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Sentencia CL-284-22 — Registro 18091

Resumen

Segunda instancia confirmó sin lugar la demanda ordinaria laboral para el reintegro al puesto de trabajo o a otro de mejor categoría, en mejores condiciones de las que tenía al momento del despido reconociendo su antigüedad desde el inicio de la relación laboral y al pago de los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, se condene al pago de incrementos y ajustes salariales que por derecho le corresponden y otros beneficios que se generen en el transcurso del juicio, y con lugar la excepción por cumplimiento de pago

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."El Recurrente alega que la sentencia emitida por el Ad-quem incurrió en una violación indirecta por error de hecho derivado de la apreciación errónea de medios de prueba. No obstante, tras analizar la explicación del motivo, este Tribunal concluye que la censora en que se invoca esta clase de error, en ningún caso puede apoyarse en un conjunto de medios probatorios citados de manera imprecisa y sin determinar la manera como cada uno de ellos demuestre el error de la segunda instancia, error que debe ser manifiesto. Asimismo este Tribunal se ha pronunciado en varios fallos que si cumple con los requisitos favorables al trabajador podría proceder sin necesidad de ser ante autoridad competente, por ejemplo en el expediente CL34-20: “Que con lo expuesto en el numerales que antecede queda evidenciado que la Promesa de Pago fue firmada a favor de la Demandante, por representantes de la demandada, teniendo plena valides, siendo obligatorio su cumplimiento, realizándose en su oportunidad abonos a la demandada, mediante la emisión de cheques de la cuenta de la sociedad demandada y que ingresaron al patrimonio de la demandante, que la demandada debido a su cambio de representación legal tomó la decisión unilateral de suspender los pagos convenidos con la demandante, documento relacionado, que tiene plena eficacia aun y cuando no se haya celebrado ante un inspector del trabajo, el mismo es acorde con la normativa laboral y principios de la misma, por contener condiciones más beneficiosas para la trabajadora demandante. Por ello, carece valides lo esgrimido por la parte demandada, al señalar carencia de formalismos en el documento de promesa de venta, que no resultan aplicables en el ámbito laboral, como el hecho de que las firmantes no hayan expresado que accionaban como representantes de la demandada, pues quedó efectivamente acreditado que accionaron en tal calidad. Además, se consideran representantes de los patronos y en tal concepto obligan a éstos en sus relaciones con los demás trabajadores: los directores, gerentes, administradores y en general las personas que, en nombre de otro, que ejerzan funciones de dirección o de administración; requisitos que concurren en el caso de las señoras ANN CHRICTON DEFAGO, AURORA DE REYES y JUDY DE SALAZAR. Es importante recordar que esta materia, en los casos no previstos en la ley se deben aplicar principios que rigen en la misma, lo que conduce a concluir, que aun cuando el documento denominado Promesa de Venta, tuviere falencias en requisitos formales como lo señala la parte demandada, prima los hechos realizados por la empleadora como es pago parcial de las obligaciones contraídas en el documento relacionado, quedando un saldo pendiente (Primacía de la Realidad)”. IV. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los diecinueve días del mes de abril del año dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 14 de noviembre del 2022, por el Abogado SANTIAGO ALONSO MORALES CHAVARRIA, en su condición de representante procesal de la señora NORBELIZA CALIX, como recurrente; además, es parte recurrida, EL ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por el Abogado JUAN CARLOS LAGOS BARAHONA. OBJETO DEL PROCESO: Demanda Ordinaria Laboral para el reintegro al puesto de trabajo o a otro de mejor categoría, en mejores condiciones de las que tenía al momento del despido reconociendo su antigüedad desde el inicio de la relación laboral y al pago de los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, se condene al pago de incrementos y ajustes salariales que por derecho le corresponden y otros beneficios que se generen en el transcurso del juicio, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 15 de diciembre del 2015, por la señora NORBELIZA CALIX, mayor de edad, soltera, hondureña, Ama de Casa, de este domicilio, contra EL ESTADO DE HONDURAS, a través de la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, por actuaciones del CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 4 de noviembre del 2021, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 21 de febrero del 2020, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: SIN LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral promovida por la señora NORBELIZA CALIX, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de su representante legal el señor Procurador General de la República, Abogado ABRAHAM ALVARENGA.- SEGUNDO: ABSUELVE al ESTADO DE HONDURAS, por medio de su representante legal el señor Procurador General de la República, Abogado ABRAHAM ALVARENGA, de toda responsabilidad en el presente juicio.- TERCERO: ABSUELVE al ESTADO DE HONDURAS, por medio de su representante legal el señor Procurador General de la República, Abogado ABRAHAM ALVARENGA a pagar a la trabajadora NORBELIZA CALIX incrementos y ajustes salariales que por derecho le corresponden.- CUARTO: ABSUELVE al ESTADO DE HONDURAS, por medio de su representante legal el señor Procurador General de la República, Abogado ABRAHAM ALVARENGA a pagar a la trabajadora NORBELIZA CALIX el concepto de otros beneficios que se generen por el transcurso del juicio.- QUINTO: SE DECLARA SIN LUGAR la notificación al Ministerio Público.- SEXTO: SE DECLARA CON LUGAR LA EXCEPCION POR CUMPLIMIENTO DE PAGO, interpuesta por el Abogado RUBEN DARIO NUÑEZ, actuando en su condición de representante procesal en aquel entonces del ESTADO DE HONDURAS.- SEPTIMO: SIN COSTAS”. ANTECEDENTES DE HECHO. 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción que comenzó a laborar para el Congreso Nacional de la República, en el cargo de Conserje dependiente de la II Vice Presidencia alterna en el Congreso Nacional, desde el 8 de marzo del 2010 devengando un salario mensual los últimos seis meses de L. 8,489.28 y un horario de trabajo de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.; que en fecha 31 de agosto del 2015, le fue notificada la cancelación de su acuerdo, autorizada por el Gerente de Recursos Humanos del Congreso Nacional de la República; siendo el despido injusto e ilegal, porque en todo momento la demandante cumplió con las obligaciones de su cargo, respetando a sus compañeros de trabajo y superiores, como lo indica la Ley del Estatuto Laboral de los Empleados Públicos del Poder Legislativo en el artículo 11, lo cual se puede comprobar en su expediente personal, ya que en ningún momento se le levantaron llamados de atención o Memorándum por cualquiera de las prohibiciones enumeradas en el artículo 12 de la referida ley, por tanto se violenta un derecho que la misma Ley del Poder Ejecutivo en su artículo 10 en los incisos e) y f) le otorga, como ser un trato digno y justo lo cual no se le da, por la forma en que se le despide, sin siquiera pagarle sus prestaciones e indemnizaciones laborales por despido injustificado del cual es objeto de parte de su patrono por los años que laboró, y que la misma Ley del Poder Legislativo le otorga violentando también lo dispuesto en el artículo 129 de la Constitución de la República; la nota por medio de la cual se cancela su Acuerdo no se justifica en ninguna de las prohibiciones enumeradas en el artículo 12 de la Ley del Poder Legislativo y tampoco en las causas de despido sin responsabilidad de parte, enumeradas en el artículo 17 de la referida Ley, es decir que la justificación de su despido fue por reestructuración y reclasificación de personal, asimismo tampoco se le escucharon sus descargos como lo ordena el artículo 18 de la referida Ley, violentando el derecho a su defensa contenido en el artículo 82 de la Constitución de la República, convirtiendo su despido en ilegal por la violación de procedimiento, tampoco se justifica su despido en alguna de las preceptuadas en el artículo 112 del Código del Trabajo, volviendo ilegal su despido en violación al artículo 117 del Código del Trabajo; por lo anterior la demandada violentó el principio de la Estabilidad Laboral y el de Primacía de la Realidad, ya que pretenden despedirle por una causal que ni siquiera ellos justifican en su nota de cancelación o despido, por tanto también se vulnera el Principio de Buena Fe que debía existir entre el Patrono y su Trabajador, ya que como principio protectorio de este último, se perfecciona como consecuencia de la buena fe, para evitar el fraude y la simulación de ilícitos y promover la buena fe entre las partes, en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir a lo que sucede en el terreno de los hechos; una vez comprobada la ilegalidad del despido, son de directa aplicación las normas imperativas preceptuadas en el Código del Trabajo y demás leyes laborales; que en fecha 31 de agosto del 2015, se dio por cancelado el Acuerdo de Nombramiento de la demandante por medio del oficio No. CN 105/15/P/CN, el cual no se menciona una causal clara para tomar dicha determinación, ya que en la primera parte se habla de una reestructuración y reclasificación de personal, lo cual no es verdad, ya que su puesto de trabajo sigue existiendo en la estructura de puestos en el Congreso Nacional, además se menciona que estaba asignada a ciertas Comisiones Especiales y Proyectos, lo cual no es correcto ya que en su Acuerdo se menciona que esta asignada como Conserje a la II Vice Presidencia alterna en el Congreso Nacional. Teniendo por agotada la vía administrativa correspondiente ante la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social, en virtud que las partes no lograron llegar a un acuerdo conciliatorio. 2. La parte demandada, EL ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda aceptando haber sostenido una relación contractual con la demandante a través del Congreso Nacional de la Republica, mediante un Contrato Individual de Trabajo en el cargo de Conserje, dependiente de la II Vice Presidencia alterna en el Congreso Nacional, suscribiendo Contrato con fecha de inicio y finalización por el periodo de dos meses, posteriormente llegada la fecha de terminación del mismo se suscribió un adendum al Contrato, siendo su vigencia hasta el 31 de agosto del 2010; dijo ser cierto que se notificó la cancelación a través del Gerente de Recursos Humanos mediante Acuerdo Numero CN 105/15/P/CN, y procedió a la liquidación total de prestaciones laborales, lo cual se acredita con el Cheque No. 33323 por la cantidad de L. 22, 444.72, y Cheque No. 33324 por la cantidad de L. 49, 210.95, ambos de fecha 17 de diciembre del 2015, en consecuencia la terminación de la relación laboral se hizo de conformidad al ordenamiento jurídico vigente, contemplado en Decreto Legislativo No. 151-93, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 7 de octubre de 1993, en los artículos 2, 9, 14, 22 y 25 de la Ley del Estatuto Laboral de los Empleados Públicos del Poder Legislativo y el artículo 111 numeral 1) del Código de Trabajo; en virtud que tiene constancia de haber realizado el pago de todos los derechos laborales, en cumplimiento de la Ley del Estatuto Laboral de los Empleados Públicos del Poder Legislativo, reitera que la parte actora no tiene causa ni razón para litigar, tratando de aplicar erróneamente la normativa del artículo 129 de la Constitución de la Republica, a objeto de sustentar sus exigencias de beneficios inexistentes; en relación a que se notificó a la demandante por medio del Acuerdo No. CN 105/15/P/CN, de la cancelación del mismo, en lo cual se estipula que no iba continuar laborando para dicha institución, acuerdo que se realizó de conformidad a derecho, basándose en el artículo 14 de la Ley del Estatuto Laboral de los Empleados Públicos del Poder Legislativo, razón por la cual la parte demandante solamente está tratando de obtener un derecho que se reduce a un reclamo meramente ilusorio e imaginario, ya que no le corresponde el derecho subjetivo que exige; en relación a que presentó reclamo administrativo ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Trabajo y Seguridad Social, buscando un arreglo conciliatorio para el reconocimiento de reintegro en el puesto de trabajo, en base a lo cual se realizó Audiencia de Conciliación, explica que realizó el pago de todos los derechos laborales en fecha 17 de diciembre del 2015, mediante los Cheques No. 33323 y No. 33324, de lo cual se llegó a un acuerdo, en virtud que la parte demandante aceptó el pago de sus prestaciones, por lo cual no es congruente pedir su reintegro, ya que es un derecho que no le corresponde, pues se le pagaron sus prestaciones tal como lo establece la ley, hecho por el cual no comprende en base a que fundamento legal solicita se le reintegre a su puesto de trabajo. En Audiencia Primera de Tramite de fecha 3 de agosto del 2016, la parte demandada interpuso excepción de cumplimiento de pago, en base al articulo 710 del Código del Trabajo, 418 del Código Procesal Civil, y 421 del Código Civil, pues no se le adeuda ninguna cantidad en cuanto a derechos laborales; y excepción por error en el procedimiento de la acción incoada, en virtud que si la demandante fue contratada mediante Acuerdo de Nombramiento por parte del Congreso Nacional, fue bajo un acto administrativo, y debió comparecer ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, ya que la relación se desprende de un acto administrativo, y no de una relación de trabajo. 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 21 de febrero del 2020, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: SIN LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral promovida por la señora NORBELIZA CALIX, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de su representante legal el señor Procurador General de la República, Abogado ABRAHAM ALVARENGA.- SEGUNDO: ABSUELVE al ESTADO DE HONDURAS, por medio de su representante legal el señor Procurador General de la República, Abogado ABRAHAM ALVARENGA, de toda responsabilidad en el presente juicio.- TERCERO: ABSUELVE al ESTADO DE HONDURAS, por medio de su representante legal el señor Procurador General de la República, Abogado ABRAHAM ALVARENGA a pagar a la trabajadora NORBELIZA CALIX incrementos y ajustes salariales que por derecho le corresponden.- CUARTO: ABSUELVE al ESTADO DE HONDURAS, por medio de su representante legal el señor Procurador General de la República, Abogado ABRAHAM ALVARENGA a pagar a la trabajadora NORBELIZA CALIX el concepto de otros beneficios que se generen por el transcurso del juicio.- QUINTO: SE DECLARA SIN LUGAR la notificación al Ministerio Público.- SEXTO: SE DECLARA CON LUGAR LA EXCEPCION POR CUMPLIMIENTO DE PAGO, interpuesta por el Abogado RUBEN DARIO NUÑEZ, actuando en su condición de representante procesal en aquel entonces del ESTADO DE HONDURAS.- SEPTIMO: SIN COSTAS”. Bajo el criterio que la parte demandante aceptó el pago de prestaciones laborales liberando de toda responsabilidad al demandado, en vista de ello escogió su derecho alternativo en razón de un despido injustificado, lo cual fue aceptado por la parte demandada al pagarle sus prestaciones laborales, no considerando lo argumentado por la demandante en la audiencia de alegaciones de cambiar la pretensión de reintegro al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales en ese momento del proceso, en vista que esa pretensión ya había sido elegida por la trabajadora, al haber aceptado del patrono el pago de sus prestaciones laborales, en consecuencia declara sin lugar la demanda ordinaria laboral de reintegro; se encuentra acreditado que la demandante aceptó y autorizó al empleador a retener el pago de sus prestaciones a efecto de honrar su deuda en el INJUPEMP y en el Banco FICOHSA, así como exoneró de responsabilidad laboral al Congreso Nacional, en virtud de ello declara Con Lugar la Excepción por Cumplimiento de Pago interpuesta por el demandado; la parte actora ha exigido en el escrito de demanda el pago de incrementos y ajustes salariales que por derecho le corresponden, sin embargo no forjó prueba en el momento procesal oportuno, con el efecto de sustentar dicha pretensión, y tomando en consideración que las decisiones judiciales no pueden descansar nunca sobre los hechos alegados, sino que deben fundamentarse sobre su demostración por alguno o algunos de los medios de prueba reconocidos por la ley, siendo estos medios de prueba los instrumentos legales necesarios de que se valen las partes para demostrar al juez la verdad o existencia real de los hechos generadores del derecho, es preciso entonces que la prueba se produzca para que la autoridad pueda calificarla, es por ello que es del criterio que no procede el pago de los incrementos y ajustes salariales que por derecho le corresponden; la parte demandante pretende el pago de otros beneficios que se generen por el transcurso del juicio, sin explicar al órgano jurisdiccional cuáles son esos beneficios pretendidos, esta falta de planteamiento induce al juzgador en desaciertos en sus fallos, deduce que esta pretensión va dirigida al medio de prueba exhibición de documentos en relación a las vacaciones, décimo tercer y cuarto mes de salario, pagos que fueron constatados al evacuarse dicho medio de prueba siendo pagados, de igual forma se constató con dicho medio de prueba que no se tiene goce de días pendientes de vacaciones, en virtud de lo expuesto deniega el pago de otros beneficios que se generen por el transcurso del juicio; la parte actora también solicita notificar al Ministerio Público, sin embargo no relaciona a que se refiere dicha pretensión, de igual forma no generó prueba en relación a la exigencia, es por ello que se encuentra imposibilitada a pronunciarse en cuanto a la notificación pretendida; exime el pago de las costas, en virtud que en materia de derecho del trabajo impera el principio del gratuidad, y es aplicable la supletoriedad cuando no se alteran los principios del derecho del trabajo. 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 4 de noviembre del 2021, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas. Bajo el criterio que analizadas las pretensiones de las partes, la prueba allegada al proceso y los alegatos esgrimidos, llega a la conclusión que la pretensión de reintegro no es procedente, por haber aceptado la demandante el pago de las prestaciones laborales antes de haber incoado una acción ante los Tribunales del Trabajo, independientemente si el mismo se hizo o no ante autoridad del trabajo, en razón que no puede soslayarse el mismo, el cual incluso ha sido reconocido en los alegatos ante la segunda instancia, en el sentido que se recibieron cantidades de dinero, que pueden ser aplicadas a los salarios dejados de percibir, no pudiendo cambiar dicha pretensión, porque hubo por parte del patrono reconocimiento de una finalización de la relación laboral, y por el otro lado existe la aceptación de cantidades de dinero en concepto del pago de prestaciones laborales. Por estas razones y dado que la sentencia dictada reúne los requisitos tanto internos como externos exigidos por la Ley, resolviendo todas las pretensiones planteadas por las partes es procedente su confirmatoria. 5. Mediante auto de fecha 12 de mayo del 2022, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado CARLOS BENJAMIN SANTOS HERNANDEZ, en su condición de representante procesal de la señora NORBELIZA CALIX, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha 14 de noviembre del 2022, compareció ante este Tribunal el Abogado SANTIAGO ALONSO MORALES CHAVARRIA, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 14 de noviembre del 2022, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 25 de enero del 2023 se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por el Abogado JUAN CARLOS LAGOS BARAHONA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO: I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II.- Que el Abogado SANTIAGO ALONSO MORALES CHAVARRIA, en el primer y único motivo de casación alega: “Ser la sentencia impugnada violatoria de ley por infracción indirecta por error de hecho proveniente de la apreciación errónea de los siguientes medios de prueba propuestos y admitidos a la parte demandada, consistentes en: documental, el cual corre agregado a folios 93, 97, 101, 102 de primera pieza de autos; documental vía oficio, oficio No. 1204, de fecha 12 de marzo de 2019 a folio 109 de primera pieza de autos, evacuado a folios 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135 y 136 de primera pieza de autos; y medio de prueba propuesto y admitido a la parte demandante, consistentes en: documental, el cual corre agregado a folio 84 de primera pieza de autos. NORMA SUSTANTIVA VIOLADA La norma sustantiva de orden nacional violada está contenida en los artículos 379 del Código del Trabajo: en relación con los artículos 129 de la Constitución de la República y 113 párrafos segundo y tercero literal b) del Código del Trabajo. NORMAS PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIO PARA LA VIOLACIÓN DE LA NORMA SUSTANTIVA SEÑALADA Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de la norma sustantiva señalada están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. MEDIOS DE PRUEBA APRECIADOS ERRONEAMENTE Los medios de prueba propuestos por la parte demandada, admitidos y apreciados erróneamente son: DOCUMENTAL: 1).- Autorización irrevocable, de fecha 12 de noviembre de 2012, la cual corre a folio 93 de primera pieza de autos; 2).- Autorización deducción de planilla, de fecha 24 de septiembre de 2014, la cual corre a folio 97 de primera pieza de autos; 3).- Cheque número 33323, de fecha 17 de diciembre de 2015, el cual corre a folio 101 de primera pieza de autos; 4).- Cheque número 33324, de fecha 17 de diciembre de 2015, el cual corre a folio 102 de primera pieza de autos; DOCUMENTAL VIA OFICIO: Oficio No.1204, de fecha 12 de marzo de 2019 a folio 109 de primera pieza de autos, evacuado mediante Oficio DACC-N°007-2019, de fecha 22 de marzo de 2019, a folios 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135 y 136 de primera pieza de autos; El medio de prueba propuesto por la parte demandante, admitido y apreciado erróneamente es: DOCUMENTAL: Cálculo de prestaciones e indemnizaciones laborales No.PC4-38192, el cual corre agregado a folio 84 de primera pieza de autos. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO El Tribunal Ad Quem el fallo impugnado, ha apreciado erróneamente las pruebas denunciadas, lo cual explico de la siguiente manera: Los siguientes medios de prueba documental y documental vía oficio, propuestos y admitidos a la parte demandada: la Autorización irrevocable, de fecha 12 de noviembre de 2012, la cual corre a folio 93 de primera pieza de autos; Autorización deducción de planilla, de fecha 24 de septiembre de 2014, la cual corre a folio 97 de primera pieza de autos; Cheque número 33323, de fecha 17 de diciembre de 2015, el cual corre a folio 101 de primera pieza de autos: Cheque número 33324, de fecha 17 de diciembre de 2015, el cual corre a folio 102 de primera pieza de autos; junto con la respuesta al Oficio No.1204, de fecha 12 de marzo de 2019 a folio 109 de primera pieza de autos, evacuado mediante Oficio DACC-N007-2019, de fecha 22 de marzo de 2019, a folios 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135 y 136 de primera pieza de autos; estos medios de prueba el Tribunal Ad-Quem los aprecia erróneamente al afirmar en el considerando 7 de la sentencia impugnada a folio 13 vuelto de segunda pieza de autos, que… reintegro no es procedente, por haber aceptado la demandante el pago de las prestaciones laborales antes de haber incoada una acción ante los Tribunales del Trabajo, independientemente si el mismo se hizo o no ante autoridad del trabajo,…; el artículo 379 del Código del Trabajo es claro, en relación con el artículo 135 de la Constitución de la Republica, que en una de sus partes establece que el Estado debe tutelar los derechos de los trabajadores, en el sentido que al momento de toda compensación, liquidación, transacción a convenio celebrado entre el obrero y el patrono, para que tenga validez deberá hacerse ante las autoridades del trabajo correspondiente; es decir, primero, el hecho que la demandante haya autorizado deducción de sus prestaciones laborales, esta autorización se hizo en el año 2012, tiempo en el cual aún laboraba para la institución demandada, pero su despido se realizó en el año 2015, y el hecho de haber aceptado en aquel entonces una deducción, no significa que al monto de su despido necesariamente y por esa aceptación, tenía que aceptar sus prestaciones laborales y que el demandado, al finalizar la relación laboral, estaba obligado solo pagarles prestaciones laborales para cumplir con la autorización antes referida, pues claramente esta apreciación del Tribunal Ad-Quem, es errónea y violatoria, no solo a lo que dispone al artículo 135 de la Constitución de la Republica, sino también a su derecho de petición ya sea por pago de prestaciones o reintegro a su trabajo, y que el Tribunal Ad-Quem, toma esta aceptación de deducción como definitivo; segundo, que en el presente caso, el Tribunal Ad-Quem falto a su tutela en relación a los derechos de mi representada, pues si bien es cierto, mi representada autorizó que de las prestaciones e indemnizaciones laborales se le hicieran deducciones en relación a un préstamo, también es cierto que, para la protección de sus derechos laborales, debió comparecer al patrono con la trabajadora ante las oficinas de la Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, como autoridad correspondiente para avalar este tipo de actos; tercero, además, con la respuesta al oficio No.1204, de fecha 12 de marzo de 2019 a folio 109 de primera pieza de autos, evacuado mediante Oficio DACC-No.007-2019, de fecha 22 de marzo de 2019, a folios 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135 y 136 de primera pieza de autos, se aprecia que la demandante era segundo aval en relación al préstamo No.19456-46, es decir ese préstamo no pertenecía a ella, y que el referido préstamo fue cancelado mediante el pago de las prestaciones del primer aval, Rigoberto Ordoñez, por valor de L.44,733.74; cuarto, con lo anterior, el Tribunal Ad Quem, aprecia erróneamente que el monto total de las prestaciones laborales de la demandante sumaba el monto de los dos cheques, de lo cual el órgano jurisdiccional solo podía estar seguro si dicha transacción, compensación o liquidación, se hiciera ante autoridad competente, para el caso la suma de los dos cheques no concuerda con el monto de las prestaciones laborales que aparece en el Cálculo de prestaciones e indemnizaciones laborales No.PC4-38192, el cual corre agregado a folio 84 de primera pieza de autos, medio de prueba documental propuesto y admitido a la parte demandante; es decir, que a mi representada se le dedujo de sus prestaciones laborales una cantidad para pago de un préstamo el cual ya había sido cancelado, lo que importa una deducción ilegal por parte de la demandada y no se le pago el total de sus prestaciones laborales; en tal sentido, mi representada fue violentada en sus prestaciones laborales; en tal sentido, mi representada fue violentada en sus derechos laborales que son protegidos por nuestro ordenamiento jurídico y tutelado por el Estado de Honduras, debiendo computarse lo deducido ilegalmente, como parte de la condena de los salarios dejados de percibir como indemnización a título de daños y perjuicios y el reintegro a su puesto de trabajo, atendiendo la estipulado en el artículo 129 de la Constitución de la República, en el sentido que cuando el despido Injustificado surta efecto y firme que sea, la sentencia condenatoria respectiva, el trabajador tendrá derecho a su elección,…; es decir, su derecho de petición entre prestaciones laborales o reintegro, está protegido aun cuando recaiga sentencia condenatoria firme, y mi representada a elegido ser reinstalada a su puesto de trabajo, en virtud del despido ilegal e injusto del cual fue objeto, pues el mismo no está fundamentado en alguna de las causas justas establecidas en el artículo 112 del Código del Trabajo a folio 86 de primera pieza de autos”. III. El directa por error de hecho derivado de la apreciación errónea de medios de prueba. No obstante, tras analizar la explicación del motivo, este Tribunal concluye que la censora en que se invoca esta clase de error, en ningún caso puede apoyarse en un conjunto de medios probatorios citados de manera imprecisa y sin determinar la manera como cada uno de ellos demuestre el error de la segunda instancia, error que debe ser manifiesto. Asimismo este Tribunal se ha pronunciado en varios fallos que si cumple con los requisitos favorables al trabajador podría proceder sin necesidad de ser ante autoridad competente, por ejemplo en el expediente CL34-20: “Que con lo expuesto en el numerales que antecede queda evidenciado que la Promesa de Pago fue firmada a favor de la Demandante, por representantes de la demandada, teniendo plena valides, siendo obligatorio su cumplimiento, realizándose en su oportunidad abonos a la demandada, mediante la emisión de cheques de la cuenta de la sociedad demandada y que ingresaron al patrimonio de la demandante, que la demandada debido a su cambio de representación legal tomó la decisión unilateral de suspender los pagos convenidos con la demandante, documento relacionado, que tiene plena eficacia aun y cuando no se haya celebrado ante un inspector del trabajo, el mismo es acorde con la normativa laboral y principios de la misma, por contener condiciones más beneficiosas para la trabajadora demandante. Por ello, carece valides lo esgrimido por la parte demandada, al señalar carencia de formalismos en el documento de promesa de venta, que no resultan aplicables en el ámbito laboral, como el hecho de que las firmantes no hayan expresado que accionaban como representantes de la demandada, pues quedó efectivamente acreditadoexpresado que accionaban como representantes de la demandada, pues quedó efectivamente acreditado que accionaron en tal calidad. Además, se consideran representantes de los patronos y en tal concepto obligan a éstos en sus relaciones con los demás trabajadores: los directores, gerentes, administradores y en general las personas que, en nombre de otro, que ejerzan funciones de dirección o de administración; requisitos que concurren en el caso de las señoras ANN CHRICTON DEFAGO, AURORA DE REYES y JUDY DE SALAZAR. Es importante recordar que esta materia, en los casos no previstos en la ley se deben aplicar principios que rigen en la misma, lo que conduce a concluir, que aun cuando el documento denominado Promesa de Venta, tuviere falencias en requisitos formales como lo señala la parte demandada, prima los hechos realizados por la empleadora como es pago parcial de las obligaciones contraídas en el documento relacionado, quedando un saldo pendiente (Primacía de la Realidad)”. IV. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. NOTIFÍQUESE. ROY PINEDA CASTRO, COORDINADOR, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO DE LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de junio del dos mil veintitrés; certificación de la sentencia de fecha diecinueve de abril del dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Casación número CL284-2022. Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ

SECRETARIO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

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