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Sentencia CL-376-22 — Registro 17483

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral de primera instancia de emplazamiento para que el patrono pruebe la legalidad y la justa causa en que fundó el despido, en caso que no se pruebe la justa causa sea condenado el patrono al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido injusto y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..." III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) la norma que indica violada es el artículo 46 inciso b) del Código del Trabajo, misma que no ostenta el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce y consagra correlativamente derechos y obligaciones o extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) establece apreciación errónea misma que no probo el error evidente que cometió el Juez al emitir la sentencia ni singularizo la prueba en su conjunto para que se configure la violación indirecta; y, c) realiza alegatos propios de instancia, mismos que en este Recurso extraordinario son inapropiados debido que los argumentos del caso ya fueron evacuados en el momento procesal oportuno. IV. “… que no es la voluntad de las partes la que determina si un contrato representa o no una relación de trabajo, sino el hecho de que, si esta relación cumple o no los requisitos establecidos por la ley para que se configure como tal, conforme el principio de primacía de la realidad. Por eso es necesario estudiar los elementos esenciales determinados por el Código del Trabajo para la existencia del contrato de trabajo, sin perder de vista que una vez reunidos los elementos de que trata el artículo 20 del precitado cuerpo legal, se entiende que existe contrato de trabajo y que no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen. En tal sentido, si se cumplen a cabalidad los elementos esenciales del precepto citado, existirá relación o contrato de trabajo a pesar de cualquier acto, estipulación o convención entre las partes…”. V. Por lo anteriormente expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765 numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 769 numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo 765 del Código del Trabajo en que encuentra comprendido el cargo; b) no demuestra el error en que incurrió el Juzgador; y debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos; asimismo la prueba singularizada si fue apreciada en el fallo impugnado, resultando que se le dio un alcance diferente al que pretende el Impetrante por lo que es impropio el ataque por falta de apreciación; y, c) realiza alegatos propios de instancia, mismos que en este Recurso extraordinario son inapropiados debido que los argumentos del caso ya fueron evacuados en el momento procesal oportuno. IV.- Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 20 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

.."… que no es la voluntad de las partes la que determina si un contrato representa o no una relación de trabajo, sino el hecho de que, si esta relación cumple o no los requisitos establecidos por la ley para que se configure como tal, conforme el principio de primacía de la realidad. Por eso es necesario estudiar los elementos esenciales determinados por el Código del Trabajo para la existencia del contrato de trabajo, sin perder de vista que una vez reunidos los elementos de que trata el artículo 20 del precitado cuerpo legal, se entiende que existe contrato de trabajo y que no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen. En tal sentido, si se cumplen a cabalidad los elementos esenciales del precepto citado, existirá relación o contrato de trabajo a pesar de cualquier acto, estipulación o convención entre las partes…”.

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 128 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 20 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., nueve de noviembre de dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 15 de mayo del 2023, por la Abogada LILIAM LIZETH INESTROZA FLORES, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS por actuaciones del HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO (HEU), como recurrente; además, es parte recurrida, la señora DIANA SUYAPA PONCE MORA, representada en juicio por el Abogado SAÙL MONTES AMAYA.OBJETO DEL PROCESO: Demanda Ordinaria Laboral de primera instancia de emplazamiento para que el patrono pruebe la legalidad y la justa causa en que fundó el despido, en caso que no se pruebe la justa causa sea condenado el patrono al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido injusto y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 27 de junio del 2016, por la señora DIANA SUYAPA PONCE MORA, mayor de edad, Licenciada en Psicología, casada, hondureña, y de este domicilio, contra el HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO (HEU), por intermedio de la señora JULIETA GONZALINA CASTELLANOS RUIZ, en su condición de Rectora y representante legal en ese momento de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), y solidariamente contra EL ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 10 de marzo del 2022, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 28 de febrero del 2020, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarando PARCIALMENTE CON LUGAR demanda ordinaria laboral promovida por la señora DIANA SUYAPA PONCE MORA, contra el HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO (HEU) por medio de la señora JULIETA GONZALINA CASTELLANOS RUIZ, en su condición de Rectora y Representante de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS y de forma solidaria al ESTADO DE HONDURAS por intermedio de su representante legal señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA.- SEGUNDO: SE ABSUELVE al ESTADO DE HONDURAS por intermedio de su representante legal señor Procurador General de la República ABRAHAM ALVARENGA URBINA, de toda responsabilidad en la presente demanda ordinaria laboral.- TERCERO: CONDENAR a HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO (HEU) por medio de la señora JULIETA GONZALINA CASTELLANOS RUIZ, en su condición de Rectora y Representante de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS A RECONOCER, a partir del 2 de enero del año 2013 relación de trabajo permanente que sostenía la señora DIANA SUYAPA PONCE MORA, con el HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, reconociéndosele todos los derechos de los empleados permanentes; de igual forma se condena a PAGAR a la señora DIANA SUYAPA PONCE MORA las prestaciones laborales desglosadas de la forma siguiente: Preaviso Lps. 81,666.66; Auxilio de Cesantía Lps. 122,499.99; Auxilio de Cesantía Proporcional Lps. 10,085.82; Vacaciones proporcionales Lps. 3,307.49, decimo tercer mes proporcional Lps. 10,208.32; decimo cuarto mes proporcional Lps. 30,624.97, haciendo un total a pagar de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON VEINTICINCO CENTAVOS (Lps. 258,393.25), más los salarios dejados de percibir desde la fecha del ilegal despido hasta que el presente fallo definitivo adquiera el carácter de firme.- CUARTO: SE CONDENA al HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO (HEU) por medio de la señora JULIETA GONZALINA CASTELLANOS RUIZ, en su condición de Rectora y Representante de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS, al pago a favor de la señora DIANA SUYAPA PONCE MORA en concepto de 11 días de vacaciones por la cantidad de Lps12,833.26. QUINTO: SE DECLARA SIN LUGAR el DEFECTO PROCESAL DE EXTINCION DE LA ACCION PARA DEMANDAR EN LA DEMANDANTE interpuesta por la abogada NITZA ENIS SIERRA RIVERA en su condición de apoderada demandada en aquel entonces.- SEXTO: SIN COSTAS”. ANTECEDENTES DE HECHO. 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción que comenzó a laborar para el Hospital Escuela Universitario (HEU), a partir del 2 de enero del 2013, en el cargo de Gerente de Talento Humano/Jefe de Recursos Humanos, devengando un salario base mensual de L. 35,000.00 y un salario promedio mensual de L. 40,833.34, en los últimos seis meses; desde que inició labores se firmaron varios contratos bajo la denominación de Contrato Individual de Trabajo y otros como Contrato de Servicios Profesionales y Técnicos, en los cuales concurrían los tres requisitos que se establecen en el artículo 19 del Código del Trabajo, en vista que se estipula en los mismos para que preste sus servicios en un cargo o puesto que por la naturaleza de los servicios que brinda, se hace necesario contratar al trabajador, siendo el cargo permanente artículo 47 del Código de Trabajo dentro de la estructura del Hospital Escuela Universitario (HEU), puesto que se desempeñaba como Jefe de Recursos Humanos/Gerente de Talento Humano, en los referidos Contratos se establecían obligaciones propias de cualquier empleado permanente; el Patrono se obligaba a pagarle una cantidad de dinero por sus servicios; se comprometía a prestar sus servicios obligándole a laborar de conformidad a un horario, ya fuese matutino, vespertino, roles de turno u horario de 7:30 a.m. - 3:20 p.m. de lunes a viernes, y a los descansos legalmente establecidos; se establecía causales para dar por terminado el contrato cuando el suscrito incurriere en faltas como la tipificada en el Código del Trabajo; por lo antes expuesto, al tenor de lo establecido en los artículos 19 y 20 del Código de Trabajo, es evidente la existencia del Contrato Individual de Trabajo, puesto que se obligaba a ejecutar, prestar sus servicios personales a favor del patrono, bajo una continua dependencia o subordinación a un jefe inmediato y mediante una remuneración, por lo que se configuraba perfectamente la dependencia continua en vista de su obligación de acatar órdenes del patrono y sometimiento su dirección, ejercida personalmente o por medio de terceros, en todo lo que se refería al trabajo; siendo en tal virtud más que evidente que sí existía Contrato de Trabajo puesto que concurrían 3 elementos esenciales, a saber la actividad personal de su persona, es decir, realizada por ella misma; la continuada subordinación o dependencia de su persona respecto del patrono, el Hospital Escuela Universitario (HEU), que facultaba a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento en cuanto el modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerse reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato; y existía el salario como retribución del servicio, por lo que una vez reunidos los 3 elementos referidos, se entiende que existía Contrato de Trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen; las anteriores disposiciones contenidas en los artículos 19, 20 y 47 del Código de Trabajo son de orden público y obligan al Hospital Escuela Universitario (HEU), al tenor de lo preceptuado en el artículo 2 del mismo cuerpo legal, con la aclaración y salvedad que no le es aplicable la excepción contenida en el referido artículo en el numeral 2), en vista, que no puede ser considerada como empleada público nacional en vista que el cargo que desempeñaba no ha sido creado por la Constitución, Ley, Decreto Ejecutivo o Acuerdo Municipal, no estando protegido por la Ley de Servicio Civil, por lo que al tenor a lo establecido en el artículo 47 del Código de Trabajo, es evidente que su contrato era relativo a labores que por su naturaleza son permanentes o continuas en el Hospital Escuela Universitario (HEU), por lo que se debe considerar como celebrado por tiempo indefinido aunque se haya expresado término de duración más cuando al vencimiento de dichos contratos subsiste la causa que le dio origen a la materia del trabajo para la prestación de servicios o la ejecución de obras iguales o análogas. Lo anterior viene reafirmado por lo preceptuado en el tercer párrafo del artículo 52 del Código de Trabajo que establece “Si antes de transcurrido 1 año se celebra nuevo contrato entre las mismas partes contratantes y para la misma clase de trabajo, deberá entenderse éste por tiempo indefinido”, de lo anterior ya existen sentencias de la Corte de Apelaciones del Trabajo y de la Sala Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia que viene a reafirmar lo expuesto y desarrollado; durante el tiempo que laboró para el Hospital Escuela Universitario (HEU) cumplió a cabalidad y con suma responsabilidad todas y cada una de las obligaciones encomendadas inherentes a su cargo, pero en fecha 28 de marzo del 2016, mediante Oficio sin número, dirigido a su persona en calidad de Gerente de Talento Humano, firmado por la Coordinadora General de la Junta Directiva y de Gestión del Hospital Escuela Universitario, se le comunica que la relación laboral que venía sosteniendo con el Hospital Escuela Universitario (HEU), finalizaría el 31 de marzo del 2016, terminación de la relación laboral sin justa causa, el cual se identifica como Anexo 10, el cual se lee así “por medio de la Presente la Junta de Dirección y Gestión del Hospital Escuela Universitario le Comunica que se ha tomado la decisión de no renovársele su contrato el cual finaliza el 31 de marzo del año 2016. Ya que actualmente se está elaborando una consultoría con el propósito de cambiar procesos, funciones, puestos y restructurar completamente el Departamento de Talento Humano, al igual se le instruye que debe entregar un informe General de la Situación actual de su departamento y entregar documentación Pendiente a su Jefe Inmediato y copia de inventario de Bienes a su Cargo al Departamento de Bienes Nacionales, se le hace de su conocimiento que se le pagarán el total de sus derechos que le corresponden una vez que haya hecho entrega de todo lo pendiente y sea recibido satisfactoriamente por su Jefe Inmediato”; dicho despido es ilegal y arbitrario por las razones que en el Oficio sin número de fecha 28 de marzo del 2016, no se invoca justa causa alguna de las estipuladas en los artículos 111 y 112 del Código de Trabajo, por lo que de acuerdo con lo establecido en la parte final del artículo 117 del Código de Trabajo, se debe expresar la causa o motivo que le mueve al Patrono a tomar la determinación de dar por terminada unilateralmente la relación laboral; los tribunales de Justicia en consonancia con la Corte de Apelaciones del Trabajo al igual que la Corte Suprema de Justicia, han sostenido el criterio en diversas sentencias que constituye jurisprudencia el hecho que cuando no se establece claramente la causal del despido de acuerdo a lo consignado en el artículo 117 del Código de Trabajo se deja en estado de indefensión al trabajador, convirtiéndose en ilegal el despido; no se le siguió el procedimiento del despido en vista que no se realizó Audiencia de Descargos ni fue citado a la misma, contraviniendo de tal manera la Constitución de la Republica, el Código de Trabajo y el Reglamento de Trabajo de la institución demandada, que establecen que antes de sancionar o despedir a un trabajador debe otorgársele el derecho a la defensa por medio de la audiencia de descargo, norma obligatoria, por mandato de los ordenamientos jurídicos anteriormente señalados, siendo de aplicación obligatoria por ser empleado público; con el propósito de lograr un acuerdo conciliatorio con el Hospital Escuela Universitario (HEU), compareció ante el Servicio de Resolución Alterna de Conflictos Laborales, dependiente de la Dirección General del Trabajo de la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, habiéndose celebrado la Audiencia Conciliatoria dando por agotado el trámite administrativo en fecha 27 de abril del 2016. 2. La parte demandada, EL ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda argumentando que la demandante laboró a través de la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud como Gerente de Talento Humano, cargo que ejercía mediante Contratación de Servicios Profesionales a Término siendo cada contrato independiente uno del otro con disponibilidad presupuestaria al efecto aprobada exclusivamente para la vigencia del mismo y que una vez finalizada la misma terminaba la relación contractual contraída, por lo que a la vez se rechaza la fecha con la cual la demandante pretende se le considere su contratación de forma permanente, ya que era contratada sin contar con un presupuesto permanente al efecto, haciendo la contratación para la prestación de sus servicios profesionales a término, resultando cada contrato por razones presupuestarias independiente uno del otro y no indeterminado, al amparo de lo que establece el artículo 364 de la Constitución de la República que instituye “no podrá hacerse ningún compromiso o efectuarse pago alguno fuera de las asignaciones votadas en el Presupuesto, o en contravención a las normas presupuestarias, los infractores serán responsables civil, penal y administrativamente”, por lo que no era de la forma perspicaz como lo expone la demandante con el ánimo de causar confusión en su apreciación y análisis del caso; en cuanto a la cantidad que dice devengaba mensualmente, será la demandante que lo acredite en el momento oportuno del proceso; si bien la parte actora prestaba sus servicios profesionales mediante Contratos de Servicios Profesionales a Término, los mismos eran independiente uno del otro por razones presupuestarias que tenían que ser aprobadas en legal y debida forma por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, si la demandante se consideraba afectada en sus derechos al ser contratada de forma temporal, debió exponer tal situación ante las autoridades respectivas de la Institución en amparo de lo que establece el artículo 867 del Código del Trabajo; estamento en el cual la actora de la demanda erróneamente ampara su reclamo, ante un Tribunal incompetente para conocer de la causa, cuando realmente las reglas del juego ya habían sido trazadas y acordadas por las partes; por otra parte la demandante pretende dar una condición de haber sido empleada permanente cuando desde siempre conocía la modalidad bajo la cual era contratada, una vez finalizada la fecha de terminación del contrato hasta ahí llegaba también su relación contractual sin obligación alguna más que la proveniente del mismo, con lo cual no existe continuidad alguna de los contratos citados por la demandante con los incisos a) al inciso i), al ostentar cada uno de ellos fecha de inicio y finalización, tomando en consideración que en la Administración Pública se rige por la Ley de Servicio Civil y no por el Código del Trabajo en el cual la demandante enmarca su reclamo, a sabiendas que su compromiso lo concertaba bajo el derecho administrativo y que si pretendía ser nombrada como empleada permanente debió iniciar y finalizar las diligencias que establece la Ley de Servicio Civil y su Reglamento y no venir ante un Tribunal incompetente para conocer de la causa a peticionar beneficios que solo le corresponden a aquel personal que ha sido legalmente nombrado al haber cumplimentado los requisitos de ley establecidos y no transgrediendo los mismos, como lo procura la demandante que se le reconozca un derecho subjetivo que no le corresponde y que las obligaciones de las partes fueron finiquitadas con la llegada de la fecha de finalización del contrato, razón por la cual son improcedentes al caso los artículos 19, 20 y 47 del Código del Trabajo, ya que de considerar válida la normativa de dicho estamento legal estaría también facultado para respaldar su argumentación conforme lo preceptuado en el artículo 46 literal b) del mismo estamento legal que dispone “el contrato individual de trabajo puede ser … b) por tiempo indefinido, cuando no se especifica fecha para su terminación”, lo contrario a lo que sucedió cuando sí existió fecha de finalización de la relación contractual al estar regida la demandante mediante cláusulas contractuales legalmente establecidas, consentida y aprobadas por las partes, sin objeción alguna por parte de la demandante, quien estaba consciente de la modalidad bajo la cual era contratada; de lo contrario de haber sido considerada permanente estaría cayendo en flagrante violación a la ley al actuar con un visible abuso de autoridad y falta de los deberes de los funcionarios comprendido en el artículo 349 numeral 2) de Código Penal y artículo 364 de la Constitución de la República; lo descrito por la demandante son requerimientos con los cuales debe contar todo Contrato de Prestación de Servicios Profesionales a término o contratos individuales de trabajo y no solamente éstos últimos; por lo tanto es improcedente lo expuesto al respecto en relación a las causales que se establecía para dar por terminado el contrato, es entendible que las mismas serían consideradas para finalizar el contrato antes de su vencimiento que no sucedió, ya que lo acaecido fue la llegada de la fecha de terminación del contrato suscrito; por otra parte, no cabe duda que la demandante se confunde en su argumentación al decir que no es empleada pública porque el cargo que desempeñaba no había sido creado por la Constitución de la República, la Ley, Decreto Ejecutivo o Acuerdo Municipal por ende no está protegida por la Ley de Servicio Civil; puntos de vista que con mucha mas razón se sitúa la prestación de sus servicios profesionales por término determinado y no permanente, ubicando la jurisdicción para interponer su reclamo el artículo 3 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo “las cuestiones referentes a los Contratos de Servicios Profesionales ó Técnicos que celebren los Poderes del Estado”, por lo que queda claro que dichos contratos no son sometidos a la ley laboral, pues tanto el contrato referido como la normativa establece como jurisdicción el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, conforme lo que acordaron las partes en la cláusula novena del contrato, controversias, para dirimir las controversias que surjan de la aplicación las partes se someten a los Tribunales de lo Contencioso Administrativo competente; asimismo, quedó establecido en el contrato suscrito con la demandante, la cláusula décima, aceptación de condiciones, “Las partes manifiestan que aceptan los términos del contrato comprometiéndose al fiel cumplimiento del mismo”, por lo anteriormente expuesto es improcedente lo que establece el artículo 52 del Código del Trabajo citado por la demandante, ya que la modalidad bajo la cual se contrataron sus servicios profesionales fue regido por cláusulas contractuales aceptadas, consentidas y aprobadas por las partes y que desde el inicio la demandante conoció la fecha de finalización de sus obligaciones, motivo por el cual el reclamo presentado es improcedente por no ser conforme a derecho; en virtud que si se le envío nota de la fecha que terminaría el contrato la demandante fue únicamente en aras de la buena y sana administración, ya que bien las autoridades respectivas del Hospital Escuela Universitario de igual forma pudieron optar por no enviarle a la demandante nota alguna, puesto que de antemano desde la firma del contrato tenía el conocimiento la fecha de finalización de su contratación, por lo que no era necesario causal alguna para dar por terminada su relación contractual al no existir despido alguno sino que lo acaecido era la llegada del plazo para el cual se había contraído el compromiso, y que una vez llegado no existía más obligación entre las partes sino que únicamente el proveniente del contrato mismo; en ningún momento existió ilegalidad ni arbitrariedad en lo sucedido al no haber sido la demandante objeto de ningún despido sino que como se ha manifestado lo acaecido fue la llegada de la fecha de terminación de la obligación contractual contraída que sin más trámite o procedimiento una vez que vencía el plazo las partes estaban conscientes que la relación que sostenían había fenecido sin más obligación de las mismas más que las establecidas en el contrato suscrito; lo que hace improcedente los artículos 111,112 y 117 del Código del Trabajo, razón por la cual, dada la modalidad bajo la cual había sido contratada la demandante, no requería causal alguna para finalizar el compromiso contraído entre las partes, por ende sabiendo anticipadamente que su obligación finalizaría en el plazo establecido al efecto no se requería de otro procedimiento más que el estipulado en el contrato mismo, y que la demandante a su favor aviesamente pretende ignorar exponiendo requerimientos o requisitos que solamente son aplicables para aquel empleado que goza de un estatus de permanente al haber cumplido los requisitos de ley, y que cuenta con nombramiento válidamente aprobado por las autoridades correspondientes; argumenta que la parte actora al iniciar la relación laboral a través del Hospital Escuela Universitario omitió que tenía una demanda interpuesta en contra de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) de fecha 24 de enero de 2012, con número de expediente 016-12 ante el Juzgado de Letras Contencioso Administrativo y no fue de su conocimiento hasta que mediante Oficio No. RRHH-062-2016 de fecha 19 de febrero de 2016, emitido por el Coordinador Técnico de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, le solicitó al Director Financiero y Administrativo de esa institución una Constancia de Sueldos con sus respectivas retenciones de impuesto sobre la renta, décimo tercer mes, décimo cuarto mes y vacaciones, ya que se estaría tramitando el pago de salarios dejados de percibir y prestaciones laborales por Comunicación Judicial del Juzgado de Letras Contencioso Administrativo de fecha 14 de enero del 2013, donde establece la Sentencia Definitiva declarando procedente la acción promovida por la demandante, con lo que se demuestra que actuó de mala fe al omitirle tal información que tenía una demanda interpuesta en contra del Estado de Honduras; de donde resulta oportuno citar el artículo 106 del Decreto Legislativo No. 255-2011, contentivo del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica para el ejercicio Fiscal 2012, que literalmente establece “los Servidores Públicos que habiendo sido cesanteados hubieren demandado a la institución en la que laboraron, durante el tiempo que este en trámite pendiente de resolución el caso, este no podrá laborar bajo ninguna forma de contratación en las Instituciones del Estado, instituciones descentralizadas y desconcentradas, salvo que por acuerdo se le ponga fin al juicio previo a la contratación”, violentando con ello tal disposición legal al haber omitido que tenía demandado al Estado de Honduras, siendo oportuno declarar improcedente el reclamo formulado; manifiesta de igual forma que actualmente la demandante se encuentra laborando en la Secretaria de Estado en los Despachos de Salud, por lo que al tenor del artículo 133 de las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica establece que “Los Servidores Públicos que habiendo sido cancelados hubieren demandado a la institución en la que laboraron, durante el tiempo en que esté en proceso y pendiente de sentencia podrán laborar bajo la forma de contratación (Temporal) en cualquier institución del Sector Público; en el caso de una sentencia definitiva, en que el Estado fuere condenado a la indemnización o reintegro con el pago de daños y perjuicios de salarios dejados de percibir, los salarios recibidos por el contratado durante la secuela del juicio, formarán parte de la cuantificación de la indemnización de salarios dejados de percibir fijados en la sentencia condenatoria, en consecuencia formarán parte de la liquidación de pago definitiva que se haga efectiva al contratado”; aún sin haberse celebrado el acta de conciliación se interpuso la demanda, la cual se incoara el 27 de marzo del 2016 y el Acta de Conciliación de Audiencia se llevó a cabo el 27 de abril del 2016, lo que demuestra que la demandante no agotó en legal y debida forma lo que establece el artículo 691 del Código del Trabajo, en el cual apoya su improcedente reclamo; sin embargo de haberlo hecho de conformidad a lo establecido en la ley, está facultado para aceptar imposiciones de derecho subjetivos inexistentes ni beneficios que no le corresponden por tratarse de servicios profesionales de periodo determinado; no obstante la demandante erróneamente presentó su reclamo ante esta Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad cuando debió hacerlo administrativamente o interponer su improcedente reclamo ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, ya que la Secretaria de Trabajo no es competente para conciliar las discordias contractuales surgidas; así mismo, la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), también contestó la demanda explicando que las partes suscribieron Contratos de Trabajo de forma determinada, por lo tanto ya tenían conocimiento sobre cada clausula establecida en el mismo, fecha de inicio y terminación de la relación laboral, el demandante obtiene los derechos que tiene un empleado permanente; en virtud que la parte demandante pretende crear confusión al argumentar que el empleador, Hospital Escuela Universitario, trata de cubrir una real y verdadera relación laboral mediante contratos transitorios o temporales, y es aventurado afirmar que esta prestación de servicios ha subsistido y subsistirá siempre; pues la administración pública está estructurada en base a un plan operativo anual (POA) y sujeta a Disposiciones presupuestarias, por tal razón no puede aplicar irresponsablemente la normativa laboral del artículo 47 del Código del Trabajo, aduciendo que al término de dichos contratos subsiste la causa que le dio origen a la materia del trabajo para la prestación de servicio, se consideran como celebrados por tiempo indefinido aunque en ellos se exprese termino de duración, pues la figura del Contrato involucra dos partes que se someten a las obligaciones y derechos plasmados en el mismo, por lo que no puede prevalecer por conveniente que sea a una parte cambiar los términos del contrato argumentando que hay contrato relativos a labores que por su naturaleza son permanentes o continuas en la empresa, pues desnaturaliza el objeto del contrato, en ese orden de ideas no puede sustentar sus pretensiones ni tampoco pretender erróneamente exigir un derecho subjetivo de reconocimiento de un contrato individual de trabajo como tiempo indefinido, por ser conveniente a sus intereses particular; de igual manera la demandante no puede aplicar de forma antojadiza el artículo 20 del citado Código del Trabajo, ya que si bien señala los elementos esenciales para considerar la existencia de una relación de trabajo, no es menos cierto que todo Contrato de Trabajo bajo las distintas modalidades que establece una prestación de servicio conlleva esos mismos elementos para ejercer la actividad de trabajo para lo cual fue contratada, circunstancia esta que no es determinativa para acomodar sus pretensiones que son regidos por las cláusulas plasmadas en el mismo con derechos y obligaciones reciprocas y sujetas para ambas partes; por otra parte en materia de recursos humanos se sujeta a la normativa laboral establecida en las leyes administrativas y las disposiciones Generales del Presupuesto del Ejercicio Fiscal del año vigente; por otra parte señala que los contratos referidos tienen fecha de inicio y finalización forzosamente tienen que llegar a su término por lo que son independientes de cualquier otro celebrado anteriormente, en consecuencia se deduce que la reclamante solo pretende que se aplique una norma jurídica laboral para procurar mantener un artificioso supuesto Contrato de Trabajo por tiempo indeterminado, regido por la jurisdicción laboral, con el único objeto de utilizarlo para el reconocimiento de un derecho que no existe ni tiene ningún sustento jurídico, el que únicamente se reduce a un reclamo meramente ilusorio e imaginario procurando sustraer del erario público determinada cuantía que no le corresponde, pues el derecho subjetivo que exige es inexistente reflejado un total desconocimiento del derecho y será en el proceso del debate que se probara lo pertinente, por lo tanto se contrata el personal de acuerdo a las necesidades del Hospital Escuela Universitario; vale resaltar que los contratos en la administración pública son conforme al ejercicio fiscal y a las Disposiciones Generales del Presupuesto; los únicos derechos que le corresponde son los pactados en los respectivos contratos, siendo su último contrato el 4 de enero al 31 de marzo del 2016, por lo que la relación laboral pretendida no puede calificarse como permanente, pues queda evidentemente acreditado que tal prestación de servicio fue por contrato temporal y no por acuerdo permanente; si bien la contratación de personal con cargo al Objeto Especifico del Gasto, sueldos básicos se debe realizar en casos excepcionales bajo la responsabilidad del titular de cada institución, siempre y cuando el personal a contratar figure en el Plan Operativo Anual (POA), y que exista la disponibilidad presupuestaria, es decir que los contratos individuales están sujetos a la disponibilidad presupuestaria para hacer contrataciones, caso contrario se estaría violentando lo establecido en el artículo 35 párrafo de la Ley Ordenamiento de las Finanzas Públicas, dando de tal manera por terminado el Contrato de Trabajo sin responsabilidad de su parte, por lo que es improcedente el pago de los conceptos reclamados; nunca ha existido una relación de trabajo continua, ya que se encontraba enmarcada a través de Contratos que tiene fecha de terminación, y para solventar las controversias que surjan de la aplicación de estos Contratos, las partes deben someterse a los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, en virtud de lo que establece el artículo 3 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo “La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá también de las cuestiones referentes al cumplimiento, interpretación, resolución, rescisión y efectos de los contratos regulados por la Ley de Contratación del Estado que hayan sido celebrados por cualquiera de los Poderes del Estado. por las Municipalidades y por las Instituciones Autónomas. y todo lo relativo a los Contratos que celebren los Poderes del Estado”, razón por la cual no existe ninguna obligación laboral entre las partes, ya que sus relaciones son meramente de carácter administrativo, aceptando la demandante sin objeción alguna los términos de los contratos suscritos; al iniciar la relación laboral con el Hospital Escuela Universitario omitió que tenía una demanda interpuesta en contra de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) en fecha 24 de enero de 2012, con número de expediente 01612 en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, teniendo conocimiento mediante Oficio No. RRHH-062-2016 de fecha 19 de febrero de 2016, en el cual el Coordinador Técnico de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva de Ingresos le solicitó al Director Financiero y Administrativo de esta institución una Constancia de Sueldos con sus respectivas retenciones de impuesto sobre la renta, décimo tercer mes, décimo cuarto mes y vacaciones de la demandante, ya que se estaría tramitando el pago de salarios dejados de percibir y prestaciones laborales por Comunicación Judicial del Juzgado de Letras Contencioso Administrativo de fecha 14 de enero de 2013, donde establece la Sentencia Definitiva declarando procedente la acción promovida, por lo tanto la parte actora actuó de mala fe al no informar que tenía una demanda interpuesta en contra del Estado de Honduras; asimismo manifiesta que con lo dispuesto en el artículo 106 del Decreto Legislativo No. 255-201 1, contentivo del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica para el ejercicio Fiscal 2012 literalmente establece “Los Servidores Públicos que habiendo sido cesanteados hubieren demandado a la institución en la que laboraron, durante el tiempo que este en trámite pendiente de resolución el caso, este no podrá laborar bajo ninguna forma de contratación en las Instituciones del Estado, instituciones descentralizadas y desconcentradas, salvo que por acuerdo se le ponga fin al juicio previo a la contratación”, por lo que violentò esa norma, ya que tenía conocimiento de lo antes descrito; señala que la actora actualmente está laborando en la Secretaria de Estado en los Despachos de Salud, por lo que al tenor del artículo 133 de las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica establece que “los Servidores Públicos que habiendo sido cancelados hubieren demandado a la institución en la que laboraron, durante el tiempo en que esté en proceso y pendiente de sentencia podrán laborar bajo la forma de contratación (Temporal) en cualquier institución del Sector Público. En el caso de una sentencia definitiva, en que el Estado fuere condenado a la indemnización o reintegro con el pago de daños y perjuicios de salarios dejados de percibir, los salarios recibidos por el contratado durante la secuela del juicio, formarán parte de la cuantificación de la indemnización de salarios dejados de percibir fijados en la sentencia condenatoria, en consecuencia formarán parte de la liquidación de pago definitiva que se haga efectiva al contratado”, por lo que sin reconocer el derecho reclamado, si la sentencia definitiva fuera condenatoria, una vez que se practique la liquidación de salarios dejados de percibir, a la demandante se le debe hacer una disminución del salario mensual que devengue en la Secretaria de Salud en el lugar donde labora actualmente, de la suma total que resulte desde la fecha en que comenzó a laborar para la Secretaria de Salud hasta la fecha en que quedare firme la sentencia condenatoria respectiva por estar tipificado en la ley, recalcando que en ningún momento reconoce por ciertas las pretensiones. 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 28 de febrero del 2020, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarando PARCIALMENTE CON LUGAR demanda ordinaria laboral promovida por la señora DIANA SUYAPA PONCE MORA, contra el HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO (HEU) por medio de la señora JULIETA GONZALINA CASTELLANOS RUIZ, en su condición de Rectora y Representante de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS y de forma solidaria al ESTADO DE HONDURAS por intermedio de su representante legal señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA.- SEGUNDO: SE ABSUELVE al ESTADO DE HONDURAS por intermedio de su representante legal señor Procurador General de la República ABRAHAM ALVARENGA URBINA, de toda responsabilidad en la presente demanda ordinaria laboral.- TERCERO: CONDENAR a HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO (HEU) por medio de la señora JULIETA GONZALINA CASTELLANOS RUIZ, en su condición de Rectora y Representante de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS A RECONOCER, a partir del 2 de enero del año 2013 relación de trabajo permanente que sostenía la señora DIANA SUYAPA PONCE MORA, con el HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, reconociéndosele todos los derechos de los empleados permanentes; de igual forma se condena a PAGAR a la señora DIANA SUYAPA PONCE MORA las prestaciones laborales desglosadas de la forma siguiente: Preaviso Lps. 81,666.66; Auxilio de Cesantía Lps. 122,499.99; Auxilio de Cesantía Proporcional Lps. 10,085.82; Vacaciones proporcionales Lps. 3,307.49, decimo tercer mes proporcional Lps. 10,208.32; decimo cuarto mes proporcional Lps. 30,624.97, haciendo un total a pagar de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON VEINTICINCO CENTAVOS (Lps. 258,393.25), más los salarios dejados de percibir desde la fecha del ilegal despido hasta que el presente fallo definitivo adquiera el carácter de firme.- CUARTO: SE CONDENA al HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO (HEU) por medio de la señora JULIETA GONZALINA CASTELLANOS RUIZ, en su condición de Rectora y Representante de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS, al pago a favor de la señora DIANA SUYAPA PONCE MORA en concepto de 11 días de vacaciones por la cantidad de Lps12,833.26. QUINTO: SE DECLARA SIN LUGAR el DEFECTO PROCESAL DE EXTINCION DE LA ACCION PARA DEMANDAR EN LA DEMANDANTE interpuesta por la abogada NITZA ENIS SIERRA RIVERA en su condición de apoderada demandada en aquel entonces.- SEXTO: SIN COSTAS”. Bajo el criterio que la demandante ha sido contratada como temporal, en un puesto que por su continuidad tanto en el tiempo, como en el mismo puesto de trabajo y para el mismo empleador, son de naturaleza indefinida dentro del Hospital Escuela Universitario, por la misma naturaleza de labor que se desempeña en esta, es decir siempre que se necesitara de un Gerente de Talento Humano a efecto que organice y dirija las políticas de organización del personal del centro de trabajo, deduciéndose que el Contrato de Trabajo que nació como temporal se ha desnaturalizado, su permanencia en el tiempo y la naturaleza de la labor desempeñada ha provocado la exigencia y necesidad de la institución, en cuanto al puesto de trabajo que desempeñaban no pueden ni deben considerarse de carácter temporal, pues los servicios que proporcionaba son necesarios para la plena operatividad de la institución, tomando en cuenta la función y el objeto de creación de la misma, por lo que no pueden ser accidentales; concluyendo que dicha forma de contratación no tiene la mínima intención de poner fin a la relación laboral suscrita originalmente como temporal; el Código del Trabajo y sus principios resuelven dicho tipo de abusos y violaciones contra los trabajadores, con lo establecido en el artículo 3 del Código del Trabajo que dice “son nulos ipso jure todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la constitución, el presente código, sus reglamentos o las demás leyes de trabajo o previsión social otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato de trabajo u otro pacto cualquiera”, por lo que si el empleador, utilizando el Contrato de Trabajo por tiempo determinado, pretendía rehuir sus obligaciones patronales considerando la que juzga ser el motivo del accionar del patrono, son nulos ipso jure dichos contratos de individuales de trabajo y sus fechas de finalización, ya que los mismos eliminan y disminuyen derechos laborales y constitucionales ya adquiridos por los trabajadores derivados de una relación típica de trabajo; haciendo la aclaración que lo que se invalida es la declaración fraudulenta o simulada de la voluntad de las partes o la de una de ellas en realidad, no respecto de la decisión de relacionarse o de vincularse jurídicamente, en consecuencia se extingue con la sanción de nulidad a cualquiera y a toda modalidad fraudulenta o de simulación, donde se pretenda la violación de derechos laborales, pero subsiste y debe aplicarse al Contrato de Trabajo y las normas laborales por encima de la voluntad de las partes, por ser las normas de Derecho del Trabajo de orden público y de cumplimiento obligatorio; por consiguiente es nulo de pleno derecho, al tenor de lo establecido en el artículo 3 del Código del Trabajo, la fecha de finalización de los Contratos de Trabajo por tiempo determinado que en su momento suscribió la demandante, debiendo el empleador someterse a las disposiciones legales para despedir a un trabajador permanente con o sin causa justificada, y al analizar el oficio de fecha 28 de marzo del 2016, en la cual se detalla que no se renovara el contrato, en vista que se está elaborando una consultoría con el propósito de cambiar procesos, funciones, puestos y reestructurar completamente el Departamento de Talento Humano, es evidente que no es justificable lo indicado en la misma para dar por terminada la relación laboral suscrita sin responsabilidad para el patrono, plasmada en el ordenamiento jurídico específicamente en el artículo 112 del Código del Trabajo, por lo que al no existir una causa legal de justificación de despido ha operado el despido directo, ilegal e injusto, siendo procedente lo solicitado en cuanto al pago de prestaciones laborales y salarios dejados de percibir; se ha acreditado con la última contratación el último salario mensual devengado por la cantidad de L. 35,000.00, la parte actora exige el pago de 11 días de vacaciones, la parte demandada no ha comprobado con medio de prueba alguno el pago exigido cuando deviene hacerlo, en vista que ostenta la carga probatoria, ya que es quien tiene a disposición de prueba a efecto de dilucidar dicho extremo, en consecuencia se otorga a la demandante la cantidad de L. 12,833.26 en concepto de 11 días de vacaciones; la demandante en el escrito de demanda ha dirigido su acción de manera solidaria contra El Estado de Honduras, es de hacer ver que de la lectura de dicho escrito no se detalla sobre que basa dicha parte la solidaridad expuesta, de igual forma en el momento procesal oportuno, es decir en la audiencia primera de trámite, la parte demandante no generó ni siquiera la prueba a efecto de sustentar dicha solidaridad, tomando en consideración que las decisiones judiciales no pueden descansar nunca sobre los hechos alegados, sino que deben fundamentarse sobre su demostración por alguno o algunos de los medios de prueba reconocidos por la ley, siendo estos medios de prueba los instrumentos legales necesarios de que se valen las partes para demostrar al Juez la verdad o existencia real de los hechos generadores del derecho, es preciso entonces que la prueba se produzca para que la autoridad pueda calificarla, sumado a esto todos los contratos acompañados y que han sido objeto de análisis han sido suscritos entre con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), es por ello que no procede la solidaridad argumentada, lo que conlleva a eximir de todo tipo de responsabilidad al Estado de Honduras. 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 10 de marzo del 2022, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas. Bajo el criterio que El Estado de Honduras así como las instituciones descentralizadas y autónomas, han tenido como costumbre errónea que al momento de contratar a sus trabajadores lo hace en base a la simulación de contratos de servicios profesionales, o contrato individual de trabajo, nombrándolos en plazas cuya naturaleza es de carácter permanente, lo que ha llevado a que dichos trabajadores soliciten el pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales o su reintegro; ya que con los contratos de trabajo que han acompañado como medios de prueba, se ha dejado claro que reúnen los requisitos señalados en el artículo 20 del Código del Trabajo, por lo que también de acuerdo con el artículo 47 del mismo cuerpo legal, estos trabajadores han desarrollado sus labores de manera continua, ejerciendo las mismas actividades y funciones, bajo las órdenes del mismo patrono y recibiendo un pago como retribución a sus labores y cumpliendo una jornada de trabajo; por lo que es claro que los contratos suscritos entre las partes deben ser considerados de naturaleza permanente; que como principio general corresponde a las partes probar el supuesto hecho de los preceptos que causaron los derechos impetrados, así la demandante debe acreditar idóneamente los hechos en que apoya sus pretensiones y el demandado aquellos en que fundamenta su defensa; al respecto se estima que la demandante ha probado en juicio tener el derecho para solicitar el pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales, ya que acreditó en autos el carácter de empleada permanente; sin embargo, la parte demandada, no logró acreditar que la relación laboral existente era por tiempo determinado y que la misma era de pleno conocimiento de la demandante; la demandada en sus alegatos manifiesta que la parte actora era una empleada de confianza y que “cuando se pierde la confianza y credibilidad el patrón puede ejercitar las facultades que el mismo contrato, le faculta…”, pero es el caso que revisados los antecedentes no está acreditado en juicio que se haya seguido procedimiento alguno ante la Dirección General del Trabajo, en el que se le haya justificado los motivos de tal desconfianza, por lo que no se puede alegar como motivo de cesación de la relación laboral tal situación; también invoca la figura jurídica de Pacta Sunt Servanda, que es una convención que debe ser fielmente cumplida por las partes de acuerdo con lo pactado; y esto constituye un principio básico del derecho civil y del derecho internacional, es decir que de acuerdo a esto “El contrato es ley entre las partes”, pero es el caso, que tal principio no tiene cabida en el ámbito laboral, ya que con la prueba documental se logró acreditar la existencia de varios contratos que por su naturaleza son del ámbito laboral, tal como ya se dejó establecido. 5. Mediante auto de fecha 25 de julio del 2022, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada LILIAM LIZETH INESTROZA FLORES, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO (HEU), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha 15 de mayo del 2023, compareció ante este Tribunal la Abogada LILIAM LIZETH INESTROZA FLORES, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 10 de agosto del 2023, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 12 de octubre del 2023, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por el Abogado SAUL MONTES AMAYA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente a la Magistrada ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I. Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II. Que la Recurrente en su único motivo de casación alega: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley sustantiva de orden nacional y de índole laboral, por error de hecho por apreciación errónea del medio de prueba denominado documental consistente en los Contratos Individuales de Trabajo por tiempo determinado, que hizo incurrir en la violación que aparece manifiesto en los autos, y que llevó de forma indirecta a la Corte Sentenciadora a la violación del artículo 46 inciso b) del Código de Trabajo. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las Normas Procesales que sirvieron de medio para la violación de las Normas Sustantivas señaladas, están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRUEBA APRECIADA ERRÓNEAMENTE: El medio de prueba que fue apreciado erróneamente es el siguiente: a) Contratos Individuales de Trabajo por tiempo determinado, suscritos entre el demandante y el Estado de Honduras a través del Hospital Escuela Universitario medio de prueba que corre bajo los folios 14 al 31 de la primera pieza de autos. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo EXPLICACION DE ESTE MOTIVO: La Corte sentenciadora, manifiestamente incurrió en error de hecho, al apreciar erróneamente los medios de prueba señalados anteriormente los cuales fueron admitidos y evacuados en su oportunidad, en relación a los demás medios de prueba en su conjunto, ya que si bien es cierto, el Juzgador no está sujeto a la tarifa legal de las pruebas, sino que forma libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos forman la sana crítica de la prueba, tal y como está consagrado en el artículo 739 que del Código de Trabajo, ésta disposición no impide de manera alguna que el Tribunal se coloque en una posición de profundo análisis para poder llegar a la verdad de los hechos e impartir justicia aplicando la Ley, por lo que deviene obligado a efectuar la apreciación de las pruebas en su conjunto. Si no se hubiesen apreciado erróneamente por parte del Tribunal recurrido los medios de prueba señalados, se hubiera dado por establecido en forma indubitable que al demandante no le asiste el derecho para obtener el reintegro permanencia y demás derechos subjetivos que de manera infundada solicita en su improcedente demanda, o en su defecto que se le pague prestaciones o se le indemnice ya que al suscribir Contratos de Trabajo por tiempo determinado, evidentemente se trató de una relación de temporal, la cual no conlleva una continuidad en los servicios prestados por el demandante; en consecuencia, si la Corte Sentenciadora hubiese apreciado debidamente las pruebas señaladas y no como la apreciación errónea que efectuó, hubiese fallado declarando no ha lugar la "demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe la justa causa de despido, reintegro al puesto de trabajo de iguales o mejores condiciones y pago de salarios dejados de percibir" (entre otros derechos subjetivos), pues como se ha indicado, se trata de una relación contractual exclusivamente temporal y no de una relación de trabajo permanente, tal como lo permite la normativa laboral en su artículo 46 inciso b) en el cual establece: "El Contrato de Individual de trabajo puede ser: a)....b) Por tiempo limitado, cuando se especifica fecha para su terminación o cuando se ha previsto su acaecimiento...; razón por la cual el demandante no puede augurar que la relación contractual por tiempo determinado que sostuvo con mi representado fue una relación de trabajo de carácter permanente, pues la precitada normativa lo regula y permite las contrataciones por tiempo definido por ende mi representado está facultado para ejercer legalmente este tipo de contratación; en consecuencia, es improcedente la pretensión de la señora DIANA SUYAPA PONCE MORA en virtud de encontrarnos concretamente ante una relación contractual por tiempo determinado, razón por la que la demanda interpuesta por la parte actora debió ser declarada SIN LUGAR. Por todo lo anteriormente expuesto, solicito, CASAR la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de este Departamento, de fecha 10 de marzo de 2022, sentencia que Confirma la sentencia definitiva de fecha veintiocho (28) de febrero del dos mil veinte (2020), dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán de la Demanda Ordinaria Laboral interpuesta por la Señora DIANA SUYAPA PONCE MORA, antes relacionada por no estar ajustada a derecho”. III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) la norma que indica violada es el artículo 46 inciso b) del Código del Trabajo, misma que no ostenta el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce y consagra correlativamente derechos y obligaciones o extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) establece apreciación errónea misma que no probo el error evidente que cometió el Juez al emitir la sentencia ni singularizo la prueba en su conjunto para que se configure la violación indirecta; y, c) realiza alegatos propios de instancia, mismos que en este Recurso extraordinario son inapropiados debido que los argumentos del caso ya fueron evacuados en el momento procesal oportuno. IV. “… que no es la voluntad de las partes la que determina si un contrato representa o no una relación de trabajo, sino el hecho de que, si esta relación cumple o no los requisitos establecidos por la ley para que se configure como tal, conforme el principio de primacía de la realidad. Por eso es necesario estudiar los elementos esenciales determinados por el Código del Trabajo para la existencia del contrato de trabajo, sin perder de vista que una vez reunidos los elementos de que trata el artículo 20 del precitado cuerpo legal, se entiende que existe contrato de trabajo y que no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen. En tal sentido, si se cumplen a cabalidad los elementos esenciales del precepto citado, existirá relación o contrato de trabajo a pesar de cualquier acto, estipulación o convención entre las partes…”. V. Por lo anteriormente expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal C, 764, 765, 769, 770 ,777, 858 y 865 del Código de Trabajo; 22, 200, 211, 212, 214, 215 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal A del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación interpuesto por la Abogada LILIAM LIZETH INESTROZA FLORES, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO (HEU), en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que, con la certificación de este fallo, se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ROY PINEDA CASTRO, COORDINADOR, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de mayo del dos mil veinticuatro; certificación de la sentencia de fecha nueve de noviembre del dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL376-2022. FIRMA Y SELLO.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ.

SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.