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Sentencia CL-347-22 — Registro 19020

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar la demanda para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales y a título de daños y perjuicios el pago de salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que con sujeción a las normas procesales quede firme la sentencia condenatoria, en virtud de haber sido víctima de un despido verbal, se denuncia coacción a efecto de que firmara documentos tales como renuncia y/o acuerdo de terminación por mutuo consentimiento renunciando al pago de sus indemnizaciones laborales, así como tratos ofensivos a la dignidad e intimidatorios al proferir frases injuriosas en su contra y anunciarle que de no acceder a tal coacción seria colocada en una lista negra a efecto de no volver a conseguir un empleo, reconocimiento de pago compensatorio por daño moral

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."El motivo de casación que antecede no es admisible por las siguientes razones: en la formulación de su cargo establece que se trata de una violación directa de las normas de derecho empleadas para la solución del asunto; sin embargo, en la explicación de su motivo establece circunstancias en las que se requiere la revisión de los medios probatorios aportados al juicio, lo cual no es procedente en el tipo de violación directa que está estableciendo como motivo de casación. Adicionalmente, se procedió al estudio de la sentencia impugnada, concluyendo que el fallo fue emitido conforme a los derechos y garantías procesales, por lo que no hay incongruencia en lo resuelto, debido a que el ad-quem procedió a resolver conforme a los planteamientos de despido directo y justificado establecidos en juicio por una de las partes procesales."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765 numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."El motivo de casación que antecede no es admisible por las razones siguientes: Para que se configure la violación de la ley por error de hecho en la apreciación de las pruebas, son necesarios los siguientes requisitos: A) Debe existir una falta de apreciación de la prueba o una deficiente apreciación de la misma y debe singularizarse; B) Esa apreciación debe ser originada por un error de hecho, es decir, respecto de la prueba aportada en sí misma y no con relación a las normas de Derecho; C) Ese error de hecho debe generar como consecuencia obligada y necesaria la violación de la ley sustantiva; D) El error de hecho expresado, debe ser manifiesto, es decir, que aparezca en pugna con la evidencia demostrada por la prueba de que se trate, como ocurriría si en la sentencia se admite por probado un hecho que en realidad no está demostrado o al contrario; y E) Debe indicar las normas procesales que sirvieron de medio para la violación. Por lo anterior, la explicación del motivo de casación no logra comprobar fehacientemente la legalidad y pertinencia de las pruebas enumeradas, extendiéndose en alegatos de instancia los cuales no son propios en este tipo de recurso. "...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."El motivo de casación que antecede no es admisible debido a que el Censor realiza extensos alegatos de instancia en los que establece medios de prueba que efectivamente fueron valorados en la sentencia emitida por el Ad quem con la salvedad, que dicha valoración no es la perseguida por el Recurrente. No obstante, la fundamentación utilizada por el ad quem cumple con los requisitos legales, así como con los principios científicos que informan la crítica de la prueba, estableciendo cuáles medios probatorios fueron determinantes y cuáles medios probatorios no le merecieron acreditación alguna."....

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veintiún días del mes de septiembre de dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 13 de abril del 2023, por la Abogada Diana Melissa Pineda Salgado, en su condición de representante procesal de la sociedad Alcance S.A. de C.V., como recurrente; además, es parte recurrida, la señora Gloria Yamileth Martínez Green, representada en juicio por el Abogado Fernando Puerto Castro. OBJETO DEL PROCESO: Demanda Ordinaria Laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales y a título de daños y perjuicios el pago de salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que con sujeción a las normas procesales quede firme la sentencia condenatoria, en virtud de haber sido víctima de un despido verbal, se denuncia coacción a efecto de que firmara documentos tales como renuncia y/o acuerdo de terminación por mutuo consentimiento renunciando al pago de sus indemnizaciones laborales, así como tratos ofensivos a la dignidad e intimidatorios al proferir frases injuriosas en su contra y anunciarle que de no acceder a tal coacción seria colocada en una lista negra a efecto de no volver a conseguir un empleo, reconocimiento de pago compensatorio por daño moral, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 3 de julio del 2015, por la señora Gloria Yamileth Martínez Green, mayor de edad, Ingeniera Industrial, casada, hondureña, de este domicilio, contra la sociedad Alcance S.A. de C.V., por medio del Presidente del Consejo de Administración el señor Salomón Antonio Barjum Segebre. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 04 de abril del 2022, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: 1).- Declarando CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado DANIEL ALEXANDER ORTIZ contra la sentencia definitiva de fecha diecinueve de junio de dos mil dieciocho, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán; 2).- REFORMANDO la sentencia definitiva de fecha diecinueve de junio de dos mil dieciocho en el sentido siguiente: 1.- REVOCAR los numerales 2 y 3 de la parte resolutiva del fallo apelado, los cuales deberán leerse de la siguiente manera: "2) DECLARAR CON LUGAR la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, pago de salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que sea firme la presente sentencia condenatoria en virtud de despido verbal, se denuncia coacción a efecto que firmara documentos como renuncia y/o acuerdo de terminación de la relación laboral renunciando al pago de mis indemnizaciones laborales, tratos ofensivos e intimidatorias al proferir frases injuriosas y anunciarme que en caso de no acceder, se me colocaría en una lista negra a efecto de no conseguir empleo, pago compensatorio por daño moral promovida por la señora GLORIA YAMILETH MARTINEZ GREEN contra la sociedad ALCANCE S.A representada por su presidente del Consejo de Administración SALOMÓN ANTONIO BARJUM. 3) CONDENAR a la sociedad ALCANCE S.A representada por su presidente del Consejo de Administración SALOMÓN ANTONIO BARJUM al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales que comprenden los conceptos siguientes Preaviso: Lps. 43,633.32; Auxilio de cesantía: Lps. 165,449.98; Auxilio de cesantía proporcional: Lps. 1,818.05, más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido 8 de mayo de 2015, hasta que sea firme la sentencia condenatoria".- 3).- CONFIRMANDO los numerales 1, 4, 5 y 6 de la sentencia apelada.- 4).- SIN COSTAS…”. ANTECEDENTES DE HECHO. 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción que comenzó a trabajar para la empresa Alcance S.A. de C.V., en fecha 9 de abril del 2012, ocupando como último puesto el de Oficial de Negocios, devengando durante los últimos seis meses un salario promedio mensual de L.21,816.66; en fecha 8 de mayo del 2015 fue despedida de forma verbal por el Asesor de Recursos Humanos quien le informó de esa misma forma que el Comité de Ética había tomado la determinación de prescindir de sus servicios a consecuencia de una supuesta falta que había cometido, misma que fue totalmente infundada y por consiguiente nunca llegó a ser demostrada; durante se desempeñó en dicha institución desarrolló sus actividades eficientemente sin tener ningún tipo de problema, al grado que siempre realizó su trabajo con la mayor eficiencia y esmero, lo que motivó que de manera constante se le hiciera acreedora a las comisiones reconocidas como estipendio por el cumplimiento de metas, siempre mantuvo un historial disciplinario limpio durante la vigencia del Contrato de Trabajo, sin haber sido objeto de sanciones o acciones disciplinarias tendientes a corregir incumplimientos relacionadas con el desempeño de funciones; en virtud de la acción de despido verbal expuesta tal situación se originó el día 6 de mayo del 2015, fecha en la que fue llamada a una Audiencia de Descargos en cuya citación se le imputaba una supuesta falta describiendo la misma como incumplimiento al Contrato de Trabajo al dedicarse a labores ajenas a la empresa durante su horario de trabajo; a consecuencia de lo anterior, al leer dicha citación se percató que se le estaba restringiendo y negando el Derecho Constitucional a la Defensa, al no invocar con claridad la supuesta falta por la que debía formular sus descargos, en qué consistía el incumplimiento, cuáles eran las supuestas labores ajenas que desarrollaba, por lo que procedió a enviar un correo electrónico a la Sub Gerente de Adquirencia, a quien solicitó más información pidiéndole indicar a que se referían con tal imputación, ya que no podría suponer o adivinar sobre algo que no estaba siendo especificado, correo que no fue atendido por la persona que le citó a la Audiencia de Descargos; fue así que aun sabiendo que se le estaba negando ese derecho acudió a dicha audiencia y fue durante el desarrollo de la misma que se dio cuenta que el empleador había orquestado una acción infundada con el propósito que declarara situaciones falsas en perjuicio de la persona que fungía como su Jefe Inmediato, en condición de Jefa de Afiliación y además que también aceptara como ciertas otras imputaciones que se le estaban efectuando sin que las mismas hubieran sido especificadas en la citación de mérito; en la audiencia se le informó que la falta por la cual debía responder era porque supuestamente su Jefe inmediato le había encomendado vender bienes raíces de su propiedad y que con ello se estaba dedicando a la correduría de estos bienes; extremo que aclara suficientemente en la audiencia, manifestando que no era cierto que estuviera realizando actividades extra laborales durante su jornada de trabajo y que tampoco era cierto que se le hubiese encomendado la venta de bienes raíces, ya que lo único que podía reconocer era el hecho de haber publicado en su cuenta de Facebook durante su tiempo libre que un amigo que se encontraba fuera del país tenía en venta su casa, y que si alguien estaba interesado lo podía expresar a través de esa misma vía, para ponerlo en contacto con el propietario, al manifestar lo anterior el Abogado de la demandada al no obtener las respuestas que esperaba, perdió el control y comenzó a proferir frases injuriosas en su contra llamándole mentirosa en reiteradas ocasiones durante la audiencia de descargos; continua explicando que solo recibió un mensaje de interés con relación a la venta de la casa, mediante el cual un interesado le pedía cita para ver la casa, a quien le informó que debido a que laboraba, su hermana era la persona con quien debía contactarse, informándole que se le podría mostrar la casa a las 10:00 a.m. del día 29 de abril del 2015, cita a la que según le informara su hermana nadie se presentó y después dentro de la audiencia de descargos saliera a relucir que el mensaje de interés había sido enviado por personal de Recursos Humanos con el propósito que incurriera en la pretendida falta al ir a mostrar la casa durante su jornada de trabajo, cosa que nunca ocurrió, lo cual terminó siendo una acción frustrada para lo que pretendían; en fecha 8 de mayo del 2015, una vez que le llamaran de nuevo a las oficinas de Recursos Humanos, se le informó que el Comité de Ética había tomado la determinación de prescindir de sus servicios por haber cometido una falta grave, pero sin entregarle una nota de despido como suele suceder cuando se ha demostrado la comisión de una falta, sino que de manera extraña le dieron la supuesta oportunidad que renunciara para salir dignamente de la empresa, y al rechazar dicha oportunidad, el Abogado de la parte demandada comenzó a insistir fervientemente que firmara la renuncia pre elaborada que puso a la vista encima del escritorio, ante dicha acción se mantuvo firme en no renunciar porque no había cometido ninguna falta, además que necesitaba el trabajo, por lo que varió en su propósito y pasó a proponerle un acuerdo de terminación de la relación de trabajo por mutuo consentimiento, mediante el cual la empresa le iba a reconocer el pago de los derechos adquiridos, pero renunciando a sus indemnizaciones laborales, propuesta que también rechazo basándose en la misma creencia de no merecer la pérdida de su trabajo por no haber cometido ninguna falta, siendo esto detonante para que el Abogado desatara una serie de coacciones y advertencias en su contra sobre las consecuencias que tendría el no acceder a lo que le estaba solicitando, diciéndole entre otras cosas frases las siguientes “si usted no firma la renuncia o el acuerdo de terminación, aquí nos vamos a encargar de que usted no consiga otro trabajo porque vamos a decir que fue despedida por actos reñidos con la ética; acuérdese que tiene una niña pequeña que necesita leche y comida; si usted se atreve a demandarnos nosotros nos vamos a ir hasta las últimas instancias y eso dura por lo menos cinco años en los que no va a ver ni un tan solo cinco; cada vez que llamen pidiendo referencias de usted diremos que no tiene ética y que incumplió su Contrato de Trabajo y con eso le aseguro que nadie querrá contratarla”; al término de más de hora y media de estar coaccionándole y amenazándole, utilizando todo tipo de tácticas intimidatorias, ofendiéndole como trabajadora, madre de familia y mujer, al ver frustrado su propósito de hacerle renunciar a su puesto de trabajo, le manifestó que a partir de ese momento quedaba despedida y procedió a quitarle su carne de identificación, pase de acceso a las áreas de trabajo, carne de Seguro Médico Hospitalario. Extremos que fueron puestos en conocimiento de la autoridad, a través de la Inspectoría General del Trabajo el 11 de mayo del 2015, fecha en la cual solicitó los oficios de un Inspector de Trabajo y en fecha 12 de mayo del 2015 acudió a las oficinas del empleador, sin embargo una vez que se enteraron de su presencia fue denegado el ingreso y no accedieron atender al Inspector de Trabajo que le acompañaba, limitándose a pedirle que dejara una citación para atender posteriormente su reclamo; a pesar de haber dejado dicha citación, se presentó una persona solicitando que se suspendiera la audiencia en virtud que el Abogado de la empresa no podía asistir debido a un inconveniente y que la misma se reprogramara para el 14 de mayo del 2015, sin embargo llegado ese día, de igual manera se presentó el Abogado de la empresa y solicitó nuevamente la suspensión de la audiencia con el supuesto fin de investigar a mayor profundidad su situación laboral argumentando no tener mayor información al respecto en virtud de lo cual se reprogramó la audiencia para poder evacuar el reclamo de manera definitiva el 18 de mayo de 2015 fecha en la que no acudió de manera formal para referirse al reclamo laboral, simplemente se limitó a comunicar al Inspector de Trabajo que conocía del mismo que ya no atendería su caso; levantándose las Actas e Informes correspondientes, inclusive el Inspector de Trabajo solicitó la aplicación de una sanción pecuniaria a la empresa, por haber obstaculizado su labor y haciendo constar en su informe. Finalmente expresó que cuando ha acudido a potenciales empleadores y se solicitan sus referencias laborales, han informado que fue despedida por falta de ética laboral, lo que le ha restringido y violentado su garantía constitucional del Derecho al Trabajo y por consiguiente el principio de Indemnidad, en virtud de lo cual sumado a las prestaciones e indemnizaciones laborales es procedente el reconocimiento de una suma compensatoria por el Daño Moral causado. 2. La parte demandada, la sociedad ALCANCE S.A. DE C.V., contestó dicha demanda señalando que el despido fue realizado de forma legal y por escrito, pero la demandante se negó a recibir dicha notificación, terminación laboral motivada por las razones siguientes, incumplir la exclusividad pactada ya que estaba realizando trabajos de venta de casas de una constructora en la Colonia El Trapiche; en su jornada laboral atendía clientes para la venta de la casa, así como también promocionaba la venta de la misma propiedad de una Constructora del señor Romel Chinchilla, a tal grado que había dado su número de teléfono e hizo publicaciones en el periódico, durante su jornada de trabajo, pero siempre cobraba su salario, grave incumplimiento a la declaración de Ética y política de conflicto de interés, al haber utilizado los recursos proporcionados por la empresa para la comercialización de bienes inmuebles que según su propia declaración eran propiedad de la familia de su jefe inmediato, de igual manera reconoció tener un acuerdo comercial al menos con un familiar de su jefe inmediato, que incluía una remuneración de pago por comisión, de acuerdo a las gestiones de promoción de los inmuebles, lo que constituye una violación grave al Contrato Individual de Trabajo que establece que su servicio es exclusivo y que prohíbe prestar servicios a terceras personas; la actividad de comercialización del inmueble realizada concertó y asistió a una cita para exhibir el inmueble en fecha 29 de abril del 2015, asimismo en fecha 28 de enero, 13 de abril y 4 de mayo del 2015 mantuvo comunicaciones por correo electrónico, con su jefe inmediato que trataban sobre el bien inmueble, hacer uso de las herramientas proporcionadas por la empresa para fines distintos al cual están destinados, al haber enviado y recibido correos electrónicos con una persona ajena a la empresa, relacionados a la comercialización de un inmueble, propiedad de un familiar suyo, correos enviados en fecha 28 de enero, 13 de abril y 4 de mayo del 2015, en fecha 7 de mayo del 2015, se le escucho en audiencia de descargos habiendo reconocido los hechos y no habiendo desvirtuado las faltas descritas. Como se podrá observar de la lectura de la nota de despido se desprende que el patrono tuvo causa justa para despedir a la demandante, ya que no sólo falto a la exclusividad en su trabajo, sino que además en horas hábiles y tiempo en el cual debía estar dedicado para la empresa ofrecía productos para otra empresa, en tiempo dentro de la jornada de trabajo realizaba otras actividades, pero siempre cobraba como que había trabajado la jornada completa, de la lectura de la audiencia de descargos se desprende que la demandante aceptó la falta cometida en la cual expresó de forma directa que efectivamente estaba vendiendo casas y que le iban a pagar una comisión, además hizo publicaciones en diarios que además ponía a la disposición su teléfono, por ende después de haber seguido todo el procedimiento y haber tenido causal de despido la empresa vaya a pretender despedir de forma verbal, si también tenía suficientes pruebas para probar la causal. 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 19 de junio del 2018, dictó sentencia, que en su parte resolutiva dice: “FALLA: 1) DECLARAR SIN LUGAR EL INCIDENTE DE TACHAS opuesta por la representante de la parte demandada; 2) DECLARA SIN LUGAR DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES, PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE LA FECHA DEL DESPIDO HASTA QUE SEA FIRME LA PRESENTE SENTENCIA CONDENATORIA EN VIRTUD DE DESPIDO VERBAL. SE DENUNCIA COACCION A EFECTO QUE FIRMARA DOCUMENTOS COMO RENUNCIA Y/O ACUERDO DE TERMINACION DE LA RELACION LABORAL RENUNCIANDO AL PAGO DE MIS INDEMINIZACIONES LABORALES, TRATOS OFENSIVOS E INTIMIDATORIAS AL PROFERIR FRASES INJURIOSAS Y ANUNCIARME QUE EN CASO DE NO ACCEDER, SE ME COLOCARIA EN UNA LISTA NEGRA A EFECTO DE NO CONSEGUIR EMPLEO, PAGO COMPENSATORIO POR DAÑO MORAL promovida por la señora GLORIA YAMILETH MARTINEZ GREEN contra LA SOCIEDAD ALCANCE S.A. representada por su presidente del Consejo de Administración SALOMÓN ANTONIO BARJUM. 3) ABSUELVE: A LA SOCIEDAD ALCANCE S.A. representada por su presidente del Consejo de Administración SALOMÓN ANTONIO BARJUM del pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales solicitadas; 4) DECLARA CON LUGAR DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS promovida por la señora GLORIA YAMILETH MARTINEZ GREEN contra LA SOCIEDAD ALCANCE S.A. representada por su presidente del Consejo de Administración SALOMÓN ANTONIO BARJUM. 5) CONDENA: A LA SOCIEDAD ALCANCE S.A. representada por su presidente del Consejo de Administración SALOMÓN ANTONIO BARJUM a pagar la cantidad de CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS (L.42,268.56) desglosados en los siguientes conceptos: DECIMO TERCER MES PROPORCIONAL: L.6,603.41 DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL L.15,889.46 VACACIONES PROPORCIONALES: L.1,203.73 VACACIONES PENDIENTES L.18,571.96; 6) SIN COSTAS”. Bajo el criterio que con los medios de prueba aportados al juicio no se ha probado el despido verbal alegado, tampoco se probó la coacción y existencia de una nota de renuncia o terminación de la relación laboral por mutuo acuerdo, por ser los medios de prueba insuficientes para formar el convencimiento ya que con las actas levantadas por la Inspectoría del trabajo no se constató el despido verbal, constando únicamente declaraciones unilaterales de las reclamantes por lo que no se les da valor probatorio, asimismo en cuanto a lo declarado por la testigo Dinora Roxana Chinchilla López, manifestó no ser testigo presencial siendo que lo que se denuncia es un despido verbal, y era necesario que el testigo tuviera conocimiento directo de los hechos y no por referencias, contrario sensu la suscrita tiene por probada la justa causa que motivo al empleador para dar por terminado el Contrato de Trabajo convencimiento que se desprende de la declaraciones vertidas por los testigos señores Fernando Mejia y Kevin Duron, y con el medio de prueba documental consistente en la audiencia de descargo en donde la demandante acepta la causa imputada, ratifican la constatación del número de celular de la demandante y las publicaciones realizadas en el Diario El Heraldo; en cuanto al alegato de violación al derecho de defensa, en la citación a la audiencia de descargo, no se ha violentado el mismo tal como se puede observar en la lectura del acta de audiencia de descargo en donde la demandante estaba clara acerca del hecho que se le imputaba, asimismo en relación a la existencia de la nota de despido inspira el convencimiento la realización de citación y acta de audiencia de descargo celebrados a la demandante, lo que resultaría improcedente sino fuera aplicarse una sanción en este caso el despido; ratificando la señora Gloria Sagastume y Fernando Mejía que firmaron al pie de la nota el hecho que la demandante no quiso recibir la nota de despido; el artículo 112 del Código de Trabajo señala las justas causas que facultan al empleador a dar por terminado el Contrato de Trabajo en forma unilateral y sin responsabilidad cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al trabajador, de acuerdo con los artículos 97 y 98 o cualquier falta grave calificada como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentos, siempre que el hecho este debidamente comprobado y que en la aplicación de la sanción se observe el respectivo procedimiento reglamentario o convencional; se encuentra debidamente probado que la demandante violentó lo establecido en el artículo 64 numeral 3), 10), 17) y 28) sobre las prohibiciones de los trabajadores y del Reglamento Interno de Trabajo; en la litis la parte demandada ha probado la justa causa en la que basó el despido, por lo que corresponde declarar Sin Lugar la demanda en cuanto al pago de preaviso, auxilio de cesantía y salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios; la parte actora también solicita el décimo tercer y décimo cuarto mes de salario proporcional, vacaciones pendientes y proporcionales a la fecha de terminación de la relación laboral pretensión que corresponde declarar Con Lugar, ya que la parte demandada no probó haberlos satisfecho según la prueba vertida en el expediente de mérito, existiendo línea jurisprudencial que los derechos adquiridos, forman parte del patrimonio del trabajador, y por ende deben ser cancelados a favor de éste independientemente de la forma en que termine la relación laboral; sobre el pago compensatorio por daño moral tal pretensión no es de su competencia según lo establece el artículo 665 del Código del Trabajo, por lo que la declara Sin Lugar; Sin Costas. 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 4 de abril del 2022, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: 1).- Declarando CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado DANIEL ALEXANDER ORTIZ contra la sentencia definitiva de fecha diecinueve de junio de dos mil dieciocho, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán; 2).- REFORMANDO la sentencia definitiva de fecha diecinueve de junio de dos mil dieciocho en el sentido siguiente: 1.- REVOCAR los numerales 2 y 3 de la parte resolutiva del fallo apelado, los cuales deberán leerse de la siguiente manera: "2) DECLARAR CON LUGAR la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, pago de salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que sea firme la presente sentencia condenatoria en virtud de despido verbal, se denuncia coacción a efecto que firmara documentos como renuncia y/o acuerdo de terminación de la relación laboral renunciando al pago de mis indemnizaciones laborales, tratos ofensivos e intimidatorias al proferir frases injuriosas y anunciarme que en caso de no acceder, se me colocaría en una lista negra a efecto de no conseguir empleo, pago compensatorio por daño moral promovida por la señora GLORIA YAMILETH MARTINEZ GREEN contra la sociedad ALCANCE S.A representada por su presidente del Consejo de Administración SALOMÓN ANTONIO BARJUM. 3) CONDENAR a la sociedad ALCANCE S.A representada por su presidente del Consejo de Administración SALOMÓN ANTONIO BARJUM al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales que comprenden los conceptos siguientes Preaviso: Lps. 43,633.32; Auxilio de cesantía: Lps. 165,449.98; Auxilio de cesantía proporcional: Lps. 1,818.05, más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido 8 de mayo de 2015, hasta que sea firme la sentencia condenatoria".- 3).- CONFIRMANDO los numerales 1, 4, 5 y 6 de la sentencia apelada.- 4).- SIN COSTAS…”. Bajo el criterio que el informe rendido por la Sub Gerente de Adquirencia, mismo que detalla haber revisado el correo electrónico gloria.martinez@alcance.hn, dirección electrónica asignada por la parte demandada a la demandante, violentando el derecho constitucional que tienen todos los hondureños al secreto de las comunicaciones consagrado en el artículo 100 de la Constitución de la República, aún y cuando esa dirección de correo electrónico sea asignado por la empresa demandada, quien no tiene derecho alguno de acceder sin autorización judicial a dicha información, motivo por el cual no se le da credibilidad alguna a dicho informe; en relación a la prueba testifical ofertada por la parte demandada, señora Gloria Aria Sagastume Turcios, esta declaración lo único que prueba es la forma en que fuera despedida la demandante y que el despido se dio por el informe rendido por la Sub Gerente de Adquirencia; en relación al testigo Fernando Javier Mejia, este basa su testimonio en el mismo informe señalado, y que la demandante se dedicaba a labores externas a sus funciones al promover la venta de bienes inmuebles en horario de oficina, y que dichas ventas las hacia mediante anuncios en un diario escrito y que su labor fue investigar dicha denuncia, pero no especifica de qué manera investigó dichas denuncias, razón por la cual no merece credibilidad por tratarse de un testigo que a todas luces demuestra interés en el juicio, asimismo, la testigo Rebeca Verhelst Will, es la autora del informe en que se basó el despido, el cual no tiene ninguna validez porque el mismo se dio violentando garantías constitucionales; la declaración del testigo Kevin Omar Duron Ulloa es una declaración ambigua pues no detalla si la demandante era la persona que promocionaba los inmuebles en venta, solo se limita a decir que la conoció por una fotografía que le proporcionó el señor Fernando Mejía y que tuvo contacto con la demandante vía WhatsApp; por lo anteriormente descrito no le da credibilidad alguna a tales declaraciones testificales, ya que las mismas son fundadas en violación a derechos constitucionales; la parte demandada fundó el despido directo en base a un Reglamento Interno de Trabajo ajeno a la empresa demandada, es decir que lo hizo en base al Reglamento de Banco FICOHSA y no de Alcance, S.A., empresa demandada, razón por la cual no se puede fundamentar el despido en un Reglamento inexistente, además la parte demandada no ha probado en juicio que se haya dedicado a labores que por su naturaleza no son las que le había encomendado, no existe prueba alguna que así lo determine; lo que vuelve el despido ilegal e injustificado. 5. Mediante auto de fecha 25 de julio del 2022, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada Diana Melissa Pineda Salgado, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil denominada Alcance S.A. de C.V., contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha 13 de abril del 2023, compareció ante este Tribunal la Abogada Diana Melissa Pineda Salgado, formalizando su demanda, exponiendo cuatro motivos de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de fecha 13 de abril del 2023, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 9 de agosto del 2023 se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por el Abogado Fernando Puerto Castro, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado Roy Pineda Castro, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I. La finalidad del recurso de casación es la unificación de la jurisprudencia nacional tal como lo establece el artículo 764 primer párrafo del Código de Trabajo, no constituye una tercera instancia que permita un discurso atropellado, alegaciones extensas y argumentos desordenados. Por ello este Tribunal, afincado al sistema constitucional y legal y adoptando una cultura de respeto y cumplimiento a los tratados y convenios internacionales suscritos por el País, tiene dicho que la demanda de casación está sometida a un conjunto de formalidades para que sea atendible. Se ha establecido también que esos precisos requerimientos de técnica, más que un culto a la formalidad son supuestos esenciales de la racionalidad del recurso de casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice. II. La demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. III. Que la Abogada Diana Melissa Pineda Salgado, en su condición de Representante Procesal de la sociedad mercantil denominada Alcance S.A. de C.V., en su primer motivo de casación alega: “EXPRESION DE LOS MOTIVOS DE CASACION PRIMER MOTIVO: Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley Sustantiva Nacional en Violación Directa proveniente de la FALTA DE APLICACION del artículo 117 del código del Trabajo, en relación con el artículo 114 del Código de Trabajo Vigente. NORMA SUSTANTIVA: La norma Sustantiva violada es el artículo 117 del código del Trabajo, en relación con el artículo 114 del Código de Trabajo Vigente en relación con los artículos 208 del código Procesal Civil en aplicación supletoria por disposición del artículo 858 del Código del Trabajo y 90 de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACION DEL MOTIVO: La Corte de Apelaciones, al reformar parcialmente el fallo dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, incurrió en violación directa dejando de aplicar las normas sustantivas contenidas en el artículo 117 del Código del Trabajo Vigente, que dispone: "La parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo debe dar el preaviso por escrito, personalmente a la otra parte, pero si el contrato es verbal puede darlo de palabra ante dos testigos, con expresión de la causa o motivo que la mueve a tomar esa determinación. Después no podrá alegar válidamente causales o motivos distintos.", en relación con el artículo 114 del Código de Trabajo "... Artículo 114." Son causas justas que facultan al trabajador para dar por terminado el contrato de trabajo, sin preaviso y sin responsabilidad de su parte, conservando el derecho a las prestaciones e indemnizaciones legales, como en el caso de despido injusto:..." es decir, la normativa antes transcrita regula la obligación a las partes de notificar la terminación del contrato de trabajo, en el presente caso, la parte demandante al haber establecido su acción ha delimitado la causa pretendi, integrado por el conjunto de hechos que, subsumidos en lo dispuesto en normas jurídicas, otorgan al actor el derecho que trata de hacer valer ante los tribunales o ante cualquier instancia, tal es el caso de reclamar pago de prestaciones e indemnizaciones laborales producto de un despido verbal, pretensión argüida a la cual le atañen criterios propios y que imperativamente exigen al actor aportar la carga probatoria, para que el Juzgador en fundamento de la ratio decidendi como el razonamiento normativo que el juez aplica en un caso determinado para fundamentar la resolución, pero siempre conforme a las pretensiones oportunamente deducidas. De haber aplicado la norma sustantiva indicada como violada, la Corte Sentenciadora hubiese arribado al convencimiento que el actor o demandante pretendió argumentar motivos distintos de terminación de la relación, mismos que tratándose de despido verbal no demostró, incumpliendo con éste precepto legal indicado y también con la norma relacionada al no tener causa o motivo. La Corte viola directamente la norma indicada al omitir el pronunciamiento esgrimido por el Tribunal Supremo de Justicia en ésta misma causa mediante sentencia de casación que decreta la nulidad de lo actuado fundando su decisión en que "La falta de congruencia en las pretensiones planteadas, en la presente causa, la demandante ha entablado su acción por despido verbal, proceso al cual le atañen criterios propios para dicha figura, debiendo probar su pretensión.- considerando la falta de congruencia una disparidad entre lo pedido y lo resuelto, en el sentido que la decisión que tome el Juez no es la voluntad de las partes, sino al estricto convencimiento del derecho tutelado" Las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. El vicio de incongruencia, es el desajuste entre el fallo judicial y los términos en los que las partes han formulado la pretensión o pretensiones que constituyen el objeto del proceso. El juicio sobre la congruencia de la resolución judicial precisa de la confrontación entre su parte dispositiva y el objeto del proceso, delimitado por sus elementos subjetivos - (partes) y objetivos (causa de pedir y petitum). Es por esta razón que, sin lugar a duda la situación jurídica regulada que no fue aplicada en la sentencia que se recurre violándose directamente la ley. Por lo expuesto procede la admisión del motivo y casar parcialmente la sentencia impugnada”. IV. El motivo de casación que antecede no es admisible por las siguientes razones: en la formulación de su cargo establece que se trata de una violación directa de las normas de derecho empleadas para la solución del asunto; sin embargo, en la explicación de su motivo establece circunstancias en las que se requiere la revisión de los medios probatorios aportados al juicio, lo cual no es procedente en el tipo de violación directa que está estableciendo como motivo de casación. Adicionalmente, se procedió al estudio de la sentencia impugnada, concluyendo que el fallo fue emitido conforme a los derechos y garantías procesales, por lo que no hay incongruencia en lo resuelto, debido a que el ad-quem procedió a resolver conforme a los planteamientos de despido directo y justificado establecidos en juicio por una de las partes procesales. V. En un segundo motivo de casación, el Censor establece lo siguiente: “SEGUNDO MOTIVO: Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley Sustantiva Nacional en Infracción Indirecta proveniente de error de hecho por la APRECIACION ERRONEA de la Prueba documental propuesta y admitida a la parte demandante y demandada relacionada con los documentos INFORME DE REVISION INTERNA rendido por la Sub Gerencia de Adquirencia de la sociedad mercantil ALCANCE S.A, contenido a folio 77-79 de la primera pieza; correos electrónicos que corren a folios 80-91 y 92-101 de la primera pieza de los autos; en relación con la prueba en su conjunto, que hizo incurrir en error de hecho que aparece de manifiesto en los autos y que lo llevo en forma indirecta a la violación de los artículos 112 letra 1) del Código de Trabajo, en relación a los artículos 97 y 98 numeral 7) del Código del Trabajo, a su vez en relación a los artículos 738 y 739 del mismo Código de Trabajo. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las Normas Procesales que sirvieron de medio para la violación de las Normas Sustantivas señaladas están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. NORMA SUSTANTIVA: La norma sustantiva que se estima violada son los artículos 112 letra l) del Código de Trabajo, en relación a los artículos 97 y 98 numeral 7) del Código del Trabajo, a su vez en relación a los artículos 738 y 739 del mismo Código de Trabajo. SINGULARIZACION DE LA PRUEBA.- La prueba APRECIADA ERRONEAMENTE es la contenida en los medios probatorios aportados por las partes consistentes en: INFORME DE REVISION INTERNA rendido por la Sub Gerencia de Adquirencia de la sociedad mercantil ALCANCE S.A. (F-77-79) y correos electrónicos (F- 80-91 y 92-101), todos ellos en relación con la prueba en su conjunto, particularmente con el medio de prueba Código de Ética (F 00) de la Empresa y audiencia (acta) de descargos (F 38-42). PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero párrafo segundo del Código del Trabajo Vigente. EXPLICACION DEL MOTIVO: La Corte de Apelaciones, al reformar parcialmente el fallo dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, incurrió en error de hecho, al apreciar erróneamente los medios de prueba documentales antes singularizados, lo que le hizo incurrir en ERROR DE HECHO que aparece de manifiesto en los autos y que lo llevo en forma indirecta a la violación de los artículos 112 letra l) del Código de Trabajo, en relación a los artículos 97 y 98 del Código del Trabajo, a su vez en relación a los artículos 738 y 739 del mismo Código de Trabajo. La Corte recurrida APRECIA ERRONEAMENTE dicha prueba según se observa en su fallo, al establecer que, "CONSIDERANDO (10) Que a folios 77 al 91 de la primera pieza de autos se encuentra un informe de revisión interna dirigida a la Licenciada GLORIA MARIA SAGASTUME Sub Gerente de Relaciones laborales de Recursos Humanos de ALCANCE S.A., en la cual se detalla que se ha revisado el correo electrónico gloria.martinez@alcance.hn, dirección electrónica asignada por la parte demandada a la señora GLORIA YAMILETH MARTINEZ GREEN; en la cual se especifican distintos correos electrónicos enviados por la demandante.- Al respecto, este Tribunal de Alzada considera que tal informe rendido por la señora Rebeca Verhelst Will como sub gerente de Adquirencia de ALCANCE, S.A. viola el derecho constitucional que tienen todos los hondureños del secreto de las comunicaciones consagrado en el artículo 100 de la Constitución de la República; aún y cuando esa dirección de correo electrónico sea asignado por la empresa demandada, quien no tiene derecho alguno a acceder sin autorización judicial a dicha información motivo por el cual no se le da credibilidad alguna a dicho informe", ya que el Código del Trabajo en su artículo 98 numeral 7, dispone: "Se prohíbe a los trabajadores: Usar los útiles o herramientas suministrados por el patrono para objeto distinto de aquél a que están normalmente destinados". Por otro lado el artículo 112 letra 1) del Código del Trabajo preceptúa que son causas justas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo, sin responsabilidad de su parte, cualquier violación grave de la obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al trabajo, de acuerdo al artículo 97 y 98 o cualquier falta grave calificada como tal de conformidad a la Ley, particularmente el Código de Trabajo. La Honorable Corte Suprema de Justicia mediante sentencia definitiva emitida en el recurso extraordinario de Casación de fecha 7 de mayo de 2013, en el expediente registrado bajo el número CL-311-11, establece: "Que analizada la prueba de la misma se desprende que la parte demandada tuvo justa causa para despedir a los demandados, pues el Código del Trabajo en su artículo 98 numeral 7, dispone: "Se prohíbe a los trabajadores: Usar los útiles o herramientas suministrados por el patrono para objeto distinto de aquél a que están normalmente destinados". Por otro lado el artículo 112 letra l) del Código del Trabajo preceptúa que son causas justas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo, sin responsabilidad de su parte, cualquier violación grave de la obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al trabajo, de acuerdo al artículo 97 y 98 o cualquier falta grave calificada como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentos, siempre que el hecho esté debidamente comprobado y que en la aplicación de la sanción se observe el respectivo procedimiento reglamentario o convencional. Mediante la prueba presentada y evacuada oportunamente por la parte demandada se acredita que efectivamente la misma estaba autorizada para acceder, auditar y revisar las herramientas de trabajo (ordenadores) de la empresa, que los demandados utilizaron dicha herramientas de trabajo proporcionados por la Empresa, para fines distintos del negocio de la empresa y que los mismos tenían conocimiento, que el enviar y recibir material pornográfico no era parte de su actividad laboral y menos relacionado con el giro de la demandada, por ende resulta justa la causa invocada por la empresa para dar por terminada la relación de trabajo sin responsabilidad para la misma. Por otro lado el artículo 25 del Reglamento de Trabajo (tomo IV) en su tercer párrafo hace referencia a las infracciones graves de las leyes laborales, debiendo entenderse que la falta cometida por los trabajadores, de conformidad a las disposiciones anteriormente precitadas resultan ser de esa naturaleza. Que el correo electrónico corporativo tiene naturaleza equivalente a una herramienta de trabajo y al recibir el trabajador la advertencia previa de que sólo puede ser utilizado para fines de la actividad del empleador, no tiene la calidad de privado, por lo que sólo el correo electrónico personal del trabajador tiene esa protección de conformidad al derecho que tiene todo ciudadano a la intimidad y privacidad y al secreto de la correspondencia protegido por la Constitución de la República, que se refiere a la comunicación estrictamente personal.” De haber apreciado correctamente la prueba singularizada, el resultado del fallo hubiese sido distinto, confirmando el de primer grado y declarando sin lugar la demanda que nos ocupa, Sin embargo, no existe tal análisis ni valoración correcta de la prueba singularizada, por lo que la apreciación errónea es evidente, en relación con el resto del material probatorio. De haberse apreciado y valorado la misma de forma correcta, hubiese determinado que ALCANCE S.A. a pesar de la equivoca pretensión de la demandante de despido verbal que no probó, mi representada si tenía justa causa que le facultaba para dar por terminado el contrato de trabajo, al haber incurrido la Trabajadora en violaciones graves de las obligaciones que le incumben, conforme lo dispuesto en los artículos 112 L, 97 y 98 del Código de Trabajo, causas en que incurrió la trabajadora y que motivaron el despido, conductas que son contrarias a la Ley; y por ende se ha incurrido en un error de hecho en la apreciación errónea de la prueba anteriormente singularizada. Con la prueba INFORME DE REVISION INTERNA rendido por la Sub Gerencia de Adquirencia de la sociedad mercantil ALCANCE S.A., contenido a folio 77-79 de la primera pieza y con la prueba documental referente a CORREOS ELECTRÓNICOS que corren a folios 80-91 y 92-101 de la misma pieza, se acreditó que la trabajadora comercializaba la venta de bienes inmuebles y se le pagaba una comisión por tal actividad, enviándosele en el correo de fecha 7 de enero de 2015 un contrato de comisionista, asimismo en el correo de fecha 8 de enero de 2015, se le envía un listado de personas a quienes no se les puede vender; correo electrónico de fecha 28 de enero de 2015 enviado desde el correo institucional por la señora Gloria Martínez (gloria.martinez@alcance.hn), remitiendo información de hoja volante, otros documentos de la Constructora Chinchilla, afiches de la constructora Chinchilla, todo ello con la finalidad de promocionar y comercializar bienes inmuebles a cambio de una remuneración o comisión por la venta de los mismos. Correo electrónico de fecha 13 de abril de 2015 y 4 de mayo de 2015, enviado desde el correo institucional por la señora Gloria Martínez gloria.martinez@alcance.hn, remitiendo información referente a presupuesto de Town Houses y perfil de presupuesto y afiches, continuando así sus operaciones de comercialización y promoción de bienes inmuebles utilizando herramientas propiedad de la empresa, en horarios laborables y violentando normas de ética y políticas de conflictos de intereses e inclusive la exclusividad pactada. Correos electrónicos de 17 de septiembre, 14 de octubre, 6, 11 y 13 de noviembre, 1 de diciembre, todos de 2014 4, 5 y 11 de febrero, 23 de marzo, y 4 de mayo, todos de 2015, remitiendo informes e informes geotécnicos de la Constructora Chinchilla, afiches, planos, etc..., circunstancia que acredita la actividad de comercialización de bienes inmuebles por parte de la trabajadora y su jefe inmediato la señora Dinora Chinchilla y la Constructora Chinchilla. Quedo demostrado que dentro de las causas de terminación producto de la actividad de comercialización de bienes inmuebles realizada por la empleada, que corroborado con la prueba, ella concertó y asistió a una cita para exhibir un inmueble en fecha 29 de abril de 2015; asimismo, en fecha 28 de enero, 13 de abril y 4 de mayo de 2015 mantuvo comunicaciones por correo electrónico, con la Señora Dinora Chinchilla para tratar aspectos sobre el bien inmueble, mismos que fueron enviados por medio de los equipos y correos de la Empresa, Haciendo uso de las herramientas proporcionadas y propiedad de la empresa para fines distintos al cual están destinados, correos electrónicos enviados y recibidos con la señora Gloria Martínez y una persona ajena a la empresa de nombre Señor José Padilla, comunicaciones relacionadas con la comercialización de un inmueble. (correos de fecha 28 de enero, 13 de abril y 4 de mayo del 2015). La Trabajadora demandante siempre tuvo conocimiento que las actividades de comercialización de inmuebles que realizaba constituyen un Grave incumplimiento de la declaración de ética y a la política de conflicto de interés, al haber utilizado los recursos proporcionados por la Empresa para la comercialización de bienes inmuebles ajenos a la Empresa. De igual manera, la Trabajadora reconoció tener un acuerdo comercial al menos con un familiar de su jefe inmediato, que incluía una remuneración de pago por comisión de acuerdo a la gestión de promoción de los inmuebles, lo que constituye Una violación grave a la relación de trabajo ya que su servicio es exclusivo y que está prohibido prestar servicios a terceras personas.- Todas estas políticas y normas eran de conocimiento de la empleada ya que como ella misma declara ha sido capacitadora en dichos procesos de socialización de la políticas, por consiguiente con mayor criterio mi representada al haber aceptada las faltas sanciono su conducta. Si bien es cierto, el Juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas y por lo tanto formará libremente su convencimiento, sin embargo, si debe inspirarse en los principios científicos que informan la crítica de las pruebas y atendiendo las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes, además, al proferir su decisión, debe analizar todas las pruebas allegadas en tiempo, tal como lo ordenan los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo, reglas procesales que debió haber observado la Corte recurrida apreciando correctamente la prueba que he singularizado y que ello le hizo incurrir en error de hecho por su apreciación errónea. Prueba singularizada que de haber sido apreciada de forma correcta, junto con el resto del material probatorio, llevaría al convencimiento del juzgador de la IMPROCEDENCIA de la demanda. Por lo expuesto es procedente se admita el presente motivo y se CASE PARCIALMENTE la sentencia recurrida”. VI. El motivo de casación que antecede no es admisible por las razones siguientes: Para que se configure la violación de la ley por error de hecho en la apreciación de las pruebas, son necesarios los siguientes requisitos: A) Debe existir una falta de apreciación de la prueba o una deficiente apreciación de la misma y debe singularizarse; B) Esa apreciación debe ser originada por un error de hecho, es decir, respecto de la prueba aportada en sí misma y no con relación a las normas de Derecho; C) Ese error de hecho debe generar como consecuencia obligada y necesaria la violación de la ley sustantiva; D) El error de hecho expresado, debe ser manifiesto, es decir, que aparezca en pugna con la evidencia demostrada por la prueba de que se trate, como ocurriría si en la sentencia se admite por probado un hecho que en realidad no está demostrado o al contrario; y E) Debe indicar las normas procesales que sirvieron de medio para la violación. Por lo anterior, la explicación del motivo de casación no logra comprobar fehacientemente la legalidad y pertinencia de las pruebas enumeradas, extendiéndose en alegatos de instancia los cuales no son propios en este tipo de recurso. VII. En un tercer motivo de casación el Recurrente alega: “TERCER MOTIVO: Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley Sustantiva Nacional en Infracción Indirecta proveniente de error de hecho por la FALTA DE APRECIACION de la Prueba documental propuesta y admitida a la parte demandante y demandada relacionada con los documentos acta de descargos a folios 38-42 de la pieza principal de primera instancia; y, copias de las publicaciones del Diario El Heraldo aportadas que se encuentran a folios 43-48 siempre de la primera pieza, en relación con la prueba en su conjunto, que hizo incurrir en error de hecho que aparece de manifiesto en los autos y que lo llevo en forma indirecta a la violación de los artículos 112 letra l) del Código de Trabajo, en relación a los artículos 97 y 98 del Código del Trabajo, a su vez en relación a los artículos 738 y 739 del mismo Código de Trabajo. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las Normas Procesales que sirvieron de medio para la violación de las Normas Sustantivas señaladas, están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. NORMA SUSTANTIVA: La norma sustantiva que se estima violada son los artículos 112 letra l) del Código de Trabajo, en relación a los artículos 97 y 98 del Código del Trabajo, a su vez en relación a los artículos 738 y 739 del mismo Código de Trabajo. SINGULARIZACION DE LA PRUEBA: La prueba dejada de apreciar es la aportada al proceso y que en adelante singularizo, consistente en el acta de descargos realizada a la parte demandante contenida a (F- 38-42) de la primera pieza de autos y las publicaciones del Diario El Heraldo (43-48) todas en relación con la prueba en su conjunto. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACION DEL MOTIVO: La Corte de Apelaciones, al reformar parcialmente el fallo dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, incurrió en error de hecho, al dejar de apreciar los medios de prueba documentales antes singularizados, lo que le hizo incurrir en ERROR DE HECHO que aparece de manifiesto en los autos y que lo llevó en forma indirecta a la violación de los artículos 112 letra l) del Código de Trabajo, en relación a los artículos 97 y 98 del Código del Trabajo, a su vez en relación a los artículos 738 y 739 del mismo Código de Trabajo. La Corte recurrida DEJA DE APRECIAR dicha prueba según se observa en su fallo, al no hacer valoración ni motivación de la misma, siendo que de haberlo hecho el resultado del fallo hubiese sido distinto, confirmando el de primer grado y declarando sin lugar la demanda que nos ocupa, teniéndose por probada la justa causa del despido, limitándose a establecer una consideración que violenta la ley indirectamente y el derecho a la defensa, expresando: "CONSIDERANDO (11): Que asimismo, la parte demandada fundó el despido directo en base a un reglamento interno de trabajo ajeno a la empresa demandada; es decir, lo hizo en base al reglamento de Banco FICOHSA y no de ALCANCE, S.A.; razón por la cual no se puede fundamentar un despido en un reglamento inexistente. Y además de lo anterior, la parte demandada no ha probado en juicio que la señora GLORIA YAMILETH MARTINEZ GREEN se haya dedicado a labores que por su naturaleza no son las que le había encomendado ALCANCE, S.A., no existe prueba alguna que así lo determine; lo que vuelve el despido ilegal e injustificado." Sin embargo, no existe un análisis respecto a la cuestión jurídica debatida, conforme a las pretensiones deducidas por las partes, ya que además de haberse acreditado con la prueba singularizada la justa causa de terminación, por haber incumplido las obligaciones la trabajadora a que estaba obligada, la decisión de la ruptura está amparada en las Ley conforme lo dispuesto en los artículos indicados como violados de forma indirecta en este motivo, siendo evidente la falta de apreciación de la prueba singularizada, en relación con el resto del material probatorio. De haberse apreciado y valorado la misma, hubiese determinado que mi representada ALCANCE S.A. tenía justa causa que le facultaba para dar por terminado el contrato de trabajo, al haber incurrido la Trabajadora en violaciones graves de las obligaciones que le incumben, conforme lo dispuesto en los artículos 112 L, 97 y 98 del Código de Trabajo, causas en que incurrió la trabajadora y que motivaron el despido, conductas que son contrarias a la ética; y por ende se ha incurrido en un error de hecho en la falta de apreciación de la prueba anteriormente singularizada. Quedo demostrado que dentro de las causas de terminación producto de la actividad de comercialización de bienes inmuebles realizada por la empleada, que corroborado con la prueba, Ella concertó y asistió a una cita para exhibir un inmueble en fecha 29 de abril de 2015; asimismo, en fecha 28 de enero, 13 de abril y 4 de mayo de 2015 mantuvo comunicaciones por correo electrónico, con la Señora Dinora Chinchilla para tratar aspectos sobre el bien inmueble, mismos que fueron enviados por medio de los equipos y correos de la Empresa, Haciendo uso de las herramientas proporcionadas y propiedad de la empresa para fines distintos al cual están destinados, correos electrónicos enviados y recibidos con la señora Gloria Martínez y una persona ajena a la empresa de nombre Señor José Padilla, comunicaciones relacionadas con la comercialización de un inmueble. (correos de fecha 28 de enero, 13 de abril y 4 de mayo del 2015). Con la prueba documental ACTA DE DESCARGOS a folios 38-42 de la misma pieza principal de primera instancia, se acreditó la causa justa de la terminación de la relación laboral, donde la Trabajadora ha aceptado las faltas imputadas, manifestando: "Con respecto a lo del periódico, conozco a alguien que propietario de una constructora y actualmente tiene una casa en el trapiche, me dijo que si alguien que le comprara la casa venía de parte mía como referido él me iba pagar una comisión, dicho esto yo me dispuse a buscar referidos y puse en mi teléfono para cualquier persona que estuviese interesado. A nivel de correduría como tal no, pero si está interesado, no tengo llaves de la casa, ni dispongo de nada de la propiedad, simple y sencillamente, está el señor que está construyendo y se los refiero para que los atienda; con respecto a las citas en el horario de trabajo no ha pasado así; no he tenido citas con ningún cliente en horario de trabajo, si usted me indica en qué fechas yo le muestro mi agenda para demostrar que no es así y como le digo no tengo las llaves de la casa pero desde luego si el cliente me dice que la va a ir a ver a las 10 A.M. ahí están las personas que están construyendo, entonces ellos tienen las llaves." "El propietario de la constructora es Romel Chinchilla. Él es el que tiene la constructora y en caso de que yo llegase a mandar un referido él es quien me darías la Comisión Romel Chinchilla es hermano de mi jefa Dinora Roxana Chinchilla." Y preguntada que fue respecto a conocer que su relación de trabajo es de forma exclusiva lo que le impide desempeñar otro trabajo, respondió afirmativamente. "Si la verdad es que no lo considero un trabajo alego desconocimiento de que sea un trabajo porque sólo estoy refiriendo personas, no es permanente, no tengo un contrato escrito con ellos, es confianza creo en la honorabilidad de las personas que hablé y espero que cuando les paguen a ellos pues me paguen a mí, no hay nada escrito más que la confianza, no sé si esto es mula o es similar a que usted me dijera que va a vender su automóvil y que me dará una comisión y no soy dealer de carros." También de lo ocurrido en la audiencia de descargos se puede comprobar que el incumplimiento de la trabajadora ocasionó la violación a la exclusividad pactada, ya que estaba realizando trabajos de venta de casas de una constructora propiedad del Señor Romel Chinchilla en la Colonia el Trapiche, circunstancia aceptada por la trabajadora y que fue acreditada. La Trabajadora siempre tuvo conocimiento que las actividades de comercialización de inmuebles que realizaba constituyen un Grave incumplimiento de la declaración de ética y a la política de conflicto de interés, al haber utilizado los recursos proporcionados por la Empresa para la comercialización de bienes inmuebles que según su propia declaración eran propiedad de la familia de su jefe inmediato. De igual manera, la Trabajadora reconoció tener un acuerdo comercial al menos con un familiar de su jefe inmediato, que incluía una remuneración de pago por comisión de acuerdo a la gestión de promoción de los inmuebles, lo que constituye Una violación grave a la relación de trabajo ya que su servicio es exclusivo y que está prohibido prestar servicios a terceras personas.- Todas estas políticas y normas eran de conocimiento de la empleada ya que como ella misma declara ha sido capacitadora en dichos procesos de socialización de la políticas, por consiguiente con mayor criterio mi representada al haber aceptada las faltas sanciono su conducta. Todas estas circunstancias evidenciadas con la prueba que NO ha sido apreciada en el fallo que se recurre, dictado por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo, fueron evacuadas en la audiencia de descargos, celebrada el 7 de mayo de 2015, donde se escuchó a la trabajadora, habiendo reconocido los hechos y no habiendo desvirtuado las faltas era consecuente su despido. Finalmente, la causa de terminación está debidamente justificada conforme la prueba documental consistente en las copias de las PUBLICACIONES DEL DIARIO EL HERALDO aportadas que se encuentran a folios 43-48 siempre de la primera pieza, donde se acreditó como se daba a conocer la actividad de comercialización de bienes inmuebles donde la Trabajadora tuvo participación activa violentándose la exclusividad pactada, ya que estaba realizando trabajos de venta de casas de una constructora propiedad del Señor Romel Chinchilla en la Colonia el Trapiche, incumpliendo su jornada de trabajo, provocando un Grave incumplimiento de la declaración de ética y a la política de conflicto de interés, al haber utilizado los recursos proporcionados por la Empresa para la comercialización de bienes inmuebles, incumpliendo la prohibición de prestar servicios a terceras personas, violentando las obligaciones que impone la Ley como trabajadora. Dicha actividad la desarrollaba la trabajadora dentro de su jornada de trabajo, incumpliendo la misma para su patrono, Alcance S.A. de C. V., ya que atendía clientes para la venta de la casa, así como también promocionando la venta de la misma propiedad de La Constructora propiedad del Señor Romel Chinchilla, a tal grado que había dado su número de teléfono e hizo publicaciones en un periódico, todo esto durante su jornada de trabajo, pero siempre percibiendo su salario dentro del Alcance S.A. circunstancia que también fue causa de la terminación. Si bien es cierto, el Juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas y por lo tanto formará libremente su convencimiento, sin embargo, si debe inspirarse en los principios científicos que informan la crítica de las pruebas y atendiendo las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes, además, al proferir su decisión, debe analizar todas las pruebas allegadas en tiempo, tal como lo ordenan los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo, reglas procesales que debió haber observado la Corte recurrida apreciando la prueba que he singularizado y que ello le hizo incurrir en error de hecho por su falta de apreciación. Prueba singularizada que de haber sido apreciada, junto con el resto del material probatorio, llevaría al convencimiento del juzgador de la IMPROCEDENCIA de la demanda. Por lo es procedente se admita el presente motivo y se CASE PARCIALMENTE la sentencia recurrida”. VIII. El motivo de casación que antecede no es admisible debido a que el Censor realiza extensos alegatos de instancia en los que establece medios de prueba que efectivamente fueron valorados en la sentencia emitida por el Ad quem con la salvedad, que dicha valoración no es la perseguida por el Recurrente. No obstante, la fundamentación utilizada por el ad quem cumple con los requisitos legales, así como con los principios científicos que informan la crítica de la prueba, estableciendo cuáles medios probatorios fueron determinantes y cuáles medios probatorios no le merecieron acreditación alguna. IX. En un cuarto motivo de casación, el Recurrente señala: “CUARTO MOTIVO: Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley Sustantiva Nacional en Violación Directa proveniente de la FALTA DE APLICACION de los artículos 97 numeral 13) y 98 numeral 7) del Código de Trabajo, en relación con el artículo 112 literal L) del Código de Trabajo. NORMA SUSTANTIVA: La norma Sustantiva violada son los artículos 97 numeral 13) y 98 numeral 7) del Código de Trabajo, en relación con el artículo 112 literal L) del Código de Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACION DEL MOTIVO: La Corte de Apelaciones, al reformar parcialmente el fallo dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán incurrió en violación directa dejando de aplicar las normas sustantivas contenidas en los artículos 97 numeral 13) que dispone: "ARTICULO 97. Además de las contenidas en otros artículos de este código, en sus reglamentos y en las leyes de Seguridad Social, son obligaciones de los trabajadores... 13) Cumplir las demás obligaciones que les impongan este código, las leyes y reglamentos de trabajo"; y, el "ARTICULO 98. Se prohíbe a los trabajadores: Usar los útiles o herramientas suministrados por el patrono para objeto distinto de aquel a que están normalmente destinados", en relación con el articulo 112 literal L) del Código de Trabajo ". Artículo 112."Son causas justas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo, sin responsabilidad de su parte:... l) Cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al trabajador, de acuerdo con los artículos 97 y 98 o cualquier falta grave calificada como tal en pacto o convenciones colectivas fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentos, siempre que el hecho esté debidamente comprobado y que en la aplicación de la sanción se observe el respectivo procedimiento reglamentario o convencional..." es decir, la normativa antes transcrita regula OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE LOS TRABAJADORES, cuyo incumplimiento o violación faculta al patrono a la terminación del Contrato de Trabajo conforme a lo dispuesto en el artículo 112 literal L) citado del Código del Trabajo sin lugar a duda que la causa de la terminación de la relación laboral se presente cumpliendo con la Ley de acuerdo a la normas antes citadas, situación jurídica regulada que no fue aplicada en la sentencia que se recurre violándose directamente la ley. Por lo que, el Ad-quem al razonar en su "CONSIDERANDO (11): Que asimismo, la parte demandada fundó el despido directo en base a un reglamento interno de trabajo ajeno a la empresa demandada; es decir, lo hizo en base al reglamento de Banco FICOHSA y no de ALCANCE, S.A.; razón por la cual no se puede fundamentar un despido en un reglamento inexistente y además de lo anterior, la parte demandada no ha probado en juicio que la señora GLORIA YAMILETH MARTINEZ GREEN se haya dedicado a labores que por su naturaleza no son las que le había encomendado ALCANCE S.A. no existe prueba alguna que así lo determine; lo que vuelve el despido ilegal e injustificado" que los preceptos legales en los cuales se fundó el despido justificado corresponden el reglamento interno de otra empresa, deja de lado la facultad que otorga el Código de Trabajo en los artículos indicados como violados antes referidos, para aplicar sanciones a conductas inadecuadas por parte del Trabajador, por lo que, la conducta realizada por la demandante evidentemente es merecedora de un despido porque así lo manda la Ley y aunque los reglamentos internos de trabajo tienen como propósito regular las relaciones de trabajo entre patrono y trabajador, no puede desconocerse lo imperativo que es el Código de Trabajo para este tipo de circunstancias, es por ello, que el Ad-quem al momento de expresa que no se puede despedir a un trabajador por circunstancias de un reglamento interno de trabajo resta importancia a lo que manda el Código de Trabajo como norma suprema, por lo que, la faculta sancionatoria de un patrono, no está limitada a los preceptos que establezca determinado reglamento, sino más bien a las facultades que otorga la Ley tal y como sucedió en el presente caso. Por lo expuesto, procede la admisión del motivo y casar parcialmente la sentencia impugnada”. X. Luego de analizar el motivo de casación antes expuesto, éste no es admisible debido a lo siguiente: el Recurrente alega una falta de aplicación de los artículos 97 numeral 13) y 98 numeral 7) del Código de Trabajo, en relación con el artículo 112 literal L) del Código de Trabajo. No obstante, la situación jurídica analizada por el ad quem consiste precisamente en la inexistencia de un despido directo justificado, por lo cual la fundamentación realizada por la sentencia está subsumida en el ordenamiento legal aplicable al caso concreto. XI. Adicionalmente, el Censor alega una nulidad subsidiaria a su recurso de casación, el cual expone de la siguiente manera: “SE PROMUEVE NULIDAD SUBSIDIARIA. En la sentencia definitiva dictada por el Tribunal de Apelación en fecha cuatro (04) de abril del año dos mil veintidós (2022), se han violentado los principios de debido proceso y derecho de defensa, al haber emitido una decisión sin la suficiente motivación fáctica y jurídica, omitiendo la exhaustividad que llevara a establecer en el fallo sus razonamientos, valoración probatoria y la debida fundamentación jurídica, que de haberlo hecho lo llevaría al convencimiento de la improcedencia de la demanda, consecuentemente a declararla SIN LUGAR. El vicio procesal que conlleva a la nulidad invocada está amparado en el artículo 206.1 del Código Procesal Civil, que regula la claridad, precisión y exhaustividad que debe contener la sentencia, así como el artículo 207 del mismo Código, que determina el deber de motivación en las sentencias, expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho, además, la motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón; circunstancias omitidas en la sentencia recurrida, lo cual violenta el debido proceso al no contener la sentencia sus requisitos internos, también se violenta el derecho a la defensa, al impedir exponer un recurso de nulidad vía casación, por no contener fundamentos sustantivos que regulen la situación jurídica debatida, ya que los citados han sido indicados sin tener vinculación a la cuestión fáctica ocurrida; también se violenta el derecho a la defensa al omitir la valoración de la prueba y por lo tanto limita también el ataque en casación, ya que no se expresan los medios probatorios que llevaron a la decisión y que serían motivación y fundamento de la misma. Es de recordar que con la infracción de una norma procesal, el órgano judicial en el curso del proceso impide a una parte el ejercicio del derecho de , privando o limitando bien su facultad de alegar y justificar sus derechos e intereses para que le sean reconocidos; normas de procedimiento violentadas que impiden hacer valer los derechos del afectado en el recurso de casación que nos ocupa contra la resolución impugnada, lo que pue produce efectiva indefensión y un perjuicio real y efectivo de los intereses del afectado provocada por una indebida actuación del órgano judicial recurrido. Por otra parte, existe incongruencia cuando conforme a lo dispuesto en el artículo 208.1 del Código Procesal Civil, las sentencias no congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito; en la presente demanda la Trabajadora ha entablado su acción por despido verbal, proceso al cual le atañen criterios propios para dicha figura, debiendo probar su pretensión; la demandante no a accionado o emplazado para que se pruebe justa causa de despido, y si bien es cierto que la demandada ha indicado en su defensa que el despido fue directo, es para demostrar que no hay despido verbal; la incongruencia del fallo es tener por supuestos, que mi representada tiene que acreditar su justa causa de terminación, sin embargo reitero, esta no ha sido la pretensión de la demandante, por lo que la sentencia NO ES CONGRUENTE. La parte demandante al haber establecido su acción ha delimitado la causa pretendi, integrado por el conjunto de hechos que, subsumidos en lo dispuesto en normas jurídicas, otorgan al actor el derecho que trata de hacer valer ante los tribunales o ante cualquier instancia, tal es el caso de reclamar pago de prestaciones e indemnizaciones laborales producto de un despido verbal, pretensión argüida a la cual le atañen criterios propios y que imperativamente exigen al actor aportar la carga probatoria, para que el Juzgador en fundamento de la ratio decidendi como el razonamiento normativo que el juez aplica en un caso determinado para fundamentar la resolución, pero siempre conforme a las pretensiones oportunamente deducidas. La demandante pretendió argumentar motivos distintos de terminación de la relación, mismos que tratándose de despido verbal, no demostró, incumpliendo con este precepto legal indicado y también con la norma relacionada al no tener causa o motivo. El Tribunal Supremo de Justicia, en ésta misma causa, mediante sentencia de casación que decreta la nulidad de lo actuado fundando su decisión en que "La falta de congruencia en las pretensiones planteadas, en la presente causa, la demandante ha entablado su acción por despido verbal, proceso al cual le atañen criterios propios para dicha figura, debiendo probar su pretensión.- considerando la falta de congruencia una disparidad entre lo pedido y lo resuelto, en el sentido que la decisión que tome el Juez no es la voluntad de las partes, sino al estricto convencimiento del derecho tutelado." Las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. El vicio de incongruencia, es el desajuste entre el fallo judicial y los términos en los que las partes han formulado la pretensión o pretensiones que constituyen el objeto del proceso. El juicio sobre la congruencia de la resolución judicial precisa de la confrontación entre su parte dispositiva y el objeto del proceso, delimitado por sus elementos subjetivos - (partes) y objetivos (causa de pedir y petitum)”. XII. En efecto, la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso. Sin embargo, para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías que conlleven a un perjuicio procesal que resulte imperativa su enmienda por parte de este Tribunal. En el presente caso, donde la situación planteada ya ha sido resuelta en el momento procesal oportuno por el Tribunal de apelación, lo constituye en un objeto de litigio ya dirimido y agotadas sus instancias. Empero, estudiado el caso en examen, este Tribunal no estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria. XIII. Por lo anteriormente expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se han hecho mérito en sus cuatro motivos, así como en los alegatos adicionales de nulidad subsidiaria. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal C, 764, 765, 769, 770, 777 y 858 del Código de Trabajo; 22, 200, 211, 212, 214, 215 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación interpuesto por la Abogada Diana Melissa Pineda Salgado, en su condición de Representante Procesal de la sociedad mercantil denominada Alcance S.A. de C.V., en sus cuatro motivos. 2) DECLARANDO SIN LUGAR la nulidad subsidiariamente planteada. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado Roy Pineda Castro. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ROY PINEDA CASTRO, COORDINADOR, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de enero del dos mil veinticuatro; certificación de la sentencia de fecha veintiuno de septiembre del dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL347-2022. FIRMA Y SELLO.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ

SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.