Sentencia CL-341-21 — Registro 15815
Resumen
demanda ordinaria laboral para que el patrono pruebe en juicio la justa causa del despido, de los contrario sea condenado al pago de prestaciones laborales e indemnizaciones legales, pago de salarios dejados caídos, costas del juicio
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo 765 del Código del Trabajo en que encuentra comprendido el cargo; b) las normas que indica como violadas (Artículos 46 letra b), 864 y 867 del Código del Trabajo) no ostentan el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; c) no demuestra el error en que incurrió el Juzgador, debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos; y, d) realiza alegatos propios de instancia.- IV. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo de casación.-"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 769, Numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los diecisiete días del mes de enero del año dos mil veintitrés.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha veinte de junio del dos mil veintidós, por el Abogado TOMAS ALBERTO MONCADA RAMOS, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además es parte recurrida, el señor DIXON DAVADYD ALVAREZ ORTIZ, representado en juicio por el Abogado WILFREDO LANZA REYES. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para que el patrono pruebe en juicio la justa causa del despido, de los contrario sea condenado al pago de prestaciones laborales e indemnizaciones legales, pago de salarios dejados caídos, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis de abril del dos mil diecisiete, por el Abogado WILFREDO LANZA REYES, en su condición de apoderado legal del señor DIXON DAVADYD ALVAREZ ORTIZ, mayor de edad, casado, Master en Dirección de Proyectos, hondureño y con domicilio en la ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL (SEDIS), por medio del Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha ocho de abril del dos mil veintiuno, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha veintisiete de septiembre del dos mil diecinueve, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: PRIMERO: Declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por el señor DIXON DAVADYD ALVAREZ ORTIZ, contra el ESTADO DE HONDURAS a través del señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA. SEGUNDO: CONDENAR al ESTADO DE HONDURAS a través del señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA A RECONOCER una relación de trabajo permanente la que sostenía la demandante el señor DIXON DAVADYD ALVAREZ ORTIZ con el ESTADO DE HONDURAS, específicamente con SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL (SEDIS) a partir del 02 Julio del 2012, siendo procedente el pago a favor del demandante de las prestaciones e indemnizaciones laborales de la siguiente manera: Preaviso Lps. 70,000.00; auxilio de cesantía Lps. 140,000.00; auxilio de cesantía proporcional Lps. 17,406.72; vacaciones proporcionales Lps. 5,728, 35; décimo tercer mes proporcional (Lps. 35,000.00); décimo cuarto mes proporcional (Lps. 17,500.00), lo que asciende a un total de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON SIETE CENTAVOS (Lps. 268,135.07) más los salarios dejados de percibir desde la fecha del ilegal del despido hasta que el presente fallo adquiera el carácter de firme. TERCERO: SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que durante el tiempo laboró para el Estado de Honduras y específicamente en la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), se desempeñó en el puesto Director UPEG, desde el 02 de julio del 2012, mediante contrato de trabajo, devengando un salario base mensual de L.30,000.00; que mientras el demandante laboró para la demandada mantuvo una relación de trabajo 100% laboral pues reúne los requisitos o elementos de una relación de trabajo consignados en el artículo 20 del Código del Trabajo, tales como 1) Prestación Personal del Servicio; 2) Subordinación y Dependencia; 3) Un salario como retribución; que siguiendo el orden de ideas, el demandante no era profesional que realizaba de forma autónoma su labor, si no que estaba subordinado y dependía del patrono quien giraba las instrucciones y los sometía a sus directrices, horarios jornadas y en definitiva era el contratante (patrono) quien definía el modo, cantidad y calidad de los trabajos con el demandante, pues es imposible adaptar su puesto de trabajo (Director de UPEG) a una relación mercantil que tenga como características la autonomía. Lo que el Estado de Honduras realizó con el demandante se llama simulación pues en el papel redactan una relación mercantil u otra, pero en realidad se trata de una relación laboral encubierta para evadir como ya se dijo el pago de los derechos laborales; sin embargo, mientras el actor tuvo una relación de trabajo con la Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo e Inclusión Social siempre desarrollo una actividad que al interior de dicho centro de trabajo era de carácter permanente de conformidad con el artículo 47 del Código del Trabajo. Resulta que el patrono en fecha 22 de diciembre del 2016 se despidió al demandante mediante nota que en su parte conducente dice: “Señor Dixon Davadyd Alvarez Ortiz.- Por este medio hacemos de su conocimiento que en virtud del contenido de la CLÁUSULA CUARTA: DURACIÓN DEL CONTRATO de prestación de servicios profesionales por tiempo determinado que usted suscribió con la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) le notificamos que a partir del 31 de Diciembre del año 2016 su relación de trabajo con esa Secretaría de Estado queda extinguida…”; es importante señalar que la causal de terminación de contrato alegada por el patrono no se ajusta a las establecidas en el artículo 112 del Código del Trabajo, de manera que la parte demandada deviene obligado en pagar las prestaciones laborales e indemnizaciones legales solicitadas; dándose por agotada la vía administrativa sin llegar a un arreglo conciliatorio con la demandada.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que, la relación contractual que sostuvieron las partes fue bajo la modalidad de Contratos de Servicios Profesionales y Técnicos, por tiempo definido y/o periodo determinado, con fecha de inicio y de finalización, contratación que fue aceptada y consentida por el demandante sin objeción alguna de su parte; no obstante el artículo 117, párrafo primero de la estimación presupuestaria de Ingresos de la Administración Central para el ejercicio Fiscal 2015 literalmente dice: “La contratación de personal con cargo al Objeto Especifico del Gasto 12100 Sueldo Básicos (Personal no Permanente) se debe realizar en casos excepcionales bajo la responsabilidad del titular de cada institución, siempre y cuando el personal a contratar figure en el Plan Operativo Anual (POA), y que exista la disponibilidad presupuestaria”, en estricta observancia de lo preceptuado en el artículo 200 párrafo tercero del Reglamento de la Ley de Servicio Civil que establece: "Estos contratos tienen vigencia únicamente dentro del presente ejercicio fiscal, no debiendo considerarse, para ningún efecto, al personal contratado bajo esta modalidad como permanente" de igual manera el artículo 201 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil establece: “Para la validez de estos contratos deberán observarse las normas presupuestarias; no podrán suscribirse contrato alguno sino hubiere disponibilidad suficiente en la correspondiente asignación para gastos del ejercicio fiscal que corresponda. La contravención a lo acá dispuesto hará incurrir en responsabilidad"; sin embargo la parte actora en forma equívoca aduce que le asisten los derechos que reclama por la labor que ha desempeñado, haciendo caso omiso que los empleados permanentes son nombrados a través de un Acuerdo, prestando sus servicios personales a la administración pública bajo el régimen y protección de la Ley de Servicio Civil, planificados en el POA, acuerdo que no establece una fecha de terminación de la relación laboral, a diferencia de los Contratos de Servicios Profesionales y Técnicos, que si establecen una fecha de inicio y de terminación del contrato, tal y como lo establece el artículo 202 párrafo segundo del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, por lo tanto este juzgado por el principio de la libre contratación puede arrogar su análisis en lo que establece el Artículo 46 literal b) del Código del Trabajo que instituye: “Los contratos individuales pueden ser también por tiempo limitado cuando se especifica fecha para su terminación”, como es el caso que nos ocupa y que si se firmaron contratos anteriores también estos fueron concertados con fecha de terminación de la obligación contraída y sin obligación posterior para las partes, circunstancia ésta que era del conocimiento del demandante y en virtud de que la prestación de Servicios Profesionales y Técnicos, se encuentran regulada en la Ley de Procedimiento Administrativo, por ser contratos de carácter administrativo se someten al conocimiento de la Ley de lo Contencioso Administrativo tal como lo preceptúa el artículo 3 literal a) del mismo cuerpo legal.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintisiete de septiembre del dos mil diecinueve, dictó sentencia misma que: “FALLA: PRIMERO: Declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por el señor DIXON DAVADYD ALVAREZ ORTIZ, contra el ESTADO DE HONDURAS a través del señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA. SEGUNDO: CONDENAR al ESTADO DE HONDURAS a través del señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA A RECONOCER una relación de trabajo permanente la que sostenía la demandante el señor DIXON DAVADYD ALVAREZ ORTIZ con el ESTADO DE HONDURAS, específicamente con SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL (SEDIS) a partir del 02 Julio del 2012, siendo procedente el pago a favor del demandante de las prestaciones e indemnizaciones laborales de la siguiente manera: Preaviso Lps. 70,000.00; auxilio de cesantía Lps. 140,000.00; auxilio de cesantía proporcional Lps. 17,406.72; vacaciones proporcionales Lps. 5,728, 35; décimo tercer mes proporcional (Lps. 35,000.00); décimo cuarto mes proporcional (Lps. 17,500.00), lo que asciende a un total de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON SIETE CENTAVOS (Lps. 268,135.07) más los salarios dejados de percibir desde la fecha del ilegal del despido hasta que el presente fallo adquiera el carácter de firme. TERCERO: SIN COSTAS…”. Bajo el criterio que, cómo se puede observar, el demandante ha sido contratado como temporal, en un puesto que por su continuidad tanto en el tiempo, como en el mismo puesto de trabajo y para el mismo empleador, son de naturaleza indefinida dentro de la institución demandada, por la misma naturaleza de la labor que se desempeña en esta, es decir siempre necesitara el cargo de (DIRECTOR UPEG). Deduciéndose que el contrato de trabajo que nació como temporal se ha desnaturalizado, pues su permanencia en el tiempo y la naturaleza de la labor desempeñada ha provocado la exigencia y necesidad de la institución en cuanto a los puestos de trabajo. También hay que agregar que el puesto de trabajo que desempeña el demandante en la institución, no puede, ni debe considerarse de carácter temporal, pues los servicios que proporciona son necesarios para la plena operatividad de la institución, tomando en cuenta la función y el objeto de creación de la misma, por lo que no pueden ser accidentales. Concluyendo que dicha forma de contratación no tiene la mínima intención de poner fin a la relación laboral suscrita originalmente como temporal; haciendo la aclaración que lo que se invalida es la declaración fraudulenta o simulada de la voluntad de las partes (o la de una de ellas en realidad), no respecto de la decisión de relacionarse o de vincularse jurídicamente, en consecuencia se extingue con la sanción de nulidad a cualquiera y a toda modalidad fraudulenta o de simulación, donde se pretenda la violación de derechos laborales, pero subsiste y debe de aplicarse al contrato de trabajo, las normas laborales y previsionales por encima de la voluntad de las partes, por ser las normas de Derecho del Trabajo de orden público y de cumplimiento obligatorio.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha ocho de abril del dos mil veintiuno, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que, esta Corte de Apelaciones en reiterados fallos ha dejado establecido que el Estado de Honduras al contratar a sus trabajadores, lo hace en base a contratos de servicios profesionales, nombrándolos en plazas vacantes cuya naturaleza es de carácter permanente; lo que ha llevado a que dichos trabajadores soliciten su permanencia y se les considere como trabajadores permanentes; ya que se ha dejado claro que dichos contratos de trabajo reúnen los requisitos señalados en el artículo 20 del Código del Trabajo, por lo que también de acuerdo con el artículo 47 del mismo cuerpo legal, estos trabajadores han desarrollado sus labores de manera continua, ejerciendo las mismas actividades y funciones, bajo las órdenes del mismo patrono y recibiendo un pago como retribución a sus labores y cumpliendo una jornada de trabajo; por lo que es claro que el contrato suscrito entre las partes es de naturaleza permanente. Que la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia señala "Que consecuentemente la existencia de una relación de trabajo no depende de lo que las partes hubieren pactado, sino de la situación real en que el trabajador se encuentre colocado, de modo que la aplicación del derecho del trabajo depende cada vez menos de una relación jurídica subjetiva, cuya existencia es independiente del acto que condiciona su nacimiento; por ello resulta erróneo pretender juzgar la naturaleza de esta relación, de acuerdo a lo que las partes hubieren pactado, ya que si las estipulaciones consignadas en el contrato no corresponden a la realidad, y además implican renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución y el Código del Trabajo le otorgan al trabajador, son nulas de pleno derecho”. Que, habiéndose ya pronunciado la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia, que “…si las estipulaciones consignadas en el contrato no corresponden a la realidad, y además implican renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución y el Código del Trabajo le otorgan al trabajador, son nulas de pleno derecho”, por lo que es procedente confirmar la sentencia definitiva apelada.- 5. Mediante auto de fecha veintisiete de septiembre del dos mil veintiuno, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado TOMAS ALBERTO MONCADA RAMOS, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha veinte de junio del dos mil veintidós, compareció ante este Tribunal el Abogado TOMAS ALBERTO MONCADA RAMOS, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha veinte de junio del dos mil veintidós, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha treinta y uno de octubre del dos mil veintidós, se declaró precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por parte del Abogado WILFREDO LANZA REYES, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.-Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II.- Que el abogado TOMAS ALBERTO MONCADA RAMOS, en el primer y único motivo de casación alega: “La Sentencia impugnada ha sido emitida con violación de ley por error de hecho por falta de apreciación de prueba, siendo violatoria de normas sustantivas nacionales como lo expresare en los siguientes motivos de Casación. Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva nacional y de índole laboral, por error de hecho por falta de valoración del medio de prueba documental admitido a la parte demandada, que adelante se singulariza en relación a las demás pruebas en su conjunto y que hizo incurrir en error de hecho que aparece manifiesto en los autos, y que llevó en forma indirecta a la Corte Sentenciadora a la violación del artículo 46 letra b), 864 y 867 del código de trabajo como normas sustantivas vulneradas del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 párrafo primero y segundo del Código del Trabajo. NORMAS ADJETIVAS QUE SIRVIERON DE MEDIOS: Las normas adjetivas que sirvieron de medios para la violación de la sustantiva señalada, están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código de Trabajo. EXPLICACION DEL MOTIVO: La Corte Sentenciadora, al confirmar por unanimidad de votos el fallo dictado por el Juzgado de primera instancia, manifiestamente incurrió en error de hecho, por falta de apreciación de prueba Medio de Prueba Documental señalado anteriormente, admitido y evacuada en su oportunidad; en relación a los demás medios de prueba en su conjunto. En ese aspecto, el juzgador no está sujeto a tarifa legal de las pruebas, sino que forma libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la sana critica de la prueba, tal y como está consagrado en el artículo 739 del Código del Trabajo; pero esta, disposición no impide de manera alguna que el Tribunal se coloque en una posición de profundo análisis para poder llegar a la verdad de los hechos, para impartir justicia aplicando la ley. Es decir, que deviene obligado a efectuar las apreciaciones de las pruebas en su conjunto o sea ello es una obligación imperativa y esa apreciación debe ser acertada, razonada y completa. En el caso en particular, si hubiese apreciado el tribunal recurrido, el medio de prueba señalado, se hubiera dado por establecido en forma indubitable que la parte demandante firmo y acepto unas condiciones de contratación con mi representada que la excluyen totalmente de esta jurisdicción y que no generaban para el contratante (Estado de Honduras) ningún tipo de obligación para con el ahora demandante, claro está, que este medio de prueba no fue apreciado por la Corte recurrida, lo que resulta evidente el error judicial en la falta de valoración de ese material probatorio; todo lo anterior en violación de lo dispuesto el artículos 46, 864 y 867 del Código de Trabajo, en tal sentido Honorables Magistrados de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, tomando en consideración que la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de esta sección judicial, confirma la sentencia dictada por el juzgado de primera instancia en la que falla condenar al Estado de Honduras y reintegrar al demandante. En adición a lo anterior, si la prueba documental señalada hubiese sido valorada, el juzgador se hubiese percatado que a los demandantes su contratación le consistía en prestar servicios específicos a la administración en la medida y con el alcance que ésta determine (concepto que rige la Ley de Contratación del Estado para los contratos de Servicios Profesionales o Técnicos); y sobre todo no tienen el carácter de permanente por lo que deja de existir relación laboral alguna entre las partes y allí finaliza el vínculo, por lo que debió concluir acertadamente que a la demandante, no se le puede reintegrar por parte del Estado ya que la contratación realizada era por tiempo definido o determinado. Por no haber hecho la apreciación de la prueba, le impide también a la Corte sentenciadora concluir que la pretensión de reintegro no procede porque el Estado se encuentra limitado ya que la contratación a la cual ella fue sometida es de las que se realiza para una determinada labor y finalizada esta, finaliza la razón de ser de la misma, además de las limitaciones presupuestarias impuestas al Estado por la misma ley y que el A-Quem está prácticamente obligando a mi representado a cumplir, a sabiendas de que el cumplimiento de esa sentencia provocaría que se realice un abuso y un acto ilegal por parte del Estado. SOBRE LA DENUNCIA DE LOS VICIOS PROCESALES EN LA INSTANCIA: Al recaer estos vicios en la sentencia definitiva, no se pudo realizar la denuncia previa de estos vicios, siendo este recurso extraordinario el único remedio procesal para enmendar la infracción denunciada”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo 765 del Código del Trabajo en que encuentra comprendido el cargo; b) las normas que indica como violadas (Artículos 46 letra b), 864 y 867 del Código del Trabajo) no ostentan el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; c) no demuestra el error en que incurrió el Juzgador, debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos; y, d) realiza alegatos propios de instancia.- IV. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. SECRETARIO DE LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los dieciséis días del mes febrero del dos mil veintitrés; certificación de la sentencia de fecha diecisiete de enero del dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Casación número CL 341-21.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
SECRETARIO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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