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Sentencia CL-283-22 — Registro 15810

Resumen

Demanda ordinaria laboral para el pago de la nivelación de salario conforme al cargo desempeñando el cual origina deberes y consecuentemente derechos no reconocidos por el patrono, costas

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) cita normativa no indicada como violada en la formulación del cargo, tal es el caso del artículo 60 de la Constitución de la Republica de Honduras; y, b) formula alegatos propios de instancia.- IV. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo de casación."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veintitrés días del mes de enero del año dos mil veintitrés.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha treinta de agosto del dos mil veintidós, por la Abogada FANNY CAROLINA FLORES DEL CID, en su condición de representante procesal del REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP), como recurrente; además es parte recurrida, las señoras ELIANA MARIA NAVARRO MUÑOZ y MERLIN ISABEL JIMENEZ ROSA, representado en juicio por el Abogado PEDRO ANTONIO ORTEGA ANDINO. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el pago de la nivelación de salario conforme al cargo desempeñando el cual origina deberes y consecuentemente derechos no reconocidos por el patrono, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticuatro de julio del dos mil dieciocho, por el Abogado PEDRO ANTONIO ORTEGA ANDINO, en su condición de representante procesal de las señoras ELIANA MARIA NAVARRO MUÑOZ y MERLIN ISABEL JIMENEZ ROSA ambos mayores de edad, hondureñas, Abogadas y del domicilio de la ciudad de Catacamas, departamento de Olancho, contra el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (R.N.P.) por medio de su Director el señor MIGUEL ANGEL VILLEDA VILLELA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha treinta y uno de enero del dos mil veintidós, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha veintiuno de enero del dos mil veinte, proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: I. Declarar CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por las señoras ELIANA MARIA NAVARRO MUÑOZ y MERLIN ISABEL JIMENEZ ROSA; contra el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (R.N.P.) por medio de la actual Junta Interventora coordinada por el señor ROLANDO ENRIQUE KATAN RODRIGUEZ, en cuanto A LA NIVELACION DE SALARIO DE LAS DEMANDANTES, a quienes deberá otorgársele salario mensual de VEINTICINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS (L. 25,538.00), a partir de la presente Resolución; II.- CONDENAR: contra el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (R.N.P.) por medio de la actual Junta Interventora coordinada por el señor ROLANDO ENRIQUE KATAN RODRIGUEZ, en cuanto A LA NIVELACION DE SALARIO DE LAS DEMANDANTES, a quienes deberá otorgársele salario mensual de VEINTICINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS (L. 25,538.00), a partir de la presente Resolución. III.- SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que laboran para el Registro Nacional de las Personas desempeñando el cargo permanente de Oficiales Civiles Municipales Seccionales, en la ciudad de Catacamas, departamento de Olancho, devengando un salario mensual de L.13,364.00 para Eliana Maria Navarro Muñoz y L.13,508.00 para Merlín Isabel Jiménez Rosa; que en dicha institución existen otras personas que desempeñan en el cargo de Oficiales Civiles Municipales, con las mismas funciones pero con diferente salario, ya que los mismos ascienden a la suma de L. 25,538.00, mayor al devengado por las demandantes por lo que es procedente efectuar la nivelación de salario, como es el caso de las señoras Mirna Carolina Aplicano Morales y Fanny Angelica Omaharan Mendoza Hernandez oficiales civiles de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés; que han sido varias las gestiones efectuadas a lo interior de la institución reclamada, a fin de obtener la nivelación de salario, pero ha sido imposible lograr el objetivo, razón por la cual se compareció ante el Director General del Trabajo a efecto de buscar una solución a dicho conflicto, lo cual fue infructuoso, dándose por agotado el trámite administrativo en audiencia de conciliación de fecha 4 de junio del año 2018.- 2. La parte demandada, el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (R.N.P.), contestó dicha demanda señalando que las demandantes se desempeñan en el cargo de Oficial Civil Seccional del Municipio de Catacamas, Departamento de Olancho y que ellas han realizado solicitudes al directorio en relación a la pretensión de nivelación salarial según la plaza en la cual se encuentran nombradas; que las demandantes Merlín Isabel Jiménez Rosa fue reclasificada de Plaza mediante Acuerdo No. 46-2016 de fecha 07 de abril de 2016 de Técnico Registral 4.3 a la de Oficialía Civil Seccional de Catacamas, departamento de Olancho, reclasificación aceptada por la demandante con el mismo salario asignado a la plaza anterior; asimismo a la señora Eliana María Navarro Muñoz, fue reclasificada de Plaza mediante Acuerdo No. 45-2016 de fecha 07 de abril de 2016 de secretaria de la Oficialía Civil a la de Oficial Civil Seccional de Catacamas, departamento de Olancho, reclasificación aceptada por la demandante con el mismo salario asignado a la plaza anterior; que corresponde a las partes el supuesto hecho de los preceptos que causaron los derechos impetrados, así que el demandante debe acreditar idóneamente los hechos en que se apoya sus pretensiones y el demandado aquellos que fundamente su defensa, que su representada probara en juicio que la administración de la misma se rige bajo lo preceptuado por las Disposiciones Generales del Presupuesto General de la República, otorgado a cada plaza el salario presupuestado para ello y que si bien es cierto las demandantes aceptaron la reclasificación a Oficiales Civiles dicha reclasificación fue condicionada y aceptadas de recibir el salario por ellas asignados presupuestariamente según la plaza nombrada inicialmente, debido a la imposibilidad de la Institución de efectuar nivelación salarial por no contar con la previa aprobación por parte de la Secretaría de Estado en los Despachos de Finanzas, para el incremento presupuestario.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiuno de enero del dos mil veinte, dictó sentencia misma que: “FALLA: I. Declarar CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por las señoras ELIANA MARIA NAVARRO MUÑOZ y MERLIN ISABEL JIMENEZ ROSA; contra el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (R.N.P.) por medio de la actual Junta Interventora coordinada por el señor ROLANDO ENRIQUE KATAN RODRIGUEZ, en cuanto A LA NIVELACION DE SALARIO DE LAS DEMANDANTES, a quienes deberá otorgársele salario mensual de VEINTICINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS (L. 25,538.00), a partir de la presente Resolución; II.- CONDENAR: contra el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (R.N.P.) por medio de la actual Junta Interventora coordinada por el señor ROLANDO ENRIQUE KATAN RODRIGUEZ, en cuanto A LA NIVELACION DE SALARIO DE LAS DEMANDANTES, a quienes deberá otorgársele salario mensual de VEINTICINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS (L. 25,538.00), a partir de la presente Resolución. III.- SIN COSTAS…”. bajo el criterio que las demandantes solicitan la nivelación de salario conforme al cargo desempeñado el cual origina deberes y consecuentemente derechos no reconocidos por el patrono, que si bien es cierto las demandantes aceptaron la reclasificación de la plaza que tenían a la de Oficial Civil Seccional y tácitamente el salario anterior a su plaza que se reclasifico; no es menos cierto, que con las pruebas allegas al juicio las demandantes ostenta los requisitos establecidos por la demandada en la Ley del Registro Nacional de las Personas de conformidad al artículo 31 del mismo cuerpo legal, así como que las demandantes ejercen las mismas condiciones de funcionalidad que otras personas que ostentan el mismo cargo y funciones, quienes reciben diferentes oportunidades (o sea mayor salario), sin que la contraparte acreditase la ineficiente laboral de las demandantes con respecto a la labor de los demás Oficiales Civiles Seccionales; y siendo que al momento de haberlas reclasificado de su plaza anterior al de Oficial Civil Seccional debió la demandada, otorgarles el salario presupuestado para el cargo de Oficiales Civiles Seccionales a nivel nacional, mismo que asciende a L. 25,538.00, lo cual no fue efectivamente realizado a favor de las demandantes, otorgándoles un salario por debajo de lo presupuestado. Que de igual forma se acreditó en autos que las señoras Mirna Carolina Aplicano Morales y Fanny Angélica Omahara Mendoza Hernández, quienes desempeñan el mismo puesto y funciones que las demandantes y quienes perciben un salario superior a las actoras. Para concluir que a las demandantes se les ha violentado su derecho a la igualdad de oportunidades en el empleo, y ha sido objeto de discriminación laboral, al permitir que las demandantes perciban menor salario del que devengan otros compañeros en el mismo puesto de trabajo de Oficial Civil Seccional; en consecuencia, en aplicación a lo que manda la Constitución de la República y el Código del Trabajo, por lo tanto es procedente declarar con lugar la presente demanda.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta y uno de enero del dos mil veintidós, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que, las demandantes Eliana Maria Navarro Muñoz y Merlín Isabel Jiménez Rosa laboran para el Registro Nacional de las Personas desempeñando el cargo de Oficiales Civiles Municipales Seccionales en la ciudad de Catacamas, Olancho, la primera de las demandantes, a partir de 07 de abril del año 2016 actualmente con un sueldo de L. 13,364.00; la segunda de las demandantes a partir del 24 de febrero del 2016, actualmente con un salario de L. 13,508.00 de los autos. Que en respectivos acuerdos de reclasificación de puestos se establece que las demandantes conservaran el sueldo mensual asignado en el presupuesto a la plaza anterior que se reclasifico; que las señoras Mirna Carolina Aplicano Morales y Fanny Angelica Omahara Mendoza Hernandez, en ese mismo cargo, devengan un salario de L.25,538.00. Asimismo, las demandantes solicitaron conjuntamente a la demandada la nivelación salarial en fecha 20 de febrero y 19 de mayo del 2017. Que en la contestación de demanda reconoce la imposibilidad de la institución de efectuar la nivelación salarial por no contar con la previa autorización de la Secretaria de Finanzas; el principio de igualdad en el campo laboral, conocido como "a trabajo igual corresponde salario igual", cuyo contenido como derecho fundamental se encuentra en los artículos 60 y 128 numeral 3) de la Constitución de la República y 367 del Código del Trabajo. La sentencia dictada reconoce la nivelación del salario a favor de las demandantes por la suma de L.25,538.00 a partir de la presente resolución; la parte demandante expresa agravios por cuanto la sentencia no establece los salarios dejados de percibir por concepto de nivelación correspondiente a 35 meses inclusive los aguinaldos y decimocuarto mes, dejando en indefensión a su representada; sin embargo, se observa que la parte demandante no planteo tal pretensión, consecuentemente, el fallo dictado no contiene tal pronunciamiento.- 5. Mediante auto de fecha doce de mayo del dos mil veintidós, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada LUCY MICHELLE SANTOS RODRIGUEZ, en su condición de representante procesal del REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha treinta de agosto del dos mil veintidós, compareció ante este Tribunal la Abogada FANNY CAROLINA FLORES DEL CID, en su condición de representante procesal del REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP), formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de treinta de agosto del dos mil veintidós, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha trece de octubre del dos mil veintidós, se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por parte del Abogado PEDRO ANTONIO ORTEGA ANDINO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.-Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II.- Que la Abogada FANNY CAROLINA FLORES DEL CID, en el primer y único motivo de casación alega: “ACUSO A LA SENTENCIA RECURRIDA DE SER VIOLATORIA DE LEY SUSTANTIVA DE ORDEN NACIONAL POR INFRACCIÓN DIRECTA. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS EN ESTE MOTIVO: La norma sustantiva de orden nacional violada, esta comprendidas en los artículos 128 numeral 3 de la Constitución de la República en relación al 367 del Código del Trabajo. REGLAS PROCESALES VIOLADAS EN ESTE MOTIVO: Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas están contenidas en los artículos 732 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE. El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 765 numeral 1° párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO ÚNICO DE CASACIÓN. PRIMERO: La norma constitucional contenida en el artículo 128 numeral 3), establece los presupuestos para garantizar la igualdad y no discriminación salarial en su monto, cuando atienda a idénticas circunstancias; y su condición singularmente privilegiada de conformidad a la Ley; de forma tal que no queda duda que a toda actividad laboral corresponda un salario que además debe estar previamente establecido; si bien es cierto corresponde al patrono como responsable de la administración de la institución implementar la clasificación de puestos y salarios, asimismo establecer las categorías de puestos de cada clase, entendiendo que a igual categoría en el campo laboral, implica igualdad de conocimientos para el trabajador, por lo que en términos de retribución del servicio sin discriminación puede variar el salario únicamente en razón de la antigüedad en el servicio y la comprobada calidad y eficiencia en el desempeño del trabajo, elementos indispensables que debió considerar el A quem al momento de emitir el fallo objeto de esta demanda de casación. SEGUNDO: El fallo sometido a esta Demanda de Casación, en su Considerando (4), afirma que el Principio de Igualdad en el campo laboral conocido como "a trabajo igual corresponde salario igual", cuyo contenido como derecho fundamental se encuentra en los Artículos 60 y 128 numeral 3) de la Constitución de la República y 367 del Código del Trabajo, en el presente caso, efectivamente las demandantes pretendida la nivelación salarial, considerando que la función que cumple resulta equiparable a la de otro funcionario que se remunera con mayor salario, aun y cuando estas cumplían las mismas funciones, quienes a sabiendas de la no disponibilidad presupuestaria de mi representada asumieron dichos cargos bajo la condición de continuar con los misma salarios asignados a las plazas de las cuales fueron reclasificadas. TERCERO: Tal garantía constitucional contenida en el artículo 128 numeral 3, exige presupuestos esenciales para configurar la discriminación en materia de remuneración responda a criterios objetivos y razonables, que a la luz de la norma constitucional el fallo impetrado carece de los elementos factico-jurídicos que determinen tal discriminación, ya que en la misma no se determina el asidero legal que determine que efectivamente las demandantes ELIANA MARIA NAVARRO MUÑOZ Y MERLÍN ISABEL JIMENEZ ROSA, es objeto de tal discriminación laboral, el A quem, asume consideraciones factico-jurídicos esgrimidos por el A quo, que de igual manera no reúnen los presupuestos legales de la norma constitucional”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) cita normativa no indicada como violada en la formulación del cargo, tal es el caso del artículo 60 de la Constitución de la Republica de Honduras; y, b) formula alegatos propios de instancia.- IV. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo de casación.-POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su unico motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. SECRETARIO DE LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los diecisiete días del mes febrero del dos mil veintitrés; certificación de la sentencia de fecha veintitrés de enero del dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Casación número CL 283-22.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

SECRETARIO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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