Sentencia CL-30-22 — Registro 17185
Resumen
Demanda Ordinaria Laboral para que en sentencia definitiva se declare por tiempo indefinido su relación laboral originada por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos en aplicación estricta de lo preceptuado en el artículo 47 del Código del Trabajo, en consecuencia concederle todos los derechos que ostentan los empleados con carácter permanente, asimismo pide la reinstalación a sus puestos de trabajo y restitución a sus funciones, que fueron suspendidos y ante la negativa a sus funciones, que fueron suspendidos y ante la negativa del patrono de la no suscripción de un nuevo Contrato de Trabajo, pago de salarios dejados de percibir, vacaciones, décimo tercer y décimo cuarto mes causados y proporcionales, reajuste al salario mínimo
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) el artículo 867 del Código del Trabajo, señalado como violado directamente, si bien tiene el carácter sustantivo exigido en este extraordinario recurso, el mismo regula situaciones jurídicas que no tienen incidencia en la decisión final objeto del recurso, además contiene dos párrafos con situaciones jurídicas distintas que debió señalar de manera independiente; y, b) es confuso en el señalamiento del precepto autorizante en que cita los artículos 20 y 47 del código de Trabajo los cuales no ostentan esa calidad."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..." Que el cargo que antecede resulta inestimable por contener los defectos técnicos siguientes: a) señala el artículo 3 inciso a) de la ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, como norma sustantiva infringida, el cual no corresponde al orden laboral nacional, condición indispensable para la prosperidad del mismo; b) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el concepto de la violación; c) debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos, lo cual no aparece demostrado por el Recurrente; y, d) formula alegatos propios de instancia. VI. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos de casación."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN. -
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los siete días del mes de junio del año dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 13 de diciembre del 2022, por la Abogada DORYS ZENAYDA NUÑEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, los señores SCARLET LIZETH SALGADO MARTINEZ y ANGEL NOE ORDOÑEZ ALVAREZ, representados en juicio por la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO. OBJETO DEL PROCESO: Demanda Ordinaria Laboral para que en sentencia definitiva se declare por tiempo indefinido su relación laboral originada por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos en aplicación estricta de lo preceptuado en el artículo 47 del Código del Trabajo, en consecuencia concederle todos los derechos que ostentan los empleados con carácter permanente, asimismo pide la reinstalación a sus puestos de trabajo y restitución a sus funciones, que fueron suspendidos y ante la negativa a sus funciones, que fueron suspendidos y ante la negativa del patrono de la no suscripción de un nuevo Contrato de Trabajo, pago de salarios dejados de percibir, vacaciones, décimo tercer y décimo cuarto mes causados y proporcionales, reajuste al salario mínimo, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 1 de marzo del 2016, por los señores SCARLET LIZETH SALGADO MARTINEZ, Técnico en Laboratorio Clínico, y ÀNGEL NOE ORDOÑEZ ALVAREZ, Técnico Anestesista, ambos mayores de edad, solteros, hondureños, de este domicilio, contra EL ESTADO DE HONDURAS, a través de la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 24 de agosto del 2021, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: 1.- Declarando SIN LUGAR el recurso de apelación interpuestos por la Abogada DORYS ZENAYDA NUÑEZ. - II. Declarando CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO, actuando en su condición de Apoderada Legal de la parte demandante apelante apelada. III.- REFORMA el fallo que se recurre por la parte demandante en el único sentido de fijar la fecha de inicio de la relación el 09 de enero de 2014 CONFIRMANDO todos los demás pronunciamientos de la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán de fecha veintitrés de enero del año dos mil veinte que corre a folios del 157 al 163 de la primera pieza de autos. - IV.- SIN COSTAS”. ANTECEDENTES DE HECHO. 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción que iniciaron la relación laborar para El Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Salud Pública, mediante la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos; la señora Scarlet Lizeth Salgado Martínez, comenzó a laborar desde el 1 de agosto del 2012, desempeñándose en el puesto de Técnico en Laboratorio Clínico específicamente en el Centro de Salud denominado Césamo Guaimaca devengando un salario mensual de L. 6,900.00, reajustado por la Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social a L.8,489.002; y el señor Ángel Noe Ordoñez Álvarez, desde el 4 de mayo del 2015, desempeñándose en el puesto de Técnico en Anestesia, específicamente en el Hospital San Felipe y asilo de inválidos de la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., devengando un salario mensual de L. 6,900.00, reajustado por la Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social a L. 8,489.00; en virtud de la suscripción de varios Contratos de Trabajo de forma continua e ininterrumpida y al tenor de lo preceptuado en el artículo 47 y 52 del Código del trabajo; en virtud de lo anterior, consideran que les asiste el Derecho a la permanencia en el puesto de trabajo que han venido desempeñando, con todos los derechos que tienen los empleados permanentes; una vez vencido el último Contrato de Trabajo no renovó el mismo, a pesar de estar consciente que les asiste el derecho al trabajo por la continuidad de dichos contratos, por lo que se ven obligados a pedir por la vía judicial tanto la permanencia en sus puestos de trabajo como la reinstalación a los mismos y la restitución de sus funciones, en virtud de las labores continuas que han desempeñado por varios años; con el ánimo de buscar una solución a las diferencias suscitadas entre las partes, presentaron reclamos administrativos ante la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social para la Permanencia y Reinstalación a sus puestos de trabajo en el momento procesal oportuno dándose por agotado los mismos, por no haber voluntad de parte del empleador en conciliar sus diferencias. 2. La parte demandada, EL ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda aceptando que sostuvo una relación contractual con los demandantes, mediante la modalidad de Contrato de Prestación de Servicios Profesionales a término con fecha de inicio y finalización bajo su consentimiento y aceptación sin objeción alguna, razón por la cual rechaza la fecha que puntualizan los actores haber comenzado a prestar sus servicios profesionales, así como el puesto que dicen haber desempeñado y el salario mensual que aducen haber devengado; no consta que se haya ejercido el derecho que otorga el artículo 867 del Código del Trabajo “salvo disposición en contrario todos los derechos y acciones provenientes de este Código, de sus reglamentos o de las demás leyes de trabajo o previsión social que no se originen directamente en contratos de trabajo, prescriben en el término de 2 meses”; de igual forma el artículo 1 del Decreto Legislativo número 266-2013, que contiene la Ley para Optimizar la Administración Pública, mejorar los servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, de fecha 16 de diciembre del 2013, dentro del cual se reformó el articulo 124-C de la Ley General de la Administración Pública, que en su párrafo primero literalmente instituye “los empleados o servidores que ostenten acuerdos ejecutivos de nombramiento de las dependencias del Poder Ejecutivo que en aplicación de esta Ley se fusionen o supriman conservarán su antigüedad y derechos adquiridos de conformidad a la ley y continuarán prestando sus servicios en la dependencia que se les notifique y que corresponda de conformidad a la reorganización administrativa que se ejecute”; continúa alegando que la modalidad bajo la cual estuvieron contratados fue por servicios profesionales, ceñidos por cláusulas contractuales concertadas, aceptadas y consentidas en legal y debida forma por las partes sin objeción alguna de su parte, pues de antemano han conocido la fecha de inicio y finalización de la relación contractual y que por tratarse de un contrato administrativo las controversias surgidas en éste se someterán a los Tribunales de lo Contencioso Administrativo competente, y no al Juzgado de Letras del Trabajo como equivocadamente han dirigido su petición los demandantes, habiendo con ello no solo equivocado la vía para ejercer su reclamo, sino que tampoco cuentan con el fundamento de derecho para ejercer el mismo, en virtud que por ser contratos de carácter administrativos se someten al conocimiento de la Ley de lo Contencioso Administrativo, según lo que expresamente enuncia en su artículo 3 literal a) que son de su competencia “las cuestiones referentes a los Contratos de Servicios Profesionales o Técnicos que celebren los Poderes del Estado”, por lo que dichos contratos no son sometidos a la ley laboral, siendo este el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, tal y como quedó establecido en la Cláusula Octava de los contratos suscritos por los demandantes, según lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley de Servicio Civil “el régimen de Servicio Civil comprenderá a los servidores públicos que laboran en las Secretarias de Estado cuyo ingreso al servicio se haya efectuado llenando las condiciones y requisitos que establezca esta Ley y su Reglamento”, extremo que no es de acorde con las pretensiones de las partes actoras, aludiendo se les reconozca de forma irregular su permanencia laboral, en su defecto los demandantes no pueden calificar como simulación o fraude a la ley el haber suscrito contratos a término para la prestación de servicios profesionales, porque estarían afirmando que no tiene la facultad de suscribir este tipo de contratos, por lo tanto se estaría frente a contratos sin validez jurídica y en su defecto los contratos firmados no tienen existencia ni objeto su reclamo; en cuanto a su permanencia y otros derechos que piden y que son ilusorias e imaginarios por no pertenecer por el hecho que los contratos cumplen la prestación de servicios para lo cual fueron contratados de forma temporal por periodo determinado, establecido en los contratos en alusión; por lo tanto, el reclamo presentado por los actores de la demanda carece de sustento jurídico para exigir la renovación del mismo y los demás derechos que reclama, por el servicio que prestaban bajo el argumento que los contratos fueron continuos e ininterrumpidos, no obstante reiteradamente y de manera errónea tratan de aplicar insistentemente los artículos 47 y 52 del Código del Trabajo, a efecto de justificar y apoyar un derecho subjetivo e inexistente, ya que al momento de suscribir los contratos no se opusieron sino que aceptaron y consintieron la prestación de ese servicio transitorio y de periodo determinado; en el caso del señor Àngel Noé Ordóñez Álvarez, este mantenía una relación laboral con la misma institución a través de un Contrato de Servicios Profesionales firmado por el Doctor Carlos Ochoa Jefe del Servicio de la Maternidad del Hospital San Felipe, quien no tiene las facultades legales para contratar en nombre de la institución, por lo que tal acto se puede considerar como deslealtad y prohibido por la Constitución de la República en su artículo 258 que preceptúa “tanto el Gobierno Central como los organismos descentralizados del Estado, ninguna persona podrá desempeñar a la vez dos o más cargos públicos remunerados, excepto quienes presten servicios asistenciales de salud y en la docencia”; en la normativa interna de la Secretaria de Salud, como ser artículo 154 del Reglamento de Servicio Civil en su numeral 4) en relación con el articulo 88 literal k del Reglamento de Personal que a la letra dice “desempeñar simultáneamente dos o más cargos públicos remunerados, excepto los de carácter docente y los asistenciales de salud”, al ocurrir estas circunstancias no comprende de qué manera el servidor público podía cumplir con sus dos contratos de trabajo en la misma unidad traslapando su jornada laboral, como se puede observar en los Contratos de Trabajo en su cláusula quinta firmado por el Jefe de Maternidad en donde el trabajador queda obligado a cumplir con una jornada establecida en turnos rotatorio; Turno A de 6:00 a.m. - 2:00 p.m., Turno B de 2:00 p.m. - 8:00 p.m., y Turno C de 8:00 p.m. - 6:00 a.m., y de manera simultánea mantenía otro contrato con la institución con una jornada de lunes a viernes de 6:00 a.m. - 2:00 p.m., suscrito entre la Secretaría de Salud y el demandante; en relación de haber presentado reclamo administrativo ante las Oficinas Gubernativas de la Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, por no ostentar facultades para comparecer a ningún tipo de conciliación, así como por la naturaleza de Contrato a Termino referente al caso, por lo que no es competente la Secretaria de Estado en el Despacho del Trabajo y Seguridad Social para conocer dicha materia; en consecuencia la pretensión exigida por los demandantes quienes confundieron la vía para ejercer su reclamo, debe ser declarada sin lugar por no asistirles el derecho subjetivo e ilusorio que pretenden y será en el proceso del debate que se acreditara que las partes actoras no tuvieron sustentación jurídica para poder litigar en la presente causa, en consecuencia se le condene especialmente en costas. 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 23 de enero del 2020, dictó sentencia que, en su parte conducente, dice: “FALLA: PRIMERO: Declarando PARCIALEMENTE CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por los señores SCARLETH LIZETH SALGADO MARTINEZ Y ÁNGEL NOE ORDOÑEZ ALVAREZ, en contra del ESTADO DE HONDURAS a través de su representante legal el señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA en su condición de Procurador General de la República.- SEGUNDO: CONDENA a reconocer y declarar una relación de trabajo por tiempo indefinido y de carácter permanente la que sostenían los señores SCARLETH LIZETH SALGADO MARTINEZ Y ÁNGEL NOE ORDOÑEZ ALVAREZ, con el Estado de Honduras representado por el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA en su condición de Procurador General de la República, directamente con la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD y se le reconoce una antigüedad laboral desde: 01 de Enero del 2015 para ambos demandantes, asimismo se le reconoce a los demandantes todos los derechos que ostentan los empleados de carácter permanente; por despido ilegal e injusto, asimismo a REINTEGRAR a su puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones a su puesto de trabajo más el pago de salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que los demandantes sean debidamente reinstalados, así como la restitución de sus funciones y los derechos obtenidos como empleadas permanentes durante su ausencia. -TERCERO: SE CONDENA ESTADO DE HONDURAS a través de su representante legal el señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA a pagar a los señores SCARLETH LIZETH SALGADO MARTINEZ Y ÁNGEL NOE ORDOÑEZ ALVAREZ el reajuste de salario mínimo por la cantidad de (Lps. 37,240.00); -CUARTO: SE CONDENA ESTADO DE HONDURAS a través de su representante legal el señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA a pagar a los señores SCARLETH LIZETH SALGADO MARTINEZ Y ÁNGEL NOE ORDOÑEZ ALVAREZ la cantidad de (Lps. 10,973.20), estos correspondiente a las vacaciones de los periodos 2013-2014 y 2014-2015. QUINTO: SE CONDENA ESTADO DE HONDURAS a través de su representante legal el señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA a pagar a la señora SCARLETH LIZETH SALGADO MARTINEZ la cantidad de (Lps. 1,720.00) cantidad en concepto de décimo tercer adeudado correspondiente al año 2015.- SEXTO: SE ABSUELVE ESTADO DE HONDURAS a través de su representante legal el señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA a pagar a la señora SCARLETH LIZETH SALGADO MARTINEZ en concepto de décimo tercer y cuarto mes año 2014 y décimo cuarto mes año 2015; y para el señor ÁNGEL NOE ORDOÑEZ ALVAREZ, en concepto de décimo tercer y cuarto mes correspondiente a los años 2014 y 2015. SEPTIMO: SIN COSTAS”. Bajo el criterio que los demandantes han sido contratados como temporales, en un puesto que por su continuidad tanto en el tiempo, como en el mismo puesto de trabajo y para el mismo empleador es de naturaleza indefinida, por el mismo entorno de la labor que se desempeña en esta, es decir siempre se necesitará personal para realizar las actividades, pues el personal es indispensable en la institución; deduciéndose que el Contrato de Trabajo que nació como temporal se ha desnaturalizado, pues su permanencia en el tiempo y la naturaleza de la labor desempeñada ha provocado la exigencia y necesidad de la institución en cuanto a los puestos de trabajo; también que los puestos de trabajo no pueden ni deben considerarse de carácter temporal, pues los servicios que proporcionaban son necesarios para la plena operatividad de la institución, tomando en cuenta la función y el objeto de creación de las mismas, por lo que no puede ser accidental, dicha forma de contratación no tiene la mínima intención de poner fin a la relación laboral suscrita originalmente como temporal; el Código del Trabajo y sus principios resuelven este tipo de abusos y violaciones contra los trabajadores, con lo establecido en el artículo 3 del Código del Trabajo, por lo que si el empleador utilizando el Contrato de Trabajo por tiempo determinado, pretendía rehuir a sus obligaciones patronales, son nulos ipso jure dichos contratos de servicios profesionales y sus fechas de finalización, ya que los mismos eliminan y disminuyen derechos laborales y constitucionales, ya adquiridos por los trabajadores derivados de una relación típica de trabajo; haciendo la aclaración que lo que se invalida es la declaración fraudulenta o simulada de la voluntad de las partes, no respecto de la decisión de relacionarse o vincularse jurídicamente, en consecuencia se extingue con la sanción de nulidad a cualquiera y a toda modalidad fraudulenta o de simulación, donde se pretenda la violación de derechos laborales, pero subsiste y debe aplicarse al contrato de trabajo, las normas laborales y previsionales por encima de la voluntad de las partes, por ser las normas de Derecho del Trabajo de orden público y de cumplimiento obligatorio. Por consiguiente es nulo de pleno derecho, al tenor de lo establecido en el artículo 3 del Código del Trabajo, la fecha de finalización del Contrato de Trabajo por tiempo determinado que en su momento suscribieron las demandantes, debiendo el empleador someterse a las disposiciones legales para despedir a un trabajador permanente con o sin causa justificada; por lo antes expuesto la demanda de reintegro, por ser un derecho opcional Constitucional, debe ser declarada con lugar; la parte demandante solicita el reajuste de salario mínimo, ha quedado establecido que el salario mensual que devengaban es por la cantidad de L. 6,900.00, al momento del reclamo administrativo según la contratación referida, en virtud de lo cual es procedente conceder como derecho adquirido el reajuste de salario mínimo, haciendo referencia a los preceptos legales contentivos a la Ley de Salario Mínimo y haciendo una revisión del Acuerdo de Fijación de Salario Mínimo para los años 2015, el salario correspondiente dos años atrás del reclamo administrativo y para los años en mención es por la cantidad de L. 8,230.00, lo que asciende a un total a pagar en concepto de reajuste de L. 37,240.00; dentro de las pretensiones la parte demandante solicita el pago en concepto de vacaciones, quedando acreditado mediante la evacuación del medio de prueba exhibición de documentos que no gozaban del pago de tal concepto, por ello tal pretensión deberá ser declarada con lugar condenando a la demandada al pago de la manera siguiente, a favor de la señora Scarleth Lizeth Salgado Martínez la cantidad de L. 10,973.20, y para el señor Ángel Noe Ordoñez Álvarez la cantidad de L. 10,973.20, utilizando el salario reajustado, estos correspondiente a los periodos 2013-2014 y 2014-2015; de igual forma la parte demandante solicita el pago de décimo tercer y cuarto mes correspondiente a los periodos 2013-2014 y 2014-2015, se acreditó mediante la evacuación del medio de prueba exhibición de documentos que únicamente a la demandante Scarleth Lizeth Salgado Martínez se le adeuda una diferencia del décimo tercer mes del año 2015 por la cantidad de L. 1,725.00, por lo que se otorga dicha cantidad en concepto de décimo tercer mes de salario, en cuanto al señor Ángel Noe Ordoñez Álvarez consta que se le pagaron tales conceptos pretensión que deberá ser declarada sin lugar; igualmente no se le otorga a la señora Scarleth Lizeth Salgado Martínez correspondiente al décimo cuarto y tercer mes del año 2014, y décimo cuarto del 2015 declarando sin lugar; para los efectos legales pertinentes constituyen hechos probados, el inicio de la relación laboral de la señora Scarleth Lizeth Salgado Martínez el 1 de enero del 2015, en el puesto de Técnico Laboratorio, devengando un salario mensual de L. 8,230.00 ya reajustado, y finalización de la relación laboral el 31 de diciembre del 2015; y el señor Ángel Noe Ordoñez Álvarez, inicio su relación laboral el 1 de enero del 2015, en el puesto de Técnico en Anestesia, devengando un salario mensual de L. 8,230.00 ya reajustado, y finalización de la relación laboral el 31 de diciembre del 2015. 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 24 de agosto del 2021, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: 1.- Declarando SIN LUGAR el recurso de apelación interpuestos por la Abogada DORYS ZENAYDA NUÑEZ. - II. Declarando CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO, actuando en su condición de Apoderada Legal de la parte demandante apelante apelada. III.- REFORMA el fallo que se recurre por la parte demandante en el único sentido de fijar la fecha de inicio de la relación el 09 de enero de 2014 CONFIRMANDO todos los demás pronunciamientos de la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán de fecha veintitrés de enero del año dos mil veinte que corre a folios del 157 al 163 de la primera pieza de autos. - IV.- SIN COSTAS”. Bajo el criterio que los conceptos reclamados por los demandante nacen precisamente de la relación que se ha generado, y que gozan los trabajadores con carácter permanente, al no existir una causa de justificación de las establecidas en la Ley para dar por terminada la relación de trabajo, se configura entonces un despido o una ruptura de la relación laboral sin causa justificada, en consecuencia acarrea responsabilidad al patrono, solicitando los demandantes el reintegro, así como la sanción indemnizatoria por el despido realizado de esa manera, en concepto de daños y perjuicios; ha sido objeto de apelación por la parte demandante la antigüedad desde donde se deben de reconocer los derechos que les corresponden, siendo que el a quo considera que es a partir del 1 de enero del 2015, pero consta de autos que la señora Scarleth Lizeth Salgado Martínez, comenzó su relación laboral el 9 de enero del 2014, según Contrato que obra en autos, por consiguiente debe reconocérsele desde esa fecha su antigüedad, para efectos de los cálculos y liquidación correspondiente; la sentencia que se conoce en apelación ha sido congruente y motivada conforme a las pruebas allegadas al proceso, y las pretensiones planteadas por las partes, existiendo únicamente el yerro en la fecha de inicio de la relación, el cual puede ser un error material que puede corregirse en cualquier momento incluso de oficio, pero habiendo sido objeto de apelación, procede a reformar el fallo que se recurre en el único sentido de fijar la fecha de inicio de la relación el 9 de enero del 2014, confirmando todos los demás pronunciamientos. 5. Mediante auto de fecha 8 de febrero del 2022, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada DORYS ZENAYDA NUÑEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha 13 de diciembre del 2022, compareció ante este Tribunal la Abogada DORYS ZENAYDA NUÑEZ, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha 13 de diciembre del 2022, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 17 de marzo del 2023 se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I.Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II. Que la Abogada DORYS ZENAYDA NUÑEZ, en su primer motivo de casación alega: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de la Ley sustantiva de orden Nacional en infracción directa por falta de aplicación del artículo 867 del Código del Trabajo y articulo 3 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el Artículo 765 numeral 1°, párrafo primero del Código de Trabajo. -articulo 20 y 47 del mismo cuerpo legal, asidero para empresas privada, desnaturaliza el objeto del contrato de la administración pública. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS. La Norma sustantiva de Orden Nacional Violada, es el artículo 867 del Código del Trabajo. CONCEPTO DE LA VIOLACION LA VIOLACION DIRECTA DE LA LEY, según la jurisprudencia tiene lugar a UN hecho que no se discute o debidamente comprobado, se deja de aplicar por el sentenciador la Norma que regula el caso debatido y establecido en el proceso. En el presente caso ha existido violación de la ley sustantiva por vía directa, en vista que el Ad quem no aplico lo establecido en el artículo 867 Del Código del Trabajo referente a la prescripción de la acción. El juzgador de primera instancia solamente hace apreciación basada en análisis doctrinario y no fundado en derecho, a lo cual la institución hizo oposición con medios de prueba ya que los contratos que suscribieron los demandantes con mi representado son contratos a término y se hacen de esta manera especialmente porque no se tiene la estructura presupuestaria, pero la institución ha cumplido con sus beneficios, como ser pago de salarios y derechos colaterales contenidos en contratos suscritos por las partes, que se enmarca dentro del contrato administrativo. El artículo 867 del Código del Trabajo Señala: "Salvo disposición en contrario, todos los derechos y acciones provenientes de este Código, de sus reglamentos o de las demás leyes de trabajo previsión social, que no se originen directamente en contratos de trabajo, prescriben en el término de dos meses- Este plazo corre para patronos y trabajadores desde el acaecimiento del hecho respectivo. Por lo anteriormente expuesto es procedente que se case parcialmente el fallo recurrido por el presente motivo "Violación de la ley sustantiva de orden nacional por infracción directa de la ley". III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) el artículo 867 del Código del Trabajo, señalado como violado directamente, si bien tiene el carácter sustantivo exigido en este extraordinario recurso, el mismo regula situaciones jurídicas que no tienen incidencia en la decisión final objeto del recurso, además contiene dos párrafos con situaciones jurídicas distintas que debió señalar de manera independiente; y, b) es confuso en el señalamiento del precepto autorizante en que cita los artículos 20 y 47 del código de Trabajo los cuales no ostentan esa calidad. IV. Que la Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Acuso la sentencia recurrida por la ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta del artículo 3 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, POR ERROR DE HECHO, derivado de una mal apreciación de la prueba por la corte sentenciadora del acta de fecha veintitrés (23) de enero del año dos mil veinte (2020) folios del 157 al 162. PRECEPTO AUTORIZANTE Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765 ordinal 2° del Código del Trabajo. LA VIOLACION PASO A EXPLICAR EN LA FORMA SIGUIENTE: El error de hecho: Derivado de una mala apreciación de la prueba por la corte sentenciadora denominado contratos de servicios profesionales de periodos determinados, que se enmarcan dentro del contrato administrativo sujeto al derecho administrativo, regulado por la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, esta mala apreciación de la prueba constituye un error de hecho manifiesto, que como tal aparece en los autos, contrario a la evidencia mostrada, los mismos demandantes tanto en los contratos referidos como en la normativa, establece como jurisdicción el Juzgado de Letras de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de la cual los demandantes tenían conocimiento y no se manifestaron en ningún momento, ni presentaron oposición en tiempo y forma, contrario sensu en base a uno de los elementos esenciales del contrato que contempla nuestro ordenamiento jurídico, CONSINTIERON Y ACEPTARON la relación laboral bajo modalidad de contratos de servicios profesionales/técnicos en forma determinada; Reglamento de la Ley de Servicio Civil artículo 200, ya establece que tipos de personal debe ser contratado bajo modalidad de contratos de servicios profesionales y técnicos y efectivamente, se trata de un recurso calificado como empleado del servicio contables.- La nulidad absoluta se puede alegar por todo el que tenga interés en ella y debe cuando conste en autos declararse de oficio, aunque las partes no lo aleguen y no puede subsanarse por la confirmación de las partes, ni por un lapso menor que se exige para la prescripción ordinaria. En virtud ello, se alega en forma subsidiaria la nulidad parcial de la sentencia recurrida de fecha veinticuatro (24) de agosto del dos mil veintiuno (2021) dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, señalando errores procesales siguiente: a) en la sentencia dictada en fecha veintitrés (23) de enero del dos mil veinte (2020), por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán al notificar en estrados a las partes solo interpuso la parte demandada, en tal virtud la Corte sentenciadora de Apelaciones solo se pronuncia sobre la parte demandada”. V. Que el cargo que antecede resulta inestimable por contener los defectos técnicos siguientes: a) señala el artículo 3 inciso a) de la ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, como norma sustantiva infringida, el cual no corresponde al orden laboral nacional, condición indispensable para la prosperidad del mismo; b) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el concepto de la violación; c) debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos, lo cual no aparece demostrado por el Recurrente; y, d) formula alegatos propios de instancia. VI. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos de casación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos de casación. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ROY PINEDA CASTRO, COORDINADOR, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes septiembre del dos mil veintitrés; certificación de la sentencia de fecha siete de junio del dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL30-2022. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.