Sentencia CL-387-22 — Registro 17486
Resumen
En la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones laborales reajuste de salario mínimo, derechos adeudados, derechos adquiridos en virtud del despido indirecto que deriva de derechos laborales y en caso contrario se proceda al pago en efectivo de los salarios adeudados y no pagados, prestaciones laborales, salarios caídos y costas la primera instancia declara con lugar la demanda y condena a la demandada al pago. La segunda instancia declara sin lugar la demanda y revoca la sentencia emitida y absuelve a la demandada de responsabilidad del pago, esta sala de lo laboral declara nulidad de la sentencia y que la segunda instancia proceda según corresponde
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
...´´Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. II.- Que el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. - Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente". III.- Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además, es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden. IV.- Que por Acceso a la Justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial...´´
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 379 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
...´´Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. VI.- Que revisada la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones recurrida, se aprecia que en la misma no se realiza el análisis debido del asunto sometido a su conocimiento conforme al principio de congruencia, ya que es deber del Juzgador resolver conforme a las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, así como la decisión sobre hechos que resultaren controvertidos de acuerdo al objeto del debate que se fije en el proceso; en el presente caso no existe congruencia lógica en lo que solicita la demandante y la reforma de la sentencia impugnada en el sentido de declarar sin lugar la demanda planteada, el despido indirecto es facultad del trabajador para dar por terminada la relación laboral cuando se comunica al patrono sin responsabilidad para este y sin previo aviso en apego al artículo 114 literal f y 117 del Código de Trabajo, además el patrono disponía de la acción de emplazar a la trabajadora para probar que abandono sus labores sin justa causa y no sucedió así, el convenio que corre a folio 52 de la primera pieza de autos debe apegarse al cumplimiento del artículo 379 del Código del Trabajo que para su valides debió hacerse ante la autoridad del trabajo correspondiente y así evitar este tipo de controversias y el ad-quem devenía en la obligación de revisar esa situación jurídica, no realizándose el análisis de la misma. VII.- Que toda persona tiene el derecho de poder ejercitar o promover las acciones que estime pertinentes en defensa de sus derechos y derivado de ello también tiene el derecho a recibir una respuesta del órgano jurisdiccional, previo a seguirse el debido proceso, resolución que deberá ser congruente, motivada, imparcial y apegada al ordenamiento jurídico y a los principios generales del derecho laboral. VIII.- Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia de fondo del 5 de octubre de 2015, dictada en el caso Ruano Torres y otros Vs. El Salvador, Serie C No. 30319 151, estableció sobre el debido proceso: “La Corte ha señalado que el derecho al debido proceso se refiere al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado, adoptado por cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que pueda afectarlos.- El debido proceso se encuentra, a su vez, íntimamente ligado con la noción de justicia, que se refleja en: i) un acceso a la justicia no sólo formal, sino que reconozca y resuelva los factores de desigualdad real de los justiciables, ii) el desarrollo de un juicio justo, y iii) la resolución de las controversias de forma tal que la decisión adoptada se acerque al mayor nivel de corrección del derecho, es decir que se asegure, en la mayor medida posible, su solución justa.” IX.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. X.- Que es deber ineludible de la Corte Suprema de Justicia no solo observar la técnica rigurosa y formalista del recurso de casación, sino que se garantice el debido proceso y el derecho de defensa a las partes, particularmente que las resoluciones deben ser dictadas con la suficiente explicación de los puntos en litigio y los temas debatidos, como que sean congruentes y los resuelvan debidamente. XI.- Que conforme con el artículo 701 numeral 3) del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en materia laboral, dispone que el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no se hubieran denunciado por el recurrente. XII.- Que, por las razones antes expuestas, es procedente declarar la NULIDAD de la sentencia recurrida, para que el Ad-quem proceda de conformidad a derecho...´´
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 379 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veintiocho días del mes de septiembre del año dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha veintiocho de abril del dos mil veintitrés, por el Abogado MARIO ALEXANDER AYALA TURCIOS, en su condición de representante procesal de la señora CINDY MARIELA ZALDIVAR MARQUEZ, como recurrente; además es parte recurrida, la ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, representada en juicio por el Abogado EDWIN ORLANDO RIVAS ARAUJO. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones laborales reajuste de salario mínimo, derechos adeudados, derechos adquiridos en virtud del despido indirecto que deriva de derechos laborales y en caso contrario se proceda al pago en efectivo de los salarios adeudados y no pagados, prestaciones laborales, salarios caídos y costas, promovida ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Juticalpa, Departamento de Olancho, en fecha veintinueve de noviembre del dos mil dieciocho, por la señora CINDY MARIELA ZALDÍVAR MARQUEZ, mayor de edad, en unión libre, Bachiller en Ciencias y Letras, con domicilio en el Municipio de La Unión Departamento de Olancho, contra la ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, por medio de su Alcalde Municipal el señor RAMÓN EDGARDO CÁRCAMO RIVERA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha nueve de febrero del dos mil veintiuno, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: I.- Declarar CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado EDWIN ORLANDO RIVAS ARAUJO, actuando en su condición de Representante Procesal de la parte demandada-apelante.- II.- REVOCAR la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial y del Trabajo por Ministerio de Ley de Juticalpa, departamento de Olancho del doce de agosto del dos mil diecinueve que corre a folios del 108 al 112 frente y vuelto de la primera pieza de autos así: III.- REVOCAR EN CUANTO A que declara SIN LUGAR la Excepción de PRESCRIPCION alegado por la parte demandada.- IV.- A QUE DECLARA SIN LUGAR la Demanda de que se ha hecho mérito Promovida por la trabajadora señora CINDY MARIELA ZALDIVAR MARQUEZ CONTRA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION DEPARTAMENTO DE OLANCHO, REPRESENTADA POR SU ALCALDE RAMON EDGARDO CARCAMO RIVERA ENcuanto a queCONDENA A LA DEMANDADA ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION, DEPARTAMENTO DE OLANCHO REPRESENTADA POR SU ALCALDE SEÑOR RAMON EDGARDO CARCAMO RIVERA A PAGARLE A LA TRABAJADORA SEÑORA CINDY MARIELA ZALDIVAR MARQUEZ LA SUMA DE DOSCIENTOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS (Lps.200,482.88) POR LOS CONCEPTOS SIGUIENTES: PREAVISO 60 DIAS: VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON SESENTA CENTAVOS (Lps.22.296.60) AUXILIO DE CESANTIA 60 DIAS: VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON SESENTA CENTAVOS (Lps.22.296.60), AUXILIO DE CESANTÍA PROPORCIONAL: 255 DIAS: SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON SETENTA Y UN CENTAVOS (Lps.7,896.71), VACACIONES PROPORCIONALES 255 DIAS: TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS (Lps.3.948.36), AGUINALDO PROPORCIONAL: 285, SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON NUEVE CENTAVOS (Lps.7.565.09), DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL 105 DIAS, DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CATORCE CENTAVOS (Lps.2,787.14), REAJUSTE AL SALARIO MINIMO: CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON VEINTITRES CENTAVOS (Lps.58.177.23), VACACIONES PENDIENTES 22 DIAS: OCHO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS (Lps.8.175.42), AGUINALDO ADEUDADO: DIEZ MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS (Lps. 10.844,97), DECIMO CUARTO ADEUDADO: DOCE MIL VEINTIOCHO LEMPIRAS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS (Lps. 12.028.66), PAGO SALARIO ADEUDADO CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (Lps.43.300.00), PAGO HORAS EXTRAS ADEUDADAS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON DIEZ CENTAVOS (Lps. 1,166.10), MAS A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR, DESDE LA TERMINACION DEL CONTRATO HASTA LA FECHA QUE CON SUJECION A LAS NORMAS PROCESALES QUEDE FIRME LA PRESENTE SENTENCIA.- V: ABSUELVE A LA DEMANDADA ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION, DEPARTAMENTO DE OLANCHO REPRESENTADA POR SU ALCALDE SEÑOR RAMON EDGARDO CARCAMO RIVERA A PAGARLE A LA TRABAJADORA SEÑORA CINDY MARIELA ZALDIVAR MARQUEZ LA SUMA DE DOSCIENTOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS (Lps.200,482.88) por los conceptos citados en el romano III.- VI.- REVOCAR EN CUANTO A LA CONDENA EN COSTAS.- VII.- CONFIRMAR en lo que se refiere sobre la multa solicitada que se declara sin lugar.- SIN COSTAS…”. ANTECEDENTES DE HECHO 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que comenzó a laborar en la Alcaldía Municipal de La Unión, el 01 de febrero del 2016; la contrató el señor Renan Alcides Torres Argueta, en su condición de alcalde en ese periodo, desempeñándose en el puesto de Jefe de Control Tributario municipal, devengando un salario de L. 6,120.00 mensuales, inicialmente fue contratada mediante un contrato individual de trabajo, suscrito entre las partes, en el cual cumplió a cabalidad todas y cada una de las obligaciones que le fueron asignadas de las cláusulas suscritas en el mismo, el cual se encuentra en el departamento de Recursos Humanos de esa entidad edilicia. Laboro como Jefe de Control Tributario del 01 de febrero del año 2016 hasta el 15 de octubre de 2018, fecha del despido; siendo contratada y pagada por la Alcaldía Municipal de este Municipio de La Unión del Departamento de Olancho; y fue objeto de despido indirecto, tal como lo acredita con la Certificación emitida por la abogada Sandra Lorena Benegas García, quien es inspectora de trabajo de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social y que, se presentó a las oficinas de la Alcaldía Municipal de La Unión Departamento de Olancho, al área de Recursos Humanos donde fue atendida por el personal encargado de dicha oficina la vice alcaldesa señora Carmen Lizeth Ramírez Meraz, quien a efecto constató que si era empleada de dicha corporación, que se le adeudan salarios, y a que meses corresponden dicha deuda y cuál es la cantidad total que se le adeuda y los salarios que ha devengado en el año 2017 y 2018. Por otra parte, menciono que ha sido objeto de llamados de atención por parte del gerente de finanzas Edwin Eduardo Lobo, como medio de represión para que renuncie a su trabajo y no reconocerle la municipalidad sus prestaciones laborales; de los empleados municipales tal como lo acredito con el acta de inspección levantada en el mes de febrero de 2018. El señor Renan Alcides Torres Argueta, en su condición de Alcalde Municipal de La Unión, en ese entonces, la contrató para que trabajará en esa institución Municipal, porque necesitaba empleados que le prestaran servicios laborales en dicha alcaldía, manifestándole que la hora de entrada al trabajo era a las 8:00 a.m. a 4:00 p.m. La demandante laboro por dos años consecutivos para la demandada, sin interrupción alguna; no obstante, por decisión propia, es decir, de manera unilateral, en su condición de patrono, la despidió indirectamente de manera repentina, desalojándola de su puesto de trabajo, contratando un sustituto, lo cual es injusto; que en vista de la falta de pago de los meses de Julio hasta Octubre, la demandante acudió al Ministerio del Trabajo a fin de levantar acta sobre dicha irregularidad, por lo que, se constató a traves de la jefe de personal CARMEN LIZETH RAMIREZ MERAZ, esta manifestó que se le adeudan salarios a todos los trabajadores de la municipalidad, lo cual, es totalmente ilegal e injusto, en virtud que, es deber del patrono pagar el salario en tiempo y forma, esto por una parte y por otra parte el salario que recibía era menor al salario mínimo ordenado por la ley, por lo que, en base al artículo 114 incisos f, i y j del Código del Trabajo, acudió ante el Alcalde en compañía de un inspector de trabajo a notificar su despido indirecto, encontrándose únicamente a la vice alcaldesa, quién también es Jefe de Recursos Humanos, tal como se acredita con el acta levantada por dicha entidad del trabajo y que lo presentará como elemento probatorio en el momento procesal oportuno. 2. La parte demandada, la ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA UNION, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, contestó dicha demanda rechazando los hechos de la demanda. 3. El Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Juticalpa, Departamento de Olancho, en fecha doce de agosto del dos mil diecinueve, dictó sentencia que, en su parte conducente, dice: “FALLA: DECLARANDO:CON LUGAR La Demanda de que se ha hecho merito Promovida por la trabajadora señora CINDY MARIELA ZALDIVAR MARQUEZ CONTRA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNIÓN DEPARTAMENTO DE OLANCHO REPRESENTADA POR SU ALCALDE RAMON EDGARDO CARCAMO RIVERA, ambos de generales ya apuntadas en el preámbulo de este fallo, EN CONSECUENCIA CONDENA: A LA DEMANDADA ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION DEPARTAMENTO DE OLANCHO REPRESENTADA POR SU ALCALDE SEÑOR RAMÓN EDGARDO CÁRCAMO RIVERA A PAGARLE A LA TRABAJADORA SEÑORA CINDY MARIELA ZALDIVAR MARQUEZ LA SUMA DE DOSCIENTOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS (LPS 200,482.88) POR LOS CONCEPTOS SIGUIENTES: PREAVISO 60 DIAS: VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON SESENTA CENTAVOS (LPS 22,296.60), AUXILIO DE CESANTIA 60 DIAS: VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS LENTIRAS CON SESENTA CENTAVOS (LPS 22,296.60), AUXILIO DE CESANTIA PROPORCIONAL: 255 DIAS: SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON SETENTA Y UN CENTAVOS (LPS 7,896.71), VACACIONES PROPORCIONALES 255 DIAS TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS (LPS 3,948.36) AGUINALDO PROPORCIONAL: 285, SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON NUEVE CENTAVOS (LPS 7,565.09) DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL 105 DIAS, DOS MIL SETECNIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CATORCE CENTAVOS (LPS 2,787.14) REAJUSTÉ AL SALARIO MÍNIMO: CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON VEINTITRES CENTAVOS (LPS 58,177.23) VACACIONES PENDIENTES 22 DIAS: OCHO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS LPS 8,175.42 AGUINALDO ADEUDADO: DIEZ MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS (LPS 10,844.97) DECIMO CUATRO ADEUDADO: DOCE MIL VEINTIOCHO LEMPIRAS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS (LPS 12028.66) PAGO SALARIO ADEUDADO CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (LPS 43,300.00) PAGO HORAS EXTRAS ADEUDADAS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON DIEZ CENTAVO ( LPS 1,166.10), MAS A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR, DESDE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO HASTA LA FECHA QUE CON SUJECIÓN A LAS NORMAS PROCEALES QUEDE FIRME LA PRESENTE SENTENCIA y sobre la multa solicitada se declara sin lugar pues en virtud que de acuerdo con lo estipulado en el referido Articulo 39 de la Ley de Salario Mínimo lo peticionado es objeto de una demanda sumaria, DECLARA SIN LUGAR LA EXCEPCIÓN PERENTORIA DE PRESCRIPCIÓN opuesta por el Apoderado Legal de la Parte Demandada. CON COSTAS...”. Bajo el criterio que los medios de prueba aportados en el proceso se acredito la relación de trabajo entre las partes, la cual inicio su relación Laboral con la demandada en fecha 01 de febrero del 2016, en el cargo de Jefe de Control Tributario, devengando un salario inicialmente de L. 6,120.00 y al momento del despido la cantidad de L. 8,0000.00, finalizando la relación laboral en fecha 8 de Octubre del 2018, lo cual se acredita con la notificación de despido indirecto efectuada por la demandante a la demandada, también consta en el libro de asistencia que al efecto lleva la Alcaldía Municipal de La Unión Departamento de Olancho que la demandante tenía un horario de trabajo de Siete y Treinta de la mañana a Cuatro de la tarde, horario que fue cumplido por la demandante, así mismo se acredito que a la demandante se le adeudaba en calidad de salarios los meses de octubre noviembre y diciembre del año 2017 y enero 2108, y además cuatro meses y medio de ese mismo año 2018 , y que para el pago de dichos salarios debido fue suscrito un convenio por el Alcalde Municipal de la Alcaldía de La Unión, Departamento de Olancho señor Ramón Edgardo Cárcamo Rivera con la demandante en fecha 7 de mayo del 2018, donde hicieron arreglo de pago respecto a las cantidades adeudadas correspondientes a los meses de octubre, noviembre, diciembre y aguinaldo del año 2017, el mes de enero del año 2018, acreditándose con el recibo de pago y cheque librado por la demandada, a favor de la demandante que le fue cancelada la cantidad de L. 24,000.00, por tales conceptos también ha quedado debidamente probado que la demandada no pago a la demandante su salario en la fecha que le correspondía ni tampoco el salario mínimo que por ley le corresponde durante fungió como empleada. Que la trabajadora alegó que fue despedida Indirectamente por la razón de no cancelarle su salario en la fecha establecida y el no pago del salario Mínimo, y que en fecha 10 de octubre del año 2018 le comunico a su patrono que daba por terminada por dichas razones su relación de trabajo, corresponde al trabajador la prueba del despido alegado, y al patrono la justificación del mismo, siendo probado en juicio las causas por las que dio la demandante por terminada su relación de trabajo con la demandada como ser el no pago del salario mínimo y de su salario en las fechas que le correspondía; que la causa de Despido Indirecto alegado por parte de la trabajadora como se ha apuntado es el no pago en el término establecido por la parte demandada del salario devengado y también por el no pago del salario mínimo establecido como se ha apuntado según se acredita con la notificación de Despido Indirecto de fecha 8 de Octubre del año dos mil dieciocho efectuada por la demandante a la demandada; que en base al artículo 864 del Código del Trabajo y del análisis del caso, la demanda fue interpuesta dentro del término de ley por la trabajadora, una vez que esta agotó la vía administrativa, en base a lo cual procede declarar no ha lugar la Excepción de Prescripción opuesta por el apoderado legal de la parte demandada; vistas las anteriores consideraciones es procedente declarar con lugar la demanda de mérito y en consecuencia condenar a la demandada al pago de los derechos laborales que correspondan solicitados en la demanda por la demandante. 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve de febrero del dos mil veintiuno, dictó sentencia misma que: “FALLA: I.- Declarar CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado EDWIN ORLANDO RIVAS ARAUJO, actuando en su condición de Representante Procesal de la parte demandada-apelante.- II.- REVOCAR la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial y del Trabajo por Ministerio de Ley de Juticalpa, departamento de Olancho del doce de agosto del dos mil diecinueve que corre a folios del 108 al 112 frente y vuelto de la primera pieza de autos así: III.- REVOCAR EN CUANTO A que declara SIN LUGAR la Excepción de PRESCRIPCION alegado por la parte demandada.- IV.- A QUE DECLARA SIN LUGAR la Demanda de que se ha hecho mérito Promovida por la trabajadora señora CINDY MARIELA ZALDIVAR MARQUEZ CONTRA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION DEPARTAMENTO DE OLANCHO, REPRESENTADA POR SU ALCALDE RAMON EDGARDO CARCAMO RIVERA ENcuanto a queCONDENA A LA DEMANDADA ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION, DEPARTAMENTO DE OLANCHO REPRESENTADA POR SU ALCALDE SEÑOR RAMON EDGARDO CARCAMO RIVERA A PAGARLE A LA TRABAJADORA SEÑORA CINDY MARIELA ZALDIVAR MARQUEZ LA SUMA DE DOSCIENTOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS (Lps.200,482.88) POR LOS CONCEPTOS SIGUIENTES: PREAVISO 60 DIAS: VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON SESENTA CENTAVOS (Lps.22.296.60) AUXILIO DE CESANTIA 60 DIAS: VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON SESENTA CENTAVOS (Lps.22.296.60), AUXILIO DE CESANTÍA PROPORCIONAL: 255 DIAS: SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON SETENTA Y UN CENTAVOS (Lps.7,896.71), VACACIONES PROPORCIONALES 255 DIAS: TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS (Lps.3.948.36), AGUINALDO PROPORCIONAL: 285, SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON NUEVE CENTAVOS (Lps.7.565.09), DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL 105 DIAS, DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CATORCE CENTAVOS (Lps.2,787.14), REAJUSTE AL SALARIO MINIMO: CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON VEINTITRES CENTAVOS (Lps.58. 177.23), VACACIONES PENDIENTES 22 DIAS: OCHO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS (Lps.8.175.42), AGUINALDO ADEUDADO: DIEZ MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS (Lps. 10.844,97), DECIMO CUARTO ADEUDADO: DOCE MIL VEINTIOCHO LEMPIRAS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS (Lps. 12.028.66), PAGO SALARIO ADEUDADO CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (Lps.43.300.00), PAGO HORAS EXTRAS ADEUDADAS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON DIEZ CENTAVOS (Lps. 1,166.10), MAS A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR, DESDE LA TERMINACION DEL CONTRATO HASTA LA FECHA QUE CON SUJECION A LAS NORMAS PROCESALES QUEDE FIRME LA PRESENTE SENTENCIA.- V: ABSUELVE A LA DEMANDADA ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION, DEPARTAMENTO DE OLANCHO REPRESENTADA POR SU ALCALDE SEÑOR RAMON EDGARDO CARCAMO RIVERA A PAGARLE A LA TRABAJADORA SEÑORA CINDY MARIELA ZALDIVAR MARQUEZ LA SUMA DE DOSCIENTOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS (Lps.200,482.88) por los conceptos citados en el romano III.- VI.- REVOCAR EN CUANTO A LA CONDENA EN COSTAS.- VII.- CONFIRMAR en lo que se refiere sobre la multa solicitada que se declara sin lugar.- SIN COSTAS…”. Bajo el criterio siguiente: 1) Que está probado en la secuela del juicio la relación laboral de la demandante con la demandada haber iniciado el 1 de febrero del 2016; 2) La terminación de la relación laboral por despido indirecto notificado por la parte la demandante, por no cancelarle el salario en la fecha establecida y el no pago del salario mínimo; 3) No acredito la demandante haberle notificado el despido indirecto a la demandada, violentando el Artículo 117 del Código del Trabajo al no notificarle cuales fueron las causas que la motivaron a darse por despedida indirectamente ya que solo le cito normas del código del trabajo y no fechas exactas; 4) Que la causa para darse por terminada la relación laboral por despido indirecto ya era prescrita y a la vez porque ya la causal de igual forma ya no existía porque se le pago a la demandante conforme el convenio de pago firmado el 7 de mayo del 2018 tal como lo sostiene la Juez sentenciadora, así como en la condena en costas las cuales no proceden porque las normas procesales del Trabajo son eminentemente sociales. En consecuencia, con todo lo antes ilustrado a la luz de las normas sustantivas y procedimentales del Código del Trabajo es meritorio y legal revocar la sentencia venida en apelación. 5. Mediante auto de fecha veintiocho de julio del dos mil veintidós, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado MARIO ALEXANDER AYALA TURCIOS, en su condición de representante procesal de la señora CINDY MARIELA ZALDIVAR MARQUEZ, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha veintiocho de abril del dos mil veintitrés, compareció ante este Tribunal el Abogado MARIO ALEXANDER AYALA TURCIOS, en su condición de representante procesal de la señora CINDY MARIELA ZALDIVAR MARQUEZ, formalizando su demanda, exponiendo tres motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha dieciséis de mayo del dos mil veintitrés, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha nueve de agosto del dos mil veintitrés, se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por parte del Abogado EDWIN ORLANDO RIVAS ARAUJO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.- Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. II.- Que el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. - Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente". III.- Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además, es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden. IV.- Que por Acceso a la Justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial. V.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. VI.- Que revisada la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones recurrida, se aprecia que en la misma no se realiza el análisis debido del asunto sometido a su conocimiento conforme al principio de congruencia, ya que es deber del Juzgador resolver conforme a las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, así como la decisión sobre hechos que resultaren controvertidos de acuerdo al objeto del debate que se fije en el proceso; en el presente caso no existe congruencia lógica en lo que solicita la demandante y la reforma de la sentencia impugnada en el sentido de declarar sin lugar la demanda planteada, el despido indirecto es facultad del trabajador para dar por terminada la relación laboral cuando se comunica al patrono sin responsabilidad para este y sin previo aviso en apego al artículo 114 literal f y 117 del Código de Trabajo, además el patrono disponía de la acción de emplazar a la trabajadora para probar que abandono sus labores sin justa causa y no sucedió así, el convenio que corre a folio 52 de la primera pieza de autos debe apegarse al cumplimiento del artículo 379 del Código del Trabajo que para su valides debió hacerse ante la autoridad del trabajo correspondiente y así evitar este tipo de controversias y el ad-quem devenía en la obligación de revisar esa situación jurídica, no realizándose el análisis de la misma. VII.- Que toda persona tiene el derecho de poder ejercitar o promover las acciones que estime pertinentes en defensa de sus derechos y derivado de ello también tiene el derecho a recibir una respuesta del órgano jurisdiccional, previo a seguirse el debido proceso, resolución que deberá ser congruente, motivada, imparcial y apegada al ordenamiento jurídico y a los principios generales del derecho laboral. VIII.- Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia de fondo del 5 de octubre de 2015, dictada en el caso Ruano Torres y otros Vs. El Salvador, Serie C No. 30319 151, estableció sobre el debido proceso: “La Corte ha señalado que el derecho al debido proceso se refiere al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado, adoptado por cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que pueda afectarlos.- El debido proceso se encuentra, a su vez, íntimamente ligado con la noción de justicia, que se refleja en: i) un acceso a la justicia no sólo formal, sino que reconozca y resuelva los factores de desigualdad real de los justiciables, ii) el desarrollo de un juicio justo, y iii) la resolución de las controversias de forma tal que la decisión adoptada se acerque al mayor nivel de corrección del derecho, es decir que se asegure, en la mayor medida posible, su solución justa.” IX.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. X.- Que es deber ineludible de la Corte Suprema de Justicia no solo observar la técnica rigurosa y formalista del recurso de casación, sino que se garantice el debido proceso y el derecho de defensa a las partes, particularmente que las resoluciones deben ser dictadas con la suficiente explicación de los puntos en litigio y los temas debatidos, como que sean congruentes y los resuelvan debidamente. XI.- Que conforme con el artículo 701 numeral 3) del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en materia laboral, dispone que el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no se hubieran denunciado por el recurrente. XII.- Que, por las razones antes expuestas, es procedente declarar la NULIDAD de la sentencia recurrida, para que el Ad-quem proceda de conformidad a derecho. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 30, 59, 60, 90 párrafo primero, 112, 127, 128, 303, 304, 313 numeral 5), 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1, 8.2. h) 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 666 letra c) 776, 777 y 858 del Código del Trabajo; 39 y 43 de la Ley de Salario Mínimo; 22, 200, 206, 208 del Código Procesal Civil; 9 y 11del Código Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, de fecha 09 de febrero del 2021, visible a folios 14 al 18 de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO.-NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. ROY PINEDA CASTRO, COORDINADOR, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de febrero del dos mil veinticuatro; certificación de la sentencia de fecha veintiocho de septiembre del dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL387-2022. FIRMA Y SELLO.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ.
SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.