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Sentencia CL-254-21 — Registro 18089

Resumen

Segunda instancia confirmó sin lugar la demanda Ordinaria de primera instancia para que el patrono sea obligado mediante sentencia definitiva a pagar las prestaciones e indemnizaciones laborales, pago de vacaciones, aguinaldo, catorceavo mes proporcionales, salarios caídos y costas del juicio

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además, es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- IV.- Que por Acceso a la Justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.-"...

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que conforme el principio y deber de congruencia procesal, los Jueces y Magistrados deberán resolver las cuestiones planteadas, después de un proceso de deliberación y valoración, que si bien el ad-Quem hace el razonamiento jurídico correcto al establecer la revocación del fallo en virtud que no procede la demanda interpuesta al momento de la redacción escrita de la sentencia, fase en la que necesariamente ha de tenerse en cuenta la motivación, como medio de exteriorizar el juicio mental realizado por el Órgano Jurisdiccional, para llegar a la emisión de la declaración de voluntad que se materializa en el fallo, en el subjudice la sentencia recurrida carece de exhaustividad y claridad en base a lo establecido en el artículo 206 del Código procesal Civil, ya que la Corte de Apelaciones al revocar el fallo recurrido no hace mayor pronunciamiento en cuanto a la condena o absolución de las partes basado en sus peticiones, volviendo ineficaz su ejecución al faltar claridad en la misma.-"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Procesal Civil, art. 208 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."erecho, es decir que se asegure, en la mayor medida posible, su solución justa.”.- IX.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate así como la motivación deberá incidir en los distintos elementos facticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón.-"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Procesal Civil, art. 206 (Jerarquía Ordinaria)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Jerarquía: Reiterativa

..."El juez dirigirá el proceso en forma que garantice su rápido adelantamiento, deforma que conduzca a la reducción de tiempo, costo y esfuerzo de los actos procesales, en ningún momento puede suponer disminución de las garantías y derechos "...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 726 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Procesal Civil, art. 8 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veintidós de marzo del dos mil veintitrés.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 13 de mayo del 2022, por el Abogado NELSON YOVANNY URBINA ULLOA, en su condición de representante procesal del señor JOSE ANTONIO MORAN RIVERA, como recurrente; además es parte recurrida, la sociedad mercantil denominada EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C.N.K., S. DE R.L. DE C.V., representado en juicio por el Abogado OSCAR ORLANDO RAMOS NUÑEZ. OBJETO DEL PROCESO: Demanda Ordinaria de primera instancia para que el patrono sea obligado mediante sentencia definitiva a pagar las prestaciones e indemnizaciones laborales, pago de vacaciones, aguinaldo, catorceavo mes proporcionales, salarios caídos y costas del juicio, promovida por el señor JOSE ANTONIO MORAN RIVERA, mayor de edad, soltero, hondureño, Agente de Vigilancia, con domicilio en la Aldea La Herradura, jurisdicción del Municipio de Santa Cruz de Yojoa, Departamento de Cortés, contra la sociedad mercantil denominada EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C.N.K., S. DE R.L. DE C.V., por medio de su Gerente General señor KEVIN HUMBERTO GIRON QUIÑONEZ. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha de 20 de mayo del 2021, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 08 de marzo del 2021, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que, en su parte conducente, dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA DE PRIMERA INSTANCIA PARA QUE UN PATRONO SEA OBLIGADO MEDIANTE SENTENCIA DEFINTIVA A PAGAR LAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES Y PAGO DE SALARIOS CAIDOS Y COSTAS DEL PRESENTE JUICIO. Promovida por el señor JOSE ANTONIO MORAN RIVERA, mayor de edad, soltero, agente de vigilancia, con domicilio en la herradura, Santa Cruz de Yojoa, con tarjeta de identidad no. 0415-1970-00147, contra la empresa mercantil denominada EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CNK, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, a través de su representante legal el señor KEVIN HUMBERTO GIRON QUIÑONEZ. SEGUNDO: EN CONSECUENCIA, SE ABSUELVE a la demandada empresa mercantil denominada EMPRESA DE SEGURIDAD y VIGILANCIA CNK, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, a través de su representante legal el señor KEVIN HUMBERTO GIRON QUIÑONEZ del pago de Preaviso, Cesantía Proporcional y salarios dejados de percibir en concepto de indemnizaciones legales. TERCERO: UNICAMENTE CONDENAR A LA empresa mercantil denominada EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CNK, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, a través de su representante legal el señor KEVIN HUMBERTO GIRON QUIÑONEZ a pagar a favor del señor JOSE ANTONIO MORAN RIVERA los derechos adquiridos que ascienden a la cantidad total de NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS (L 9,172.67) que se desglosa en los conceptos siguientes: Vacaciones proporcionales: L 1,654.96; Décimo tercer proporcional: L 4,258.21; Décimo cuarto proporcional: L 3,259.50.- CUARTO: SIN LUGAR LA TACHA INTERPUESTA POR EL APODERADO DE LA PARTE ACTORA EN LA AUDIENCIA PUBLICA CELEBRADA EN FECHA TREINTA (30) DE JULIO DEL AÑO 2019.- QUINTO: SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que inició la relación laboral con la sociedad mercantil denominada Empresa de Seguridad y Vigilancia Privada C.N.K., el 15 de mayo del 2015, como Guardia de Seguridad, devengando un salario de L.7,822.82 mensuales. Resulta que la empresa de seguridad CNK le presta el servicio de seguridad a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENEE y así es que el 29 de noviembre del 2015, se le había asignado vigilar las instalaciones de la sub estación eléctrica, que se encuentra en la central hidroeléctrica Francisco Morazán; que ese día después de haber terminado su turno en el trabajo el demandante se fue para su casa de habitación, al día siguiente 30 de noviembre del 2015, llegó el supervisor de la empresa de nombre José Lino Morales, quien le dijo que le entregara el uniforme de la empresa, porque la empresa lo había despedido, como dicho señor no le entrego nota de despido, el demandante acudió al Ministerio de Trabajo de la ciudad de Villanueva donde le asignaron un inspector para que fuese al lugar de trabajo a corroborar el despido, pero al mismo inspector de trabajo no se le permitió entrar a las instalaciones de la empresa, pero este dejó una cita a la cual compareció el personero de la empresa, dándose por agotada la vía administrativa sin llegar a un arreglo conciliatorio con la parte demandada.- 2. La parte demandada, la sociedad mercantil denominada EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C.N.K., S. DE R.L. DE C.V., contestó dicha demanda señalando que, se rechaza lo que se demanda por improcedente desde todo punto de vista legal, ya que el demandante no fue despedido de su trabajo de forma injusta en ningún momento por la demandada, en consecuencia, el demandante deviene obligado a probar en juicio lo solicitado.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 08 de marzo de 2021, dictó sentencia que, en su parte conducente, dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA DE PRIMERA INSTANCIA PARA QUE UN PATRONO SEA OBLIGADO MEDIANTE SENTENCIA DEFINTIVA A PAGAR LAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES Y PAGO DE SALARIOS CAIDOS Y COSTAS DEL PRESENTE JUICIO. Promovida por el señor JOSE ANTONIO MORAN RIVERA, mayor de edad, soltero, agente de vigilancia, con domicilio en la herradura, Santa Cruz de Yojoa, con tarjeta de identidad no. 0415-1970-00147, contra la empresa mercantil denominada EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CNK, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, a través de su representante legal el señor KEVIN HUMBERTO GIRON QUIÑONEZ. SEGUNDO: EN CONSECUENCIA, SE ABSUELVE a la demandada empresa mercantil denominada EMPRESA DE SEGURIDAD y VIGILANCIA CNK, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, a través de su representante legal el señor KEVIN HUMBERTO GIRON QUIÑONEZ del pago de Preaviso, Cesantía Proporcional y salarios dejados de percibir en concepto de indemnizaciones legales. TERCERO: UNICAMENTE CONDENAR A LA empresa mercantil denominada EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CNK, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, a través de su representante legal el señor KEVIN HUMBERTO GIRON QUIÑONEZ a pagar a favor del señor JOSE ANTONIO MORAN RIVERA los derechos adquiridos que ascienden a la cantidad total de NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS (L 9,172.67) que se desglosa en los conceptos siguientes: Vacaciones proporcionales: L 1,654.96; Décimo tercer proporcional: L 4,258.21; Décimo cuarto proporcional: L 3,259.50.- CUARTO: SIN LUGAR LA TACHA INTERPUESTA POR EL APODERADO DE LA PARTE ACTORA EN LA AUDIENCIA PUBLICA CELEBRADA EN FECHA TREINTA (30) DE JULIO DEL AÑO 2019.- QUINTO: SIN COSTAS…”. Bajo el criterio que, por lo que, valorando la prueba aportada al proceso en tiempo y forma, así como el interrogatorio de parte y testifical rendido por el señor José Lino Morales Reyes, se puede llegar a la conclusión conforme el Sistema de valoración aplicable a la materia laboral conforme el artículo 739 del Código del Trabajo, que el señor José Lino Morales Reyes, no ha despedido al demandante, ya que todo despido es realizado por el licenciado Kevin Girón, demostrándose que el despido verbal que afirma la parte actora no pudo ser probado, y si bien no se permitió la entrada del inspector en la compañía de la empresa esto por sí solo resulta insuficiente para concluir la existencia de un despido, ya que valorándose la prueba en su conjunto, no hay prueba introducida al proceso en tiempo y forma que demuestre la existencia de un despido verbal o que controvierte los dichos expresados por el señor José Lino Morales, y siendo esto obligación de las partes procesales, se concluye que no se ha probado que el despido haya ocurrido como lo afirma la parte actora, verificándose a su vez de los documentos de estados de cuenta de pagos visibles a folios 160 al 195, que al señor demandante se le hizo deposito el 27 de noviembre del 2015 (f-188) por lo que no sería posible pensar que fuere despedido en la fecha que el narra en su demanda, puesto que se aprecia que ya no desempeñaba su labor y del interrogatorio de parte se desaprende que no ha sido despedido. En el proceso laboral, el Juez, al proferir su decisión analizará todas las pruebas allegadas en tiempo y está facultado para formar libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal, observada por las partes.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 20 de mayo del 2021, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que, en el sub judice, tal como lo concluyó el Iudex A-Quo, el despido verbal alegado por la parte actora no fue demostrado en juicio; y si bien es cierto, corre agregado a folio 145 de la pieza principal, un acta levantada por un Inspector del Trabajo, tal documento no es posible valorarlo, por cuanto fue rechazada su admisión en la primera instancia, dado que el representante procesal del trabajador pretendió incorporar tardíamente al proceso un acta levantada por un Inspector del Trabajo, resolución que fue impugnada y este Tribunal en sentencia del 15 de octubre del 2019, confirmó la decisión del A-Quo, por ser un hecho del cual tenía conocimiento previo la parte interesada, y ello así fue razonado en la audiencia en la que las partes formularon alegaciones ante esta instancia. De la revisión de los autos este Tribunal estima que el fallo recurrido esta ajustado a derecho, ya que el objeto de debate fue fijado correctamente, pues la existencia o no de la relación de trabajo no es un punto controvertido, sino si el despido verbal alegado por el trabajador fue acreditado en el proceso; de ahí que el conflicto debe ser analizado conforme las reglas que establecen los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo respecto a la valoración de la prueba que fue propuesta oportunamente; en consecuencia, con fundamento en los razonamientos que contiene el presente fallo, el Tribunal estima procedente confirmar la sentencia impugnada, por estar acorde a las normas procesales.- 5. Mediante auto de fecha 16 de agosto del 2021, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado NELSON YOVANNY URBINA ULLOA, en su condición de representante procesal del señor JOSE ANTONIO MORAN RIVERA, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha 13 de mayo del 2022, compareció ante este Tribunal el Abogado NELSON YOVANNY URBINA ULLOA, en su condición de representante procesal del señor JOSE ANTONIO MORAN RIVERA, formalizando su demanda, exponiendo cuatro motivos de casación, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 28 de septiembre del 2022, se tuvo por precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por el Abogado OSCAR ORLANDO RAMOS NUÑEZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida; en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente a la Magistrada ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- II.- Que el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. - Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente".- III.- Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además, es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- IV.- Que por Acceso a la Justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- V.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- VI.- Que conforme el principio y deber de congruencia procesal, los Jueces y Magistrados deberán resolver las cuestiones planteadas, después de un proceso de deliberación y valoración, que si bien el ad-Quem hace el razonamiento jurídico correcto al establecer la revocación del fallo en virtud que no procede la demanda interpuesta al momento de la redacción escrita de la sentencia, fase en la que necesariamente ha de tenerse en cuenta la motivación, como medio de exteriorizar el juicio mental realizado por el Órgano Jurisdiccional, para llegar a la emisión de la declaración de voluntad que se materializa en el fallo, en el subjudice la sentencia recurrida carece de exhaustividad y claridad en base a lo establecido en el artículo 206 del Código procesal Civil, ya que la Corte de Apelaciones al revocar el fallo recurrido no hace mayor pronunciamiento en cuanto a la condena o absolución de las partes basado en sus peticiones, volviendo ineficaz su ejecución al faltar claridad en la misma.- VII.- Que toda persona tiene el derecho de poder ejercitar o promover las acciones que estime pertinentes en defensa de sus derechos y derivado de ello también tiene el derecho a recibir una respuesta del órgano jurisdiccional, previo a seguirse el debido proceso, resolución que deberá ser congruente, motivada, imparcial y apegada al ordenamiento jurídico y a los principios generales del derecho laboral.- VIII.- Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia de fondo del 5 de octubre de 2015, dictada en el caso Ruano Torres y otros Vs. El Salvador, Serie C No. 30319 151, estableció sobre el debido proceso: “La Corte ha señalado que el derecho al debido proceso se refiere al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado, adoptado por cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que pueda afectarlos.- El debido proceso se encuentra, a su vez, íntimamente ligado con la noción de justicia, que se refleja en: i) un acceso a la justicia no sólo formal, sino que reconozca y resuelva los factores de desigualdad real de los justiciables, ii) el desarrollo de un juicio justo, y iii) la resolución de las controversias de forma tal que la decisión adoptada se acerque al mayor nivel de corrección del derecho, es decir que se asegure, en la mayor medida posible, su solución justa.”.- IX.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate así como la motivación deberá incidir en los distintos elementos facticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón.- X.- Que es deber ineludible de la Corte Suprema de Justicia no solo observar la técnica rigurosa y formalista del recurso de casación, sino que se garantice el debido proceso y el derecho de defensa a las partes, particularmente que las resoluciones deben ser dictadas con la suficiente explicación de los puntos en litigio y los temas debatidos, como que sean congruentes y los resuelvan debidamente, por lo cual Con respecto al tema del presente conflicto, En el tópico de las resoluciones judiciales es fundamental lo referente a la fundamentación y motivación, ya que la primera es un ejercicio racional mediante el cual se proporcionan razones que tienen la aspiración de convencer a los destinatarios acerca de su corrección y validez.- Quien motiva explica las causas de sus decisiones y esas pueden ser incluso irracionales. Quien explica da razones para hacer aceptable lo resuelto. - Por eso en materia jurídica, las decisiones sólo son válidas si están respaldadas por razonamientos legales, esto es: fácticos, probatorios y jurídicos.- XI. Que el fallo relacionado, carece de claridad, precisión y congruencia ya que al confirmar el fallo el Ad Quem hace suyo los pronunciamientos, sin aplicar lo establecido en los artículos 14, 15 y 90 párrafo tercero de la ley de Inspección del Trabajo, ya que al momento de negarle la entrada al Inspector del Trabajo que solicito el demandante a las instalaciones de la empresa incurre en falta grave el ahora demandado, teniéndose como valido lo expresado por el señor JOSE MORAN ante tal negativa.- XII.- Con base a lo establecido en el artículo 726 del Código de Trabajo, así como el artículo 8 del Código Procesal civil, referente a la celeridad procesal deberá el Ad-Quem, resolver de forma prioritaria dicha nulidad por ser un juicio que ya ha sido de conocimiento y estudio procurando brindar una pronta respuesta a las partes procesales.- XIII. Que conforme con el artículo 701 numeral 3) del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en materia laboral, dispone que el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no se hubieran denunciado por el recurrente.- XIV.- Que, por las razones antes expuestas, es procedente declarar la NULIDAD de la sentencia recurrida, para que el Ad-Quem proceda de conformidad a derecho.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 59, 60, 90 párrafo primero, 128, 303, 304, 313 numeral 5), 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1, 8.2. h) 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 8, 666 letra c) 726, 776, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200, 206, 208 y 701.3 del Código Procesal Civil; 9 y 11del Código Civil; 14, 15 y 90 párrafo tercero de la ley de Inspección del Trabajo; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, de fecha 20 de mayo del 2021, visible a folios 14 al 17 de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó la Magistrada ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROY PINEDA CASTRO, COORDINADOR, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO DE LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los once días del mes mayo del dos mil veintitrés; certificación de la sentencia de fecha veintidós de marzo del dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Casación número CL 254-21.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

SECRETARIO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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