Sentencia CL-385-22 — Registro 17485
Resumen
...´´Segunda instancia confirma fallo de primera instancia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral, condena; reintegrar, al pago de los salarios ,deberá emitir el acuerdo de nombramiento, reconocer, nivelación salarial, asimismo el reajuste de salario, la sala declara la nulidad de la sentencia definitiva dictada por la corte de apelaciones del trabajo y manda: devolver los autos al tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta...´´
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
...´´Producto del precitado análisis, se estima que, en el subjudice, la sentencia recurrida carece de congruencia, con base a lo establecido en el artículo 206 del Código Procesal Civil. Mediante dicho principio y deber de congruencia procesal, los jueces y magistrados deberán resolver las cuestiones planteadas, después de un proceso de deliberación y valoración, produciéndose a continuación la redacción escrita de la sentencia. Fase en la que, necesariamente, ha de tenerse en cuenta la motivación como medio de exteriorizar el juicio mental realizado por el Órgano Jurisdiccional, para llegar a la emisión de la declaración de voluntad que se materializa en el fallo. XI. Que conforme con el artículo 701 numeral 3) del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en materia laboral, dispone que el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no se hubieran denunciado por la recurrente. XII. Con fundamento en lo ordenado por el Artículo 726 del Código de Trabajo, así como el Artículo 8 del Código Procesal Civil, referente a la celeridad procesal; deberá el Ad quem, resolver de forma prioritaria dicha nulidad por ser un juicio que ya ha sido de conocimiento y estudio anterior, procurando brindar una pronta respuesta a las partes procesales...´´
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Civil, art. 208 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
...´´Respecto a ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia de fondo del 5 de octubre de 2015, dictada en el caso Ruano Torres y otros Vs. El Salvador, Serie C No. 30319 151, estableció sobre el debido proceso: “La Corte ha señalado que el derecho al debido proceso se refiere al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado, adoptado por cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que pueda afectarlos.- El debido proceso se encuentra, a su vez, íntimamente ligado con la noción de justicia, que se refleja en: i) un acceso a la justicia no sólo formal, sino que reconozca y resuelva los factores de desigualdad real de los justiciables, ii) el desarrollo de un juicio justo, y iii) la resolución de las controversias de forma tal que la decisión adoptada se acerque al mayor nivel de corrección del derecho, es decir que se asegure, en la mayor medida posible, su solución justa...´´
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
...´´Por lo que, las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate así como la motivación deberá incidir en los distintos elementos facticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón...´´
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 113 (Jerarquía Ordinaria)
- Código de Procedimientos Civiles, art. 956 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Civil, art. 1586 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Civil, art. 1589 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los treinta días del mes de agosto del dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 06 de marzo del 2023, por la Abogada JENNY ELIZABETH PAREDES BAIDE, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), como recurrente; además, es parte recurrida, el señor JOSUE NAHUN CASTRO COREA, representado en juicio por la Abogada MARÍA MARGARITA AGUILAR REDONDO. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para que mediante sentencia definitiva se reconozca la relación laboral por tiempo indefinido en virtud de la suscripción de contratos continuos e ininterrumpidos, en clara simulación en fraude a ley por la parte demandada por el principio laboral de la primacía de la realidad y por la naturaleza de las labores desempeñadas de conformidad a lo establecido en el artículo 47 del Código del Trabajo; reconocimiento de la antigüedad laboral desde el inicio de la misma; reinstalación al puesto de trabajo y restitución a sus funciones en virtud del rompimiento de la relación laboral tras la negativa del patrono de no renovar el contrato de trabajo; reajuste salarial de conformidad al principio constitucional a trabajo igual corresponde salario igual; pago de reajuste salarial, pago de vacaciones, decimotercer y decimocuarto mes; bono anual por desempeño, aumentos salariales adeudados de conformidad con el contrato colectivo de condiciones de trabajo que se les otorga a los empleados permanentes en la institución y los que deben ser reconocidos de manera retroactiva desde el inicio de la relación laboral más a título de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir con su respectivo reajuste salarial desde la fecha de terminación de la relación laboral y hasta la fecha en que con arreglo a derecho quede reinstalado en su puesto de trabajo, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 07 de marzo del 2017, por el señor JOSUE NAHUN CASTRO COREA, mayor de edad, casado, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, hondureño y de este domicilio, contra el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), a través de su Directora en ese entonces la señora MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 21 de abril del 2022, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 10 de junio del 2019, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: I.- Declarar CON LUGAR la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA QUE MEDIANTE SENTENCIA DEFINITIVA SE RECONOZCA MI RELACIÓN LABORAL POR TIEMPO INDEFINIDO EN VIRTUD DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS CONTINUOS E ININTERRUMPIDOS; RECONOCIMIENTO DE LA ANTIGÜEDAD LABORAL DESDE EL INICIO DE LA MISMA; REINSTALACIÓN A PUESTO DE TRABAJO Y RESTITUCIÓN A SUS FUNCIONES. REAJUSTE SALARIAL DE CONFORMIDAD AL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL A TRABAJO IGUAL CORRESPONDE SALARIO IGUAL. PAGO DE REAJUSTE SALARIAL, PAGO DE VACACIONES DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MES, BONO ANUAL POR DESEMPEÑO, AJUSTE SALARIALES ADEUDADOS DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO QUE SE LES OTORGA A LOS EMPLEADOS PERMANENTES EN LA INSTITUCIÓN Y LOS QUE DEBEN SER RECONOCIDOS DE MANERA RETROACTIVA; MAS A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS EL PAGO DE LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR; instaurada por el Señor JOSUE NAHUN CASTRO COREA; contra EL INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS del PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) por medio de su Directora Interina y Representante Legal la Señora MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA. II.- CONDENAR: AL INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) por medio de su Directora Interina y Representante Legal la Señora MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA a lo siguiente: a) Reintegrar al Señor JOSUE NAHUN CASTRO COREA por lo menos en igualdad de condiciones de trabajo que mantenía al momento de operarse la ruptura del contrato; restitución a sus funciones; al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que se materialice el reintegro ordenado, y demás derechos adquiridos en su ausencia, debiendo la institución demandada nombrarlo como empleado permanente en el cargo que mantenía desde la fecha en que ingreso a laborar para la Institución demandada 30 de julio de 2012 para lo cual deberá emitir el Acuerdo de Nombramiento correspondiente en el cual se nombre al Señor JOSUE NAHUN CASTRO COREA; b) RECONOCER al demandante JOSUE NAHUN CASTRO COREA la nivelación salarial con respecto al salario presupuestado para el cargo de Procuradores Legales, asimismo el reajuste de salario a partir del 10 de enero de 2015, en consecuencia el salario a devengar por la demandante asciende a la suma deCINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS (Lps. 55,439.00), por lo que se reajustan los salarios y demás derechos del demandante desde el 10 de enero de 2015. Quedando pendiente por liquidar los reajustes de salario por vía contratación colectiva que se generen durante la sustanciación del juicio hasta la fecha que el presente fallo adquiera el carácter de firme. Conceptos que será liquidados en el momento procesal oportuno corresponda; c) Asimismo pagarle al Señor JOSUE NAHUN CASTRO COREA; Vacaciones, décimo tercer mes y décimo cuarto mes; bonos por desempeño anuales de manera retroactiva, a partir del 10 de enero de 2015 conceptos que serán liquidados junto con los salarios dejados de percibir que en su momento procesal oportuno corresponda. III.- SIN COSTAS en esta instancia”. ANTECEDENTES DE HECHO 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que inició a laborar para la institución demandada el 30 de julio del 2012, hasta el 31 de diciembre del 2016, mediante la suscripción de contratos continuos e ininterrumpidos, desempeñando funciones de Procurador Legal del INJUPEMP, subordinado a la Jefatura de la División Legal, con un sueldo en los últimos seis meses de L. 30,000.00; manifestó que desde esa fecha durante 4 años y 5 meses, se desempeñó en Institución demandada con esmero y responsabilidad bajo las órdenes en todo ese tiempo de la Jefatura de la División Legal, cuyo titular le asignaba las funciones de Procurador Legal en una cantidad considerable de juicios laborales, contenciosos administrativos, elaboración y presentación de recursos de casación laboral de los distintas demandas presentadas en contra de la Institución, entre otras funciones que la División Legal tenía a bien asignarle dentro del quehacer judicial de la Institución; y considerando la naturaleza de la empresa demandada, todas esas actividades son de carácter permanente; asimismo argumento que la enorme carga judicial que se le había asignado desde que ingresó a la Institución y consciente del derecho que le amparaba solicitó en diversas oportunidades a la Jefatura de la División que gestionara ante la Dirección Ejecutiva, tanto un aumento salarial como la permanencia de su puesto de trabajo, ante lo cual se le decía que se haría dicha gestión pronto, lo cual nunca se concretó, siendo así que más bien el 04 de enero del 2017, se le indicó por parte de la Jefatura de la División Legal que por orden de la Directora Ejecutiva su contrato no iba a ser renovado, sin causa justificada, más que se le agradecía por sus labores prestadas y le solicitaron un informe detallado de todos los juicios laborales y contenciosos, casaciones que estaban bajo mi gestión judicial, lo cual procedió a hacer de inmediato a fin de que otro profesional del derecho tomara dichos casos a la brevedad y no causar perjuicio a los intereses de la Institución; siendo tal conducta lesiva a sus derechos fundamentales; igualmente arguyó que durante laboró para la institución demandada nunca le fueron pagados sus derechos de vacaciones anuales, ni decimotercer mes de salario, ni decimocuarto mes de salario, tampoco fue objeto de los aumentos salariales que anualmente y derivados del Contrato Colectivo gozaban todos los empleados de dicha Institución, así como de un bono por desempeño que anualmente se le otorgaba a los empleados de la Institución, esto y pese la carga judicial asignada sobrepasaba a la de otros compañeros de la Institución configurando tal actitud una conducta condenable de descremación; es por tal actitud que solicitó en el juicio el pago de dichos valores adeudados en forma retroactiva, así como reajuste salarial en forma retroactiva desde el inicio de la relación laboral basándome en el principio universal del derecho del trabajo que establece que trabajo igual corresponde un salario igual, en virtud de que en la Institución durante estuvo laborando ingresaron Procuradores Legales devengando un salario superior al del demandante que oscilaba entre los L. 45,000.00, pese a tener a su favor la antigüedad con respecto a ellos, y de que otros compañeros devengaban un salario altamente muy superior al del demandante pese a que la carga judicial asignada era superior o igual a la de ellos, constituyendo esa otra conducta típica de inexplicable, inexcusable e injustificable discriminación, condenada por la Constitución de la República de Honduras y por Tratados Internacionales relativos, de los que Honduras es signatario. Manifestó que todo lo que expuso anteriormente fue en virtud de la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos y al tenor de lo preceptuado en el artículo 47 del Código del Trabajo; por lo que en base a este estamento legal su relación era de carácter permanente; sin embargo, el empleador se negó a reconocer este derecho, pues una vez vencido el contrato de trabajo en fecha 31 de diciembre del 2016, sin justificación alguna no le renovaron dicho contrato. 2.- La parte demandada, el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), contestó dicha demanda rechazando totalmente los hechos de la demanda; alegando en su defensa que el Código de Trabajo en su artículo 46 literal b) regula lo relativo a los contratos por tiempo limitado, estableciendo que los mismos podrán ser celebrados "cuando se ha previsto el acaecimiento de algún hecho que forzosamente ha de poner término a la relación temporal de trabajo", esta disposición ha sido observada por el demandado, para contratar personal de carácter no permanente, debido a que por ser una Institución del Estado de Honduras creada mediante Decreto Legislativo 138, publicado en La Gaceta el 7 de Abril de 1971, para cada periodo anual el Congreso Nacional de la República le aprueba un Presupuesto de Ingresos y Egresos cuya cuantía y normas de ejecución deviene obligado a cumplir irrestrictamente para financiar sus operaciones de prestar servicios de Previsión Social a los servidores públicos, y que por el hecho de disponer de recursos aprobados en el Presupuesto Anual para contratar personas naturales para que le presten servicios personales o profesionales de carácter no permanente para cumplir con su finalidad, hecho establecido en la vigente Ley Orgánica del Presupuesto para todas las Instituciones del Estado y no exclusivamente para el demandado, cuando las circunstancias lo exigen por requerirse de personal temporal para apoyar al personal permanente en el desarrollo de las actividades, el Instituto procede a celebrar con personas naturales contratos por tiempo limitado, lo anterior constituye la razón que justifica el por qué el demandado formaliza contratos con periodos de vigencia determinado. Manifestó que el periodo anual para el cual fue aprobado el presupuesto para la contratación de personal no permanente a través de las partida presupuestaria denominadas 243 la misma deberá considerarse a efecto de requerir de la prestación de servicios personales o profesionales, de acuerdo a las necesidades mismas de la institución demandada, y tomando en consideración la necesidad de apoyo que requiera el personal permanente en la ejecución de su actividades, llámese por volumen de trabajo; de ahí la necesidad de contratar temporalmente los servicios de personas a través de dichas partidas presupuestarias, que debido a la prestación de un servicio excepcional-temporal no deberán entenderse los mismos como personal permanente o indefinido, estableciéndose incluso en su contratación temporal la rendición de informes que pueda justificar la prestación de sus servicios profesionales y de carácter temporal para el Instituto; y que el demandante fue contratado de manera temporal y bajo la modalidad de contrato de servicios profesionales, con carácter temporal y bajo la partida presupuestaria denominada 24300, con una marcada interrupción entre una y otro de los contratos suscritos, de lo que se colige entonces la temporalidad de dichos servicios prestados por el demandante, y de acuerdo a lo pactado en la contratación suscrita, su prestación de servicios profesionales contemplaba una fecha de inicio y una fecha de terminación; razón por la cual resulta improcedente que el demandante pretenda sin ningún asidero jurídico, se le conceda un carácter de empleado indefinido y con reinstalación a un puesto de trabajo sencillamente inexistente por los motivos expresados; es preciso indicar que dicha contratación obedeció también, en vista de contar con fondos aprobados por el Congreso Nacional en la Partida Presupuestaria registrada con la nomenclatura 243, las cuales son de naturaleza excepcional para pago de contratistas con carácter de no permanentes, de apoyo a su vez a los trabajadores permanentes para realizar actividades cuya ejecución no es posible realizar únicamente con los empleados permanentes, por lo que la contratación fue formalizada para que realizara por tiempo limitado, actividades de apoyo al personal permanente y en el ámbito estrictamente de servicios jurídicos y por contemplarlo así en el presupuesto General de la República respecto a los fondos en la partida presupuestaria antes relacionada; y que la forma de la contratación del demandante, jurídicamente su subsume en lo que dispone el artículo 46 letra b) del Código del Trabajo, si era el caso que no estaba de acuerdo con la forma de su contratación, lo procedente era que hubiese manifestado y formulado desde el inicio de la relación, acción que hasta ahora promovió, para que si procedía fuera declarada judicialmente que su relación con el INJUPEMP era de carácter permanente; promover la acción ahora que ha concluido totalmente la relación por sus servicios prestados, por los motivos anteriormente expuestos, resulta improcedente, y además extemporánea la acción de demanda, porque ha constituido criterio reiterado de la Honorable Corte Suprema de Justicia, que el ciudadano que crea tener acción o derecho a solicitar la permanencia a un patrono determinado, debe accionar dicha petición ante los órganos competentes durante este en vigencia el vínculo contractual que le une a dicho patrono, caso contrario al finalizar la contratación o vinculo se extingue igualmente la acción en tal sentido, que es precisamente lo que sucedió en el caso del demandante. alegó además que resulta evidente que el INJUPEMP, en el caso de la contratación del demandante, observó y cumplió estrictamente las normas legales vigentes para la ejecución de la partida presupuestaria que correspondía, de acuerdo a la naturaleza jurídica del contrato celebrado entre las partes, el cual se enmarca en los términos establecidos en el Código del Trabajo, de lo cual el demandante estaba debidamente enterado para los efectos de que con posterioridad ninguna de las partes contratantes pretendiera sorprender a la otra alegando otros términos distintos a los consignados en el contrato como acontece en la presente demanda; por lo que la demanda de mérito fue totalmente improcedente; asimismo el demandante, prestó sus servicios profesionales de carácter jurídico, a efecto de ejercitar actos de procuración ante algunos Tribunales jurisdiccionales, en vista de que así se consensuó con el mismo a través de la contratación suscrita para tales efectos; pero en ningún momento causó la presunta subordinación laboral que hoy alega, ya que ni siquiera acudía en forma diaria o regular al centro de trabajo denominado INJUPEMP, registrando su hora de entrada y salida o conservando un espacio físico o puesto de trabajo determinado, con el que se pudiera reflejar por parte del demandante una marcada subordinación del mismo respecto al demandado. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 10 de junio del 2019 dictó sentencia que, en su parte conducente, dice: “FALLA: I.- Declarar CON LUGAR la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA QUE MEDIANTE SENTENCIA DEFINITIVA SE RECONOZCA MI RELACIÓN LABORAL POR TIEMPO INDEFINIDO EN VIRTUD DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS CONTINUOS E ININTERRUMPIDOS; RECONOCIMIENTO DE LA ANTIGÜEDAD LABORAL DESDE EL INICIO DE LA MISMA; REINSTALACIÓN A PUESTO DE TRABAJO Y RESTITUCIÓN A SUS FUNCIONES. REAJUSTE SALARIAL DE CONFORMIDAD AL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL A TRABAJO IGUAL CORRESPONDE SALARIO IGUAL. PAGO DE REAJUSTE SALARIAL, PAGO DE VACACIONES DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MES, BONO ANUAL POR DESEMPEÑO, AJUSTE SALARIALES ADEUDADOS DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO QUE SE LES OTORGA A LOS EMPLEADOS PERMANENTES EN LA INSTITUCIÓN Y LOS QUE DEBEN SER RECONOCIDOS DE MANERA RETROACTIVA; MAS A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS EL PAGO DE LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR; instaurada por el Señor JOSUE NAHUN CASTRO COREA; contra EL INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS del PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) por medio de su Directora Interina y Representante Legal la Señora MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA. II.- CONDENAR: AL INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) por medio de su Directora Interina y Representante Legal la Señora MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA a lo siguiente: a) Reintegrar al Señor JOSUE NAHUN CASTRO COREA por lo menos en igualdad de condiciones de trabajo que mantenía al momento de operarse la ruptura del contrato; restitución a sus funciones; al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que se materialice el reintegro ordenado, y demás derechos adquiridos en su ausencia, debiendo la institución demandada nombrarlo como empleado permanente en el cargo que mantenía desde la fecha en que ingreso a laborar para la Institución demandada 30 de julio de 2012 para lo cual deberá emitir el Acuerdo de Nombramiento correspondiente en el cual se nombre al Señor JOSUE NAHUN CASTRO COREA; b) RECONOCER al demandante JOSUE NAHUN CASTRO COREA la nivelación salarial con respecto al salario presupuestado para el cargo de Procuradores Legales, asimismo el reajuste de salario a partir del 10 de enero de 2015, en consecuencia el salario a devengar por la demandante asciende a la suma deCINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS (Lps. 55,439.00), por lo que se reajustan los salarios y demás derechos del demandante desde el 10 de enero de 2015. Quedando pendiente por liquidar los reajustes de salario por vía contratación colectiva que se generen durante la sustanciación del juicio hasta la fecha que el presente fallo adquiera el carácter de firme. Conceptos que será liquidados en el momento procesal oportuno corresponda; c) Asimismo pagarle al Señor JOSUE NAHUN CASTRO COREA; Vacaciones, décimo tercer mes y décimo cuarto mes; bonos por desempeño anuales de manera retroactiva, a partir del 10 de enero de 2015 conceptos que serán liquidados junto con los salarios dejados de percibir que en su momento procesal oportuno corresponda. III.- SIN COSTAS en esta instancia”. Bajo el criterio que, al hacer un estudio de las pruebas aportadas al proceso se concluye que el señor Josué Nahún Castro Corea, desde el inicio de su relación celebró Contratos de Trabajo con la misma institución demandada y para la misma clase de trabajo; por lo consiguiente esta continuidad de celebración de Contratos se entiende por tiempo indefinido por lo que se cumple con la condición para considerar un trabajador permanente; de igual forma la parte demandada no le señala una causa justa al momento de la terminación de la relación laboral; razón por la cual la Suscrita es del criterio que procede declarar con lugar la demanda de mérito; asistiéndole el derecho a ser reintegrado a su puesto de trabajo que tenía al momento de la ruptura del Contrato de Trabajo; así como restitución a sus funciones y al pago de los salarios dejados de percibir, y demás derechos que se hayan otorgado en ausencia del actor. Que la parte demandante también solicita: Pago de reajuste salarial desde el inicio de la relación laboral; pago adeudado y retroactivo de conformidad a la Ley de Vacaciones, décimo tercer mes y décimo cuarto mes; bonos por desempeño anuales de manera retroactiva de conformidad a lo establecido en el artículo 43 de la Ley de Salario mínimo, todo esto calculado en base al reajuste salarial de Lps. 45,000.00 mensuales; que en cuanto al pago de reajuste salarial siendo que nuestra Constitución de la República y bajo el Principio de la Supremacía de las normas Constitucionales establece en el artículo 128: "Las leyes que rigen las relaciones entre patronos y trabajadores son de orden público. Son nulos los actos, estipulaciones o convenciones que impliquen renuncia, disminuyan, restrinjan o tergiversen las siguientes garantías: ... 3) A trabajo igual corresponde salario igual sin discriminación alguna, siempre que el puesto, la jornada y las condiciones de eficiencia y tiempo de servicio sean también iguales"; la anterior garantía se fundamenta en el principio universal de la igualdad en derechos del ser humano sin discriminación, adoptado por la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), debidamente ratificado por la República de Honduras y que por lo tanto esta positivizado por las normas internas. Dicha igualdad abarca todos los escenarios el ser humano, inclusive la igualdad en los Derechos Sociales, que comprende la igualdad de oportunidades de los trabajadores en los centros de trabajo, que responde a una forma de justicia social que propugna que un sistema es socialmente justo cuando todas las personas potencialmente iguales tienen básicamente las mismas posibilidades de acceder al bienestar social con el objeto de garantizar al trabajador las condiciones necesarias para un vida digna; por lo que está probado en autos de forma contundente la antigüedad laboral del demandante, quien inicio el 30 de julio de 2012 percibiendo un salario mensual inferior al de sus compañeros de trabajo que realizan las mismas funciones; ya que consta en autos que el señor Castro Corea percibe un salario de Lps. 30,000.00, salario inferior a los que devengan trabajadores que ostentan el mismo puesto del demandante independientemente de la antigüedad laboral, pues se cumple con lo señalado por el artículo 128 numeral 3) de la Constitución de la República, requisito que ya está cumplido por la demandante y que además posee una suficiente antigüedad laboral, hasta superior a la de los compañeros que perciben el salario de Lps. 55,439.00, situación que lo hace merecedor de dicho derecho, es así que al demandante le corresponde percibir el salario que perciben sus compañeros que realizan las mismas funciones. Que de igual forma se acreditó en autos que los compañeros de trabajo del demandante, en el mismo puesto que desempeña aquellos y con menor antigüedad perciben un salario superior, ver reconocimiento judicial; otro de los aspectos a valorar para otorgar la garantía social solicitada, son las condiciones de eficiencia en el trabajo en las que se han desenvuelto las personas que ostentan el mismo cargo y funciones y reciben diferente oportunidades (salario), doctrinariamente éstas "condiciones de eficiencia en el trabajo” se refieren a la producción máxima de la labor ejecutada por los trabajadores, con los recursos y herramientas disponibles, y en el caso que nos ocupa, la parte demandante acredito su trabajo, sus funciones, sin que la contraparte desvaneciera dichos actos, o en su caso, acreditase la ineficiencia laboral del demandante con respecto a la labor de sus compañeros de trabajo; el Juez Laboral al momento de emitir su fallo judicial toma muy en cuenta la posición probatoria en las que se encuentran las partes, en el caso de autos, es parte demandada la que está en mejor posición probatoria para refutar los extremos antes confirmados, ya que el empleador deberá de contar con todo el soporte gráfico de gestión, que la Ley Laboral le obliga a documentar y acumular con cada uno de trabajadores contratados en los centros de trabajo o empresas. De todo lo anterior constatado es más que suficiente para concluir que al demandante se le ha violentado su derecho a la igualdad de oportunidades en el empleo, y ha sido objeto de discriminación laboral, al haber permitido el empleador contratar con posterioridad a la contratación de la parte actora, a otros trabajadores en el mismo cargo de Procuradores Legales con salarios superiores al que percibe el demandante, siendo irrelevante bajo que modalidad contractual hayan sido contratados, pues lo único que hace la diferencia para obtener un salario igualitario es el valor del trabajo; por lo que en vista a lo anterior procede declarar CON LUGAR la demanda de nivelación salarial Nivelando el salario del actor a la suma de Lps.55,439.00, mensuales a partir del 10 de enero de 2015 que corresponde a los dos últimos años de la presentación del reclamo; procede declarar con lugar ya que se acredito con el medio de prueba reconocimiento judicial que al señor Castro Corea no se le hacía efectivo por parte de la Institución demandada vacaciones, decimotercer y decimocuarto mes así como el bono por desempeño y el reajuste de salario a partir del 10 de enero de 2015. Conceptos que serán liquidados junto con los salarios dejados de percibir que en su momento procesal oportuno corresponda. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 21 de abril del 2022, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que, en el reconocimiento judicial que obra a folio 133 de la primera pieza de autos se constató la existencia de varios contratos suscrito entre las partes; y que las funciones por las cuales fuera contratada siempre han sido las mismas durante la suscripción de dichos contratos; existiendo además los otros elementos para considerar la relación laboral como permanente, tal como lo señala el artículo 20 del Código del Trabajo como ser: subordinación y dependencia del patrono, horario de trabajo y el derecho a una remuneración.- Además, el artículo 47 del Código del Trabajo señala que "Los contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la empresa, se consideraran como celebrados por tiempo indefinido aunque en ellos se exprese termino de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsisten la causa que le dio origen o la materia del trabajo para la prestación de servicios o la ejecución de obras iguales o análogas.", por lo que no cabe duda a este Tribunal de Alzada, que la relación existente entre las partes en contienda, es laboral y por tiempo indeterminado. Que esta Corte de Apelaciones en reiterados fallos ha dejado establecido que cuando se contrata bajo la denominación de contratos de servicios profesionales a fin de realizar labores que son permanentes lo que hace el contratante, en el caso de autos INJUPEMP, es una simulación de un contrato civil con miras a restringir los derechos laborales que le pudieran corresponder al contratado, o sea, al trabajador. Que la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia (Exp. 11016 de segunda instancia) señala “Que consecuentemente la existencia de una relación de trabajo no depende de lo que las partes hubieren pactado, sino de la situación real en que el trabajador se encuentre colocado, de modo que la aplicación del derecho del trabajo depende cada vez menos de una relación jurídica subjetiva, cuya existencia es independiente del acto que condiciona su nacimiento; por ello resulta erróneo pretender juzgar la naturaleza de esta relación, de acuerdo a lo que las partes hubieren pactado, ya que si las estipulaciones consignadas en el contrato no corresponden a la realidad, y además implican renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución y el Código del Trabajo le otorgan al trabajador, son nulas de pleno derecho"; y que habiéndose ya pronunciado la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia, que "... si las estipulaciones consignadas en el contrato no corresponden a la realidad, y además implican renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución y el Código del Trabajo le otorgan al trabajador, son nulas de pleno derecho."; esta Corte de Apelaciones es de la firme opinión que la relación existente entre las partes es de naturaleza laboral y con carácter permanente. Que al ser laboral y permanente la relación entre las partes, es nula ipso jure aquella disposición del contrato ponía una vigencia limitada al mismo y que sirvió de base para poner término al contrato por lo que dicha terminación de la relación laboral es ilegal e injustificada; que es procedente confirmar la sentencia definitiva venida en apelación ante esta instancia y que la condena en costas con respecto al Estado y a sus instituciones procede cuando se demuestra que han actuado con dolo, y por ser una carga procesal correspondía a la parte apelada demostrarlo y no le es dado al Tribunal sustituir a las partes en su deberes procesales por esta razón se exime de costas a la parte apelante. 5.- Mediante auto de fecha 28 de julio del 2022, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada JENNY ELIZABETH PAREDES BAIDE, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 06 de marzo del 2023, compareció ante este tribunal la Abogada JENNY ELIZABETH PAREDES BAIDE, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 08 de junio del 2023, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado Roy Pineda Castro, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I. El acceso a la justicia constituye el derecho fundamental que tiene toda persona natural o jurídica para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial. II. Por lo anterior, toda persona tiene el derecho de poder ejercitar o promover las acciones que estime pertinentes en defensa de sus derechos y derivado de ello, de obtener una respuesta del órgano jurisdiccional, previo a seguirse el debido proceso, resolución que deberá ser congruente, motivada, imparcial y apegada al ordenamiento jurídico y a los principios generales del derecho laboral. III. En línea con lo anterior, el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo, debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente". IV. Asimismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además, es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden. V. Respecto a ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia de fondo del 5 de octubre de 2015, dictada en el caso Ruano Torres y otros Vs. El Salvador, Serie C No. 30319 151, estableció sobre el debido proceso: “La Corte ha señalado que el derecho al debido proceso se refiere al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado, adoptado por cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que pueda afectarlos.- El debido proceso se encuentra, a su vez, íntimamente ligado con la noción de justicia, que se refleja en: i) un acceso a la justicia no sólo formal, sino que reconozca y resuelva los factores de desigualdad real de los justiciables, ii) el desarrollo de un juicio justo, y iii) la resolución de las controversias de forma tal que la decisión adoptada se acerque al mayor nivel de corrección del derecho, es decir que se asegure, en la mayor medida posible, su solución justa.” VI. Por lo que, las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate así como la motivación deberá incidir en los distintos elementos facticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón. VII. Y siendo que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la Ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. VIII. De conformidad al principio dispositivo este Tribunal de Casación solo podrá decidir en relación con los pronunciamientos que haya sido recurridos por las partes y estará vinculado por los motivos alegados por la recurrente, y, en su caso, por la cuestión de derecho a que se refiere la impugnación. No obstante, lo anterior, y de conformidad a la Ley, deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no se hubieren denunciado por la recurrente, con el fin de lograr la enmienda de la aplicación e interpretación de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso. Por lo anterior, este Tribunal procedió a analizar la totalidad de la sentencia impugnada. IX. En cumplimiento a la obligación legal antes citada, se procedió a la revisión de la sentencia definitiva pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, observándose que el Ad-Quem, en su sentencia de fecha veintiuno (21) de abril de dos mil veintidós (2022), valoró y concluyó acertadamente en fallo que, efectivamente existió una relación laboral por tiempo indefinido entre el trabajador José Nahún Castro Corea y el patrono Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP). No obstante, al confirmar la totalidad del fallo emitido por el ad quo, hace suyos los fundamentos emitidos por esta instancia, en los que se incluye la orden para el patrono en emitir un acuerdo de nombramiento para el Demandante. Circunstancia que, además de no ser facultad del órgano jurisdiccional, difiere de lo solicitado en el escrito de acción del trabajador en el que literalmente pide lo siguiente: “demanda ordinaria laboral para que mediante sentencia definitiva se reconozca mi relación laboral por tiempo indefinido en virtud de la suscripción de contratos continuos e ininterrumpidos, en clara simulación en fraude a ley por la parte demandada por el principio laboral de la primacía de la realidad y por la naturaleza de las labores desempeñadas de conformidad a lo establecido en el artículo 47 del Código del Trabajo”. X. Producto del precitado análisis, se estima que, en el subjudice, la sentencia recurrida carece de congruencia, con base a lo establecido en el artículo 206 del Código Procesal Civil. Mediante dicho principio y deber de congruencia procesal, los jueces y magistrados deberán resolver las cuestiones planteadas, después de un proceso de deliberación y valoración, produciéndose a continuación la redacción escrita de la sentencia. Fase en la que, necesariamente, ha de tenerse en cuenta la motivación como medio de exteriorizar el juicio mental realizado por el Órgano Jurisdiccional, para llegar a la emisión de la declaración de voluntad que se materializa en el fallo. XI. Que conforme con el artículo 701 numeral 3) del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en materia laboral, dispone que el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no se hubieran denunciado por la recurrente. XII. Con fundamento en lo ordenado por el Artículo 726 del Código de Trabajo, así como el Artículo 8 del Código Procesal Civil, referente a la celeridad procesal; deberá el Ad quem, resolver de forma prioritaria dicha nulidad por ser un juicio que ya ha sido de conocimiento y estudio anterior, procurando brindar una pronta respuesta a las partes procesales. XIII. Por las razones antes expuestas, es procedente declarar la NULIDAD de la sentencia recurrida, para que el Ad-quem proceda de conformidad a derecho. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 59, 60, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5), 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1, 8.2. h) 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 666 letra c) 776, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200, 206, 208 del Código Procesal Civil; 9 y 11del Código Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, 54 del Estatuto del Docente Universitario. Resuelve: Declarar La Nulidad de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, de fecha veintiuno (21) de abril de dos mil veintidós (2022), visible a folios 19 al 23 de la segunda pieza. Y Manda: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó el Magistrado Roy Pineda Castro. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ROY PINEDA CASTRO, COORDINADOR, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de enero del dos mil veinticuatro; certificación de la sentencia de fecha treinta de agosto del dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL385-2022. FIRMA Y SELLO.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ.
SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.