Sentencia CL-389-21 — Registro 15818
Resumen
Demanda ordinaria laboral de primera instancia para que se declare una relación laboral de carácter indefinido que ha sido encubierta por el patrono con el fin de no conceder a las demandantes los derechos irrenunciables que nacen del contrato de trabajo; que se condene al patrono a nombrar a las demandantes de manera permanente en los cargos ocupados debiendo emitirse las correspondientes acciones de personal de nombramiento permanente y a otorgar a las demandantes los beneficios de la Contratación Colectiva y Reglamento Interno que se reconocen a los demás empleados permanentes de la institución demandada; que se reconozca el derecho fundamental de igualdad salarial para trabajo igual sin discriminación alguna y se ordene la nivelación salarial a fin de devengar el mismo salario que devengan otras personas que ocupan los mismos cargos; pago de reajuste salarial por no haberse concedido la garantía de salario igual por trabajo igual correspondiente a los dos años anteriores a la fecha de presentarse el reclamo correspondiente ante la autoridad del trabajo, pago de beneficios contenidos en la Contratación Colectiva y Reglamento Interno contados desde los dos años anteriores a la fecha en que las demandantes solicitaron los servicios de la autoridad del trabajo para que se les reconociera como empleadas permanentes y que no han sido concedidos por el patrono al haber discriminado a las demandantes al no considerarlas como trabajadoras de la institución demandada y condena en costas
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) La violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba, ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley; b) Las normas que indica como violadas los artículos 46 literales b) Y c), 737 y 738 del Código de Trabajo, no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; c) Señala que dirige su ataque por vía directa por falta de aplicación, pero incluye un acápite intitulado “REGLAS PROCESALES VIOLADAS EN ESTE MOTIVO. Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas están contenidas en los artículos 46 literal b) y c) 737, 738 del Código de Trabajo.” Lo cual es incongruente con ese tipo de infracción o violación, ya que la inclusión de normas procesales es propia de una violación indirecta, donde se aducen los errores de hecho y de derecho provenientes de la apreciación probatoria; d) Los artículos 765 y 766 ordinales primero del Código de Trabajo, señalados como precepto autorizante, no ostentan esa calidad; y e) Formula alegatos de instancia.- IV. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación.- "...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los diecisiete días del mes de enero del dos mil veintitrés.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha veinte de septiembre del dos mil veintidós, por el Abogado EVI DOMINICK GODOY FLORES, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), como recurrente; además es parte recurrida, las señoras SARA MARLENY RODRIGUEZ CRUZ y WENDY MAVEL NUÑEZ LOBO, representadas en juicio por la Abogada KARLA YADIRA PAREDES ORTEGA. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral de primera instancia para que se declare una relación laboral de carácter indefinido que ha sido encubierta por el patrono con el fin de no conceder a las demandantes los derechos irrenunciables que nacen del contrato de trabajo; que se condene al patrono a nombrar a las demandantes de manera permanente en los cargos ocupados debiendo emitirse las correspondientes acciones de personal de nombramiento permanente y a otorgar a las demandantes los beneficios de la Contratación Colectiva y Reglamento Interno que se reconocen a los demás empleados permanentes de la institución demandada; que se reconozca el derecho fundamental de igualdad salarial para trabajo igual sin discriminación alguna y se ordene la nivelación salarial a fin de devengar el mismo salario que devengan otras personas que ocupan los mismos cargos; pago de reajuste salarial por no haberse concedido la garantía de salario igual por trabajo igual correspondiente a los dos años anteriores a la fecha de presentarse el reclamo correspondiente ante la autoridad del trabajo, pago de beneficios contenidos en la Contratación Colectiva y Reglamento Interno contados desde los dos años anteriores a la fecha en que las demandantes solicitaron los servicios de la autoridad del trabajo para que se les reconociera como empleadas permanentes y que no han sido concedidos por el patrono al haber discriminado a las demandantes al no considerarlas como trabajadoras de la institución demandada y condena en costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha siete de mayo del dos mil diecinueve, por el Abogado OSCAR ALEXIS ARDON CHAVEZ, en su condición de apoderado legal de las señoras SARA MARLENY RODRIGUEZ CRUZ, soltera, Perito Mercantil y Contador Público, con domicilio en el Municipio de Jutiapa, Atlántida y WENDY MAVEL NUÑEZ LOBO, casada, Perito Mercantil y Contador Público, del domicilio de La Ceiba, Departamento de Atlántida, ambas mayores de edad y hondureñas, contra el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), por medio de la Directora Presidente, señora MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veintiséis de agosto del dos mil veintiuno, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha trece de mayo del dos mil veintiuno, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, misma que: “FALLA: PRIMERO (1): Declarando CON LUGAR la presente Demanda SEGUNDO Ordinaria Laboral de Primera Instancia pidiendo que en aplicación del Principio de Primacía de la Realidad se declare que entre las Demandantes y el Patrono Demandado existe una relación eminentemente laboral de carácter indefinido que ha sido encubierta por el Patrono con el fin de no conceder a las Demandantes derechos irrenunciables que nacen del contrato de trabajo; que el Patrono Demandado demuestre que las funciones desempeñadas por las Demandantes no son permanentes dentro de la Institución Demandada y que no las ha discriminado al no reconocerlas como Trabajadoras Permanentes de la Institución Demandada; que se condene al Patrono a nombrar a las Demandantes de manera permanente en los cargos ocupados debiendo emitirse las correspondientes acciones de personal de nombramiento permanente, que se condene al Patrono Demandado a otorgar a las Demandantes los beneficios de la Contratación Colectiva y Reglamento Interno que se reconocen a los demás empleados permanentes de la Institución Demandada; que se reconozca el Derecho Fundamental de Igualdad Salarial Para Trabajo Igual sin Discriminación Alguna y se ordene la Nivelación Salarial a fin de devengar el mismo salario que devengan otras personas que ocupan los mismos cargos; Pagar el Reajuste Salarial por no haberse concedido la Garantía de Salario Igual Por Trabajo Igual correspondiente a los dos años anteriores a la fecha de solicitarse la nivelación salarial; Pagar los beneficios contenidos en la Contratación Colectiva y Reglamento Interno contados desde los dos años anteriores a la fecha en que las Demandantes solicitaron los servicios de la Autoridad del Trabajo para que se les reconociera como empleadas permanentes y que no han sido concedidos por el Patrono al haber discriminado a las Demandantes al no considerarlas como trabajadoras de la Institución Demandada y condena en costas al Patrono Demandado por encubrir una relación eminentemente laboral con el fin de hacer fraude a derechos irrenunciables constitucionalmente protegidos; promovida por el Abogado OSCAR ALEXIS ARDON CHAVEZ, accionando como Apoderada Legal de las Señoras SARA MARLENY RODRIGUEZ CRUZ y WENDY MAVEL NUÑEZ LOBO; contra la entidad estatal denominada INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) o la denominación que pueda llegar a adoptar en el futuro, representada legalmente por su Directora Presidente, Señora MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA; todos de generales expresadas en el preámbulo de la presente sentencia. En consecuencia se CONDENA al INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) o la denominación que pueda llegar a adoptar en el futuro, representada legalmente por su Directora Presidente, Señora MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA, a: I) RECONOCER la categoría de empleadas permanentes desde el inicio de su contratación, debiendo emitirse los correspondientes documentos de nombramiento en los cargos en los que se encuentran contratadas las demandantes así: 1) SARA MARLENY RODRIGUEZ CRUZ en el cargo de ENCARGADA DE LA OFICINA REGIONAL; y 2) WENDY MAVEL NUÑEZ LOBO en el cargo de ANALISTA DE PRESTAMOS, ambos cargos en la oficina regional de la entidad demandada en esta ciudad, por haberse acreditado que son verdaderas trabajadoras del patrono demandado y ser su contratación permanente de conformidad con los artículos 47 y 52 del Código del Trabajo; en consecuencia deberá otorgarse a las Demandantes todos los beneficios que de conformidad a la Contratación Colectiva y Reglamento Interno se otorguen a los trabajadores permanentes de la institución demandada. II) OTORGAR a las Demandantes la garantía de salario igual por trabajo igual en relación al salario señalado y reclamado por la parte demandante y que no fue objetado por la parte demandada; por lo que la Institución Demandada deberá NIVELAR el salario mensual devengado por las demandantes al mismo salario que corresponde a los cargos ocupados y que devengan los otros trabajadores de la entidad demandada que ocupan los mismos cargos o desempeñan las mismas funciones, los cuales se detallan en el NUMERAL CUATRO del ORDINAL PRIMERO de los HECHOS PROBADOS de la presente sentencia; salarios, tanto los devengados como aquellos a los que se solicita la nivelación, que no fueron objeto de debate durante el presente proceso; siendo estos los siguientes: 1) WENDY MAVEL NUÑEZ LOBO: Año 2017: Lps. 32,026.00 y 2018: Lps. 33,541.00), y 2) SARA MARLENY RODRIGUEZ CRUZ: Año 2017 de Lps. 33,435.00 y 2018 de Lps. 35,016.00; más los que correspondan a partir del año 2019 y hasta que el patrono demandado materialice el derecho otorgado en la presente sentencia. III) Como consecuencia del otorgamiento de los beneficios concedidos a las accionantes, tanto por la garantía de salario igual por trabajo igual como por los contenidos en la contratación colectiva reclamados, PAGAR a las Demandantes la cantidad de Lps. 1,489,795.00 (UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS) en concepto de reajuste salarial por el otorgamiento de la garantía de salario igual por trabajo igual y beneficios de la contratación colectiva calculados desde los dos años anteriores a la fecha en que los demandantes iniciaron su reclamo ante la autoridad del trabajo; valores que son expuestos por la Parte Demandante en el Hecho Séptimo de la Demanda sin objeción de la parte demandada y que se desglosan así: 1) WENDY MABEL NUÑEZ LOBO: Reajuste Salarial correspondiente a los Años 2017-2018: Año 2017 (Salario asignado por el Patrono: Lps. 12,000.00; Salario correspondiente al mismo cargo es de Lps. 32,026.00; Diferencia Salarial 2017: Lps.20,026.00): Reajuste de Enero a diciembre 2017: Lps. 20,026.00 x 12 meses: Lps. 240,312.00; Decimocuarto Mes 2017: Lps. 32,02600; Decimotercer Mes 2017: Lps. 25,32,026.00; Vacaciones No Gozadas 2017: 20 días por dos años de servicio: Lps. Lp. 32,026.00/30: Lps. 1,067.53 x 20: Lps. 21,350.67; Bonificación por Vacaciones 2017: de 20 días por dos años de servicio: Lps. 32,026.00/30: Lps. 1,067.53 x 20: Lps. 21,350.67; TOTAL AÑO 2017: Lps. 347,065.34.- Año 2018 (Salario asignado por el Patrono: Lps. 12,000.00; Salario correspondiente al mismo cargo es de Lps. 33,541.00; Diferencia Salarial 2018: Lps. 21,541.00): Reajuste de Enero a diciembre 2018: Lps. 21,541.00 x 12 meses: Lps. 258.492.00; Decimocuarto Mes 2018: Lps. 33,541.00; Decimotercer Mes 2018: Lps. 33,541.00; Vacaciones No Gozadas 2018: 25 días por tres años de servicio: Lps. 33,541.00/30: Lps. 1,118.03 x 20: Lps. 27,950.83; Bonificación por Vacaciones 2018: 25 días por tres años de servicio: Lps. 33,541.00/30: Lps. 1,118.03 x 20: Lps. 27,950.83; TOTAL AÑO 2018: Lps. 381,475.66.- TOTAL REAJUSTE SALARIAL 2017-2018: Lps. 728,541.00.- Salario Nivelado a Diciembre 2018: Lps. 33,541.00; y 2) SARA MARLENY RODRIGUEZ CRUZ: Reajuste Salarial correspondiente a los Años 2017-2018: Año 2017 (Salario asignado por el Patrono: Lps. 12,500.00; Salario correspondiente al mismo cargo es de Lps. 33,435.00; Diferencia Salarial 2017: Lps. 20,935.00; Reajuste de Enero a Diciembre 2017: Lps. 20,935.00 x 12 meses: Lps. 251,220.00; Decimocuarto Mes 2017: Lps. 33,435.00; Decimotercer Mes 2017: Lps. 33,435.00; Vacaciones no Gozadas 2017: 20 días por dos años de servicio: Lps. 33,435.00/30: Lps. 1,114.50 x 20: Lps. 22,290.00; Bonificación por Vacaciones 2017: 20 días por dos años de servicio: Lps. 33,435.00/30: Lps. 1,114.50 x 20: Lps. 22,290.00; TOTAL AÑO 2017: Lps. 362,670.00.- Año 2018 (Salario asignado por el Patrono: Lps. 12,500.00; Salario correspondiente al mismo cargo es de Lps. 35,016.00; Diferencia Salarial 2018: Lps. 22,516.00): Reajuste de Enero a diciembre 2018: Lps. 22,516.00 x 12 meses: Lps. 270,192.00; Decimocuarto Mes 2018: Lps. 35,016.00; Decimotercer Mes 2018: Lps. 35,016.00; Vacaciones No Gozadas 2018: 25 días por tres años de servicio: Lps. 35,016.00/30: Lps. 1,167.20 x 20: Lps. 29,180.00; Bonificación por Vacaciones 2018: 25 días por tres años de servicio: Lps. 35,016.00/30: Lps. 1,167.20 x 20: Lps. 29,180.00; TOTAL AÑO 2018: Lps. 398,584.00.- TOTAL REAJUSTE SALARIAL 2017-2018: Lps. 761,254.00.- Salario Nivelado a Diciembre 2018: Lps. 35,016.00; más los valores que correspondan a cada demandante por los beneficios concedidos en la presente sentencia a partir del mes de Enero de 2019 y hasta que el Patrono aplique la nivelación otorgada a las accionantes en su planilla de empleados. TERCERO (3): En apego al Principio de Gratuidad SE EXIME DE COSTAS DE ESTA INSTANCIA a la parte demandada”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que las demandantes fueron contratadas por el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP), para prestar sus servicios en la oficina regional que dicho Ente estatal tiene en esta ciudad (La Ceiba) de la forma siguiente: 1) Wendy Mavel Nuñez Lobo: contratada en fecha 01 de septiembre de 2015, como Analista de Préstamos, con un salario mensual de L.12,000.00; y 2) Sara Marleny Rodríguez Cruz: Contratada en fecha 04 de abril de 2016, como Encargada de la Oficina Regional, con un salario mensual de L.12,500.00; siendo ambas las únicas empleadas de la institución demandada en esta ciudad (La Ceiba), laborando en un horario de lunes a viernes de 8: 00 am., a 4:00 pm. Que las partes han mantenido una relación eminentemente laboral, mediante la suscripción de Contratos de Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa o Contratos de Servicios Profesionales, el que denomina a los actores como contratistas, a fin de no concederles los derechos que nacen de los contratos de trabajo. La remuneración que se les otorga a las demandantes, por la prestación de sus servicios como pago de honorarios, de los cuales se les hacen las deducciones del Impuesto Sobre la Renta. En base al Principio de Primacía de la Realidad, las demandantes son verdaderas trabajadoras permanentes de la Institución demandada, ya que realizan fundones continuas y permanentes para la misma; concurriendo los 3 elementos que exige el artículo 20 del Código del Trabajo para la existencia de un contrato de trabajo, así mismo teniendo presente además que según el artículo 24 del mismo Código, los contratos de trabajo no pierden su naturaleza aunque aparezcan involucrados o en concurrencia con otro tipo de contratos. A pesar que a las demandantes se les considera contratistas y no como verdaderas trabajadoras, siempre aplica a sus salarios la deducción correspondiente al Instituto Hondureño de Seguridad Social, deducción que únicamente corresponde a aquellos son trabajadores al servicio de un patrono como lo establecen los artículos 3 de la Ley del Instituto Hondureño de Seguridad Social y 4 de su Reglamento de Aplicación; quedando evidenciada la simulación contractual que ha utilizado la Institución Demandada para ocultar la verdadera relación laboral continua y permanente que lo vincula con las demandantes; sin importar que el Reglamento Interno de Trabajo de la Entidad Demandada en el numeral 3 de su artículo 25 señala que los contratistas no están subordinados al patrono y que no perciben sueldo sino meramente honorarios profesionales, puesto que como señala la página 5 de la Circular 1-2014, de fecha 13 de mayo de 2014, emitida por la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia que "Desde el punto de vista de la normativa administrativa se debe revisar: 1) si el prestador del servicio es un profesional o técnico; 2) en caso afirmativo, si la materia del servicio prestado se relaciona con la profesión u oficio para la cual está autorizado el profesional o técnico; y 3) si la actividad requiere ser desempeñada por un profesional o técnico y si no puede ser realizada por personal regular o permanente, atendiendo al principio de la primacía de la realidad, en ningún caso tendría que tomarse en cuenta la forma en que se le ha llamado a la remuneración (sueldo, salario, honorarios profesionales, etc.) El objeto de los denominados contratos de prestación de servicios profesionales o técnicos es la prestación de un servicio que requiere un grado académico superior o conocimientos especializados"; requisitos que no concurren en el caso de las demandantes quienes realizan actividades permanentes de la Institución Demandada, actividades que son desarrolladas por personal permanente de la misma en otras ciudades, por lo que concurre además lo establecido en el artículo 47 del Código del Trabajo que señala que: "Los contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la empresa, se considerarán como celebrados por tiempo indefinido aunque en ellos se exprese término de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsiste la causa que le dio origen o la materia del trabajo para la prestación de servicios o la ejecución de obras iguales o análogas". Se adjuntan algunos de los comprobantes de pago de salario a que mis Representadas tuvieron acceso, dado que la Institución Demandada también dejó de facilitarles tales comprobantes, limitándose a acreditarles sus salarios a través del Banco Financiera Comercial Hondureña.- 2. La parte demandada, el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), contestó dicha demanda señalando que de acuerdo al artículo 46 literal b) regula lo relativo a los contratos por tiempo limitado, estableciendo que los mismos podrán ser celebrados "cuando se ha previsto el acaecimiento de algún hecho que forzosamente ha de poner término a la relación de trabajo", esta disposición ha sido observada por el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP), para contratar personal de carácter no permanente, debido a que por ser una Institución del Estado de Honduras creada mediante Decreto Legislativo 138, publicado en La Gaceta el 7 de abril de 1971, para cada periodo anual, el Congreso Nacional de la República le aprueba un Presupuesto de Ingresos y Egresos cuya cuantía y normas de ejecución deviene obligado a cumplir irrestrictamente para financiar sus operaciones de prestar servicios de Previsión Social a los servidores públicos, por el hecho de disponer de recursos aprobados en el Presupuesto Anual para contratar personas naturales para que le presten servicios personales o profesionales de carácter no permanente para cumplir con su finalidad, hecho establecido en la vigente Ley Orgánica del Presupuesto para todas las Instituciones del Estado y no exclusivamente para el actor, cuando las circunstancias lo exigen por requerirse de personal temporal para apoyar al personal permanente en el desarrollo de las actividades, el Instituto procede a celebrar con personas naturales contratos por tiempo limitado, tomando como base el hecho de disponer de los recursos presupuestarios debidamente aprobados para pagarles durante un periodo fiscal que comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año; cuando el presupuesto es totalmente ejecutado se produce el hecho previsto para que la relación finalice; lo anterior constituye la razón que justifica el por qué el demandado formaliza contratos con periodos de vigencia determinada. Los argumentos de este hecho se sustentan en leyes vigentes de la República, por lo tanto, no requiere de ser probado, sin embargo, en el momento procesal oportuno se presentarán los atestados respectivos para su acreditación. Si resulta que el periodo anual para el cual fue aprobado el presupuesto concluye y la vigencia del contrato por tiempo limitado coincide con dicha conclusión, acontece el hecho previsto de que por no contar con recursos presupuestarios aprobados la relación contractual concluye el 31 de diciembre de cada año, pero si se da el caso de que en el presupuesto del año siguiente el Congreso Nacional aprueba recursos para contratar la celebración de Servicios Profesionales y Personales no permanentes, tomando en consideración el resultado de la actividad realizada efectivamente por las personas contratadas el año anterior, existe la posibilidad de contratarlas nuevamente para el nuevo periodo presupuestario, siendo lo anterior precisamente lo acontecido en el caso de las hoy demandantes durante el tiempo que se mantuvo la relación con carácter temporal. Los argumentos de este hecho se sustentan en leyes vigentes de la República, por lo tanto, no requiere de ser probado; sin embargo, en el momento procesal oportuno se presentarán los atestados respectivos para su acreditación. Las hoy demandantes fueron contratadas por el demandado en la oficina regional de INJUPEMP, de la ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida, por contar con fondos aprobados por el Congreso Nacional en la Partida y asignación Presupuestaria registrada con la nomenclatura 24900 y 24700, las cuales son de naturaleza excepcional para pago de contratistas con carácter de no permanentes, de apoyo a los trabajadores permanentes para realizar actividades cuya ejecución no es posible realizar únicamente con los empleados permanentes, por lo que la contratación fue formalizada para que realizara por tiempo limitado, actividades de apoyo al personal permanente de la Oficina Principal, tomando en cuenta el resultado del trabajo realizado y por aprobar el Congreso Nacional de la República, los fondos en las partida y asignación presupuestaria relacionadas; asimismo, es de hacer notar, que siempre se les contrató por tiempo determinado, por contar con fondos aprobados por el Congreso Nacional en las Partidas Presupuestarias en mención, la cual como se ha expuesto ya, es de naturaleza excepcional, los fondos aprobados son para financiar específicamente el pago de honorarios a personas naturales contratadas para ejecutar actividades cuya ejecución no es posible realizar únicamente con los empleados con status permanente, pero lógicamente se califica la actitud del contratista, los argumentos de este hecho se sustentan en leyes vigentes de la República, por lo tanto, no requiere de ser probado, sin embargo, en el momento procesal oportuno se presentaran los atestados respectivos para su acreditación. Resulta evidente que el INJUPEMP, en el caso de la contratación de las hoy demandantes, ha observado y cumplido estrictamente las normas legales vigentes para la ejecución de la partida y asignación presupuestaria que corresponde, de acuerdo a la naturaleza jurídica del contrato celebrado entre las partes, el cual se enmarca en los términos establecidos en el Código del Trabajo, de lo cual las hoy demandantes estaban debidamente enteradas para los efectos de que con posterioridad ninguna de las partes contratantes pretendiera sorprender a la otra alegando otros términos distintos a los consignados en el contrato a término, como acontece en la presente demanda. Por lo anterior, la presente demanda incoada es totalmente improcedente.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha trece de mayo del dos mil veintiuno, dictó sentencia que, en su parte conducente, dice: “FALLA: PRIMERO (1): Declarando CON LUGAR la presente Demanda SEGUNDO Ordinaria Laboral de Primera Instancia pidiendo que en aplicación del Principio de Primacía de la Realidad se declare que entre las Demandantes y el Patrono Demandado existe una relación eminentemente laboral de carácter indefinido que ha sido encubierta por el Patrono con el fin de no conceder a las Demandantes derechos irrenunciables que nacen del contrato de trabajo; que el Patrono Demandado demuestre que las funciones desempeñadas por las Demandantes no son permanentes dentro de la Institución Demandada y que no las ha discriminado al no reconocerlas como Trabajadoras Permanentes de la Institución Demandada; que se condene al Patrono a nombrar a las Demandantes de manera permanente en los cargos ocupados debiendo emitirse las correspondientes acciones de personal de nombramiento permanente, que se condene al Patrono Demandado a otorgar a las Demandantes los beneficios de la Contratación Colectiva y Reglamento Interno que se reconocen a los demás empleados permanentes de la Institución Demandada; que se reconozca el Derecho Fundamental de Igualdad Salarial Para Trabajo Igual sin Discriminación Alguna y se ordene la Nivelación Salarial a fin de devengar el mismo salario que devengan otras personas que ocupan los mismos cargos; Pagar el Reajuste Salarial por no haberse concedido la Garantía de Salario Igual Por Trabajo Igual correspondiente a los dos años anteriores a la fecha de solicitarse la nivelación salarial; Pagar los beneficios contenidos en la Contratación Colectiva y Reglamento Interno contados desde los dos años anteriores a la fecha en que las Demandantes solicitaron los servicios de la Autoridad del Trabajo para que se les reconociera como empleadas permanentes y que no han sido concedidos por el Patrono al haber discriminado a las Demandantes al no considerarlas como trabajadoras de la Institución Demandada y condena en costas al Patrono Demandado por encubrir una relación eminentemente laboral con el fin de hacer fraude a derechos irrenunciables constitucionalmente protegidos; promovida por el Abogado OSCAR ALEXIS ARDON CHAVEZ, accionando como Apoderada Legal de las Señoras SARA MARLENY RODRIGUEZ CRUZ y WENDY MAVEL NUÑEZ LOBO; contra la entidad estatal denominada INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) o la denominación que pueda llegar a adoptar en el futuro, representada legalmente por su Directora Presidente, Señora MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA; todos de generales expresadas en el preámbulo de la presente sentencia. En consecuencia se CONDENA al INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) o la denominación que pueda llegar a adoptar en el futuro, representada legalmente por su Directora Presidente, Señora MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA, a: I) RECONOCER la categoría de empleadas permanentes desde el inicio de su contratación, debiendo emitirse los correspondientes documentos de nombramiento en los cargos en los que se encuentran contratadas las demandantes así: 1) SARA MARLENY RODRIGUEZ CRUZ en el cargo de ENCARGADA DE LA OFICINA REGIONAL; y 2) WENDY MAVEL NUÑEZ LOBO en el cargo de ANALISTA DE PRESTAMOS, ambos cargos en la oficina regional de la entidad demandada en esta ciudad, por haberse acreditado que son verdaderas trabajadoras del patrono demandado y ser su contratación permanente de conformidad con los artículos 47 y 52 del Código del Trabajo; en consecuencia deberá otorgarse a las Demandantes todos los beneficios que de conformidad a la Contratación Colectiva y Reglamento Interno se otorguen a los trabajadores permanentes de la institución demandada. II) OTORGAR a las Demandantes la garantía de salario igual por trabajo igual en relación al salario señalado y reclamado por la parte demandante y que no fue objetado por la parte demandada; por lo que la Institución Demandada deberá NIVELAR el salario mensual devengado por las demandantes al mismo salario que corresponde a los cargos ocupados y que devengan los otros trabajadores de la entidad demandada que ocupan los mismos cargos o desempeñan las mismas funciones, los cuales se detallan en el NUMERAL CUATRO del ORDINAL PRIMERO de los HECHOS PROBADOS de la presente sentencia; salarios, tanto los devengados como aquellos a los que se solicita la nivelación, que no fueron objeto de debate durante el presente proceso; siendo estos los siguientes: 1) WENDY MAVEL NUÑEZ LOBO: Año 2017: Lps. 32,026.00 y 2018: Lps. 33,541.00), y 2) SARA MARLENY RODRIGUEZ CRUZ: Año 2017 de Lps. 33,435.00 y 2018 de Lps. 35,016.00; más los que correspondan a partir del año 2019 y hasta que el patrono demandado materialice el derecho otorgado en la presente sentencia. III) Como consecuencia del otorgamiento de los beneficios concedidos a las accionantes, tanto por la garantía de salario igual por trabajo igual como por los contenidos en la contratación colectiva reclamados, PAGAR a las Demandantes la cantidad de Lps. 1,489,795.00 (UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS) en concepto de reajuste salarial por el otorgamiento de la garantía de salario igual por trabajo igual y beneficios de la contratación colectiva calculados desde los dos años anteriores a la fecha en que los demandantes iniciaron su reclamo ante la autoridad del trabajo; valores que son expuestos por la Parte Demandante en el Hecho Séptimo de la Demanda sin objeción de la parte demandada y que se desglosan así: 1) WENDY MABEL NUÑEZ LOBO: Reajuste Salarial correspondiente a los Años 2017-2018: Año 2017 (Salario asignado por el Patrono: Lps. 12,000.00; Salario correspondiente al mismo cargo es de Lps. 32,026.00; Diferencia Salarial 2017: Lps.20,026.00): Reajuste de Enero a diciembre 2017: Lps. 20,026.00 x 12 meses: Lps. 240,312.00; Decimocuarto Mes 2017: Lps. 32,02600; Decimotercer Mes 2017: Lps. 25,32,026.00; Vacaciones No Gozadas 2017: 20 días por dos años de servicio: Lps. Lp. 32,026.00/30: Lps. 1,067.53 x 20: Lps. 21,350.67; Bonificación por Vacaciones 2017: de 20 días por dos años de servicio: Lps. 32,026.00/30: Lps. 1,067.53 x 20: Lps. 21,350.67; TOTAL AÑO 2017: Lps. 347,065.34.- Año 2018 (Salario asignado por el Patrono: Lps. 12,000.00; Salario correspondiente al mismo cargo es de Lps. 33,541.00; Diferencia Salarial 2018: Lps. 21,541.00): Reajuste de Enero a diciembre 2018: Lps. 21,541.00 x 12 meses: Lps. 258.492.00; Decimocuarto Mes 2018: Lps. 33,541.00; Decimotercer Mes 2018: Lps. 33,541.00; Vacaciones No Gozadas 2018: 25 días por tres años de servicio: Lps. 33,541.00/30: Lps. 1,118.03 x 20: Lps. 27,950.83; Bonificación por Vacaciones 2018: 25 días por tres años de servicio: Lps. 33,541.00/30: Lps. 1,118.03 x 20: Lps. 27,950.83; TOTAL AÑO 2018: Lps. 381,475.66.- TOTAL REAJUSTE SALARIAL 2017-2018: Lps. 728,541.00.- Salario Nivelado a Diciembre 2018: Lps. 33,541.00; y 2) SARA MARLENY RODRIGUEZ CRUZ: Reajuste Salarial correspondiente a los Años 2017-2018: Año 2017 (Salario asignado por el Patrono: Lps. 12,500.00; Salario correspondiente al mismo cargo es de Lps. 33,435.00; Diferencia Salarial 2017: Lps. 20,935.00; Reajuste de Enero a Diciembre 2017: Lps. 20,935.00 x 12 meses: Lps. 251,220.00; Decimocuarto Mes 2017: Lps. 33,435.00; Decimotercer Mes 2017: Lps. 33,435.00; Vacaciones no Gozadas 2017: 20 días por dos años de servicio: Lps. 33,435.00/30: Lps. 1,114.50 x 20: Lps. 22,290.00; Bonificación por Vacaciones 2017: 20 días por dos años de servicio: Lps. 33,435.00/30: Lps. 1,114.50 x 20: Lps. 22,290.00; TOTAL AÑO 2017: Lps. 362,670.00.- Año 2018 (Salario asignado por el Patrono: Lps. 12,500.00; Salario correspondiente al mismo cargo es de Lps. 35,016.00; Diferencia Salarial 2018: Lps. 22,516.00): Reajuste de Enero a diciembre 2018: Lps. 22,516.00 x 12 meses: Lps. 270,192.00; Decimocuarto Mes 2018: Lps. 35,016.00; Decimotercer Mes 2018: Lps. 35,016.00; Vacaciones No Gozadas 2018: 25 días por tres años de servicio: Lps. 35,016.00/30: Lps. 1,167.20 x 20: Lps. 29,180.00; Bonificación por Vacaciones 2018: 25 días por tres años de servicio: Lps. 35,016.00/30: Lps. 1,167.20 x 20: Lps. 29,180.00; TOTAL AÑO 2018: Lps. 398,584.00.- TOTAL REAJUSTE SALARIAL 2017-2018: Lps. 761,254.00.- Salario Nivelado a Diciembre 2018: Lps. 35,016.00; más los valores que correspondan a cada demandante por los beneficios concedidos en la presente sentencia a partir del mes de Enero de 2019 y hasta que el Patrono aplique la nivelación otorgada a las accionantes en su planilla de empleados. TERCERO (3): En apego al Principio de Gratuidad SE EXIME DE COSTAS DE ESTA INSTANCIA a la parte demandada”. Bajo el criterio que, en el caso de autos, del análisis de los hechos y material probatorio, quedó evidenciado que efectivamente las demandantes son las únicas dos personas asignadas a la oficina regional de la demandada en esta ciudad y que las funciones que desempeñan son permanentes dentro de la institución, por lo que concurren los elementos para que exista contrato de trabajo indefinido; quedando acreditado también que la entidad demandada tiene otras personas que desempeñan los mismos cargos y que devengan salarios superiores a los de las demandantes, a quienes se les ha negado el trato de trabajadoras permanentes y se les han negado derechos y beneficios constitucionales, haciéndoseles deducciones indebidas por impuesto sobre la renta dado que el salario asignado está exento de dicha carga; sin acreditarse que no ha existido discriminación con respecto de las accionantes; por lo que se evidencia que éstas no han recibido el mismo tratamiento que el Patrono ha dispensado a las otras personas que desempeñan sus mismos cargos, lo cual es calificado como discriminación por el Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por Honduras, el 20 de junio de 1960; concurriendo en el caso de las Demandantes la identidad de cargo y jornada, pues estos aspectos no fueron objeto de debate por la parte demandada; debiendo recordarse que por mandato constitucional señalado en el artículo 59, que contiene el Principio Pro Persona, "la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla"; principio contenido en el artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos y según el cual principio pro homine, actualmente denominado pro personal, es un criterio hermenéutico que informa todo el derecho de los derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos e inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer las restricciones permanentes al ejercicio de los derechos humanos. Respecto de las diferentes normas que contienen la garantía de salario igual por trabajo igual, al ser disposiciones que regulan derechos laborales no existe preeminencia entre ellas de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 8 del Código del Trabajo, debiendo preferirse siempre la Norma Más Favorable en atención al principio protector regulado en la Página 10 del Manual Procesal Laboral aprobado por la Corte Suprema de Justicia, según la cual: "En el caso de que exista más de una norma para aplicar (a diferencia del in dubio pro operario, que se trata de más de una interpretación para una misma norma), se optará por aquellas que presente las condiciones más favorables para el trabajador, incluso si la misma es de menor jerarquía entre el ordenamiento clásico de las leyes”; no habiéndose acreditado por la parte demandada que las demandantes se encuentren comprendidas en este caso y que a ello se debe la diferencia salarial que existe con las otras personas que ocupan sus mismos cargos dentro de la institución demandada, por lo que el trato que se les ha dispensado resulta discriminatorio. Que la existencia de una diferencia salarial entre trabajadores que se encuentran en similares condiciones debe estar fundamentada en una justificación objetiva y razonable, so pena de vulnerar el derecho a la igualdad. El empleador debe otorgar y garantizar la igualdad de trato en la relación laboral. No obstante, no se trata de establecer una equiparación matemática del trabajador, puesto que ese principio de la igualdad es objetivo y no formal; él se predica de la identidad de los iguales y de la diferencia entre los desiguales. Por lo tanto, no toda desigualdad o diferencia de trato en materia salarial constituye una vulneración de la Constitución, pues se sigue aquí la regla general, la cual señala que un trato diferente sólo se convierte en discriminatorio (y esa medida constitucionalmente prohibido) cuando no obedece a causas objetivas y razonables. Del carácter fundamental del derecho al trabajo se desprende la exigencia legal y judicial del respeto por la dignidad y la justicia en la relación laboral. Estrechamente relacionado con lo anterior se encuentra la obligación a cargo del patrono de proporcionar una remuneración acorde con las condiciones reales del trabajo, puesto que el salario es la causa o el motivo, desde el punto de vista de quien se emplea, para establecer la vinculación laboral. Desde esta perspectiva, si bien cierto, que la determinación del salario es una decisión bilateral entre el empleador y el trabajador, no puede estar sujeta a consideraciones caprichosas que desconozcan la especial protección constitucional, pues como ha sostenido la Corte Constitucional, el patrono no puede fijar de manera arbitraria los salarios de sus empleados. De ahí pues, que la igualdad de trato en la relación laboral no sólo deriva de una regla elemental de justicia en los estados democráticos sino de la esencia de la garantía superior al trabajo, ya sea que éste se preste ante entidades públicas o privadas. El principio a trabajo igual, salario igual, responde entonces a un criterio relacional, propio del juicio de igualdad. Por ende, para acreditar su vulneración debe estarse ante dos sujetos que al desempeñar las mismas funciones y estar sometidos al mismo régimen jurídico de exigencias de cualificación para el empleo, son comparables y, no obstante, ello, reciben una remuneración diferente. Se insiste entonces en que la discriminación salarial injustificada debe basarse en la inexistencia de un parámetro objetivo, discernible y razonable, que justifique la diferenciación; parámetros que en el presente proceso no se ha acreditado que concurran en el caso de las demandantes; teniendo presente además que la parte demandada no objetó los salarios reclamados por las demandantes ni el derecho a la garantía de salario igual por trabajo igual reclamada por éstas. (Que en el presente caso, el Ad-Quem en su fallo, si bien enuncia el principio de igualdad en el campo laboral, conocido como "a trabajo igual corresponde salario igual", cuyo contenido como derecho fundamental se encuentra en los artículos 60 y 128 numeral 3) de la Constitución de la República y 367 del Código del Trabajo, confirma la sentencia que declara sin lugar la demanda, aduciendo en su parte conducente de una de sus motivaciones, que: "el demandante debió haber acreditado en juicio que tenía la misma antigüedad y desempeñaba un trabajo igual al de sus compañeros, y que las condiciones de eficiencia también eran iguales, situación que necesariamente hubiera llevado a éste Tribunal, a hacer un análisis comparativo de las aptitudes de los respectivos trabajadores, en cuanto cómo y con qué rendimiento desempeñaban los puestos; tal comparación es importante para establecer las condiciones de igualdad....", cuando siendo un tema de denuncia de discriminación laboral el debatido, el que argumenta haber sido objeto de ese tipo de situaciones, debe acreditar los indicios en que se sustenta y la demandada, en este caso el patrono, que ha procedido con apego al deber de igualdad de trato, es decir, que en tal situación no ha discriminado al demandante al haberle dado el mismo tratamiento salarial conforme al resto de sus compañeros y no a la inversa como lo impone ese razonamiento equivocado, de que era éste el que tenía que acreditar esas "condiciones de igualdad" exigidas para brindarle una respuesta a sus pretensiones. Que este Tribunal en la sentencia dictada el 27 de julio del 2011, en el expediente SL 326-09, estableció el criterio de que "ante la invocación de una causa de discriminación por parte del Trabajador es el empresario o patrono quien debe asumir la carga de probar los hechos generadores de extinción o de no existencia de dicha conducta, pero el denunciante debe de acompañar un indicio fáctico que le sirva para la inversión de la carga de la prueba, ya que no basta el simple hecho de alegarla, sino que es necesario que se acredite la presencia de circunstancias que constituyan indicios racionales de que está en juego el factor que determina la igualdad y es a partir de tales circunstancias cuando el empresario deberá destruir la presunción probando que existe causa justificada suficiente”; criterios jurisprudenciales aplicables al caso de autos, donde las demandantes invocan el Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la Discriminación en el Empleo y Ocupación, habiendo demostrado no sólo los indicios fácticos del trato desigual que han recibido, si no la presencia de las circunstancias que demuestran el trato desigual que han recibido, sin que el Patrono haya demostrado que tal desigualdad obedece a motivos que el precitado convenio no considere como discriminación o trato desigual. Que el artículo 43 de la Ley del Salario Mínimo establece el plazo de dos años como tiempo máximo para que un trabajador a quien se la ha venido pagando salarios inferiores al salario mínimo pueda recuperar dichos valores con el pago de la respectiva indemnización, siendo ésta la única norma dentro de nuestra legislación laboral que señala plazos para nivelaciones salariales, razón por la cual los tribunales del trabajo en todas sus instancias aplican de manera analógica dicho término para nivelaciones salariales, devolución de valores retenidos, otorgamiento de beneficios de contratos colectivos; por lo que en atención a lo señalado en el numeral anterior es válido reconocer dicho plazo en la forma solicitada por las demandantes, desde los dos años atrás en la fecha en que compareció a formular su reclamo ante el Ministerio del Trabajo de esta ciudad, teniendo presente además que dicho plazo, monto de reajuste, salarios utilizados para calcular el mismo para cada año, no fueron objeto de controversia o de ataque durante la secuela del presente proceso. Que el artículo 47 del Código del Trabajo señala que los contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la empresa, se consideraran como celebrados por tiempo indefinido aunque en ellos se exprese término de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsiste la causa que le dio origen o la materia del trabajo para la prestación de servicios o la ejecución de obras iguales o análogas; señalando a su vez el párrafo último del artículo 52 del mismo cuerpo legal que si antes de transcurrido un año se celebra un nuevo contrato entre las misma partes contratantes y para la misma clase de trabajo, deberá entenderse éste por tiempo indefinido; requisitos que concurren en el caso de las demandantes para que su contratación sea considerada permanente e indefinida desde su inicio, debiendo el Patrono otorgarles todos los beneficios inherentes a tal estado, dado que la forma en que se ha venido sustentando su relación encaja dentro de lo abordado por la Organización Internacional del Trabajo, señaló en la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, 91 a Reunión de 2003, en el sentido que: "Disfrazar una relación de trabajo significa crearle una apariencia distinta de la que en verdad tiene con el fin de anular, impedir o atenuar la protección que brinda la ley. Se trata pues de una acción destinada a ocultar o deformar la relación de trabajo, dándole otro ropaje mediante una figura jurídica o una forma distinta, en la cual el trabajador gozará de menos protección. Una relación de trabajo encubierta también puede servir para ocultar la identidad del empleador, cuando la persona designada como tal en realidad es un intermediario que libera al empleador de aparecer como parte en la relación de trabajo y, de esta manera, de la responsabilidad que debiera asumir ante su personal"; señalando a su vez en su Conferencia Internacional del Trabajo, 99 Reunión de 2006 que "El empleo encubierto se produce cuando un empleador considera a una persona que es un empleado como si no lo fuese, con el fin de ocultar su verdadera condición jurídica. Esto puede hacerse a través de la utilización inadecuada de acuerdos civiles o comerciales. Perjudica los intereses de los trabajadores y de los empleadores y constituye un abuso de efectos adversos para el trabajo decente, y no debería tolerarse. Recurrir a esta clase de prácticas puede suponer que se priva de protección laboral al trabajador y se evitan costos, entre otros, el pago de impuestos y las cargas de seguridad social." Este tipo de situación se ha dado en el caso de los contratos que se han venido suscribiendo entre el patrono demandado y las demandantes a fin de no gozar de la protección que la ley da a los trabajadores permanentes. Que por contrato colectivo se entiende todo acuerdo escrito relativo a las condiciones de trabajo y de empleo, celebrado entre un empleador, un grupo de empleadores o una o varias organizaciones de empleadores, por una parte, y, por otra, una o varias organizaciones representativas de trabajadores, o, en ausencia de tales organizaciones, representantes de los trabajadores, debidamente elegidos por éstos últimos, de acuerdo con la legislación nacional, señalando la Constitución de la República en su artículo 128 numeral 15, el Estado tutela los contratos individuales y colectivos celebrados entre patronos y trabajadores; señalando el artículo 60 del Código del Trabajo señala que los contratos colectivos obligan a sus firmantes, así como a las personas en cuyo nombre o representación se celebran; estableciendo a su vez el artículo 1348 del Código Civil que las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes y deben cumplirse al tenor de los mismos; por lo que las demandantes tienen derecho al otorgamiento de todos los beneficios que el contrato colectivo de la empresa demandada otorga a los trabajadores permanentes, dado que no pueden hacerse exclusiones por ser consideradas empleadas temporales por decisión del patrono y no ser afiliadas de la organización sindical, puesto que la Cláusula 5 del Contrato Colectivo de INJUPEMP, señala que el presente contrato colectivo de condiciones de trabajo, beneficia y se aplica obligatoriamente a todos los trabajadores del INSTITUTO que de conformidad con la ley tienen carácter permanente, sin que dicha cláusula excluya a las demandantes, quienes de conformidad con los artículos 47 y 52 del Código del Trabajo, tienen condición de permanentes, razón por la cual deben otorgárseles los beneficios contractuales reclamados y contenidos en las Cláusulas 20, referente a las vacaciones y bono de vacaciones equivalentes al pago de igual cantidad de días de descanso, 24 que se refiere al ajuste salarial por índice inflacionario y 31 que contempla el incentivo a la antigüedad, más cualquiera otro que se otorgue a los trabajadores permanentes. Que, de acuerdo al Principio de Verdad Procesal, los Juzgados deben emitir sus fallos con base en las pruebas aportadas, independientemente de que pudiera darse el caso de que la parte a quien le asiste el derecho no hubiese aportado prueba. En el caso de autos, la parte demandada no aportó prueba alguna con el fin de justificar la diferencia salarial que existe entre las demandantes y las otras personas que ocupan los mismos cargos, tampoco objetó el reclamo del derecho de salario igual por trabajo igual, los salarios y reajustes reclamados, los beneficios contractuales solicitados y no demostró la temporalidad de la relación laboral. Que por todo lo antes expuesto y dado que la parte demandada no acreditó las razones en que apoyó su defensa para asignar a las demandantes salarios mensuales inferiores al que devengan las otras personas que ocupan los mismos cargos y desempeñan las mismas funciones, no haber acreditado la temporalidad de la relación laboral con las demandantes, de quienes aceptó la relación laboral a pesar de que los contratos suscritos no son de naturaleza laboral, sin haber objetado el derecho a la garantía de salario igual reclamada, los reajustes por dicho concepto, el salario y beneficios contractuales reclamados; por lo que no destruyó la tesis de que las trabajadoras accionantes han sido discriminadas al no dispensárseles el mismo trato que a las otras personas que realizan sus mismas funciones; se estima procedente acoger las pretensiones de las Demandantes en cuanto a otorgar la permanencia en los cargos desde el inicio de la relación laboral y conceder la garantía fundamental de salario igual por trabajo igual sin discriminación alguna, más los beneficios de la contratación colectiva, con el pago del respectivo reajuste salarial correspondiente a los dos años anteriores a la fecha en que las demandantes iniciaron su reclamo ante la autoridad del trabajo y los que se generen hasta que el patrono aplique la correspondiente nivelación a las demandantes.- 4. La Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha veintiséis de agosto del dos mil veintiuno, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el A-quo, sin costas; bajo el criterio que, en el caso de autos el recurrente apartándose totalmente de la técnica recursiva, al momento de expresar agravios desarrolla el concepto de congruencia y claridad de las sentencias hace referencia sobre el preámbulo de estas y los considerandos sin exponer en ningún momento cuales son las incongruencias de la sentencia impugnada e inclusive hace referencia a considerandos cuando esto como formalidad ya no son utilizados en la normativa procesal vigente, en razón de ello se vuelve imposible para este tribunal revisar la sentencia recurrida.- 5. Mediante auto de fecha treinta de septiembre del dos mil veintiuno, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado CLAUDIO JOAQUIN RODRIGUEZ HERNANDEZ, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha veinte de septiembre del dos mil veintidós, compareció ante este Tribunal el Abogado EVI DOMINICK GODOY FLORES, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha veinte de septiembre del dos mil veintidós, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha trece de octubre del dos mil veintidós, se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por parte de la Abogada KARLA YADIRA PAREDES ORTEGA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida; en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que el Abogado EVI DOMINICK GODOY FLORES, en su primer y único motivo de casación alega: “ACUSO LA SENTENCIA RECURRIDA DE SER VIOLATORIA DE LEY SUSTANTIVA DE ORDEN NACIONAL POR VIOLACION DIRECTA PROVENIENTE POR ERROR DE HECHO POR LA FALTA DE APRECIACION DE LAS PRUEBAS. NORMA SUSTANTIVA VIOLADA EN ESTE MOTIVO. La norma sustantiva de orden Nacional violada está contenida en el artículo 46 literal b) Y c), 737 y 738 del Código de Trabajo. REGLAS PROCESALES VIOLADAS EN ESTE MOTIVO. Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas están contenidas en los artículos 46 literal b) y c) 737, 738 del Código de Trabajo. SINGULARIZACION DE LA PRUEBA ERRONEAMENTE APRECIADA: Se singulariza la Prueba admitida a la parte demandante consiste en: Medio Documental por Vía Oficio consistente en: 1) Medio de Prueba Documental vía Oficio número uno a fin de que el Secretario del Despacho libre atento oficio a la Dirección Interina del Injupemp para que informe lo siguiente: Cual es la naturaleza permanente y la actividad o giro que realiza la Institución, el cual se cumplimentó según oficio 1556 el cual corre en autos a folio 156 de la primera pieza. 2) Medio de Prueba Documental Vía Oficio Numero dos: A fin que el Secretario de despacho libre atento oficio al Departamento de Recursos Humanos del Injupemp para que informe lo Siguiente: a) los alcances y obligaciones del INJUPEMP derivados de los contratos suscritos. B) Tipo de planilla presupuesto mediante el cual se le pagaba a las hoy demandantes por los servicios prestados. C) Si durante la vigencia de su contratación temporal las hoy demandantes solicitaron al Instituto el cambio de modalidad de tiempo determinado a tiempo indefinido. D) Recursos Humanos certifique si las hoy demandantes se le hacen deducciones para el sindicato de la hoy demandada. El cual fue cumplimentado según oficio 1557 el que corre en autos a folio 153, 154, 155, 157 de la primera pieza. Medio de Prueba Denominado Reconocimiento Judicial Consistente en: 1. A fin de que se libre por parte de este Juzgado se libre atento EXHORTO con las inserciones necesarias del caso al Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, a efecto de que el suscrito Juez asociado de su secretario de actuaciones, se constituya in-situ en las instalaciones físicas de mi representada el INJUPEMP con sede en la ciudad de Tegucigalpa de Francisco Morazán, sita en la colonia Loma Linda Norte, avenida la FAO específicamente en la sección de planillas dependiente Del Departamento de Recursos Humanos, con el objeto de constatar el pago por concepto de honorarios profesionales que mi representada les hacía a las hoy demandantes por su prestación de servicios prestados a tiempo determinado. 1. Constatar el salario asignado a las analistas de préstamos y con carácter de empleado indefinido en el instituto. El cual corre en autos a folio 160, 161, 163, 164, 165, de la primera pieza. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765 y 766 ordinales primero del Código de Trabajo, que establece como causal de casación "ser la sentencia violatoria de la ley sustantiva por infracción directa" EXPLICACION DEL MOTIVO DE LA VIOLACION. PRIMER MOTIVO: Este Tribunal tiene establecido que el error de hecho en casación es una creencia o noción equivocada del Juez frente a los hechos revelados por la prueba la demanda o la contestación, que se percibe de forma inmediata y conlleva a la violación indirecta de la Ley en el presente caso en autos el A quem aprecio erróneamente la prueba admitida y evacuada por el recurrido, la que se origina por un error de hecho es decir respecto a las pruebas consideradas en sí mismo y no con relación a las normas legales que regulan la prueba, generando la violación de una Ley Sustantiva, el error es manifiesto y ostensible, demostrable y entra en pugna con el fallo que admite como probado un hecho que en realidad no está demostrado el A-quem no aprecio debidamente el medio de prueba Documental por Vía Oficio y Medio de Prueba De Reconocimiento Judicial singularizados en esta Demanda de Casación de forma integral así mismo el A-quo deja de relacionar las pruebas presentadas en lo relativo a las contrataciones por contrato definido de las hoy demandantes y que el Código de Trabajo en su artículo 46 literal b) regula en lo relativo a los contratos por tiempo limitado, estableciendo que los mismos podrán ser celebrados "Cuando se ha previsto el acaecimiento de algún hecho que forzosamente ha de poner término a la relación de trabajo" esta disposición ha sido observada por el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO ( INJUPEMP), para contratar personal de carácter no permanente, debido a que por ser una Institución del Estado de Honduras creada mediante Decreto Legislativo 138, publicado en la Gaceta el 7 de Abril de 1971, para cada periodo anual el Congreso Nacional de la Republica le aprueba un Presupuesto de Ingresos y Egresos cuya cuantía y normas de ejecución deviene obligado a cumplir irrestrictamente para financiar sus operaciones de prestar servicios de Previsión Social a los servidores públicos. Por el hecho de disponer de recursos aprobados en el presupuesto Anual para contratar personas naturales que le presten servicios personales o profesionales DE CARÁCTER NO PERMANENTE para cumplir con su finalidad, hecho establecido en la vigente Ley Orgánica del Presupuesto para todas las Instituciones del Estado y no exclusivamente para mi representado, cuando las circunstancias lo exigen por requerirse de personal temporal para apoyar al personal permanente en el desarrollo de las actividades, el Instituto procede a celebrar con personas naturales contratos por tiempo limitado, tomando como base el hecho de disponer de los recursos presupuestarios debidamente aprobados para pagarles durante un periodo fiscal que comprende del 1 de Enero al 31 de Diciembre de cada año; cuando el presupuesto es totalmente ejecutado se produce el hecho previsto para que la relación finalice; lo anterior constituye la razón que justifica el por qué mi representado formaliza contratos con periodos de vigencia determinada que nunca debe pasar al siguiente año. SEGUNDO MOTIVO: Si resulta que el periodo anual para el cual fue aprobado el presupuesto concluye y la vigencia del contrato por tiempo limitado coincide con dicha conclusión, acontece el hecho previsto de que por no contar con recursos presupuestarios aprobados la relación contractual, concluye pero si se da el caso de que el presupuesto del año siguiente el Congreso Nacional aprueba recurso para contratar la celebración de Servicios Profesionales y Personales no permanentes, tomando en consideración el resultado de la actividad realizada efectivamente por las personas contratadas el año anterior, existe la posibilidad de contratarlas nuevamente para nuevo periodo presupuestario, siendo lo anterior precisamente lo acontecido en el caso de las hoy demandantes durante el tiempo que mantuvieron una relación contractual. La forma de contratación original y las posteriores de las ahora demandantes, jurídicamente se subsumen en lo que dispone el artículo 46 letra b) del código de Trabajo, si era el caso que no estaba de acuerdo con la forma de su contratación, lo procedente era que hubieran manifestado y formulado desde el inicio de su relación laboral acciones que hasta ahora promueven, para que si procedía era declarada judicialmente que su relación con INJUPEMP era de carácter permanente; promover las acciones ahora que ha concluido totalmente la relación por haber acaecido el hecho previsto de no disponer de fondos al haber concluido el periodo presupuestario resulta improcedente y extemporáneo además en el reciente pasado tal y como se acredita en el juicio las hoy demandantes ya habían interpuesto demanda ordinaria laboral por reconocimiento de permanencia y nivelación salarial contra mi representada, a lo que finalmente el órgano jurisdiccional ordeno en su momento el reconocimiento la categoría de empleadas permanentes desde el inicio de su contratación laboral y otorgar la nivelación de salarios mensuales correspondiente a los cargos ocupados en igualdad de condiciones, de lo que se colige que en sus condiciones ha sido siempre la modalidad contratación por tiempo definido, resultando que el derecho no es de Presunciones "o que quiso decir o no decir" de tal manera que mi representada ha sido respetuosa De las disposiciones legales que han ligado a las hoy demandantes con el INJUPEMP, es por tal razón que dicha acción de la demanda es totalmente improcedente y extemporánea ya que incluso debe ser considerada como cosa juzgada en las presentes diligencias mismo resulta evidente que el INJUPEMP, en el caso de las hoy demandantes ha observado y ha cumplido estrictamente las normas legales vigentes para la ejecución presupuestaria, de acuerdo a la naturaleza jurídica del contrato celebrado entre las partes el cual se enmarca en los términos establecidos en el Código de Trabajo, de lo cual las ahora demandantes estaban debidamente enteradas para el efecto de que con posterioridad ninguna de las partes contratantes pretendiera sorprender a la otra alegando otros términos distintos a los consignados en los contratos como acontece en la demanda abordada. Por lo anterior la demanda de mérito es totalmente improcedente; lo expresado constituye un hecho notorio que además se encuentre previsto en la legislación laboral vigente, no obstante se acredito debidamente las pruebas necesarias en el presente juicio.- Contra la sentencia antes relacionada de la parte demandada manifestó su inconformidad interponiendo el recurso de Apelación en tiempo y forma el que nos ocupa, Como la causa justa para la terminación del contrato de trabajo el cual fue válidamente probado y alegado en juicio, y la falta de apreciación de los medios de prueba antes singularizados, causan la violación directa de la norma sustantiva de orden nacional por error de hecho por lo cual se acusa a la sentencia recurrida. Lo expuesto en este motivo hace admisible el recurso de casación y es suficiente mérito para que se case la sentencia recurrida”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) La violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba, ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley; b) Las normas que indica como violadas los artículos 46 literales b) Y c), 737 y 738 del Código de Trabajo, no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; c) Señala que dirige su ataque por vía directa por falta de aplicación, pero incluye un acápite intitulado “REGLAS PROCESALES VIOLADAS EN ESTE MOTIVO. Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas están contenidas en los artículos 46 literal b) y c) 737, 738 del Código de Trabajo.” Lo cual es incongruente con ese tipo de infracción o violación, ya que la inclusión de normas procesales es propia de una violación indirecta, donde se aducen los errores de hecho y de derecho provenientes de la apreciación probatoria; d) Los artículos 765 y 766 ordinales primero del Código de Trabajo, señalados como precepto autorizante, no ostentan esa calidad; y e) Formula alegatos de instancia.- IV. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. SECRETARIO DE LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintiún días del mes febrero del dos mil veintitrés; certificación de la sentencia de fecha diecisiete de enero del dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Casación número CL 389-21.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
SECRETARIO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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