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Sentencia CL-420-22 — Registro 18097

Resumen

Primera declara con lugar la excepción de prescripción, sin lugar la demanda ordinaria laboral por la nulidad del acto del despido por haberse efectuado cuando el contrato de trabajo se encontraba suspendido en virtud de incapacidad absuelve al demandado la segunda instancia confirma el fallo y esta sala declara nulidad.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

...´´. II. Que el Artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente". III. Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su Artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden...´´

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Jerarquía: Reiterativa

...´´Olvida la Corte de Apelaciones que lo reclamado por el demandante se trata de una acción de pago de complemento o reajuste de prestaciones e indemnizaciones laborales, olvida que lo reclamado por la demandante no es contra un despido injustificado de que haya sido objeto, ya que no existe planteada en el proceso esa situación, sino que se trata de una acción de pago de complemento o reajuste de prestaciones e indemnizaciones laborales, el cual tiene un término de dos (2) años para ser reclamado tal como analógicamente se prevé en los artículos 39 y 43 de la Ley de Salario Mínimo; por lo cual, al no atender o dar respuestas al tema planteado se violenta el deber de congruencia que debe imperar en las resoluciones judiciales...´´

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código de Procedimientos Civiles, art. 208 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

...´´Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. IX. Que, por las razones antes expuestas, es procedente declarar la NULIDAD de la sentencia recurrida, debiéndose reponer las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que la ha originado, procediéndose a enmendar lo actuado conforme a derecho...´´

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Civil, art. 1589 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Civil, art. 1586 (Jerarquía Ordinaria)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Jerarquía: Reiterativa

...´´Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. IX. Que, por las razones antes expuestas, es procedente declarar la NULIDAD de la sentencia recurrida, debiéndose reponer las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que la ha originado, procediéndose a enmendar lo actuado conforme a derecho...´´

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Civil, art. 1589 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Civil, art. 1586 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA. – SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C, a los cuatro días del mes de mayo del año dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha dieciocho de noviembre del dos mil veintidós, por la Abogada EVA JAMILETH GALINDO VALERIANO, en su condición de representante procesal del señor JOSE MIGUEL RIVERA ALVARENGA, como recurrente; además es parte recurrida, el ESTADO DEE HONDURAS, representado en juicio por la Abogada BLANCA LIDIA PONCE RAMOS. OBJETO DEL PROCESO: demandademanda ordinaria laboral por la nulidad del acto del despido por haberse efectuado cuando el contrato de trabajo se encontraba suspendido en virtud de incapacidad otorgada por el Instituto Hondureño de Seguridad Social, a partir del 01 de noviembre del 2014 al 31 de diciembre del mismo año o sea 61 días, el pago de la diferencia existente en la liquidación realizada de manera unilateral por el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA) y la efectuada por la Secretaría del Trabajo de conformidad a disposición contenida en el contrato colectivo de trabajo vigente específicamente en las cláusulas 65, 66 y 89 primer párrafo del séptimo contrato colectivo de condiciones de trabajo vigente suscrito entre el IHNFA y SITRAIHNFA, pago por ajuste salarial L. 1,200.00 adeudado desde el mes de junio de 2012, salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios desde la fecha de terminación de la relación laboral hasta que la sentencia adquiera el carácter de firme, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecisiete de octubre del dos mil dieciséis, por el señor JOSE MIGUEL RIVERA ALVARENGA, casado, mayor de edad, Ayudante de Mantenimiento, hondureño y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA (IHNFA), por medio del Procurador General de la República, el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veintiséis de enero del dos mil veintidós, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha veintitrés de julio del dos mil diecinueve, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR la EXCEPCION DE PRESCRIPCIÓN opuesta por la representante procesal demandada Abogada EVA JAMILETH GALINDO VALERIANO. 2) SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por JOSE MIGUEL RIVERA ALVARENGA en contra del ESTADO DE HONDURAS a través del representante legal el Procurador General de la República de aquél entonces el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA. 2) ABSUELVE al ESTADO DE HONDURAS de toda responsabilidad proveniente del presente juicio. SIN COSTAS…”. ANTECEDENTES DE HECHO. 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que inicio a laborar con el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA), el 7 de junio del año 2007, en el cargo de Ayudante de Mantenimiento en el Departamento de Servicios Generales. Que mediante Decreto Ejecutivo PCM-26-2014 de fecha 4 de junio del año 2014, el INHFA fue suprimido, declarando la institución en proceso de cierre y supresión y clausura definitiva en aplicación al artículo 111 numeral 9) del Código del Trabajo, garantizando a través de la Secretaría de Finanzas la provisión oportuna de los recursos presupuestarios para pagar el pasivo laboral de los empleados del INHFA sin perjuicio de los convenios de pago que pudieran suscribirse con los trabajadores ante la autoridad del trabajo correspondiente. En la misma fecha, es decir el 4 de junio del año 2014, mediante Decreto PCM27-2014, se creó el órgano desconcentrado denominado Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) de manera irregular ya habiendo sido creado el IHNFA mediante Decreto Legislativo, de la misma manera debió suprimirse, en consecuencia, la creación de la nueva institución es irregular por no haberse seguido el procedimiento legislativo que la ley contempla para su creación, por lo tanto, el IHNFA sigue existiendo. Resulta que fue despedido del IHNFA a partir del 5 de diciembre del año 2014, pero en esa fecha su contrato de trabajo se encontraba suspendido en vista que gozaba de una incapacidad médica extendida por el IHSS, siendo vigente hasta el 1 de noviembre al 31 de diciembre del año 2014, por lo tanto, de conformidad al artículo 3 del Código del Trabajo, el despido es nulo de pleno derecho; para el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales se hizo a través de Acta levantada de fecha 14 de septiembre del año 2014, pero no fueron liquidadas mediante el contrato colectivo vigente, razón por la cual acude solicitando el pago del complemento que le corresponden de conformidad al VII Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo que en las cláusulas No. 65, 66 y 89 se encuentra establecido la manera o metodología singular para el cálculo o liquidación de las prestaciones e indemnizaciones laborales. 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que efectivamente el demandante sostuvo una relación laboral con el ya suprimido Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA), desde el 7 de junio del 2007 al 5 de diciembre del año 2014, el cual fue cancelado en virtud del Decreto Ejecutivo PCM 26-2014, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” No. 33,446 de fecha 4 de junio de 2014, es de hacer del conocimiento que para el cierre de la institución se desarrolló una investigación diligente y se tomaron en consideración las recomendaciones efectuadas por el Comité Internacional de los Derechos del Niño, el cual se hizo la observación de que el Estado de Honduras debía de hacer efectivos los principios y disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño consignando los recursos suficientes para la atención y el cuidado de la niñez y la adolescencia, hecho que se expuso en el PCM-27-2014; que mediante Decreto Ejecutivo PCM 066-2011 de fecha 21 de septiembre de 2011, se nombró una Comisión Interventora con el propósito de desarrollar una investigación sobre la situación del IHNFA, en virtud de que se constató que efectivamente el presupuesto asignado a la misma un 92.8% era designado para el pago de salarios del personal y solo apenas un 7.14% era asignado para atención de la niñez y adolescencia, lo cual quedó plasmado en el Decreto Ejecutivo PCM 26-2014, extremo que se encuentra consignado en el considerando quinto del citado decreto, por lo que conforme al artículo 1 del mismo se ordena “suprimir al Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA), el cual había sido creado mediante Decreto Legislativo No.199-1997 de fecha veintinueve (29) de enero de mil novecientos noventa y ocho (1998)”. Que, ante el supuesto hecho de una nulidad del acto administrativo, la parte demandante equivocó la vía Jurisdiccional, en virtud que el artículo 30 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo establece que: "Los actos de carácter general o disposiciones que dictare la Administración Pública, podrán impugnarse directamente ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, una vez que hayan entrado en vigencia en vía administrativa", por lo que el Juzgado del Trabajo no tiene la facultad para decretar la Nulidad del Acto como pretende la parte actora, por no estar conforme a lo preceptuado por la Ley que regula estas actuaciones. Asimismo, el cálculo para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales fueron convenidas con los trabajadores mediante Acta de Terminación de una relación laboral por Mutuo Consentimiento ante la presencia de la Inspectora de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y amparada en la Cláusula del Sexto Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo, suscrito por el IHNFA y el SITRAIHNFA y que una vez puestas de acuerdo las partes se procedió al pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales conforme a lo establecido en el artículo 379 del Código del Trabajo; no obstante, el demandante no puede pretender sustentar un derecho subjetivo que no le corresponde y que carece de todo soporte jurídico, para exigir el pago de la manera que más le favorezca a su interés personal, bajo la tutela del Séptimo Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo, que como se ha venido manifestando en la presente contestación, el mismo fue anulado de pleno derecho por la Sala de lo Constitucional. 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintitrés de julio del dos mil diecinueve, dictó sentencia que, en su parte conducente, dice: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR la EXCEPCION DE PRESCRIPCIÓN opuesta por la representante procesal demandada Abogada EVA JAMILETH GALINDO VALERIANO. 2) SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por JOSE MIGUEL RIVERA ALVARENGA en contra del ESTADO DE HONDURAS a través del representante legal el Procurador General de la República de aquél entonces el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA. 2) ABSUELVE al ESTADO DE HONDURAS de toda responsabilidad proveniente del presente juicio. SIN COSTAS…”. Bajo el criterio que, en las presentes diligencias, la parte demandada, ha establecido como medio de defensa la Excepción de Prescripción de la Acción y conforme a la prueba aportada resulta que el despido y las acciones realizadas posteriormente por el trabajador demandante, fueron las siguientes: La terminación del contrato de trabajo se produjo el 5 de diciembre del año 2014, acudió a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social instaurando el reclamo administrativo el 15 de agosto del año 2015 y se dio por agotada la vía administrativa el 23 del mes de agosto del año 2016 y la demanda fue presentada el 17 de octubre del 2016. Que, conforme a la prueba anteriormente relacionada, resulta que el demandante realizó las diligencias previas y posteriores a la presentación de la demanda fuera del plazo legal otorgado por el artículo 867 del Código del Trabajo, por lo tanto, la demanda fue presentada fuera de tiempo, en consecuencia, se declara CON LUGAR la Excepción de Prescripción. 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis de enero del dos mil veintidós, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que con los medios de prueba acreditados en el juicio quedo probada la finalización de la relación laboral que existió entre el empleador y trabajador demandante el 5 de diciembre del 2014. Que consta en autos haber acudido a la Secretaría del Trabajo el 15 de agosto del 2015, dándose por agotada la vía administrativa el 23 de agosto del 2016, la demanda se presentó el 17 de octubre del 2016, por lo que le prescribió la acción para demandar, habiendo transcurrido 8 meses 10 días para agotar la vía administrativa, habiéndole transcurrido los dos meses para agotar el procedimiento administrativo gubernativo y acudir a la instancia judicial. En consecuencia, la sentencia dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de esta Sección Judicial esta apegada a derecho. 5. Mediante auto de fecha once de agosto del dos mil veintidós, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada EVA JAMILETH GALINDO VALERIANO, en su condición de representante procesal del señor JOSE MIGUEL RIVERA ALVARENGA, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha dieciocho de noviembre del dos mil veintidós, compareció ante este Tribunal la Abogada EVA JAMILETH GALINDO VALERIANO, en su condición de representante procesal del señor JOSE MIGUEL RIVERA ALVARENGA. formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha dieciocho de noviembre del dos mil veintidós, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha dieciocho de enero del dos mil veintitrés, se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por parte de la Abogada BLANCA LIDIA PONCE RAMOS, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I. Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. II. Que el Artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente". III. Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su Artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden. IV. Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial. V. Olvida la Corte de Apelaciones que lo reclamado por el demandante se trata de una acción de pago de complemento o reajuste de prestaciones e indemnizaciones laborales, olvida que lo reclamado por la demandante no es contra un despido injustificado de que haya sido objeto, ya que no existe planteada en el proceso esa situación, sino que se trata de una acción de pago de complemento o reajuste de prestaciones e indemnizaciones laborales, el cual tiene un término de dos (2) años para ser reclamado tal como analógicamente se prevé en los artículos 39 y 43 de la Ley de Salario Mínimo; por lo cual, al no atender o dar respuestas al tema planteado se violenta el deber de congruencia que debe imperar en las resoluciones judiciales. VI. Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. VII. Con base a lo establecido en el artículo 726 del Código de Trabajo, así como el artículo 8 del Código Procesal civil, referente a la celeridad procesal deberá el Ad-Quem, resolver de forma prioritaria dicha nulidad por ser un juicio que ya ha sido de conocimiento y estudio procurando brindar una pronta respuesta a las partes procesales. VIII. Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. IX. Que, por las razones antes expuestas, es procedente declarar la NULIDAD de la sentencia recurrida, debiéndose reponer las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que la ha originado, procediéndose a enmendar lo actuado conforme a derecho. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 59, 60, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5), 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8. 1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 666 letra c), 776, 777 y 858 del Código del Trabajo; 11 del Código Civil; 22, 193, 200, 206, 207, 208, 211, 213, 214 numeral 2), 215 numeral 5), 217 numeral 2) y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha 26 de enero de 2022, visible a folios 25 al 28 de la segunda pieza, debiendo dicho órgano jurisdiccional reponer lo actuado, pronunciarse y resolver sobre los extremos omitidos, conforme las razones y consideraciones expuestas en los Fundamentos de Derecho de la presente resolución.- Y MANDA: Devolver los autos al lugar de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a Derecho. Redactó la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. NOTIFÍQUESE. ROY PINEDA CASTRO, COORDINADOR, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO DE LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes junio del dos mil veintitrés; certificación de la sentencia de fecha cuatro de mayo del dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Casación número CL 420-2022. Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ

SECRETARIO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

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