contratos en referencia; en cuanto al derecho a percibir el décimo tercer mes y décimo cuarto mes de salario y demás beneficios laborales, las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica, contemplaba que los Contratos de Consultoría, no incluyen dichos colaterales, por ser Contratos de Consultoría lo que suscribieron los demandantes, con lo que fue dicho Programa; por lo que tales Contratos no generan relaciones de empleo ni indemnizaciones por su terminación al vencimiento del plazo; alegó que la contratación de los demandantes la efectuó por medio del que fue el Programa de Administración de Tierras de Honduras (PATH II) el que contaba con independencia financiera por fondos obtenidos por la suscripción del Convenio Financiero 4641-HN, entre la República de Honduras y la Asociación, Internacional para el Desarrollo; siendo que dicho Programa, fortalecía los derechos de propiedad en Honduras, relacionado con el Artículo 6 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. Y que se constató en Acta Circunstanciada, levantada por el Inspector del Trabajo de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, en fecha 02 de junio del 2017, que los demandantes eran Consultores del Programa de Administración de Tierras de Honduras y no tenían relación laboral alguna con el Instituto de la Propiedad. Asimismo manifestó que lo que fue el Programa de Administración de Tierras de Honduras (PATH II), emitió Circular mediante la cual hacía del conocimiento a los Consultores del (PATH II), sobre el periodo de gracia de cierre de dicho Programa; y que todos los que prestaban sus servicios como Consultores estaban conscientes de que el (PATH II), cerraría operaciones y también al momento de suscribir lo Contratos de Servicios de Consultoría, sabían que los mismos tenían fecha de inicio y finalización, bajo las condiciones contractuales legalmente establecidas, consentidas y aceptadas sin objeción alguna, por cada uno de los demandantes; por consiguiente, dichos Contratos no fueron cancelados de manera unilateral e ilegal, como lo aducen los demandantes, efectuándose de conformidad a lo establecido en el Artículo 126 de la Ley de Contratación del Estado. Y si bien es cierto presentaron reclamo administrativo ante la Secretaría del Trabajo, buscando arreglo conciliatoria, sin embargo no procede ninguna conciliación con el Estado de Honduras pues no está facultado para aceptar obligaciones de derechos subjetivos inexistentes ya que los demandantes, prestaron sus servicios como Consultores, a lo que fue el Programa de Administración de Tierras de Honduras (PATH II), bajo la modalidad de Contratos de Servicios de Consultoría, por lo que es improcedente su reclamo. Asimismo, en audiencia primera de trámite interpuso la Excepción Perentoria de Prescripción. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 29 de enero del 2020, dictó sentencia misma que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) DECLARA CON LUGAR PARCIALMENTE LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN ÚNICAMENTE EN LO RELACIONADO AL PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS, a partir de la fecha inicio de la relación laboral de los demandantes al 30 de mayo de 2015: 2) DECLARA CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES, ASÍ COMO A TITULO DE INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS, POR DESPIDO DIRECTO, ILEGAL EINJUSTO.- PAGO DE LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR.- VACACIONES PROPORCIONALES.- DECIMO TERCER MES PROPORCIONAL.-DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL. promovida por los señores SERGIO MURILLO BARAHONA y MARLON MODESTO DIAZ ZELAYA Contra EL ESTADO DE HONDURAS A TRAVÉS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP) COMO ENTE DESCONCENTRADO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, POR MEDIO DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS DE HONDURAS (PATH) representado por la abogada LIDIA ESTELA CARDONA en su Condición de PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA 2) CONDENA: AL ESTADO DE HONDURAS A TRAVÉS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP) COMO ENTE DESCONCENTRADO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, POR MEDIO DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS DE HONDURAS (PATH) representado por la abogada LIDIA ESTELA CARDONA en su Condición de PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA A) pagar las Prestaciones Laborales un gran total de UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y TRES MIL SETESCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS (L.1,173,746.72); así: 1.- Al señor SERGIO MURILLO BARAHONA la cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS (L.485,853.74) por los siguientes conceptos: PREAVISO: L.59,033.33, AUXILIO DE CESANTÍA L.236,133.36; AUXILIO DE CESANTÍA PROPORCIONAL L.9,838 89; DÉCIMO TERCER MES 2015: L.25,300.00, DÉCIMO TERCER MES 2016: L.25,300.00, DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL 2017: L.10,541.67; DÉCIMO CUARTO MES 2015: L.25,300.00, DÉCIMO CUARTO MES 2016: L.25,300.00, DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL 2017: L.23,191.67; VACACIONES 2015 L.19,677.78, VACACIONES 2016, L.19.677.78, VACACIONES 2017 L.6,559.26; 2.- Al señor MARLON MODESTO DIAZ ZELAYA la cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS (L.687,892.98) por los siguientes conceptos: PREAVISO: L.74,433.33, AUXILIO DE CESANTÍA L.334,950.00, AUXILIO DE CESANTÍA PROPORCIONAL: L.35,252.45; DÉCIMO TERCER MES 2015: L.31,900.00, DÉCIMO TERCER MES 2016: L.31,900.00, DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL 2017: L.13,291,67 DECIMO CUARTO MES 2015: L.31,900.00, DECIMO CUARTO MES 2016: L.31.900,00, DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL 2017: L.29,241,67, VACACIONES 2015, L.24,811.11, VACACIONES 2016, L.24,811.11, VACACIONES 2017 L.23,501.64, más los salarios dejados de percibir a favor de ambos demandantes desde la fecha del despido hasta que sea firme la sentencia condenatoria, los que serán liquidados en la etapa de ejecución de la sentencia; 3) SIN COSTAS en esta instancia”. Bajo el criterio que, del análisis de los anteriores medios de prueba si bien es cierto la defensa justifica la terminación de la relación laboral suscrita con los demandantes por el cierre del Programa de Administración de Tierras (PATH); tal como quedó comprobado con los documentos que han sido aportados al juicio, sin embargo habiéndose comprobado la existencia de una simulación contractual en relación a los contratos de consultoría, los cuales constituyen verdaderos contratos de trabajo debió garantizárseles a los demandantes un debido proceso para efecto que los demandantes pudiesen ejercitar sus derechos; por ende de conformidad la línea jurisprudencial expresada por la Sala Laboral Contencioso Administrativo, de este Poder Judicial; que establece que en la celebración, ejecución y terminación de todo contrato de trabajo debe observarse el principio de buena fe y que evidentemente pugna contra ese principio el hecho que al ponérsele fin unilateralmente por alguna de las partes no se comunique a la otra, de manera escrita, concreta y clara, la causa o motivo de tal determinación, única forma de evitar sorpresas ante la jurisdicción, cuando el que se supone agraviado ocurra ante ella demandando sus derechos, salvo los casos de contrato verbal en que la notificación se puede hacer también verbalmente ante dos testigos. Que en el presente caso se observa que no se dio cumplimiento al referido principio, pues no consta que se haya notificado en forma personal la decisión tomada por la entidad demandada a cada uno de los demandantes sino que la misma fue comunicada a todo el personal bajo la modalidad de consultoría mediante una circular de forma general, seguidamente a consideración de la que juzga, no existe claridad en la nota mediante la cual la parte demandada comunica la causa de la terminación de la relación laboral ya que por un lado mencionan el cierre del periodo de gracia del PATH el 30 de mayo de 2017 y por otro lado en lo establecido en las cláusulas contractuales específicamente en el literal g) del contrato de consultoría. Cabe mencionar que genera una duda razonable en la suscrita la fecha de finalización de las operaciones de la demandada, pues la parte actora probó en juicio el pago de servicios de profesionales y técnicos, al personal del PATH siete meses después del aludido cierre (diciembre de 2017). Por las razones expuestas, haciendo aplicación del principio protectorio en su variante IN DUBIO PRO OPERARIO; la duda favorece al trabajador, en ese sentido y habiéndose acreditado la violación al debido proceso en la terminación de la relación laboral de los demandantes; cuyas causales establecidas en la nota de despido, fueron desvirtuadas por la actora, pues al haberse determinado la existencia de una relación laboral permanente, la parte demandada al cierre del Programa, debió garantizar a los demandantes el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, reconocidos en la Constitución de la Republica y Código de Trabajo; hecho que no ocurrió en el caso de autos; sino que al pretender evadir las obligaciones emanadas del contrato de trabajo; decidió prescindir de manera unilateral de los servicios de los trabajadores con violación al debido proceso y por ende al orden público laboral, por lo que procede declarar con lugar la demanda que se ha hecho merito en cuanto al pago de prestaciones laborales en los conceptos de preaviso, auxilio de cesantía en los importes que corresponda y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que sea firme la presente sentencia condenatoria. Que la parte actora además de prestaciones e indemnizaciones laborales solicita el pago de décimo tercer y decimocuarto mes de salario, vacaciones adeudados desde la fecha de inicio de la relación laboral, conceptos que tal como quedó probado en autos fueron negados a los demandantes por su modalidad de contratación, siendo éstos victimas de discriminación, por lo que corresponde el pago de los mismos en forma retroactiva desde el 30 mayo de 2015 al 30 mayo de 2017 por haber operado la prescripción; consecuentemente procede declarar con lugar parcialmente el pago de los mismos. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha 04 de marzo del 2022, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: I. DECLARANDO SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado FABRICIO ALEJANDRO OCHOA SIERRA como apoderado procesal delegado del ESTADO DE HONDURAS, por medio del Instituto de la Propiedad como ente desconcentrado de la Presidencia de la Republica.- II. DECLARANDO CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado JOSÉ RAMON MARTÍNEZ BONILLA como apoderado procesal de la parte demandante.- III.- REVOCANDO el numeral 1), 2) de la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán; de fecha veintinueve de enero del año dos mil veinte que corre agregada a la primera pieza de autos a folios 657 al 663 de la primera pieza de autos, la cual deberá leerse así FALLA: 1) DECLARA SIN LUGAR LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN, opuesta por el apoderado procesal demandado.-2) DECLARAR CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES, ASÍ COMO A TITULO DE INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS, POR DESPIDO DIRECTO, ILEGAL E INJUSTO LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL HASTA QUE CON SUJECIÓN A LAS NORMAS PROCESALES SEA FIRME LA SENTENCIA CONDENATORIA, PAGO DE DERECHOS LABORALES ADQUIRIDOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE EL INICIO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DECIMO TERCER MES, DECIMO CUARTO MES Y VACACIONES, promovida por los señores SERGIO MURILLO BARAHONA y MARLON MODESTO DIAZ ZELAYA contra el ESTADO DE HONDURAS a través del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP) como ente desconcentrado de la PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, por medio del PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS DE HONDURAS (PATH), representado por la Abogada LIDIA ESTELA CARDONA en su condición de PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA.- 3) CONDENA: Al ESTADO DE HONDURAS a través del INSTITUTO DE LA PROPIEDA (IP) como ente desconcentrado de la PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, por medio del PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS DE HONDURAS (PATH), representado por la Abogada LIDIA ESTELA CARDONA en su condición de PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA: A) pagar las prestaciones laborales en un gran total de SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS (L.749.641.06): así: Al señor SERGIO MURILLO BARAHONA la cantidad de TRESCIENTOS CINCO MIL CINCO LEMPIRAS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS (L.305,005.58) por los conceptos siguientes: PREAVISO L.59,033.33, AUXILIO DE CESANTÍA L.236,133.36; AUXILIO DE CESANTÍA PROPORCIONAL L.9,838.89; al señor MARLON MODESTO DIAZ ZEAYA, la cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS (L.444,635.78) por los conceptos PREAVISO L.74,433.33, AUXILIO DE CESANTÍA L.334,950.00, AUXILIO DE CESANTÍA PROPORCIONAL L.35,252.45; y ambos demandantes, al pago del décimo tercer mes de salario, décimo cuarto mes de salario, vacaciones adeudadas desde la fecha de inicio de la relación laboral a la fecha del despido, más los salarios dejados de percibir a favor de ambos demandantes desde la fecha del despido hasta que sea firme la sentencia condenatoria, los cuales serán liquidados en la etapa de ejecución de sentencia.- IV. CONFIRMAR el pronunciamiento de la sentencia en cuanto a SIN COSTAS en esta instancia.- V.- SIN COSTAS en esta segunda instancia”. Bajo el criterio que del examen realizado por este Tribunal, respecto a la prescripción de la acción opuesta por la parte demandada, se observa que la terminación de la relación laboral se produjo en fecha 30 de mayo del 2017, observando además, que los demandantes interpusieron su reclamo administrativo en fecha 27 de julio del 2017, diligencias que fueron concluidas en fecha 01 de agosto del 2017 y la demanda fue interpuesta en fecha 18 de agosto del 2017, luego entonces, se concluye que el termino de 2 meses concedido al trabajador, para reclamar contra los despidos injustificados que se les hagan, fue interrumpido por la acción de reclamo administrativo e interposición de demanda. Que la sentencia recurrida refiere al pago del décimo tercer mes y décimo cuarto mes vacaciones adeudadas desde la fecha de inicio de la relación laboral, fue parcialmente reconocidos, de forma retroactiva a los dos últimos años de la fecha de terminación de la relación laboral, es decir del 30 de mayo 2015 al 30 de mayo del 2017, dada la prescripción parcial declarada por la Juzgadora; no obstante, la excepción de prescripción opuesta por el demandado es en relación a la acción, no así, a los derechos reclamados; mismos que deben ser reconocidos desde el inicio de la relación laboral, por cuanto la prescripción opuesta por el demandado refiere a la acción no al derecho reclamado por el demandante; por otra parte, al haber estimado la continuidad de la relación laboral, en la sentencia dictada, hace que le correspondan a los demandantes los derechos que reclama. Que en el desenvolvimiento de la relación laboral contractual de prestación de servicios de consultoría con vigencias periódicas continuas e ininterrumpidas para el desempeño de las mismas funciones para con el mismo contratante, supeditada a una jornada y horario de trabajo, bajo la continua subordinación de un jefe inmediato a cambio de una remuneración mensual hace que este Tribunal de Alzada estime que tales sucesos encajan en las disposiciones legales contenidas en los artículos 20, 47, 52 párrafo segundo del Código de Trabajo; cabe entonces, mencionar que al momento de apreciar los hechos a la luz de las normas laborales, hace que tales contratos relativos a labores que, por su naturaleza son permanentes o continuas en la institución, se consideren como celebrados por tiempo indefinido aunque en ellos se exprese termino de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsiste la causa que le dio origen o la materia del trabajo para la prestación de servicio; no habiendo la parte demandada acreditado lo contrario en juicio; es así, que con la decisión unilateral de la parte demandada de dar por terminada la relación laboral de la demandante, por haber llegado a la fecha vencimiento del respectivo contrato, hizo que el demandante recurriera al derecho que le concede los artículos 113 y 117 del Código de Trabajo, cual es, de emplazar a su patrono ante los Tribunales del Trabajo para que le pruebe la justa causa en que fundó el despido, caso contrario, deviene obligado al pago de los derechos laborales reclamados por los demandante; más a título de daños y perjuicios, los salarios que la trabajadora percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales debe quedar firme la sentencia condenatoria respectiva, a causa de la terminación de la relación laboral sin causa justificada de las que el Código de Trabajo establece. 5.- Mediante auto de fecha 11 de agosto del 2022, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado FABRICIO ALEJANDRO OCHOA SIERRA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 29 de mayo del 2023, compareció ante este Tribunal Abogado FABRICIO ALEJANDRO OCHOA SIERRA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 10 de agosto del 2023, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 20 de octubre del 2023, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado JOSÉ RAMÓN MARTÍNEZ BONILLA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida; en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.- Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. II.- Que el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. - Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente". III.- Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además, es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden. IV.- Que por Acceso a la Justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial. V.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. VI.- Que conforme el principio y deber de congruencia procesal, los jueces y magistrados deberán resolver las cuestiones planteadas, después de un proceso de deliberación y valoración, produciéndose a continuación la redacción escrita de la sentencia, fase en la que necesariamente ha de tenerse en cuenta la motivación, como medio de exteriorizar el juicio mental realizado por el Órgano Jurisdiccional, para llegar a la emisión de la declaración de voluntad que se materializa en el fallo, en el subjudice la sentencia recurrida carece de exhaustividad en base a lo establecido en el artículo 206 del Código Procesal Civil existe material probatorio del cual debe razonar para llegar a las conclusiones del caso de mérito realizando el análisis de los mismos para resolver conforme a la solicitud planteada en el petitum de la demanda, tomando en consideración lo establecido en el artículo 350 del Código de Trabajo, 43 de la Ley de Salario Mínimo, ya que solicita el pago de décimo tercer y decimocuarto mes de salario, vacaciones adeudadas desde la fecha de inicio de la relación laboral, conceptos que tal como quedó probado en autos fueron negados a los demandantes por su modalidad de contratación, siendo éstos victimas de discriminación, por lo que corresponde el pago de los mismos en forma retroactiva desde el 30 mayo de 2015 al 30 mayo de 2017 por haber operado la prescripción, otorgándole los últimos dos años que corresponde por derecho, junto a esto la excepción de prescripción opuesta por el demandado se encierra en el artículo 2295 literal b) del Código Civil, por el transcurso de dos (2) años, prescriben las acciones para exigir el cumplimiento de las obligaciones de cualesquiera otros pagos que deban hacerse por años o en plazos debiendo analizar todo el material probatorio en su conjunto presentado y admitido. VII.- Que toda persona tiene el derecho de poder ejercitar o promover las acciones que estime pertinentes en defensa de sus derechos y derivado de ello también tiene el derecho a recibir una respuesta del órgano jurisdiccional, previo a seguirse el debido proceso, resolución que deberá ser congruente, motivada, imparcial y apegada al ordenamiento jurídico y a los principios generales del derecho laboral. VIII.- Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia de fondo del 5 de octubre de 2015, dictada en el caso Ruano Torres y otros Vs. El Salvador, Serie C No. 30319 151, estableció sobre el debido proceso: “La Corte ha señalado que el derecho al debido proceso se refiere al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efecto de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado, adoptado por cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que pueda afectarlos.- El debido proceso se encuentra, a su vez, íntimamente ligado con la noción de justicia, que se refleja en: i) un acceso a la justicia no sólo formal, sino que reconozca y resuelva los factores de desigualdad real de los justiciables, ii) el desarrollo de un juicio justo, y iii) la resolución de las controversias de forma tal que la decisión adoptada se acerque al mayor nivel de corrección del derecho, es decir que se asegure, en la mayor medida posible, su solución justa.” IX.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate así como la motivación deberá incidir en los distintos elementos facticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón. X.- Que es deber ineludible de la Corte Suprema de Justicia no solo observar la técnica rigurosa y formalista del recurso de casación, sino que se garantice el debido proceso y el derecho de defensa a las partes, particularmente que las resoluciones deben ser dictadas con la suficiente explicación de los puntos en litigio y los temas debatidos, como que sean congruentes y los resuelvan debidamente, por lo cual con respecto al tema del presente conflicto, en el tópico de las resoluciones judiciales es fundamental lo referente a la fundamentación y motivación, ya que la primera es un ejercicio racional mediante el cual se proporcionan razones que tienen la aspiración de convencer a los destinatarios acerca de su corrección y validez. Quien motiva explica las causas de sus decisiones y esas pueden ser incluso irracionales. Quien explica da razones para hacer aceptable lo resuelto. Por eso en materia jurídica, las decisiones sólo son válidas si están respaldadas por razonamientos legales, esto es: fácticos, probatorios y jurídicos. XI.- Con base a lo establecido en el artículo 726 del Código de Trabajo, así como el artículo 8 del Código Procesal Civil, referente a la celeridad procesal deberá el Ad - Quem, resolver de forma prioritaria dicha nulidad por ser un juicio que ya ha sido de conocimiento y estudio procurando brindar una pronta respuesta a las partes procesales. XII.-Que conforme con el artículo 701 numeral 3) del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en materia laboral, dispone que el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no se hubieran denunciado por el recurrente. XIII.- Que, por las razones antes expuestas, es procedente declarar la NULIDAD de la sentencia recurrida, para que el Ad-quem proceda de conformidad a derecho. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 59, 60, 90 párrafo primero, 128, 303, 304, 313 numeral 5), 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1, 8.2. h) 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 8, 350, 666 letra c) 726, 776, 777 y 858 del Código de Trabajo; 22, 200, 206, 208 y 701.3 del Código Procesal Civil; 9 y 11del Código Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, de fecha 04 de marzo del 2022, visible a folios 16 al 22 de la segunda pieza de autos. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó la Magistrada ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ROY PINEDA CASTRO, COORDINADOR, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de mayo del dos mil veinticuatro; certificación de la sentencia de fecha cinco de diciembre del dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL423-2022. FIRMA Y SELLO.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ.

SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.