Sentencia CL-350-22 — Registro 17133
Resumen
Sala labora Contencioso Administrativo Casa parcialmente la sentencia y y en consecuencia otorga reconocimiento como empleada permanente desde el inicio de la relación laboral 2) pago de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones proporcionales, décimo tercer mes proporcional, décimo cuarto mes proporcional, más el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha de despido hasta la fecha en que quede firme el presente fallo
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..." Que el cargo que antecede resulta admisible cumpliendo los requisitos de ley por la técnica casacional estableciendo con claridad y precisión, infracción indirecta de los artículos 26 y 46 inciso b) y 111 numeral 11) del Código de Trabajo, ya que la Corte de Apelaciones del Trabajo Violentó la ley por falta de apreciación."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que de los hechos aceptados por las partes y del estudio del material probatorio allegado y practicado en el proceso, resultan acreditados los siguientes extremos: 1) Se constató que la demandante inicio su relación laboral el 01 de junio del 2009 y finalizo el 31 de julio del año 2010, (ver folio 51 al 54 de la primera pieza de los autos); 2) Consta oficio no. 331- USINIEH-2016 de fecha 20 de junio del 2016, en la que se le notifica a los CONSULTORES USINIEH, que su contrato de consultoría en apoyo a la unidad de Sistema Nacional de Información Educativa de Honduras (USINIEH) finaliza según contrato el 30 de junio del 2016, por lo que se le agradece el servicio prestado a esta unidad (ver folio 36 de la primera pieza de los autos); 3) Se constató que devengo en los últimos seis meses de relación la cantidad de L.12,000.00 (ver folio 110 de la primera pieza de los autos); 4) Se constató que se desempeñaba en el cargo de consultora (ver folio 110 de la primera pieza de los autos; 5) Consta contrato de servicios profesionales en el cargo de OFICIAL DE DIGITALIZACIÓN por los siguientes periodos: 01 de julio al 31 de diciembre del 2009 (ver folio 39 al 42 de la primera pieza de los autos); Del 04 de enero al 26 de enero del 2010 (ver folio 43 al 46 de la primera pieza de los autos); Del 01 de enero al 30 de abril del 2010 (ver folio 47 al 50 de la primera pieza de los autos); del 03 de mayo al 31 de julio del 2010 (ver folio 51 al 54 de la primera pieza de los autos); Del 01 de julio al 31 de diciembre del 2013 (ver folio 74 al 82 de la primera pieza de los autos); 6) Consta que la demandante suscribió contratos de consultoría; Del 01 de junio al 30 de junio del 2009 (ver folio 101 de la primera pieza de los autos); del 27 de enero al 30 de junio del 2014 (ver folio 55 al 66 de la primera pieza de los autos); Del 01 de julio al 31 de diciembre del 2014 (ver folio 65 al 73 de la primera pieza de los autos); Del 02 de enero al 30 de junio del 2015 (ver follo 83 al 91 de la primera pieza de los autos); Del 04 de enero al 30 de junio del 2016 ( ver folios 92 al 100 de la primera pieza de los autos); 7) Se constato que a la demandante se le reconoció el pago del decimo tercer y cuarto mes desde el inicio de la relación por lo cual tiene derecho a las mismas; y 8) El acta de cierre de las diligencias administrativas ante la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y seguridad Social. X. Que, si bien existió una relación laboral entre la demandante y la Secretaria de Estado en el Despacho de Educación, la misma tuvo una interrupción desde el último contrato de fecha 03 de mayo al 31 de julio del año 2010, sin que en el proceso se haya acreditado continuidad alguna hasta el siguiente contrato de consultoría de fecha 01 de junio del año 2013 hasta el día que se dio la cancelación, por lo cual la antigüedad que debe tener la señora DIOSANA MAVIEL DUBON URQUIA, se debe contabilizar a partir del 01 de junio del año 2013"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 20 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 21 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..." Que con base al análisis en su conjunto de todas las pruebas allegadas en tiempo y forma por las partes al proceso, con base a la libre formación del convencimiento, tomando en cuenta los criterios y principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo las circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal observada por las partes, se concluye y estima procedente declarar procedente parcialmente la acción ya que solicitó el pago de aguinaldo, decimo cuarto y bono educativo pendiente, mismos que durante la secuela al juicio no se acredito que no se le hubieran pagado; en cuanto a la prescripción alegada por la demandada no procede ya que realizo las acciones administrativas y judiciales dentro de termino establecido en el artículo 864 del Código de Trabajo, constando en autos que se dio el cierre el 04 de agosto del 2016 e interpuso la demanda al Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán el 14 de septiembre del 2016.CASAR PARCIALMENTE la sentencia recurrida y en consecuencia: 2) Declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por DIOSANA MAVIEL DUBON URQUIA Contra el ESTADO DE HONDURAS por medio de su Representante Legal, el Procurador General de la República señor MANUEL ANTONIO GALEAS, en cuanto al: 1) al reconocimiento como empleada permanente desde el inicio de la relación laboral el 01 de junio del año 2013; 2) pago de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones proporcionales, décimo tercer mes proporcional, décimo cuarto mes proporcional, más el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha de despido hasta la fecha en que quede firme el presente fallo; en consecuencia; 3) CONDENA AL DEMANDADO, EL ESTADO DE HONDURAS, a través del Procurador General de la República Abogado MANUEL ANTONIO GALEAS, a lo siguiente: 1) a reconocer como empleada permanente desde el inicio de la relación laboral el 01 de junio del 2013; y 2) A pagar la cantidad de OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON DOCE CENTAVOS (L88,629.12), en concepto de preaviso L28,000.20; Cesantía proporcional L777.78; Décimo Cuarto Mes Proporcional L 11,666.67; Cesantía L42,000.30; Aguinaldo proporcional L5,666.67; Vacaciones proporcionales L518.52; más el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha de despido hasta la fecha en que quede firme el presente fallo
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 129 (Rango Constitucional)
- Código del Trabajo, art. 47 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN.-
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., doce de septiembre de dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha uno de marzo del dos mil veintitrés, por la Abogada MARGARITA MOLINA REYES, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además es parte recurrida, la señora DIOSANA MAVIEL DUBON URQUIA, representada en juicio por la Abogada NANCY KARINA BENAVIDES ALVARADO. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, pago de aguinaldo y décimo cuarto mes pendiente, bono educativo por despido directo, ilegal e injustificado en virtud de ser trabajadora de tiempo continuo e indeterminado, que se condene en costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha catorce de septiembre del dos mil dieciséis, por la señora DIOSANA MAVIEL DUBON URQUIA, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio, contra EL ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION, por medio de la Procuraduría General de la República. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veintiuno de febrero del dos mil veintidós, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha veintiocho de agosto del dos mil veinte, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por DIOSANA MAVIEL DUBON URQUIA Contra el ESTADO DE HONDURAS por medio de su Representante Legal, el Procurador General de la República señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en cuanto al: 1) al reconocimiento como empleada permanente desde el inicio de la relación laboral el 01 de junio del 2009; y 2) pago de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones proporcionales, décimo tercer mes proporcional, décimo cuarto mes proporcional, más el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha de despido hasta la fecha en que quede firme el presente fallo; en consecuencia; 2) CONDENA AL DEMANDADO, EL ESTADO DE HONDURAS, a través del Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, a lo siguiente: 1) a reconocer como empleada permanente desde el inicio de la relación laboral el 01 de junio del 2009; y 2) A pagar la cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS (L.144,567.00) en concepto de preaviso: L.28,000.00; auxilio de cesantía: L.98,000.00; auxilio de cesantía proporcional: L.740.00; vacaciones proporcionales: L.493.00; décimo tercer mes proporcional: L.5,667.00; décimo cuarto mes proporcional: L.11,667.00; más el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha de despido hasta la fecha en que quede firme el presente fallo; a la señora DIOSANA MAVIEL DUBON URQUIA; 3) Declarando SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por 98768318976259922564389687DIOSANA MAVIEL DUBON URQUIA, Contra el ESTADO DE HONDURAS por medio de su Representante Legal, el Procurador General de la República señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en cuanto al pago de bono educativo, décimo tercer mes pendiente, décimo cuarto mes pendiente; en consecuencia, 4) ABSUELVE AL DEMANDADO, EL ESTADO DE HONDURAS, a través del Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, a pagar en concepto de pago de bono educativo, décimo tercer mes pendiente, décimo cuarto mes pendiente, a la señora DIOSANA MAVIEL DUBON URQUIA; 5) Declarar SIN LUGAR la EXCEPCION PERENTORIA DE PRESCRIPCION planteada por la parte demandada. 6) Declarar SIN COSTAS”. ANTECEDENTES DE HECHO 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que inicio la relación laboral mediante contrato escrito para el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación Pública, en fecha 1 de junio del 2009, teniendo como último salario base mensual de L.12,000.00, con una jornada de lunes a viernes de 8: 00 a.m. a 4:00 p.m., desempeñándose en el puesto de Soporte Técnico. Que la relación se desenvolvió en completa armonía con el patrono, hasta el día que fue notificada mediante oficio Numero 331-USINIEH-2016 la terminación de la relación laboral en fecha 20 de junio del 2016, el cual le causó enormes perjuicios; dándose por agotada la vía administrativa sin poder llegar a un arreglo conciliatorio con la parte demandada, para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, pago de aguinaldo y décimo cuarto mes pendiente, por despido ilegal e injusto. 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que a la demandante en ningún momento fue objeto de despido directo, que atendiendo la naturaleza jurídica de la parte demandada (Gobierno Central) y aplicando lo dispuesto en el artículo 2 numeral 2 del Código de Trabajo, no le son aplicables las disposiciones del Código de Trabajo, siendo aplicable al caso de mérito la Ley del Servicio Civil, su Reglamento y demás normas administrativas, razón por la cual considerando la necesidades de la demandada, se contrató a la demandante en aplicación estricta de los artículos 200, 201, 202 y subsiguientes del Reglamento de la Ley del Servicio Civil. En ese orden de ideas, el articulo 3 numeral 1) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, establece que caso como el que nos ocupa será conocido por la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y no por el Juzgado del Trabajo; que en ningún momento existió despido directo, en consecuencia, al no existir el mismo, el juez se ve vedado en calificarlo como justificado o injustificado y por ende no podría condenar al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales y demás derechos solicitados, pues una cosa es consecuencia de la otra; por otra parte el contrato suscrito entre las partes era temporal, el cual tenía fecha de finalización, razón por la cual en ningún momento podría existir despido alguno, como lo pretende hacer ver la parte actora de la demanda, no obstante la demandada ha cumplido plenamente con cada una de las cláusulas del referido contrato, en el cual claramente se estipulo tanto la fecha de finalización del contrato como el monto del mismo; sin embargo, la demandante pretende se le otorguen derechos que únicamente corresponden cuando ha existido una relación permanente por haber sido nombrada la persona por Acuerdo, mediante plaza otorgada y aprobada, luego de un estudio presupuestario realizado por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas y siguiendo los requisitos y procedimientos administrativos correspondientes, no obstante la demandante narra hechos y sucesos que no son ciertos, con el único afán de obtener beneficios y derechos que no le corresponden; falta a la verdad al aseverar entre otras cosas, que se le han violentado los derechos humanos y fundamentales laborales, por el simple hecho de haber suscrito contratos por tiempo determinado, pero al momento de firmar el contrato no se opuso ni presentó objeción, sino que aceptó cada una de las cláusulas descritas en el contrato, obligándose al fiel cumplimiento del mismo; consecuentemente, si pretende que se le reconozca derechos de los empleados permanentes, debió dar cumplimiento a lo que establece el artículo 11 de la Ley de Servicio Civil y artículo 8 de su reglamento, normativa que no fue cumplida por la demandante, por consiguiente la demandada no puede otorgar el derecho reclamado, no hacerlo así, seria violentar las normas procedimientos legales, pues se estaría en flagrante transgresión de las leyes administrativas atinentes al caso. En el escrito de contestación interpuso la Excepción Perentoria de Prescripción de la acción con fundamento en los artículos 710, 858, 862, 864 y 867 del Código de Trabajo, ya que la parte actora presentó la demanda el 14 de septiembre de 2016, es decir 3 meses con 14 días después de la fecha del supuesto despido por lo que podemos deducir con una simple operación aritmética que por el mero lapso de tiempo que media entre cada una de las fechas ha transcurrido el plazo de la prescripción. 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho de agosto del dos mil veinte, dictó sentencia que en su parte conducente, dice: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por DIOSANA MAVIEL DUBON URQUIA Contra el ESTADO DE HONDURAS por medio de su Representante Legal, el Procurador General de la República señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en cuanto al: 1) al reconocimiento como empleada permanente desde el inicio de la relación laboral el 01 de junio del 2009; y 2) pago de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones proporcionales, décimo tercer mes proporcional, décimo cuarto mes proporcional, más el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha de despido hasta la fecha en que quede firme el presente fallo; en consecuencia; 2) CONDENA AL DEMANDADO, EL ESTADO DE HONDURAS, a través del Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, a lo siguiente: 1) a reconocer como empleada permanente desde el inicio de la relación laboral el 01 de junio del 2009; y 2) A pagar la cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS (L.144,567.00) en concepto de preaviso: L.28,000.00; auxilio de cesantía: L.98,000.00; auxilio de cesantía proporcional: L.740.00; vacaciones proporcionales: L.493.00; décimo tercer mes proporcional: L.5,667.00; décimo cuarto mes proporcional: L.11,667.00; más el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha de despido hasta la fecha en que quede firme el presente fallo; a la señora DIOSANA MAVIEL DUBON URQUIA; 3) Declarando SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por 98768318976259922564389687DIOSANA MAVIEL DUBON URQUIA, Contra el ESTADO DE HONDURAS por medio de su Representante Legal, el Procurador General de la República señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en cuanto al pago de bono educativo, décimo tercer mes pendiente, décimo cuarto mes pendiente; en consecuencia, 4) ABSUELVE AL DEMANDADO, EL ESTADO DE HONDURAS, a través del Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, a pagar en concepto de pago de bono educativo, décimo tercer mes pendiente, décimo cuarto mes pendiente, a la señora DIOSANA MAVIEL DUBON URQUIA; 5) Declarar SIN LUGAR la EXCEPCION PERENTORIA DE PRESCRIPCION planteada por la parte demandada. 6) Declarar SIN COSTAS”. Bajo el criterio que haciendo un análisis de los argumentos planteados por ambas partes, pruebas aportadas al proceso y la fundamentación jurídica aplicada al caso concreto; la suscrita es del convencimiento, que si bien es cierto, el desarrollo de la relación laboral dio mediante denominados contrato de consultoría, contratos de servicios profesionales y nuevamente mediante contratos de consultoría, no es menos cierto, que existiendo la discordancia entre lo alegado por los representantes procesales y lo que ocurre en la práctica de conformidad a los elementos probatorios aportados durante el proceso; es decir, a lo que ha sucedido en el terreno de los hechos, y de conforme al principio de la realidad, con el fin de determinar la situación real en que el trabajador prestaba sus servicios, y prevalecer los aspectos facticos-sustanciales para sobre los jurídicos-formales, que de acuerdo a lo que establece la legislación laboral y de la simple lectura de dichos contratos se desprende que dentro de los mismos concurren los tres (3) elementos esenciales establecidos en el artículo 20 del Código de Trabajo, como ser, que se indica que debe realizar la actividad personalmente, que sus actividades las tenía que realizar en el lugar donde indicaba la secretaría, bajo la subordinación y a las tareas asignadas por su jefe inmediato, además de las descritas en los contratos, debiendo cumplir con el horario de trabajo para el Gobierno Central, que gozaba de vacaciones por un máximo de doce (12) días laborales al año o al tiempo proporcional, y una remuneración por sus servicios; relacionados con los artículos 47 y 347 del mismo cuerpo legal, ya que una vez reunidos los tres elementos regulados por el artículo citado, se concluye que existe un verdadero contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen, por otro lado la condición del contrato a término lo determina la actividad que se realice y en el presente caso la demandante laboraba en una actividad continua e ininterrumpida acumulando una antigüedad siete (7) años y diecinueve (19) días, por lo tanto no se toma en cuenta el término que se establezca; en tal documento de acuerdo al Principio de Primacía de la Realidad que rige en materia laboral, puesto que el objeto de los Contratos de Prestación de Servicios Profesionales o Técnicos y de Consultoría, es la prestación de un servicio que requiere un grado académico superior o conocimiento especializado, situación que no se acreditó que le aplica a la demandante, por lo que se ha demostrado que existió una relación laboral de forma continua e ininterrumpida nos encontramos frente a una verdadera relación de trabajo; por lo que es procedente declarar con lugar la solicitud de reconocimiento de permanente la relación laboral que unía a la demandante con la demandada desde el inicio de la relación laboral; es decir, el 01 de junio del 2009; que la demandante también solicita el pago de indemnizaciones laborales y sociales y aunado a lo anteriormente expuesto, la parte demandada no invoco la justa causa para dar por terminada la relación laboral que mantenía con la demandante y por ende no ha justificado la misma; puesto, que no basta indicar la fecha de finalización, sino que se debe especificar cuál es la causa o motivo para la ruptura de la relación, no hacerlo así, se violenta lo dispuesto en el artículo 117 del Código de Trabajo, que establece que la parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo, debe dar el preaviso por escrito, personalmente a la otra parte, si el contrato es verbal puede darlo de palabra ante dos testigos, con expresión de la causa o motivo que la mueve a tomar esta determinación. Después no podrá alegar válidamente causales o motivos distintos; en consecuencia, se declara con lugar el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales más el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha de la terminación de la relación laboral hasta la fecha en que quede firme la presente sentencia. En relación a la Excepción Material de Prescripción alegado por la Representante Procesal demandada, constando en autos que a la demandante se le notificó la terminación de la relación laboral el 20 de junio de 2016, se instauró ante la Secretaría del Trabajo los servicios conciliatorios en fecha 01 de agosto de 2016, dándose por agotado el trámite administrativo gubernativo en fecha 04 de agosto de 2016 y la presente demanda fue interpuesta en fecha 14 de septiembre de 2016, de la relación aritmética se colige que no había transcurrido los dos meses que la ley concede para interponer su acción, en consecuencia, es oportuno declarar sin lugar el defecto de prescripción por los asertos entes citados; y siendo que la parte demandada no acreditó haber cumplido con el pago de los derechos adquiridos proporcionales, procede declarar con lugar esta pretensión. 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiuno de febrero del dos mil veintidós, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el A quo, sin costas; bajo el criterio que la demandante fue contratada por la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, según contratos de trabajo a términos suscrito entre las partes, de forma continua e ininterrumpidamente, desempeñando labores de carácter permanente para la institución lo que hace que se estime que tales sucesos encajan en las disposiciones legales contenidas en los artículos 20, 47, 52 párrafo segundo del Código de Trabajo; cabe entonces, mencionar que al momento de apreciar los hechos a la luz de las normas laborales, hace que tales contratos relativos a labores que, por su naturaleza son permanentes o continuas en la institución, se consideren como celebrados por tiempo indefinido aunque en ellos se exprese termino de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsiste la causa que le dio origen o la materia del trabajo para la prestación de servicio, no habiendo la parte demandada acreditado lo contrario en juicio. Son nulos ipso jure todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución, el presente Código, sus reglamentos o las demás leyes de trabajo o previsión social otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato de trabajo u otro pacto cualquiera; conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Código de Trabajo, que recoge el principio protectorio y no regresividad, y el principio de limitación a la autonomía de la voluntad. 5. Mediante auto de fecha veinticinco de julio del dos mil veintidós, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada MARGARITA MOLINA REYES, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha uno de marzo del dos mil veintitrés, compareció ante este Tribunal la Abogada MARGARITA MOLINA REYES, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha uno de marzo del dos mil veintitrés, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha ocho de junio del dos mil veintitrés, se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por parte de la Abogada NANCY KARINA BENAVIDES ALVARADO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente a la Magistrada ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.- Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II.- Que la Abogada MARGARITA MOLINA REYES, en su primer motivo de casación alega: “Acuso la sentencia de ser violatoria de la Ley sustantiva de orden nacional por infracción directa del artículo 738 del Código del Trabajo; En el presente caso, se presenta como medio probatorio los contratos suscritos entre mi representado con fecha de inicio y terminación, en este sentido no se puede ignorar los preceptos legales establecidos en el Código Civil al expresar: Son documentos Públicos, los autorizados por un Notario o empleado público competente, lo que implica que para que el documento firmado por un ente particular y el Estado debe ser declarado nulo, para que deje de constituir ley entre partes; por otro lado, el Poder Judicial, para defensa de los intereses de la ciudadanía, así como de los bienes patrimoniales del Estado, en este caso bienes económicos, establece decretos, acuerdos, leyes que son emitidos para una marcha expedita de las funciones estatales, tal el caso que nos ocupa el Decreto 266-2013, cuando regula que el personal que esté por acuerdo permanente, al finalizar la función a la que fue asignado volverá o será asignado a cualquiera de las dependencias, no así el personal que se requiere contratar para realizar funciones específicas que sus funciones finalizarán hasta la fecha en que el contrato lo establezca, por lo aquí expresado se está violentando preceptos legales, al no tomar en cuenta el Tribunal Ad Quem, el medio de prueba documental público consistente en los Contratos de Trabajo Temporal presentados y las cláusulas contenidas en los mismos. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el numeral uno, párrafo segundo del artículo 765 Código de Trabajo. EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN LO EXPLICO ASÍ: El Tribunal Ad Quem, no tomó en cuenta el medio de prueba documental consistente en los Contratos de Trabajo Temporal presentados y las cláusulas contenidas en los mismos, en los que se establece que el puesto que ocupaba la demandante, bajo el renglón de contratos de consultoría temporal, por servicios profesionales prestados, es un puesto de carácter temporal, que dura mientras se realiza labor en proyectos o programas en la Secretaría, proyectos de supervisión, por lo que en la contestación de la demanda nos amparamos en el artículo 2 No.2 y 46 literal b) del Código del Trabajo, así mismo que por razones presupuestarias en la estructura que maneja fondos para contratar servicios profesionales, se encuentra sin fondos, por lo que la decisión de no renovar su contrato de consultoría a la ahora demandante está basada en el artículo 111 numeral 11 como causa de terminación de la relación laboral por insuficiencia de fondos, sin olvidar que no se toma en cuenta lo reglamentado en razón de la contratación de personal por tiempo definido, instrumento del que se vale el Estado para solventar las crisis de la actividad administrativa, razón por la cual emitió el decreto PCM 266-2013, publicado en enero del 2014.” III.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Olvida la Impetrante que la violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley, en el motivo expuesto señala material probatorio; b) Señala como norma sustantiva violada el artículo 738 del Código de Trabajo, mismo que no ostenta el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce y consagra correlativamente derechos y obligaciones o extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; c) El precepto autorizante señala como violación indirecta cuando indica en la formulación del cargo violación directa, siendo incongruente al momento de determinar la violación realizada por el Ad Quem; d) En el desarrollo del cargo hace mención a los artículos 111 numeral 11) sin establecer que ordenamiento jurídico pertenece volviendo ineficaz el ataque; y, e) En la explicación del motivo señala los artículos 2 numeral 2) y 46 literal b) del Código de Trabajo, normas que no fueron señaladas como violadas en su formulación. IV.- Que la Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de la Ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta de los artículos 19, 21, 26 y 46 inciso b y 111 numeral 11 del Código de Trabajo, ya que la Corte de Apelaciones del Trabajo Violentó la ley por falta de apreciación de lo expuesto en el medio de prueba documental público correspondiente a los Contratos, los cuales se emiten a través de Resoluciones Ministeriales que se remiten a Servicio Civil y la Secretaría de Finanzas y donde consta que la relación laboral es por tiempo determinado, pues en cada una de las resoluciones se establece la fecha de inicio y la fecha de finalización. Tampoco Honorables Magistrados, el Tribunal Ad Quem no hizo una valoración jurídica del Artículo 19 del Código de Trabajo en cual establece " Contrato individual de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a ejecutar una obra o a prestar sus servicios personales a otra persona natural o jurídica, bajo la continua dependencia o subordinación de esta y mediante una remuneración" que dicha definición está subordinada a lo establecido en el artículo 21 en que establece "se presume que toda relación de todo trabajo personal está regida por un contrato, sea verbal (tácito) o expreso" el cual es violentado por el Tribunal Ad-Quen en virtud de darle una connotación diferente al concederle permanencia al personal contratado a término ya que el mismo se entrelaza con lo establecido en el artículo 26 el que establece "Que el contrato de trabajo obliga a lo expresamente pactado....", artículo 46 inciso b) el que literalmente dice: "Contrato por tiempo limitado, cuando se especifica fecha para su terminación...", tal como ocurre en el caso del demandante, que fue contratado por termino definido, por el carácter de la prestación del servicio prestado como Supervisor de Auditorías, consignándose en el contrato que está sujeto a rendir un producto y un informe sea semanal o mensual. Asimismo, la decisión de no renovar a la ahora demandante está basada en el artículo 111 numeral 11 como causa de terminación de la relación laboral por insuficiencia de fondos, todos los artículos citados corresponden al Código de Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral 1° del Código del Trabajo: el cual textualmente dice: son causales de casación: 1°. Ser la sentencia violatoria de ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea. Si la violación de la ley proviene de apreciación errónea o falta de apreciación de determinada prueba, es necesario que se alegue por el recurrente sobre este punto, demostrando haberse incurrido por el sentenciador en error de hecho o de derecho que aparezca de manifiesto en los autos. Solo habrá lugar a error de derecho en la casación de trabajo cuando se haya dado por establecido un hecho con un medio probatorio no autorizado por la ley, por exigir ésta al efecto una determinada solemnidad para la validez del acto, pues en este caso no se debe admitir su prueba por otro medio y también cuando deja de apreciarse una prueba de esta naturaleza, siendo el caso de hacerlo, porque así mismo no se concibe como juzgar a mi representado por contratar bajo una de las modalidades contempladas en la Ley nacional vigente y que no contraviene el orden legal, ni son contrarios a la moral y buenas costumbres y mucho menos constituir un delito la contratación que nos ocupa. EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN LO EXPLICO ASÍ: El objeto de pedir concurre en lo que se reclama, el reclamo lo constituye pago de prestaciones e indemnizaciones laborales salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios. Pago de aguinaldo y décimo cuarto mes pendiente, bono educativo por despido directo ilegal e injustificado en virtud de ser trabajadora de tiempo continuo e indeterminado. Que se condene en costas y gastos; el pago de los salarios dejados de percibir desde la supuesta cancelación que fue objeto hasta que quede firme la sentencia, por lo cual existe la identidad del objeto de pedir y la causa de pedir corresponde al hecho jurídico o material que sirve de Lineamiento al derecho reclamado y que en segunda instancia el acto jurídico y material que motiva el reclamo lo constituye la terminación contractual con mi representado por el solo hecho de haber llegado a su fin el contrato en referencia y a la insuficiencia de fondos y siendo que en dichas relaciones contractuales mi representada no tiene obligación alguna de hacer erogación de pagos de salarios dejados de percibir, solo le corresponde al personal que ha sido despedido injustificadamente y en el caso que nos ocupa no hay tal despido sino una notificación de no renovación de contratos por falta de fondos, segundo el reintegro es un beneficio que gozan los contratos por tiempo indefinido (entiéndase este por acuerdo bajo el régimen de servicio civil) que han sido despedidos injustamente, en tal sentido el tribunal de segunda instancia no consideró que el código de trabajo señala los contratos a término como una de sus modalidades a manera de excepción y establece que los mismos obligan o lo expresamente pactado y que el mismo cuerpo legal establece como una de las causas de terminación de los mismos la insolvencia de la empresa contratante, en este sentido el tribunal Ad-Quen señala las causas del artículo 112 del código de trabajo que se refiere a la conducta contractual del trabajador y que como puede comprobar el tribunal de alzada en ninguno de sus folios encontrara documentación referente a que el cese del contrato se deba a causas imputadas al demandante por consiguiente no puede el tribunal A-QUEM inventar una figura jurídica que descalifique el actuar legal de mi defendido el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Educación, la cual dejo claro que la no renovación de los contratos se debe únicamente a la insolvencia para el pago de los salarios del demandante y al término temporal del mismo. La violación de la ley por la Corte de Apelaciones del Trabajo proviene de la falta de apreciación de las pruebas antes mencionadas (Artículos 765 numeral 1° del Código del Trabajo)”. V.- Que el cargo que antecede resulta admisible cumpliendo los requisitos de ley por la técnica casacional estableciendo con claridad y precisión, infracción indirecta de los artículos 26 y 46 inciso b) y 111 numeral 11) del Código de Trabajo, ya que la Corte de Apelaciones del Trabajo Violentó la ley por falta de apreciación. VI.- Que, en el presente caso, la demandante se contrae a pedir el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, salarios dejados de percibir a titulo de daños y perjuicios, aguinaldo, decimocuarto mes pendiente, bono educativo mas costas del juicio; por su parte la demandada, sostiene que rechaza lo alegado por la parte demandante al no existir despido. VII.- Por lo que la contienda se centra en establecer como OBJETO DEL PROCESO si el patrono tuvo justa causa para la terminación de la relación laboral en caso contrario el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales. VIII.- Que las partes propusieron sus medios de prueba en la manera siguiente: PARTE DEMANDANTE: DOCUMENTAL: Consistente en los documentos que corren agregados a folios 5 consistente en el presentado de la demanda; folio 36 oficio No.331-USINIEH-2016; folio 37 acta de cierre de diligencias administrativas emitida por la Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social; folios 38 cálculo de prestaciones de la Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social; folio 39 al 108 los contratos suscritos entre la señora DIOSANA MAVIEL DUBON URQUIA y la Secretaria de Estado en el Despachos Educación todos de la primera pieza de autos.-EXHIBICION DE DOCUMENTOS Practicada a folios 110 acta de la segunda audiencia de trámite y folio 111 el oficio 1960-SFGTHA-2019 todos de la primera pieza de los autos.- PARTE DEMANDADA: DOCUMENTAL: Consistente en el documento que corre agregado a folios 5 consistente en el presentado de la demanda de la primera pieza de los autos, adhiriéndose a las pruebas señaladas por la parte demandante. IX.- Que de los hechos aceptados por las partes y del estudio del material probatorio allegado y practicado en el proceso, resultan acreditados los siguientes extremos: 1) Se constató que la demandante inicio su relación laboral el 01 de junio del 2009 y finalizo el 31 de julio del año 2010, (ver folio 51 al 54 de la primera pieza de los autos); 2) Consta oficio no. 331- USINIEH-2016 de fecha 20 de junio del 2016, en la que se le notifica a los CONSULTORES USINIEH, que su contrato de consultoría en apoyo a la unidad de Sistema Nacional de Información Educativa de Honduras (USINIEH) finaliza según contrato el 30 de junio del 2016, por lo que se le agradece el servicio prestado a esta unidad (ver folio 36 de la primera pieza de los autos); 3) Se constató que devengo en los últimos seis meses de relación la cantidad de L.12,000.00 (ver folio 110 de la primera pieza de los autos); 4) Se constató que se desempeñaba en el cargo de consultora (ver folio 110 de la primera pieza de los autos; 5) Consta contrato de servicios profesionales en el cargo de OFICIAL DE DIGITALIZACIÓN por los siguientes periodos: 01 de julio al 31 de diciembre del 2009 (ver folio 39 al 42 de la primera pieza de los autos); Del 04 de enero al 26 de enero del 2010 (ver folio 43 al 46 de la primera pieza de los autos); Del 01 de enero al 30 de abril del 2010 (ver folio 47 al 50 de la primera pieza de los autos); del 03 de mayo al 31 de julio del 2010 (ver folio 51 al 54 de la primera pieza de los autos); Del 01 de julio al 31 de diciembre del 2013 (ver folio 74 al 82 de la primera pieza de los autos); 6) Consta que la demandante suscribió contratos de consultoría; Del 01 de junio al 30 de junio del 2009 (ver folio 101 de la primera pieza de los autos); del 27 de enero al 30 de junio del 2014 (ver folio 55 al 66 de la primera pieza de los autos); Del 01 de julio al 31 de diciembre del 2014 (ver folio 65 al 73 de la primera pieza de los autos); Del 02 de enero al 30 de junio del 2015 (ver follo 83 al 91 de la primera pieza de los autos); Del 04 de enero al 30 de junio del 2016 ( ver folios 92 al 100 de la primera pieza de los autos); 7) Se constato que a la demandante se le reconoció el pago del decimo tercer y cuarto mes desde el inicio de la relación por lo cual tiene derecho a las mismas; y 8) El acta de cierre de las diligencias administrativas ante la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y seguridad Social. X. Que, si bien existió una relación laboral entre la demandante y la Secretaria de Estado en el Despacho de Educación, la misma tuvo una interrupción desde el último contrato de fecha 03 de mayo al 31 de julio del año 2010, sin que en el proceso se haya acreditado continuidad alguna hasta el siguiente contrato de consultoría de fecha 01 de junio del año 2013 hasta el día que se dio la cancelación, por lo cual la antigüedad que debe tener la señora DIOSANA MAVIEL DUBON URQUIA, se debe contabilizar a partir del 01 de junio del año 2013. XI. Que con base al análisis en su conjunto de todas las pruebas allegadas en tiempo y forma por las partes al proceso, con base a la libre formación del convencimiento, tomando en cuenta los criterios y principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo las circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal observada por las partes, se concluye y estima procedente declarar procedente parcialmente la acción ya que solicitó el pago de aguinaldo, decimo cuarto y bono educativo pendiente, mismos que durante la secuela al juicio no se acredito que no se le hubieran pagado; en cuanto a la prescripción alegada por la demandada no procede ya que realizo las acciones administrativas y judiciales dentro de termino establecido en el artículo 864 del Código de Trabajo, constando en autos que se dio el cierre el 04 de agosto del 2016 e interpuso la demanda al Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán el 14 de septiembre del 2016. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad votos de la Sala de lo Laboral Contencioso-Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 127, 128, 129, 134, 135, 303, 304, 313 atribución 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, 19, 97, 98, 111 numeral, 112.,117, 125, 664, 665, 666 letra c), 738, 739, 778, 858, 868 literal b) y 871 del Código de Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) CASAR PARCIALMENTE la sentencia recurrida y en consecuencia: 2) Declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por DIOSANA MAVIEL DUBON URQUIA Contra el ESTADO DE HONDURAS por medio de su Representante Legal, el Procurador General de la República señor MANUEL ANTONIO GALEAS, en cuanto al: 1) al reconocimiento como empleada permanente desde el inicio de la relación laboral el 01 de junio del año 2013; 2) pago de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones proporcionales, décimo tercer mes proporcional, décimo cuarto mes proporcional, más el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha de despido hasta la fecha en que quede firme el presente fallo; en consecuencia; 3) CONDENA AL DEMANDADO, EL ESTADO DE HONDURAS, a través del Procurador General de la República Abogado MANUEL ANTONIO GALEAS, a lo siguiente: 1) a reconocer como empleada permanente desde el inicio de la relación laboral el 01 de junio del 2013; y 2) A pagar la cantidad de OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON DOCE CENTAVOS (L88,629.12), en concepto de preaviso L28,000.20; Cesantía proporcional L777.78; Décimo Cuarto Mes Proporcional L 11,666.67; Cesantía L42,000.30; Aguinaldo proporcional L5,666.67; Vacaciones proporcionales L518.52; más el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha de despido hasta la fecha en que quede firme el presente fallo; a la señora DIOSANA MAVIEL DUBON URQUIA; 3) Declarando SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por DIOSANA MAVIEL DUBON URQUIA, Contra el ESTADO DE HONDURAS por medio de su Representante Legal, el Procurador General de la República señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en cuanto al pago de bono educativo, décimo tercer mes pendiente, décimo cuarto mes pendiente; en consecuencia, 4) ABSUELVE AL DEMANDADO, EL ESTADO DE HONDURAS, a través del Procurador General de la República, Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, a pagar en concepto de pago de bono educativo, décimo tercer mes pendiente, décimo cuarto mes pendiente, a la señora DIOSANA MAVIEL DUBON URQUIA; 5) Declarar SIN LUGAR la EXCEPCION PERENTORIA DE PRESCRIPCION planteada por la parte demandada; 6) Declarar SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. ROY PINEDA CASTRO, COORDINADOR, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta y un días del mes octubre del dos mil veintitrés; certificación de la sentencia de fecha doce de septiembre del dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL350-2022. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.