Sentencia CL-411-22 — Registro 17144
Resumen
Demanda ordinaria laboral para el reconocimiento de condición permanente por la suscripción de varios contratos para una misma labor y por la naturaleza del cargo, reajuste salarial, se le reintegre al puesto de trabajo en igual o mejores condiciones, pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios y demás derechos que se reconozca a los empleados durante la sustanciación del juicio, incorporación al INJUPEMP
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
.." Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Dentro de las normas que indica como violadas como ser el artículo 46 del Código de Trabajo, no ostenta el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce y consagra correlativamente derechos y obligaciones o extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) La violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley, en el motivo expuesto las causas de terminación fueron objeto de la controversia y por ende del material probatorio, al señalar los contratos y las situaciones que se dieron en base a ellos; y, c) En la explicación del cargo hace alegatos propios de instancia, mismos que en este Recurso extraordinario son inapropiados debido que los argumentos del caso ya fueron evacuados en el momento procesal oportuno, sin probar la violación alegada."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765 numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
.."que no es la voluntad de las partes la que determina si un contrato representa o no una relación de trabajo, sino el hecho de que, si esta relación cumple o no los requisitos establecidos por la ley para que se configure como tal, conforme el principio de primacía de la realidad. Por eso es necesario estudiar los elementos esenciales determinados por el Código de Trabajo para la existencia del contrato de trabajo, sin perder de vista que una vez reunidos los elementos de que trata el artículo 20 del precitado cuerpo legal, se entiende que existe contrato de trabajo y que no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen. En tal sentido, si se cumplen a cabalidad los elementos esenciales del precepto citado, existirá relación o contrato de trabajo a pesar de cualquier acto, estipulación o convención entre las partes…”. "...
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 129 (Rango Constitucional)
- Código del Trabajo, art. 3 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 18 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 17 de mayo del 2023, por la Abogada JENNY ELIZABETH PAREDES BAIDE, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), como recurrente; además, es parte recurrida, el señor HÉCTOR JUNIOR MEDINA HERNANDEZ, representado en juicio por el Abogado JOSÉ ROBERTO ALVARADO GÁLVEZ. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para el reconocimiento de condición permanente por la suscripción de varios contratos para una misma labor y por la naturaleza del cargo, reajuste salarial, se le reintegre al puesto de trabajo en igual o mejores condiciones, pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios y demás derechos que se reconozca a los empleados durante la sustanciación del juicio, incorporación al INJUPEMP, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 10 de octubre del 2016, por el señor HÉCTOR JUNIOR MEDINA HERNANDEZ, mayor de edad, soltero, Licenciado infiere en Administración de empresas, hondureño y con domicilio en la ciudad de Juticalpa, departamento de Olancho, contra el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), a través de su representante legal la señora MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 02 de marzo del 2022, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que en su parte conducente, dice: “FALLA: 1.- Declarar SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada MARIA BRENDA SUYAPA WILLIAMS RODRÍGUEZ, en su condición de Representante Procesal de la parte demandada.- 2.- REFORMAR la sentencia definitiva que se conoce por vía del recurso de apelación, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de este Departamento de Francisco Morazán en fecha veintinueve de octubre del año dos mil dieciocho, que corre agregada a folios 68, 69 y 70 de la primera pieza del expediente, en la forma siguiente: UNO: CONFIRMAR el numeral 1) de la parte resolutiva de la sentencia que declara CON LUGAR la demanda.- DOS: REVOCAR PARCIALMENTE el numeral 2) de la parte resolutiva de la sentencia que se refiere a declarar LA NULIDAD DE LOS CONTRATOS suscritos por el demandante HÉCTOR JUNIOR MEDINA HERNANDEZ y el INJUPEMP por la simulación de los mismos, dejando subsistente la parte final del mismo, en cuanto a que la relación de trabajo con el demandante y el INJUPEMP fue por tiempo indefinido, reconociéndole su antigüedad a partir del 19 de enero del año 2015.- TRES: CONFIRMAR el numeral 3) de la parte resolutiva de la sentencia que se refiere a la condena al INJUPEMP a reintegrar al demandante a su puesto de trabajo en iguales condiciones, reconociéndole todos los derechos otorgados a los empleados permanentes a partir de la fecha en que adquirió la antigüedad y a título de daños y perjuicios se condena al pago de los salarios dejados de percibir desde que se produjo el despido hasta que se cumpla con la reinstalación del señor HÉCTOR JUNIOR MEDINA HERNANDEZ.- 3.- SIN COSTAS en esta instancia”. ANTECEDENTES DE HECHO 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que comenzó a laborar en el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP), el 19 de enero del 2015; y que durante el tiempo que laboró celebró varios contratos consecutivos para desempeñar una misma labor como Analista de Créditos, devengaba a la fecha de la cancelación un salario mensual de L. 10,000.00. Que las labores que realizó fue de manera continua ininterrumpidamente durante el tiempo que prestó sus servicios como Analista de Créditos en INJUPEMP bajo la supervisión de la Jefatura de Recursos Humanos; entre otras como grabar en el sistema prestamos, revisar la documentación de cada uno de los participantes, informar sobre estados de cuentas a los afiliados, informar sobre su aportaciones a la fecha, extender el carnet respectivo, iniciaba el trámite de jubilación, todas elaboradas de manera continua al igual que otras funciones propias de un empleado permanente, y que ejecutó durante el tiempo que laboró para el INJUPEMP, labores que como se podrá observar no son de carácter temporal, transitorio o accidental. Que durante el tiempo en que prestó sus servicios, suscribió sucesivos contratos que se denominaron Contratos de Servicios Profesionales por tiempo determinado pero la naturaleza de un contrato no depende de la denominación que se le dé, ni determina la ley que debe aplicarse sino, la clase de prestación que cada parte ofrece a la otra, en este sentido cumplía con los 3 requisitos que impone el artículo 20 del Código de Trabajo; y que el lugar en donde desempeñaba su trabajo era dentro de las oficinas principales del INJUPEMP, utilizando como medios para ejecutar el trabajo los que le proporcionaba su patrono; por lo tanto, la relación con la demandada no era de contratista por que prestaba un servicio personal que no podía delegar en otros (intuitu personae), la naturaleza de su relación tampoco era temporal, transitoria o accidental. Basta para ello señalar la cantidad de contratos suscritos entre las partes, de los cuales se desprende una actividad permanente dentro de la institución, los que sumados dan cuenta de más de año y medio de servicio, así como la misma naturaleza del cargo que desempeñó que fue el de Analista de Créditos; la legislación es clara y contundente al que "Los contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la empresa, se considerarán como celebrados por tiempo indefinido aunque en ellos se exprese término de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsisten la causa que le dio origen o la materia del trabajo para la prestación de servicios" por tanto la cláusula del contrato de "servicios profesionales" que ponía fin al contrato es contraria a derecho porque es nulo de pleno derecho (sin necesidad que una autoridad lo declare así) todo acto que implique la renuncia, disminución, restricción o tergiversación de un derecho según la norma 128 constitucional (la que no hace ninguna distinción en su aplicación) y en su caso el derecho a la estabilidad laboral estaba siendo vulnerada, cuando la cantidad de contratos suscritos y la actividad que realizaba son signos evidentes que realizaba una labor permanente; que la parte demandada al proponerle la suscripción de contratos de servicios profesionales por tiempo determinado lo que hacía era cometer un fraudi legis (fraude a la ley) porque si bien es legal un contrato de servicios profesionales con vigencia temporal, esas condiciones solo pueden aplicarse a quien desempeña una profesión o presta un servicio en el ejercicio libre de una profesión y por un tiempo limitado; aplicarle ese tipo de contratos demuestra que su verdadera intención es sustraerse del imperio de la normativa laboral para escudarse en el campo de la autonomía de la voluntad, donde el contrato es ley entre las partes y por ende se sujetan a lo que se pacta dentro del contrato, pero precisamente las normas de orden público (esa serie de disposiciones que no pueden eludirse por convenios entre las partes) frena la intención de la demandada y hacen que la relación se encuadre en el ordenamiento jurídico respectivo, es decir, en el laboral. Aceptar la tesis del demandado de que la relación entre ambas partes era de servicios profesionales y temporal constituye avalar el fraude a la ley laboral que se propuso desde la elaboración y firma de ese tipo de contratos. Al respecto el artículo 129 de la Constitución de la Republica establece que "La Ley garantiza la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y profesiones y las justas causas de separación. Cuando el despido injustificado surta efecto y firme que sea la sentencia condenatoria respectiva, el trabajador tendrá derecho a su elección a una remuneración en conceptos de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, y a las indemnizaciones legales y convencionalmente previstas; o a que se le reintegre al trabajo con el reconocimiento de salarios dejados de percibir, a título de daños y perjuicios." Esta norma jurídica positiviza el principio laboral de la estabilidad del empleo que asegura al trabajador la permanencia en su cargo siempre y cuando no cometa ninguna falta que amerite el despido, protegiendo y librando al trabajador de esta manera de aquellas terminaciones arbitrarias y sin fundamento de que pueda ser víctima por parte del patrono. Que por las razones expuestas el hecho de que se le haya comunicado la terminación de la relación so pretexto de vencimiento de contrato es una fragrante violación al principio de estabilidad en el empleo el cual "otorga carácter permanente a la relación de trabajo y depende su disolución únicamente de la voluntad del trabajador y sólo excepcionalmente de la del patrono como consecuencia del incumplimiento grave de las obligaciones del trabajador y de circunstancias ajenas a la voluntad de los sujetos de la relación, que hagan imposible su continuación." (Mario de la Cueva); en ese sentido el argumento de que la relación que le unía a la demandada terminó como consecuencia del vencimiento de su contrato, eso fue una maniobra evasiva de responsabilidad laboral que intenta desconocer el carácter de empleado permanente, estatus que había estado esperando se le reconociera desde hace meses, cual como si fuera una dadiva por parte de las autoridades pero mi estabilidad laboral es un derecho por el cual decidió luchar y no un donativo que dependa del arbitrio de las autoridades; y que el trato que recibió por parte de la demandada con la suscripción de ese tipo de contratos afectó su proyecto de vida el cual le perjudicó por no tener acceso a los sistemas de seguridad social concretamente a INJUPEMP por lo que su subsistencia futura es incierta (por no decir nula) de ahí que esa demanda no se limita a reintegrarle y pagarle los salarios no percibidos, sino hacerle verdadera justicia social al reconocerle su condición de empleado permanente con las consecuencias que ello implica como ser la incorporación aquel régimen de seguridad social debiendo el patrono pagar sus cuotas correspondientes y las personales, ya que su conducta y desapego a la ley es la que le tiene actualmente sin trabajo y sin posibilidad de alguna jubilación, es decir, sin proyecto de vida actual ni futuro. El Convenio Internacional número 111 de la Organización Internacional del Trabajo relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación es de vital importancia en las relaciones de trabajo y al tenor del artículo 18 del Código de Trabajo es piedra angular para basar cualquier acción que sea necesaria para poner fin a un acto de discriminación laboral. Asimismo, manifestó que con el ánimo de llegar a un acuerdo conciliatorio compareció ante la oficina de Conciliación y Mediación de la Dirección General del Trabajo, siendo imposible el mismo, por lo que se dio por agotada la vía administrativa gubernativa. 2.- La parte demandada, el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), contestó dicha demanda rechazando totalmente los hechos de la demanda; alegando en su defensa que, el Código de Trabajo en su artículo 46 literal b) regula lo relativo a los contratos por tiempo limitado, estableciendo que los mismos podrán ser celebrados "cuando se ha previsto el acaecimiento de algún hecho que forzosamente ha de poner término a la relación de trabajo", esta disposición ha sido observada por la demandada, para contratar personal de carácter no permanente, debido a que por ser una Institución del Estado de Honduras creada mediante Decreto Legislativo 138, publicado en La Gaceta el 7 de Abril de 1971, para cada periodo anual el Congreso Nacional de la República le aprueba un Presupuesto de Ingresos y Egresos cuya cuantía y normas de ejecución deviene obligado a cumplir irrestrictamente para financiar sus operaciones de prestar servicios de Previsión Social a los servidores públicos, por el hecho de disponer de recursos aprobados en el Presupuesto Anual para contratar personas naturales para que le presten servicios personales o profesionales de carácter no permanente para cumplir con su finalidad, hecho establecido en la vigente Ley Orgánica del Presupuesto para todas las Instituciones del Estado y no exclusivamente para la demandada, cuando las circunstancias lo exigen por requerirse de personal temporal para apoyar al personal permanente en el desarrollo de las actividades, el Instituto procede a celebrar con personas naturales contratos por tiempo limitado, tomando como base el hecho de disponer de los recursos presupuestarios debidamente aprobados para pagarles durante un periodo fiscal que comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año; cuando el presupuesto es totalmente ejecutado se produce el hecho previsto para que la relación finalice; lo anterior constituye la razón que justifica el por qué la demandada formaliza contratos con periodos de vigencia determinada. Arguyó que el periodo anual para el cual fue aprobado el presupuesto concluye y la vigencia contrato por tiempo limitado coincide con dicha conclusión, acontece el hecho previsto de que por no contar con recursos presupuestarios aprobados la relación contractual concluye el 31 de diciembre de cada año, pero si se da el caso de que en el presupuesto del año siguiente el Congreso Nacional aprueba recursos para contratar la celebración de Servicios Profesionales y Personales no permanentes, tomando en consideración el resultado de la actividad realizada efectivamente por las personas contratadas el año anterior, existe la posibilidad de contratarlas nuevamente para el nuevo periodo presupuestario, siendo lo anterior precisamente lo acontecido en el caso del demandante durante el tiempo que se mantuvo la relación; asimismo manifestó que el demandante fue contratado por la demandada por contar con fondos aprobados por el Congreso Nacional en la Partida y asignación Presupuestaria registrada con la nomenclatura 24900, la cual era de naturaleza excepcional para pago de contratistas con carácter de no permanentes, de apoyo a los trabajadores permanentes para realizar actividades cuya ejecución no es posible realizar únicamente con los empleados permanentes, por lo que la contratación fue formalizada para que realizara por tiempo limitado, actividades de apoyo al personal permanente de la Oficina regional de la Ciudad de Juticalpa, Departamento de Olancho, tomando en cuenta el resultado del trabajo realizado y por aprobar el Congreso Nacional de la República, los fondos en las partidas y asignación presupuestaria relacionadas; al demandante se les contrató siempre por tiempo determinado, por contar con fondos aprobados por el Congreso Nacional en la Partida Presupuestaria antes relacionada, la cual como se ha expuesto ya es de naturaleza excepcional, los fondos aprobados son para financiar específicamente el pago de honorarios a personas naturales contratadas para ejecutar actividades cuya ejecución no es posible realizar únicamente con los empleados con status permanente. Además expresó que resultó evidente que el INJUPEMP, en el caso de la contratación del demandante, ha observado y cumplido estrictamente las normas legales vigentes para la ejecución de la partida y asignación presupuestaria que corresponde, de acuerdo a la naturaleza jurídica del contrato celebrado entre las partes, el cual se enmarca en los términos establecidos en el Código de Trabajo, de lo cual el hoy demandante estaba debidamente enterado para los efectos de que con posterioridad ninguna de las partes contratantes pretendiera sorprender a la otra alegando otros términos distintos a los consignados en el contrato, como acontece en la presente demanda. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 29 de octubre del 2018, dictó sentencia que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral promovida por HÉCTOR JUNIOR MEDINA HERNANDEZ en contra del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) a través de la Directora Ejecutiva la señora MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA, en consecuencia 2) Declara la Nulidad de los contratos suscritos por el demandante HÉCTOR JUNIOR MEDINA HERNANDEZ y el INJUPEMP por la simulación de los mismos, en consecuencia la relación trabajo con la demandante y el INJUPEMP fue por tiempo indefinido, reconociéndole su antigüedad a partir del 19 de enero del año 2015. 3) CONDENA al INJUPEMP a reintegrar a la demandante a su puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones y pagar a la demandante HÉCTOR JUNIOR MEDINA HERNANDEZ los salarios dejados de percibir desde que se produjo el despido hasta que sea reinstalada en su puesto de trabajo reconociéndole todos los derechos otorgados a los empleados permanentes a partir de la fecha en que adquirió la antigüedad y a título de daños y perjuicio se condena al pago de los salarios dejados de percibir desde el momento en que se produjo el despido hasta que quede firme el presente fallo. SIN COSTAS…”. Bajo el criterio que, de la documentación aportada al proceso, resulta evidente de la sucesiva contratación del demandante para ocupar un mismo puesto de trabajo en el INJUPEMP, que las labores que desempeñaba eran de naturaleza permanente por lo cual los contratos celebrados se considera por tiempo indefinido en vista que de conformidad al artículo 52 párrafo tercero del Código de Trabajo, habiendo transcurrido un año; se celebra un nuevo contrato entre las misma partes contratantes y para la misma clase de trabajo, el nuevo contrato que se firme deberá entenderse por tiempo indefinido; por lo cual la juzgadora considera que siendo que la causa que dio origen a la contratación es de naturaleza permanente en el INJUPEMP, por su reiterada subsistencia lo que origina la permanencia de la relación laboral lo que viene a irrumpir en un derecho laboral adquirido en la trabajadora demandante como ser el derecho a la continuidad y como consecuencia de ello el derecho a la estabilidad laboral tal como lo garantiza la Constitución de la República en su artículo 129 y 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; se declaran nulos los contratos de trabajo suscritos por la demandante, haciendo la salvedad que la nulidad se decreta solamente de los contratos como consecuencia del acto simulado y no de la relación de trabajo del demandante HÉCTOR JUNIOR MEDINA HERNANDEZ, la cual por la contratación continua para desempeñar las mismas labores, fue por tiempo Indeterminado a partir del inicio de la relación laboral el 19 del mes de enero del 2015, por lo tanto, al concluir la relación de trabajo sin responsabilidad del patrono debió sustentarse en algunas de las causales contempladas en el artículo 112 del Código de Trabajo, no siendo se produjo el despido del demandante el cual fue ilegal y además injusto, de conformidad con los artículos 47 y 52 del Código de Trabajo que establece el principio de continuidad del derecho del trabajo y que parte de la presunción de que todo contrato de trabajo debe suscribirse por tiempo indefinido y excepcionalmente por tiempo determinado. Que como consecuencia del análisis anterior es procedente ordenar el reintegro del demandante HÉCTOR JUNIOR MEDINA HERNANDEZ a su puesto de trabajo en igual o mejores condiciones y a pagarle además los salarios dejados de percibir desde la fecha en la cual se produjo el despido hasta que se produzca su reinstalación. Que no se condena en costas porque ambas partes tuvieron motivos racionales para litigar. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 02 de marzo del 2022, dictó sentencia que, en su parte conducente, dice: “FALLA: 1.- Declarar SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada MARIA BRENDA SUYAPA WILLIAMS RODRÍGUEZ, en su condición de Representante Procesal de la parte demandada.- 2.- REFORMAR la sentencia definitiva que se conoce por vía del recurso de apelación, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de este Departamento de Francisco Morazán en fecha veintinueve de octubre del año dos mil dieciocho, que corre agregada a folios 68, 69 y 70 de la primera pieza del expediente, en la forma siguiente: UNO: CONFIRMAR el numeral 1) de la parte resolutiva de la sentencia que declara CON LUGAR la demanda.- DOS: REVOCAR PARCIALMENTE el numeral 2) de la parte resolutiva de la sentencia que se refiere a declarar LA NULIDAD DE LOS CONTRATOS suscritos por el demandante HÉCTOR JUNIOR MEDINA HERNANDEZ y el INJUPEMP por la simulación de los mismos, dejando subsistente la parte final del mismo, en cuanto a que la relación de trabajo con el demandante y el INJUPEMP fue por tiempo indefinido, reconociéndole su antigüedad a partir del 19 de enero del año 2015.- TRES: CONFIRMAR el numeral 3) de la parte resolutiva de la sentencia que se refiere a la condena al INJUPEMP a reintegrar al demandante a su puesto de trabajo en iguales condiciones, reconociéndole todos los derechos otorgados a los empleados permanentes a partir de la fecha en que adquirió la antigüedad y a título de daños y perjuicios se condena al pago de los salarios dejados de percibir desde que se produjo el despido hasta que se cumpla con la reinstalación del señor HÉCTOR JUNIOR MEDINA HERNANDEZ.- 3.- SIN COSTAS en esta instancia”. Bajo el criterio que, al analizar las pretensiones de la parte demandante, específicamente en la Suma de la Demanda, en los Acápites "LO QUE SE DEMANDA" y en la "PETICIÓN" y en ninguno de los hechos planteados en la misma, el demandante se está refiriendo a algún vicio que hayan tenido los contratos, ni mucho menos está solicitando la nulidad de los mismos para que ésta sea declarada; sin embargo la Juez Aquo, hace pronunciamientos sobre situaciones que no le han sido peticionadas y especialmente porque estos contratos constituyeron el sustento legal para declarar que la relación laboral era de carácter permanente, por lo que existe incongruencia, ya que está declarando nulos esos mismos contratos. Si bien el artículo 3 del Código de Trabajo establece que "Son nulos ipso jure todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución, el presente Código, sus reglamentos o las demás leyes de trabajo o previsión social otorguen a los trabajadores", pero se repite, la Juez de primera instancia, calificó que la sucesiva contratación del demandante la llevaron al convencimiento que las labores por el desempeñadas eran de naturaleza permanente, lo que no producía ninguna renuncia, disminución o tergiversación de sus derechos, por lo que muy acertadamente lo subsumió en lo que establece el artículo 47 d Código de Trabajo que dispone: “Los contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la empresa, se considerarán como celebrados por tiempo indefinido aunque en ellos exprese término de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsiste la causa que le dio origen o la materia del trabajo para la prestación servicios o la ejecución de obras iguales o análogas"; es decir, no importa el término que se utilice para identificarlos, pero si se reúnen los elementos del Contrato de Trabajo y la labor para la cual fuere contratado es de naturaleza permanente, sus derechos están garantizados por la Constitución, las leyes laborales y sus reglamentos. Cabe también señalar el hecho de que condena a la demandada a reintegrar al demandante a un puesto de trabajo que tenga mejores condiciones a las que venía desempeñando en la institución, pero en ninguna de sus motivaciones hace referencia sobre que deben entenderse por esas mejores condiciones, si es por los méritos del trabajador con respecto a su eficiencia o el tiempo de servicio. Que corresponde a los Tribunales de Justicia aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado y siendo que la jurisdicción del trabajo está instituida para decidir los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente del contrato de trabajo y por las motivaciones anteriormente expuestas, este Tribunal de Alzada es de la firme convicción que la sentencia definitiva proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de este Departamento de Francisco Morazán de fecha nueve de octubre del año dos mil dieciocho que se conoce en vía de apelación NO se encuentra dictada conforme a los lineamientos que franquean las leyes sobre la materia, por lo que en estricto derecho procede su reformatoria, únicamente en lo que se refiere a la declaratoria de Nulidad de los contratos, porque el fallador de segunda instancia no puede hacer modificaciones que impliquen agravar la situación del único apelante, cuando ello implique reformar la sentencia en perjuicio del vencido, ya que el principio de la "non reformatio in pejus" prevalece sobre el principio de legalidad. 5.- Mediante auto de fecha 01 de agosto del 2022, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada JENNY ELIZABETH PAREDES BAIDE, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 17 de mayo del 2023, compareció ante este tribunal la Abogada JENNY ELIZABETH PAREDES BAIDE, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 10 de agosto del 2023, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 12 de octubre del 2023, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado JOSÉ ROBERTO ALVARADO GALVEZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente a la Magistrada ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I. Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II. Que la Abogada JENNY ELIZABETH PAREDES BAIDE, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), en su único motivo de casación alega: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción directa. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS EN ESTE MOTIVO: Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden Nacional proveniente de falta de aplicación de lo dispuesto en el artículo 46 literal b) y c), articulo 100 literal 5) del Código de Trabajo. PRECEPTO AUTORIZAN: Este motivo de Casación está comprendido en el artículo 765 ordinal primero del Código de Trabajo, que establece como causal de casación "ser la sentencia violatoria de la ley sustantiva por infracción directa" EXPLICACIÓN DEL MOTIVO ÚNICO DE CASACIÓN. PRIMERO: Reiteradamente ha mantenido esta Honorable Corte el sólido criterio de que la infracción directa de la Ley tiene lugar cuando a un hecho debidamente comprobado se dejó de aplicar la norma que regulo el caso debatido y establecido en el proceso, haciéndole producir efectos contrarios a la norma y colocándose el sentenciador en manifiesta rebeldía contra la norma legal aplicable y cuando el texto de la norma es absolutamente claro y la sentencia contiene disposiciones en abierta he repugna con la Ley. SEGUNDO: Resulta evidente que el INJUPEMP, en el caso de la contratación del hoy demandante, ha observado y cumplido estrictamente las normas legales vigentes para le ejecución de la partida presupuestaria que corresponde, de acuerdo a la naturaleza jurídica del contrato celebrado entre las partes el cual se enmarca en los términos establecidos en el Código de Trabajo, de lo cual el ahora demandante está debidamente enterada, para los efectos de que con posterioridad ninguna de las partes contratantes pretendieran sorprender a la otra alegando otros términos distintos a los consignados en el contrato, como acontece en la presente demanda. Por lo anterior la demanda de mérito es totalmente improcedente. Lo expresado constituye un hecho notorio que además se encuentra previsto en la legislación laboral vigente no obstante se acreditara debidamente en juicio. - De igual manera no reúnen los presupuestos legales de la norma constitucional”. III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Dentro de las normas que indica como violadas como ser el artículo 46 del Código de Trabajo, no ostenta el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce y consagra correlativamente derechos y obligaciones o extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) La violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley, en el motivo expuesto las causas de terminación fueron objeto de la controversia y por ende del material probatorio, al señalar los contratos y las situaciones que se dieron en base a ellos; y, c) En la explicación del cargo hace alegatos propios de instancia, mismos que en este Recurso extraordinario son inapropiados debido que los argumentos del caso ya fueron evacuados en el momento procesal oportuno, sin probar la violación alegada. IV. “… que no es la voluntad de las partes la que determina si un contrato representa o no una relación de trabajo, sino el hecho de que, si esta relación cumple o no los requisitos establecidos por la ley para que se configure como tal, conforme el principio de primacía de la realidad. Por eso es necesario estudiar los elementos esenciales determinados por el Código de Trabajo para la existencia del contrato de trabajo, sin perder de vista que una vez reunidos los elementos de que trata el artículo 20 del precitado cuerpo legal, se entiende que existe contrato de trabajo y que no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen. En tal sentido, si se cumplen a cabalidad los elementos esenciales del precepto citado, existirá relación o contrato de trabajo a pesar de cualquier acto, estipulación o convención entre las partes…”. V. Por lo anteriormente expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal C, 764, 765, 769, 770, 777, 858 y 865 del Código de Trabajo; 22, 200, 211, 212, 214, 215 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal A del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación interpuesto por Abogada JENNY ELIZABETH PAREDES BAIDE, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que, con la certificación de este fallo, se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ROY PINEDA CASTRO, COORDINADOR, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de marzo del dos mil veinticuatro; certificación de la sentencia de fecha treinta y uno de octubre del dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL411-2022. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.