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Sentencia CL-415-21 — Registro 17145

Resumen

Demanda Ordinaria para que en sentencia definitiva aplicando el artículo 47 del Código del Trabajo, se declare celebrado por tiempo indefinido una relación laboral que se mantuvo por contrato a tiempo determinado, ya que las labores contratadas son de naturaleza permanente y continuas en la Institución demandada y subsiste la causa que le dio origen a la materia del trabajo, como consecuencia de lo anterior se condene al reintegro y pago de salarios dejados de percibir con sus incrementos aplicados a los demás trabajadores del patrono demandado, décimo tercer y décimo cuarto mes de salario y demás beneficios que se produzcan durante la secuela del juicio

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además, es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- IV.- Que por Acceso a la Justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.-"...

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que revisado el fallo expuesto en el numeral que antecede, se concluye, que los juzgadores de instancia después de un proceso de deliberación y valoración deben resolver las cuestiones planteadas en él iter procesal, cumpliendo con los requisitos formales en el contenido interno de los fallos judiciales de conformidad a la ley, lo que implica que al momento de su emisión se debe cumplir con el deber de congruencia, exhaustividad y claridad. En el sub-judice, si bien al reformarse el fallo impugnado se realiza el razonamiento pertinente, en cuanto al “Acuerdo Ministerial” y, se confirma los demás extremos de la sentencia de primera instancia haciéndolos suyos. No es menos cierto, que en la resolución de mérito se incumple con el deber de exhaustividad, en lo que se refiere al reconocimiento de la permanencia del demandante en relación a los derechos que ostentan los demás trabajadores de la institución demandada, que tienen esa misma calidad, por ende, tales derechos, por principio de igualdad debe gozarlos también la parte actora. Por otro lado, igualmente, se incumple con el deber de congruencia al omitirse los pronunciamientos correspondientes en cuanto a las pretensiones de las partes que se deducen de los fundamentos jurídicos ya, sea estimando o desestimando las mismas (con lugar, sin lugar, condenado o absolviendo) que se deben realizar independientemente de la reforma y confirmatoria aludida, todo de conformidad a lo preceptuado en los artículos 200 numeral d), 206 numeral 1) y 207 numeral 2) del Código procesal Civil. Las falencias antes señalas determinan la nulidad del fallo impugnado.-"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Procesal Civil, art. 208 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- XI.- Que la nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella, y debe cuando conste en autos, decretarse de oficio, aunque las partes no la aleguen"....

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Procesal Civil, art. 206 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION.-

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. – SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, Tegucigalpa, M.D.C., a los trece (13) días del mes de marzo del dos mil veintitrés (2023).- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 8 de agosto 2022, por el Abogado CARLOS HERIBERTO TRIMINIO TORRES, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, el señor WYLLMAN GUZMAN NAYRA, representado en juicio por el Abogado MARIO GUILLERMO MONTES MONTOYA. OBJETO DEL PROCESO: Demanda Ordinaria para que en sentencia definitiva aplicando el artículo 47 del Código del Trabajo, se declare celebrado por tiempo indefinido una relación laboral que se mantuvo por contrato a tiempo determinado, ya que las labores contratadas son de naturaleza permanente y continuas en la Institución demandada y subsiste la causa que le dio origen a la materia del trabajo, como consecuencia de lo anterior se condene al reintegro y pago de salarios dejados de percibir con sus incrementos aplicados a los demás trabajadores del patrono demandado, décimo tercer y décimo cuarto mes de salario y demás beneficios que se produzcan durante la secuela del juicio, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 14 de junio del 2017, por el señor WYLLAM GUZMAN NAYRA, mayor de edad, casado, Licenciado en Informática, hondureño, de este domicilio, contra EL ESTADO DE HONDURAS, a través de la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, por actuaciones del INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 10 de mayo del 2021, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: I.- Declarar CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado MELVIN JAVIER FLORES PINEDA, en su condición de Representante Procesal de la parte demandada.- II.- REFORMA la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán de fecha veinticinco de noviembre del año dos mil diecinueve que corre a folios del 523 al 526 frente y vuelto de la primera pieza de autos.- III.- CONFIRMAR la sentencia en todos sus numerales.- IV.- SIN COSTAS”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de la demanda que, comenzó a prestar sus servicios al Estado de Honduras a través del Instituto Nacional de Migración, a partir del 2 de marzo del 2015, de manera continua y sin interrupción alguna por contrato a tiempo determinado, desempeñándose en el cargo de Oficial de Informática, devengando un último salario ordinario mensual de L. 18,000.00, por el cual realizaba funciones y labores que son de carácter permanente en la demandada; menciona que la relación de trabajo desde que ingresó ha sido de manera continua y permanente sin interrupción alguna, situación que probará en juicio con el medio de prueba correspondiente; laboró mediante la suscripción consecutiva e ininterrumpida de Contratos desarrollando las mismas labores hasta el 1 de marzo de 2017, fecha en la cual la Gerente de Talento Humano del Instituto Nacional de Migración, le comunico verbalmente que la relación laboral había finalizado el 29 de febrero del 2017, para los efectos de dejar fe sobre su existencia, solicitó a la Inspectoría General del Trabajo que se levantara el Acta respectiva, la que no pudo ser levantada en vista que la demandada no quiso atenderles, por lo que la Inspectora procedió a dejarle citaciones y es así como en fecha 10 de marzo del 2017, el Apoderado Legal de la Demandada, comparece ante la Inspectoría General del Trabajo a manifestar que no le habían despedido, sino que el contrato a término había finalizado el 28 de febrero del 2017; la relación laboral de trabajo se regulo mediante la suscripción de contratos a tiempo determinado en labores de naturaleza permanente y continuas, por lo que aplicando el artículo 47 del Código del Trabajo debe considerarse que la contratación de la relación laboral es por tiempo indefinido, aunque en el contrato se haya expresado termino de duración, ya que la causa que le dio origen a la prestación de los servicios contratados subsisten, es decir se continúan desarrollando; ante la ilegalidad de la terminación laboral del que fue objeto y para darle cumplimiento a lo ordenado por el artículo 691 del Código del Trabajo, se abocó ante las Oficinas de Conflictos Individuales de Trabajo, dependiente de la Secretaria del Trabajo y Seguridad Social, a efecto de llegar a un arreglo conciliatorio intentando por esa vía el cumplimiento de sus pretensiones, lo que no fue posible, por lo que se dio agotada la vía administrativa correspondiente.- 2. La parte demandada, EL ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda expresando qué, el demandante sostuvo una relación contractual con El Estado de Honduras a través del Instituto Nacional de Migración, mediante la suscripción de Contrato bajo la modalidad de Servicios Profesionales y Técnicos, por tiempo determinado, con fecha de inicio y terminación; no obstante rechaza la fecha que dice haber comenzado a prestar sus servicios profesionales, así como el salario que aduce haber devengado y el cargo desempeñado, será el demandante quien deberá probarlo en el momento procesal oportuno; que el demandante pretende crear confusión al aseverar que su relación de trabajo desde que ingresó ha sido continua y permanente sin interrupción alguna, sin embargo los contratos suscritos fueron con fecha de inicio y terminación de la relación contractual, lo que no constituye ninguna continuidad pues dichos contratos fueron concertados con fecha de terminación de la obligación contraída y sin obligación posterior para las partes, circunstancia que era del conocimiento del demandante; de igual manera rechaza lo manifestado por el demandante, referente que en el mes de marzo del 2017 la Gerente de Talento comunicó verbalmente que su relación laboral había finalizado el 29 de febrero de 2017, lo acaecido fue la llegada del término para lo cual había sido contratado, misma que se realizó bajo la modalidad de Contratos de Servicios Profesionales y Técnicos, por un periodo temporal, con fecha de inicio y finalización, bajo el consentimiento y aceptación, el cual al llegar a la fecha de terminación este concluiría y fue lo que ocurrió, puesto que los contratos temporales no requieren ninguna notificación, no se trata de un despido, pues sencillamente terminó su contrato por llegar a la fecha de vencimiento, razón por la cual rechaza también la aplicación del artículo 47 del Código del Trabajo, pues los contratos suscritos fueron transitorios y temporales, no se puede aplicar irresponsablemente la normativa laboral de tal artículo ni considerarse por tiempo indefinido, pues la figura del Contrato involucra dos partes que se someten a las obligaciones y derechos plasmados en el mismo y no derechos subjetivos por muy convenientes que sean para una parte, tampoco cambiarse los términos del contrato, argumentando esta normativa del artículo 47 del Código del Trabajo, pues desnaturalizaría el objeto del contrato; en ese orden de ideas fundamentar las pretensiones para exigir un derecho subjetivo de reconocimiento de tiempo indefinido por la suscripción de varios contratos, por ser beneficioso a los intereses particulares del trabajador, induciría que la otra parte quedara en desventaja porque se sujetaría a la rigidez de la normativa del artículo 47 Código del Trabajo, en menoscabo del artículo 60 de la Constitución de la República, pues la actividad temporal es porque no existe la plaza para un nombramiento permanente, razón por la cual rechaza la utilización del texto de dicho artículo; no obstante las circunstancias antes mencionadas no son determinativas acomodar sus pretensiones puesto que como reitera, la parte actora suscribió Contrato de Servicios Profesionales, regido por las cláusulas establecidas en el mismo, con derechos obligaciones recíprocas y sujetas para ambas partes; en consecuencia se deduce que el demandante solo pretende aplicar una norma jurídica laboral con el único objeto de utilizarlo para el reconocimiento de un derecho que no existe ni tiene ningún sustento jurídico, por ser este meramente ilusorio e imaginario y sostener un supuesto contrato de trabajo por tiempo indeterminado, extremo que se probará en el momento procesal oportuno; en cuanto que el demandante presentó el reclamo administrativo ante la Secretaria de Estado en el Despacho de Trabajo y Seguridad Social, buscando un arreglo conciliatorio, en virtud que no está facultado para comparecer a ningún tipo de conciliación, ni mucho menos al tratarse de Contratos de Servicios Profesionales, por periodos limitados y determinado, el cual además de haberse acordado a satisfacción de las partes que en caso de controversias es competente la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo siendo incompetente para conocer del asunto la Secretaria de Estado en el Despacho del Trabajo y Seguridad Social, a razón de la materia; en consecuencia, la pretensión exigida equivoco la vía para ejercer su reclamo, debe ser declarada sin lugar por no asistirle el derecho subjetivo e ilusorio que pretende y será en el proceso del debate que se acreditara que la parte actora no tuvo sustentación jurídica para litigar.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 25 de noviembre del 2019, dictó sentencia que en su parte resolutiva dice: “FALLA: I.- Declarar CON LUGAR la Demanda Ordinaria para que se declare celebrado por tiempo indefinido una relación laboral que se mantuvo por Contrato a tiempo determinado, reintegro a su puesto de trabajo y el pago de los salarios dejados con sus incrementos aplicados a los demás trabajadores del patrono demandado, y demás beneficios que se produzcan durante la secuela del juicio; instaurada por el señor WYLLMAN GUZMAN NAYRA; contra EL ESTADO DE HONDURAS por intermedio de su actual Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA. II.- CONDENAR: AL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su actual Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA a lo siguiente: a) Reintegrar al Señor WYLLMAN GUZMAN NAYRA a su puesto de trabajo por lo menos en igualdad de condiciones de trabajo que mantenía al momento de operarse la ruptura del contrato; al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que se materialice el reintegro ordenado, y demás derechos adquiridos en su ausencia, debiendo la Institución demandada nombrarlo como empleado permanente desde el inicio de la relación laboral 02 de marzo de 2015 para lo cual deberán emitir el Acuerdo Ministerial correspondiente en el cual se nombre al señor WYLLMAN GUZMAN NAYRA. III.-Declarar SIN LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral para el pago de décimo tercer; décimo cuarto mes de salario y bono de vacaciones; instaurada por el señor WYLLMAN GUZMAN NAYRA; contra EL ESTADO DE HONDURAS por intermedio de su actual Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA; en consecuencia ABSUELVE: AL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su actual Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA de pagar al señor WYLLMAN GUZMAN NAYRA; dicho concepto. IV.- SIN COSTAS”. Bajo el criterio que, al hacer un estudio de las pruebas aportadas al proceso concluye que el demandante desde que inició su relación laboral con la demandada ha sido continua y para la misma clase de trabajo; por consiguiente la continuidad de celebración de Contratos se entiende por tiempo indefinido, por lo que se cumple la condición para considerar un trabajador permanente; de igual forma la parte demandada no señala una causa justa al momento de la terminación de la relación laboral, razón por la cual es del criterio que procede declarar con lugar la demanda de mérito; asistiendo el derecho a ser reintegrado al puesto de trabajo que tenía al momento de la ruptura del Contrato de Trabajo, pago de salarios dejados de percibir, y demás derechos que se hayan otorgado en ausencia del actor; en cuanto al pago del décimo tercer, décimo cuarto mes de salario, y bono de vacaciones, los declara sin lugar en vista de no estar acreditado que la Institución demandada le adeude estos reclamos.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 10 de mayo del 2021, dictó sentencia REFORMANDO la proferida por el a quo, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: I.- Declarar CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado MELVIN JAVIER FLORES PINEDA, en su condición de Representante Procesal de la parte demandada.- II.- REFORMA la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán de fecha veinticinco de noviembre del año dos mil diecinueve que corre a folios del 523 al 526 frente y vuelto de la primera pieza de autos.- III.- CONFIRMAR la sentencia en todos sus numerales.- IV.- SIN COSTAS”. Bajo el criterio que en la parte dispositiva de la sentencia el Juez de primera instancia ordena que se nombre al demandante como permanente con Acuerdo Ministerial, lo cual no es procedente, porque precisamente los que se nombran con Acuerdo Ministerial son los empleados públicos, condición que no tiene facultades para ordenar un Juez del Trabajo, ya que serían excluyentes las modalidades, puesto que se le está dando la permanencia porque son Contratos de Trabajo, y los empleados públicos entran al sistema por otro procedimiento que se señala en la Ley de Servicio Civil, por lo que en ese sentido es procedente reformar la sentencia que se conoce en apelación, confirmando los demás extremos.- 5. Mediante auto de fecha 15 de noviembre del 2021, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado MELVIN JAVIER FLORES PINEDA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha 8 de agosto del 2022, compareció ante este Tribunal el Abogado CARLOS HERIBERTO TRIMINIO TORRES, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 8 de agosto del 2022, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 6 de septiembre del 2022, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por el Abogado MARIO GUILLERMO MONTES MONTOYA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado ROY PINEDA CASTRO, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- II.- Que el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. - Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente".- III.- Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además, es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- IV.- Que por Acceso a la Justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- V.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- VI.- Que la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 10 de mayo del 2021, dictó sentencia REFORMANDO la proferida por el a quo, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: I.- Declarar CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado MELVIN JAVIER FLORES PINEDA, en su condición de Representante Procesal de la parte demandada.- II.- REFORMA la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán de fecha veinticinco de noviembre del año dos mil diecinueve que corre a folios del 523 al 526 frente y vuelto de la primera pieza de autos.- III.- CONFIRMAR la sentencia en todos sus numerales.- IV.- SIN COSTAS”.- VII.- Que revisado el fallo expuesto en el numeral que antecede, se concluye, que los juzgadores de instancia después de un proceso de deliberación y valoración deben resolver las cuestiones planteadas en él iter procesal, cumpliendo con los requisitos formales en el contenido interno de los fallos judiciales de conformidad a la ley, lo que implica que al momento de su emisión se debe cumplir con el deber de congruencia, exhaustividad y claridad. En el sub-judice, si bien al reformarse el fallo impugnado se realiza el razonamiento pertinente, en cuanto al “Acuerdo Ministerial” y, se confirma los demás extremos de la sentencia de primera instancia haciéndolos suyos. No es menos cierto, que en la resolución de mérito se incumple con el deber de exhaustividad, en lo que se refiere al reconocimiento de la permanencia del demandante en relación a los derechos que ostentan los demás trabajadores de la institución demandada, que tienen esa misma calidad, por ende, tales derechos, por principio de igualdad debe gozarlos también la parte actora. Por otro lado, igualmente, se incumple con el deber de congruencia al omitirse los pronunciamientos correspondientes en cuanto a las pretensiones de las partes que se deducen de los fundamentos jurídicos ya, sea estimando o desestimando las mismas (con lugar, sin lugar, condenado o absolviendo) que se deben realizar independientemente de la reforma y confirmatoria aludida, todo de conformidad a lo preceptuado en los artículos 200 numeral d), 206 numeral 1) y 207 numeral 2) del Código procesal Civil. Las falencias antes señalas determinan la nulidad del fallo impugnado.- VIII.- Que toda persona tiene el derecho de poder ejercitar o promover las acciones que estime pertinentes en defensa de sus derechos y derivado de ello también tiene el derecho a recibir una respuesta del órgano jurisdiccional, previo a seguirse el debido proceso, resolución que deberá ser congruente, motivada, imparcial y apegada al ordenamiento jurídico y a los principios generales del derecho laboral.- IX.- Con base a lo establecido en el artículo 726 del código del Trabajo, así como el artículo 8 del Código Procesal civil, referente a la celeridad procesal deberá el Ad Quem, resolver de forma prioritaria dicha nulidad por ser un juicio que ya ha sido de conocimiento y estudio procurando brindar una pronta respuesta a las partes procesales.- X.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- XI.- Que la nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella, y debe cuando conste en autos, decretarse de oficio, aunque las partes no la aleguen.- XII.- Que, por las razones antes expuestas, es procedente ANULAR DE OFICIO la sentencia recurrida.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 59, 60, 90 párrafo primero, 128, 303, 304, 313 numeral 5), 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1, 8.2. h) 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 8, 666 letra c) 726, 776, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200, 206 y 208 del Código Procesal Civil; 9 y 11del Código Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, de fecha 10 de mayo del 2021, visible a folios 13 al 16 de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó el Magistrado. ROY PINEDA CASTRO. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROY PINEDA CASTRO, COORDINADOR, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. SECRETARIO DE LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veinticuatro días del mes abril del dos mil veintitrés; certificación de la sentencia de fecha trece de marzo del dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Casación número CL 415-21.- Firma y sello.- OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ, SECRETARIO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.