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Sentencia CL-255-22 — Registro 17467

Resumen

Demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe una justa causa de despido sino sea condenado al reintegro a los puestos de trabajo, se declare permanente la relación de trabajo entre las partes, más el pago de los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios como los demás derechos laborales que se reconozcan en el transcurso del juici

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo; b) entre las normas que indica como violadas el articulo 46 literal b), del Código del Trabajo no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; c) no indica las normas procesales que sirvieron de medio para la violación; y, d) formula extensos alegatos de instancia inoportunos en este extraordinario recurso."....

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765 numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 769 numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veintiocho días del mes de septiembre del año dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha seis de marzo del dos mil veintitrés, por el Abogado CARLOS BENJAMIN SANTOS HERNANDEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además es parte recurrida, los señores ANGELA ROSA CASTRO LOPEZ, KARLA MARIA ANDINO MARADIAGA y PEDRO JAVIER MARTINEZ TRUJILLO, representados en juicio por el Abogado DORIAN ORLANDO JOSE LOPEZ RODRIGUEZ. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe una justa causa de despido sino sea condenado al reintegro a los puestos de trabajo, se declare permanente la relación de trabajo entre las partes, más el pago de los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios como los demás derechos laborales que se reconozcan en el transcurso del juicio, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha uno de febrero del dos mil dieciocho, por los señores ANGELA ROSA CASTRO LOPEZ, casada, Licenciada en Contaduría Pública; KARLA MARIA ANDINO MARADIAGA, soltera, Abogada, y PEDRO JAVIER MARTINEZ TRUJILLO, soltero, Licenciado en Informática; todos mayores de edad hondureños y de este domicilio, contra EL ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO (SCGG), por medio del Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha nueve de noviembre del dos mil veintiuno, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: I. Declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado RICARDO ESTRADA PINEL como apoderado procesal delegado de la parte demandada.- II.- REFORMAR DE OFICIO la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de éste Departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve (09) de enero del año dos mil veinte (2020), que obra agregada a folios 138 al 142 de la primera pieza de autos; de la manera siguiente: CONFIRMARel numeral I, numeral II. Inciso b) c) d); numeral III, Numeral IV de la sentencia dictada.- REVOCARel numeral II inciso a) de la sentencia dictada, el cual se leerá así: FALLA: I.-II.- CONDENA al ESTADO DE HONDURAS, por medio de su representante legal la señora Procuradora General de la República, Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLAa) Reintegrar a los señores ANGELA ROSA CASTRO LOPEZ, KARLA MARIA ANDINO MARADIAGA y PEDRO JAVIER MARTINEZ TRUJILLO a su puesto de trabajo por lo menos en igualdad de condiciones de trabajo que mantenían al momento de operarse la ruptura del contrato, al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que se materialice el reintegro ordenado y demás derechos adquiridos en su ausencia.- Debiendo la institución demandada RECONOCERel carácter de empleados permanentes desde el inicio de la relación laboral de los trabajadores ANGELA ROSA CASTRO LOPEZ 01 de septiembre de 2014, KARLA MARIA ANDINO MARADIAGA 16 de marzo de 2015 y PEDRO JAVIER MARTINEZ TRUJILLO 16 de marzo de 2015.- III.-SIN COSTAS”. ANTECEDENTES DE HECHO 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que comenzaron a laborar con la Secretaría de Coordinación General de Gobierno (SCGG) en los siguientes puestos y a partir de las siguientes fechas: Angela Rosa Castro López, el 01 de septiembre del 2014, desempeñándose en el puesto de Jefe de Gestión de Compras, devengando un sueldo promedio mensual de L. 46,666.66, realizando las siguientes funciones: 1) Coordinación de las actividades para la implementación de los convenios marcos; 2) definir las políticas de compra a través de los convenios marcos en base a los lineamientos de la dirección; 3) supervisar el diseño de los convenios marcos catálogos electrónicos, así como los demás procesos innovadores de compra; 4) coordinar las reuniones de socialización con proveedores y compradores; 5) coordinar las actividades de estudio de mercado, entre otras. Por razones que se ignoran la demandada le solicitó que suscribiera contratos de prestaciones de servicios profesionales por tiempo determinado, los cuales suman la cantidad de nueve contratos, que van desde el primero de septiembre del dos mil catorce hasta el treinta de septiembre del dos mil diecisiete; Karla Maria Andino Maradiaga, el 16 de marzo del año 2015, desempeñándose en el puesto de Jefe de Registro de Proveedores, devengando un sueldo promedio mensual de L. 29,166.66, realizando las siguientes funciones: 1) administrar el registro de proveedores y contratitas del estado, a través de una permanente sistematización, organización y consolidación de los datos suministrados por las personas inscritas y por los entes y organismos regidos por la ley; 2) diseñar e implementar la metodología para que el registro de proveedores funciones adecuadamente, promoviendo la inscripción de empresas con eficiencia, la trasparencia y el acceso oportuno y rápido a la información, de acuerdo a los lineamientos de su superior; 3) requerir, revisar, analizar, evaluar y verificar la información suministrada por los proveedores inscritos, para los efectos de la inscripción correspondiente; 4) establecer y coordinar la metodología para el acceso de intercambio de información con los entes y órganos públicos privados: 5) definir la metodología para implementar un registro de los inhabilitados para contratar, por razones de incumplimientos de contratos, o cualquiera otras de acuerdo a la ley; 6) apoyar el área de capacitaciones en el diseño de capacitación para proveedores y así fomentar y aumentar la participación de estos en los procesos de participación pública, entre otras. Por razones que ignora la demandada le solicitó que suscribiera contratos de prestaciones de servicios profesionales por tiempo determinado, los cuales suman la cantidad de ocho contratos, que van desde el dieciséis de marzo del dos mil quince hasta el treinta de septiembre del dos mil diecisiete; Pedro Javier Martínez Trujillo, el 16 de marzo del año 2015, desempeñándose en el puesto de Analista de Compras Estratégicas, devengando un sueldo promedio mensual de L. 29,166.66, realizando las siguientes funciones: 1) Apoyar en la Planificación, diseño y ejecución de los procesos de licitación para las modalidades de Convenio marco, compran conjunta y subasta a la inversa, así como de otros procesos aprobados por la ley; 2) Apoyar en la selección de los proveedores a ser incorporados a los catálogos electrónicos, de acuerdo a los resultados definidos por la comisión evaluadora de cada proceso de selección; 3) apoyar en el proceso de catalogar los productos, precios y demás condiciones en el catálogo electrónico, de acuerdo a las ofertas presentadas por los proveedores seleccionados; 4) monitorear las compras que realizan las instituciones del estado, a través del catálogo electrónico: 5) asesorar a las diferentes instituciones usuarias del catálogo electrónico, sobre la gestión de proveedores, sus reclamos a estos y su desempeño en relación a las compras que se les realicen a través del catálogo; entre otras. Por razones que ignora la demandada le solicitó que suscribiera contratos de prestaciones de servicios profesionales por tiempo determinado, los cuales suman la cantidad de ocho contratos, que van desde el dieciséis de marzo del dos mil quince hasta el treinta de septiembre del dos mil diecisiete. Finalizada la duración del último contrato de prestación de servicios profesionales de los demandantes, la Directora por Ley de ONCAE la señora Sofia Romero mediante memorando DIR-ONCA-189-2017 le ordena al Director Presidencial de Transparencia, Modernización y Reforma del Estado, señor Renán Sagastume Fernández, la no renovación de sus contratos de trabajo, sin responsabilidad para la demandada, teniendo como sustento que el área de compras estratégicas y registro de proveedores se encontraba en proceso de restructuración, causal que no está contemplada como causa justa de despido. Dicho memorando constituye un despido injustificado, ya que las funciones para las cuales fueron contratados todavía continúan siendo permanentes y necesarias para ese órgano estatal, quien no puede prescindir o carecer de un Jefe de Gestión de Compras, o de un Jefe de Registro de Proveedores y un Analista de Compras Estratégicas, y aunque bien firmaron contratos por tiempo limitado laboraron varios años con la demandada de manera continua e ininterrumpida en unas áreas tan importantes como lo son las de Compras Estratégicas y Registro de Proveedores. La demandada es reacia a reconocer el estatus de los demandantes como empleados permanentes, a pesar de realizar funciones que por su naturaleza son permanentes dentro de un órgano estatal para su normal y eficiente funcionamiento como lo es la Secretaría de Coordinación General de Gobierno por la que está rebelde en aplicar lo que preceptúa el artículo 47 del Código de Trabajo. El hecho de que les hayan comunicado la terminación de sus relaciones laborales mediante un memorando demuestra una evidente violación al principio de estabilidad laboral. 2. La parte demandada, EL ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que los demandantes sostuvieron una relación contractual con la demandada mediante la modalidad de Contrato de Prestación de Servicios Profesionales a término con fecha de inicio y terminación, con el consentimiento y aceptación sin objeción alguna por parte de los demandantes y según lo estipulado en los Contratos, suscritos entre las partes, específicamente en la cláusula segunda en la que se estableció la descripción de los servicios temporales que prestarían a la demandada y en la cláusula tercera se estableció la validez y vigencia de los contratos suscritos con cada uno de los demandantes, quienes aceptaron sin objeción alguna cada una de las cláusulas de dichos contratos; no obstante se rechaza la fecha que establecen los actores de la demanda haber comenzado a prestar sus servicios profesionales con la demandada. Que si bien el Memorando DIR-ONCA-189-2017, de fecha 27 de septiembre del 2017, se le informó al Abogado Renán Sagastume Fernández, que los contratos de los demandantes serían renovados hasta el 30 de septiembre del 2017; en virtud que no es antojadiza la contratación de recurso humano que no posee una estructura presupuestaria prestablecida en el Plan Operativo Anual (POA) y como lo establece el artículo 127 párrafo primero de las Disposiciones Generales para la Ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el año 2017 vigente que literalmente dice: "La contratación de personal con cargo al Objeto Especifico del Gasto 12100 Sueldos Básicos (Personal No Permanente) se debe realizar en casos excepcionales bajo la responsabilidad del titular de cada institución, siempre y cuando el personal a contratar figure en el Plan Operativo Anual (POA) y que exista la disponibilidad presupuestaria", de igual manera el artículo 201 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil establece: "Para la validez de estos contratos deberán de observarse las normas presupuestarias; no podrá suscribirse contrato alguno sino hubiere disponibilidad suficiente en la correspondiente asignación para el ejercicio fiscal que corresponda. La contravención a lo acá dispuesto hará responsabilidad"; sin embargo las partes actoras en forma equivoca aducen que les asiste derechos que reclaman por la labor que han desempeñado, haciendo caso omiso que los empleados permanentes son nombrados a través de un Acuerdo, prestando sus servicios personales a la Administración Pública bajo el régimen y protección de la Ley de Servicio Civil, Planificados en el POA, Acuerdo que no establece una fecha de terminación de la relación contractual, a diferencia de los Contratos de Servicios Profesionales, que si establecen fecha de inicio y de terminación del contrato, tal y como lo establece el artículo 202 párrafo segundo del Reglamento de la Ley de Servicio Civil que a su letra dice: "Tendrán plazo determinado y no podrán renovarse, si no cuando conste acreditada su necesidad, al vencimiento del plazo cesará la relación sin responsabilidad para ninguna de las partes"; no obstante los demandantes por pretender un derecho que no les corresponde aducen que no se les invocó causa justa de despido, sin embargo en los contratos suscritos con los demandantes se estableció la fecha de inicio y finalización de los servicios y no pueden erróneamente considerar que su terminación contractual se debe a un despido porque la norma jurídica no se aplica en forma antojadiza mucho menos para justificar un derecho subjetivo, lo que se probará en el momento procesal oportuno. Se rechaza totalmente el hecho que el Referido Memorando no constituye un despido injustificado, sino que es la notificación de que los contratos serían renovados hasta el 30 de septiembre del 2017, en aplicación a la cláusula tercera de los Contratos suscritos entre las partes que preceptúan: validez y vigencia del contrato: "Este contrato tendrá vigencia del 01 de septiembre de 2017 al 30 de septiembre de 2017"; tal y como era del conocimiento de los demandantes y no se trata de despido alguno, razón por la cual la demandada no se ve en la obligación de invocar causal alguna en dicha nota, pues lo acaecido simplemente fue la llegada de la fecha de finalización de la relación contractual, pues los cuales fueron concertados con fecha de inicio y terminación, sin responsabilidad posterior para las partes, siendo cada contrato independiente uno del otro por contar con fecha de inicio y terminación de la relación contractual y no consta que estos, antes del vencimiento de los contratos hayan ejercicio el derecho que les otorga el Artículo 867 del Código del Trabajo que dispone: "Salvo disposición en contrario, todos los derechos y acciones provenientes de este Código, de sus reglamentos o de las demás leyes de trabajo o previsión social que no se originen directamente de contratos de trabajo, prescriben en el término dos (2) meses"; sin embargo las partes actoras por sostener un derecho que no les corresponden narran hechos y sucesos que no son dignos de tutela jurídica. 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve de enero del dos mil veinte, dictó sentencia que en su parte conducente, dice: “FALLA: I.- Declarar CON LUGAR la Demanda Ordinaria para el reintegro a los puestos de trabajo, declarar permanente la relación de trabajo entre las partes, más el pago de los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios como los demás derechos laborales que se reconozcan en el transcurso del juicio; instaurada por la señora ANGELA ROSA CASTRO LOPEZ; KARLA MARIA ANDINO MARADIAGA y PEDRO JAVIER MARTINEZ TRUJILLO; contra EL ESTADO DE HONDURAS por intermedio de su actual Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA. II.- CONDENAR: AL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su actual Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA a lo siguiente: a) Reintegrar a los Señores: ANGELA ROSA CASTRO LOPEZ, KARLA MARIA ANDINO MARADIAGA y PEDRO JAVIER MARTINEZ TRUJILLO a su puesto de trabajo por lo menos en igualdad de condiciones de trabajo que mantenían al momento de operarse la ruptura del contrato; al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que se materialice el reintegro ordenado, y demás derechos adquiridos en su ausencia, debiendo la Institución demandada nombrarlos como empleados permanentes desde el inicio de la relación laboral ANGELA ROSA CASTRO LOPEZ 01 de septiembre de 2014; KARLA MARIA ANDINO MARADIAGA 16 de marzo de 2015 y PEDRO JAVIER MARTINEZ TRUJILLO 16 de marzo de 2015 para lo cual deberán emitir el Acuerdo Ministerial correspondiente en el cual se nombre a los señores: ANGELA ROSA CASTRO LOPEZ; KARLA MARIA ANDINO MARADIAGA y PEDRO JAVIER MARTINEZ TRUJILLO; b) Conceder el goce y pago de vacaciones del año 2017 a cada uno de los demandantes; c) Pagar el décimo cuarto mes del año 2017 a cada uno de los demandantes conceptos que serán liquidados en el momento procesal oportuno que corresponda; d) Que se proceda a la incorporación al INJUPEMP de los Señores: ANGELA ROSA CASTRO LOPEZ; KARLA MARIA ANDINO MARADIAGA y PEDRO JAVIER MARTINEZ TRUJILLO. III. Declarar SIN LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral para el pago de vacaciones, aguinaldo y décimo cuarto mes de los años 2014, 2015 y 2016; y décimo tercer de 2017 y los proporcionales; bono por vacaciones; bono por desempeño; instaurada por la señora ANGELA ROSA CASTRO LOPEZ; KARLA MARIA ANDINO MARADIAGA y PEDRO JAVIER MARTINEZ TRUJILLO; contra EL ESTADO DE HONDURAS por intermedio de su actual Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA; en consecuencia ABSUELVE: AL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su actual Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA de pagar a los señores ANGELA ROSA CASTRO LOPEZ; KARLA MARIA ANDINO MARADIAGA y PEDRO JAVIER MARTINEZ TRUJILLO; dichos conceptos. IV.- SIN COSTAS”, bajo el criterio que al hacer un estudio de las pruebas aportadas al proceso se concluye que los Señores: Angela Rosa Castro López; Karla Maria Andino Maradiaga y Pedro Javier Martínez Trujillo desde que iniciaron su relación laboral con la Institución demandada ha sido continua y para la misma clase de trabajo; por lo consiguiente esta continuidad de celebración de Contratos se entiende por tiempo indefinido por lo que se cumple con la condición para considerar un trabajador permanente; de igual forma la parte demandada no le señala una causa justa al momento de la terminación de la relación laboral; razón por la cual la Suscrita es del criterio que procede declarar con lugar la demanda de mérito; asistiéndoles el derecho a ser reintegrados a sus puestos de trabajo que tenían al momento de la ruptura del Contrato de Trabajo y al pago de los salarios dejados de percibir, y los demás derechos que se hayan otorgado en ausencia de los actores. 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve de noviembre del dos mil veintiuno, dictó sentencia misma que: “FALLA: I. Declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado RICARDO ESTRADA PINEL como apoderado procesal delegado de la parte demandada.- II.- REFORMAR DE OFICIO la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de éste Departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve (09) de enero del año dos mil veinte (2020), que obra agregada a folios 138 al 142 de la primera pieza de autos; de la manera siguiente: CONFIRMARel numeral I, numeral II. Inciso b) c) d); numeral III, Numeral IV de la sentencia dictada.- REVOCARel numeral II inciso a) de la sentencia dictada, el cual se leerá así: FALLA: I.-II.- CONDENA al ESTADO DE HONDURAS, por medio de su representante legal la señora Procuradora General de la República, Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLAa) Reintegrar a los señores ANGELA ROSA CASTRO LOPEZ, KARLA MARIA ANDINO MARADIAGA y PEDRO JAVIER MARTINEZ TRUJILLO a su puesto de trabajo por lo menos en igualdad de condiciones de trabajo que mantenían al momento de operarse la ruptura del contrato, al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que se materialice el reintegro ordenado y demás derechos adquiridos en su ausencia.- Debiendo la institución demandada RECONOCERel carácter de empleados permanentes desde el inicio de la relación laboral de los trabajadores ANGELA ROSA CASTRO LOPEZ 01 de septiembre de 2014, KARLA MARIA ANDINO MARADIAGA 16 de marzo de 2015 y PEDRO JAVIER MARTINEZ TRUJILLO 16 de marzo de 2015.- III.-SIN COSTAS”. Bajo el criterio que del análisis de los contratos suscritos por las partes, se observa la existencia de los elementos esenciales de todo contrato de trabajo, como ser: la actividad personal del trabajador; la continua subordinación del trabajador para con el patrono en la realización de labores de forma continua y de naturaleza permanente en la institución demandada, a cambio de un salario mensual; cabe entonces al momento de apreciar los hechos a la luz de las normas laborales, que tales contratos relativo a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la institución, se consideraran como celebrados por tiempo indefinido aunque en ellos se exprese termino de duración, cuya relación laboral sigue siendo continua e ininterrumpida, dado que continúan laborando para la demandada. Que los contratos relativos a labores que, por su naturaleza sean permanentes o continuas en la empresa, se consideraran como celebrados por tiempo indefinido, aunque en ellos se exprese termino de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsiste la causa que le dio origen o la materia del trabajo para la presentación de servicios o la ejecución de obras iguales o análogas. El tiempo de servicio se contará desde la fecha de inicio de la relación de trabajo, aunque no coincida con la del otorgamiento del contrato por escrito. En consecuencia, los contratos a plazo fijo para obra determinada tienen carácter de excepción y solo pueden celebrarse en los casos en que así lo exija la naturaleza accidental o temporal del servicio que se va a prestar o la obra que se va a ejecutar. Disposición legal contenida en el artículo 47 del Código del Trabajo que recoge el principio de continuidad y el principio de primacía de la realidad. Que los demandantes laboraron en la institución demandada mediante contratos de servicios profesional y técnicos, la primera como Jefe de Gestión de Compras, con fecha de inicio 01 de septiembre 2014 devengando un salario de L.46,666.66; la segunda, como Jefe de Registro de Proveedores, con fecha de inicio el 16 de marzo 2015, devengando un salario de L. 29,166.66, el tercero como Analista de compras Estratégicas, con fecha de inicio el 16 de marzo 2015, devengando un salario de L. 29,166.66, quedando en la obligación de cumplir con los requerimientos y el horario de trabajo establecido por la parte demandada; y habiendo finalizado el último contrato de servicios la Directora por Ley de ONCAE señora Sofia Romero mediante memorándum DIRONCAE-189-2017 dirigido al Director Presidencial de Transparencia, Modernización y Reforma del Estado, señor Renan Sagastume Fernández, la no renovación de los contratos de trabajo sin ninguna responsabilidad para la demandada. Que los contratos han sido firmados entre las mismas partes contratantes y para la misma clase de trabajo, por lo que deberá entenderse este por tiempo indefinido conforme al artículo 52 párrafo tercero del Código del Trabajo. Que, si bien la sentencia dictada otorga a los trabajadores la condición de empleados permanente desde el inicio de la relación laboral, como consecuencia de las normas legales aplicadas al caso y, ordena se emita un Acuerdo de nombramiento, por cuanto tal declaración, no encaja dentro de la normativa laboral; consecuentemente, cabe su reformatoria en el sentido de declarar y reconocer la condición de empleados permanentes de los demandantes desde el inicio de la relación laboral. 5. Mediante auto de fecha doce de mayo del dos mil veintidós, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado RICARDO ESTRADA PINEL, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha seis de marzo del dos mil veintitrés, compareció ante este Tribunal el Abogado CARLOS BENJAMIN SANTOS HERNANDEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha siete de marzo del dos mil veintitrés, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha ocho de junio del dos mil veintitrés, se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por parte del Abogado DORIAN ORLANDO JOSE LOPEZ RODRIGUEZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1.- Que acorde a lo dispuesto en los artículos 764, 765 y 769 del Código del Trabajo, la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II.- Que el Abogado CARLOS BENJAMIN SANTOS HERNANDEZ, en su primer y único motivo de casación alega: “Infracción indirecta del artículo 46 literal b), 111 Numerales 1, 2, 7, 9 y 113 del Código del Trabajo, en relación con los artículos 1348 del Código Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE CON RESPECTO AL UNICO MOTIVO. Partiendo de la realidad de los hechos, en el presente Recurso de casación el artículo 765 numeral uno del Código del Trabajo. NORMA SUSTANTIVA VIOLADA. La norma sustantiva de orden nacional violada está contenida en el artículo 113 párrafos primero y tercero literal a) del Código del Trabajo. CONCEPTO DE LA INFRACCION: Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de la ley sustantiva de orden nacional por infracción directa del artículo 46 literal b) del Código Laboral que establece: "El Contrato Individual de trabajo puede ser: a)… b) Por tiempo limitado, cuando se especifica fecha para su terminación o cuando se ha previsto su acaecimiento...; por otro lado nuestro Código Civil en su artículo 1348 prescribe: "Las Obligaciones que nacen de los Contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos", a tal efecto en el presente caso, el Juzgador de la causa no aprecio ni valoro el Medio de Prueba Documental: 1) Contrato de Servicios de periodo determinado sustentado en el artículo 46 literal b) del Código del Trabajo; con el cual se demostró que la parte actora por haber sostenido con mi representado el Estado de Honduras, a través de la Secretaria de Coordinación de Gobierno, una relación de prestación de servicio temporal por tiempo determinado bajo Contratos de Servicios, y que forzosamente tenía que terminar al llegar a su fecha de vencimiento y que así ocurrió, es decir que se constituyó en un acto cuyo alcance regulaba las obligaciones entre las partes contratantes, circunscribiéndose las mismas únicamente en cuanto a las obligaciones contempladas en el indicado contrato de periodo determinado, pero fuera de los alcances de una relación de trabajo permanente, y por esa razón ambas partes se sometieron únicamente a la normativa de dicho contrato de servicios, en el entendido que los demandantes era trabajadores temporales y que consecuentemente mi representado, no tenía más obligaciones de las que se generaron de dichos contratos; mismos que están regulados por el Código Civil, en tal sentido no correspondía a la jurisdicción laboral el conocimiento de la Prestación de Servicio de los demandantes en vista que, NO ESTA SOMETIDO al Régimen Ordinario Laboral; no obstante losa hoy demandantes al concluir su fecha de vencimiento del contrato de servicios terminaba su actividad laboral. El artículo 113 del citado Código de Trabajo, prescribe: "La terminación del contrato conforme a las causas enumeradas en el artículo 112 causas justas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo, sin responsabilidad de su parte, efectos que surte desde que el patrono la comunica al trabajador; pero este goza del derecho de emplazarlo ante los Tribunales del Trabajo ante desde de que transcurra el termino de prescripción, con el objeto de que le pruebe la justa causa en que se fundó el despido. Si el patrono no prueba dicha causa debe pagar al trabajador las indemnizaciones... le puedan corresponder y a título de daños y perjuicios, los salarios que este habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha... quede firme la sentencia condenatoria"; por lo que se estima que hubo una violación indirecta de la normativa del artículo 46 inciso a) y del artículo 113 del Código de Trabajo, en relación al artículo 1348 del Código Civil. Es evidente que existe una infracción a normativa que no aplico el Juzgador puesto que los demandantes, fueron contratados por tiempo determinado y al vencer el mismo ceso su relación con la institución, modalidad de contrato que no requiere acreditar la justa causa del despido, porque no existe ningún despido, no obstante no puede pagársele al trabajador las prestaciones e indemnizaciones laborales, ni a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir ya que es evidente que la relación laboral fue de carácter definido, por lo tanto no se puede confirmar la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo, por el "supuesto despido del trabajador producido y sin causa justificada, condenado al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales más salarios dejados de percibir a título de indemnización por daños y perjuicios", se evidencia que el Juzgador al no apreciar el tiempo ni valorar el carácter temporal y por ende la inexistencia de una causa injusta de despido por el simplemente hecho que termino su prestación de servicio por llegar a la fecha de finalización de su contrato, de conformidad con lo que preceptúa la normativa del artículo 46 literal b), en relación con los artículos 111 Numerales 1, del Código de Trabajo, 1348 Código Civil, 111 y 117 párrafo primero de la Estimación Presupuestaria de Ingresos de la Administración Central para el Ejercicio Fiscal, que literalmente dice: "La contratación de personal con cargo al Objeto Especifico del Gasto, 12100 Sueldos Básicos (Personal No Permanente) se debe de realizar en casos excepcionales bajo la responsabilidad del titular de cada institución, siempre y cuando el personal a contratar figure en el Plan Operativo Anual (POA) y que exista la disponibilidad presupuestaria, en estricta observancia del artículo 203 de la Ley de Servicio Civil que entre otras el párrafo tercero de este mismo artículo establece: "Estos contratos tienen vigencia únicamente dentro del Ejercicio Fiscal en la cual fueron suscritos, no debiendo considerarse, para ningún efecto, al personal contratado bajo esta modalidad como permanente, y su efectividad se contara desde la fecha en que este personal tome posesión del cargo" , 201 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil establece: "Para la validez de estos contratos deberán de observarse las normas presupuestarias; no podrá suscribirse contrato alguno sino hubiera disponibilidad suficiente en la correspondiente asignación para gastos del ejercicio fiscal que corresponda. La contravención a lo acá dispuesto hará incurrir en responsabilidad."; 202 párrafo segundo del Reglamento de la Ley de Servicio Civil dispone: "Tendrán plazo determinado y no podrán renovarse, si no cuando conste acreditada su necesidad. Al vencimiento del plazo cesara la relación sin responsabilidad para ninguna de las partes" concluimos argumentando que los Contratos de Servicios, por estar sujetos a una disponibilidad presupuestaria, y ser los mismos de periodos determinados, suscritos con el consentimiento y aceptación de las partes que se sujetan a las obligaciones y derechos establecidos, conforme al texto del artículo 1348 del Código Civil que prescribe: "Las Obligaciones que nacen de los Contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos", hay una clara infracción a las normativas artículo 46 literal b), 111 Numeral 1, Código del Trabajo, y el artículo 1348 del Código Civil que sustentan los contratos determinados, con fecha de inicio y finalización, y la voluntad de las partes; al respecto el jurista Juan D Pozzo en su manual de "Derecho del Trabajo", cuando se refiere "a la obligación fundamental del trabajador ligado por una relación contractual con su empleador, consiste en el cumplimiento personal de la actividad prometida. Tal obligación surte de la naturaleza misma del contrato de trabajo, que tiene por objeto la prestación subordinada de la actividad laboral prometida por el trabajador a su empleador; a éste le interesa, pues que el trabajo se ejecute por quien se obligó a ello, pero entendiéndose siempre que tal obligación no es absoluta, ni indeterminada, sino limitada a la finalidad perseguida por la empresa y dentro del círculo de tareas convenidas". III.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo; b) entre las normas que indica como violadas el articulo 46 literal b), del Código del Trabajo no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; c) no indica las normas procesales que sirvieron de medio para la violación; y, d) formula extensos alegatos de instancia inoportunos en este extraordinario recurso. IV.- Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ROY PINEDA CASTRO, COORDINADOR, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de enero del dos mil veinticuatro; certificación de la sentencia de fecha veintiocho de septiembre del dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL255-2022. FIRMA Y SELLO.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ.

SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.