Sentencia CL-361-22 — Registro 17481
Resumen
Demanda Ordinaria Laboral de primera instancia reclamando reintegro en iguales o mejores condiciones, pago de salario caídos y costas del juicio,
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no puede prosperar, la impetrante olvida que este Tribunal ha establecido el criterio de que la infracción directa tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador, se deja de aplicar la norma que lo regula y se produce con prescindencia de cualquier material probatorio (Ver sentencias expedientes números S.L. 118-08, 169-08, 219-08, 249-08, 354-08, 382-08 y 14-09); en el presente caso, la cuestión debatida tiene relación con la causa invocada para la terminación de la relación de trabajo que vinculó a las partes y ello fue objeto del material probatorio, por ende, no resulta viable el ataque al fallo por esa vía. IV. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación. "...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765 numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los nueve días del mes de noviembre del año dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 20 de abril del 2023, por la Abogada SUYAPA WALESKA CASTRO RAPALO, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil denominada DELTA APPAREL HONDURAS S.A., como recurrente; además, es parte recurrida, la señora YESSENIA JACQUELIN SALGADO BARAHONA, representada en juicio por la Abogada CONCEPCION SUAZO SUAZO. OBJETO DEL PROCESO: Demanda Ordinaria Laboral de primera instancia reclamando reintegro en iguales o mejores condiciones, pago de salario caídos y costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortes, en fecha 01 de diciembre del 2020 por la señora YESSENIA JACQUELIN SALGADO BARAHONA, mayor de edad, hondureña, operaria de maquila y con domicilio en Villanueva, Departamento de Cortés, contra la sociedad mercantil denominada DELTA APPAREL HONDURAS S.A., por medio de su representante legal el señor JOSUE MOISES MARADIAGA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 19 de mayo del 2022, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 04 de abril del 2022, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA RECLAMANDO REINTEGRO EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES, PAGO DE SALARIOS CAÍDOS QUE POR LEY CORRESPONDEN MAS LAS COSTAS DEL JUICIO. Promovida por la señora YESSENIA JACQUELIN SALGADO BARAHONA, mayor de edad, hondureña, operaria de maquila, con número de identidad 0820-1983-00149. Contra la empresa mercantil denominada DELTA APPAREL HONDURAS S.A. a través de su representante legal el señor JAIME ROLANDO HADDAD AGUILAR. SEGUNDO:EN CONSECUENCIA, SE CONDENA a empresa mercantil denominada DELTA APPAREL HONDURAS S.A. a través de su representante legal el señor JAIME ROLANDO HADDAD AGUILAR que proceda A REINTEGRAR a la trabajadora YESSENIA JACQUELIN SALGADO BARAHONA a su puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones a las que tenía al momento de la terminación de la relación laboral. Mas los salarios dejados de percibir, desde la fecha que se produjo el despido, hasta que se haga efectiva la reinstalación en su puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones. TERCERO: SIN COSTAS”. ANTECEDENTES DE HECHO 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que inició a laborar en fecha 02 de mayo del 2011, como operaria en la actividad de pegado de manga de camiseta, en un horario de lunes a jueves de 7:15 a.m. a 4:30 p.m. y los viernes de 7:30 a.m. a 3:30 p.m. devengando a la fecha del despido un salario promedio semanal de Lps.2,800.00. Debido a la pandemia del covid 19 y a la suspensión de las garantías constitucionales mediante decreto 21-20 emitido en fecha 15 de marzo del 2020, se suspendió a los trabajadores en fecha 16 de marzo del 2020, mediante notificación por medio de parlantes en la empresa, las dos primeras semanas pagaron acreditando esos pagos a días feriados y vacaciones, algo que no es legal, en fecha 13 de abril del 2020 se emitió un comunicado a todo el personal donde se notificó una suspensión por 120 días, y el 12 de agosto del 2020, se envió otro comunicado a todo el personal que se prorrogaba la suspensión por otros dos meses, en dicho comunicado no se hizo ninguna excepción de trabajadoras, ya que fue dado a conocer a todo el personal. En fecha 14 de agosto del 2020, la demandante fue despedida de la empresa, con el motivo de despido que la empresa estaba realizando cambios en el sistema operativo por efectos derivados del covid 19, la rebaja de personal no es causa justificada de terminación de contrato, por lo cual se hizo uso del artículo 110 del Código del Trabajo el cual estipula que el trabajador tiene derecho de escoger entre las prestaciones y el reintegro a sus labores, solicitando en esta demanda el reintegro. Agregando también que la comisión de riesgos profesionales del IHSS, emitió dictamen de reubicación laboral No. CTRP SPS 237-18, dictaminándola como “Síndrome de Hombro Doloroso Izquierdo”, el cual fue notificado por medio del Ministerio de Trabajo a fin que la reubicaran y que todo indica que es una enfermedad causada por la labor repetitiva que realizada en la empresa, y que la demandada debía reubicarla en un puesto que si pueda desempeñar al tenor de los artículos 442 y 443 del Código de Trabajo. Considerando que el despido además de injusto es ilegal ya que la relación de trabajo se encontraba en suspenso debido a la pandemia de covid 19, se tenía que esperar hasta que concluyera la suspensión para efectuar el despido en base a justas y legales causas. 2.- La parte demandada, la sociedad mercantil denominada DELTA APPAREL HONDURAS S.A., contestó dicha demanda señalando que, así como casi todas las empresas del país se vieron afectadas grandemente por la pandemia del COVID 19, lo cual es de público conocimiento, esta empresa vende camisetas al mercado de Estados Unidos de América principalmente y al cerrarse la economía y no ser productos de primera necesidad, los clientes cancelaron pedidos y otros no pudieron honrar los pagos pendientes por producto ya entregados que incluso pretendían devolver. Al inicio del cierre de la economía decretada por el gobierno a partir del 16 de marzo del 2020, se hizo todo lo posible por no suspender a los trabajadores, haciendo acuerdos con el sindicato para adelantar vacaciones y feriados de esta manera los trabajadores pudieron mantener sus salarios un mes más, estos acuerdos se realizaron según recomendaciones hechas por la Secretaria de Trabajo, debido a la falta de pedidos y ventas fue imposible seguir manteniendo la situación y se suspendieron todos los contratos de trabajo de la empresa el 13 de abril del 2020 por 120 días, esta suspensión finalizo para alguna parte del personal incluida la actora el 13 de agosto del 2020, y el 14 de agosto del 2020 que ella se presentó a la empresa se le notifico la terminación de su contrato de trabajo debido a que las consecuencias económicas de la pandemia obligaron a la empresa a reducir su personal en más de 400 puestos de trabajo. Es evidente la falsedad de lo aseverado en la demanda, pues se alega que ella estaba suspendida el 14 de agosto del 2020, cuando ella mima se presentó a laborar el día que le correspondía y al notificarle su terminación laboral se negó a aceptar las prestaciones e indemnizaciones sociales que al 100% se le ofrecieron mediante cheque # 00004199 librado contra Banco Ficohsa; que en ese momento la demandante no tenía salario por estar suspendida durante 4 meses, en los 6 meses anteriores a la suspensión devengaba un salario promedio de L.290.72 que es superior al salario mínimo establecido por la ley, pero muy diferente a los L.400.00 que falsamente se establecen y lo anterior se acreditara debidamente en juicio. La empresa siguió al pie de la letra el procedimiento establecido en la Cláusula 3 del Tercer Contrato Colectivo vigente en la misma, para lo cual se consensuo con el Sindicato de la empresa (SITRADAHSA) en reunión llevada a cabo el 30 de julio del 2020, vía teleconferencia, para asegurar que no hubiese violación alguna a la Cláusula, ni del articulo 95 numeral 19 del Código del Trabajo. La legalidad de la causa de la terminación laboral ha sido confrontada judicialmente en muchas oportunidades, llegando hasta la instancia de la Corte Suprema de Justicia, la cual ha definido un criterio jurisprudencial, el cual transcribo literalmente “sobre este tema, es de recordar la línea jurisprudencial que ha establecido este tribunal, que cuando un patrono decide la terminación de la relación laboral por el hecho de tener que efectuar reajustes de personal derivados de una profunda reestructuración administrativa dentro de la empresa, entendiendo que la estabilidad laboral es un derecho constitucional de los trabajadores cuya ponderación y limite se relaciona con las justas causas de separación, se debe acreditar no solo la real existencia de esos cambios, sino que ha cumplido con el procedimiento establecido en la norma citada por el mismo impetrante (artículo 95 numeral 19 del Código del Trabajo) y en su caso particular se deben atender las disposiciones del contrato colectivo que regulan este tipo de situaciones”. Como la actora lo menciono en su demanda, tiene un dictamen de reubicación laboral por el padecimiento de “Síndrome de Hombro Doloroso Izquierdo” donde la Comisión Técnica de Riesgos Profesionales del IHSS recomendó: “No realizar movimientos repetitivos” con este dictamen y recomendaciones es difícil encontrar una empresa maquiladora una posición de trabajo donde no existan movimientos repetitivos, el medico de planta hizo una evaluación ergonómica y recomendó la posición menos dañina para la trabajadora y así fue reubicada desde el 03 de abril del 2019, la empresa ha cumplido con los artículos 442 y 443 del Código de Trabajo por ende ella estaba reubicada conforme a criterios médicos, como puede analizarse la actora presenta una inhabilidad que le imposibilita la continuidad de la relación laboral. 3.- Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha 04 de abril del 2022, dictó sentencia misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA RECLAMANDO REINTEGRO EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES, PAGO DE SALARIOS CAÍDOS QUE POR LEY CORRESPONDEN MAS LAS COSTAS DEL JUICIO. Promovida por la señora YESSENIA JACQUELIN SALGADO BARAHONA, mayor de edad, hondureña, operaria de maquila, con número de identidad 0820-1983-00149. Contra la empresa mercantil denominada DELTA APPAREL HONDURAS S.A. a través de su representante legal el señor JAIME ROLANDO HADDAD AGUILAR. SEGUNDO:EN CONSECUENCIA, SE CONDENA a empresa mercantil denominada DELTA APPAREL HONDURAS S.A. a través de su representante legal el señor JAIME ROLANDO HADDAD AGUILAR que proceda A REINTEGRAR a la trabajadora YESSENIA JACQUELIN SALGADO BARAHONA a su puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones a las que tenía al momento de la terminación de la relación laboral. Mas los salarios dejados de percibir, desde la fecha que se produjo el despido, hasta que se haga efectiva la reinstalación en su puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones. TERCERO: SIN COSTAS”. Bajo el criterio que se advierte que si bien la patronal cita la línea jurisprudencial y las normas que le permiten realizar una reestructuración, la empresa no ha demostrado la causa real que justifique estos cambios, argumenta una crisis económica por la pandemia del covid 19 pero no ha demostrado en este procedimiento judicial tal afectación e impactos irremediables, que provocaran un real análisis y estudios de impacto económico justificando la reducción y terminación de 430 cargos, y por ello dar por terminado el contrato de trabajo de la demandante, más parece que el despido es causado por la pandemia del covid 19 que por una verdadera restructuración. No se le respeto el procedimiento establecido por el articulo 95 numeral 19 del Código del Trabajo y el Contrato Colectivo en su cláusula aplicada porque no le consideraron que a ella en particular la refuerza su estabilidad laboral, de manera que por el hecho de que el sindicato haya participado a través de vía teleconferencia, no permite sostener por ello que la terminación ya sea legal y justa, resulta evidente que la trabajadora no debía entrar en tales reajustes por restructuración ya que tiene una antigüedad laboral considerable y tiene a su favor un dictamen de reubicación laboral emitido por la autoridad competente en fecha 10 de octubre del año 2018, en que la Comisión Técnica de Riesgos Profesionales del Instituto Hondureño de Seguridad Social diagnostico que ella sufre de Síndrome de Hombro Doloroso Izquierdo, recomendando una protección a su salud y en específico en su punto 6 se enlista “ continuar con médico tratante”. Y no por ello significa que se encuentra en inhabilidad para continuar la relación de trabajo, ya que es obligación del patronal reubicarla en un puesto que cumpla con lo concluido en el dictamen, todo a fin de no lesionarle la estabilidad laboral que ahora se refuerza en su garantía de protección. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha 19 de mayo del 2022, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que el acuerdo entre la accionada y el Sindicato de Trabajadores de la empresa (SITRADAHSA), es insuficiente por si, para sustentar el acto de reajuste de personal que trae como consecuencia la supresión de puestos de trabajo, entre ellos el de la actora, pues la terminación de la relación de trabajo (art.95 No.19 del Código del Trabajo y Cláusula 3 contractual) debe estar respaldada con un estudio minucioso de las necesidades de funcionamiento de la empresa y procedimientos específicos que conlleven tanto evitar el cierre definitivo de la empresa como mitigar la afectación directa de los trabajadores con el propósito de que sea lo mínimo, así como las consecuencias económico-sociales que se derivan de un reajuste de personal que conlleva la supresión de 430 puestos de trabajo; y es que cuando un patrono decide la finalización del nexo jurídico laboral por el hecho de tener que realizar una reorganización de personal derivados de una profunda reestructuración dentro de la empresa, no debe dejarse de lado que la estabilidad laboral es un derecho constitucional de los trabajadores, cuya ponderación y límite se relaciona con las justas causas de separación, de ahí que se debe acreditar no sólo la real existencia de los cambios que llevan a adoptar una nueva organización o estructura a lo interno de la empresa, sino también que se ha cumplido con el procedimiento establecido en el artículo 95.19 del Código del Trabajo y que concurren los supuestos contenidos en los artículos 100 y 111.8 de ese mismo; de otra parte es de tener en cuenta que la estabilidad laboral como principio, debe prevalecer en las fuentes de trabajo, pues el derecho al trabajo constituye un derecho humano. Aunque consta de autos que el empleador ofreció a la trabajadora el pago de prestaciones labores, no es posible imponer a la trabajadora la aceptación del ofrecimiento, ya que es su voluntad la que prevalece a fin de decidir si acepta la reinstalación a su puesto de trabajo o por el pago de las prestaciones, según disposición del artículo 129 de la Constitución de la Republica y 113, literales a) y b) del Código del Trabajo. 5.- Mediante auto de fecha 25 de julio del 2022, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada SUYAPA WALESKA CASTRO RAPALO, en su condición de representante procesal de la empresa DELTA APPAREL HONDURAS, S.A., contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 20 de abril del 2023, compareció ante este Tribunal la Abogada SUYAPA WALESKA CASTRO RAPALO, en su condición de representante procesal de la empresa DELTA APPAREL HONDURAS, S.A., formalizando su demanda, exponiendo único motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 17 de mayo del 2023, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 31 de agosto del 2023, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada CONCEPCION SUAZO SUAZO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.-Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II. Que la Abogada SUYAPA WALESKA CASTRO RAPALO, en su primer y único motivo de casación alega: “Ser la sentencia violatoria de ley sustantiva de orden nacional, por interpretación errónea de los artículos 95 inciso 19 y 111 numeral 1 del Código del Trabajo en relación a la cláusula 3 del III contrato colectivo de condiciones de trabajo firmado entre las partes”. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765 ordinal primero párrafo primero, del Código del Trabajo” DEMOSTRACION DEL CARGO: En el presente caso, el fallo impugnado no reconoce la validez y legalidad de las normas sustantivas invocadas como violadas (artículos 95 inciso 19 y 111 numeral 1 del Código del Trabajo) pues les resta validez al imponerles más condicionamientos que los que nacen del texto de tales normas, pues mi representada en base al artículo 111 numeral 1 del Código del Trabajo pacto en el III contrato colectivo de condiciones de trabajo con su organización sindical que el reajuste de personal fuese una causa de terminación de los contratos de trabajo y se establecieron los criterios a seguir para realizarlo, lo cual quedo establecido en la cláusula 3 del Contrato Colectivo vigente, pacto que no es contrario a la ley pues es un mecanismo permitido por la misma conforme al artículo 95 inciso 19) del Código del Trabajo, y mi representada llevo a cabo el proceso establecido en la cláusula 3 de su contrato colectivo al pactar con su organización sindical el listado de las personas afectadas por el reajuste y como la actora se encuentra incluida en el primer criterio establecido por tal clausula, por eso fue incluida sin oposición sindical, por lo cual no es menester agotar o buscar los demás criterios como erróneamente interpreta el tribunal Ad quem en el fallo impugnado. En virtud de tal interpretación errada del Tribunal Ad quem, si bien analiza los artículos 95 inciso 19 y 111 numeral 1 del Código del Trabajo que son las disposiciones adecuadas o aplicables al caso, pero les da una interpretación equivocada pues impone para que los mismos tengan sus efectos, más condiciones que las que nacen de los propios términos de tales normas sustantivas con lo cual los violenta en perjuicio de mi representada que se limitó a cumplir con el texto de las normas sustantivas mencionadas y la Corte Ad quem establece que para que las normas sustantivas violentadas tengan validez debe el patrono, probar que existen situaciones como que la actora tenía menos antigüedad que otros afectados, lo cual no es aplicable al caso pues como dije la actora al estar comprendida en el primer criterio establecido en la cláusula 3 del Contrato Colectivo, no hay razón para analizar antigüedad, pues todos los empleados con inhabilidad para realizar su trabajo eran la primera categoría a ser afectados según se pactó en el contrato colectivo y después a igualdad de condiciones se analiza la antigüedad. Pero las normas violadas solo imponen para que sean efectivas: a) Que se estipule la causa de terminación en un contrato (situación que se cumple al estar pactada en el contrato colectivo) según articulo 111 numeral 1 del Código del Trabajo y b) Que se “lleve a cabo el reajuste de acuerdo con las estipulaciones del contrato colectivo" como dice el artículo 95 inciso 19 del Código del Trabajo; por lo cual pedir que se cumplan más situaciones es violentar estas normas por interpretación errónea”. III. Que el cargo que antecede no puede prosperar, la impetrante olvida que este Tribunal ha establecido el criterio de que la infracción directa tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador, se deja de aplicar la norma que lo regula y se produce con prescindencia de cualquier material probatorio (Ver sentencias expedientes números S.L. 118-08, 169-08, 219-08, 249-08, 354-08, 382-08 y 14-09); en el presente caso, la cuestión debatida tiene relación con la causa invocada para la terminación de la relación de trabajo que vinculó a las partes y ello fue objeto del material probatorio, por ende, no resulta viable el ataque al fallo por esa vía. IV. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ROY PINEDA CASTRO, COORDINADOR, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de junio del dos mil veinticuatro; certificación de la sentencia de fecha nueve de noviembre del dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL361-2022. FIRMA Y SELLO.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ.
SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.