Sentencia CL-333-22 — Registro 17186
Resumen
Segunda instancia confirma el fallo de primera instancia en la demanda ordinaria laboral de primera instancia para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios en virtud de un despido indirecto declarando no ha lugar la demanda y esta sala declara la nulidad de la sentencia.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
...´´Que nadie puede ser juzgado sino por juez o Tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. II.- Que el Artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. - Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente". III.- Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8.1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden...´´
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
...´´Que nadie puede ser juzgado sino por juez o Tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. II.- Que el Artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. - Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente". III.- Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8.1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden...´´
Jerarquía: Reiterativa
...´´Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial. V.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella...´´
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Jerarquía: Reiterativa
...´´Con base a lo establecido en el artículo 726 del Código del Trabajo, así como el artículo 8 del Código Procesal civil, referente a la celeridad procesal deberá el Ad Quem, resolver de forma prioritaria dicha nulidad por ser un juicio que ya ha sido de conocimiento y estudio procurando brindar una pronta respuesta a las partes procesales...´´´
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 726 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Civil, art. 8 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
...´´Que la sentencia pronunciada por la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, confirma la de primera instancia y por ello declara sin lugar la demanda, bajo el razonamiento de que no se probó el despido verbal del que fue objeto, el señor SAMUEL MARTINEZ DIAZ pero es el caso que el fallo omite valorar y pronunciarse sobre los medios de prueba aportados por la parte demandante, especialmente el acta circunstanciada de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de fecha 16 de julio de 2018 documental publica visibles a folios 6 y 7 y acta de comparecencia de fecha 28 de agosto de 2018 documental publica visibles a folios 10 al 13 del expediente de primera instancia, ya que el artículo 738 del Código del Trabajo, le exige hacerlo, más aún cuando la empresa demandada sostiene que el demandante no ha sido su empleado y que la misma nació en el año 2011 y el demandante inicio su prestación de servicio como JORNALERO el 05 de enero de 2008. VII.- Que el tópico de las resoluciones judiciales es fundamental lo referente a la fundamentación y motivación, ya que la primera es un ejercicio racional mediante el cual se proporcionan razones que tienen la aspiración de convencer a los destinatarios acerca de su corrección y validez. Quien motiva explica las causas de sus decisiones y esas pueden ser incluso irracionales. Quien explica da razones para hacer aceptable lo resuelto. Por eso en materia jurídica, las decisiones sólo son válidas si están respaldadas por razonamientos legales, esto es: fácticos, probatorios y jurídicos...´´
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código de Procedimientos Civiles, art. 207 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN. -
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veinticuatro días del mes de julio del año dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha diecisiete de noviembre del dos mil veintidós, por el Abogado KERUIN ALFONSO ROMERO MARTINEZ, en su condición de representante procesal del señor SAMUEL MARTINEZ DIAZ, como recurrente; además es parte recurrida, la EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA DE PRODUCCIÓN "LA CINCO DE ENERO”, representada en juicio por la Abogada KAREN VANESSA ELENCOFF MARTINEZ. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral de primera instancia para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios en virtud de un despido indirecto, promovida ante el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, Departamento de Colon, en fecha ocho de octubre del dos mil dieciocho, por el señor SAMUEL MARTINEZ DIAZ mayor de edad, casado, Agricultor, hondureño, del domicilio de Tocoa, Departamento de Colón, contra la EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA DE PRODUCCIÓN "LA CINCO DE ENERO", por medio de su Presidente el señor EVELIO SANCHEZ. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veintidós de abril del dos mil veintidós, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha treinta de julio del dos mil veintiuno, proferida por el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, Departamento de Colon, misma que: “FALLA: 1.- Declarando no ha lugar la DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA PARA EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIONES LABORALES SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS EN VIRTUD DE UN DESPIDO INDIRECTO.-PODER.- SE ACOMPAÑAN DOCUMENTOS.- Promovida por el señor SAMUEL MARTINEZ DIAZ, mayor de edad, casado, agricultor, hondureño, del domicilio de la Aldea la Concepción, Tocoa, Colón, con identidad 0209-1959-00148; Contra de la Empresa asociativa campesina de producción "La Cinco de Enero", representada por su presidente Evelio Sánchez, mayor de edad, casado, Hondureño, con identidad 1866-1932-00326.- 3.- No hay condena en costas”. ANTECEDENTES DE HECHO. 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción que ingreso a trabajar en la Empresa Asociativa Campesina de Producción “La Cinco de Enero”, desempeñándose como "Jornalero", teniendo un salario de L. 1,070.00 semanal; al comenzar a laborar no firmaron contrato alguno, todo se realizó mediante un acuerdo verbal con el señor Evelio Sánchez, donde tenía un horario de trabajo de 5:00 a.m. hasta finalizar con el desempeño de su trabajo, trabajando 6 días a la semana y teniendo un día de descanso el día domingo, sin goce de horas extras. Comenzaba a laborar desde las 5:00 a.m., por el cual siempre llegaba puntual a su horario de trabajo y no presentaba problema alguno, obedeciendo con las labores que su trabajo presentaba, hasta finalizar con el cumplimiento de su labor sin ningún horario de salida. En fecha 28 de junio del año 2018 se presentaron a su puesto de trabajo, el presidente de la Junta Directiva el señor Evelio Sánchez para que le hiciera entrega de los utensilios de trabajo, lo cual accedió a entregárselas, posteriormente dijo que no necesitaría más de sus servicios, siendo despedido sin causa alguna y razón justificada de su despido. En fecha 03 de julio del año 2018 con el ánimo de conocer su situación laboral es que acudió a la oficina de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social en la ciudad de Tocoa, para constatar su despido indirecto y en vista que la demandada se le enviaron varias cédulas de citación, compareciendo el representante de la Junta Directiva de la demandada, por lo cual se dio por cerrada la vía administrativa. 2. La parte demandada, la EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA DE PRODUCCIÓN "LA CINCO DE ENERO", contestó dicha demanda señalando que es totalmente falso que existía una relación de trabajo entre las partes, en virtud que nunca existieron los elementos necesarios para una relación laboral, establecidos en el artículo 20 del Código de Trabajo y que cabe aclarar que el demandante era socio de la misma y si bien es cierto realizaba labores, esto se debía a que como socio estaba en la obligación como todos los demás socios a aportar jornadas ordinarias diurnas, ya que así lo establece su Personería Jurídica, por mandato de la ley en los artículos 52 numeral 1, 53 y demás aplicable del estatuto de las empresas asociativas de campesinos honduras así como los estatutos internos de la empresa; además es falso que hacía labores sin tener horario de salida. También es falso que el demandante fue despedido ya que era Socio y fue expulsado debido a diversos problemas que ocasiono a la demandada. 3. El Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, Departamento de Colon, en fecha treinta de julio del dos mil veintiuno, dictó sentencia que, en su parte conducente, dice: “FALLA: 1.- Declarando no ha lugar la DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA PARA EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACIONES LABORALES SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS EN VIRTUD DE UN DESPIDO INDIRECTO.-PODER.- SE ACOMPAÑAN DOCUMENTOS.- Promovida por el señor SAMUEL MARTINEZ DIAZ, mayor de edad, casado, agricultor, hondureño, del domicilio de la Aldea la Concepción, Tocoa, Colón, con identidad 0209-1959-00148; Contra de la Empresa asociativa campesina de producción "La Cinco de Enero", representada por su presidente Evelio Sánchez, mayor de edad, casado, Hondureño, con identidad 1866-1932-00326.- 3.- No hay condena en costas”. Bajo el criterio que el demandante, fue expulsado en asamblea de la cooperativa de campesinos, "La cinco de Enero"; y que, si bien es cierto como prueba de la parte demandante, obra un acta de conciliación en la cual la Cooperativa, ofrece pagar la cantidad de Lps. 100,000, más la devolución de las aportaciones que tenía el demandante en la cooperativa; entiende el suscrito que estas cantidades fueron ofrecidas como derechos sociales no laborales, tal como lo dispone el artículo 81 de la Ley de Cooperativas. Las cooperativas serán de producción cuando esté Constituida por personas que se asocian para trabajar, producir, transformar, y vender en común los productos que elaboran. Artículo 47, 48, de la Ley de Cooperativas, y 114 del reglamento. A partir de lo que dispone la Ley, se entiende que la aportación de la fuerza de trabajo es implícita a la condición de socios, ya que son estos los que tiene que trabajar para hacer producir, y poder vender, en consecuencia no se puede considerar que el demandante era trabajador, ya que como socio, también era dueño de la empresa Campesina; teniéndose que atener, a lo que disponen los estatutos de la demandada que establece lo siguiente: “Artículo 37. Son obligaciones de los socios de una empresa asociativa de campesinos: a) Aportar a la Empresa su trabajo personal en forma directa y responsable y vivir en el mismo predio de aquella o en el lugar próximo o adyacente. Artículo 52. El haber social de la empresa Asociativa estará constituido: a) por la aportación del trabajo personal de los socios”. Por lo que se estima que el demandante debió seguir otra vía procedimental, para lograr su reincorporación como socio, o que se le liquidara de la manera que la Ley señala bajo estas circunstancias. 4. La Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha veintidós de abril del dos mil veintidós, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que en la causa de mérito la aportación de trabajo es en su calidad de socio por lo que no podría considerarse como un trabajador, en la causa de mérito el recurrente hace referencia a que no se valoró el medio de prueba acta circunstanciada, pero el recurrente sólo hace referencia a la parte o renglones que supuestamente le favorecen, sin embargo, dicha acta debe analizarse y valorarse en todo su contexto, no se observa una violación al principio de igualdad pues aunado a lo que se infiere del acta circunstanciada la demandada presentó prueba testifical y los estatutos que establecen que los socios prestan su fuerza laboral en su condición de socios de dichas cooperativas por lo cual no pueden considerarse como empleados de la misma por lo que bien hizo el A-quo en declarar no ha lugar la demanda de mérito. 5. Mediante auto de fecha veinticinco de julio del dos mil veintidós, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado KERUIN ALFONSO ROMERO MARTINEZ, en su condición de representante procesal del señor SAMUEL MARTINEZ DIAZ, contra la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha diecisiete de noviembre del dos mil veintidós, compareció ante este Tribunal el Abogado KERUIN ALFONSO ROMERO MARTINEZ, en su condición de representante procesal del señor SAMUEL MARTINEZ DIAZ, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha diecisiete de noviembre del dos mil veintidós, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha diecisiete de marzo del dos mil veintitrés, se declaró precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por parte de la Abogada KAREN VANESSA ELENCOFF MARTINEZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I.- Que nadie puede ser juzgado sino por juez o Tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. II.- Que el Artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. - Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente". III.- Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8.1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden. IV.- Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial. V.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. VI.- Que la sentencia pronunciada por la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, confirma la de primera instancia y por ello declara sin lugar la demanda, bajo el razonamiento de que no se probó el despido verbal del que fue objeto, el señor SAMUEL MARTINEZ DIAZ pero es el caso que el fallo omite valorar y pronunciarse sobre los medios de prueba aportados por la parte demandante, especialmente el acta circunstanciada de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de fecha 16 de julio de 2018 documental publica visibles a folios 6 y 7 y acta de comparecencia de fecha 28 de agosto de 2018 documental publica visibles a folios 10 al 13 del expediente de primera instancia, ya que el artículo 738 del Código del Trabajo, le exige hacerlo, más aún cuando la empresa demandada sostiene que el demandante no ha sido su empleado y que la misma nació en el año 2011 y el demandante inicio su prestación de servicio como JORNALERO el 05 de enero de 2008. VII.- Que el tópico de las resoluciones judiciales es fundamental lo referente a la fundamentación y motivación, ya que la primera es un ejercicio racional mediante el cual se proporcionan razones que tienen la aspiración de convencer a los destinatarios acerca de su corrección y validez. Quien motiva explica las causas de sus decisiones y esas pueden ser incluso irracionales. Quien explica da razones para hacer aceptable lo resuelto. Por eso en materia jurídica, las decisiones sólo son válidas si están respaldadas por razonamientos legales, esto es: fácticos, probatorios y jurídicos. VIII.- Con base a lo establecido en el artículo 726 del Código del Trabajo, así como el artículo 8 del Código Procesal civil, referente a la celeridad procesal deberá el Ad Quem, resolver de forma prioritaria dicha nulidad por ser un juicio que ya ha sido de conocimiento y estudio procurando brindar una pronta respuesta a las partes procesales. IX.- Que, por las razones antes expuestas, es procedente declarar la nulidad de la sentencia recurrida, para que el Ad-Quem proceda de conformidad a Derecho. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5, 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 666 letra c), 776, 777 y 858 del Código del Trabajo; 9 y 11 del Código Civil; 22, 200, 206, 207, 208, 211, 212 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia definitiva dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha 22 de abril del 2022 visible a folios del 13 al 20 de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a Derecho. Redactó la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. ROY PINEDA CASTRO, COORDINADOR, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los un días del mes septiembre del dos mil veintitrés; certificación de la sentencia de fecha veinticuatro de julio del dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL333-2022. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.