Sentencia CL-325-21 — Registro 15848
Resumen
Demanda ordinaria laboral contraída para el cumplimiento de una obligación de hacer en virtud de estar establecida en la Constitución de la República, Código del Trabajo y en el IX Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo celebrado entre el INA y el Sindicatos de Trabajadores del Instituto Nacional Agrario (SITRAINA), pago de nivelación salarial de manera retroactiva, reajuste de salario también de manera retroactiva y demás derechos que pudieren corresponder, costas del juicio
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo expuesto resulta inadmisible, puesto que el error de hecho solo procede en casación cuando es ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos; sin embargo, al revisarse la situación jurídica planteada, se advierte que el Tribunal recurrido al confirmar el fallo de primera instancia hizo suyos los argumentos del Juez A-Quo, observándose que se realizó el análisis y valoración apropiada de todo el material probatorio allegado al juicio, llegándose a la conclusión de que se efectuaron los pagos para la nivelación salarial en mención. En adición, en cuanto al error de hecho en la apreciación de las pruebas, este Tribunal llama la atención en cuanto a que no es la apreciación de una prueba o la omisión de la misma por parte del juzgador lo que constituye el error de hecho, sino que este vicio es el efecto o resultado que puede presentarse en el criterio del juzgador como consecuencia de haberse dejado de apreciar o de haberse apreciado equivocadamente una prueba, en forma de inducirlo a dar por establecido un hecho que no aparece probado realmente o al contrario, a dar por no probado un hecho que sí está demostrado en el proceso y en el caso sub-judice no aparece ninguna situación que pugne contra el material probatorio aportado y practicado en el juicio. En adición, el artículo 95 numeral 19 del Código del Trabajo, señalado como violado indirectamente, si bien tienen el carácter sustantivo exigido en este extraordinario recurso, el mismo regula situaciones jurídicas que no tienen incidencia en la decisión final objeto del recurso.-"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."El error de hecho es una creencia o noción equivocada del juez frente a los hechos revelados por la prueba, la demanda o la contestación, que se percibe de forma inmediata y conlleva a la violación indirecta de la ley. Para que se configure la violación de la ley por error de hecho en la apreciación de las pruebas, son necesarios los siguientes requisitos: a) Debe existir una mala o falta de apreciación de la prueba; b) Esa mala apreciación debe ser originada por un error de hecho, es decir, respecto de la prueba considerada en sí misma y no con relación a las normas legales que reglamentan la prueba; c) Ese error de hecho debe generar como consecuencia obligada y necesaria la violación de la ley sustantiva; d) Que el error de hecho expresado debe ser manifiesto, o sea que aparezca en pugna con la evidencia demostrada por la prueba de que se trate, como ocurriría si en la sentencia se admite por probado un hecho que en realidad no está demostrado o al contrario. Del análisis del motivo en mención, el recurrente aduce que el error de hecho proviene de la apreciación errónea de los medios de prueba documental singularizados y que se refieren a pagos de nivelación y ajustes de salarios, bajo el señalamiento que la demandante no se le ha efectuado de conformidad al contrato colectivo, en apego a la cláusula 34 del contrato colectivo del INA, pero al ser revisada en su conjunto, se destaca que si se apreciaron plenamente y en su justa medida esas pruebas, dado que el Ad-Quem ha establecido con propiedad ese extremo; todo lo anterior implica que el cargo no pueda ser admitido.-"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..." Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal, de tal manera que este Tribunal deba enmendar; en el presente caso, donde la situación planteada ya ha sido resuelta en el momento procesal oportuno por el A-quo y confirmado por el Tribunal de apelación lo constituye en un objeto de litigio ya dirimido y agotadas sus instancias; sin embargo, estudiado el caso en examen, este Tribunal no estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria.- XII. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus cuatro motivos de casación. Y declarar sin lugar la petición de nulidad subsidiaria.-"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Civil, art. 1589 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los trece días del mes de enero del dos mil veintitrés.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha treinta y uno de marzo del dos mil veintidós, por el Abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO, en su condición de representante procesal de la señora GLENDA ESPERANZA CANALES CANALES, como recurrente; además es parte recurrida, el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), representado en juicio por el Abogado CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral contraída para el cumplimiento de una obligación de hacer en virtud de estar establecida en la Constitución de la República, Código del Trabajo y en el IX Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo celebrado entre el INA y el Sindicatos de Trabajadores del Instituto Nacional Agrario (SITRAINA), pago de nivelación salarial de manera retroactiva, reajuste de salario también de manera retroactiva y demás derechos que pudieren corresponder, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticuatro de noviembre del dos mil dieciséis, por la Abogada GLENDA ESPERANZA CANALES CANALES, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio, actuando en causa propia, contra el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), por medio de su Director Ejecutivo, señor RAMON ANTONIO LARA BUESO. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha diez de mayo del dos mil veintiuno, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha veintisiete de septiembre del dos mil diecinueve, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: 1) DECLARANDO SIN LUGAR LA DEMANDA promovida por GLENDA ESPERANZA CANALES CANALES, Contra el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (I.N.A.) por medio de su Director Ejecutivo y por ende Representante Legal, el señor RAMON ANTONIO LARA BUEZO para el reconocimiento de la nivelación salarial y reconocimiento de salario a partir de la última reclasificación y demás derechos que pudieran corresponder; consecuentemente, 2) ABSUELVE al demandado El INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (I.N.A) por medio de su Director Ejecutivo y por ende Representante Legal, el señor RAMON ANTONIO LARA BUEZO, a reconocer la nivelación salarial y reconocimiento de salario a partir de la última reclasificación y demás derechos que pudieran corresponder a la señora GLENDA ESPERANZA CANALES CANALES; 3) SIN COSTAS en esta Instancia...”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que inició la relación laboral con el Instituto Nacional Agrario, desde el 10 de enero de 2007, en el cargo de Analista Presupuestario, con un salario mensual de L.7,500.00; que mediante Acuerdo No. 221-2013, de fecha 06 de diciembre de 2013, el INA, por medio de su Ministro Director Ejecutivo, Licenciado Félix Nectaly Medina Agurcia, acordó reclasificar la plaza No. 9267 de Asistente Legal a Asesor Legal adscrito a la Secretaría General de la Oficina Central y NOMBRAR en la misma a la señora Glenda Esperanza Canales Canales, a partir del 07 de diciembre del 2013, l trece, conservando salario, antigüedad y demás derechos que por Ley le corresponden. Resulta, que desde el 07 de diciembre del 2013, ha venido desempeñándose como Asesor Legal, adscrito a la Secretaría General del Instituto Nacional Agrario, realizando labores inherentes a su cargo como ser: Elaborar Autos, diligencias, Proyectos de Resoluciones, Practicar requerimiento, emitir cualquier tipo de Opiniones Jurídicas que se requiera, elaborar informes para el Consejo Nacional Agrario y la Honorable Corte Suprema de Justicia, en los diferentes expedientes que se tramitan en dicha Secretaría General, devengando un salario mensual de L.15,707.00, pero la labor que desempeñan sus demás compañeros Profesionales del Derecho en el INA, ostentan el Acuerdo de Nombramiento como Asesor Legal, igual nombramiento, puesto, jornada que la demandante, con la diferencia que el salario mensual de ellos oscila o asciende a la suma de L.28,707.00; en procura de hacer prevalecer los derechos de la demandante y seguir el trámite legal establecido para la nivelación y reajuste salarial de manera retroactiva desde el día de la última reclasificación, al amparo de lo prescrito en la Constitución de la República que dice en su Artículo 128: “Las leyes que rigen las relaciones entre patronatos y trabajadores son de orden público. Son nulos los actos, estipulaciones o convenciones que impliquen renuncia, disminuyan, restrinjan o tergiversen las siguientes garantías: 1), 2), 3) A trabajo igual corresponde salario igual sin discriminación alguna, siempre que el puesto, la jornada y las condiciones de eficiencia y tiempo de servicio sean también iguales", en concordancia con lo prescrito en los artículos 360 y 367 del Código del Trabajo. Confirmando la procedencia del reclamo de la demandante en la cláusula 34 del IX Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo celebrado en el INA y el SITRAINA, dice: “…que el Instituto se compromete a remunerar a sus trabajadores de conformidad a nivel o categoría contemplada en la Escala Salarial, la cual debe ser aprobada y actualizada por el INA y el SITRAINA…”; agotándose el trámite administrativo correspondiente, sin poder llegar a un arreglo conciliatorio con la parte demandada.- 2. La parte demandada, el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), contestó dicha demanda señalando que, la demandante inicia una relación laboral en un cargo como analista, para lo cual, y en un acto de buena fe, el INA con toda la intención de otorgarle un contrato de trabajo, reclasifica una plaza de Vigilante a Analista Presupuestaria, con un salario inicial de L.8,000.00, para posteriormente en un periodo de dos años aproximadamente, se mejora su status laboral al ser nombrada de Analista Presupuestaria a Asistente Legal, obviamente, este es un cargo de mayor rango dentro de la institución y por último, siempre con el ánimo de mejorar su status laboral, el INA reclasifica la plaza de Asistente Legal a Asesor Legal, lo que encumbra a la Demandante en un cargo de mucha relevancia dentro de la institución, realizando las labores inherentes al cargo para lo cual fue nombrada, reconociéndolo en todo momento su antigüedad y todos los derechos que por ley le corresponden; de igual manera, la demandante ha venido gozando durante todo este tiempo, los aumentos salariales que ha otorgado la institución; aumentos salariales, producto de las negociaciones periódicas del Sindicato con la institución, a través de la contratación colectiva vigente, es así que la demandante ha recibido cinco aumentos salariales, cuatro derivados de las negociaciones del Contrato Colectivo y uno de parte del Gobierno Central, otorgado a todos los servidores públicos, tal como se probara en la secuela del presente juicio. El INA no está obligado a otorgar aumentos salariales a trabajadores que hayan obtenido un Título Universitario, en virtud que no existe Disposición Legal ni económica para tal efecto; que en ningún momento el demandado ha violado lo preceptuado en los artículos 128 de la Constitución de la República; 360 y 367 del Código del Trabajo, ya que como se expresó anteriormente el salario jornal o sueldo que percibe la demandante es justo de conformidad con el espíritu de dichos preceptos legales como ser, entre otros, a trabajo igual le corresponde salario igual, sin discriminación alguna. Para concluir se debe manifestar que la institución demandada al no existir un Manual de Puestos y Salarios, la masa laboral en cuestión de salarios, no es uniforme, todo depende de la antigüedad de laborar y las conquistas de aumento salarial a través de las negociaciones del Contrato Colectivo, por lo cual se da el caso de que personas con un cargo de baja categoría al de la demandante, incluso puede devengar un salario mayor por todo lo que se expresó anteriormente.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintisiete de septiembre del dos mil diecinueve, dictó sentencia que, en su parte conducente, dice: “FALLA: 1) DECLARANDO SIN LUGAR LA DEMANDA promovida por GLENDA ESPERANZA CANALES CANALES, Contra el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (I.N.A.) por medio de su Director Ejecutivo y por ende Representante Legal, el señor RAMON ANTONIO LARA BUEZO para el reconocimiento de la nivelación salarial y reconocimiento de salario a partir de la última reclasificación y demás derechos que pudieran corresponder; consecuentemente, 2) ABSUELVE al demandado El INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (I.N.A) por medio de su Director Ejecutivo y por ende Representante Legal, el señor RAMON ANTONIO LARA BUEZO, a reconocer la nivelación salarial y reconocimiento de salario a partir de la última reclasificación y demás derechos que pudieran corresponder a la señora GLENDA ESPERANZA CANALES CANALES; 3) SIN COSTAS en esta Instancia...”. Bajo el criterio que, analizados los hechos en controversia, los medios de prueba aportados y los preceptos jurídicos aplicables, siendo que el presente caso se refiere a la denuncia por discriminación laboral, la parte demandante deviene obligada acreditar los indicios en que se sustenta la misma y la parte demandada en calidad de patrono que su actuación ha sido de conformidad a derecho de igualdad de trato; es decir, que en tal situación no ha discriminado al trabajador, dándole el mismo tratamiento salarial conforme al resto de sus compañeros; que es criterio de la Sala Laboral Contencioso Administrativo que: "ante la invocación de una causa de discriminación por parte del Trabajador es el empresario o patrono quien debe asumir la carga de probar las hechos generadores de extinción o de no existencia de dicha conducta, pero el denunciante debe de acompañar un indicio fáctico que le sirva para la inversión de la carga de la prueba, ya que no basta el simple hecho de alegarla, sino que es necesario que se acredite la presencia de circunstancias que constituyan indicios racionales de que está en juego el factor que determina la igualdad y es a partir de tales circunstancias cuando el empresario deberá destruir la presunción probando que existe causa justificada suficiente". En base a lo antes expuesto, que si bien es cierto la parte demandante acredita que existe otras personas en el Departamento de Secretaría General, donde presta sus servicios, con el cargo de Asesora Legal, quienes realizan las mismas funciones, como ser las señoras María del Carmen Morales Ávila y Ana Gabriela Varela Meléndez; la parte demandada acreditó en autos que las personas que ostentan el mismo cargo tienen mayor antigüedad, Maria del Carmen Morales Ávila, el 1 de enero del 2003 y Ana Gabriela Varela Meléndez, el 17 de julio del 2000; y que a la demandante se le ha otorgado los incrementos en las mismas condiciones que a los demás empleados de la empresa; comparando las presentes circunstancias con lo establecido en el artículo 128 numeral 3 de la Constitución de la República que dice: "a trabajo igual corresponde salario igual sin discriminación alguna, siempre que el puesto, la jornada y las condiciones de eficiencia y tiempo de servicio sean también iguales"; la suscrita Juez es del criterio que no se ha probado ni establecido el indicio racional para concluir que la parte demandada en su condición de patrono ha realizado un acto de discriminación para con la demandante al momento del reconocimiento del salario, por consiguiente, se declara SIN LUGAR la presente demanda.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diez de mayo del dos mil veintiuno, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el A-quo, sin costas; bajo el criterio que, de acuerdo con la prueba que obra en la primera pieza de autos, se establece que la demandante se le han otorgado todos los incrementos que se le han dado a sus demás compañeros y con los que se pretende lograr la nivelación salarial; por lo que de acuerdo con lo estipulado en la Constitución de la República de que: "A trabajo igual corresponde salario igual sin discriminación alguna, siempre que el puesto, la jornada y las condiciones de eficiencia y tiempo de servicio sean también iguales"; por lo que al no existir una discriminación como lo alega la parte demandante, no se puede pretender la nivelación del salario, ya que la norma constitucional es bien clara en cuanto a los requisitos que se deben cumplir al pretender la nivelación de salario, por lo que no puede haber discriminación, ya que la demandante no cumple con los requisitos exigidos.- 5. Mediante auto de fecha veintisiete de septiembre del dos mil veintiuno, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO, en su condición de representante procesal de la señora GLENDA ESPERANZA CANALES CANALES, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha treinta y uno de marzo del dos mil veintidós, compareció ante este Tribunal el Abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO, en su condición de representante procesal de la señora GLENDA ESPERANZA CANALES CANALES, formalizando su demanda, exponiendo cuatros motivos de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de fecha treinta y uno de marzo del dos mil veintidós, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha veintiocho de septiembre del dos mil veintidós, se declaró precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por parte del Abogado CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida; en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que el Abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO, en su primer motivo de casación alega: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de la ley sustantiva de orden nacional, en infracción indirecta proveniente de la falta de apreciación de los medios de prueba: documental público propuesta y admitida a la parte demandante que obra a folios: 8, 9, 10, 11, 12, 13 Y 14, y del folio número 16 al folio número 55., la prueba documental mediante exhibición de documentos propuesta y admitida a la parte demandante que obra a folios 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, que hizo incurrir en un error de hecho que aparece de manifiesto en los autos y que conllevó a en forma indirecta a la violación de la norma sustantiva de orden nacional contentiva del artículo 95 numeral 19 del Código del Trabajo. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de la norma sustantiva señalada están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código de Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el artículo 765 numeral primer párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACION DEL MOTIVO: Señalo que la Corte de Apelaciones, al momento de emitir el fallo, objeto del presente recurso cometió una infracción indirecta de la ley, mediante la falta de apreciación a los medios de prueba documental pública consistente en: Acuerdo de nombramiento de Asesor Legal del Instituto Nacional Agrario, Notas enviadas por mi representada al Señor Director Ejecutivo del Instituto Nacional Agrario, IX Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo celebrado entre el Instituto Nacional Agrario (INA) Y EL Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional Agrario, obran a folios 7 al 55 de la pieza principal de autos, que la hizo incurrir un error de hecho y este en la violación del artículo 95 numeral 1 del Código del Trabajo. Ha existido una falta de apreciación de los medios de prueba singularmente señalados en virtud de que en que a través de dichos medios de prueba, se acreditó fehacientemente en el juicio que la parte demandada no ha aplicado al demandante la nivelación o ajuste al salario de la demandante, reclamado en el presente juicio, y siendo que referido reajuste o nivelación salarial está pactado en el Contrato Colectivo, es que de haber sido apreciada dicha prueba, la Corte de Apelaciones hubiese llegado al convencimiento que el Patrono incumplió con su obligación establecida en el artículo 95 numeral 1 del Código del Trabajo, que de manera suscita establece que el patrono está obligado a pagar de manera retroactiva los ajustes de su salario y la nivelación del mismo YA PACTADOS EN EL CONTRATO COLECTIVO. Se señala que ha existido una falta de apreciación en virtud que la Corte de Apelaciones es del parecer que a la parte demandante se le han otorgado todos los incrementos que se le han dado a sus demás compañeros, sin embargo mediante toda la prueba propuesta y evacuada si se acredito que la demandante tiene derecho a que se le ajuste el salario, en base a lo establecido en la CLÁUSULA No. 34 del Contrato Colectivo (folio 93 vuelto y 94 frente). Ante lo cual de manera evidente ha existido una falta de apreciación de todos estos medios de prueba singularmente citados, ya que mediante estos se acredito el derecho que le asiste a la demandante a que su salario sea ajustado y nivelado al que devengan sus compañeras. Y que de haber sido apreciada dicha prueba la Corte de Apelaciones hubiese condenado esos conceptos y respetado la norma sustantiva. Por consiguiente, tanto el Juzgado de primera instancia como la Corte de Apelaciones cometieron el error de hecho que aparece de manifiesto en los autos y que conllevó en forma indirecta a la violación de la norma sustantiva de orden nacional contentiva del artículo 95 numeral 1 del Código del Trabajo”.- III. Que el cargo expuesto resulta inadmisible, puesto que el error de hecho solo procede en casación cuando es ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos; sin embargo, al revisarse la situación jurídica planteada, se advierte que el Tribunal recurrido al confirmar el fallo de primera instancia hizo suyos los argumentos del Juez A-Quo, observándose que se realizó el análisis y valoración apropiada de todo el material probatorio allegado al juicio, llegándose a la conclusión de que se efectuaron los pagos para la nivelación salarial en mención. En adición, en cuanto al error de hecho en la apreciación de las pruebas, este Tribunal llama la atención en cuanto a que no es la apreciación de una prueba o la omisión de la misma por parte del juzgador lo que constituye el error de hecho, sino que este vicio es el efecto o resultado que puede presentarse en el criterio del juzgador como consecuencia de haberse dejado de apreciar o de haberse apreciado equivocadamente una prueba, en forma de inducirlo a dar por establecido un hecho que no aparece probado realmente o al contrario, a dar por no probado un hecho que sí está demostrado en el proceso y en el caso sub-judice no aparece ninguna situación que pugne contra el material probatorio aportado y practicado en el juicio. En adición, el artículo 95 numeral 19 del Código del Trabajo, señalado como violado indirectamente, si bien tienen el carácter sustantivo exigido en este extraordinario recurso, el mismo regula situaciones jurídicas que no tienen incidencia en la decisión final objeto del recurso.- IV. Que el Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de la ley sustantiva nacional, en infracción indirecta proveniente de la apreciación errónea de los medios de prueba: documental público propuesta y admitida a la parte demandante que obra a folios: 8, 9, 10, 11, 12, 13 Y 14, y del folio número 16 al folio número 55, la prueba documental mediante exhibición de documentos propuesta y admitida a la parte demandante que obra a folios 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, que hizo incurrir en un error de hecho que aparece de manifiesto en los autos y que conllevó a en forma indirecta a la violación de la norma sustantiva de orden nacional contentiva del artículo 95 numeral 19 del Código del Trabajo. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de la norma sustantiva señalada están contenidas en los artículos 738 y 7.39 del Código de Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el artículo 765 numeral primero párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACION DEL MOTIVO: Señalo que la Corte de Apelaciones, al momento de emitir el fallo, objeto del presente recurso cometió una infracción indirecta de la ley, mediante la apreciación errónea a los medios de prueba documental pública admitida a la parte demandante que contiene las planillas en las que aparecen tanto el salario de la demandante Lps. 15,707.00 y la de sus compañeras ANA GABRIELA VARELA MELENDEZ, DELMA DAMARIS CACERES GONZALES, LAURA MARCELA VARELA Y OTRAS, que oscila en Lps. 28,707.00, quienes tienen el mismo acuerdo de nombramiento, realizan el mismo trabajo, trabajan en la misma Secretaria General del Instituto Nacional Agrario y tienen el mismo cargo o puesto (folios 154, 155, 156, 157 y 158), prueba documental propuesta y admitida a la parte demandante cuya evacuación obra a folio 148, 149 y 150, que hizo incurrir en la violación del artículo 95 numeral 19 del Código del Trabajo. consistente en: Acuerdo de nombramiento de Asesor Legal del Instituto Nacional Agrario, Notas enviadas por mi representada al Señor Director Ejecutivo del Instituto Nacional Agrario, IX Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo celebrado entre el Instituto Nacional Agrario (INA) Y EL Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional Agrario, obran a folios 7 al 55 de la pieza principal de autos, que la hizo incurrir un error de hecho y este en la violación del artículo 95 numeral 19 del Código del Trabajo. Esto en vista que la Corte de Apelaciones valora dichos medios de prueba de tal manera que llega al convencimiento y establece que a la demandante se le han otorgado todos los incrementos que se le han dado a sus demás compañeros y con los que pretende lograr la nivelación salarial y que al Amparo de la Constitución de la República (no dice que articulo), pero considero que se quiso referir al 128 numeral 3), Y que no ha existido discriminación por ser clara la norma constitucional (no dice cuál es la norma), por lo que la demandante no cumple con los requisitos exigidos. Sin embargo, olvido la Corte de Apelaciones que la demandante en ningún momento ha sido su pretensión el reconocimiento de su antigüedad en su puesto de trabajo para que se le pretenda aplicar la parte final del artículo 128 numeral 3) de la Constitución de la República como ser "y tiempo de servicio sean también iguales". Asimismo, la Corte de Apelaciones, en ningún apartado de su sentencia y donde concluyen para emitir su fallo como ser: CONSIDERANDOS 6, 7, 8, 11 (se saltó los considerandos 9 Y 10), 11, y 12, valoró la prueba aportada al proceso como ser el IX Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo celebrado entre el Instituto Nacional Agrario y el Sindicato del mismo Instituto, específicamente su CLAUSULA No. 34, a folios 36, 93 vuelto 95 frente. Por lo que la no valoración a dicho medio probatorio, entra en contradicción con las valoraciones que la Sala Laboral ha establecido mediante criterios jurisprudenciales en relación a los ajustes de salarios bajo la existencia de un Contrato Colectivo, que es el caso de mi representada, es decir, estudiar y revisar dichas actuaciones de conformidad con la Contratación Colectiva, al que nunca se refirió en su sentencia hoy recurrida en casación, ya que esta es la única manera de determinar si el patrono ha cumplido con su obligación, como ser el del ajuste del salario a la demandante, ostenta su acuerdo de nombramiento, devenga un salario inferior al de sus compañeros, que tienen su mismo nivel y categoría, por así establecerlo la contratación colectiva. Y así lo establece la norma sustantiva del artículo 95 numeral 19 del Código del Trabajo que se considera violada. Por lo que, de manera sumaria, al haber valorado la prueba de manera errónea por tener por acreditado que ha existo una liberación de responsabilidad del patrono, causó que el Juzgador violente el artículo 95 numeral 19 del Código del Trabajo, ya que la valoración que se le tuvo que dar a dicha pruebas que no pude existir renuncia por parte de los trabajadores de los derechos laborales que ha este le corresponden y que en el presente caso nace de la NEGOCIACION COLECTIVA, y posteriormente condenar a los mismos ya que la norma sustantiva nacional así lo ordena”.- V. El error de hecho es una creencia o noción equivocada del juez frente a los hechos revelados por la prueba, la demanda o la contestación, que se percibe de forma inmediata y conlleva a la violación indirecta de la ley. Para que se configure la violación de la ley por error de hecho en la apreciación de las pruebas, son necesarios los siguientes requisitos: a) Debe existir una mala o falta de apreciación de la prueba; b) Esa mala apreciación debe ser originada por un error de hecho, es decir, respecto de la prueba considerada en sí misma y no con relación a las normas legales que reglamentan la prueba; c) Ese error de hecho debe generar como consecuencia obligada y necesaria la violación de la ley sustantiva; d) Que el error de hecho expresado debe ser manifiesto, o sea que aparezca en pugna con la evidencia demostrada por la prueba de que se trate, como ocurriría si en la sentencia se admite por probado un hecho que en realidad no está demostrado o al contrario. Del análisis del motivo en mención, el recurrente aduce que el error de hecho proviene de la apreciación errónea de los medios de prueba documental singularizados y que se refieren a pagos de nivelación y ajustes de salarios, bajo el señalamiento que la demandante no se le ha efectuado de conformidad al contrato colectivo, en apego a la cláusula 34 del contrato colectivo del INA, pero al ser revisada en su conjunto, se destaca que si se apreciaron plenamente y en su justa medida esas pruebas, dado que el Ad-Quem ha establecido con propiedad ese extremo; todo lo anterior implica que el cargo no pueda ser admitido.- VI. Que el Impetrante formula un tercer motivo de casación, en el que alega: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de la ley sustantiva de orden nacional por interpretación errónea del artículo 379 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACION DEL MOTIVO: Ha existido una evidente interpretación errónea del artículo 379 del Código del Trabajo que señala la obligación de celebrar ante las autoridades de trabajo todos los actos de compensación, liquidación, transacción o convenio entre obrero y patrono para su validez y siendo que regula una obligación es que efectivamente se constituye en una norma sustantiva de orden nacional, siendo estas las que consagran derechos y obligaciones correlativos. Asimismo, y previo a continuar con el desarrollo de este motivo, dejo establecido que el hecho debidamente comprobado s que de conformidad a la cláusula 34 del Contrato Colectivo a mi representada se le tuvo que ajustar el salario y no lo percibió. Dicho lo anterior, la Corte de Apelaciones aplica y valora dicha norma, en el sentido que por el hecho que a la demandante se le han otorgado todos los incrementos que se le han dado a sus demás compañeros, no existe discriminación y que por ello no cumple con los requisitos exigidos, no queriendo valorar que el salario de mi representada es de Lps. 15,707.00 y el de sus compañeros es de Lps.28,707.00”.- VII. Que el cargo que antecede resulta inadmisible en razón de que la infracción directa o interpretación errónea tiene lugar cuando el juez habiendo aplicado la norma, le atribuye un sentido y alcance que no tiene, es decir, que tiene lugar cuando el juzgador de instancia ha hecho una equivocada apreciación de la norma considerada en si misma con presidencia de hechos que se trata de regular, el artículo 379 del Código del Trabajo señalado o como norma infringida directamente, si bien tiene la calidad de norma sustantiva la misma no tiene incidencia en la resolución del caso; en consecuencia, no resulta viable el ataque al fallo por el concepto invocado.- VIII. Que el Censor formula un cuarto motivo de casación invocando lo siguiente: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de la ley sustantiva nacional, en infracción indirecta proveniente de apreciación errónea de los medios de prueba documental pública consistente en: Acuerdo de nombramiento de Asesor Legal del Instituto Nacional Agrario, Notas enviadas por mi representada al Señor Director Ejecutivo del Instituto Nacional Agrario, IX Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo celebrado entre el Instituto Nacional Agrario (INA) Y EL Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional Agrario, obran a folios 7 al 55 de la pieza principal de autos, que la hizo incurrir en un error de hecho que aparece manifiesto en los autos y que conllevo a en forma indirecta a la violación de la norma sustantiva de orden nacional contentiva del artículo 1422 del Código Civil. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de la norma sustantiva señalada están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código de Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el artículo 765 numeral primero párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Señalo que la Corte de Apelaciones, al momento de emitir el fallo, objeto del presente recurso cometió una infracción indirecta de la ley, mediante la apreciación ERRÓNEA de los medios de prueba documental pública admitido a la parte demandante consistente en: Acuerdo de nombramiento de Asesor Legal del Instituto Nacional Agrario, Notas enviadas por mi representada al Señor Director Ejecutivo del Instituto Nacional Agrario, IX Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo celebrado entre el Instituto Nacional Agrario (INA) Y EL Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional Agrario, obran a folios 7 al 55 de la pieza principal de autos, propuesta y admitida a la parte demandante cuya evacuación obra a los folios antes enunciados, lo que hizo incurrir en la violación del artículo 1422 del Código Civil. Ha existido una falta de apreciación de los medios de prueba singularmente señalados en virtud de que en que a través de dichos medios de prueba, se acreditó fehacientemente en el juicio que la parte demandada no ha aplicado al demandante la nivelación o ajuste al salario de la demandante, reclamado en el presente juicio, y siendo que referido reajuste o nivelación salarial está pactado en el Contrato Colectivo, es que de haber sido apreciada dicha prueba, la Corte de Apelaciones hubiese llegado al convencimiento que el Patrono incumplió con su obligación establecida en el artículo 1422 del Código Civil, que de manera suscita establece que el patrono está obligado a pagar de manera retroactiva los ajustes de su salario y la nivelación del mismo YA PACTADOS EN EL CONTRATO COLECTIVO. En virtud de lo anterior, de haber sido valorada de manera correcta la prueba, los Tribunales de primera y segunda instancia hubiesen llegado a la convicción que no se ha entregado la cosa ni hecho la prestación en que la obligación consistía. Y así no hubiese violentado el artículo 1422 del Código Civil, no siendo así las cosas se ha incurrido en un error de hecho que aparece de manifiesto en los autos y que conllevó a en forma indirecta a la violación de la norma sustantiva de orden nacional contentiva del artículo 1422 del Código Civil. No valorando, además, la prueba propuesta y evacuada si se acreditó que la demandante tiene derecho a que se le ajuste el salario, en base a lo establecido en la CLÁUSULA No. 34 del Contrato Colectivo (folio 93 vuelto y 94 frente)”.- IX. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) El artículo 1422 del Código Civil, señalado como normas sustantivas infringidas, no ostentan tal calidad, ya que para los efectos del recurso se requiere que ese precepto legal contenga o imponga derechos y obligaciones recíprocos para las partes o que los extinga, no reviste las características de ser precepto legal sustantivo y no corresponde al orden laboral; b) Debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos, lo cual no aparece demostrado por el Recurrente; y, d) Formula alegatos propios de instancia.- X. El impetrante alega nulidad subsidiaria, la cual aduce que: “La nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella y debe, cuando conste en autos, declararse de oficio, aunque las partes no la aleguen., y no puede subsanarse por la confirmación o ratificación de las partes. Pues bien, atendiendo la anterior disposición y siempre reiterando el más debido respeto a Vosotros, Honorables Magistrados, suplico poner la atención en las actuaciones sucedidas, tanto en la primera instancia como en la segunda y podrá observar las deficiencias imperdonables ocurridas, que nos dan la impresión, que tanto El Señor Juez y los tres profesionales del derecho desconocen inexcusablemente el procedimiento laboral a que tenía que sujetarse el presente juicio en atención a lo siguiente: 1).- En la presentación de la demanda, la demandante como pretensión principal y única solicita el pago de la nivelación y ajuste salarial que se ha ido produciendo hasta la fecha que se emita el fallo condenatorio de manera retroactiva y demás derechos que le pudieren corresponder, bajo el amparo de lo establecido en la Constitución de la Republica, y en especial con lo estatuido en la cláusula No. 34 del IX Contrato Colectivo DE Condiciones de Trabajo celebrado entre el Instituto Nacional Agrario y el Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional Agrario. Pero que como se repite, ni en primera, ni segunda instancia a pesar de haberles probado y acreditado en el momento procesal tal extremo ninguna instancia lo quiso valorar, limitándose únicamente a manifestar en sus fallos, que lo solicitado por la demandante no procede en vista que a ella se le han otorgado todos los incrementos que se le han dado a sus demás compañeros, por lo que no existe discriminación y que la demandante no cumple con los requisitos exigidos. Desconociéndose ampliamente el contenido de referida cláusula No. 34 del Contrato Colectivo que es la que ampara la pretensión de la demandante, en vista que ella en ningún momento está solicitando el reconocimiento de su antigüedad en su puesto de trabajo sino que es el ajuste a su salario de conformidad al sueldo que devengan sus demás compañeras, quienes realizan el mismo trabajo, bajo un mismo patrono, en la misma oficina, tienen el mismo acuerdo de nombramiento, siendo la única diferencia que mi representada su salario es de Lps. 15,708.00 y el de sus compañeras oscila en Lps.28,707.00. Con lo que se probó y acreditó en juicio que el patrono incumplió a lo que se obligó ya que mi representada es un empleado nombrado mediante Acuerdo de nombramiento, devenga un sueldo inferior a su nivel o categoría, por lo que el Instituto Nacional Agrario de acuerdo a la cláusula No. 34 del Contrato Colectivo se deviene obligada realizar el ajuste del salario de la demandante de acuerdo al que devengan sus demás compañeros, lo cual fue acreditado y probado en juicio tal y como consta en la primera pieza de autos y que la Corte de Apelaciones no lo valoró en su sentencia. 2).- Al respecto, el Artículo 200 del Código Procesal Civil, en relación, al contenido formal de las sentencias, específicamente en el numeral 2 inciso c, particulariza que "en los fundamentos de derecho se expresarán en párrafos separados y numerados, los puntos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso". Es importante hacer notar que la exigencia normativa no solo se orienta a que exista el contenido, sino que el mismo sea exhaustivo, se complemente y no resulte contradictorio, de forma tal que se note que se ha llegado a él, a través del análisis de las cuestiones fácticas y jurídicas debatidas. Apoyo este recurso en los Artículos: 1, 64, 80, 90 párrafo primero, 321, 323 y 324 de la Constitución de la República, 1, 2, 5, 6, 7, 18, 52 párrafo tercero, 706 párrafo primero, 727, 738, 739, 764, 765, 769, 770, 771, 773, 776 del Código del Trabajo, 1, 3, 6, 7, 13, 16, 20, 215, 716, 719, 721 del Código Procesal Civil, 9, 11, 17, 18, 1589 del Código Civil”.- XI. Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal, de tal manera que este Tribunal deba enmendar; en el presente caso, donde la situación planteada ya ha sido resuelta en el momento procesal oportuno por el A-quo y confirmado por el Tribunal de apelación lo constituye en un objeto de litigio ya dirimido y agotadas sus instancias; sin embargo, estudiado el caso en examen, este Tribunal no estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria.- XII. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus cuatro motivos de casación. Y declarar sin lugar la petición de nulidad subsidiaria.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus cuatro motivos. 2) SIN LUGAR la nulidad solicitada de forma subsidiaria. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. SECRETARIO DE LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintiocho días del mes febrero del dos mil veintitrés; certificación de la sentencia de fecha trece de enero del dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Casación número CL 325-21.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
SECRETARIO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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