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Sentencia CL-400-21 — Registro 15850

Resumen

Demanda ordinaria laboral para el reintegro en carácter de permanente, pago de derechos y salarios dejados de percibir en concepto de daños y perjuicios, costas

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) La violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba, ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley; b) Cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica correctamente el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo; c) El artículo 738 del Código de Trabajo, que señala como infringido, es una disposición procesal o adjetiva, la cual determina que el Juez al proferir su decisión, debe analizar todas las pruebas allegadas en tiempo, por lo que no tiene el carácter sustantivo exigido en el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico: y d) Formula alegatos de instancia.-"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Entre las normas que indica como violadas, los artículos 19, 21 y 46 inciso b) del Código del Trabajo, no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) Cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo; c) Debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos, lo cual no aparece demostrado por el Recurrente; d) Indicar las normas procesales que sirvieron de medio para la violación; y f) Formula alegatos de instancia.-"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los diecisiete días del mes de enero del dos mil veintitrés.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha veintiséis de agosto del dos mil veintidós, por la Abogada MARGARITA MOLINA REYES, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además es parte recurrida, la señora GISELA MARIA PAZ MEDINA, representada en juicio por el Abogado SAUL ENRIQUE MORALES RIVERA. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para el reintegro en carácter de permanente, pago de derechos y salarios dejados de percibir en concepto de daños y perjuicios, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecisiete de marzo del dos mil diecisiete, por la señora GISELA MARIA PAZ MEDINA, mayor de edad, Licenciada en Mercadotecnia, soltera, hondureña y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio del Procurador General de la República, Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION, por actuaciones del PROGRAMA EDUCATODOS. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha diecisiete de marzo del dos mil veintiuno, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha doce de septiembre del mil diecinueve, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: I.- Declarar CON LUGAR la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL REINTEGRO EN CARÁCTER DE PERMANENTE, PAGO DE DERECHOS Y SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR EN CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS, MAS LAS COSTAS DEL PRESENTE JUICIO; instaurada por la Señora GISELA MARIA PAZ MEDINA; contra EL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su actual Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA. II.- CONDENAR: AL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su actual Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA a lo siguiente: a) Reintegrar a la Señora GISELA MARIA PAZ MEDINA a su puesto de trabajo por lo menos en igualdad de condiciones de trabajo que mantenía al momento de operarse la ruptura del contrato; al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que se materialice el reintegro ordenado, y demás derechos adquiridos en su ausencia, debiendo la Institución demandada nombrarla como empleada permanente desde el inicio de la relación laboral 16 de julio de 2012 para lo cual deberán emitir el Acuerdo Ministerial correspondiente en el cual se nombre a la Señora GISELA MARIA PAZ MEDINA. III.-Declarar SIN LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral para el pago de derechos; instaurada por la Señora GISELA MARIA PAZ MEDINA en consecuencia, ABSUELVE: AL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su actual Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA de pagar a la Señora GISELA MARIA PAZ MEDINA dichos conceptos. IV.- SIN COSTAS”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que inició la relación laboral con el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, en fecha dieciséis de julio del año dos mil doce, siendo contratado como Asistente Técnico y posteriormente ascendida a Asistente Técnico Especial I del Programa EDUCATODOS, devengando un salario mensual de L. 18,000.00, señalando que durante este tiempo se suscribieron contratos por escrito, consecutivos e ininterrumpidos, ocho en total con números 379-2012, 020- 2013, 245-2013, 021-2014, 243-2014, 425-2014, 007-2015, 009-2016, el primero en fecha dieciséis de julio del año dos mil doce, mismos de los cuales se acompaña copia, estando los originales en poder de la Secretaría de Estado antes referida; sin embargo, nunca se interrumpió la subordinación laboral entre las partes firmantes tal como se acredita con constancia original que se acompaña, la cual establece que desempeñó sus labores desde el dieciséis de julio del año dos mil doce, hasta el treinta y uno de diciembre del año dos mil dieciséis; que durante el tiempo que laboró con la ahora demandada con el mayor esmero y dedicación, siendo responsable con todas las actividades a ella encomendadas. En fecha uno de diciembre del año dos mil dieciséis, se le notifico su despido a partir del treinta y uno de diciembre del año dos mil dieciséis, sin causa alguna de justificación, haciendo caso omiso a su antigüedad laboral y a los contratos consecutivos suscritos anteriormente; dándose por agotada la vía administrativa sin llegar a un arreglo conciliatorio con la demandada.- 2. La parte demandada, EL ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que, la demandante efectivamente prestó sus servicios a través de la suscripción de Contratos de Personal No Permanentes, en el cargo de Asistente Técnico en el Programa EDUCATODO, dependencia de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación aprobado mediante Acuerdo No.0081-SE-2010, del 20 de enero de 2011, por un periodo limitado y determinado, con fecha de inicio y finalización, a partir del 16 de julio del 2012, hasta el 31 de julio del 2016; que se rechaza en cuanto a lo que argumenta la ahora demandante manifestando que: "durante el tiempo que laboro con la ahora demandada desarrollo sus labores como Asistente Técnico y que posteriormente fue ascendida a Asistente Técnico Especial I del programa EDUCATODOS, dependiente de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación", no obstante que el programa ha funcionado con financiamiento de fondos nacionales provenientes del presupuesto asignado a la Secretaría de Estado, debe sujetarse en su defecto a las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República de cada ejercicio fiscal, en observancia al Decreto No.255-2011, de fecha 14 de diciembre del 2011, cuya normativa en su artículo 91, dispone: "que la contratación de personal con cargo al Objeto Especifico del Gasto 12100 Sueldos Básicos (Personal No Permanente), no debe considerarse, para ningún efecto al personal contratado bajo esta modalidad de permanente ..."; por lo tanto, la parte actora pretende de manera hábil sorprender al juzgador de la causa al aducir: "que fue ascendida a Asistente Técnico Especial I" sin tener la certeza que pudiera haber cambios en la estructura organizativa, pues cabe observar, que el Contrato de Personal No Permanente en su contexto no ha variado en ninguna de sus cláusulas, únicamente en la cláusula primera de su último contrato No.009-2016, denominado Naturaleza de los Servicios, que se conviene que: “sus servicios educativos que brindara para atender a la población joven y adulta analfabeta o en rezago escolar por medio de la Dirección General de Educación para Jóvenes y Adultos del programa EDUCATODOS, es necesario contratar los servicios profesionales de la Contratista" comprometiéndose a laborar en la Unidad Central como Asistente Especial Técnico I en el programa", como se podrá notar que en ningún momento se refiere la cláusula a un ascenso de cargo a favor de la demandante; en ese sentido, podemos concluir que los argumentos erróneos que utiliza la parte actora para sustentar sus reclamos de derechos subjetivos y beneficios que no le corresponden carecen de todo sustento jurídico, pues la Contratista debe sujetarse a las obligaciones, lugar y condiciones de prestación de los servicios, informes, remuneración y forma de pago, establecidas en el Contrato y no pretender utilizar la norma laboral para hacer su reclamo que no están bajo una tutela jurídica efectiva, ya que consta que la actora de la demanda ha suscrito la demandada una prestación de servicio eventual y de periodos determinados, que ineludiblemente tenían que concluir los que no conceden más derechos que los consignados en el mismo y será en el proceso que se demostrara que no le asiste el derecho pretendido.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha doce de septiembre del dos mil diecinueve, dictó sentencia que, en su parte conducente, dice: “FALLA: I.- Declarar CON LUGAR la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL REINTEGRO EN CARÁCTER DE PERMANENTE, PAGO DE DERECHOS Y SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR EN CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS, MAS LAS COSTAS DEL PRESENTE JUICIO; instaurada por la Señora GISELA MARIA PAZ MEDINA; contra EL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su actual Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA. II.- CONDENAR: AL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su actual Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA a lo siguiente: a) Reintegrar a la Señora GISELA MARIA PAZ MEDINA a su puesto de trabajo por lo menos en igualdad de condiciones de trabajo que mantenía al momento de operarse la ruptura del contrato; al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que se materialice el reintegro ordenado, y demás derechos adquiridos en su ausencia, debiendo la Institución demandada nombrarla como empleada permanente desde el inicio de la relación laboral 16 de julio de 2012 para lo cual deberán emitir el Acuerdo Ministerial correspondiente en el cual se nombre a la Señora GISELA MARIA PAZ MEDINA. III.-Declarar SIN LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral para el pago de derechos; instaurada por la Señora GISELA MARIA PAZ MEDINA en consecuencia, ABSUELVE: AL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su actual Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA de pagar a la Señora GISELA MARIA PAZ MEDINA dichos conceptos. IV.- SIN COSTAS”. Bajo el criterio que, al hacer un estudio de las pruebas aportadas al proceso se concluye que la demandante desde que inició su relación laboral con la institución demandada ha sido continua y para la misma clase de trabajo; por lo consiguiente, esta continuidad de celebración de Contratos se entiende por tiempo indefinido por lo que se cumple con la condición para considerar un trabajador permanente; de igual forma, la parte demandada no le señala una causa justa al momento de la terminación de la relación laboral; razón por la cual, la suscrita es del criterio que procede declarar con lugar la demanda de mérito; asistiéndole el derecho a ser reintegrada a su puesto de trabajo que tenía al momento de la ruptura del Contrato de Trabajo y al pago de los salarios dejados de percibir; y los demás derechos que se hayan otorgado en ausencia de la actora. Que la parte demandante solicita el pago de derechos, petición que se declara sin lugar en vista de no establecer con precisión qué derechos reclama.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecisiete de marzo del dos mil veintiuno, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el A-quo, sin costas; bajo el criterio que del análisis de los contratos suscritos por las partes, se observa, la existencia de los elementos esenciales de todo contrato de trabajo, como ser: la actividad personal del trabajador, la continua subordinación del trabajador para con el patrono en la realización de labores de forma continua y de naturaleza permanente en la institución demandada a cambio de un salario mensual; cabe entonces al momento de apreciar los hechos a la luz de las normas laborales, que tales contratos relativo a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la institución, se consideraran como celebrados por tiempo indefinido aunque en ellos se exprese término de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsiste la causa que le dio origen para la prestación de servicios, no habiendo la parte demandada acreditado lo contrario en juicio; por lo que, es acertado declarar la relación de trabajo en forma permanente desde el inicio de la relación de trabajo en fecha 16 de julio del 2012, a favor de señora Gisela Maria Paz Medina y ordena el reintegro a su puesto de trabajo por lo menos en igualdad de condiciones de trabajo que mantenía al momento de operarse la ruptura del contrato. Que los contratos relativos a labores que, por su naturaleza sean permanentes o continuas en la empresa, se consideraran como celebrados por tiempo indefinido, aunque en ellos se exprese término de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsiste la causa que le dio origen o la materia del trabajo para la presentación de servicios o la ejecución de obras iguales o análogas. El tiempo de servicio se contará desde la fecha de inicio de la relación de trabajo, aunque no coincida con la del otorgamiento del contrato por escrito. En consecuencia, los contratos a plazo fijo para obra determinada tienen carácter de excepción y solo pueden celebrarse en los casos en que así lo exija la naturaleza accidental o temporal del servicio que se va a prestar o la obra que se va a ejecutar. Disposición legal contenida en el artículo 47 del Código del Trabajo que recoge el principio de continuidad y el principio de primacía de la realidad.- 5. Mediante auto de fecha treinta de septiembre del dos mil veintiuno, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada MARGARITA MOLINA REYES, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha veintiséis de agosto del dos mil veintidós, compareció ante este Tribunal la Abogada MARGARITA MOLINA REYES, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha veintiséis de agosto del dos mil veintidós, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha veintinueve de septiembre del dos mil veintidós, se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por parte del Abogado SAUL ENRIQUE MORALES RIVERA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida; en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que la Abogada MARGARITA MOLINA REYES, en su primer motivo de casación alega: “Acuso la sentencia de ser violatoria de la Ley sustantiva de orden nacional por infracción directa del artículo 738 del Código del Trabajo, al no tomar en cuenta el Tribunal Ad Quem: el medio de prueba documental público consistente en los contratos suscritos y consentidos por las partes. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación esto comprendido en el numeral uno, párrafo segundo del artículo 765 Código de Trabajo. EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN LO EXPLICO ASÍ: El Tribunal Ad Quem, no tomó en cuenta el medio de prueba documental consistente en los contratos suscritos y consentidos por las partes, en la que se establece que los puestos que ocupaba la señora GISELA MARIA PAZ MEDINA, bajo el renglón de objeto del gasto 12100 sueldos básicos no permanentes, tienen existencia temporal entre tanto no se autorice una nueva estructura, nueva asignación presupuestaria, que al ser autorizado el proyecto pasa a existir bajo otro nombre, por ende por ser con financiamiento presupuestario temporal o por convenios con entidades extranjeras, no causa permanencia ni en las disposiciones presupuestarias ni en la actividad económica ya que es con financiamiento de duración temporal, en este caso el cargo no ha sido ocupado por ninguna persona hasta la fecha en que se realice la aprobación del nuevo proyecto, y tampoco se ha contratado a ningún empleado bajo esta modalidad, desde la fecha en la cual terminó su relación laboral para esta Secretaría de Estado, pues se tiene problemas presupuestarios en dicha estructura, por lo que la decisión de no renovar a la ahora demandante está basada en el artículo 111 numeral 11 como causa de terminación de la relación laboral por insuficiencia de fondos”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) La violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba, ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley; b) Cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica correctamente el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo; c) El artículo 738 del Código de Trabajo, que señala como infringido, es una disposición procesal o adjetiva, la cual determina que el Juez al proferir su decisión, debe analizar todas las pruebas allegadas en tiempo, por lo que no tiene el carácter sustantivo exigido en el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico: y d) Formula alegatos de instancia.- IV. Que la Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de la Ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta de los artículos 19, 21, 26 y 46 inciso b y 111 numeral 11 del Código de Trabajo, ya que la Corte de Apelaciones del Trabajo violentó la ley por falta de apreciación de lo expuesto en el medio de prueba documental público correspondiente a los Contratos de personal no permanente, que se encuentran en los Folios 07 al 48, donde consta que la relación laboral es por tiempo determinado, pues en cada una de los mismos, se establece la fecha de inicio y la fecha de finalización.- Tampoco Honorables Magistrados, el Tribunal Ad Quem no hizo una valoración jurídica del Artículo 19 del Código de Trabajo en cual establece "Contrato individual de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a ejecutar una obra o a prestar sus servicios personales a otra persona natural o jurídica, bajo la continua dependencia o subordinación de ésta y mediante una remuneración" que dicha definición está subordinada a lo establecido en el artículo 21 en que establece " se presume que toda relación de todo trabajo personal está regida por un contrato" sea verbal o escrito, relación que nace por el simple hecho de prestar un servicio, siempre sujeto a las condiciones y modalidades que establecen el contratante y el contratista, el cual es violentado por el Tribunal Ad-Quem en virtud de darle una connotación diferente al pretender concederle permanencia al personal contratado a término ya que el mismo se entrelaza con lo establecido en el artículo 26 el que establece "Que el contrato de trabajo obliga a lo expresamente pactado...”, que al aceptarse y firmarse se convierte el mismo contrato en ley. Artículo 46 inciso b) el que literalmente dice: "Contrato por tiempo limitado, cuando se especifica fecha para su terminación..." En el presente caso, el demandado es el Estado de Honduras, el cual dada la naturaleza bajo la cual es gobernado, cada participante en éste tiene carácter temporal, por ende, los compromisos que suscribe son también de naturaleza temporal. Asimismo, la decisión de no renovar el contrato a la ahora demandante está basada en el artículo 111 numeral 11 como causa de terminación de la relación laboral por insuficiencia de fondos, todos los artículos citados corresponden al Código de Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral 1° del Código del Trabajo: el cual textualmente dice: son causales de casación: 1°. Ser la sentencia violatoria de ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea. Si la violación de la ley proviene de apreciación errónea o falta de apreciación de determinada prueba, es necesario que se alegue por el recurrente sobre este punto, demostrando haberse incurrido por el sentenciador en error de hecho o de derecho que aparezca de manifiesto en los autos. Solo habrá lugar a error de derecho en la casación de trabajo cuando se haya dado por establecido un hecho con un medio probatorio no autorizado por la ley. Por exigir ésta al efecto una determinada solemnidad para la validez del acto, pues en este caso no se debe admitir su prueba por otro medio y también cuando deja de apreciarse una prueba de esta naturaleza, siendo el caso de hacerlo. porque así mismo no se concibe como juzgar a mi representada por contratar bajo una de las modalidades contempladas en la Ley nacional vigente. Las autoridades estatales están sujetas a la Constitución de la República y por ende a las disposiciones presupuestarias nacionales. Asimismo, en el presente caso, dependen de los financiamientos que obtengan para ejecutar proyectos que son temporales a corto o largo plazo. EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN LO EXPLICO ASÍ: El objeto de pedir concurre en lo que se reclama; el reclamo lo constituye el pago de los salarios dejados de percibir desde la cancelación que fue objeto hasta que quede firme la sentencia y el reintegro a su puesto de trabajo, por lo cual existe la identidad del objeto de pedir y la causa de pedir, corresponde al hecho jurídico o material que sirve de fundamento al derecho reclamado y que en segunda instancia el acto jurídico y material que motiva el reclamo lo constituye la terminación contractual laboral con mi representada por el solo hecho de haber llegado a la insuficiencia de fondos y siendo que en dichas relaciones contractuales mi representada no tiene obligación alguna de hacer erogación de pagos de salarios dejados de percibir, ni otorgarle el beneficio del reintegro por dos razones: primero porque el reintegro solo le corresponde al personal que ha sido despedido injustificadamente y en el caso que nos ocupa no hay tal despido sino una notificación de no renovación de contratos por falta de fondos, por ende terminación de financiamiento de un proyecto segundo el reintegro es un beneficio que gozan los contratos por tiempo indefinido (entiéndase este por acuerdo bajo el régimen de servicio civil) que han sido despedidos injustamente, en tal sentido el tribunal de segunda instancia no considero que el código de trabajo señala los contratos a término como una de sus modalidades y establece que los mismos obliga o lo expresamente pactado y que el mismo cuerpo legal establece como una de las causas de terminación de los mismos la insolvencia de la empresa contratante, en este sentido el tribunal Ad-Quen señala las causas del artículo 112 del código de trabajo que se refiere a la conducta contractual del trabajador y que como puede comprobar el tribunal de alzada en ninguno de sus folios encontrara documentación referente a que el cese del contrato se deba a causas imputadas a los mismos por consiguiente no puede el tribunal AQUEM inventar una figura jurídica que descalifique el actuar legal de mi defendida la Secretaría de Educación, la cual dejo claro que la no renovación de los contratos se debe únicamente a la insolvencia para el pago de los salarios de los demandantes. A decir es de entender que los proyectos y programas trabajan bajo su propio presupuesto asignado sea por disposiciones presupuestarias anuales, sea por convenios firmados con entidades financieras. La violación de la ley por la Corte de Apelaciones del Trabajo, proviene de la falta de apreciación de las pruebas aportadas y que el Juzgado Aquem ignoró los preceptos del Código Civil, validez legal de los contratos firmados entre partes, sobre todo en las cláusulas de los contratos: PRIMERA: Naturaleza de los Servicios y CUARTA: Validez y Vigencia del Contrato, (Artículos 765 numeral 1° del Código del Trabajo)”.- V. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Entre las normas que indica como violadas, los artículos 19, 21 y 46 inciso b) del Código del Trabajo, no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) Cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo; c) Debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos, lo cual no aparece demostrado por el Recurrente; d) Indicar las normas procesales que sirvieron de medio para la violación; y f) Formula alegatos de instancia.- VI. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. SECRETARIO DE LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintiocho días del mes febrero del dos mil veintitrés; certificación de la sentencia de fecha diecisiete de enero del dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Casación número CL 400-21.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

SECRETARIO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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