Sentencia CL-290-22 — Registro 18083
Resumen
Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral de primera instancia para que se le haga efectiva la permanencia en su puesto de trabajo desde la fecha en que inició a laborar, que se le otorgue el ajuste al salario de acuerdo a los trabajadores permanentes, costas del juicio
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que los cargos que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) las normas que indica como violadas (artículo 2 párrafo primero; 3 del Código del Trabajo) no ostentan el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; y; b) realiza alegatos propios de instancia, mismos que en este Recurso extraordinario son inapropiados debido que los argumentos del caso ya fueron evacuados en el momento procesal oportuno. "...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..." Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) las normas que indica como violadas (artículo 2 párrafo primero; 3 del Código del Trabajo) no ostentan el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; y; b) no demuestra el error en que incurrió el Juzgador, debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos; y, c) realiza alegatos propios de instancia, mismos que en este Recurso extraordinario son inapropiados debido que los argumentos del caso ya fueron evacuados en el momento procesal oportuno. "...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente asunto, examinada que fue la sentencia impugnada y se estima que el mismo se encuentra dictado conforme a derecho, como también que se ha analizado la prueba aportada por las partes para tomar la decisión de fondo del juicio. A razón de lo antes expuesto estima este Tribunal, que no se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria. VIII. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos de casación y sin lugar la nulidad alegada de forma subsidiaria. "...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Civil, art. 1589 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., trece de abril del año dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha veinte de octubre del dos mil veintidós, por la Abogada DENI MARITZA PONCE IZCANO, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además es parte recurrida, el señor INES MONCADA TREJO, representada en juicio por la Abogada TULA HERNANDEZ. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral de primera instancia para que se le haga efectiva la permanencia en su puesto de trabajo desde la fecha en que inició a laborar, que se le otorgue el ajuste al salario de acuerdo a los trabajadores permanentes, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecisiete de enero del dos mil diecisiete, por el señor INES MONCADA TREJO, mayor de edad, soltero, hondureño y de este domicilio, contra EL ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD, por medio del Procurador General de la República en ese entonces, el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha seis de septiembre del dos mil veintiuno, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha quince de enero del dos mil veinte, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: 1) DECLARA CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA PARA QUE SE ME HAGA EFECTIVA LA PERMANENCIA EN MI PUESTO DE TRABAJO EN LA SECRETARIA DE SALUD DESDE QUE INICIE A LABORAR PARA LA MISMA. SE ME OTORGUE EL AJUSTE EL SALARIO DE ACUERDO A LOS TRABAJADORES PERMANENTES instaurado por el señor INES MONCADA TREJO contra EL ESTADO DE HONDURAS A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD representado por la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, a través de la abogada LIDIA ESTELA CARDONA; 2) CONDENA: AL ESTADO DE HONDURAS A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD representado por la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, a través de la abogada LIDIA ESTELA CARDONA; A) NOMBRAR EN FORMA PERMANENTE al señor INES MONCADA TREJO, en su puesto de trabajo, debiendo reconocer su antigüedad laboral desde el 17 de febrero de 2003 y demás derechos que se otorgan a los empleados permanentes; B) A QUE SE AJUSTE EL SALARIO del demandante, de conformidad al sueldo que devengan los empleados permanentes de la Secretaria de Salud, desde la fecha de inicio de la relación laboral hasta que se ejecutoria la presente sentencia condenatoria, liquidación que queda sujeta a la inspección que se realice en su momento procesal oportuno; 3) SIN COSTAS…”. ANTECEDENTES DE HECHO. 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que comenzó a laborar para la Secretaría de Salud el 16 de febrero de 2003 en el cargo de Auxiliar de Salud Ambiental (ASA), en un horario de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. devengando un salario mensual de L.7,336.00, el demandante realizo su labor bajo la continua dependencia y subordinación de su jefe inmediato Doctor Ivan Sagastume y ahora como jefe mediato de la Doctora Patricia Panchame. Que el demandante ha laborado para la Secretaría de Salud hasta por un espacio de 13 años 11 meses en el cargo de Auxiliar de Salud Ambiental (ASA) pero es el caso que aun conociendo su discapacidad que es notoria por haber sufrido una enfermedad de poliomielitis desde que tenía aproximadamente 5 años de edad por lo que le dificulta un poco caminar normalmente porque tiene dificultad para movilizar la pierna y el brazo derecho pero aun así cumple a cabalidad su trabajo, considerando que se le ha discriminado porque no se le ha otorgado la permanencia y continua laborando mediante contratos individuales de trabajo disfrazados de contratos de servicios profesionales o técnicos con los que ha perdido varios derechos a pesar de los 13 años y 11 meses que tiene de laborar para la Secretaría de Salud continua devengando un salario de L.7,336.00 como trabajador por contrato, y no como los trabajadores permanentes que gozan de todos los incrementos que otorga el gobierno a los empleados permanentes; que al momento de llevar un inspector de trabajo los representantes del patrono como autoridad nominadora manifestaron que como el actor no había pedido la permanencia no se la habían otorgado pero que de inmediato le arreglarían su situación laboral, lo que hasta esta fecha no lo han realizado; agotándose el trámite administrativo correspondiente, sin llegar a ningún acuerdo conciliatorio con la parte demandada. 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda rechazando la pretensión del demandante, esto debido a que de la realidad de los hechos se desprende que no existe en los archivos de la Secretaría de Salud, diligencia alguna realizada por el señor Moncada ante autoridad competente de Servicio Civil como procedimiento administrativo para obtener la permanencia por lo que si el demandante no estaba de acuerdo con las cláusulas contractuales del contrato de servicios profesionales dicha acción ya le prescribió conforme a lo estipulado en el artículo 867 del Código del Trabajo, por lo que se puede colegir que el demandante no interpuso la acción en el término en el plazo establecido por la legislación laboral, caso contrario consintió la relación contractual. No obstante, el ahora demandante confundió la vía jurisdiccional en vista que la relación contractual estaba originada por la suscripción de contratos de servicios técnicos profesionales y de apoyo, dicha modalidad se encuentra regulada en la Ley de Servicio Civil y su reglamento por lo que la jurisdicción para la presente Litis es lo contencioso administrativo tal como lo expresa el artículo 3 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; por lo que el demandante debió seguir el procedimiento que establece la ley del Estatuto del Cirujano Dentista, ley especial que determina un análisis para la creación de una plaza y un presupuesto permanente para la permanencia en el cargo y lo dispuesto en el Reglamento de Concursos. 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha quince de enero del dos mil veinte, dictó sentencia que en su parte conducente, dice: “FALLA: 1) DECLARA CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA PARA QUE SE ME HAGA EFECTIVA LA PERMANENCIA EN MI PUESTO DE TRABAJO EN LA SECRETARIA DE SALUD DESDE QUE INICIE A LABORAR PARA LA MISMA. SE ME OTORGUE EL AJUSTE EL SALARIO DE ACUERDO A LOS TRABAJADORES PERMANENTES instaurado por el señor INES MONCADA TREJO contra EL ESTADO DE HONDURAS A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD representado por la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, a través de la abogada LIDIA ESTELA CARDONA; 2) CONDENA: AL ESTADO DE HONDURAS A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD representado por la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, a través de la abogada LIDIA ESTELA CARDONA; A) NOMBRAR EN FORMA PERMANENTE al señor INES MONCADA TREJO, en su puesto de trabajo, debiendo reconocer su antigüedad laboral desde el 17 de febrero de 2003 y demás derechos que se otorgan a los empleados permanentes; B) A QUE SE AJUSTE EL SALARIO del demandante, de conformidad al sueldo que devengan los empleados permanentes de la Secretaria de Salud, desde la fecha de inicio de la relación laboral hasta que se ejecutoria la presente sentencia condenatoria, liquidación que queda sujeta a la inspección que se realice en su momento procesal oportuno; 3) SIN COSTAS…”. Bajo el criterio que la presente litis se contrae a una demanda para que se reconozca el carácter permanente de la relación laboral; para tales efectos se aportó al juicio los contratos de servicios profesionales y técnicos celebrados por el demandante y la Secretaría de Salud, en donde se pudo constatar que en los mismos se reúnen los requisitos establecidos en el artículo 20 del Código del Trabajo como ser: actividad personal del demandante en el cargo Oficinista en el Cesamo Divanna de la Región Sanitaria Metropolitana de Tegucigalpa No.19, estableciendo en la cláusula segunda la descripción de las actividades a ejecutar por el demandante; seguidamente se probó que el demandante estaba sometido a un horario o jomada de trabajo de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 3:00. p.m. con ello denotando el elemento subordinación; elemento que a su vez fue probado con el acta levantada ante la Inspectoría General del Trabajo de fecha 20 de septiembre de 2016 en donde se señala como jefe inmediato del demandante a la Dra. Patricia Panchame Romero; seguidamente se acreditó que al demandante se le paga un salario mensual, siendo éste último por la cantidad de L. 7,300.00; la parte actora acredito que el demandante tiene una antigüedad laboral de más de 13 años; por ende se comprueba la naturaleza permanente de las funciones efectuadas por el demandante; la parte actora probó que el demandante sufre de discapacidad como consecuencia de la enfermedad denominada poliomielitis; lo cual provoca secuelas en su pierna y brazo derecho, padecimiento que era del conocimiento de la parte demandada (ver folios 58 y 114 de autos). Que corresponde a la parte demandada probar la naturaleza temporal de la contratación, presentando para tal efecto, bouchers y algunos de los contratos de servicios profesionales y técnicos celebrados con el demandante; con dichos documentos la parte demandada no pudo probar la temporalidad del contrato; contrario sensu probó que la naturaleza de labor efectuada por el demandante en su cargo es permanente, siendo víctima de un trato discriminatorio de conformidad a la cantidad de años laborados, sin que se le hayan reconocido el mínimo de derechos que establece la normativa laboral al demandante, sin tomar en cuenta el estado de vulnerabilidad, al tenor de lo que establece la Ley de Equidad y Desarrollo Integral Para Las Personas Con Discapacidad, en su artículo 4 sobre la discriminación, relacionado con el artículo 5 numeral 3) de la misma normativa que establece que "cuando existan relaciones contractuales, clausula convencional o pacto individual que dispongan condiciones que puedan ocasionar una desventaja particular a una persona con discapacidad” tal como ha acontecido en el caso de autos, en donde el demandante ha sido excluido y privado de todos los derechos que tienen los empleados permanentes; son nulos ipso jure todos los actos y estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la constitución, el Código del Trabajo, sus Reglamentos o las demás Leyes de Trabajo y Previsión Social otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato de trabajo u otro pacto cualquiera, por las razones expuestas, es procedente declarar con lugar la demanda de mérito cuanto al reconocimiento de la permanencia en su puesto de trabajo así como la antigüedad laboral adquirida del trabajador desde el 17 de febrero de 2003, con el reconocimiento de todos los derechos que ostentan los empleados permanentes. Que la parte actora además de la permanencia también solicita el ajuste de salario al igual que los empleados permanentes; derecho que le asiste al demandante al haberse concedido el carácter indefinido de la relación laboral, sin embargo al no haberse establecido un parámetro de comparación en cuanto los aumentos o incrementos al salario que han recibido los empleados permanentes desde el año 2003, dicha liquidación quedará en diferido de acuerdo con la inspección que se practique en su momento procesal oportuno, por lo anterior procede declarar con lugar el ajuste de salario solicitado, desde la fecha de inicio de la relación laboral, lo anterior en vista que no se denunció la prescripción del salario. 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha seis de septiembre del dos mil veintiuno, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que de autos se desprende que la naturaleza de la contratación de la demandante desde un inicio es de naturaleza permanente, y ante la suscripción de varios contratos se vuelve de manera indefinida, lo cual es la regla, la temporalidad es la excepción, la cual debe de ser acreditada por el patrono, no constando en autos que el demandado haya acreditado la temporalidad de la relación, por consiguiente, es procedente el reconocimiento de la permanencia en su puesto de trabajo, ya que una relación laboral por más de 13 años no se puede concebirse como temporal, en consecuencia se le reconocen además los derechos de que gozan los empleados con carácter permanente, así como el ajuste a su salario, desde el inicio de la relación de trabajo. 5. Mediante auto de fecha doce de mayo del dos mil veintidós, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada DENI MARITZA PONCE IZCANO, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha veinte de octubre del dos mil veintidós, compareció ante este Tribunal la Abogada DENI MARITZA PONCE IZCANO, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de fecha veinte de octubre del dos mil veintidós, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha catorce de noviembre del dos mil veintidós, se tuvo por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada TULA HERNANDEZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I.-Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II.- Que la Abogada DENI MARITZA PONCE IZCANO, en el primer motivo de casación alega: “Acuso a la sentencia de ser violatoria de la ley sustantiva de orden nacional por aplicación indebida porque el tribunal Ad Quem aplicó la norma pertinente, pero en forma indebida del artículo 2 párrafo primero; 3, interpretado mediante decreto número 89 de fecha 24 de noviembre de 1969 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el ordinal primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo. LA VIOLACION PASO A EXPLICARLA EN LA FORMA SIGUIENTE: La disposición legal contenida en el 2 párrafo primero; 3 interpretado mediante decreto número 89 de fecha 24 de noviembre de 1969 del Código del Trabajo, es claro, de modo que su interpretación no ofrece duda, no obstante, el tribunal Ad Quem, lo aplicó, pero EN FORMA INDEBIDA, interpretado mediante decreto número 89 de fecha 24 de noviembre de 1969 del Código del Trabajo. En el fallo o parte dispositiva de la sentencia recurrida, la Corte Sentenciadora, condena a ESTADO DE HONDURAS A TRAVES DE LA PROCURADURIA GENERAL a reconocer y declarar una relación de trabajo por tiempo indefinido y de carácter permanente así mismo se le reconoce a los demandantes todos los derechos que ostentan los empleados de carácter permanente, aplicando la norma pertinente pero en forma indebida, como ser la contenida en el artículo 2 párrafo primero; 3, interpretado mediante decreto número 89 de fecha 24 de noviembre de 1969 del Código del Trabajo. El tribunal sentenciador de manera reformatoria cambia la sentencia dictada en primera instancia, y por consiguiente declara con lugar la demanda, condenando a ESTADO DE HONDURAS A TRAVES DE LA PROCURADURIA GENERAL a reconocer y declarar una relación de trabajo por tiempo indefinido y de carácter permanente así mismo se le reconoce al demandante todos los derechos que ostentan los empleados de carácter permanente aplicando la norma pertinente pero en forma indebida que autoriza tal pretensión, y el Decreto Legislativo que lo interpreta como ser el número 89 de fecha 24 de noviembre de 1969 del Código del Trabajo. Se produce así la aplicación indebida de la ley sustantiva. III. Que los cargos que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) las normas que indica como violadas (artículo 2 párrafo primero; 3 del Código del Trabajo) no ostentan el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; y; b) realiza alegatos propios de instancia, mismos que en este Recurso extraordinario son inapropiados debido que los argumentos del caso ya fueron evacuados en el momento procesal oportuno. IV. Que la Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta del artículo 2 párrafo primero; 3 interpretado mediante decreto número 89 de fecha 24 de noviembre de 1969 del Código del Trabajo, por ERROR DE HECHO, derivado de una mala apreciación de la prueba por la corte sentenciadora de la prueba presentada en la primera de tramite sobre los acuerdos ministeriales y Ley de Servicio Civil y su Reglamento. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el ordinal primero, párrafo segundo del artículo 765 del Código del Trabajo. LA VIOLACION PASO A EXPLICARLA EN LA FORMA SIGUIENTE: El error de hecho, derivado de una mala apreciación de la prueba por la corte sentenciadora presentada en la primera de tramite sobre los acuerdos ministeriales y Ley de Servicio Civil y su Reglamento. Donde se establece que fueron contratados por tiempo determinado mediante los acuerdos ministeriales y su permanencia se da mediante un proceso de selección el cual está regido por Leyes y Reglamentos Específicos. Esta mala apreciación de la prueba constituye un error de hecho manifiesto ya que los trabajadores se encontraban con la prestación de sus servicios personales bajo la modalidad de contratos administrativos de servicios personales por un periodo determinado con fecha de inicio y de finalización, el cual era del conocimiento de él consintiendo y aprobándolo sin objeción alguna de su parte.- Además ellos firmaron contratos de servicios técnico de apoyo los que tienen por objeto prestaciones diferentes a los previstos para los contratos de consultoría, según la ley de contratación del estado donde la vigencia no puede exceder la del ejercicio fiscal al amparo del cual se originó. Además, para que un empleado ostente a la permanencia se debe cumplir con el régimen del servicio civil donde comprenderá a los servidores públicos que laboran en las secretarias de estado cuyo ingreso al servicio se haya efectuado llenando las condiciones y requisitos que establezca la ley y su reglamento extremo que no fue cumplido ante la dirección de servicio civil conforme el procedimiento para evaluación establecido en la ley.”. V. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) las normas que indica como violadas (artículo 2 párrafo primero; 3 del Código del Trabajo) no ostentan el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; y; b) no demuestra el error en que incurrió el Juzgador, debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos; y, c) realiza alegatos propios de instancia, mismos que en este Recurso extraordinario son inapropiados debido que los argumentos del caso ya fueron evacuados en el momento procesal oportuno. VI. Que el Censor alega nulidad subsidiaria: “La nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella y debe cuando conste en autos declararse de oficio, aunque las partes no la aleguen y no puede subsanarse por la confirmación de las partes, ni por un lapso menor que el que se exige para la prescripción ordinaria. En virtud de ello, se alega en forma subsidiaria la nulidad absoluta de la sentencia recurrida de fecha seis de septiembre del 2021 dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, señalando los errores procesales siguientes: a) La Jurisdicción de competencia de este Juicio era el Juzgado de lo Contencioso Administrativo ya que eran contratos administrativos del Gobierno Central. b) El contenido de la sentencia establece que no se encontraba la comparecencia de los apoderados de las partes cuando dicto sentencia, pero establece pero que quedan notificados en estrados los apoderados de las partes. La aplicación de la norma del derecho para la permanencia era la de Servicio Civil que establece el artículo 11 de la Ley de Servicio Civil para que le fuera reconocido el estatus que pretende le sea otorgado por esta Corte al margen de lo que establecen las leyes especiales establecidas al efecto, las que determinan un análisis conforme a ley para la creación de una plaza y un presupuesto permanente para la permanencia de un cargo y no como quiere hacerlo ver al juzgador de la causa, que sin haber ejercido el procedimiento establecido en dicho artículo y lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de Servicio Civil, desea se le reconozca un status que legalmente no le ha sido otorgado mediante el acuerdo”. VII. Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente asunto, examinada que fue la sentencia impugnada y se estima que el mismo se encuentra dictado conforme a derecho, como también que se ha analizado la prueba aportada por las partes para tomar la decisión de fondo del juicio. A razón de lo antes expuesto estima este Tribunal, que no se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria. VIII. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos de casación y sin lugar la nulidad alegada de forma subsidiaria. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos. 2) SIN LUGAR la nulidad alegada de forma subsidiaria. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ROY PINEDA CASTRO, COORDINADOR, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los un días del mes septiembre del dos mil veintitrés; certificación de la sentencia de fecha trece de abril del dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL290-2022. FIRMA Y SELLO.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ
SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
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