Sentencia CL-247-21 — Registro 15806
Resumen
Demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, costas
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) señala aplicación indebida por violación directa olvidando que se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley, en el motivo expuesto la causas de terminación fueron objeto de la controversia y por ende del material probatorio; b) establece como norma violada el articulo 47 del Código del Trabajo, mismo que no ostenta el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce y consagra correlativamente derechos y obligaciones o extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; c) en la explicación del motivo hace mención a otros artículos como ser los artículos 3, 5, 13 numeral 2) y 3) y 479 numeral 2) y 3) del Código Procesal Civil, mismos que no fueron establecidos como normas violadas o en relación; d) hace propios alegatos de instancia.- IV. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo.-"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veintitrés de enero de dos mil veintitrés.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha trece de junio del dos mil veintidós, por la Abogada LIDIA CAYETANO BERNARDEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además es parte recurrida, el señor MARIO MANUEL MENDOZA PALMA, representado en juicio por el Abogado DINO JERICO SALOMON RUBI. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticinco de julio del dos mil dieciséis, por el señor MARIO MANUEL MENDOZA PALMA, mayor de edad, hondureño, casado, Ingeniero Industrial y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL (SEDIS), medio del Procurador General de la República, el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veintiuno de enero del dos mil veintiuno, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha veintidós de julio del dos mil diecinueve, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: PRIMERO: Declarando PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por el señor MARIO MANUEL MENDOZA PALMA, contra el ESTADO DE HONDURAS a través del señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA. SEGUNDO: CONDENAR al ESTADO DE HONDURAS a través del señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA A RECONOCER una relación de trabajo permanente la que sostenía el demandante el señor MARIO MANUEL MENDOZA PALMA con el ESTADO DE HONDURAS, específicamente con la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL (SEDIS) a partir del 01 de Julio del 2014, siendo procedente el pago a favor del demandante de las prestaciones e indemnizaciones laborales de la siguiente manera: Preaviso (Lps. 29,166.67); auxilio de cesantía (Lps. 29,166.67); auxilio de cesantía proporcional (Lps. 24,227.98); vacaciones proporcionales (Lps. 7,972.29); décimo tercer mes proporcional (Lps. 9,722.30); décimo cuarto mes proporcional (Lps. 24,305.75), lo que asciende a un total de CIENTO VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS (Lps. 124,561.66) más los salarios dejados de percibir desde la fecha del ilegal del despido hasta que el presente fallo adquiera el carácter de firme. TERCERO: SE ABSUELVE al ESTADO DE HONDURAS a través del señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA a pagar al señor MARIO MANUEL MENDOZA PALMA en concepto de vacaciones adeudadas. CUARTO: SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que inició la relación laboral en la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), el 10 de julio del 2014, en el cargo de Auxiliar Contable, devengando un salario ordinario mensual de L. 25,000.00; que el demandante fue cancelado del cargo que venía desempeñando mediante Oficio SEDIS-RRHH-272-2016 de fecha 29 de abril del 2016, mismo que fue firmado y sellado por la señora Claudia Maria Villela Anduray, en su condición de Sub Gerente de Recursos Humanos de dicha Secretaría y que procedió a hacer todas las diligencias administrativas para el pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales exigidas por la Ley y la administración del SEDIS, por lo que hasta la fecha no ha podido lograr dicho pago, obligándolo a acudir a exigir el pago por la vial jurisdiccional.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que el demandante suscribió a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo e Inclusión Social, contratos de servicios profesionales, por periodos temporales, con fecha de inicio y finalización, en el cargo de Auxiliar Contable, en cuanto a lo demás manifestado por el demandante se rechaza, específicamente la supuesta fecha que establece como inicio de su prestación de servicio y el salario mensual que aduce haber devengado, igualmente se rechaza cuando se trata de enmarcar la modalidad bajo la cual prestó su servicio como un contrato individual de trabajo cambiando la figura del contrato administrativo de prestación de servicio profesional, a efecto de obtener un derecho subjetivo que se ampare bajo la tutela del Código del Trabajo, y será la parte actora que deberá probar lo manifestado; que se acepta únicamente en cuanto a lo que se refiere al oficio SEDIS-RRHH-272-2016 de fecha 29 de Abril del 2016, la Gerente de Recursos Humanos la señora Claudia Maria Villela Anduray le notificó al demandante que su contrato de servicio profesionales concluye en la fecha establecida en el contrato, no obstante que la actividad que realizaba era por tiempo determinado, el cual al llegar a la fecha de finalización cesaba de su prestación de servicio, el que forzosamente tenía que terminar y es lo que ocurrió, en ese sentido se rechaza cuando el demandante aduce que fue cancelado de su cargo, en virtud de que el no ostentaba un estatus de permanente si no que era un empleado temporal regido por las cláusulas de su contrato el que se reitera que era por tiempo limitado y determinado. En ese orden de ideas cabe observar que la figura de "contrato" involucra dos partes que se someten a las obligaciones y derechos plasmados en el mismo, y por conveniente que sea o no puede cambiar los términos del contrato a efecto de prevalecer el beneficio de uno sobre el otro, pues desnaturalizaría el objeto del contrato y este estaría restringiéndose el derecho al demandado, vulnerando entonces el principio de igual de partes y una tutela judicial efectiva, al proteger un derecho que beneficia solo a una parte, no obstante la parte actora acepto y consintió esa forma de contratación a través de servicios profesionales, y en ningún momento se opuso o solicito a la autoridad competente el reconocimiento de situación individualizada contrario sensu dejo de utilizar en su oportunidad el procedimiento establecido por el Código del Trabajo, para tutelar el derecho subjetivo que pretende cuyo estamento legal del artículo 867 dispone: "Salvo disposición en contrario, todos los derechos y acciones provenientes de este Código, de sus reglamentos o de las demás leyes de
trabajo o previsión social que no se originen directamente en contratos de trabajo, prescriben en el término de dos (2) meses”; de igual manera se rechaza cuando califica como despido la notificación de su fecha de finalización, pues la no renovación de su contrato de trabajo no está tipificada en el Código del Trabajo como causa de despido.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintidós de julio del dos mil diecinueve, dictó sentencia misma que: “FALLA: PRIMERO: Declarando PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por el señor MARIO MANUEL MENDOZA PALMA, contra el ESTADO DE HONDURAS a través del señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA. SEGUNDO: CONDENAR al ESTADO DE HONDURAS a través del señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA A RECONOCER una relación de trabajo permanente la que sostenía el demandante el señor MARIO MANUEL MENDOZA PALMA con el ESTADO DE HONDURAS, específicamente con la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL (SEDIS) a partir del 01 de Julio del 2014, siendo procedente el pago a favor del demandante de las prestaciones e indemnizaciones laborales de la siguiente manera: Preaviso (Lps. 29,166.67); auxilio de cesantía (Lps. 29,166.67); auxilio de cesantía proporcional (Lps. 24,227.98); vacaciones proporcionales (Lps. 7,972.29); décimo tercer mes proporcional (Lps. 9,722.30); décimo cuarto mes proporcional (Lps. 24,305.75), lo que asciende a un total de CIENTO VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS (Lps. 124,561.66) más los salarios dejados de percibir desde la fecha del ilegal del despido hasta que el presente fallo adquiera el carácter de firme. TERCERO: SE ABSUELVE al ESTADO DE HONDURAS a través del señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA a pagar al señor MARIO MANUEL MENDOZA PALMA en concepto de vacaciones adeudadas. CUARTO: SIN COSTAS…”. Bajo el criterio que, el demandante ha sido contratado como temporal, en un puesto que por su continuidad tanto en el tiempo, como en el mismo puesto de trabajo y para el mismo empleador, son de naturaleza indefinida dentro de la institución demandada, por la misma naturaleza de la labor que se desempeña en esta, es decir siempre necesitara el cargo de Auxiliar Contable, deduciéndose que el contrato de trabajo que nació como temporal se ha desnaturalizado, pues su permanencia en el tiempo y la naturaleza de la labor desempeñada ha provocado la exigencia y necesidad de la institución en cuanto a los puestos de trabajo. También hay que agregar que el puesto de trabajo que desempeñaba el demandante en la institución, no pueden ni deben considerarse de carácter temporal, pues los servicios que proporcionaba son necesarios para la plena operatividad de la institución, tomando en cuenta la función y el objeto de creación de la misma, por lo que no pueden ser accidentales; concluyendo que dicha forma de contratación no tiene la mínima intención de poner fin a la relación laboral suscrita originalmente como temporal. Por lo que si el empleador, utilizando el contrato de trabajo por tiempo determinado, pretendía rehuir sus obligaciones patronales, son nulos ipso jure dichos contratos de servicios profesionales y sus fechas de finalización, ya que los mismos eliminan y disminuyen derechos laborales y constitucionales, ya adquiridos por los trabajadores derivados de una relación típica de trabajo; haciendo la aclaración que lo que se invalida es la declaración fraudulenta o simulada de la voluntad de las partes (o la de una de ellas en realidad), no respecto de la decisión de relacionarse o de vincularse jurídicamente, en consecuencia se extingue con la sanción de nulidad a cualquiera y a toda modalidad fraudulenta o de simulación, donde se pretenda la violación de derechos laborales, pero subsiste y debe de aplicarse al contrato de trabajo, las normas laborales y previsionales por encima de la voluntad de las partes, por ser las normas de Derecho del Trabajo de orden público y de cumplimiento obligatorio. Por consiguiente es nulo de pleno derecho, al tenor de lo establecido en el artículo 3 del Código del Trabajo, la fecha de finalización de los contratos de trabajo por tiempo determinado que en su momento suscribió el demandante, debiendo el empleador de someterse a las disposiciones legales para despedir a un trabajador permanente con o sin causa justificada, así mismo es de hacer ver que lo establecido en la notificación de fecha 29 de abril del 2016 no constituye una causa justificada del patrono para dar por terminada una relación laboral sin responsabilidad para el mismo, en consecuencia al no existir una causa legal de justificación de despido del demandante, ha operado el despido directo, ilegal e injusto, siendo procedente lo solicitado por el demandante, en cuanto al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiuno de enero del dos mil veintiuno, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que, en el desenvolvimiento de la relación laboral contractual de prestación de servicios profesionales del demandante con vigencias periódicas continuas e ininterrumpidas desde el 01 de julio del 2014, hasta la fecha 29 de abril del 2016, para el desempeño de las mismas funciones para con el mismo contratante, supeditada a una jornada y horario de trabajo, bajo la continua subordinación de un jefe inmediato a cambio de una remuneración mensual hace que este Tribunal de Alzada estime que tales sucesos encajan en las disposiciones legales contenidas en los artículos 20, 47, 52 párrafo segundo del Código del Trabajo; cabe entonces, mencionar que al momento de apreciar los hechos a la luz de las normas laborales, hace que tales contratos relativos a labores que, por su naturaleza son permanentes o continuas en la institución, se consideren como celebrados por tiempo indefinido aunque en ellos se exprese termino de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsiste la causa que le dio origen o la materia del trabajo para la prestación de servicio; no habiendo la parte demandada acreditado lo contrario en juicio; es así, que con la decisión unilateral de la parte demandada de dar por terminada la relación laboral del demandante, por haber llegado a la fecha vencimiento del respectivo contrato, hizo que el demandante recurriera al derecho que le concede los artículos 113 y 117 del Código del Trabajo; que el trabajador goza de la protección del Estado en la forma prevista en la Constitución de la República y las leyes establecen; también la Constitución de la República garantiza a todo trabajador la estabilidad en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y profesiones; y las justas causas de separación. Son nulos ipso jure todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución, el presente Código, sus reglamentos o las demás leyes de trabajo o previsión social otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato de trabajo u otro pacto cualquiera; conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Código del Trabajo, que recoge el principio protectorio y no regresividad, y el principio de limitación a la autonomía de la voluntad.- 5. Mediante auto de fecha diecisiete de agosto del dos mil veintiuno, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada LIDIA CAYETANO BERNARDEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha trece de junio del dos mil veintidós, compareció ante este Tribunal la Abogada LIDIA CAYETANO BERNARDEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha trece de junio del dos mil veintidós, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha quince de agosto del dos mil veintidós, se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por parte del Abogado DINO JERICO SALOMON RUBI, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que LIDIA CAYETANO BERNARDEZ, en su único motivo de casación alega: “Acuso a la sentencia recurrida ser violatoria de Ley sustantiva de orden nacional por aplicación indebida del Artículo 47 del Código del Trabajo proveniente del error de derecho por la falta de apreciación del medio de prueba denominado 1 DOCUMENTAL: Consistente en los Contratos de Prestación de Servicios por Tiempo Determinado que firmase el señor MARIO MANUEL MENDOZA PALMA, con mi representado, los cuales obran a folios 23 al 35 de la pieza principal, por lo que la aplicación indebida del artículo
47 del Código del Trabajo, artículos 3, 5, 13 numeral 2 y 3 y 479 numeral 2 y 3 del Código Procesal Civil. La aplicación indebida de la norma se encuentra en el CONSIDERANDO (10), donde se manifiesta que, desde el inicio de la relación laboral del demandante, con la institución demandada ha sido continua y para la misma clase de trabajo; por lo consiguiente esta continuidad de celebración de Contratos se entiende por tiempo indefinido por lo que se cumple con la condición para considerar un trabajo permanente. Olvidándose la señora juez que los "Contratos de Prestación de Servicios Profesionales por Tiempo Determinado", como el firmado por mi representado y el actor de la demanda no forman parte del derecho laboral, siendo estos contratos especiales contemplados dentro del marco de lo que establece la Ley de Contratación del Estado en su capítulo VII, que en el artículo 94 dispone: Contrato de Consultoría es aquel por el cual una persona natural o jurídica, a cambio de un precio se obliga a prestar servicios específicos a la Administración en la medida y alcances que ésta determine para efectuar estudios de diseños, asesoría, coordinación o dirección técnica, localización de obras u otros trabajos de la misma naturaleza". Concepto dentro del cual se enmarcó la prestación de servicios realizados por el demandante por ser su labor predominantemente técnica, de carácter temporal y no permanente. NORMAS PROCESALES QUE SIRVIERON PARA LA VIOLACIÓN. Las normas procesales que llevaron a la violación de las normas sustantivas señaladas son los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo se encuentra comprendido en el artículo 765 ordinal primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. La Corte Sentenciadora: al confirmar el fallo dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo, incurrió en error de derecho, al no apreciar que la modalidad bajo la cual eran tutelados los servicios profesionales que prestaba la demandante a mi representado, por lo que es improcedente colocar estos dentro del marco de la normativa que rige los contratos profesionales contemplados en el Código del Trabajo, tomando en consideración que los contratos que suscribiera la demandante cuenta con tres características: a) Su contratación consistía en prestar servicios específicos a la administración en la medida y con y alcance que ésta determine (concepto que rige la Ley de Contratación del Estado para los contratos de Consultoría); y sobre todo no tiene el carácter de permanente, b) la única deducción que se le hacía en su pago era la del 12.5% (doce punto cinco por ciento) según la Ley de Impuestos sobre la Renta. Concluyéndose de lo anterior que la normativa jurídica que la Corte Acusada HA APLICADO DE MANERA INDEBIDA al presente caso, el Artículo 47 del Código del Trabajo A este respecto la doctrina refiere que la Violación se produce cuando existiendo un hecho que no se discuta o que esté debidamente comprobado. deja de aplicar la norma que lo regula o cuando, al contrario, se aplica una norma a un hecho inexistente. Por lo anteriormente expuesto, procede Honorable Corte casar la sentencia en el presente motivo”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) señala aplicación indebida por violación directa olvidando que se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley, en el motivo expuesto la causas de terminación fueron objeto de la controversia y por ende del material probatorio; b) establece como norma violada el articulo 47 del Código del Trabajo, mismo que no ostenta el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce y consagra correlativamente derechos y obligaciones o extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; c) en la explicación del motivo hace mención a otros artículos como ser los artículos 3, 5, 13 numeral 2) y 3) y 479 numeral 2) y 3) del Código Procesal Civil, mismos que no fueron establecidos como normas violadas o en relación; d) hace propios alegatos de instancia.- IV. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. SECRETARIO DE LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los dieciséis días del mes febrero del dos mil veintitrés; certificación de la sentencia de fecha veintitrés de enero del dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Casación número CL 247-21.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
SECRETARIO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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