Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CL-342-22 — Registro 17477

Resumen

La trabajadora que se desempeñaba como operaria de maquila en la actividad pegar ruedo de faldón demandó a la empresa argumentando que sufrió un despido injustificado durante una suspensión por la pandemia del COVID-19, La empresa alegó que la terminación se debió a un reajuste de personal pactado con el sindicato y que la afección física de la empleada le impedía seguir laborando; la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia tras el estudio de la sentencia impugnada estableció que el ad-quem ha dado una interpretación correcta a la normativa citada, siendo importante hacer la observación a la censora que si bien pueden haber especialidades agregadas por los contratos colectivos para llevar a cabo el proceso de restructuración, no es menos cierto que no se pueden ignorar los requisitos establecidos por el Código de Trabajo, dentro de los que se incluye el respeto a la antigüedad laboral, igualdad de condiciones y empleados sindicalizados, etc. Por lo anterior, las conclusiones a las que ha arribado la segunda instancia para confirmar lo realizado por el juzgado se encuentran emitidas conforme a lo que la legislación laboral ordena.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."La finalidad del recurso de casación es la unificación de la jurisprudencia nacional tal como lo establece el artículo 764 primer párrafo del Código de Trabajo, no constituye una tercera instancia que permita un discurso atropellado, alegaciones extensas y argumentos desordenados. Por ello este Tribunal, afincado al sistema constitucional y legal y adoptando una cultura de respeto y cumplimiento a los tratados y convenios internacionales suscritos por el País, tiene dicho que la demanda de casación está sometida a un conjunto de formalidades para que sea atendible. Se ha establecido también que esos precisos requerimientos de técnica, más que un culto a la formalidad son supuestos esenciales de la racionalidad del recurso de casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice. II. La demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 764 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."El motivo de casación antes expuesto no es admisible debido a las siguientes razones: La censora establece como motivo de casación una interpretación errónea de los Artículos 95 inciso 19 y 111 numeral 1 del Código de Trabajo, en relación a la cláusula 3 del III Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo firmado entre las partes. No obstante, tras el estudio de la sentencia impugnada se observa que el ad-quem ha dado una interpretación correcta a la normativa citada, siendo importante hacer la observación a la Censora que si bien pueden haber especialidades agregadas por los contratos colectivos para llevar a cabo el proceso de restructuración, no es menos cierto que no se pueden ignorar los requisitos establecidos por el Código de Trabajo, dentro de los que se incluye el respeto a la antigüedad laboral, igualdad de condiciones y empleados sindicalizados, etc. Por lo anterior, las conclusiones a las que ha arribado la segunda instancia para confirmar lo realizado por el ad-quo se encuentran emitidas conforme a lo que la legislación laboral ordena. Adicionalmente, en la explicación de su motivo de casación, la Recurrente realiza alegatos de instancia, los cuales no son apropiados para este recurso extraordinario."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los doce días del mes de septiembre del dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 28 de marzo del 2023, por la Abogada Suyapa Waleska Castro Rapalo, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil denominada Delta Apparel Honduras, S.A., como recurrente; además, es parte recurrida, la señora Sofia Albertina Ramírez Herrera, representada en juicio por la Abogada Concepción Suazo Suazo. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral de primera instancia reclamando reintegro en iguales o mejores condiciones, pago de salarios caídos, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 02 de marzo del 2021, por la señora Sofia Albertina Ramírez Herrera, mayor de edad, Operaria de Maquila, hondureña y con domicilio en Villanueva, Departamento de Cortés, contra la sociedad mercantil Delta Apparel Honduras S.A., a través de su representante legal el señor Josué Moisés Maradiaga. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 16 de mayo del 2022, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 01 de marzo del 2022, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR la demanda laboral para que se ordene el reintegro al trabajo en iguales o mejores condiciones, promovida por a la señora SOFIA ALBERTINA RAMÍREZ HERRERA, contra de la entidad mercantil denominada DELTA APPAREL HONDURAS S.A. a través de su representante legal, el señor JOSUE MOISÉS MARADIAGA, todos de generales expresadas en el preámbulo de esta Sentencia; 2) En consecuencia: CONDENA: A la entidad mercantil denominada DELTA APPAREL HONDURAS, S.A. a través de su representante legal, el Señor JOSUE MOISÉS MARADIAGA, a REINTEGRAR a la trabajadora demandante SOFIA ALBERTINA RAMÍREZ HERRERA, a su puesto de trabajo en las mismas condiciones que tenía al momento de producirse el despido injusto, más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir por el demandante hasta que se cumpla con la reinstalación en su trabajo.- 3) SIN COSTAS, por haber tenido motivos racionales la demandada para litigar”. ANTECEDENTES DE HECHO 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que inició labores el 10 de agosto del 2004, desempeñándose como Operaria, en la actividad laboral de ruedo de faldón, en un horario de lunes a jueves de 7:15 a.m. a 4:30 p.m. y los viernes de 7:15 a.m. a 3:30 p.m.; devengaba a la fecha del despido un salario promedio semanal de L.2,200.00; y que debido a la pandemia del Covid-19 y a que se suspendieran las garantías constitucionales mediante decreto 21-20 emitido en fecha 15 de marzo del 2020, fue suspendida de su trabajo el 16 de marzo del 2020, mediante notificación por los parlantes de la empresa; que las dos primeras semanas les pagaron acreditando esos pagos a días feriados y de vacaciones, lo cual no es legal, luego el 13 de abril del 2020 les mandaron un comunicado a todo el personal, donde les notificaban una suspensión por 120 días, y el 12 de agosto 2020, nuevamente enviaron un comunicado a todo el personal que se prorrogaba la suspensión por otros dos meses, y que en dicho comunicado no hacían ninguna excepción de trabajadores que no entrarían en dicha suspensión, ya que fue dado a conocer a todo el personal; además manifestó que el 20 de agosto del 2020, sorpresivamente fue despedida de la empresa, argumentando en la nota emitida al efecto que dicho despido lo fundamentaban en lo que al efecto dispone el artículo 95 numeral 19 del código de trabajo y clausula número 3 del contrato colectivo, relacionado con reajustes de personal, agregando además que el motivo del despido es que la empresa estaba realizando cambios en el sistema operativo por los efectos derivados de la pandemia COVID-19 y el puesto que desempeñaba sería cancelado; a lo cual agregó que la rebaja de personal no es causa justificada de terminación de contrato y en tal virtud es que, por su parte estaba haciendo uso del artículo 110 del Código de Trabajo, en el cual se estipula que cuando el despido injustificado tenga efecto, el trabajador tiene el derecho de escoger entre las prestaciones y el reintegro a sus labores, reintegro que es el que se solicitó mediante la presente demanda. Asimismo arguyó que desde el año 2016, comenzó con dolores e inflamación en las rodillas especialmente en la rodilla derecha y en el 2018 se le incrementaron los dolores, por lo que en el Seguro Social la enviaron a hacerse una resonancia en la cual se dictaminó que tenía ruptura grado II y cambios fibricicatricales de ligamento cruzado posterior en la rodilla derecha, teniendo a la fecha del despido en el Seguro Social, el dictamen de reubicación laboral el cual quedó inconcluso debido al despido de que fue objeto; que al momento de despedirla le ofrecieron el pago de sus prestaciones sociales y derechos adquiridos, pero la dejaron enferma y sin seguro social, lo que constituyó un problema para su persona, siendo una grave violación de los derechos por parte del patrono, y la discapacidad que ahora padece fue con ocasión del trabajo que desempeñó; y que con tal proceder se le violentó, el derecho al trabajo, a la estabilidad laboral, el derecho a la seguridad social y derecho a la dignidad; manifestó además que al momento de suceder el despido estaba suspendida por la empresa, por lo que consideró que el despido además de injusto es ilegal, ya que no podían despedirla dado que la relación de trabajo estaba en suspenso debido a la Pandemia Covid-19, sino que siguiendo lo que la ley establece tenían que esperar hasta que concluyera la suspensión para efectuar el despido en base a causas justas, y no injustas como sucede en el presente caso; y que, con el ánimo de llegar a un acuerdo conciliatorio acudió al Ministerio del Trabajo, siendo infructuoso tal proceder ya que se negaron a reintegrarla. 2.- La parte demandada, la sociedad mercantil Delta Apparel Honduras S.A., contestó dicha demanda, rechazando las pretensiones de la demandante, alegando en su defensa que la demandada como casi todas las empresas del país se vieron afectadas grandemente por la pandemia del COVID 19, lo cual es de público conocimiento, y que en el caso de la empresa demandada, esta vende camisetas al mercado de Estados Unidos de América principalmente, al cerrarse esa economía y no ser productos de primera necesidad los clientes cancelaron pedidos y otros clientes no pudieron honrar los pagos pendientes por producto ya entregado que incluso pretendían devolver; que la empresa demandada al inicio del cierre de la economía decretada por el gobierno a partir del 16 de marzo del 2020, hizo todo los posible por no suspender a los trabajadores haciendo acuerdos con el Sindicato para adelantar vacaciones y feriados, a través de los cuales los trabajadores pudieron mantener sus salarios por un mes más (lo cual ahora lo presenta la actora como una violación a sus derechos), estos acuerdos se realizaron según recomendaciones hechas por la Secretaria del Trabajo, ahora después de un mes y ante la falta de pedidos y ventas fue imposible seguir manteniendo esta situación y se suspendieron todos los contratos de trabajo de la empresa el 13 de abril del 2020 por 120 días, esta suspensión finalizó para alguna parte del personal incluida la actora el 19 de agosto del 2020, y el 20 de agosto del 2020 que ella se presentó a la empresa se le notificó la terminación de su contrato de trabajo debido a que las consecuencias económicas de la pandemia del Covid 19 obligaron a la empresa a reducir su personal en más de 400 puestos de trabajo para poder seguir operando ante la baja de pedidos que provocó la nueva realidad económica. Que la demandante se presentó a laborar el día le que correspondía y al notificársele su terminación laboral, incluso firmó de recibido tal nota y ahí mismo se negó a aceptar las prestaciones e indemnizaciones sociales que al 100% se le ofrecieron, lo cual está reconocido en la demanda; argumentó que la empresa demandada se vio obligada a realizar una profunda restructuración administrativa y reducir su personal en una tercera parte, en 33% de 1,200 a 800 aproximadamente) situación que no es imputable, ni conveniente para ninguna empresa para lo cual la empresa siguió al pie de la letra el procedimiento establecido en la cláusula 3 del Tercer Contrato Colectivo vigente en la empresa, para lo cual se consensuo con el Sindicato de la empresa (SITRADAHSA) en reunión llevada a cabo el 30 de julio del 2020, vía teleconferencia, donde se acordó la forma como la organización sindical verificaría el cumplimiento de la cláusula 3 del Contrato Colectivo para estar seguros que no hubiese violación alguna a esa cláusula, ni del artículo 95 numeral 19) del Código de Trabajo, y verificado este punto se procedió en fecha 20 de agosto de 2020 a comunicar a la demandante y a los demás afectados mediante nota escrita la decisión de la demandada de dar por terminada la relación de trabajo, fundamentándose en el artículo 95 numeral 19) del Código de Trabajo y la Cláusula 3 del Contrato Colectivo vigente en relación al reajuste de personal; por lo que se pudo ver que la demandada siguió los procedimientos y parámetros establecidos en el contrato colectivo (clausula 3) al tenor de lo prescrito en el artículo 95 numeral 19) del Código de Trabajo, por lo cual ha cumplido con la ley y la negociación colectiva y constituye una causa de terminación de la relación laboral que genera al patrono la obligación de pagar las indemnizaciones sociales establecidas en los artículos 116 y 120 del Código de Trabajo y derechos adquiridos por ley, como efectivamente se le ofreció a la demandante y que ella misma lo reconoce en el hecho quinto de su demanda, entendemos su situación personal pero las finanzas de la empresa como ya dijimos no le permiten seguir manteniendo la cantidad de empleados que tenía antes de la pandemia, pues caso contrario cerraría sus puertas dejando no solo a la actora sin trabajo sino también a otras 800 personas que actualmente viven de esa fuente de empleo. Por lo tanto, la demandada cumplió con el procedimiento establecido en la norma citada por el mismo impetrante (Articulo 95 numeral 19) del Código del Trabajo y en su caso particular, se deben tender las disposiciones del Contrato Colectivo que regulen este tipo de situaciones (ver sentencias dictadas en expedientes SL 105-2009, 239-2012, 293-2012, CL09-2017) eso se establece en el fallo de casación laboral CL-326-17, donde claramente se establece que lo actuando en este caso por la demandada se ha hecho de acuerdo a la ley, al contrato colectivo y a la línea jurisprudencial establecida por la sala de la laboral de la Corte Suprema de Justicia, por ende la terminación laboral que sufrió la actora no podía ser considerada ilegal. Asimismo, aclaró que el criterio jurisprudencial de la Sala de lo Laboral de Corte Suprema de Justicia ya regula ese tema en su fallo del expediente CL-105-06 que en la parte conducente dice: "CONSIDERANDO: Que el artículo 129 de la Constitución de la República preceptúa: "La Ley garantiza la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y profesiones, y las justas causas de separación. Cuando el despido injustificado surta efecto y firme que sea la sentencia condenatoria respectiva, el trabajador, tendrá derecho a su elección, a una remuneración en concepto de salarios dejados de percibir, a título de daños y perjuicios, y a las indemnizaciones legales y convencionalmente previstas, o, a que se le reintegre al trabajo con el reconocimiento de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios”, y que no obstante esta garantía no encuentra cabida en el caso sub judice, ya que no se ha producido un despido sino que la terminación de la relación laboral que tiene su génesis en un reajuste en el que de común acuerdo convinieron tanto la empresa como el sindicato de la misma, actuando éste como representante de los trabajadores. Destacó además que a la empresa jamás se le notificó que la actora tuviese algún padecimiento profesional, ni presentó dictamen de reubicación laboral, ella solo mencionó que tuvo dolores en las rodillas en el año 2016 y que en el año 2018 se le hizo una resonancia pero nunca presentó dictamen alguno por lo menos hasta su terminación laboral en agosto del 2020, que dijera que tenía algún padecimiento profesional, por lo cual esos alegatos hechos en su demanda son impertinentes, intrascendentes e irrelevantes para efectos de este juicio, ante la ignorancia de la empresa de los mismos, aun y cuando fuesen ciertos, aunque es raro por el lapso de tiempo de los estudios radiológicos y la no existencia del dictamen hasta la fecha (más de 2 años). 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 01 de marzo del 2022, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR la demanda laboral para que se ordene el reintegro al trabajo en iguales o mejores condiciones, promovida por a la señora SOFIA ALBERTINA RAMÍREZ HERRERA, contra de la entidad mercantil denominada DELTA APPAREL HONDURAS S.A. a través de su representante legal, el señor JOSUE MOISÉS MARADIAGA, todos de generales expresadas en el preámbulo de esta Sentencia; 2) En consecuencia: CONDENA: A la entidad mercantil denominada DELTA APPAREL HONDURAS, S.A. a través de su representante legal, el Señor JOSUE MOISÉS MARADIAGA, a REINTEGRAR a la trabajadora demandante SOFIA ALBERTINA RAMÍREZ HERRERA, a su puesto de trabajo en las mismas condiciones que tenía al momento de producirse el despido injusto, más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir por el demandante hasta que se cumpla con la reinstalación en su trabajo.- 3) SIN COSTAS, por haber tenido motivos racionales la demandada para litigar”. Bajo el criterio que, del análisis a las pruebas allegadas al proceso este Tribunal estima que procede a declarar con lugar la demanda por las circunstancias siguientes: 1) Que la causa invocada por la demandada como ser el reajuste de personal, debido a las consecuencias económicas generadas por la pandemia COVID 19, causal que no se encuentra enmarcada en nuestro ordenamiento jurídico que justifique el despido; por lo que el despido llevado a cabo en esas condiciones resulta injusto e ilegal.- 2) Que la demandada pretende justificar su despido por el hecho tanto la empresa como el sindicato de trabajadores de la empresa DELTA APPAREL HONDURAS, S.A. (SITRADAHSA) se pusieron de acuerdo a la reducción de personal dicho acuerdo tampoco justifica el despido en vista de que el mismo va en contra del derecho de estabilidad laboral que tenía la demandante a su trabajo y ninguna institución o representación puede negociar en perjuicio de esos derechos como ocurre en el caso de autos, el sindicato y la demandada la reducción de personal, sin tener la aprobación de la trabajadora demandante, si bien es cierto desde 16 marzo del año 2020, inicio la pandemia del COVID 19, y que a consecuencia de ello la demandada tuvo que suspender los contratos de las demandantes, desde el 13 abril del 2020, y agosto del 2020, dicha crisis no faculta al patrono para poner fin a la relación de trabajo pues precisamente para ser menos gravosa al patrono la situación económica es que las autoridades del trabajo permitieron la suspensión de los contratos de trabajo de sus trabajadores, con el ánimo de mantener la relación de trabajo vigente, en el caso de autos se ve la mala fe que tuvo la demandada que a pesar que la demandante estaba suspendida el 14 de agosto del 2020, por 60 días, fue llamada a laborar con el único objeto de ponerle fin a la relación de trabajo en fecha 20 de agosto del año 2020, por lo que a todas luces el despido llevado a cabo por la demandada se torna injusto e ilegal y procede condenar a la demandada a reintegrar a su puesto de trabajo a la demandante. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha 16 de mayo del 2022, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio, que del estudio del proceso y de los hechos que originaron el presente conflicto laboral, ésta Alzada es del parecer que el acto de reajuste de personal que trae como consecuencia la supresión de puestos de trabajo, no es suficiente para poner fin a la estabilidad en el empleo, pues la figura de terminación de la relación de trabajo que descansa en los fundamentos jurídicos indicados (art. 95 No. 19 y Clausula 3 contractual) debe ir respaldada con un estudio minucioso de las necesidades de funcionamiento de la empresa y procedimientos específicos, procurando no afectar a los trabajadores y mitigar las consecuencias nefastas de un hecho impredecible e irresistible de la naturaleza y no acto del hombre, así como el de evitar el cierre definitivo de la empresa; pues cierto es que cuando un patrono decide la finalización del nexo jurídico laboral por el hecho de tener que efectuar reorganización de personal derivados de una profunda reestructuración dentro de la empresa, no debe dejarse de lado que la estabilidad laboral es un derecho constitucional de los trabajadores, cuya ponderación y límite se relaciona con las justas causas de separación, se debe acreditar no sólo la real existencia de esos cambios, sino que ha cumplido con el procedimiento establecido en los artículos 95 numeral 19, 100 y 111 literales 8 y 9 del Código del Trabajo. En el sub judice, si bien, del material probatorio consta que la empresa demandada acordó con el SITRADAHSA el reajuste de personal, ello es insuficiente para ponerle fin al contrato de trabajo, puesto que tal y como se dijo en el fundamento anterior, el empleador tuvo que acreditar el cumplimiento del procedimiento señalado en las disposiciones del Código del Trabajo antes citadas, mismo que no consta de autos; de manera que el despido bajo esas condiciones es injusto e ilegal al no ampararse en las causas establecidas en los artículos 111 y 112 del Código de la materia, dado que la desvinculación laboral solo es posible si concurre alguna de las causas justas que señala la ley. Aunque el empleador ofreció el pago de prestaciones, no es posible imponer a la trabajadora que acepte el ofrecimiento ya que la voluntad del trabajador es la que prevalece, bien optando por el reintegro o por el pago de prestaciones, según lo establece el artículo 129 de la Constitución de la República y 113 literales a) y b del Código del Trabajo; por ello no es posible asumir la sanción económica como único efecto o resultado de la comunicación de terminación del contrato de trabajo por causas distintas a las legales, pues el reintegro es consecuencia o efecto de esa decisión a voluntad del trabajador. Por las razones antes expuestas, ésta alzada estima que la sentencia que se conoce en apelación debe confirmarse, por estar ajustada a derecho. 5.- Mediante auto de fecha 25 de julio del 2022, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada Suyapa Waleska Castro Rapalo, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil Delta Apparel Honduras S.A., contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 28 de marzo del 2023, compareció ante este Tribunal la Abogada Suyapa Waleska Castro Rapalo, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil denominada Delta Apparel Honduras S.A., formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 08 de junio del 2023, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada CONCEPCIÓN SUAZO SUAZO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado Roy Pineda Castro, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I. La finalidad del recurso de casación es la unificación de la jurisprudencia nacional tal como lo establece el artículo 764 primer párrafo del Código de Trabajo, no constituye una tercera instancia que permita un discurso atropellado, alegaciones extensas y argumentos desordenados. Por ello este Tribunal, afincado al sistema constitucional y legal y adoptando una cultura de respeto y cumplimiento a los tratados y convenios internacionales suscritos por el País, tiene dicho que la demanda de casación está sometida a un conjunto de formalidades para que sea atendible. Se ha establecido también que esos precisos requerimientos de técnica, más que un culto a la formalidad son supuestos esenciales de la racionalidad del recurso de casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice. II. La demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. III. Que la Abogada Suyapa Waleska Castro Rapalo, en su condición de Representante Procesal de la sociedad mercantil denominada Delta Apparel Honduras S.A., en su único motivo de casación alega: “CARGO O MOTIVO ÚNICO DE CASACIÓN. CARGO: “Ser la sentencia violatoria de ley sustantiva de orden nacional, por interpretación errónea de los artículos 95 inciso 19 y 111 numeral 1 del Código del Trabajo en relación a la cláusula 3 del III contrato colectivo de condiciones de trabajo firmado entre las partes”. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765 ordinal primero párrafo primero, del Código del Trabajo". DEMOSTRACIÓN DEL CARGO: En el presente caso, el fallo impugnado no reconoce la validez y legalidad de las normas sustantivas invocadas como violadas (artículos 95 inciso 19 y 111 numeral 1 del Código del Trabajo) pues les resta validez al imponerles más condicionamientos que los que nacen del texto de tales normas, pues mi representada en base al artículo 111 numeral 1 del Código del Trabajo pacto en el III contrato colectivo de condiciones de trabajo con su organización sindical que el reajuste de personal fuese una causa de terminación de los contratos de trabajo y se establecieron los criterios a seguir para realizarlo, lo cual quedó establecido en la cláusula 3 del Contrato Colectivo vigente, pacto que no es contrario a la ley pues es un mecanismo permitido por la misma conforme al artículo 95 inciso 19) del Código del Trabajo, y mi representada llevo a cabo el proceso establecido en la cláusula 3 de su contrato colectivo al pactar con su organización sindical el listado de las personas afectadas por el reajuste y como la actora se encuentra incluida en el primer criterio establecido por tal clausula, por eso fue incluida sin oposición sindical, por lo cual no es menester agotar o buscar los demás criterios como erróneamente interpreta el tribunal Ad quem en el fallo impugnado. En virtud de tal interpretación errada del Tribunal Ad quem, si bien analiza los artículos 95 inciso 19 y 111 numeral 1 del Código del Trabajo que son las disposiciones adecuadas o aplicables al caso, pero les da una interpretación equivocada pues impone para que los mismos tengan sus efectos, más condiciones que las que nacen de los propios términos de tales normas sustantivas con lo cual los violenta en perjuicio de mi representada que se limitó a cumplir con el texto de las normas sustantivas mencionadas y la Corte Ad quem establece que para que las normas sustantivas violentadas tengan validez debe el patrono, probar que existen situaciones como que la actora tenía menos antigüedad que otros afectados, lo cual no es aplicable al caso pues como dije la actora al estar comprendida en el primer criterio establecido en la cláusula 3 del Contrato Colectivo, no hay razón para analizar antigüedad, pues todos los empleados con inhabilidad para realizar su trabajo eran la primera categoría a ser afectados según se pactó en el contrato colectivo y después a igualdad de condiciones se analiza la antigüedad. Pero las normas violadas solo imponen para que sean efectivas: a) Que se estipule la causa de terminación en un contrato (situación que se cumple al estar pactada en el contrato colectivo) según articulo 111 numeral 1 del Código del Trabajo y b) Que se "lleve a cabo el reajuste de acuerdo con las estipulaciones del contrato colectivo" como dice el artículo 95 Inciso 19 del Código del Trabajo: por lo cual pedir que se cumplan más situaciones es violentar estas normas por interpretación errónea”. IV. El motivo de casación antes expuesto no es admisible debido a las siguientes razones: La censora establece como motivo de casación una interpretación errónea de los Artículos 95 inciso 19 y 111 numeral 1 del Código de Trabajo, en relación a la cláusula 3 del III Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo firmado entre las partes. No obstante, tras el estudio de la sentencia impugnada se observa que el ad-quem ha dado una interpretación correcta a la normativa citada, siendo importante hacer la observación a la Censora que si bien pueden haber especialidades agregadas por los contratos colectivos para llevar a cabo el proceso de restructuración, no es menos cierto que no se pueden ignorar los requisitos establecidos por el Código de Trabajo, dentro de los que se incluye el respeto a la antigüedad laboral, igualdad de condiciones y empleados sindicalizados, etc. Por lo anterior, las conclusiones a las que ha arribado la segunda instancia para confirmar lo realizado por el ad-quo se encuentran emitidas conforme a lo que la legislación laboral ordena. Adicionalmente, en la explicación de su motivo de casación, la Recurrente realiza alegatos de instancia, los cuales no son apropiados para este recurso extraordinario. V. Por lo anteriormente expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. literal h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 770, 777 y 858 del Código de Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado Roy Pineda Castro. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ROY PINEDA CASTRO, COORDINADOR, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de febrero del dos mil veinticuatro; certificación de la sentencia de fecha doce de septiembre del dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL342-2022. FIRMA Y SELLO.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ.

SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.