Sentencia CL-257-22 — Registro 17118
Resumen
Demanda ordinaria laboral para que en sentencia definitiva se declare por tiempo indefinida la relación laboral desde la fecha de inicio de la misma, originada por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos y en aplicación estricta de los preceptuado en el artículo 47 del Código del Trabajo, en consecuencia concederle todos los derechos que ostentan los empleados con carácter permanente, asimismo la reinstalación a su puesto de trabajo y restitución en sus funciones, por la negativa del patrono de la no suscripción de un nuevo contrato de trabajo, pago de salarios dejados de percibir, vacaciones, décimo tercer y décimo cuarto mes causados y proporcionales, pago de salarios adeudados, pago de indemnización por violación a derechos fundamentales vía artículo 90 de la Ley de Inspección Laboral y demás derechos generados de contratación colectiva
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
Que el cargo que antecede resulta inadmisible por las razones siguientes: i. se indica como infringido el artículo “…113 párrafo segundo y literal b…” del Código de Trabajo, sin embargo, el párrafo segundo del mismo carece de sustantividad; ii. no es viable el ataque al fallo por el concepto invocado, ya que la terminación de la relación de trabajo, por causa justificada o injustificada tiene relación con el material probatorio y, no puede obviarse la valoración del mismo. No obstante, los defectos relacionados confrontado el motivo formulado con la sentencia impugnada mediante la cual se reforma parcialmente la sentencia emitida por el juzgado de primera instancia solamente, en cuanto al pronunciamiento de emitir acuerdo, es oportuno mencionar que si bien, en la parte resolutiva no se cita el artículo 113, literal b) del Código del Trabajo, no es menos cierto que el mismo fue aplicado en el fallo de mérito, siendo congruente los fundamentos de la sentencia con la parte resolutiva del mismo al declarar con lugar la demanda promovida en su oportunidad, por la parte actora, en su pretensión de reintegro y demás colaterales y, por ende, al otorgamiento de la permanencia. Por otro lado, no es dable a los juzgadores laborales ordenar la emisión de acuerdos artículos 2 numeral 2), 113 párrafo tercero literales a) y b), 664 y 665 del Código de Trabajo, relacionado con el 129 de la Constitución de la República.
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente caso, estima éste Tribunal, que en el fallo impugnado no se ha violado el debido proceso ni el derecho defensa de las partes en consecuencia no procede la nulidad solicitada. "...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN. -
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veintiséis días del mes de junio de dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia en los Recursos de Casación Laboral formalizados ante este Tribunal de Justicia, en fecha ocho de noviembre del dos mil veintidós, por la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO, en su condición de representante procesal del señor LEONARDO HUMBERTO GOMEZ PAREDES; y en fecha catorce de diciembre del dos mil veintidós, por la Abogada JENNY ELIZABETH PAREDES BAIDE, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), como recurrentes/Recurridos, respectivamente. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para que en sentencia definitiva se declare por tiempo indefinida la relación laboral desde la fecha de inicio de la misma, originada por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos y en aplicación estricta de los preceptuado en el artículo 47 del Código del Trabajo, en consecuencia concederle todos los derechos que ostentan los empleados con carácter permanente, asimismo la reinstalación a su puesto de trabajo y restitución en sus funciones, por la negativa del patrono de la no suscripción de un nuevo contrato de trabajo, pago de salarios dejados de percibir, vacaciones, décimo tercer y décimo cuarto mes causados y proporcionales, pago de salarios adeudados, pago de indemnización por violación a derechos fundamentales vía artículo 90 de la Ley de Inspección Laboral y demás derechos generados de contratación colectiva, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintinueve de agosto del dos mil diecisiete, por el señor LEONARDO HUMBERTO GOMEZ PAREDES, mayor de edad, soltero, Doctor en Química y Farmacia, hondureño y de este domicilio, contra el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), por medio de su representante legal la señora MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha treinta de agosto del dos mil veintiuno, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia que, en su parte conducente, dice: “FALLA: I. DECLARANDO PARCIALMENTE CON LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la abogada JENNY ELIZABETH PAREDES BAIDE, representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP). II.- REFORMA la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán fecha treinta (30) de julio del año dos mil diecinueve (2019) de la siguiente forma: PRIMERO: REVOCAR únicamente el mandato contenido en el resolutivo II en su literal a) de la sentencia recurrida que ordena a la institución demandada: "debiendo la institución demandada nombrarlo como empleado permanente desde el inicio de la relación laboral 06 de mayo de 2014 para lo cual deberá emitir el acuerdo correspondiente en el cual se nombre al Señor LEONARDO HUMBERTO GÓMEZ PAREDES en el cargo que mantenía desde el inicio de la relación laborar”. SEGUNDO: Condenar al INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) a través de su Directora Ejecutiva MARTHA VICENTA DOBLADO a Reconocer y considerar que existió un contrato de trabajo de naturaleza indefinida con el señor LEONARDO HUMBERTO GÓMEZ PAREDES desde el 06 de mayo de 2014. TERCERO: CONFIRMANDO todas las demás partes de la sentencia recurrida. SIN COSTAS”; ANTECEDENTES DE HECHO. 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que inició la relación laboral para del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP), en fecha 06 de mayo del año 2014, desempeñándose en el puesto de Oficial de Información Pública, devengando un salario mensual de L.15,000.00, mediante la suscripción de varios contratos de trabajo continuos e ininterrumpidos, mismos que reúnen los elementos exigidos en el artículo 20 del Código del Trabajo tales como: a) la actividad personal del trabajador; b) la continua subordinación o dependencia del trabajo respecto del patrono, que faculta a este para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento en cuanto al modo, el tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, y c) un salario como retribución del servicio, aunado a ello sujetos a un horario de trabajo, por lo que, una vez reunidos los tres elementos de que trata la figura legal precitada, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen, pues en el presente caso en los contratos suscritos por las partes, se reúnen los elementos establecidos en la norma legal antes señalada, en virtud de lo anterior la relación que le une con la demandada es de orden laboral, haciendo la observancia que sus funciones son de carácter continuas y permanentes y que ha venido desempeñando por más de tres años, entendiéndose entonces que estamos ante un contrato de trabajo por tiempo indeterminado, regido por la jurisdicción del Trabajo; que el empleador ha tratado de encubrir una real y verdadera relación laboral, con contratos transitorios o temporales, no es menos cierto que la causa que ha originado el surgimiento de la relación laboral ha subsistido y subsistirá siempre, pues ha sido el mismo puesto y funciones que ha venido desempeñando durante su relación laboral con la demandada; visualizando con lo anterior una simulación de contrato por tiempo determinado, ocultando detrás de ello un verdadero contrato de trabajo por tiempo indefinido, acto simulatorio que tiene como finalidad evadir obligaciones estipuladas en la Ley Laboral en fraude a la Ley. Que al vencimiento de su último contrato en fecha 30 de junio del 2017, la Institución demandada sin justificación alguna, después de laboral por más de tres años no renovó el mismo, a pesar de estar consciente el empleador que le asiste el derecho a la Permanencia en el puesto de trabajo. Adicionalmente, solicitó la indemnización por violación a los derechos fundamentales por mandato internacional de la Organización Internacional del Trabajo, establecida en la Ley de Inspección laboral (Decreto legislativo 178-2016) que en su artículo 90 establece la cantidad de L.100,000.00 por cada violación a un derecho fundamental; esta indemnización de L.100,000.00 deberá pagarla el empleador por la violación al Derecho Fundamental a la estabilidad laboral establecido en la Constitución de la Republica en su artículo 129; también deberá pagarse la cantidad de L.100,000.00 por violación al derecho fundamental a gozar de condiciones satisfactorias de empleo establecido en el artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 127 de la Constitución la de la Republica, puesto que el fraude laboral es todo lo contrario a condiciones satisfactorias de empleo; dando por agotado el trámite administrativo respectivo, sin poder llegar a un arreglo conciliatorio con la parte demandada. 2. La parte demandada, el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), contestó dicha demanda señalando que el Código del Trabajo en su artículo 46 literal b) regula lo relativo a los contratos por tiempo limitado, estableciendo que los mismos podrán ser celebrados "cuando se ha previsto el acaecimiento de algún hecho que forzosamente ha de poner término a la relación de trabajo", esta disposición ha sido observada por la demandada para contratar personal de carácter no permanente, debido a que por ser una institución del Estado de Honduras creada mediante Decreto Legislativo 138, publicado en La Gaceta el 7 de Abril de 1971, para cada periodo anual el Congreso Nacional de la República le aprueba un Presupuesto de Ingresos y Egresos cuya cuantía y normas de ejecución deviene obligado a cumplir irrestrictamente para financiar sus operaciones de prestar servicios de Previsión Social a los servidores públicos, por el hecho de disponer de recursos aprobados en el Presupuesto Anual para contratar personas naturales para que le presten servicios personales o profesionales de carácter no permanente para cumplir con su finalidad, hecho establecido en la vigente Ley Orgánica del Presupuesto para todas las instituciones del Estado y no exclusivamente para el demandado, cuando las circunstancias lo exigen por requerirse de personal temporal para apoyar al personal permanente en el desarrollo de las actividades, el Instituto procede a celebrar con personas naturales contratos por tiempo limitado, tomando como base el hecho de disponer de los recursos presupuestarios debidamente aprobados para pagarles durante un periodo fiscal que comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año; cuando el presupuesto es totalmente ejecutado se produce el hecho previsto para que la relación finalice; que el periodo anual para el cual fue aprobado el presupuesto concluye y la vigencia del contrato por tiempo limitado coincide con dicha conclusión, acontece el hecho previsto de que por no contar con recursos presupuestarios aprobados la relación contractual concluye el 31 de diciembre de cada año, pero si se da el caso de que en el presupuesto del año siguiente el Congreso Nacional aprueba recursos para contratar los Servicios Profesionales y Personales no permanentes, tomando en consideración el resultado de la actividad realizada efectivamente por las personas contratadas el año anterior, existe la posibilidad de contratarlas nuevamente para el nuevo periodo presupuestario, siendo lo anterior precisamente lo acontecido en el caso del ahora demandante durante el tiempo que se mantuvo la relación. El demandante fue contratado por Injupemp por contar con fondos aprobados por el Congreso Nacional en la Partida y asignación Presupuestaria registrada con la nomenclatura 24900 y 12100, la cual es de naturaleza excepcional para pago de contratistas con carácter de no permanentes, de apoyo a los trabajadores permanentes para realizar actividades cuya ejecución no es posible realizar únicamente con los empleados permanentes, por lo que la contratación fue formalizada para que realizara por tiempo limitado, actividades de apoyo al personal permanente de la Oficina Principal, tomando en cuenta el resultado del trabajo realizado y por aprobar el Congreso Nacional de la República, los fondos en las partida y asignación presupuestaria relacionadas; no obstante durante el transcurrir de su contratación a término, el hoy demandante fue objeto de procesos disciplinarios, como lo es particularmente el hecho de haberse ausentado de sus asignaciones sin justa causa, lo cual en su momento propició la Audiencia de Descargos pertinente, lo que en alguna medida fue generando una manifiesta ineficiencia en su prestación de servicios, por parte del hoy demandante; asimismo es de hacer notar que siempre se le contrato por tiempo determinado, por contar con fondos aprobados por el Congreso Nacional en las Partidas Presupuestarias en mención, la cual como se ha expuesto ya es de naturaleza excepcional, los fondos aprobados son para financiar específicamente el pago de honorarios a personas naturales contratadas para ejecutar actividades cuya ejecución no es posible realizar únicamente con los empleados con status permanente, pero lógicamente se califica la actitud del contratista, los argumentos de este hecho se sustentan en leyes vigentes de la República por lo tanto no requiere de ser probado. 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta de julio del dos mil diecinueve, dictó sentencia que en su parte conducente, dice: “FALLA: I.- Declarar CON LUGAR la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA QUE SE DECLARE POR TIEMPO INDEFINIDO RELACION LABORAL DESDE LA FECHA DE INICIO DE LA MISMA, ORIGINADA POR LA SUSCRIPCION DE VARIOS CONTRATOS CONTINUOS E ININTERRUMPIDOS EN APLICACIÓN ESTRICTA DE LO PRECEPTUADO EN EL ARTICULO 47 DEL CODICIO DEL TRABAJO; CONCEDER TODOS LOS DERECHOS QUE OSTENTAN LOS EMPLEADOS CON CARÁCTER PERMANENTE; REINSTALACION A SU PUESTO DE TRABAJO Y RESTITUCION DE FUNCIONES. PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR, PAGO DE VACACIONES Y GOCE DEL PERIODO 2014-2015, DECIMO TERCER Y DECIMO CUARTO MES CAUSADOS 2014-2015; instaurada por el Señor LEONARDO HUMBERTO GOMEZ PAREDES; contra EL INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) por medio de su Representante Legal la Señora MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA. II.- CONDENAR: AL INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) por medio de su Representante Legal la Señora MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA a lo siguiente: a) Reintegrar al Señor LEONARDO HUMBERTO GOMEZ PAREDES; a su puesto de trabajo; por lo menos en igualdad de condiciones de trabajo que mantenía al momento de operarse la ruptura del contrato; al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que se materialice el reintegro ordenado, y demás derechos adquiridos en su ausencia, debiendo la Institución demandada nombrarlo como empleado permanente desde el inicio de la relación laboral 06 de mayo de 2014 para lo cual deberá emitir el Acuerdo correspondiente en el cual se nombre al Señor LEONARDO HUMBERTO GOMEZ PAREDES en el cargo que mantenía desde el inicio de la relación laboral; así como la restitución de sus funciones; b) Asimismo a pagarle al Señor LEONARDO HUMBERTO GOMEZ PAREDES vacaciones de los periodos 2014-2015 y 2015-2016; c) goce de las vacaciones del periodo 2014-2015; de igual forma pagarle el décimo tercer y décimo cuarto mes de los periodos 2014-2015. III.- Declarar SIN LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral para el pago de décimo tercer y décimo cuarto mes del periodo 2015-2016; salarios adeudados y el pago de indemnización por violación a derechos fundamentales vía Ley de Inspección laboral contenida en el artículo 90; instaurada por el Señor LEONARDO HUMBERTO GOMEZ PAREDES; contra EL INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) por medio de su Representante Legal la Señora MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA; en consecuencia ABSOLVER: AL INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) por medio de su Representante Legal la Señora MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA de pagar al señor LEONARDO HUMBERTO GOMEZ PAREDES dichos conceptos. IV. SIN COSTAS”, bajo el criterio que al hacer un estudio de las pruebas aportadas al proceso se concluye que el demandante antes de haber transcurrido un año celebro Contratos de Trabajo con la misma Institución demandada y para la misma clase de trabajo; por lo consiguiente esta continuidad de celebración de Contratos se entiende por tiempo indefinido por lo que se cumple con la condición para considerar un trabajador permanente; de igual forma la parte demandada no le señala una causa justa al momento de la terminación de la relación laboral, razón por la cual es del criterio que procede declarar con lugar la demanda de mérito. Que la parte demandante solicita el pago de vacaciones 2014-2015 y 2015-2016; décimo tercer mes y décimo cuarto mes causados y proporcionales, salarios adeudados y pago de indemnización por violación a derechos fundamentales vía Ley de Inspección Laboral contenida en el artículo 90; en cuanto al pago de vacaciones se declara CON LUGAR parcialmente ya que con el medio de prueba Exhibición de Documentos que corre agregado a folios 84 se acreditó que el señor GOMEZ PAREDES en el año 2014 y 2015 no gozó de sus vacaciones; únicamente gozo en el año 2016 razón por la cual se declaran SIN LUGAR para este año; de igual forma se acreditó que las mismas no fueron remuneradas; en lo que respecta al pago de décimo tercer y décimo cuarto mes causados y proporcionales de igual forma se declara CON LUGAR parcialmente en vista de que con el medio de prueba antes relacionado se acreditó que en el periodo 2014-2015 no se le hizo efectivo al señor Gómez Paredes por parte de la institución demandada estos conceptos; asimismo se constató que únicamente se le hizo efectivo el pago proporcional del décimo tercer y décimo cuarto mes del periodo 2015-2016 por lo que se declaran SIN LUGAR para este periodo; conceptos que serán liquidados en el momento procesal oportuno que corresponda; en lo que concierne al pago de salarios adeudados se declaran SIN LUGAR en vista de no estar acreditado en autos que la institución le adeude salario al señor Gómez Paredes; en lo que respecta a la petición del pago de indemnización por violación a derechos fundamentales vía Ley de Inspección Laboral contenida en el artículo 90 se declara SIN LUGAR la misma en vista de que no acreditó tener derecho a ello. 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta de agosto de los dos mil veintiunos, dictó sentencia que, en su parte conducente, dice: “FALLA: I. DECLARANDO PARCIALMENTE CON LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la abogada JENNY ELIZABETH PAREDES BAIDE, representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP). II.- REFORMA la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán fecha treinta (30) de julio del año dos mil diecinueve (2019) de la siguiente forma: PRIMERO: REVOCAR únicamente el mandato contenido en el resolutivo II en su literal a) de la sentencia recurrida que ordena a la institución demandada: "debiendo la institución demandada nombrarlo como empleado permanente desde el inicio de la relación laboral 06 de mayo de 2014 para lo cual deberá emitir el acuerdo correspondiente en el cual se nombre al Señor LEONARDO HUMBERTO GÓMEZ PAREDES en el cargo que mantenía desde el inicio de la relación laborar”. SEGUNDO: Condenar al INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) a través de su Directora Ejecutiva MARTHA VICENTA DOBLADO a Reconocer y considerar que existió un contrato de trabajo de naturaleza indefinida con el señor LEONARDO HUMBERTO GÓMEZ PAREDES desde el 06 de mayo de 2014. TERCERO: CONFIRMANDO todas las demás partes de la sentencia recurrida. SIN COSTAS”; bajo el criterio que se acreditó a través de la prueba documental y la documental mediante informe que la sucesión continua de doce contratos para la realización de las mismas labores, es claro que nos encontramos frente a un contrato de trabajo por tiempo indefinido ya que los artículos 47 y 52 del Código del Trabajo reconocen esa categoría a los trabajadores que realizan ese tipo de actividades continuas y permanentes, así como a los que han suscrito más de un contrato entre las mismas partes y para la misma clase de actividad antes de que transcurría un año. En consecuencia, se concluye la existencia de los 3 elementos del contrato de trabajo de prestación personal del servicio, continua subordinación y pago de una remuneración por los servicios, y siendo que el artículo 20 del Código del Trabajo establece que una vez reunidos los tres (3) elementos de que trata este artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen, existencia de una relación de naturaleza laboral regida por el Código del Trabajo. El despido se produce debido a que en realidad estamos frente a un verdadero contrato de trabajo por tiempo indefinido por las razones antes enunciadas; y, cuando la institución demandada se negó a renovar los contratos que suscribía de manera sucesiva con el demandante, se demuestra la intención manifiesta del patrono de dar por terminado el contrato de trabajo sin ninguna justificación, constituyendo un verdadero despido. La figura del "Acuerdo de Nombramiento" es propia del Derecho Administrativo, pues el artículo 116 de la Ley General de la Administración Pública señala que los actos de la Administración Pública toman la forma de decretos, acuerdos, resoluciones o providencias; y, el artículo 118 de la misma ley señala que se emitirán por Acuerdo las decisiones de carácter particular que se tomaren fuera de los procedimientos en los que los particulares intervengan como parte interesada. Así en la Administración Pública Central, donde rige la Ley de Servicio Civil, la contratación está sujeta al Derecho Administrativo y la relación de servicio inicia con la emisión de un Acuerdo de Nombramiento; pero, en la Administración Pública Descentralizada, la relación de trabajo se rige por el Código del Trabajo, donde existe un contrato de trabajo, no un acuerdo de nombramiento. La práctica de la Administración Pública Descentralizada de emitir acuerdos de nombramiento para los trabajadores con contratos de trabajo por tiempo indefinido y señalar que los empleados "por contrato" son temporales, no puede entenderse sino como una práctica ilegal, pues el Código del Trabajo lo que regula en su artículo 46 son los contratos de trabajo por tiempo indefinido, los contratos de trabajo por tiempo limitado y los contratos de trabajo para obra o servicios determinados. Razón por la cual procede reformar la sentencia recurrida, pero únicamente revocando la condena que ordena emitir un "acuerdo de nombramiento" a favor del demandante, figura que es propia del derecho administrativo, no del derecho laboral, confirmando todas las demás partes de la sentencia venida en apelación. 5. Mediante auto de fecha doce de mayo del dos mil veintidós, este Tribunal de Justicia resolvió admitir los recursos de casación interpuestos por los Abogados JENNY ELIZABETH PAREDES BAIDE, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP); y, MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO, en su condición de representante procesal del señor LEONARDO HUMBERTO GOMEZ PAREDES, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a los recurrentes por el término de veinte días, para que formulen sus demandas de casación de la siguiente forma: a) a la apoderada demandante dicho termino le comenzará a contar a partir del día siguiente de la notificación de esta resolución y, b) a la representante procesal de la parte demandada, a partir del día siguiente de la notificación de la resolución en que se tenga por devuelto el traslado anterior. 6. En fecha ocho de noviembre del dos mil veintidós, compareció ante este Tribunal la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO, en su condición de Representante Procesal del señor LEONARDO HUMBERTO GOMEZ PAREDES, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de fecha ocho de noviembre del dos mil veintidós, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, confiriendo traslado a la parte contraria, por el termino de veinte días para que formule su demanda de casación; en fecha catorce de diciembre del dos mil veintidós, compareció ante este Tribunal la Abogada JENNY ELIZABETH PAREDES BAIDE, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha catorce de diciembre del dos mil veintidós, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose omitir el traslado y dar copia a la parte contraria para la contestación en forma común, por el termino de diez días, el cual surtirá efecto en esta Secretaría, donde se mantendrán los autos a su disposición; por lo que mediante providencias de fecha once de abril de dos mil veintitrés, se tuvieron por contestados en tiempo los recursos de casación por parte de las Abogadas JENNY ELIZABETH PAREDES BAIDE y MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO, como representantes procesales de las partes recurridas/recurrentes, respectivamente; en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado ROY PINEDA CASTRO, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I. Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II. Que la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO, en su condición de representante procesal del señor LEONARDO HUMBERTO GOMEZ PAREDES, en un primer motivo expone: “Acuso la sentencia impugnada violatoria de ley sustantiva laboral, por violación directa de la norma sustantiva que se señala en el acápite Norma Sustantiva Violada. NORMA SUSTANTIVA VIOLADA. La norma sustantiva de orden nacional violada está contenida en el artículo 113 párrafo segundo y literal b relacionado con el artículo 3, ambos del Código del Trabajo relacionada con la norma constitucional establecida en los artículos 128 numeral 15 en relación con el contrato individual y 304 primera oración del primer párrafo. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo está comprendido en el numeral primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo. EXPLICACION DE LA INFRACCION. El Ad Quem al reformar la sentencia y limitar el poder del juez, a no poder exigir un trámite administrativo para la efectividad reconocida en la sentencia es violatorio de la norma sustantiva señalada como violada. Establece nuevos límites sin fundamento legal en su considerando 13 y comete el error de no llevar a una ejecución lo fallado, impidiendo de esta manera la plena tutela de la recurrente en sus derechos como jubilación o pensión, preaviso, cesantía, aumentos salariales y demás derechos conexos de los cuales gozan los empleados públicos. Comete el error evidente en creer que en la administración pública del Estado existen los contratos de trabajo por tiempo indefinido, desconociendo que estos son los denominados acuerdos, que no es otra que la decisión unilateral del Estado en nombrar a una persona como empleado público y la del empleado en aceptar las condiciones del puesto. Seguir con la reforma realizada por el Ad-Quem equivaldría en dejará la recurrente en una isla presupuestaria que le impediría gozar de todos los beneficios de la sentencia dictada. Además, desconoce la jurisprudencia existente que esta Corte Suprema de Justicia ha creado en los procesos de Casación número S.L.146-18, S.L. 240-18 y S.L. 576-19 donde confirmo la condena en cuanto a obligar al Estado de Honduras a emitir el acuerdo de nombramiento en los casos semejantes al presente. Debió en todo caso, reconocer la jurisprudencia y ejecutar lo juzgado a través del nombramiento del recurrente”. III. Que el cargo que antecede resulta inadmisible por las razones siguientes: i. se indica como infringido el artículo “…113 párrafo segundo y literal b…” del Código de Trabajo, sin embargo, el párrafo segundo del mismo carece de sustantividad; ii. no es viable el ataque al fallo por el concepto invocado, ya que la terminación de la relación de trabajo, por causa justificada o injustificada tiene relación con el material probatorio y, no puede obviarse la valoración del mismo. No obstante, los defectos relacionados confrontado el motivo formulado con la sentencia impugnada mediante la cual se reforma parcialmente la sentencia emitida por el juzgado de primera instancia solamente, en cuanto al pronunciamiento de emitir acuerdo, es oportuno mencionar que si bien, en la parte resolutiva no se cita el artículo 113, literal b) del Código del Trabajo, no es menos cierto que el mismo fue aplicado en el fallo de mérito, siendo congruente los fundamentos de la sentencia con la parte resolutiva del mismo al declarar con lugar la demanda promovida en su oportunidad, por la parte actora, en su pretensión de reintegro y demás colaterales y, por ende, al otorgamiento de la permanencia. Por otro lado, no es dable a los juzgadores laborales ordenar la emisión de acuerdos artículos 2 numeral 2), 113 párrafo tercero literales a) y b), 664 y 665 del Código de Trabajo, relacionado con el 129 de la Constitución de la República. IV. Que en un segundo motivo se aduce: “Acuso la sentencia impugnada violatoria de ley sustantiva laboral por Aplicación Indebida, señalada en el acápite Norma Sustantiva Violada. NORMA SUSTANTIVA VIOLADA. La norma sustantiva de orden nacional violada está contenida en el artículo 113 párrafo segundo y literal b relacionado con el artículo 3, ambos del Código del Trabajo relacionada con la norma constitucional establecida en los artículos 128 numeral 15 en relación con el contrato individual y 304 primera oración del primer párrafo. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo está comprendido en el numeral primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo. EXPLICACION DE LA INFRACCION. El Ad Quem al reformar la sentencia y limitar el poder del juez a no poder exigir un trámite administrativo para la efectividad reconocido en la sentencia es violatorio de la norma sustantiva señalada como violada. Establece nuevos límites sin fundamento legal en su considerando 5 y comete el error de no llevar a una ejecución lo fallado, impidiendo de esta manera la plena tutela de la recurrente en sus derechos como jubilación o pensión, preaviso, cesantía, aumentos salariales y demás derechos conexos de los cuales gozan los empleados públicos. Comete el error evidente en creer que en la administración pública del Estado existen los contratos de trabajo por tiempo indefinido, desconociendo que estos son los denominados acuerdos, que no es otra que la decisión unilateral del Estado en nombrar a una persona como empleado público y la del empleado en aceptar las condiciones del puesto. Seguir con la reforma realizada por el Ad Quem equivaldría en dejar al recurrente en una isla presupuestaria que le impediría gozar de todos los beneficios de la sentencia dictada. Aplica indebidamente la norma indicada como violada y cambia su sentido impidiendo ejecutar lo juzgado; sin dejar de mencionar que la demandada es una Institución Publica Descentralizada, cuyas relaciones de trabajo se rigen por el Código del Trabajo y sus empleados permanentes, gozan de un acuerdo de nombramiento, para gozar de todos los derechos que conlleva la relación laboral. Por lo anteriormente relacionado debió aplicar debidamente la norma y exigir el acuerdo de nombramiento como instrumento administrativo para el goce de los derechos reconocidos en la sentencia impugnada. Además, desconoce la jurisprudencia existente que esta Corte Suprema de Justicia ha creado en los procesos de Casación número S.L.146-18, S.L. 240-18 y S.L. 576-19 donde confirmo la condena en cuanto a obligar al Estado de Honduras a emitir el acuerdo de nombramiento en los casos semejantes al presente. Debió en todo caso, reconocer la jurisprudencia y ejecutar lo juzgado a través del nombramiento del recurrente”. V. Que el cargo que antecede resulta inadmisible por las razones siguientes: i. se indica el concepto de aplicación indebida, pero se omite la norma sustitutiva que se considere debió aplicarse debidamente en el fallo impugnado; ii. se indica como infringido el artículo “…113 párrafo segundo y literal b…” del Código de Trabajo, sin embargo, el párrafo segundo carece de sustantividad; iii. no es viable el ataque al fallo por el concepto invocado, ya que la terminación de la relación de trabajo, por causa justificada o injustificada tiene relación con el material probatorio y no puede obviarse la valoración del mismo. No obstante, los defectos relacionados confrontado el motivo formulado con la sentencia impugnada mediante la cual se reforma parcialmente la sentencia emitida por el juzgado de primera instancia solamente, en cuanto al pronunciamiento de emitir acuerdo, es oportuno señalar que no es dable a los juzgadores laborales ordenar la emisión de acuerdos de nombramiento, de conformidad a los artículos 2 numeral 2) 113 párrafo cuarto literales a) y b), 664 y 665 del Código de Trabajo, relacionado con el 129 de la Constitución de la República. VI. Que se ha solicitado nulidad subsidiaria en la forma siguiente: “Si los anteriores motivos no resultan suficientes para enmendar el fallo emitido por el Ad Quem y garantizar la aplicabilidad de la jurisprudencia creada, interpongo NULIDAD SUBSIDIARIA a partir del folio catorce de la segunda pieza de autos (Corte de Apelaciones del Trabajo) en virtud de que la sentencia dictada por el Ad Quem no garantiza la ejecución de lo juzgado, es decir, procesalmente está incompleta pues no existe en la estructura presupuestaria del Estado, renglones que permiten pagar contratos por tiempo indefinidos, esto como consecuencia de que todo trabajador que celebre un contrato de trabajo por tiempo indefinido con el Estado de Honduras, es denominado empleado público y goza de un acuerdo de nombramiento. Mantener el fallo resultaría ir en contra de la norma constitucional establecida en el artículo 304 en cuanto a juzgar y ejecutar lo juzgado, en contra de la jurisprudencia creada por esta Corte Suprema de Justicia y en contra de los derechos que establece el Código de Trabajo en su artículo 3. Finalmente, es necesario indicar que el argumento expresado por el Ad Quem en su considerando 5 carece de fundamento jurídico, limita los poderes del juez, pero no establece bajo que norma jurídica crea ese razonamiento, hecho que resulta en una violación al debió proceso, a las normas procesales que rigen las condiciones en que se deben dictar las sentencias según el Código Procesal Civil y limita el ejercicio del juez consagrado en la Ley de Organización y Atribución de los Tribunales. En virtud de lo anterior, resulta procedente decretar la nulidad del fallo, indicándole al Ad Quem el rumbo correcto en que debe dictar su sentencia”. VII. Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente caso, estima éste Tribunal, que en el fallo impugnado no se ha violado el debido proceso ni el derecho defensa de las partes en consecuencia no procede la nulidad solicitada. VIII. Que la Abogada JENNY ELIZABETH PAREDES BAIDE, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEM), en un único motivo de casación aduce: “ACUSO A LA SENTENCIA RECURRIDA DE SER VIOLATORIA DE LEY SUSTANTIVA DE ORDEN NACIONAL POR INFRACCIÓN DIRECTA. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS EN ESTE MOTIVO: Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden Nacional proveniente de falta de aplicación de lo dispuesto en el artículo 46 literal b) y c), articulo 100 literal 5) del Código de Trabajo. PRECEPTO AUTORIZAN: Este motivo de Casación está comprendido en el artículo 765 ordinal primero del Código de Trabajo, que establece como causal de casación "ser la sentencia violatoria de la ley sustantiva por infracción directa." EXPLICACIÓN DEL MOTIVO ÚNICO DE CASACIÓN. PRIMERO: Reiteradamente ha mantenido esta Honorable Corte el sólido criterio de que la infracción directa de la Ley tiene lugar cuando a un hecho debidamente comprobado se dejó de aplicar la norma que regulo el caso debatido y establecido en el proceso, haciéndole producir efectos contrarios a la norma y colocándose el sentenciador en manifiesta rebeldía contra la norma legal aplicable y cuando el texto de la norma es absolutamente claro y la sentencia contiene disposiciones en abierta pugna con la Ley. SEGUNDO: Resulta evidente que el INJUPEMP, en el caso de la contratación del hoy demandante, ha observado y cumplido estrictamente las normas legales vigentes para le ejecución de la partida presupuestaria que corresponde, de acuerdo a la naturaleza jurídica del contrato celebrado entre las partes el cual se enmarca en los términos establecidos en el Código de Trabajo, de lo cual el ahora demandante está debidamente enterada, para los efectos de que con posterioridad ninguna de las partes contratantes pretendieran sorprender a la otra alegando otros términos distintos a los consignados en el contrato, como acontece en la presente demanda. Por lo anterior la demanda de mérito es totalmente improcedente. Lo expresado constituye un hecho notorio que además se encuentra previsto en la legislación laboral vigente no obstante se acreditara debidamente en juicio. De igual manera no reúnen los presupuestos legales de la norma constitucional”. IX. Que el cargo que antecede resulta inestimable por contener los defectos técnicos siguientes: i. entre otros se indica como norma sustantiva infringida el artículo “…46 literal b) y c), del Código de Trabajo, que carece de sustantividad y, que dicho sea de paso resulta inapropiado, en su caso, el señalamiento de dos literales; ii. el precepto autorizante resulta impreciso al omitirse el párrafo en que se encuentra contenido el concepto de la infracción; iii. en la explicación se insta a la valoración de la prueba, incompatible con el concepto de violación invocado; y iv. en el desarrollo se realizan alegatos de instancia, inoportunos en este recurso extraordinario. X. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar a los recursos de casación interpuestos por las abogadas MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO en su condición de representante procesal del señor LEONARDO HUMBERTO GOMEZ PAREDES y JENNY ELIZABETH PAREDES BAIDE, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), la primera en sus dos motivos y nulidad subsidiaria solicitada y la segunda en su primer y único motivo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 770, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación formulado por la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO en su condición de representante procesal del señor LEONARDO HUMBERTO GOMEZ PAREDES, en sus dos motivos y nulidad subsidiaria solicitada. 2) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación formulado por la Abogada JENNY ELIZABETH PAREDES BAIDE, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) en su único motivo de casación; 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado Roy Pineda Castro. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ROY PINEDA CASTRO, COORDINADOR, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes septiembre del dos mil veintitrés; certificación de la sentencia de fecha veintiséis de junio del dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL257-2022. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.