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Sentencia CL-328-22 — Registro 17475

Resumen

...´´Segunda instancia falló confirmando la sentencia de primera instancia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral para el pago del cien por ciento de las prestaciones sociales que se comprometió a pagar por el despido del trabajador donde condena al pago, declara sin lugar la excepción perentoria, esta sala resuelve, declarando nulidad...´´

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

...´´Por otro lado, es oportuno recordar que el juzgador de instancia está obligado a velar por la tutela efectiva de los derechos e intereses legítimos pretendidos en la demanda removiendo los impedimentos que se pueden producir y posibilitando el ejercicio de los mismos lo contrario da lugar a que se irrespete el derecho acceso a la justicia y, por ende, a la tutela judicial efectiva. Además, para tales efectos y de conformidad al principio pro homine se debe dar a la norma la interpretación más extensiva cuando se trate de reconocer derechos protegidos y a la inversa una aplicación restringida, cuando se trate de limitar los mismos. IX. Que de conformidad al principio dispositivo este Tribunal de casación solo podrá decidir en relación con los pronunciamientos que haya sido recurridos por las partes y estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente y, en su caso, por la cuestión derecho a que se refiere la impugnación. No obstante, lo anterior y de conformidad a la Ley, deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no hubieren sido denunciado por el recurrente, con el fin de lograr la enmienda en la aplicación e interpretación de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso. X. Con base a lo establecido en el artículo 726 del Código de Trabajo, así como el artículo 8 del Código Procesal Civil, referente a la celeridad procesal deberá el Ad Quem, resolver de forma prioritaria dicha nulidad por ser un juicio que ya ha sido de conocimiento y estudio procurando brindar una pronta respuesta a las partes procesales...´´

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Jerarquía: Reiterativa

...´´Que conforme el principio y deber de congruencia procesal, los jueces y magistrados deberán resolver las cuestiones planteadas, después de un proceso de deliberación y valoración, produciéndose a continuación la redacción escrita de la sentencia, fase en la que necesariamente ha de tenerse en cuenta la motivación, como medio de exteriorizar el juicio mental realizado por el Órgano Jurisdiccional, para llegar a la emisión de la declaración de voluntad que se materializa en el fallo, en el sub judice la sentencia recurrida carece de congruencia en base a lo establecido en los artículos 206 y 207 del Código Procesal Civil, tomando en consideración que este Tribunal y en base a la calidad de las sentencias y la aplicación de un lenguaje jurídico claro en las mismas, ya que al confirmar hace suyo lo expresado por el Ad quo y el mismo declara con lugar la demanda y condena, teniendo el Ad-quem la obligación de revisar y corregir lo sometido a su jurisdicción, para no tener motivos que imposibiliten la ejecución de la sentencia, así mismo en base al artículo 113 literal a) del Código de Trabajo establece que las indemnizaciones de los salarios dejados de percibir son cuando se solicita el reintegro a su puesto de trabajo siendo el presente caso la solicitud del pago de las prestaciones laborales ya reconocidas sin que proceda tal condena. VII. Que las sentencias judiciales deben ser claras, precisas y exhaustivas, a efectos de ser congruente con las demandas y con las demás pretensiones de la parte, deducidas oportunamente en el pleito Art. 206 numeral 1 y 208 numeral 1) del Código Procesal Civil...´´

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

...´´Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial...´´

Legislación citada

  • Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Jerarquía: Reiterativa

...´´Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial...´´

Legislación citada

  • Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha veintitrés de marzo del dos mil veintitrés, por el Abogado OMAR DE JESUS CABRERA SABILLON, en su condición de representante procesal de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE), como recurrente; además es parte recurrida, el señor ELMER JOSUE PINEDA ORELLANA, representado en juicio por el Abogado NELSON YOVANNY URBINA ULLOA. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el pago del cien por ciento de las prestaciones sociales que se comprometió a pagar por el despido del trabajador, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha ocho de agosto del dos mil diecinueve, por el señor ELMER JOSUE PINEDA ORELLANA, mayor de edad, en unión libre, operador de lancha, hondureño, y con domicilio en el Municipio de Santa Cruz de Yojoa, Departamento de Cortés, en contra de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (E.N.E.E.) por medio de su Gerente General el señor LEONARDO DERAS. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha seis de mayo del dos mil veintidós, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha tres de marzo del dos mil veintidós, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, misma que: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR la demanda Laboral promovida por ELMER JOSUE PINEDA ORELLANA contra la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA E.N.E.E. Representada por su gerente general el señor: LEONARDO DERAS ambos de generales expresadas en el preámbulo de esta Sentencia; En consecuencia: CONDENA: a la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA E.N.E.E. Representada por su gerente general el señor: LEONARDO DERAS a pagar al trabajador demandante ELMER JOSUE PINEDA ORELLANA la cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS UN LEMPIRAS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS (L.146,401.85) por los siguientes conceptos: preaviso L.25,666.67, cesantía L. 38,500.00, cesantía proporcional L.8,270.37, décimo tercer mes proporcional L.8,952.78, décimo cuarto mes proporcional L.3,452.78, vacaciones pendientes L. 12,833.33, décimo tercer mes causado L.22,000.00, décimo cuarto mes causado L. 22,000.00, Mas a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha de la terminación de la relación de trabajo hasta que con sujeción a las normas procesales quede firme la sentencia condenatoria.- 2)DECLARA SIN LUGAR la excepción perentoria de prescripción de la acción interpuesta por la parte demandada.- 3)SIN COSTAS”. ANTECEDENTES DE HECHO 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que la empresa E.N.E.E. manejaba el proyecto que técnicamente se denomina Proyecto MOS, consistente en trabajos de mantenimiento de obras subterráneas, en la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán, y como supervisor del proyecto MOS, se desempeñaba el ingeniero Rolando Rodríguez, quien actualmente sigue laborando para la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, con sede en la central hidroeléctrica Francisco Morazán conocida como el cajón; resulta que el proyecto MOS, finalizo y la ENEE despidió a todos los trabajadores, y se les notificó que se les pagaría el cien por ciento de las prestaciones sociales, esto según nota de fecha veintitrés de octubre del dos mil dieciocho, firmada por el señor Jesús Mejía, gerente general. Al demandante se le pidió presentar una serie de constancias de finiquito de solvencias, previo hacerle el depósito por medio de sistema de administración integrado (SIAFI) las cuales presentó en su totalidad ante el Departamento de Relaciones Laborales de la demandada en fecha 29 de noviembre del 2018. El actor comenzó a laborar para el proyecto MOS, el 01 de marzo de del 2014, en el puesto de operador de lancha, devengando un salario de L.11,000.00, cabe señalar que, durante su periodo para el Proyecto MOS, al demandante no le pagaron vacaciones, aguinaldo, ni décimo cuarto mes de salario. Al actor desde su despido, no le han pagados sus prestaciones y salarios adeudados, pues la demandada aduce que este nunca celebro un contrato de trabajo con la demandada, sin embargo, si el señor Rolando Rodríguez mandaba cada fin de mes la planilla con el nombre de los empleados, para que se les pagara, pero que realmente los trabajadores de ese proyecto nunca tuvieron contrato de trabajo. 2.- El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en auto de fecha dieciséis de septiembre de dos mil veintiuno, declaró en contumacia el presente juicio, debido a que la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENNE), dejo transcurrir el termino otorgado para contestar la demanda. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha tres de marzo del dos mil veintidós, dictó sentencia que, en su parte conducente, dice: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR la demanda Laboral promovida por ELMER JOSUE PINEDA ORELLANA contra la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA E.N.E.E. Representada por su gerente general el señor: LEONARDO DERAS ambos de generales expresadas en el preámbulo de esta Sentencia; En consecuencia: CONDENA: a la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA E.N.E.E. Representada por su gerente general el señor: LEONARDO DERAS a pagar al trabajador demandante ELMER JOSUE PINEDA ORELLANA la cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS UN LEMPIRAS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS (L.146,401.85) por los siguientes conceptos: preaviso L.25,666.67, cesantía L. 38,500.00, cesantía proporcional L.8,270.37, décimo tercer mes proporcional L.8,952.78, décimo cuarto mes proporcional L.3,452.78, vacaciones pendientes L. 12,833.33, décimo tercer mes causado L.22,000.00, décimo cuarto mes causado L. 22,000.00, Mas a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha de la terminación de la relación de trabajo hasta que con sujeción a las normas procesales quede firme la sentencia condenatoria.- 2)DECLARA SIN LUGAR la excepción perentoria de prescripción de la acción interpuesta por la parte demandada.- 3)SIN COSTAS”. Bajo el criterio que la demandada en la nota de finalización del contrato de trabajo suscrito con el demandante reconoce pagarle el 100% de las prestaciones e indemnizaciones laborales que conforme a ley le corresponde, y no acredito en juicio que las hubiere pagado por lo que es procedente condenar a pagar las prestaciones laborales, y el resarcimiento de daños y más a títulos de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir todo en virtud de que la demandada no ha mostrado buena fe en querer pagar las prestaciones sociales que le reconoció en la nota de terminación de la relación de trabajo. Que la parte demandada interpuso la excepción perentoria de prescripción de la acción aduciendo que el derecho del demandante ya le había prescrito; con relación a tal excepción se encuentra acreditado en autos que la demandada en su nota de terminación de la relación de trabajo reconoció al demandante el pago de 100% de las prestaciones sociales e indemnizaciones laborales que conforme a ley le corresponde; que si bien es cierto, el artículo 864 del Código de Trabajo establece que los derechos y acciones de los trabajadores para reclamar contra los despidos injustificados que se le hagan o contra las correcciones disciplinarias que se les apliquen, prescriben en el término de dos (2) meses contados a partir de la terminación del contrato o desde que se les impusieron dichas correcciones, respectivamente; también es cierto que el artículo 868 inciso b) del mismo cuerpo de Ley, establece que el termino de prescripción se interrumpe: Por el hecho de que la persona a cuyo favor corre la prescripción reconozca expresamente, de palabra o por escrito, o tácitamente por hechos indudables, el derecho de aquel contra quien transcurre el termino de prescripción. Disposición que tiene aplicación en el presente caso la demandada reconoció el derecho al demandante al pago de sus prestaciones sociales, al haberles reconocido el pago del 100% de sus prestaciones sociales, interrumpiendo de esa forma el termino de prescripción. Que el demandante dentro de sus pretensiones reclama, el décimo tercer mes, décimo cuarto mes y vacaciones causadas de los dos últimos años, que siendo que en términos generales "incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen", es decir la carga de la prueba corresponde a la parte que alega un hecho para deducir derecho. A la vez el interesado en que se desconozcan esos derechos debe aportar la prueba del hecho impeditivo, modificatorio o extintivo. En el presente caso el demandante alega que no le fueron pagados esos conceptos; y siendo no está obligado a demostrar que este no se ha efectuado ni acreditar que hay mala fe patronal, le es suficiente afirmar la circunstancia de no haberle sido cubierto, será el patrono que quiere exonerarse de la condena a quien le corresponde la carga de la prueba sobre el pago directo o por consignación. En el caso de autos el patrono no acredito haber pagado esos derechos razón por la cual procede condenar al pago de los mismos. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha seis de mayo del dos mil veintidós, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que en el presente caso, pese a que la terminación de la relación de trabajo se produjo el 23 de octubre del 2018, que la demanda se presentó el 08 de agosto del 2019 y que el reclamo administrativo fue realizado el 02 de septiembre del 2019, la excepción perentoria de prescripción no tiene cabida tal y como lo estimó a-quo, por cuanto en la nota de desvinculación, la demandada reconoció el pago de las prestaciones laborales, situándose por ello, en el contexto del inciso b) del artículo 868 del Código del Trabajo que establece que "El término de prescripción se interrumpe: b. Por el hecho de que la persona a cuyo favor corre la prescripción reconozca expresamente, de palabra o por escrito, o tácitamente por hechos indudables, el derecho de aquél contra quien transcurre el término de prescripción. Quedan comprendidos entre los medios expresados en este inciso el pago o cumplimiento de la obligación del deudor, sea parcial o en cualquier otra forma que se haga"; de ahí que los argumentos del recurrente a ese respecto no resultan atendibles, se indica que conforme al principio general del derecho "Lo accesorio sigue la suerte de lo principal”, no puede estar prescrito el derecho de beneficiarse del pago de los salarios dejados de percibir al desestimarse la prescripción del reclamo de las prestaciones. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el expediente Número AL-422-527-534-2006 sostuvo que: "...se entiende que la exacción de los salarios caídos es una sanción moratoria impuesta al patrono por no pagar oportunamente a la terminación del Contrato de trabajo, los salarios y prestaciones sociales a su cargo, y que son inherentes o consustanciales a la injusta o ilegal terminación del Contrato de trabajo. Se trata pues de un derecho cierto, irrenunciable, no sujeto a contradicción en el juicio y sobre el cual no cabe duda fundada porque se adquiere de conformidad con la ley"; de ahí que, si bien, los salarios dejados de percibir no fueron solicitados en el escrito de demanda, su condena es conforme a lo dispuesto en los artículos 113 y 728 del Código de Trabajo. 5.- Mediante auto de fecha veinticinco de julio del dos mil veintidós, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado CARLOS RENE ANTUNEZ LAZO, en su condición de representante procesal de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha veintitrés de marzo del dos mil veintitrés, compareció ante este Tribunal el Abogado OMAR DE JESUS CABRERA SABILLON, en su condición de representante procesal de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE), formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha diecisiete de mayo del dos mil veintitrés, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que proveído de fecha diecisiete de agosto del dos mil veintitrés, se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por parte del Abogado NELSON YOVANNY URBINA ULLOA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente a la Magistrada ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I. Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. II. Que el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. - Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente.” III. Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter."; además, se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden. IV. Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial. V. Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. VI. Que conforme el principio y deber de congruencia procesal, los jueces y magistrados deberán resolver las cuestiones planteadas, después de un proceso de deliberación y valoración, produciéndose a continuación la redacción escrita de la sentencia, fase en la que necesariamente ha de tenerse en cuenta la motivación, como medio de exteriorizar el juicio mental realizado por el Órgano Jurisdiccional, para llegar a la emisión de la declaración de voluntad que se materializa en el fallo, en el sub judice la sentencia recurrida carece de congruencia en base a lo establecido en los artículos 206 y 207 del Código Procesal Civil, tomando en consideración que este Tribunal y en base a la calidad de las sentencias y la aplicación de un lenguaje jurídico claro en las mismas, ya que al confirmar hace suyo lo expresado por el Ad quo y el mismo declara con lugar la demanda y condena, teniendo el Ad-quem la obligación de revisar y corregir lo sometido a su jurisdicción, para no tener motivos que imposibiliten la ejecución de la sentencia, así mismo en base al artículo 113 literal a) del Código de Trabajo establece que las indemnizaciones de los salarios dejados de percibir son cuando se solicita el reintegro a su puesto de trabajo siendo el presente caso la solicitud del pago de las prestaciones laborales ya reconocidas sin que proceda tal condena. VII. Que las sentencias judiciales deben ser claras, precisas y exhaustivas, a efectos de ser congruente con las demandas y con las demás pretensiones de la parte, deducidas oportunamente en el pleito Art. 206 numeral 1 y 208 numeral 1) del Código Procesal Civil. VIII. Por otro lado, es oportuno recordar que el juzgador de instancia está obligado a velar por la tutela efectiva de los derechos e intereses legítimos pretendidos en la demanda removiendo los impedimentos que se pueden producir y posibilitando el ejercicio de los mismos lo contrario da lugar a que se irrespete el derecho acceso a la justicia y, por ende, a la tutela judicial efectiva. Además, para tales efectos y de conformidad al principio pro homine se debe dar a la norma la interpretación más extensiva cuando se trate de reconocer derechos protegidos y a la inversa una aplicación restringida, cuando se trate de limitar los mismos. IX. Que de conformidad al principio dispositivo este Tribunal de casación solo podrá decidir en relación con los pronunciamientos que haya sido recurridos por las partes y estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente y, en su caso, por la cuestión derecho a que se refiere la impugnación. No obstante, lo anterior y de conformidad a la Ley, deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no hubieren sido denunciado por el recurrente, con el fin de lograr la enmienda en la aplicación e interpretación de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso. X. Con base a lo establecido en el artículo 726 del Código de Trabajo, así como el artículo 8 del Código Procesal Civil, referente a la celeridad procesal deberá el Ad Quem, resolver de forma prioritaria dicha nulidad por ser un juicio que ya ha sido de conocimiento y estudio procurando brindar una pronta respuesta a las partes procesales. XI. Que por las razones y consideraciones jurídicas expuestas procede se declare la nulidad de la resolución recurrida a efecto de que el Tribunal de segunda instancia proceda de conformidad a derecho. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciende aplicación de los artículos 82, 90 párrafo primero, 303 reformado 304 reformado 313 numeral 14) reformado, 316 párrafo primero reformado, 321, 323 de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1), y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664 y 858 del Código del Trabajo; 22, 193, 197, 199, 206, 207, 211, 215 numeral 5) y 931 del Código Procesal Civil; 9 y 11 del Código Civil; 1 y 30 ml 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 16, 18 y 23 numeral c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: Declarar la NULIDAD de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, de fecha 06 de mayo del 2022, visible a folios 19 al 21 de la segunda pieza de autos. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó la Magistrada ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA.NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. ROY PINEDA CASTRO, COORDINADOR, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de febrero del dos mil veinticuatro; certificación de la sentencia de fecha veintiocho de septiembre del dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL328-2022. FIRMA Y SELLO.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ.

SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.