Sentencia CL-271-22 — Registro 17471
Resumen
Segunda instancia declaró sin lugar la demanda ordinaria laboral para que en sentencia definitiva se obligue a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) efectuar reclasificación de puestos, nivelar y ajustar el salario, en virtud de estar desempeñando funciones en un puesto distinto de aquel en el que fueron contratados conforme a lo establecido en la cláusula 28 del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente en la ENEE, pago de ajuste salarial correspondiente, desde la fecha en que comenzaron a desempeñarse en dicho puesto hasta la fecha en que se haga efectivo su derecho, ajuste décimo tercer mes de salario, décimo cuarto mes y bonificación de vacaciones, de igual forma se solicita se otorgue el beneficio establecido en la cláusula 51 de la misma norma legal desde el año dos mil catorce (2014) hasta la fecha en que con sujeción a la norma quede firme la sentencia condenatoria
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
...."- Que el cargo que antecede reúne los requisitos necesarios para su admisibilidad, ya que se ha expuesto con precisión y claridad la violación indirecta de las normas señaladas, proveniente de apreciación errónea de los medios de prueba. "...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
Que el contrato colectivo de trabajo es todo convenio escrito relativo a las condiciones de trabajo y empleo celebrado entre un patrono, un grupo de patronos o una o varias organizaciones de patronos, por una parte, y, por otra, una o varias organizaciones de trabajadores, los representantes de los trabajadores de una o más empresas o grupos de trabajadores asociados transitoriamente. También se tendrán como convenciones colectivas de trabajo las resoluciones de las juntas de conciliación, cuando fueren aceptadas por las partes. XIV.- Que los contratos colectivos obligan a sus firmantes, así como a las personas en cuyo nombre o representación se celebran. Las disposiciones de los contratos colectivos se aplican a todos los trabajadores de las categorías interesadas que estén empleados en las empresas comprendidas en el contrato; a menos que este previere expresamente lo contrario. Los patronos y los trabajadores obligados por un contrato colectivo no pueden estipulas condiciones contrarias a las del mismo en los contratos individuales de trabajo. La convención colectiva no podrá concertarse en condiciones menos favorables para los trabajadores que las contenidas en contratos en vigor dentro de la propia empresa. Las disposiciones de los contratos individuales de trabajo, contrarias a las del contrato colectivo, serán nulas y deberán considerarse sustituidas de pleno derecho por las disposiciones correspondientes del contrato colectivo. No se considerarán contrarias a la convención o contratos colectivos las disposiciones de los contratos individuales del trabajo que sean más favorables para los trabajadores. Las disposiciones de un contrato colectivo no se considerarán contrarias a las leyes cuando sean más favorables para los trabajadores. Las disposiciones de las leyes prevalecerán siempre sobre las del contrato colectivo y las de este sobre las de los contratos individuales de trabajo, salvo lo dispuesto en los párrafos anteriores.
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 53 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 55 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 60 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."En relación a la excepción perentoria opuesta por la demandada, la EXCEPCION PERENTORIA DE PRESCRIPCION, no resulta ser procedente, ya que lo reclamado por los actores es un derecho derivado del contrato de trabajo, específicamente del reconocimiento de sus derechos en base a ley y el contrato colectivo, ya que el pago de complemento o reajuste salarial, éste tiene un término de dos (2) años para ser reclamado conforme a lo previsto en los artículos 39 y 43 de la Ley de Salario Mínimo."
Legislación citada
- Ley del Salario Mínimo, art. 35 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley del Salario Mínimo, art. 43 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."En relación a la excepción perentoria opuesta por la demandada, la EXCEPCION PERENTORIA DE PRESCRIPCION, no resulta ser procedente, ya que lo reclamado por los actores es un derecho derivado del contrato de trabajo, específicamente del reconocimiento de sus derechos en base a ley y el contrato colectivo, ya que el pago de complemento o reajuste salarial, éste tiene un término de dos (2) años para ser reclamado conforme a lo previsto en los artículos 39 y 43 de la Ley de Salario Mínimo."
Legislación citada
- Ley del Salario Mínimo, art. 35 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley del Salario Mínimo, art. 43 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que con base al análisis en su conjunto de todas las pruebas allegadas en tiempo y forma por las partes al proceso, con base a la libre formación del convencimiento, tomando en cuenta los criterios y principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo las circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal observada por las partes, se concluye y estima procedente declarar CON LUGAR la demanda de mérito en cuanto a la nivelación salarial y el incremento salarial de agosto 2017 hasta agosto 2019 más el incremento salarial conforme a la cláusula 51 de la contratación colectiva suscrita entre la demandada y el STENEE, respecto de los años 2018, 2019 y los que correspondan hasta la fecha en que quede firme esta sentencia, y no procede el reajuste salarial del año 2014 hasta el 06 septiembre del 2017, por contratación colectiva, Sin costas, dado el principio de gratuidad y que la materia laboral es de orden social."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 18 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 739 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
Los derechos adquiridos son aquellos que se originan de una situación jurídica indudable y que no es una expectativa, por lo tanto de pertenencia a un titular a quien la Ley laboral le prohíbe su renuncia, razón por la que éste derecho debe ser respetado y no vulnerado; deben ser contemplados en la decisión judicial independientemente de la forma de la terminación de la relación laboral y de que hayan sido solicitados o no, salvo que éstos se encuentren efectivamente satisfechos y que conste en los autos tal circunstancia o que se determine la inexistencia de la relación laboral entre las partes.
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 123 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Reordenamiento del Sistema Retributivo del Gobierno Central Decreto 220-2003, art. 2 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
Los derechos adquiridos son aquellos que se originan de una situación jurídica indudable y que no es una expectativa, por lo tanto de pertenencia a un titular a quien la Ley laboral le prohíbe su renuncia, razón por la que éste derecho debe ser respetado y no vulnerado; deben ser contemplados en la decisión judicial independientemente de la forma de la terminación de la relación laboral y de que hayan sido solicitados o no, salvo que éstos se encuentren efectivamente satisfechos y que conste en los autos tal circunstancia o que se determine la inexistencia de la relación laboral entre las partes.
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 123 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Reordenamiento del Sistema Retributivo del Gobierno Central Decreto 220-2003, art. 2 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veintiocho días del mes de septiembre del año dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral, formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha 21 de febrero del 2023, por el Abogado ALAN DAVID CÓRDOVA ORTIZ, en su condición de representante procesal de los señores JOEL AMBROSIO MOLINA HERNANDEZ, MANUEL ESTEBAN MARTÍNEZ RAMÍREZ, JUAN JOSÉ DIAZ, HENRY RENE REYES BOQUÍN, ESMELIN EDGARDO AGUILAR RIVERA, MANUEL ENRIQUE GARCÍA ÁVILA, FRANCISCO JAVIER TROCHEZ MÉNDEZ, ROBERTO VILLEDA, JOSÉ ALFREDO GÁLVEZ RUIZ, LEONEL ANTONIO HANDAL PINEL, JOSÉ ANTONIO TROCHEZ GRAJEDA, HIMY YAHIR GÁMEZ AGUILAR, GELBER SABINO ORDOÑEZ GARCÍA, y ALFONSO ALBERTO GUZMAN MELGAR, como recurrentes; además es parte recurrida, la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE), representada en juicio por la Abogada BERTHA NOEMY ARITA MARTÍNEZ. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para que en sentencia definitiva se obligue a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) efectuar reclasificación de puestos, nivelar y ajustar el salario, en virtud de estar desempeñando funciones en un puesto distinto de aquel en el que fueron contratados conforme a lo establecido en la cláusula 28 del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente en la ENEE, pago de ajuste salarial correspondiente, desde la fecha en que comenzaron a desempeñarse en dicho puesto hasta la fecha en que se haga efectivo su derecho, ajuste décimo tercer mes de salario, décimo cuarto mes y bonificación de vacaciones, de igual forma se solicita se otorgue el beneficio establecido en la cláusula 51 de la misma norma legal desde el año dos mil catorce (2014) hasta la fecha en que con sujeción a la norma quede firme la sentencia condenatoria, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento Cortés, en fecha 06 de septiembre del 2019, por el Abogado DANIEL ALEXANDER ORTIZ, en su condición de representante procesal de los señores 1)JOEL AMBROSIO MOLINA HERNANDEZ, Ingeniero Eléctrico Industrial; 2) MANUEL ESTEBAN MARTÍNEZ RAMÍREZ, Técnico Electricista; 3) JUAN JOSÉ DIAZ, Técnico Electricista; 4) HENRY RENE REYES BOQUÍN, Ingeniero Industrial; 5) ESMELIN EDGARDO AGUILAR RIVERA, Técnico Electricista; 6) MANUEL ENRIQUE GARCÍA ÁVILA, Técnico Electricista: 7) FRANCISCO JAVIER TROCHEZ MÉNDEZ, Técnico Electricista; 8) ROBERTO VILLEDA, Técnico Electricista; 9) JOSÉ ALFREDO GÁLVEZ RUIZ, Técnico Electricista; 10) LEONEL ANTONIO HANDAL PINEL, Técnico Electricista; 11) JOSÉ ANTONIO TROCHEZ GRAJEDA, Técnico Electricista; 12) HIMY YAHIR GÁMEZ AGUILAR, Ayudante de Electricista; 13) GELBER SABINO ORDOÑEZ GARCÍA, Técnico Electricista, y 14) ALFONSO ALBERTO GUZMAN MELGAR, Técnico Electricista; todos mayores de edad, hondureños, y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, contra la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE), a través de su Gerente General, el señor LEONARDO ENRIQUE DERAS VÁSQUEZ. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 21 de marzo del 2022, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 07 de enero del 2022, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO Declarando SIN LUGAR LA DEMANDA para pedir reclasificación de puestos, nivelar y ajustar el salario de sus representados en virtud de estar desempeñando funciones en un puesto distinto de aquel en el que fueron contratados conforme a lo establecido en la cláusula 28 del contrato colectivo, pago de ajuste salarial, ajuste décimo tercer mes, décimo cuarto mes, y bonificaciones de vacaciones, como también se otorgue beneficio establecido en la cláusula 51 de la misma norma legal desde el año 2014; promovida por el abogado DANIEL ALEXANDER ORTIZ, en su condición de apoderado legal de las señores: 1).- JOEL AMBROSIO MOLINA HERNANDEZ, 2).- MANUEL ESTEBAN MARTÍNEZ RAMÍREZ, 3).- JUAN JOSÉ DIAZ, 4).- HENRY RENE REYES BOQUÍN, 5).- ESMELIN EDGARDO AGUILAR RIVERA, 6).- MANUEL ENRIQUE GARCÍA ÁVILA, 7).- FRANCISCO JAVIER TROCHEZ MÉNDEZ, 8).- ROBERTO VILLEDA, 9).- JOSÉ ALFREDO GÁLVEZ RUIZ, 10).- LEONEL ANTONIO HANDAL PINEL, 11).- JOSÉ ANTONIO TROCHEZ GRAJEDA, 12).- HIMY YAHIR GÁMEZ AGUILAR, 13).- GELBER SABINO ORDOÑEZ GARCÍA, y 14).-ALFONSO ALBERTO GUZMAN MELGAR, todos de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia, contra la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA, representada a través de su Gerente General el señor LEONARDO ENRIQUE DERAS VÁSQUEZ, también de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia; En consecuencia: ABSUELVE: A la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA a través de su representante legal el señor LEONARDO ENRIQUE DERAS, de toda responsabilidad proveniente del presente juicio; SEGUNDO: DECLARA SIN LUGAR LA EXCEPCIÓN PERENTORIA DE PRESCRIPCIÓN De La Acción interpuesta par la parte demandada.- TERCERO: SIN COSTAS.- En vista de que el derecho del trabajo es de carácter social…”. ANTECEDENTES DE HECHO 1.- Las partes demandantes expresaron en el escrito de su acción que iniciaron la relación laboral con la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE), de la siguiente manera: 1)Joel Ambrosio Molina Hernandez, el 12 de agosto de 1996, desempeñándose en el puesto de Ingeniero de Distribución II, devengaba un salario mensual los últimos seis (6) meses de L.50.274.37; 2) Manuel Esteban Martínez Ramírez, el 01 de marzo de 1988, desempeñándose en el puesto de Jefe de Cuadrilla devengaba un salario mensual durante los últimos seis (6) meses de L.29,386.63; 3) Juan José Diaz, el 01 de agosto del 2001, desempeñándose en el puesto Electricista de Distribución I, devengaba un salario mensual durante los últimos seis (6) meses de L.23,350.93; 4) Henry Rene Reyes Boquín, el 03 de febrero del 2003 desempeñándose en el puesto de Técnico Electromecánico, devengaba un salario mensual los últimos seis (6) meses de L.23,350.93, 5) Esmelin Edgardo Aguilar Rivera, el 01 de julio del 2010 desempeñándose en el puesto Ayudante de Electricista, devengaba un salario mensual los últimos seis (6) meses de L.20,069.63; 6) Manuel Enrique García Ávila, el 01 de julio del 2010, desempeñándose en el puesto de Ayudante de Electricista, devengaba un salario mensual los últimos seis (6) meses de L.20,069.53; 7) Francisco Javier Trochez Méndez, el 01 de septiembre del 2010, desempeñándose en el puesto de Ayudante de Electricista, devengaba un salario mensual últimos seis (6) meses de L.20,069.53; 8) Roberto Villeda, el 01 de julio de 1996, desempeñándose en el puesto de Electricista de Distribución I, devengaba un salario mensual los últimos seis (6) meses de L.23,350.93; 9) José Alfredo Gálvez Ruiz, el 01 de junio de 1998, desempeñándose en el puesto de Electricista de Distribución I, devengaba un salario mensual los últimos seis (6) meses de L.23,350.93; 10) Leonel Antonio Handal Pinel, el 05 de noviembre del 2006, desempeñándose en el puesto de Ayudante de Electricista, devengaba un salario mensual últimos seis (6) meses de L.20,069.53; 11) José Antonio Trochez Grajeda, el 01 de septiembre del 2009, desempeñándose en el puesto de Ayudante de Electricista, devengaba un salario mensual últimos seis (6) meses de L.20,069.53; 12) Himy Yahir Gámez Aguilar, el 01 de septiembre del 2011, desempeñándose en el puesto de Electricista de Calibrador, devengaba un salario mensual últimos seis (6) meses de L.17,646.87; 13) Gelber Sabino Ordoñez García, el 01 de diciembre de 1999, desempeñándose en el puesto de Electricista de Distribución I, devengaba un salario mensual los últimos seis (6) meses de L.23,350.93; y 14) Alfonso Alberto Guzmán Melgar, el 12 de junio del 2013, desempeñándose en el puesto Verificador de Inventarios, devengaba un salario mensual los últimos seis (6) meses de L.10,532.01; todos bajo categoría de empleados permanentes. Manifestaron además que a consecuencia de la restructuración de personal realizada en la ENEE en los años 2014 y 2015, los demandantes fueron trasladados a desempeñar funciones a otros puestos, de la forma siguiente: 1) Joel Ambrosio Molina Hernandez, fue trasladado del puesto de Ingeniero de distribución II al puesto de Jefe de Departamento de Ingeniería de Distribución, a partir de junio del 2016; 2) Manuel Esteban Martínez Ramírez fue trasladado del puesto de Jefe de Cuadrilla al puesto de Supervisor de Cuadrilla, a partir de noviembre del 2014; 3) Juan José Diaz Rivera, fue trasladado del puesto Electricista de Distribución al puesto Electricista de Distribución II, a partir de junio del 2015; 4) Henry Rene Reyes Boquín, fue trasladado del puesto de Técnico Electromecánico al puesto de Jefe de Taller Electromecánico, a partir de abril del 2018; 5) Esmelin Edgardo Aguilar Rivera, fue trasladado del puesto de Ayudante de Electricista al puesto de Electromecánico, a partir de marzo del 2018; 6) Manuel Enrique García Ávila, fue trasladado del puesto de Ayudante de Electricista al puesto de Electricista de Distribución I, a partir de enero del 2016; 7) Francisco Javier Trochez Méndez, fue trasladado del puesto de Ayudante de Electricista al puesto de Electricista de Distribución I, a partir de enero del 2016; 8) Roberto Villeda, fue trasladado del puesto de Electricista de Distribución I al puesto de Electricista de Distribución II, a partir de noviembre del 2014; 9) José Alfredo Gálvez Ruiz, fue trasladado del puesto de Electricista de Distribución I al puesto de Electricista de Distribución II, a partir de noviembre del 2014; 10) Leonel Antonio Handal Pinel, fue trasladado del puesto de Ayudante de Electricista al puesto de Electricista de Distribución I, a partir de noviembre del 2014; 11) José Antonio Trochez Grajeda, fue trasladado del puesto de Ayudante de Electricista al puesto de electromecánico I, a partir de febrero del 2019; 12) Himy Yahr Gámez Aguilar, fue trasladado del puesto de Electricista de Calibrador I al puesto de Electricista de Distribución I, a partir junio del 2015; 13) Gelber Sabino Ordoñez García, fue trasladado del puesto Electricista de Distribución I al puesto de Jefe de Cuadrilla, a partir de junio del 2015; 14) Alfonso Alberto Guzmán Melgar, fue trasladado del puesto de Verificador de Inventarios al puesto de Ayudante de Electricista, a partir de junio del 2015; pero que los salarios de los demandantes nunca fueron ajustados al que correspondía al puesto en el que estaban desempeñando sus funciones, infringiendo lo preceptuado en la cláusula 28 segundo párrafo del Contrato Colectivo vigente. Argumentaron que lo peticionado encuentra su asidero jurídico en la cláusula 28 párrafo 2 del Contrato Colectivo vigente, que dice: "Si un trabajador es trasladado a realizar funciones a otro puesto, devengará el salario que le corresponde a dicho salario, de acuerdo con la escala de salarios, cuando en el desempeño de tal puesto haya laborado cinco (5) días o más”; y que en el presente caso el plazo se encontraba vencido, ya que los demandantes tenían más de un año desempeñando sus funciones en los puestos referidos anteriormente, por lo que resulta procedente la reclasificación de puesto y el ajuste salarial correspondiente, en los términos establecidos en la norma colectiva citada y en el artículo 128 numeral 3 de la Constitución de la República; y que aunado a lo anterior en materia laboral impera el PRINCIPIO DE LA PRIMACIA DE LA REALIDAD prevaleciendo aspectos facticos-sustanciales por sobre lo jurídico y formales, y que la parte patronal deberá ser obligada reclasificar los puestos, nivelar y ajustar el salario de los demandantes, respetando la conquista alcanzada al desarrollar funciones de mayor categoría a las que fueron contratados siendo que el derecho al trabajo es progresivo y jamás va en detrimento del trabajador. De igual manera manifestaron que ellos reúnen los requisitos necesarios para desempeñarse en dichos cargos en tanto tienen la preparación académica adecuada teniendo hasta dos títulos universitarios, diplomados, cursos, antigüedad y la experiencia; por tanto resulta un acto de discriminación que la parte patronal no haya hecho efectivo la reclasificación, nivelación y ajuste de salario; contraviniendo lo preceptuado en el artículo 367 del Código de Trabajo y lo estipulado en el artículo 60 de la misma norma legal; por lo que resulta aplicable al presente asunto unos de los principios que preside la teoría general de los contratos denominado el PACTA SUNT SERVANDA; y que por ello la parte patronal se encuentra obligada a dar estricto cumplimiento a la norma colectiva en mención; y que adicionalmente pidieron que al nuevo salario que les correspondía devengar en sus nuevos puestos, se les aplicara un ajuste salarial contemplado en la cláusula 51 del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente en la institución; ajuste que debía ampliarse de forma retroactiva a los conceptos siguientes: décimo tercer mes, décimo cuarto mes y bonificaciones de vacaciones, en virtud de los pagos realizados por la parte patronal durante los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. Asimismo, manifestaron que previo a interponer la acción se dio por agotado el trámite administrativo. 2.- La parte demandada, la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE), contestó dicha demanda exponiendo que la empresa demandada, como organismo autónomo de servicio público del Estado, con personería jurídica, capacidad jurídica y patrimonio propio, fue creada mediante decreto No.48, que contiene su Ley Constitutiva, cuyo objeto es promover el desarrollo de la electrificación del país, así en su Artículo 5) de la citada Ley, claramente especifica que la empresa asumirá el activo y pasivo de las entidades que adquiera por cualquier concepto, estando sujeta para efectos de control financiero y contable, a su propio reglamento, a las normas legales y procedimientos vigentes los que posteriormente se establezcan por leyes especiales. Argumentó que los demandantes eran empleados de la empresa demandada, quienes desarrollaban las actividades para lo que habían sido contratados, y que la Estatal de Energía Eléctrica como empresa totalmente responsable les cancelaba sus salarios en tiempo y forma, así como los beneficios que como empleados les asistía, y que la aplicación de la cláusula 28 del contrato colectivo a los demandantes no les asistía tal derecho, en virtud que a nivel de sistema en ningún momento se les había hecho la acción de personal del cambio en el puesto de trabajo y solamente desempeñan funciones de manera funcional cancelándoseles sus salarios según su desempeño y capacidad para trabajar y como la misma clausula citada por la parte actora lo señala que "es atribución de la a ENEE, fijar, determinar los requisitos, las funciones de los puestos y la manera en que se realizara el trabajo" Así mismo el contrato colectivo vigente en la cláusula 28 señala el procedimiento para determinar las funciones y categoría de los puestos en la Estatal Eléctrica establece que "los trabajadores realizaran sus labores de acuerdo a las funciones del puesto en que han sido nombrados, más sin embargo la ENEE, podrá destinarlos a ocupaciones distintas a las indicadas en sus contratos de trabajo, siendo el trabajador obligado a desempeñar sus servicios compatibles a sus fuerzas, aptitudes y condición física de acuerdo al objeto del negocio y a la actividad a que se dedica el patrono, el cual no se encuentra en menoscabo de sus salarios ni lesiona su dignidad, se les hace efectivo el pago de sus salario según lo establece el manual de sueldos y salarios de la ENEE, de acuerdo a los principios que rigen la relación laboral y otorga los beneficios que la misma ley y política de las entidades estatales establece y que el contrato colectivo ya establece el procedimiento que cada trabajador debe seguir o en su caso el STENEE, en representación de los trabajadores, cuando es trasladado de un puesto de trabajo a otro, así como los tiempos para realizar los respectivos reclamos y en el caso de los demandantes no realizaron las gestiones ni los reclamos en el tiempo establecido en el contrato colectivo, por ende, solicitarlo cuatro años después resulta totalmente extemporáneo y fuera de los tiempos que ya señala las leyes laborales y no reclamarlo como lo señala el contrato colectivo se vuelve un hecho consentido por los demandantes y no es procedente otorgárselos por medio del presente reclamo judicial. En cuanto al fundamento de la parte actora cuando se refiere al artículo 128 numeral 3 de la constitución de la República, los demandantes no realizaban labores que no se encontraban dentro de sus capacidades para lo que fueron contratados por ende la parte actora deberá probar en el presente proceso que los demandantes realizaban actividades de acuerdo a las actividades que se dedica la empresa. Asimismo, alegó que entre la relación laboral de la demandada y los demandantes no existió ningún tipo de discriminación ya que desde que fueron trasladados a sus puestos de trabajo actuales funcionalmente fue en común acuerdo entre las partes, y en ningún momento tal decisión fue tomada unilateralmente por decisión del patrono, además de no haber estado de acuerdo, debieron haber presentado el respectivo reclamo en el tiempo ya establecido (el cual se considera un hecho consentido). En cuanto al ajuste salarial contemplado en la cláusula 51 del contrato colectivo, la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, de conformidad a los decretos legislativos números 360-2013 (art 117): 140-2014 (art. 123); 168-2015 (art. 124) y 141-2017 (art. 130), contentivos de las disposiciones de ingresos de la administración pública para los ejercicios fiscales de los años 2014, 2015, 2018 y 2018 respectivamente, no ha emitido el dictamen correspondiente, mediante el cual, hubiere aprobado en el presupuesto de ingresos y egresos de la ENEE la disponibilidad financiera y presupuestaria para el reconocimiento del índice inflacionario, en concepto de incremento salarial, correspondiente a los años antes indicados, debido a que la ENEE, ha venido en un proceso de reestructuración donde las operaciones de la misma serán manejadas a través de fideicomisos, que a su vez operaran por medio de alianzas públicos privadas en las áreas de distribución generación y transmisión de energía eléctrica, situación que no ha permitido contemplar este tipo de incrementos salariales. Arguyó también que estos extremos serán acreditados en el presente juicio laboral con los dictámenes emitidos por la Secretaria de Finanzas para cada año, con especial mención, que en el reporte del presupuesto aprobado para sueldos y salarios de la ENEE, no se evidencian incremento alguno, al contrario la asignación se vio disminuida producto de la reestructuración realizada en la ENEE; de lo que se colige, que este juzgado no puede condenar a la ENEE, a los derechos laborales que reclaman los demandantes en su improcedente demanda; además estableció que por una parte, en el año 2017 la ENEE reconoció a los demandantes el ajuste salarial en concepto de índice inflacionario, justamente porque la Secretaria de Finanzas emitió el dictamen correspondiente para dicho reconocimiento; y por otro lado, que existen ejecutorias judiciales recaídas en una demanda laboral contraída al pago de un incremento salarial, donde la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de Francisco Morazán, en su parte dispositiva estableció que no procedía el referido pago, como consecuencia de no haberse realizado el estudio económico y dictamen favorable de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, así como el análisis de la capacidad financiera y presupuestaria de la ENEE, en aplicación al artículo 85 del decreto legislativo número 157-2009, contentivo del presupuesto de ingresos y egresos de la república para el ejercicio fiscal del año 2009, tal como ha venido aconteciendo con las disposiciones generales del presupuesto de ingresos y egresos de la República para los ejercicios fiscales de los años 2014, 2015, 2016 y 2018. Que esa sentencia del tribunal de alzada fue objeto del recurso de casación, que fue declarado no ha lugar por la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia definitiva de fecha 11 de junio del 2013 y que era imperativo hacer notar en el presente proceso que el juzgado del trabajo de esta sección judicial ha emitido una serie de fallos, donde la ENEE ha sido demandada y han declarado sin lugar las demandas en cuanto a la solicitud de nivelaciones salariales, pago de reajuste salariales y pago de índice inflacionario, procesos registrados bajo los números de expedientes judiciales 054-2014, 1454-2008, 30-2014; por consiguiente, la presente demanda debe ser declarada sin lugar en todos sus extremos. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha 07 de enero del 2022, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO Declarando SIN LUGAR LA DEMANDA para pedir reclasificación de puestos, nivelar y ajustar el salario de sus representados en virtud de estar desempeñando funciones en un puesto distinto de aquel en el que fueron contratados conforme a lo establecido en la cláusula 28 del contrato colectivo, pago de ajuste salarial, ajuste décimo tercer mes, décimo cuarto mes, y bonificaciones de vacaciones, como también se otorgue beneficio establecido en la cláusula 51 de la misma norma legal desde el año 2014; promovida por el abogado DANIEL ALEXANDER ORTIZ, en su condición de apoderado legal de las señores: 1).- JOEL AMBROSIO MOLINA HERNANDEZ, 2).- MANUEL ESTEBAN MARTÍNEZ RAMÍREZ, 3).- JUAN JOSÉ DIAZ, 4).- HENRY RENE REYES BOQUÍN, 5).- ESMELIN EDGARDO AGUILAR RIVERA, 6).- MANUEL ENRIQUE GARCÍA ÁVILA, 7).- FRANCISCO JAVIER TROCHEZ MÉNDEZ, 8).- ROBERTO VILLEDA, 9).- JOSÉ ALFREDO GÁLVEZ RUIZ, 10).- LEONEL ANTONIO HANDAL PINEL, 11).- JOSÉ ANTONIO TROCHEZ GRAJEDA, 12).- HIMY YAHIR GÁMEZ AGUILAR, 13).- GELBER SABINO ORDOÑEZ GARCÍA, y 14).-ALFONSO ALBERTO GUZMAN MELGAR, todos de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia, contra la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA, representada a través de su Gerente General el señor LEONARDO ENRIQUE DERAS VÁSQUEZ, también de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia; En consecuencia: ABSUELVE: A la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA a través de su representante legal el señor LEONARDO ENRIQUE DERAS, de toda responsabilidad proveniente del presente juicio; SEGUNDO: DECLARA SIN LUGAR LA EXCEPCIÓN PERENTORIA DE PRESCRIPCIÓN de la acción interpuesta par la parte demandada.- TERCERO: SIN COSTAS.- En vista de que el derecho del trabajo es de carácter social…”. Bajo el criterio que, procede declarar sin lugar la presente demanda llevando a este convencimiento las circunstancias siguientes: 1) En cuanto a la pretensión de reclasificación; este tribunal considera procedente declarar sin lugar lo solicitado en vista que de si bien es cierto la demandada acepta que los demandantes han venido desempeñando funciones de manera funcional en otros puesto de común acuerdo con la demandada, también no es menos cierto que con la documentación que corre a folios 593 al 1325, a este Tribunal se le imposibilita determinar cuáles eran esas funciones y desde cuando las vienen desempeñando que realizan los demandantes son extrañas o no corresponden a las labores del puesto para el cual fueron contratados en mucho de los casos se parecen a los cargos para los que fueron contratados, según los perfiles del puesto tal como consta en los autos a folios 377, 443; en el caso de autos los demandantes este Tribunal considera que los demandantes previo a demandar debieron haber solicitado ante su patrono la revisión de labores o funciones tal como los dispone la cláusula 28 del Contrato Colectivo de condiciones de Trabajo en su párrafo 4; solicitud que es necesaria para que la demandada determine si el trabajador está desempeñando funciones que corresponden a otro puesto de mayor categoría y que reúne los requisitos de tal puesto, ya que según establece la cláusula 29 del mismo contrato colectivo de condiciones de trabajo de la demandada las plazas vacantes como nuevos puestos se cubrirá mediante concurso lo que significa que los demandantes deben someterse a concurso para determinar si reúnen los requisitos para el puesto que aspiran; razón por la cual no puede este Tribunal ordenar a la demandada que los demandante sean reclasificados y nombrados en otros puestos distinto para el cual fueron contratados ya que previo a ser nombrados deben cumplir con ciertos requisitos, y si bien es cierto hay una nota que envió el SINDICATO DE TRABAJADORES, a la demandada la cual corre a folios 1329, solicita revisión esta se hace de manera general y no de forma particular refiriéndose a casos específicos como ser el de los demandantes, y de esa forma poder obtener la tutela de los derechos que correspondan a cada trabajador. 2) En cuanto al pago de ajuste salarial solicitado desde la fecha en que a desempeñar dicho puesto hasta la fecha en que se haga efectiva su derecho, así como ajusta décimo tercer mes, décimo cuarto mes y bonificación de vacaciones; con relación a tal pretensión este Tribunal considera procedente declarar sin lugar dicha pretensión; en vista que los demandantes no acreditaron en autos desde que fecha vienen desempeñando las labores que son extrañas a su puesto de trabajo y que pertenecen a otro puesto de trabajo, cuya solicitud debió hacerse ante su patrono tal como dispone la cláusula 28 del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente, desde el momento en que esas funciones se realizaron por más de 5 días según establece la cláusula; pretender que este Tribunal ordene su pago sin haber acreditado la fecha desde cuando la viene realizando resulta improcedente, tomando en consideración que existe un procedimiento establecido según el contrato colectivo de condiciones de trabajo vigente para solicitarlo. 3) respecto al reclamo de beneficio establecido en la cláusula 51 del contrato colectivo de condiciones de trabajo desde el año 2014, hasta la fecha que con sujeción a la norma procesal quede firme la sentencia, este Tribunal estima declarar sin lugar; el contrato de trabajo a pesar de la oposición de intereses entre patrono y trabajador, se entiende desarrollado bajo el principio de la buena fe, principio que aplica a ambas partes durante el desarrollo del mismo e incluso hasta su finalización, sobre esta base se ha sostenido que, cuando en el curso de la relación se incumplen obligaciones patronales que no resulten de aquellas que competen al orden público, y el trabajador consiente dicho incumplimiento al continuar prestando el servicio sin hacer uso de los derechos que la ley le habilita para reclamarlo se entiende su aceptación, es cierto que el contrato colectivo obliga a las partes, pero consta que la demandada no ha hecho efectivo los aumentos salariales contemplados en la cláusula N°51 a ningún trabajador a excepción del año 2017, según lo informara la Secretaria de Finanzas, por las razones que dejó establecida en documentos visibles a folios 574 y 575 de los autos, hecho que coincide con los argumentos expuestos por la demandada en los hechos y omisiones en que basa la defensa; a lo anterior es de agregar que en cuanto a los beneficios del contrato colectivo como antes se indicara, su desuso e incumplimiento ha sido efectivo durante los últimos años a excepción del año 2017, año en que los actores gozaron del incremento salarial que hoy exigen. La parte demandada interpuso la excepción perentoria de prescripción de la acción alegando que el derecho de los demandantes para pedir reclasificación de puesto, nivelación y ajuste de salario por creer que desempeñan funciones en un puesto distinto, así como nivelación salarial, décimo tercer, décimo cuarto y bonificación de vacaciones; en relación a la excepción de prescripción de la acción plateada este Tribunal considera que en la forma en que fue planteada procede declarar sin lugar por las circunstancias siguientes: a) hay derechos que por el tracto sucesivo de la relación no prescribe; como es el caso de los derechos a pedir revisión y aplicación la aplicación del contrato colectivo de condiciones de trabajo, cada vez que la demandada le asigne funciones que no están dentro del perfil de su puesto adquieren el derecho a revisar y reclamar, b) Los derechos a reclamo de reajuste de salario la ley ya establece el tiempo de prescripción, y son independiente uno del otro es decir nacen el derecho a reclamar cada vez que el patrono incumple con su obligación de pago; en el caso de autos la demandada no establece la fecha en que nació y prescribió cada derecho razón por la cual se le imposibilita al tribunal hacer computo; por lo que procede declarar sin lugar la misma. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 21 de marzo del 2022, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a-quo, sin costas; bajo el criterio que, en este asunto, mediante decreto legislativo número 404-2013 se emitió la Ley General de la Industria Eléctrica, estableciéndose en el artículo 29, la modernización de la ENEE, instruyéndose a la junta directiva, con el objeto de modernizarse, antes del 1 de julio de 2015, se transforme en entidad y complete el proceso para escindirse en una empresa de generación, una de transmisión y operación del sistema y al menos una de distribución, las cuales son entidades prioridad del Estado; que los activos, pasivos y el personal de la ENEE deben ser divididos y transferidos a cada una de estas nuevas empresas según corresponda a la naturaleza de sus funciones, con absoluto respeto de los derechos laborales de los trabajadores; a consecuencia de lo anterior (reestructuración de personal), tal y como se indica en la demanda y en los hechos probados de este fallo, los actores pasaron a desempeñar funciones en otros puestos y por cuya razón se estima justificada la reasignación funcional de labores, por perseguir una finalidad de poner en consonancia la estructura del Estado y con ello el de realizar de la mejor manera los fines esenciales de la Administración Pública y es que conforme la cláusula 28 del contrato colectivo, la ENEE podrá destinar a sus trabajadores a ocupaciones distintas a las indicadas en sus contratos de trabajo, siempre que tengan relación directa con la profesión y oficio requerido en sus nombramientos y que no haya menoscabo en sus salarios, ni lesione su dignidad tal y como ha ocurrido en este asunto. En razón de la modernización establecida en el artículo 29 de la Ley General de la Industria Eléctrica, con el consentimiento de los actores al no realizar ningún reclamo, desde noviembre del 2014, junio 2015, enero 2016, junio 2016, marzo y abril 2018 y febrero 2019 fueron destinados de manera funcional a realizar ocupaciones distintas a las contratadas, con el mismo salario, sin acción de personal y sin que los actores hicieran reclamo para la revisión de las labores. De ahí que no es posible estimar que la gestión realizada por la STENEE el 08 de junio del 2014 cumpla con el procedimiento requerido en el contrato colectivo, pues esa petición es anterior a la fecha del traslado en referencia; de otra parte, ese trámite es distinto al del establecido en el artículo 691 del Código del Trabajo, pues el requerido en la contratación colectiva es con el propósito de gestionar administrativamente la revisión de labores y la exigencia establecida en la disposición legal en referencia es para efectos de accionar ante el órgano jurisdiccional. En un caso similar tramitado ante los órganos jurisdiccionales de Francisco Morazán contra la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, declaró sin lugar la demanda para el pago del incremento salarial derivado de una reclasificación laboral, al estimar que del proceso no consta haberse realizado el estudio económico y dictamen favorable de la Secretaria de Estado en los Despachos de Finanzas y análisis de la capacidad financiera y presupuestaria de la institución demandada, así como de las funciones que realiza el demandante; sentencia que fue conocida vía recurso de casación registrada con número CL-318-12 y se encuentra en el sistema de indexación jurisprudencial del Poder Judicial; en ese caso, el máximo tribunal de justicia declaró sin lugar dicho recurso. De ahí que no es cierto lo expresado por el recurrente respecto a que sólo los Tribunales de esta Sección Judicial niegan este tipo de peticiones, indicándose además que cada caso tiene su propia particularidad en cuanto a los hechos alegados por las partes y las pruebas presentadas; a lo anterior es de agregar que los artículos 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 303 de la Constitución de la República y 667 del Código del Trabajo, garantizan la independencia judicial y con ello el respeto a las decisiones que emiten los tribunales, quien no las comparte está en su derecho de recurrirlas, haciendo uso de los medios impugnación que señala la Ley, así lo dispone el artículo 690 del Código Procesal Civil. En cuanto al ajuste salarial, en la contestación de demanda se citaron las disposiciones de ingresos de la administración pública para los ejercicios fiscales de los años 2014, 2015, 2016, 2018, 2019 y 2020, afirmándose que no ha tenido el dictamen correspondiente, mediante el cual, se hubiere aprobado en el presupuesto de ingresos y egresos de la ENEE, la disponibilidad financiera y presupuestaria para el reconocimiento del índice inflacionario, en concepto de incremento salarial; argumentos que resultan válidos, pues como antes se dijo, tratándose de una institución pública, está sujeta a las disposiciones establecidas en las normas del presupuesto y de acuerdo a estas, para efectuar los incrementos salariales se requiere la obtención del dictamen favorable de la Secretaria de Finanzas, mismo que no consta que se haya obtenido en el sub judice a excepción a la del año 2017; año en que se aplicó el incremento salarial (folio:516pp); en ese sentido, la pretensión actora no resulta atendible; lo anterior considerando además que de acuerdo al párrafo último del artículo 60 del Código del Trabajo: ; en similares términos se pronunció ésta Alzada en los expedientes: 10855 y 121-16 conocido el primero vía recurso de casación número 137-15. De la revisión de los autos es visto que la Juez de primera instancia declaró sin lugar la excepción perentoria de prescripción planteada y la demandada se conformó con esa decisión, por lo que no se hace ningún pronunciamiento a ese respecto. Por las razones antes expuestas y en atención a los principios de consonancia y libre formación del convencimiento, por mayoría de votos, se estima procedente CONFIRMAR la parte dispositiva de la sentencia apelada. 5.- Mediante auto de fecha 12 de mayo del 2022, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado ALAN DAVID CÓRDOVA ORTIZ, en su condición de representante procesal de los señores JOEL AMBROSIO MOLINA HERNANDEZ, MANUEL ESTEBAN MARTÍNEZ RAMÍREZ, JUAN JOSÉ DIAZ y otros, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 21 de febrero del 2023, compareció ante este Tribunal el Abogado ALAN DAVID CÓRDOVA ORTIZ, en su condición de representante procesal de los señores JOEL AMBROSIO MOLINA HERNANDEZ, MANUEL ESTEBAN MARTÍNEZ RAMÍREZ, JUAN JOSÉ DIAZ y otros, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 09 de agosto del 2023, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada BERTHA NOEMY ARITA MARTÍNEZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.-Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II.- Que el Abogado ALAN DAVID CÓRDOVA ORTIZ, en su primer motivo de casación alega: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria a la ley sustantiva por infracción indirecta por error de hecho proveniente de la apreciación errónea de los medios de prueba documentales que corren a folios 447 al 448, 449 párrafo cuarto, 460 párrafo primero y segundo, 486 y 487 párrafo primero, todos de la primera pieza del expediente. NORMA SUSTANTIVA VIOLADA: La norma sustantiva de orden nacional violada se encuentra contenida en el artículo 367 tercer párrafo, en relación con el artículo 60 párrafo primero, 95 numeral 12) y 96 numeral 3) de la misma normativa legal. NORMAS PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIO PARA LA VIOLACIÓN DE LA NORMA SUSTANTIVA SEÑALADA: Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de la norma sustantiva señalada se encuentran contenidas en el artículo 738 y 739 del Código de Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral 1), párrafo segundo del Código de Trabajo. MEDIOS DE PRUEBA ERRÓNEAMENTE APRECIADOS: Los medios de prueba apreciados de forma errónea en la sentencia recurrida son los siguientes: 1. Documental público, consistente en la cláusula 5 párrafo tercero del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo, suscrito entre la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (STENEE) para el periodo 2011-2013, que corre a folio 447 vuelto y 448 párrafo primero de la primera pieza del expediente; 2. Documental público, consistente en la cláusula 7 párrafo segundo del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo, suscrito entre la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (STENEE) para el periodo 2011-2013, que corre a folio 449, párrafo cuarto; 3. Documental público, consistente en la cláusula 28 párrafos primero y segundo del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo, suscrito entre la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (STENEE) para el periodo 2011-2013, que corre a folio 460; 4. Documental público, consistente en la cláusula 51 último párrafo del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo, suscrito entre la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (STENEE) para el periodo 2011-2013, que corre a folio 486 y 487 párrafo primero de la primera pieza del expediente; EXPLICACIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN. En la sentencia del 21 de marzo del 2022, impugnada, la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, Manifiesta que no es posible estimar la reclasificación, nivelación e incrementos obedece al hecho que: "En razón de la modernización establecida en el artículo 29 de la Ley general de la Industria eléctrica, "con el consentimiento de los actores al no realizar ningún reclamo", desde noviembre del 2014, junio 2015, enero 2016, junio 2016, marzo y abril 2018 y febrero 2019 fueron destinados de manera funcionar a realizar ocupaciones distintas a las contratadas, "con el mismo salario, sin acción de personal y sin que los actores hicieran reclamo para la revisión de labores”. De ahí que no es posible estimar que la gestión realizada por la STENEE el 8 de junio del 2014 cumpla con el procedimiento requerido en el contrato colectivo, pues esa petición es anterior a la fecha del traslado referencia; de otra parte, ese trámite es distinto al del establecido en el artículo 691 del Código de Trabajo, pues el requerido en la contratación colectiva es con el propósito de "gestionar administrativamente" la revisión de laborales y la exigencia establecida en la disposición legal referencia es para "efectos de accionar ante el órgano jurisdiccional". De la lectura lo establecido en el "FUNDAMENTO DE DERECHO SEGUNDO" de esta apreciación de los magistrados se desprende que llegaron al convencimiento que existió un traslado de puesto con diferentes funciones, pero interpretan erróneamente que la variación de las funciones en mis representados, por no gestionar administrativamente algún reclamo no acarrea responsabilidad por parte de la patronal. Valiéndose del hecho que mis representados dieron su consentimiento para que se realizaran dichos cambios, y como en el caso de autos la patronal no aportó prueba que pudiera acreditar que los cambios se hayan realizado por el consentimiento de las partes: Lo aseverado por la Ad quem, resulta violatorio a lo establecido en el artículo 367 párrafo tercero del Código de Trabajo que dicta: "Para fijar el importe de salario en cada clase, se deben tomar en cuenta la intensidad y calidad del mismo, clima y condiciones de vida el tiempo de servicio del trabajador. A trabajo igual debe corresponder salario igual, sin discriminación alguna, siempre que el puesto, la jornada y las condiciones de eficiencia y tiempo de servicio, dentro de la misma empresa, sean también iguales..."; precepto que guarda relación con el artículo 96 numeral 9 de la misma normativa legal, en virtud que éste último prohíbe al patrono, ejecutar o autorizar cualquier acto que directa o indirectamente vulnere o restrinja los derechos que otorgan las leyes a los trabajadores, o que ofendan la dignidad de estos. En este caso, la violación a las normas sustantivas citadas se produce por un error de hecho, proveniente de la apreciación errónea de los siguientes medios probatorios: 1. En las hojas de funciones que corren a folios 363 al 443 y del 593 al 1325 de la primera pieza de autos, la ENEE en donde se establece que mis representados realizan funciones ajenas a las que fueron originalmente contratados; sin embargo, la Ad quem apreció incorrectamente dichos documento, en virtud que en los mismo se plasma que mis representados realizan funciones ajenas para las cuales fueron contratados, y sumado a ello la ENEE incluso reconoce en su escrito de demanda que realizó dichos cambios y sostiene que dichos cambios fueron de común acuerdo, más en juicio no está acreditado en autos que hayan aportado prueba al respecto; en plena flagrancia de la obligación adquirida en la cláusula 28 párrafo primero y segundo del Contrato Colectivo vigente que expresa: "Es atribución de la ENEE fijar, determinar los requisitos, las funciones de los puestos y la manera en que se realizara el trabajo. Los trabajadores realizaran sus labores de acuerdo con las funciones del puesto en que han sido nombrados La ENEE, podrá destinarlos a ocupaciones distintas a las indicadas en sus contratos de trabajo, siempre que tenga relación directa con la profesión y oficio requerido en sus nombramientos y que no haya menoscabo de sus salarios, ni lesione su dignidad. Si un trabajador es trasladado a realizar funciones a otro puesto, devengara el salario que le corresponde a dicho puesto, de acuerdo con la escala de salarios cuando en el desempeño de tal puesto haya laborado cinco (5) días o más" (folio 460 párrafo primero y segundo p.p.) Como se puede observar, la ENEE desde que mis representados fueron trasladados a realizar funciones distintas a las que fueron contratados se les debió reconocer a mis representados el cambio de puesto y la nivelación e incrementos salariales que contienen la cláusula 28 párrafo primero, segundo y 51 último párrafo de la misma contratación colectiva, desde la fecha que fueron trasladados al nuevo puesto con el único requisito de haber trabajado cinco (5) días o más, y mis representados han realizados esas funciones por más de 6 años continuos e ininterrumpidos, siendo de esta manera una flamante violación al artículo 128.3 de la Constitución de la Republica "a trabajo igual corresponde salario igual sin discriminación alguna, siempre que el puesto, la jornada y las condiciones de eficiencia y tiempo de servicio sean iguales también". Es importante mencionar que mis representados son empleados permanentes y afiliados cotizantes al STENEE. Es importante, mencionar que el error de la Ad quem, en la apreciación de los medios de prueba antes indicados, con lleva la violación de otra norma sustantiva, que se relaciona con la contenida en el artículo 367 párrafo tercero del Código de Trabajo, y nos referimos, al 60 párrafo primero de la misma normativa legal, en virtud que este último obliga a la ENEE a dar estricto cumplimiento a las obligaciones adquiridas en la Contratación Colectiva en mención, por lo que el derecho del trabajo es progresivo y jamás en detrimento de los logros de los trabajadores. Sumado a lo anterior lo acreditado en juicio, es indudable que desde un inicio mis representantes fueron contratados para realizar sus funciones establecidas en el contrato individual de contrato, y fue la patronal que altero sustancialmente sus funciones y las categorías de esta, que si bien puede tener una alguna justificación desde el punto de vista que aduce estar operando un cambio administrativo en la institución. Lo cierto es que se les debió respetar sus derechos adquiridos, para que esa situación, no se tradujera como una imposición arbitraria del patronal como ocurrió en el caso de autos. Se afirma que el error de hecho se produce por la apreciación errónea de los medios probatorios relacionados, en virtud que en la sentencia la Ad quem deja de manifiesto que todos los medios probatorios aportados al proceso fueron analizados; y, adicionalmente en el razonamiento referido en el primer párrafo de la presente explicación, se mencionan de forma expresa y tacita los mismos”. III.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente a) la norma que indica como violada el artículo 367 tercer párrafo del Código del Trabajo no ostenta el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos, lo cual no aparece demostrado por el Recurrente; y, c) formula extensos alegatos propios de instancia inoportunos en este extraditarais recursos IV.-Que el Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria a la ley sustantiva por infracción indirecta, por error de hecho, proveniente de la apreciación errónea del medio de prueba documental que corre a folios 326 al 363, y 500, todos de la primera pieza del expediente. NORMA SUSTANTIVA VIOLADA: La norma sustantiva de orden nacional violada se encuentra en el artículo 95 numeral 1) en relación con el 60 párrafo primero del Código de Trabajo y 128 numeral 3 de la Constitución de la República. NORMAS PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIO PARA LA VIOLACIÓN. DE LA NORMA SUSTANTIVA SEÑALADA: Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de la norma sustantiva señalada se encuentran contenida en el artículo 738 y 739 del Código de Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral 1), párrafo segundo del Código de Trabajo. MEDIOS DE PRUEBA ERRÓNEAMENTE APRECIADOS: Los medios de prueba apreciados de forma errónea en la sentencia recurrida son los siguientes: 1. Documental Publico, consistente en Planilla de Puestos y Salarios de los Empleados Permanentes y Temporales de la ENEE, la cual corre a folio 326 al 362 de la primera pieza de autos; 2. Documental Público, consistente en la cláusula 78 numeral 2, literal b) del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (STENEE), para el periodo 2011-2013, la cual corre a folio 500 de la primera pieza de autos; EXPLICACIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN. En la sentencia del 21 de marzo de 2022, la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula Cortes, manifiesta que la decisión de negar la reclasificación y su respectiva nivelación salarial instada por mis representados obedece al hecho que: "Según los artículos 109 del decreto 360-2013; 115 del decreto 140-2014 ; los artículos 122 del decreto 141-2017; 134 del decreto 180-2018; 137 del decreto 171-2019; 144 del decreto 182-2020 y 139 del decreto 107-2021 establecen que: ; disposiciones presupuestarias que son vinculantes al tener los artículos: 364, 371, y 372 de la Constitución de la Republica; 50 y 51 de la Ley Orgánica del presupuesto, 47 y 69 de la Administración Pública; en ese sentido, y siendo que por afectar normas administrativas y presupuestarias la reclasificación de puestos es un gestión de carácter administrativo que compete a las autoridades de la ENEE tal como se indica en la normativa citada y en la cláusula 28 del contrato colectivo de la institución demandada al fija el procedimiento para determinar funciones y categorías de puesto". Afirmamos que la Ad quem, en dicho razonamiento incurre en un grave error de hecho, ya que aprecia de forma errónea dos medios probatorios aportados por la parte actora: El primero, la Planilla de Puestos y Salarios de los Empleados Permanentes y Temporales de la ENEE, (Folio 326 al 362 p.p.); y, segundo, la cláusula 78 numeral 2, literal b) del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre la ENEE y el STENEE (folio 500 p.p.). Lo anterior, en virtud que, el primer medio probatorio enunciado, le llevó a afirmar, que las diferencias salariales que se reflejan entre los empleados que se desempeñan en los mismos puestos de trabajo al que funcionalmente realizan mis representados, "se requiere la obtención del dictamen favorable de la Secretaria de finanzas, mismo que no consta que se haya obtenido" sin percatarse, que conforme a la contratación colectiva vigente en la ENEE, no debiere existir diferencia salarial alguna entre los empleados que se desempeñan en los mismos puestos que mis representados. Señores magistrados es incomprensible que en los tribunales ya se sentado en varios fallos que el derecho del trabajo es progresivo y jamás debe ir en detrimento de los logros del trabajador, y que las normas generales estén por encima de derechos que son fundamentales y constitucionales como ser el Art. 128. 3 de la Constitución de la República. Y que la patronal ha violentado la dignidad de mis representados, ya que como se ha establecido son conquistas laborales irrenunciables, y que se encuentran reguladas por la normativa interna. Es por ello que si mis representados realizaban funciones ajenas a las cuales fueron contratados, han sido por decisión de la patronal, y fue ella quien determino que mis patrocinados reúnen los requisitos para desempeñar los cargos a los cuales fueron trasladados, y esto es un acto discriminatorio no haga efectiva la reclasificación, nivelación y ajuste de salario contraviniendo lo establecido en el artículo 60 y 367 del Código de Trabajo, "Los contratos colectivos obligan a sus firmantes, así como a las personas en cuyo nombre o representación celebran", y en el caso de mérito es aplicable el principio de "Pacta Sun Servanda", que no es más que otra cosa que: "los contratos son obligatorios, tienen fuerza de Ley entre las partes y deben cumplirse al tenor de los mismos". Por lo que se le debe dar estricto cumplimiento a lo establecido en las cláusulas 28, 51 y 78 numeral 2, literal b) de dicho Contrato Colectivo, contentiva de la Política Salarial de la Empresa Demandada, la cual literalmente dicta: "Cláusula 78: Política Salarial: 1...2. Salario de Trabajadores de Nuevo Ingreso: a) ...b) Al término de un año de laborar para la ENEE, el salario del trabajador deberá ser igual al salario presupuestado en el puesto que desempeña". Como se puede apreciar, dichas cláusulas representan una progresión del principio de "igual trabajo, igual salario" que contempla el artículo 128 numeral 3 de la Constitución de la República, en tanto, en la primera ya no se establecen limitantes como el puesto, jornada, condiciones de eficiencia y tiempo de servicio; si no, que únicamente deberá cumplir con el primer año de aniversario en un puesto determinado, para devengar el salario para el presupuestado. De tal manera, que el Tribunal Ad quem, al momento de revisar las planillas de puestos y salarios de los empleados de la ENEE, tuvo que tomar en consideración, lo contenido en la cláusula 78 numeral 2, literal b) de la Contratación Colectiva, en la que no debería haber diferencias salariales entre los empleados que se desempeñan en los mismos puestos que mis representados, a excepción de los que se encuentren cursando el primer año. Es así, que el error en la apreciación de los medios probatorios antes indicados condujo a la Ad quem a la violación del artículo 95 numeral 1) del Código de Trabajo, en relación con el 60 párrafo primero de la misma normativa legal, en tanto en la primera se establece la obligatoriedad del patrono de "pagar la remuneración pactada en las condiciones, periodos y lugares convenidos en el contrato, o en los establecidos por las leyes y reglamentos de trabajo, o por los reglamentos internos o convenios colectivos, o en su defecto por la costumbre"; tal como sucede en el presente caso, donde la cláusula 78 numeral 2, literal b) de la Contratación Colectiva vigente en la ENEE, establece la política salarial conforme a la que se debe retribuir los servicios a mis representados; y el 60 párrafo primero del mismo Código de Trabajo, que establece la obligación de la ENEE, en dar fiel cumplimiento, al compromiso adquirido en dicha cláusula. Es importante manifestar, que se asegura que el error de la Ad quem se produce por la apreciación errónea de los medios de prueba relacionados, en tanto en la sentencia impugnada, se afirma la apreciación de toda la prueba aportada por las partes; se hace referencia a dicho medio probatorio”. V.- Que el cargo que antecede reúne los requisitos necesarios para su admisibilidad, ya que se ha expuesto con precisión y claridad la violación indirecta de las normas señaladas, proveniente de apreciación errónea de los medios de prueba. VI.- El impetrante alega nulidad subsidiaria la cual aduce que: “Señores Magistrados, la sentencia del 21 de marzo de 2022, adolece de los siguientes vicios de nulidad: El capítulo VI de las Resoluciones Judiciales, sección 2da contempla una serie de requisitos internos que debe reunir cada sentencia, los cuales tiene por objeto salvaguardar el derecho a la tutela judicial efectiva contemplado en artículo 1.1 del Código Procesal Civil, y 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues la Tutela Judicial antes referida es "el derecho a obtener una resolución sobre el fondo de la solicitud dirigido al órgano judicial es decir, el juez ha de pronunciarse sobre lo que pide el actor y la defensa planteada por la parte demandada”; partiendo de esta idea el artículo 206 numeral 1 contempla que las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas; para poder emitir una decisión respecto al caso en concreto; sin embargo existe otro requisito fundamental que no puede ser obviado al momento de proferir una resolución, al cual se le denomina CONCRUENCIA, y que según lo contemplado en el artículo 208 del Código Procesal Civil dispone que: "1. Las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. 2. En las se efectuarán las demandas que aquellas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto de debate". En el caso de autos señores magistrados, nos encontramos ante una sentencia emitida por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Cortes, no cuenta con una congruencia interna. Para comprender de mejor manera lo anterior, es oportuno señalar que congruencia (interna) significa una conexión lógica entre la motivación y la decisión (llamada también parte dispositiva). Así mismo la congruencia interna tiene como propósito que una resolución no contenga afirmaciones que se contradigan entre sí. Ya que de conformidad al principio dispositivo mis representados han ejercido su derecho de acción, y con ello se fijaron las pretensiones del objeto en el proceso, y la parte que se oponga a la misma, fija la resistencia del objeto del debato. Es por ello por lo que la sentencia que le ponga fin al proceso debe ser congruente con la petición del que ejerce la acción (mis representados). Y en el caso de autos podemos observar que mis representados demandaron a la ENEE, para que esta sentencia definitiva sea condenada a realizar la reclasificación de puesto de trabajo, de conformidad a la Cláusula 28 del contrato colectivo, y se nivele y ajuste el salario por estar desempeñando funciones ajenas a las que fueron contratados, hecho que fue aceptado por la misma ENEE en el escrito de la demandada (folio 25 reglón 25 al 28), agregando que fue realizado por el consentimiento de las partes. Prueba que no fue ni siquiera presentada por la parte demandada, con lo cual, no existe prueba en contrario que acredite que el derecho a mis representados no les asista. Es por ello que sin duda alguna el daño este vicio de nulidad, viene a poner en detrimento el derecho a la tutela judicial efectiva consagrada en la Convención Americana sobre derechos humanos (pacto de San José) pues en su artículo 25 sobre la Protección Judicial dispone que: 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados Parte se comprometen a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades del recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso Es decir señores magistrados el tribunal de alzada en este Caso la Corte de Apelaciones del San Pedro Sula Departamento de Cortes, debió haber resuelto tutelando los derechos de mis representados por lo que, en base a los principio de “INDUBIO PROPERARIO", "PACTA SUN SERVEANDA", "PRIMACÍA DE LA REALIDAD", y de los hechos alegados y la posición de la demandada se debieron proteger las conquista laborales alcanzadas por las trabajadores y otorgar esos derechos. Conforme a lo establecido en la cláusula 28, 51, 78 de la convención colectiva suscrita entre la ENEE y el STENEE. Ya que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y el Estado; todos tienen la obligación de respetarla y protegerla; la dignidad del ser humano es inviolable...”. VII.- Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente caso, donde la situación planteada ya ha sido resuelta en el momento procesal oportuno por el A Quo y confirmado por el Tribunal de apelación lo constituye en un objeto de litigio ya dirimido y agotadas sus instancias, sin embargo estudiado el caso en examen, éste Tribunal no estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria. VIII.- Que resultando ser admisible el segundo motivo, es procedente declarar ha lugar el recurso de mérito, casar parcialmente la sentencia impugnada y a continuación, en sede de instancia, decidir lo que proceda conforme a la ley. IX.- Que en el presente caso, los demandantes se contraen a pedir a) reclasificación de puestos b) nivelación salarial y ajuste de salario ; c) aplicación del incremento salarial en base a las cláusulas 28 y 51 del contrato colectivo desde el año dos mil catorce (2014) hasta la fecha en que con sujeción a la norma quede firme la sentencia condenatoria,; por su parte la demandada sostiene que los hechos alegados por los demandantes no les asistía tal derecho, en virtud que a nivel de sistema en ningún momento se les había hecho la acción de personal del cambio en el puesto de trabajo y solamente desempeñan funciones de manera funcional cancelándoseles sus salarios según su desempeño y capacidad para trabajar y no realizaron las gestiones ni los reclamos en el tiempo establecido en el contrato colectivo. X.- Por lo que el OBJETO DEL DEBATE se centra en establecer si la acción de los demandantes ya estaba prescrita para la aplicación de la cláusula 28 del contrato colectivo para solicitar la reclasificación de puestos, nivelación salarial y ajuste de salario más la aplicación del incremento salarial en base a la cláusula 51 del contrato colectivo desde el año dos mil catorce (2014) hasta la fecha en que con sujeción a la norma quede firme la sentencia condenatoria. XI.- Que las partes propusieron sus medios de prueba en la manera siguiente: -PARTE DEMANDANTE: no se hizo presente en la primera de tramite no justifico su ausencia le precluye el derecho a proponer pruebas. PARTE DEMANDADA: 1- DOCUMENTAL: a) decreto legislativo número 360-2013 ingresos de la administración pública ejercicio fiscal 2014 articulo 117, b) decreto legislativo 140-2014 ingresos de la administración pública ejercicio fiscal 2015 articulo 123, c) decreto legislativo número 168-2015 ingresos de la administración pública ejercicio fiscal 2016 artículo 117, d) decreto legislativo número 171-2016 ingresos de la administración pública ejercicio fiscal 2017 articulo 133, e) decreto legislativo número 141-2017 ingresos de la administración pública ejercicio fiscal 2018 regulado en los artículos 122 y 130, f) decreto legislativo número 180-2018 ingresos de la administración pública ejercicio fiscal 2019 regulado en los artículos 134 y 141, g) Ley General de la Industria Eléctrica contenido articulo 29 ( modernización de la ENEE), h) consulta de dato básico de cada uno de los empleados, donde consta el puesto para que fueron contratados los demandantes, y actualmente desempeñan. 2-MEDIO DE PRUEBA LIBRAMIENTO DE OFICIO a) libramiento de oficio a la Secretaría de Finanzas a fin de que informe si del 2014 a 2019 se han emitido dictámenes donde se autoriza a la ENEE otorgar incrementos salariales a sus empleados en sus distintas modalidades. 3- MEDIO DE PRUEBA RECONOCIMIENTO JUDICIAL que la señora juez acompañado de sus secretario de actuaciones se persone a la oficina de Recursos Humanos de la ENEE a fin de exhibir expedientes personales originales de los señores: 1).- JOEL AMBROSIO MOLINA HERNANDEZ, 2).- MANUEL ESTEBAN MARTÍNEZ RAMÍREZ, 3).- JUAN JOSÉ DIAZ, 4).- HENRY RENE REYES BOQUÍN, 5).- ESMELIN EDGARDO AGUILAR RIVERA, 6).- MANUEL ENRIQUE GARCÍA ÁVILA, 7).- FRANCISCO JAVIER TROCHEZ MÉNDEZ, 8).- ROBERTO VILLEDA, 9).- JOSÉ ALFREDO GÁLVEZ RUIZ, 10).- LEONEL ANTONIO HANDAL PINEL, 11).- JOSÉ ANTONIO TROCHEZ GRAJEDA, 12).- HIMY YAHIR GÁMEZ AGUILAR, 13).- GELBER SABINO ORDOÑEZ GARCÍA, y 14).-ALFONSO ALBERTO GUZMAN MELGAR, para constatar que no existe nota por escrito de traslado de los demandantes a otros puestos de trabajo para desempeñar funciones en otros puestos de trabajo. XII.- Que de los hechos aceptados por las partes y del estudio del material probatorio allegado y practicado en el proceso, resultan los siguientes HECHOS PROBADOS: 1) la relación laboral existente entre los señores; 1) Joel Ambrosio Molina Hernandez, el 12 de agosto de 1996, desempeñándose en el puesto de Ingeniero de Distribución II; 2) Manuel Esteban Martínez Ramírez, el 01 de marzo de 1988, desempeñándose en el puesto de Jefe de Cuadrilla; 3) Juan José Diaz, el 01 de agosto del 2001, desempeñándose en el puesto Electricista de Distribución I, devengaba un salario mensual durante los últimos seis (6) meses de L.23,350.93; 4) Henry Rene Reyes Boquin, el 03 de febrero del 2003 desempeñándose en el puesto de Técnico Electromecánico; 5) Esmelin Edgardo Aguilar Rivera, el 01 de julio del 2010 desempeñándose en el puesto Ayudante de Electricista; 6) Manuel Enrique García Ávila, el 01 de julio del 2010, desempeñándose en el puesto de Ayudante de Electricista, devengaba un salario mensual los últimos seis (6) meses de L.20,069.53; 7) Francisco Javier Trochez Méndez, el 01 de septiembre del 2010, desempeñándose en el puesto de Ayudante de Electricista; 8) Roberto Villeda, el 01 de julio de 1996, desempeñándose en el puesto de Electricista de Distribución I; 9) José Alfredo Gálvez Ruiz, el 01 de junio de 1998, desempeñándose en el puesto de Electricista de Distribución I; 10) Leonel Antonio Handal Pinel, el 05 de noviembre del 2006, desempeñándose en el puesto de Ayudante de Electricista; 11) José Antonio Trochez Grajeda, el 01 de septiembre del 2009, desempeñándose en el puesto de Ayudante de Electricista; 12) Himy Yahir Gámez Aguilar, el 01 de septiembre del 2011, desempeñándose en el puesto de Electricista de Calibrador; 13) Gelber Sabino Ordoñez García, el 01 de diciembre de 1999, desempeñándose en el puesto de Electricista de Distribución I, y 14) Alfonso Alberto Guzmán Melgar, el 12 de junio del 2013, desempeñándose en el puesto Verificador de Inventarios, con la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE); corren a Folios ( F 307 al 320, 517 al 530 de la primera pieza de autos; 2) los demandantes desempeñaban funciones de manera funcional de otros cargos, cancelándoseles sus salarios adquiridos según el cargo que fueron contratados y los aumentos recibidos por antigüedad (corren a FOLIO 363 – al 443, 593 al 1325 de la primera pieza de autos; 3) los demandantes devengaban salario así; 1) Joel Ambrosio Molina Hernandez, devengaba un salario mensual los últimos seis (6) meses de L.50,274.37; 2) Manuel Esteban Martínez Ramírez, devengaba un salario mensual durante los últimos seis (6) meses de L.29,386.63; 3) Juan José Diaz, devengaba un salario mensual durante los últimos seis (6) meses de L.23,350.93; 4) Henry Rene Reyes Boquín, devengaba un salario mensual los últimos seis (6) meses de L.23,350.93, 5) Esmelin Edgardo Aguilar Rivera, devengaba un salario mensual los últimos seis (6) meses de L.20,069.63; 6) Manuel Enrique García Ávila, devengaba un salario mensual los últimos seis (6) meses de L.20,069.53; 7) Francisco Javier Trochez Méndez, devengaba un salario mensual últimos seis (6) meses de L.20,069.53; 8) Roberto Villeda, devengaba un salario mensual los últimos seis (6) meses de L.23,350.93; 9) José Alfredo Gálvez Ruiz, devengaba un salario mensual los últimos seis (6) meses de L.23,350.93; 10) Leonel Antonio Handal Pinel, devengaba un salario mensual últimos seis (6) meses de L.20,069.53; 11) José Antonio Trochez Grajeda, devengaba un salario mensual últimos seis (6) meses de L.20,069.53; 12) Himy Yahir Gámez Aguilar, devengaba un salario mensual últimos seis (6) meses de L.17,646.87; 13) Gelber Sabino Ordoñez García, devengaba un salario mensual los últimos seis (6) meses de L.23,350.93; y 14) Alfonso Alberto Guzmán Melgar, devengaba un salario mensual los últimos seis (6) meses de L.10,532.01; 4) Que a consecuencia de la restructuración de personal realizada en la ENEE en los años 2014 y 2015, los demandantes fueron trasladados a desempeñar funciones a otros puestos, de la forma siguiente: 1) Joel Ambrosio Molina Hernandez, fue trasladado del puesto de Ingeniero de distribución II al puesto de Jefe de Departamento de Ingeniería de Distribución, a partir de junio del 2016; 2) Manuel Esteban Martínez Ramírez fue trasladado del puesto de Jefe de Cuadrilla al puesto de Supervisor de Cuadrilla, a partir de noviembre del 2014; 3) Juan José Diaz Rivera, fue trasladado del puesto Electricista de Distribución al puesto Electricista de Distribución II, a partir de junio del 2015; 4) Henry Rene Reyes Boquín, fue trasladado del puesto de Técnico Electromecánico al puesto de Jefe de Taller Electromecánico, a partir de abril del 2018; 5) Esmelin Edgardo Aguilar Rivera, fue trasladado del puesto de Ayudante de Electricista al puesto de Electromecánico, a partir de marzo del 2018; 6) Manuel Enrique García Ávila, fue trasladado del puesto de Ayudante de Electricista al puesto de Electricista de Distribución I, a partir de enero del 2016; 7) Francisco Javier Trochez Méndez, fue trasladado del puesto de Ayudante de Electricista al puesto de Electricista de Distribución I, a partir de enero del 2016; 8) Roberto Villeda, fue trasladado del puesto de Electricista de Distribución I al puesto de Electricista de Distribución II, a partir de noviembre del 2014; 9) José Alfredo Gálvez Ruiz, fue trasladado del puesto de Electricista de Distribución I al puesto de Electricista de Distribución II, a partir de noviembre del 2014; 10) Leonel Antonio Handal Pinel, fue trasladado del puesto de Ayudante de Electricista al puesto de Electricista de Distribución I, a partir de noviembre del 2014; 11) José Antonio Trochez Grajeda, fue trasladado del puesto de Ayudante de Electricista al puesto de electromecánico I, a partir de febrero del 2019; 12) Himy Yahir Gámez Aguilar, fue trasladado del puesto de Electricista de Calibrador I al puesto de Electricista de Distribución I, a partir junio del 2015; 13) Gelber Sabino Ordoñez García, fue trasladado del puesto Electricista de Distribución I al puesto de Jefe de Cuadrilla, a partir de junio del 2015; 14) Alfonso Alberto Guzmán Melgar, fue trasladado del puesto de Verificador de Inventarios al puesto de Ayudante de Electricista, a partir de junio del 2015; pero que los salarios de los demandantes nunca fueron ajustados al que correspondía al puesto en el que estaban desempeñando sus funciones, infringiendo lo preceptuado en la cláusula 28 segundo párrafo del Contrato Colectivo vigente. Argumentaron que lo peticionado encuentra su asidero jurídico en la cláusula 28 párrafo 2 del Contrato Colectivo vigente, que dice: 5) Los demandantes; 1).- JOEL AMBROSIO MOLINA HERNANDEZ, 2).- MANUEL ESTEBAN MARTÍNEZ RAMÍREZ, 3).- JUAN JOSÉ DIAZ, 4).- HENRY RENE REYES BOQUÍN, 5).- ESMELIN EDGARDO AGUILAR RIVERA, 6).- MANUEL ENRIQUE GARCÍA ÁVILA, 7).- FRANCISCO JAVIER TROCHEZ MÉNDEZ, 8).- ROBERTO VILLEDA, 9).- JOSÉ ALFREDO GÁLVEZ RUIZ, 10).- LEONEL ANTONIO HANDAL PINEL, 11).- JOSÉ ANTONIO TROCHEZ GRAJEDA, 12).- HIMY YAHIR GÁMEZ AGUILAR, 13).- GELBER SABINO ORDOÑEZ GARCÍA, y 14).-ALFONSO ALBERTO GUZMAN MELGA tienen la calidad de empleados permanentes, y cotizan al sindicato de trabajadores, la empresa demandada les reconoce la permanencia en sus cargos el 01 de marzo del 2017, sin otorgar derechos retroactivos desde la fecha de su inicio; 6) en la cláusula 78 del contrato colectivo, establece que después de transcurrir un año se adquiere el salario presupuestado para el cargo que desempeña. XIII.- Que el contrato colectivo de trabajo es todo convenio escrito relativo a las condiciones de trabajo y empleo celebrado entre un patrono, un grupo de patronos o una o varias organizaciones de patronos, por una parte, y, por otra, una o varias organizaciones de trabajadores, los representantes de los trabajadores de una o más empresas o grupos de trabajadores asociados transitoriamente. También se tendrán como convenciones colectivas de trabajo las resoluciones de las juntas de conciliación, cuando fueren aceptadas por las partes. XIV.- Que los contratos colectivos obligan a sus firmantes, así como a las personas en cuyo nombre o representación se celebran. Las disposiciones de los contratos colectivos se aplican a todos los trabajadores de las categorías interesadas que estén empleados en las empresas comprendidas en el contrato; a menos que este previere expresamente lo contrario. Los patronos y los trabajadores obligados por un contrato colectivo no pueden estipulas condiciones contrarias a las del mismo en los contratos individuales de trabajo. La convención colectiva no podrá concertarse en condiciones menos favorables para los trabajadores que las contenidas en contratos en vigor dentro de la propia empresa. Las disposiciones de los contratos individuales de trabajo, contrarias a las del contrato colectivo, serán nulas y deberán considerarse sustituidas de pleno derecho por las disposiciones correspondientes del contrato colectivo. No se considerarán contrarias a la convención o contratos colectivos las disposiciones de los contratos individuales del trabajo que sean más favorables para los trabajadores. Las disposiciones de un contrato colectivo no se considerarán contrarias a las leyes cuando sean más favorables para los trabajadores. Las disposiciones de las leyes prevalecerán siempre sobre las del contrato colectivo y las de este sobre las de los contratos individuales de trabajo, salvo lo dispuesto en los párrafos anteriores. XV.- En relación a la excepción perentoria opuesta por la demandada, la EXCEPCION PERENTORIA DE PRESCRIPCION, no resulta ser procedente, ya que lo reclamado por los actores es un derecho derivado del contrato de trabajo, específicamente del reconocimiento de sus derechos en base a ley y el contrato colectivo, ya que el pago de complemento o reajuste salarial, éste tiene un término de dos (2) años para ser reclamado conforme a lo previsto en los artículos 39 y 43 de la Ley de Salario Mínimo. XVI.- Que por el principio de la libre formación del convencimiento previsto en el artículo 739 del Código del Trabajo, el Juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas y por lo tanto formará libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de las pruebas y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes; en el presente caso, se comprobó que la existencia de la relación laboral y que existe la falta de aplicación del incremento salarial ya establecido en el contrato colectivo suscrito entre la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) y el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (STENEE) desde el año 2014. XVII.- Los derechos adquiridos son aquellos que se originan de una situación jurídica indudable y que no es una expectativa, por lo tanto de pertenencia a un titular a quien la Ley laboral le prohíbe su renuncia, razón por la que éste derecho debe ser respetado y no vulnerado; deben ser contemplados en la decisión judicial independientemente de la forma de la terminación de la relación laboral y de que hayan sido solicitados o no, salvo que éstos se encuentren efectivamente satisfechos y que conste en los autos tal circunstancia o que se determine la inexistencia de la relación laboral entre las partes. XVIII.- Que con base al análisis en su conjunto de todas las pruebas allegadas en tiempo y forma por las partes al proceso, con base a la libre formación del convencimiento, tomando en cuenta los criterios y principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo las circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal observada por las partes, se concluye y estima procedente declarar CON LUGAR la demanda de mérito en cuanto a la nivelación salarial y el incremento salarial de agosto 2017 hasta agosto 2019 más el incremento salarial conforme a la cláusula 51 de la contratación colectiva suscrita entre la demandada y el STENEE, respecto de los años 2018, 2019 y los que correspondan hasta la fecha en que quede firme esta sentencia, y no procede el reajuste salarial del año 2014 hasta el 06 septiembre del 2017, por contratación colectiva, Sin costas, dado el principio de gratuidad y que la materia laboral es de orden social. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala de lo Laboral Contencioso-Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 127, 128, 129, 134, 135, 303, 304, 313 atribución 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 53, 60, 111 numeral 2), 120 reformado, 664, 665, 666 letra c), 738, 739, 778, 858, 868 literal b) y 871 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 39 Y 43 de la Ley del Salario Mínimo, 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia; cláusulas 51 y 72.2) del XII contrato colectivo de condiciones de trabajo celebrado entre ENEE y su sindicato de trabajadores. FALLA: 1) CASA TOTALMENTE la sentencia recurrida y en consecuencia: 2) SIN LUGAR LA EXCEPCION DE PRESCRIPCION, opuesta por la parte demandada; 3) DECLARA CON LUGAR LA DEMANDA ordinaria laboral promovida por el Abogado ALAN DAVID CÓRDOVA ORTIZ, actuando en su condición de representante procesal de los señores JOEL AMBROSIO MOLINA HERNANDEZ, MANUEL ESTEBAN MARTÍNEZ RAMÍREZ, JUAN JOSÉ DIAZ, HENRY RENE REYES BOQUÍN, ESMELIN EDGARDO AGUILAR RIVERA, MANUEL ENRIQUE GARCÍA ÁVILA, FRANCISCO JAVIER TROCHEZ MÉNDEZ, ROBERTO VILLEDA, JOSÉ ALFREDO GÁLVEZ RUIZ, LEONEL ANTONIO HANDAL PINEL, JOSÉ ANTONIO TROCHEZ GRAJEDA, HIMY YAHIR GÁMEZ AGUILAR, GELBER SABINO ORDOÑEZ GARCÍA, y ALFONSO ALBERTO GUZMAN MELGAR, contra la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE); 4) CONDENA a la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE), al pago del incremento salarial conforme la cláusula 51 y la nivelación salarial en la cláusula 78 de la nivelación salarial en la contratación colectiva suscrita entre la demandada y el STENEE; 5) SIN LUGAR el incremento salarial respecto de los años 2014 hasta septiembre del 2017; 6) ABSUELVE a la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE), por el incremento salarial de los años 2014 hasta septiembre del 2017. SIN COSTAS, por carácter eminentemente social de la normativa del trabajo.- Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. - Redactó la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ROY PINEDA CASTRO, COORDINADOR, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de enero del dos mil veinticuatro; certificación de la sentencia de fecha veintiocho de septiembre del dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL271-2022. FIRMA Y SELLO.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ.
SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.