Sentencia CL-235-21 — Registro 18087
Resumen
Demanda ordinaria laboral para el pago de reajuste salarial por incumplimiento total de la patronal por no recibir los aumentos correspondientes de los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, pago del 30%correspondiente al decimotercer y cuarto mes en concepto de aguinaldo y bonificación y en concepto de vacaciones 38 días contemplados en las clausulas 49, 50 y 51 del XI y XII contrato colectivo y otros beneficios dados a los empleados permanentes que da el contrato colectivo
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además, es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- IV.- Que por Acceso a la Justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.-"...
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además, es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- IV.- Que por Acceso a la Justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.-"...
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que conforme el principio y deber de congruencia procesal, los Jueces y Magistrados deberán resolver las cuestiones planteadas, después de un proceso de deliberación y valoración, que si bien el ad-Quem hace el razonamiento jurídico correcto al establecer la revocación del fallo en virtud que no procede la demanda interpuesta al momento de la redacción escrita de la sentencia, fase en la que necesariamente ha de tenerse en cuenta la motivación, como medio de exteriorizar el juicio mental realizado por el Órgano Jurisdiccional, para llegar a la emisión de la declaración de voluntad que se materializa en el fallo, en el subjudice la sentencia recurrida carece de exhaustividad y claridad en base a lo establecido en el artículo 206 del Código procesal Civil, ya que la Corte de Apelaciones al revocar el fallo recurrido no hace mayor pronunciamiento en cuanto a la condena o absolución de las partes basado en sus peticiones, volviendo ineficaz su ejecución al faltar claridad en la misma.- VII.- Que toda persona tiene el derecho de poder ejercitar o promover las acciones que estime pertinentes en defensa de sus derechos y derivado de ello también tiene el derecho a recibir una respuesta del órgano jurisdiccional, previo a seguirse el debido proceso, resolución que deberá ser congruente, motivada, imparcial y apegada al ordenamiento jurídico y a los principios generales del derecho laboral.- "...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 208 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate así como la motivación deberá incidir en los distintos elementos facticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón.-"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 206 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate así como la motivación deberá incidir en los distintos elementos facticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón.-"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 206 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."ue es deber ineludible de la Corte Suprema de Justicia no solo observar la técnica rigurosa y formalista del recurso de casación, sino que se garantice el debido proceso y el derecho de defensa a las partes, particularmente que las resoluciones deben ser dictadas con la suficiente explicación de los puntos en litigio y los temas debatidos, como que sean congruentes y los resuelvan debidamente, por lo cual Con respecto al tema del presente conflicto, En el tópico de las resoluciones judiciales es fundamental lo referente a la fundamentación y motivación, ya que la primera es un ejercicio racional mediante el cual se proporcionan razones que tienen la aspiración de convencer a los destinatarios acerca de su corrección y validez.- Quien motiva explica las causas de sus decisiones y esas pueden ser incluso irracionales. Quien explica da razones para hacer aceptable lo resuelto. - Por eso en materia jurídica, las decisiones sólo son válidas si están respaldadas por razonamientos legales, esto es: fácticos, probatorios y jurídicos.-"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
..."ue es deber ineludible de la Corte Suprema de Justicia no solo observar la técnica rigurosa y formalista del recurso de casación, sino que se garantice el debido proceso y el derecho de defensa a las partes, particularmente que las resoluciones deben ser dictadas con la suficiente explicación de los puntos en litigio y los temas debatidos, como que sean congruentes y los resuelvan debidamente, por lo cual Con respecto al tema del presente conflicto, En el tópico de las resoluciones judiciales es fundamental lo referente a la fundamentación y motivación, ya que la primera es un ejercicio racional mediante el cual se proporcionan razones que tienen la aspiración de convencer a los destinatarios acerca de su corrección y validez.- Quien motiva explica las causas de sus decisiones y esas pueden ser incluso irracionales. Quien explica da razones para hacer aceptable lo resuelto. - Por eso en materia jurídica, las decisiones sólo son válidas si están respaldadas por razonamientos legales, esto es: fácticos, probatorios y jurídicos.-"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., trece de marzo de dos mil veintitrés.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 02 de junio del 2022, por el Abogado JUAN MIGUEL OCHOA PONCE, en su condición de representante procesal del señor HECTOR ADRIAN CALIX GUEVARA, como recurrente; además, es parte recurrida, la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), representado en juicio por la Abogada ANGELA GABRIELA MEDINA HENRIQUEZ. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para el pago de reajuste salarial por incumplimiento total de la patronal por no recibir los aumentos correspondientes de los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, pago del 30%correspondiente al decimotercer y cuarto mes en concepto de aguinaldo y bonificación y en concepto de vacaciones 38 días contemplados en las clausulas 49, 50 y 51 del XI y XII contrato colectivo y otros beneficios dados a los empleados permanentes que da el contrato colectivo, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 12 de diciembre del 2016, por el señor HECTOR ADRIAN CALIX GUEVARA, mayor de edad, hondureño, casado, y con domicilio en Concepción de Maria, departamento de Choluteca, contra la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), por medio del Gerente general señor MELVIN REMBERTO MALDONADO MALDONADO. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 18 de enero del 2021, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló REVOCANDO la sentencia de fecha 19 de junio del 2019, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: I. DECLARANDO CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada MARIA FERNANDA MENDOZA VELASQUEZ, en su condición de Representante Procesal demandada.- II. REVOCANDO la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de este Departamento de Francisco Morazán, de fecha dieicinueve de junio del año dos mil diecnueve.- II. SIN COSTAS..”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción que inicio su relación laboral en la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), 01 de mayo de 1975, en el cargo de Auxiliar de Instalaciones en la ciudad de Choluteca, Departamento de Choluteca, terminando su relación laboral el 30 de abril del 2014, mediante solicitud de renuncia que analizada y aprobada a partir del 01 de mayo del 2014, notificado mediante oficio GGH-0723-2014 que se le haría el pago de sus prestaciones en 30 días hábiles desde la fecha de su aceptación pagando con tiempo retardado y sin hacerle el reajuste salarial de los años 2010 al 2014 con 30% de incremento por treceavo y catorceavo y bonificación y en concepto de vacaciones 38 días contemplados en las cláusulas 49, 50 y 51 del XI y XII contrato colectivo, razón por la cual acudió a la Secretaria de Estado en el Despacho de Trabajo y Seguridad Social para llegar a un acuerdo conciliatorio el cual no se llevo a cabo y se continuo con el tramite de ley.- 2. La parte demandada, LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), contestó dicha demanda en ese momento se encontraban en vigencia las Disposiciones Generales del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2009, mismas que, al igual que las disposiciones presupuestarias de los periodos fiscales posteriores, en su artículo 85, establecen lo siguiente: “Las Instituciones descentralizadas, sin excepción, no podrán contraer compromiso alguno relativo a mejoras salariales derivadas de negociación de contratos colectivos y otros beneficios de naturaleza económica, si la institución no cuenta con la capacidad financiera, comprendidos en estos casos los recursos recibidos de la Administración Central y los ingresos propios de la institución, para cubrir el beneficio económico que pretende conceder y el que a su vez, aun contando con los recursos, deberá estar respaldado por el estudio económico correspondiente y contar con el dictamen favorable y previo de la Secretaría de Estado en los Despachos de Finanzas, el cual deberá incluir en análisis de la capacidad financiera y presupuestaria, así como la sostenibilidad a través del tiempo. Las negociaciones salariales contenidas en los contratos colectivos de condiciones de trabajo deberán estar acorde con la política salarial del Estado y ser aprobadas previa su suscripción por la Junta Directiva u órgano directivo, contando con los respectivos dictámenes internos y dictamen de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas”, por tanto siendo que la demandada es una entidad descentralizada sujeta al principio de legalidad que opera en la Administración Pública y en virtud del cual los servidores del Estado no tienen más facultades que las expresamente les confiere la ley, y todo acto que ejecuten fuera de ella es nulo e implica responsabilidad, es evidente que su representante legal no podría generar un acto valido mediando omisión de los procedimientos legales establecidos, y si lo hiciera, dicho acto seria nulo y conllevaría a la deducción de las responsabilidades que en derechos pudieran corresponder al funcionario que los hubiera generado. En ese orden de ideas, la Ley de Procedimiento Administrativo en su artículo 34 inciso c) establece que son nulos los actos administrativos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido, en consonancia con tal disposición el artículo 1586 del Código Civil establece que hay nulidad absoluta en los actos o contratos cuando falta algún requisito o formalidad que la ley exige para su validez; en relación a la cláusula 49 del Contrato Colectivo dice que acreditara que la Unidad de Auditoría Interna de Hondutel, mediante Memorando O.A.I. 002/2010 de fecha 13 de enero de 2010, le recomendó a la empresa que el mencionado contrato se sometiera a aprobación de la Junta Directiva, dejando claramente establecido lo siguiente: “De conformidad con el boletín financiero de diciembre de 2009, la empresa cerró el año con una pérdida de L.220,142,979.11, lo cual muestra con claridad que HONDUTEL no está generando los ingresos necesarios para cubrir sus gastos y costos administrativos, por tanto, si no existen nuevas fuentes de apalancamiento financiero, se tendrán problemas para absorber el incremento negociado”; en relación al pago del 30% en concepto de aguinaldo, 30% de décimo cuarto mes de salario, 38 días de bonificación de vacaciones y días feriados, que solicita la parte demandante en su escrito de demanda, los mismos son improcedentes en vista de que la demandada cancelo en su totalidad dichos conceptos y lo único a que tienen derecho son a los conceptos descritos en el cálculo de prestaciones elaborado por el Departamento de Relaciones y Servicios a Empleados de Hondutel; sobre el cumplimiento del procedimiento establecido en las disposiciones generales del presupuesto de los periodos fiscales 2009, 2010, 2011 y 2012 acorde con la capacidad financiera de Hondutel, la administración propició el otorgamiento de los incrementos salariales de sus empleados permanentes de la siguiente manera: a) Para el periodo comprendido entre los meses de septiembre a diciembre del 2010: mediante resolución del punto de acta numero 4) de la Sesión extraordinaria número 573-10, celebrada por la Junta Directiva de fecha 21 de octubre del 2010, acorde con la tabla de incrementos que fue acordada con el Sindicato; b) Para el periodo comprendido entre julio a diciembre del 2011, mediante resolución del punto de acta numero 4) de la Sesión extraordinaria número 581-11, celebrada por la Junta Directiva en fecha 15 de junio del 2011, y c) Para el periodo comprendido entre los meses de enero a diciembre del año 2012, 2013, 2014 y 2015; no se negoció ningún incremento salarial en vista de la deplorable crisis económica en la que se encontraba y sigue encontrándose Hondutel. Finalmente, es importante mencionar, que de acuerdo con lo establecido en el artículo 8 del Decreto Legislativo 266-2013 contentivo de la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno instaura lo siguiente: “ARTÍCULO 8. DISPOSICIÓN GENERAL.- El Estado o sus entidades, en juicio de cualquier naturaleza estará exento del pago de costas, salvo que se haya actuado con dolo, en cuyo caso el funcionario es responsable administrativa, civil y penalmente”, tal artículo establece de forma inconcusa que el Estado está exento del pago de costas, ya que en ningún momento se ha probado que haya actuado con dolo, dado que el mismo al ser una violación de buena fe, debe ser probado en juicio y declarado mediante sentencia firme para que produzca efecto.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 19 de junio del 2019, dictó sentencia que en su parte conducente dice: “FALLA 1) Declarando CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral para el pago DEL REAJUSTE SALARIAL promovida por HECTOR ADRIAN CALIX GUEVARA, en contra de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), a través de su Representante Legal de aquel entonces el señor MELVIN REMBERTO MALDONADO MALDONADO. 2) CONDENA a la HONDUTEL a pagar al demandante HECTOR ADRIAN CALIX GUEVARA, la cantidad de UN MILLON QUINIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS (L 1.570,725.40), que constituye el total de la diferencia que HONDUTEL debió haber pagado incluyendo los aumentos contemplados en la contratación colectiva; 3) SIN LUGAR las Excepción perentoria de pago y de prescripción, opuesta por la Representante Procesal demandado, Abogada MARIA FERNANDA MENDOZA VELASQUEZ. CON COSTAS; bajo el criterio que en virtud del principio de ajenidad de riesgos contemplado en el artículo 136 de la Constitución de la República y 23 del Código del Trabajo, los derechos de los trabajadores deberán ser percibidos en la forma y lugar convenido, nunca podría depender del destino que tuviese el contrato una vez suscrito, pues la contingencia inherente a la vida comercial se cuenta entre los riesgos que debe soportar exclusivamente el patrono, en consecuencia no es admisible el alegato de defensa de HONDUTEL en cuanto a la imposibilidad de pagar lo pactado por la precaria situación económica que priva dentro de la institución, en tal sentido se encontraba en la obligación, al momento de terminar la relación de trabajo, de incluir en el salario que devengaba el trabajador los aumentos pactados en las Clausula 49, 50 y 51 del XI y XII Contrato Colectivo porque estos formaban parte del peculio del demandante por ser trabajador permanente de la institución y por lo tanto acogido a las conquistas colectivas de todos los trabajadores, derecho que no le prescribe por su naturaleza de "derecho adquirido", es decir que nace de la ley contractual; por lo tanto el pago hecho al momento de la terminación contractual no constituyo la extinción total de la obligación emanada de la terminación del contrato de trabajo, por lo cual son declaradas sin lugar.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 18 de enero del 2021, dictó sentencia REVOCANDO la proferida por el a quo, sin costas. Bajo el criterio que, Que manifestar que una demanda procede porque los derechos que se reclaman son imprescriptibles, sin un razonamiento lógico y jurídico, violenta sin duda alguna los principios de legalidad, de defensa, debido proceso y de razón suficiente entre otros, ya que el agraviado no puede impugnar debidamente un fallo sin la fundamentación exigida, lo que puede provocar además la nulidad del mismo, pero siendo que en las presentes diligencias se encuentra acreditado la prescripción de la acción para la reclamación del reajuste salarial pretendido, conforme a la Ley de salario mínimo que es derecho vigente el cual debe ser aplicado por el Juez bajo el Principio Iura Novit Curia.- 5. Mediante auto de fecha 17 de agosto del 2021, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado JUAN MIGUEL OCHOA PONCE, en su condición de representante procesal del señor HECTOR ADRIAN CALIX GUEVARA, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha 02 de junio del 2022, compareció ante este Tribunal el Abogado JUAN MIGUEL OCHOA PONCE, formalizando su demanda, exponiendo cuatro motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha 02 de junio del 2022, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 18 de noviembre del 2022 se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por la Abogada GABRIELA MARIA ALVARADO PONCE, en condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente se nombró ponente a la Magistrada ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- II.- Que el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente".- III.- Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además, es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- IV.- Que por Acceso a la Justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- V.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- VI.- Que conforme el principio y deber de congruencia procesal, los Jueces y Magistrados deberán resolver las cuestiones planteadas, después de un proceso de deliberación y valoración, que si bien el ad-Quem hace el razonamiento jurídico correcto al establecer la revocación del fallo en virtud que no procede la demanda interpuesta al momento de la redacción escrita de la sentencia, fase en la que necesariamente ha de tenerse en cuenta la motivación, como medio de exteriorizar el juicio mental realizado por el Órgano Jurisdiccional, para llegar a la emisión de la declaración de voluntad que se materializa en el fallo, en el subjudice la sentencia recurrida carece de exhaustividad y claridad en base a lo establecido en el artículo 206 del Código procesal Civil, ya que la Corte de Apelaciones al revocar el fallo recurrido no hace mayor pronunciamiento en cuanto a la condena o absolución de las partes basado en sus peticiones, volviendo ineficaz su ejecución al faltar claridad en la misma.- VII.- Que toda persona tiene el derecho de poder ejercitar o promover las acciones que estime pertinentes en defensa de sus derechos y derivado de ello también tiene el derecho a recibir una respuesta del órgano jurisdiccional, previo a seguirse el debido proceso, resolución que deberá ser congruente, motivada, imparcial y apegada al ordenamiento jurídico y a los principios generales del derecho laboral.- VIII.- Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia de fondo del 5 de octubre de 2015, dictada en el caso Ruano Torres y otros Vs. El Salvador, Serie C No. 30319 151, estableció sobre el debido proceso: “La Corte ha señalado que el derecho al debido proceso se refiere al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado, adoptado por cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que pueda afectarlos.- El debido proceso se encuentra, a su vez, íntimamente ligado con la noción de justicia, que se refleja en: i) un acceso a la justicia no sólo formal, sino que reconozca y resuelva los factores de desigualdad real de los justiciables, ii) el desarrollo de un juicio justo, y iii) la resolución de las controversias de forma tal que la decisión adoptada se acerque al mayor nivel de corrección del derecho, es decir que se asegure, en la mayor medida posible, su solución justa.”.- IX.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate así como la motivación deberá incidir en los distintos elementos facticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón.- X.- Que es deber ineludible de la Corte Suprema de Justicia no solo observar la técnica rigurosa y formalista del recurso de casación, sino que se garantice el debido proceso y el derecho de defensa a las partes, particularmente que las resoluciones deben ser dictadas con la suficiente explicación de los puntos en litigio y los temas debatidos, como que sean congruentes y los resuelvan debidamente, por lo cual Con respecto al tema del presente conflicto, En el tópico de las resoluciones judiciales es fundamental lo referente a la fundamentación y motivación, ya que la primera es un ejercicio racional mediante el cual se proporcionan razones que tienen la aspiración de convencer a los destinatarios acerca de su corrección y validez.- Quien motiva explica las causas de sus decisiones y esas pueden ser incluso irracionales. Quien explica da razones para hacer aceptable lo resuelto. - Por eso en materia jurídica, las decisiones sólo son válidas si están respaldadas por razonamientos legales, esto es: fácticos, probatorios y jurídicos.- XI.- Con base a lo establecido en el artículo 726 del código del Trabajo así como el artículo 8 del Código Procesal civil, referente a la celeridad procesal deberá el Ad - Quem, resolver de forma prioritaria dicha nulidad por ser un juicio que ya ha sido de conocimiento y estudio procurando brindar una pronta respuesta a las partes procesales.- XII. Que conforme con el artículo 701 numeral 3) del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en materia laboral, dispone que el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no se hubieran denunciado por el recurrente.- XII.- Que por las razones antes expuestas, es procedente declarar la NULIDAD de la sentencia recurrida, para que el Ad-quem proceda de conformidad a derecho.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 59, 60, 90 párrafo primero, 128, 303, 304, 313 numeral 5), 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1, 8.2. h) 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 8, 666 letra c) 726, 776, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200, 206, 208 y 701.3 del Código Procesal Civil; 9 y 11del Código Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, de fecha 18 de enero del 2021, visible a folios 15 al 17 de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó la Magistrada ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROY PINEDA CASTRO, COORDINADOR, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. SECRETARIO DE LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veinticuatro días del mes abril del dos mil veintitrés; certificación de la sentencia de fecha trece de marzo del dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Casación número CL235-21.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
SECRETARIO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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