Sentencia CL-263-22 — Registro 17121
Resumen
Demanda vía proceso ordinario por el pago de prestaciones laborales, derechos adquiridos, salarios dejados de percibir hasta el momento de dictarse sentencia firme en concepto de indemnización, reajustes y beneficios no percibidos
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..." Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Olvida el Impetrante que la violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley, en el motivo expuesto señala material probatorio; y, b) Realiza extensos alegatos propios de instancia, mismos que en este Recurso extraordinario son inapropiados debido que los argumentos del caso ya fueron evacuados en el momento procesal oportuno. IV.- Por lo anteriormente expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. "...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 765 numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN.-
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., doce de septiembre de dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 21 de febrero del 2023, por el Abogado GABRIEL ALEJANDRO OCHOA QUIROZ, en su condición de representante procesal de los señores JAVIER ANTONIO ANDINO MARADIAGA y JAIME MANUEL FONSECA SÁNCHEZ, como recurrentes; además, es parte recurrida, el ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por el Abogado MANASES CLAROS BUSTILLO. OBJETO DEL PROCESO: Demanda vía proceso ordinario por el pago de prestaciones laborales, derechos adquiridos, salarios dejados de percibir hasta el momento de dictarse sentencia firme en concepto de indemnización, reajustes y beneficios no percibidos, hasta el momento de dictarse sentencia firme, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 13 de octubre del 2016, por los señores JAVIER ANTONIO ANDINO MARADIAGA y JAIME MANUEL FONSECA SÁNCHEZ, ambos mayores de edad, solteros, hondureños y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP). El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 11 de noviembre del 2021, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 28 de febrero del 2020, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarando CON LUGAR LA EXCEPCIÓN PERENTORIA DE PRESCRIPCIÓN, interpuesta por la Abogada SULY ERCILIA MATUTE MATUTE, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS a través del Procurador General de la República ABRAHAM ALVARENGA URBINA. - SEGUNDO: Declarar SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por los señores JAVIER ANTONIO ANDINO MARADIAGA Y JAIME MANUEL FONSECA SÁNCHEZ en contra del ESTADO DE HONDURAS a través de su representante legal el señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA. TERCERO: ABSOLVER a ESTADO DE HONDURAS a través de su representante legal el señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, de toda responsabilidad en el presente juicio. - CUARTO: SIN COSTAS en esta Instancia”. ANTECEDENTES DE HECHO 1.- Las partes demandantes expresaron en el escrito de su acción que comenzaron la relación laboral para la demandada, así: Javier Antonio Andino Maradiaga, el 18 de abril del 2006, bajo la modalidad de Jornalero en el puesto de auxiliar de mantenimiento, devengaba un sueldo de L.7,100.00; y Jaime Manuel Fonseca Sánchez, el 01 de mayo del 2007, como Jornalero en el puesto de Supervisor de Trabajadores del Despacho de la Secretaría, devengaba un sueldo de L. 6,403.00; ambos sin llamados de atención y siempre demostrando la mejor disposición en sus labores, pero el 31 de julio del 2011 se les entregó una nota donde se les establecía que se terminaba la relación laboral con la Secretaría sin ninguna causal y estableciéndoles que se les cancelaría las Prestaciones Laborales y Derechos Adquiridos hasta la fecha; manifestaron además que hicieron las gestiones y los pagos de las prestaciones laborales y derechos adquiridos nunca llegaron; y en su momento buscaron ser reintegrados, dejando claro que se les había transgredido sus derechos laborales, por el hecho de haberlos separado de la Secretaria sin ninguna causa justa; y por ser empleados bajo la modalidad de Jornaleros su relación laboral se regía por el Código del Trabajo, a lo cual se les debió haber pagado los conceptos de prestaciones laborales y derechos adquiridos o ser despedidos bajo una causal establecida en el artículo 112 Código de Trabajo. Y con el ánimo de llegar a un acuerdo conciliatorio, acudieron a la vía gubernativa, siendo imposible el mismo. 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que los actores de la demanda sostuvieron una prestación de servicios con periodo limitado y determinado, con fecha de inicio y finalización a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), ahora la Secretaría de Estado en los Despachos de infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), mediante el sistema denominado Jornal o pago por planillas, forma de contratación que se encuentra comprendida dentro de los contratos individuales que prescribe el artículo 46 literal b) del Código de Trabajo; pero rechazó en cuanto a la nominación del puesto de trabajo que dicen haber desempeñado como Auxiliar de Mantenimiento y de Supervisor de Trabajadores del Despacho, en forma de Jornaleros, de igual manera rechazó la supuesta fecha que estableció como inicio de su relación laboral, el salario base mensual que aducen haber devengado, pues es característica de este tipo de contractual denominada por jornal o pago por planilla no establecer salarios fijos ni permanentes, sino calcular el pago en forma diaria por ser eventual dicho trabajo y efectuar el pago contra días trabajos, sustentado en la normativa de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República del Año 2017 en su artículo 128; reiteró que esa modalidad de contrato no se suscribe con sometimiento al cumplimiento de condición alguna ya que los mismos se enmarcan en nombramientos ministeriales por periodos determinados para la prestación de un servicio. Asimismo alegó y rechazó lo referente a lo manifestado por los demandantes a que "hicieron gestiones de los pagos de prestaciones laborales y derechos adquiridos y que en su momento se buscó ser reintegrados, pero deja en claro que se les transgredió sus derechos laborales porque se le separo sin ninguna causa justa", ya que los mismos actores de la demanda afirmaron y sustentaron que su relación laboral fue bajo la modalidad de jornaleros, ese sistema se desprende de nombramientos ministeriales por periodos determinados y temporales que tiene fecha de inicio y de finalización y que al concluir o haber llegado a su fecha de cumplimiento no instituye ningún despido sin causa justificada porque simplemente terminó su prestación de servicio; y agregó además que los demandantes dejaron de utilizar el derecho que la ley le concedía en el artículo 867 del Código de Trabajo, para acudir a la autoridad competente en tiempo y forma, durante el periodo que dice haber prestado sus servicios, ni manifestaron su oposición, ni presentaron reclamo alguno sobre el derecho subjetivo que ahora pretenden; de igual manera dejaron de utilizar en tiempo y forma el derecho establecido para entablar su acción de pago de prestaciones, pago de derechos adquiridos y de salarios dejados de percibir en concepto de indemnización, pago de reajustes y beneficios, en el artículo 864 del Código de Trabajo, que establece: "Los derechos y acciones de los trabajadores para reclamar contra los despidos injustificados que se le hagan...prescriben en el término de dos meses contados a partir de la terminación del contrato...", en su defecto la demanda presentada ante el Juzgado de Letras del Trabajo, es extemporánea, en virtud de haberles prescrito el termino para entablar su acción ya que el Nombramiento Ministerial a través de la modalidad de jornaleros conforme a la manifestado por las mismas partes demandantes recibieron una nota de fecha 31 de julio del 2011 donde establecía que terminaba su relación laboral, no obstante el Acta de cierre de las diligencias administrativas gubernativas conciliatorias por decisión de las partes en la Secretaría de Trabajo, se celebró el 17 de agosto del 2011, presentando su Demanda Ordinaria Laboral posteriormente el 13 de octubre del 2016, en consecuencia el derecho que pretenden los demandantes no les asisten. Además, manifestó que no llegaron a conciliar, ya que el representante procesal del demandado no ostenta facultades para comparecer a ningún tipo de conciliación con el objeto de aceptar obligaciones de derechos subjetivos inexistentes provenientes de nombramientos ministeriales transitorios por tiempo determinado y con fecha de inicio y de finalización. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 28 de febrero del 2020 dictó sentencia que, en su parte conducente, dice: “FALLA: PRIMERO: Declarando CON LUGAR LA EXCEPCIÓN PERENTORIA DE PRESCRIPCIÓN, interpuesta por la Abogada SULY ERCILIA MATUTE MATUTE, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS a través del Procurador General de la República ABRAHAM ALVARENGA URBINA. - SEGUNDO: Declarar SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por los señores JAVIER ANTONIO ANDINO MARADIAGA Y JAIME MANUEL FONSECA SÁNCHEZ en contra del ESTADO DE HONDURAS a través de su representante legal el señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA. TERCERO: ABSOLVER a ESTADO DE HONDURAS a través de su representante legal el señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, de toda responsabilidad en el presente juicio. - CUARTO: SIN COSTAS en esta Instancia”. Bajo el criterio que, con una simple operación aritmética se deduce que si el despido del cual fueron objeto los demandantes, surgió el 28 de julio del 2011 (notificados en dicha fecha), y se instauro el procedimiento gubernativo ante la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social en fecha 10 de Agosto del 2011, posteriormente la parte demandante acude ante este despacho de justicia a entablar la respectiva demanda hasta el 13 de octubre del 2016, el derecho de acción de la parte actora ya había prescrito, puesto que el actor únicamente cuenta con dos (2) meses para poder legalmente ejercitar una acción contra su patrono, contados a partir, según el caso concreto, desde la terminación de la relación laboral. Que claramente el artículo 868 del Código de Trabajo establece que lo que interrumpe la prescripción es la gestión ante autoridad competente, refiriéndose al trámite administrativo que se lleva a cabo en la Secretaria de Estado en los Despacho de Trabajo y Previsión Social, que necesariamente debe de agotarse cuando se demanda al Estado de Honduras, o únicamente para efecto de interrumpir la prescripción y en el presente caso la parte agotó el procedimiento en tiempo, pero posteriormente dejo transcurrir 5 años, 2 meses, 3 días posteriores al vencimiento de dicho termino, tal y como lo establece la norma, que en razón de lo anterior la excepción perentoria de prescripción de la acción deberá ser declara con lugar. Cabe relacionar que la Corte de Apelaciones del Trabajo ha sostenido el criterio, que en caso de prosperar una excepción perentoria, resultaría vano referirse al juicio en su fondo, ya que la pretensión de dicha excepción es destruir la acción del demandante desde el mismo momento de la presentación del escrito de demanda, por haber transcurrido el tiempo, establecido en el Código de Trabajo, que habilita legalmente al demandante a accionar contra su patrono una pretensión de derechos laborales, en consecuencia se deberá de declarar sin lugar la demanda de mérito. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 11 de noviembre del 2021, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que, mediante pruebas rendidas por las partes, se encuentran acreditados los hechos siguientes: 1.- El despido del señor JAVIER ANTONIO ANDINO MARADIAGA y JAIME MANUEL FONSECA SÁNCHEZ, a partir del 31 de julio del 2011. 2.- El reclamo administrativo instaurado por los demandantes ante la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social en fecha 10 de agosto del 2011 y Actas de Cierre de las diligencias administrativas gubernativas conciliatorias por decisión de las partes en fecha 17 de agosto del 2011. 3.- La demanda incoada ante el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán en fecha 13 de octubre del 2016. Que el derecho de acción de la parte actora ha prescrito, por cuanto el plazo de dos meses para ejercitar la presente acción, contados a partir de la terminación de los contratos de trabajo en fecha 31 de julio del 2011, conforme lo estable el artículo 868 del Código de Trabajo; no obstante, el término de la prescripción se interrumpió por gestión ante la Secretaria de Estado en los Despachos del Trabajo y Previsión Social, instada por los demandantes en fecha 10 de agosto del 2011 y posterior cierre de las diligencias en fecha 17 de agosto del 2011, computando nuevamente el plazo de dos meses para la interposición de la demanda, habiendo sido interpuesta la demanda en fecha 13 de octubre del 2016, dejando transcurrir más de los dos meses que establece la norma legal aplicable al caso, razón por la cual la Juzgadora declara con lugar la excepción perentoria de prescripción opuesta por la parte demandada; que prosperada que sea la excepción de prescripción resulta en vano referirse al fondo del proceso. Que la prescripción negativa o extintiva derechos es la forma de librarse de una obligación por el transcurso de determinado tiempo desde que esta pudo exigirse, para que se extinga el derecho de pedir su cumplimiento; lo que significa que la prescripción no elimina en si el derecho al pago o cumplimiento de la obligación, sino más bien, extingue el derecho del demandante para accionar ante los tribunales y exigir el cumplimiento por parte del demandado; lo anterior se justifica por el interés social de que las relaciones jurídicas no queden por largo tiempo inciertas y, por ende, las normas en cuestión castigan el abandono al derecho de accionar durante determinado plazo; así, en tanto no prescriba la acción, la obligación es legalmente exigible que, de no cumplirla, conlleva una responsabilidad de carácter patrimonial. Luego entonces, mientras el plazo legal no se agote, el trabajador está facultado para accionar y, desde luego, el patrono debe responder de su obligación incluso sin el concurso de su voluntad, pero cuando el lapso termina y las partes permanecen inactivas, la obligación perfectamente válida y completa se transforma en un deber natural que no puede ser exigido coactivamente. Que por las razones expuestas es procedente confirmar la resolución apelada, por estar dictada conforme a derecho. 5.- Mediante auto de fecha 12 de mayo del 2022, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado GABRIEL ALEJANDRO OCHOA QUIROZ, en su condición de representante procesal de los señores JAVIER ANTONIO ANDINO MARADIAGA y JAIME MANUEL FONSECA SÁNCHEZ, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 21 de febrero del 2023, compareció ante este tribunal el Abogado GABRIEL ALEJANDRO OCHOA QUIROZ, en su condición de representante procesal de los señores JAVIER ANTONIO ANDINO MARADIAGA y JAIME MANUEL FONSECA SÁNCHEZ, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 09 de agosto del 2023, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado MANASES CLAROS BUSTILLO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente a la Magistrada ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.- Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II.- Que el Abogado GABRIEL ALEJANDRO OCHOA QUIROZ, en su único motivo de casación alega: “. Se establece que la sentencia recurrida es violatoria de Ley sustantiva nacional y de índole laboral, en infracción directa de la disposición contenida en el artículo 864 del Código de Trabajo en virtud que no se tomó en cuenta los medios de prueba y los argumentos jurídicos establecidos a lo largo de las instancias, donde a través de carga probatoria se buscó ampliar de manera jurídica lo que se debe tomar como prescripción en un término dentro del derecho laboral.- Y acusa a la sentencia recurrida de ser violatoria de la Ley sustantiva nacional y de índole laboral del Código del Trabajo esto en sus Considerandos 4 y 5 al no hacer una correcta los medios de prueba y hechos probados en el proceso los cuales detallo de la siguiente manera: 1) Se iniciaron las diligencias para hacer el reclamo en plazo de los dos meses que establece la norma laboral, con la aportación de las actas de inicio de reclamo en vía administrativa, es decir en la secretaria de Trabajo y Seguridad Social y la Acta de Cierre de Diligencias Administrativas, las cuales se aportaron al expediente de primera instancia en folios 16 al 19 donde se establece lo antes mencionado. 2) Así mismo en el reconocimiento judicial se logró constatar que mis representados que hicieron un primer reclamo en vía judicial por las mismas pretensiones que estaba bajo la pieza 1018-11 y que el cual se presentó en tiempo y forma después de haber agotado la vía administrativa esto en la fecha de inicio fue el 23 de septiembre del 2011 el cual fue depurado Caja 3 Folio 21. NORMAS PROCESALES QUE SIRVIERON PARALA VIOLACIÓN. Las normas procesales que llevaron a la violación de las normas sustantivas señaladas, son los artículos 864 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo se encuentra comprendido en el artículo 765 ordinal primero, párrafo segundo Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL RECHAZO DEL PRIMER MOTIVO. Se debe establecer que al ratificar la sentencia de primera instancia donde se declaró sin lugar la demanda por causa de la excepción por prescripción se establece de una forma limitada y dañina la interpretación de la norma conteniente en el artículo 864, y por eso se denomina como "la infracción directa" en virtud que solo se contabiliza el plazo que se tomó desde el cierre de la vía administrativa la presentación de la demanda bajo la pieza 1259-16 pero no se tomó en cuenta que ya se había acudido a la vía judicial antes, esto en la pieza 1018-11, esto dentro de los plazos de la norma denunciada, lo cual de forma indubitable se establece que mis representados se presentaron ante la los órganos administradores de justicia dentro de los plazos, por lo que establecer que su derecho había prescripto es una apreciación errónea y aplicación errónea la norma de prescripción porque no se toma en base los criterios de interpretación favorables hacia el trabajador como el PRINCIPIO PROTECTORIO que nos dice: Principio Protectorio en materia laboral el cual es un criterio reiterado en sentencias como ser: CL-494-17, CL-209-17, CL-227-17, CL-179-17 y otras, que dice "Por otra parte, conforme nuestro ordenamiento jurídico vigente, en materia laboral el juzgador debe tomar en cuenta los principios generales del derecho del trabajo, entre ellos el principio protectorio, en sus tres reglas, in dubio pro operario, la aplicación de la norma favorable al trabajador y de la condición más beneficiosa a este, como los de primacía de la realidad, pro homine, indemnidad o ajenidad de riesgos e irrenunciabilidad y orden público.". En el cual si se hiciera una apreciación a favor del trabajador podemos decir que citando a nuestro marco jurídico los derechos y acciones que tienen los trabajadores se consideran como Derechos Personales según su definición del Código Civil en el artículo 610 que dice “Son los que solo pueden reclamarse de ciertas personas que por un hecho suyo o por disposición de la ley, están sujetas a las obligaciones correlativas" en este caso son las derivadas de un contrato de trabajo o relación laboral que es incumplido por el patrono que genera las obligaciones económicas con el trabajador como nos dice el artículo 27 del Código de Trabajo: por lo que ya definido que los derechos y acciones de un trabajador se deben considerar como derechos Personales a reclamar al patrono con quien tenía la relación laboral, se debe aplicar lo dispuesto en el artículo 2292 del Código Civil, el cual nos establece que las acciones personales prescriben a los 10 años. Es por ello que al recalcar que bajo el Principio Protectorio en su regla de la Norma más Favorable se debe aplicar la norma que favorezca más al trabajador, en este case se debe aplicar lo dispuesto en nuestro Código Civil donde nos establece que las acciones personales prescriben a los 10 años, por lo que solo remitirse a la norma denunciada para establecer la prescripción de reclamar los derechos laborales es limitante para el trabajador. Este criterio ha sido reforzado bajo el amparo 1226-93 nos dice sobre la aplicación del artículo 868 del Código de Trabajo lo siguiente: III.- Si tomamos en cuenta como jurisprudencia el Amparo resuelto por la Corte Suprema de Justicia que sentencia el recurso de Amparo interpuesto por el Licenciado A. R. U., a favor del señor P.M.F. y contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial el dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y tres, en relación a la demanda laboral que promovió ante el Juzgado de Letras Segundo del Trabajo de este departamento, el señor P. M. F contra la Cervecería Hondureña S.A. donde se planteó hechos similares, este razono lo siguiente "CONSIDERANDO: Que del examen de los antecedentes se establece que la sentencia recurrida en amparo, entre otras motivaciones contiene las siguientes. A) Que el plazo de prescripción de dos meses a que se refiere el Artículo 868 del Código del Trabajo corre para los trabajadores desde el acaecimiento del hecho respectivo, salvo que éstos hubieren estado imposibilitados de reclamar sus derechos o de ejercitar las acciones correspondientes, extremo que deberán probar en juicio; b) Que el demandante presentó su primera demanda el 2 de abril de 1993, cuyo trámite concluyó cuando el Tribunal de Alzada dictó sentencia el 15 de julio de 1993 declarando con lugar la excepción dilatoria de ineptitud de libelo, a lo cual concede el efecto de tener por no interpuesta la referida demanda.- y, c) si bien es cierto que la demanda aludida interrumpió la prescripción por haber sido interpuesta ante autoridad competente, tampoco al quedar firme la sentencia interlocutoria en mención daría lugar a que volviese a correr nuevamente el plazo de dos meses. CONSIDERANDO Que, salvo disposición en contrario, todos los derechos y acciones provenientes del Código del Trabajo de sus reglamentos o de las demás leyes de trabajo o previsión social, que no se originen directamente en contratos de trabajo, prescriben en el término de dos meses. CONSIDERANDO: Que el término de prescripción se Interrumpe por demanda a gestión ante la autoridad competente. CONSIDERANDO Que el efecto jurídico de la interrupción es inutilizar para la prescripción todo el tiempo corrido antes de que aquélla ocurra, según lo establece el Artículo 871 del Código del Trabajo. En consecuencia, todo el tiempo transcurrido entre la fecha de interposición de la primera demanda, el 2 de abril de 1993 y el día en que quedó firme la sentencia de fecha 15 de julio de 1993 resolviendo sobre la ineptitud de libelo, por mandato de la ley, es tiempo inutilizado para la prescripción respecto de la demanda presentada el 258 de julio de 1993. CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas, es visto que la sentencia contra la cual se recurre, proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial el 16 de noviembre de 1993, que reforma la pronunciada por el Juzgado de Letras Segundo del Trabajo de este Departamento de F.M. el 6 de octubre de 1993, es violatoria de las garantías constitucionales invocadas por el recurrente, por lo cual es procedente otorgar el A. de que se hace mérito. POR TANTO: La CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en nombre del Estado de Honduras, oído el parecer del señor F. por UNANIMIDAD de votos, y en aplicación de los Artículos 64, 82, 90 párrafo primero, 183, 303, 315 y 319 Atribución 8ª. de la Constitución de la República: 78 Atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1°, 4°, 5°, numeral 3, 25 reformado, 28, 29 y 47 de la Ley de Amparo; 6 Atribución 12ava y 22 literal "b" del Reglamento Interno de la Corte Suprema de Justicia, FALLA: OTORGANDO el AMPARO de que se hace mérito.".- En conclusión por estos argumentos planteamos que es sustentada la denuncia de la infracción de ley en la sentencia recurrida por estar sustentadas por normas jurídicas y decisiones de la Corte Suprema de Justicia, emanado con criterios y sentencias emitidas por su máxima representación, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia que a través de la Sala Laboral Contencioso Administrativos ha sido clara a como se debe resolver problemáticas como ser la simulación contractual.- Es por ello Señores Magistrados el recurso extraordinario interpuesto está en base a ley”. III.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Olvida el Impetrante que la violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley, en el motivo expuesto señala material probatorio; y, b) Realiza extensos alegatos propios de instancia, mismos que en este Recurso extraordinario son inapropiados debido que los argumentos del caso ya fueron evacuados en el momento procesal oportuno. IV.- Por lo anteriormente expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal C, 764, 765, 769, 770, 777, 858 y 865 del Código de Trabajo; 22, 200, 211, 212, 214, 215 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal A del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación interpuesto por el Abogado GABRIEL ALEJANDRO OCHOA QUIROZ, en su condición de representante procesal de los señores JAVIER ANTONIO ANDINO MARADIAGA y JAIME MANUEL FONSECA SÁNCHEZ, en su único motivo; 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que, con la certificación de este fallo, se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ROY PINEDA CASTRO, COORDINADOR, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta y un días del mes octubre del dos mil veintitrés; certificación de la sentencia de fecha doce de septiembre del dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL263-2022. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.