Sentencia CL-221-21 — Registro 17115
Resumen
Demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe en juicio la justa causa del despido, caso contrario sea condenado al reintegro al puesto de trabajo o por lo menos en igualdad de condiciones, a título de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir, pago de retroactivos como beneficio otorgado en Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo y cualquiera otra indemnización que legalmente corresponda
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."El cargo que antecede no es admisible a razón de lo siguiente: el Censor basa su motivo en una interpretación errónea del Artículo 868 literal A del Código de Trabajo y agrega que, también se incurrió en violación directa del Artículo 113 y 864 del Código de Trabajo. En el caso del Artículo 868 literal A este Alto Tribunal concluye que el Censor omite en expresar que la resolución sobre la cual dilucida la acción perentoria de prescripción, consiste en una sentencia que dentro de su mandato contiene la imposición de la medida cautelar de suspensión del acto reclamado. Por lo que, conforme lo que ordena el Artículo 59 de la Ley sobre Justicia Constitucional, sí tiene un efecto directo en la interrupción de la prescripción de la acción reclamada, que consiste y se concatena precisamente con el reclamo al patrono por la cancelación del contrato individual del trabajo. Asimismo, adiciona una violación directa, sin expresar si se trata de una infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea del Artículo 113 del Código de Trabajo. Aunado a lo anterior, la norma señalada como violada, contiene distintos párrafos y literales, con diferentes situaciones jurídicas que era necesario precisar a cuál de ellas dirigía su ataque contra el fallo impugnado."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765 numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Conforme a la rigurosidad y especialidad de la técnica de casación, se concluye que el segundo motivo no es admisible a razón de lo que a continuación se establece: A) Debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos, lo cual no aparece demostrado por el Recurrente; B) La prueba singularizada sí fue apreciada en el fallo impugnado, resultando que se le dio una valoración o alcance diferente al que pretende el Impetrante, sin embargo no es una apreciación errónea del medio probatorio, el cual basa su acto reclamado literalmente en lo siguiente: “Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada INES YADIRA CUBERO GONZALEZ favor de SI MISMA, contra actuaciones de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), relacionadas a la Resolución No. 190-SEDP de fecha veinticuatro (24) de febrero de dos mil dieciséis (2016), que cancela el contrato individual de trabajo de la señora INES YADIRA CUBERO GONZALEZ del cargo de Profesora Auxiliar de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras para el Valle de Sula.” Por lo que, el argumento vertido por el Censor en cuanto a que el reclamo reflejado en la Certificación de la sentencia de fecha 22 de noviembre de 2017 emitida por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia no se trataba de un reclamo directo del patrono respecto al cese laboral es infundado."....
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN. -
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los cinco días del mes de junio del dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 04 de abril del 2022, por el Abogado DENNIS ALEJANDRO ORELLANA REYES, en su condición de representante procesal de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), como recurrente; además, es parte recurrida, la señora INES YADIRA CUBERO GONZALEZ, representada en juicio por el Abogado JOSE ERNESTO CUBERO GUTIERREZ. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe en juicio la justa causa del despido, caso contrario sea condenado al reintegro al puesto de trabajo o por lo menos en igualdad de condiciones, a título de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir, pago de retroactivos como beneficio otorgado en Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo y cualquiera otra indemnización que legalmente corresponda, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 24 de septiembre del 2018, por la señora INES YADIRA CUBERO GONZALEZ, mayor de edad, soltera, Abogada y Notario, hondureña y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, contra la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), por medio de su representante legal y Rector el señor FRANCISCO HERRERA ALVARADO. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 23 de abril del 2021, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 30 de noviembre del 2020, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR EL DEFECTO PROCESAL DE PRESCRIPCION OPUESTO POR LA REPRESENTACION PROCESAL DE LA PARTE DEMANDADA.- SEGUNDO: DECLARAR CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE EMPLAZAMIENTO PARA QUE EL PATRONO PRUEBE EN JUICIO LA JUSTA CAUSA DEL DESPIDO, CASO CONTRARIO SEA CONDENADO AL REINTEGRO AL PUESTO DE TRABAJO O POR LO MENOS EN IGUALDAD DE CONDICIONES A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS EL PAGO DE LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR. INCREMENTOS SALARIALES. Promovida por la señora INES YADIRA CUBERO GONZALES, de generales ya conocidas. Contra LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), a través de su representante legal y rector el señor FRANCISCO HERRERA ALVARADO. TERCERO: EN CONSECUENCIA, SE CONDENA a la entidad estatal LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), a través de su representante legal y rector el señor FRANCISCO HERRERA ALVARADO a fin de que proceda A REINTEGRAR a la trabajadora INES YADIRA CUBERO GONZALEZ a su puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones a las que tenía al momento de la terminación de la relación laboral reconociéndosele a la trabajadora los incrementos o aumentos que procedan según el contrato colectivo o incrementos del 1% en concepto de Años de Servicio y del 4.22% en concepto de Costo de Vida en base al IPC Decretado por el Banco Central de Honduras siendo efectivo para el mes de enero del año 2019, causados durante la secuela del juicio.- Más los salarios dejados de percibir, desde la fecha en que se produjo la notificación del despido de forma definitiva en fecha 25 de junio del año 2018 hasta que se haga efectiva la reinstalación en su puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones. CUARTO: SIN COSTAS…”. ANTECEDENTES DE HECHO. 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que inició la relación laboral con la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS EN EL VALLE DE SULA (UNAH-VS), el 02 de febrero del año 2000; Resulta que durante el mes de enero del año 2016, mientras la demandante se encontraba desempeñando sus labores al frente del Consultorio Jurídico Gratuito, desarrolló un cuadro clínico médico de mialgias, artralgias, eritema ocular, fotofobia, malestar general, hiporexia y deposiciones diarreicas compatible por clínica por virosis (probable rotavirus ), razón por la cual el facultativo Rider Martin Andino Ulloa, le prescribió siete (7) días de incapacidad laboral a partir del día dieciocho (18) de enero del año dos mil dieciséis (2016), sin embargo, al término de dicha incapacidad su estado de salud seguía comprometido, razón por la cual fue nuevamente incapacitada por el doctor Fernando Ramón Valerio Pascua, quien extendió su incapacidad médica por tres (3) días más, en el periodo comprendido del veinticuatro (24) al veintisiete (27) de enero del dos año mil dieciséis (2016), ambas incapacidades fueron otorgadas en legal y debida forma y posteriormente refrendadas por el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), como lo demuestra con dos (2) Certificados de Incapacidad Temporal otorgados con fechas quince (15) de febrero del año dos mil dieciséis (2016); resultando que previamente a su enfermedad tenía programado un viaje a los Estados Unidos de Norte América, con los boletos pagados, por lo cual y para no perder dichos boletos decidió viajar al país del norte para pasar su convalecencia en casa de unos parientes, por lo que al término de sus incapacidades médicas, con fecha veintiocho (28) de enero del mismo año (2016), se reintegró normalmente a sus actividades docentes y al frente del Consultorio Jurídico; sin embargo, y para su sorpresa el Departamento de Recursos Humanos de la UNAH-VS le hizo entrega de una citación a "audiencia de derecho a la defensa", para que compareciera el día martes nueve (9) de febrero del año dos mil dieciséis (2016) a las diez de la mañana a la Jefatura de Recursos Humanos, audiencia a la cual se hizo presente manifestando en su descargo los motivos de la inasistencia los días señalados en la citación de audiencia de descargo e indicando la presentación del certificado de incapacidad en el Seguro Social, para su respectivo refrendo por dicha institución. Con una postura totalmente inquisitiva con fecha quince (15) de febrero del año dos mil dieciséis (2016), la demandante fue nuevamente convocada a otra audiencia de descargo por la Jefatura de Recursos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula; audiencia a la cual acudió con fecha dieciséis (16) de febrero del mismo año (2016), aportando en su descargo las incapacidades medicas debidamente refrendadas por el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) mismas que justifican legalmente la inasistencia a sus labores comprendida entre el dieciocho (18) de enero al veintisiete (27) del mismo mes y año (2016); aportando y demostrando además en dicha audiencia mediante la presentación de constancias de distintas dependencias judiciales, y fiscales todas las labores realizadas de manera delegada a través de los en ese entonces procuradores Luis Alonso Dubon y Jairo Edgardo Peña designados según consta en la nota de fecha 19 de enero del 2018, y quienes presentaron informe de dichas actividades en fecha 29 de enero del 2016, todo con fundamento en el documento autorizado e intitulado PROGRAMACION DE ACTIVIDADES/DIVISION DE FUNCIONES del Consultorio Jurídico Gratuito & Centro de Conciliación y Arbitraje de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula, documento este que como ha manifestado fue autorizada su aplicación por sus superiores inmediatos desde el 16 de marzo del 2015. No obstante los extremos indicados en los acápites anteriores, con fecha 25 de febrero del 2016 se le notificó el oficio número 190-SEDP de fecha 24 de febrero del mismo año 2016, mediante el cual se transcribe el acuerdo número 278-2016 de fecha 23 de febrero del 2016, por el cual se acuerda por parte del patrono la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTO NOMA DE HONDURAS (UNAH), cancelar su contrato de trabajo sin responsabilidad de su parte, según la UNAH por haber faltado sin justa causa al trabajo los días 19 al 27 de enero del 2016, atribuyendo además engaño al patrono, negando con ello validez a las incapacidades medicas otorgadas por médicos especialistas, y asimismo, poniendo en duda las incapacidades refrendadas por el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), todo lo anterior acreditado según ellos con la constancia del movimiento migratorio obtenido extendido por el Instituto Nacional de Migración; sin embargo, la acción de despido ejecutada por la patronal se toma ilegal y violatoria de los derechos laborales de la demandante como quedara demostrado en juicio. 2.- La parte demandada, la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), contestó dicha demanda señalando que, la demandante ingresó a laborar el 7 de febrero de 2000, devengando durante los últimos seis meses de relación laboral un salario promedio de L.28,877.60, mediante oficio UNAH VS CERH 16/10 RRHH UNAH VS reporto (12 de febrero de 2016) a su jefe inmediato (coordinadora de recursos humanos UNAH VS) que se encontraron con la irregularidad de que la actora no marco el reloj dactilar los días martes 19, miércoles 20 y jueves 21 del mes de enero de 2016, por lo que esta fue citada a audiencias de derecho de la defensa celebradas el 9 y 16 de febrero de 2016; en la primera audiencia presentó incapacidades médicas, pero en la segunda la demandante fue más generosa y detallista al referirse en las fechas señaladas en el informe elaborado por el responsable del departamento de coordinación de efectividad antes referido, hasta ese momento todo indicaba que la actora se había presentado con una excusa documental para cada fecha que no laboro, con el ánimo de realizar una investigación objetiva del caso, más exhaustiva, el responsable del departamento de coordinación de efectividad en mención pregunto a la demandante si había salido del país en las fechas en las que se le imputaban, no dando respuesta alguna al respecto, según se desprende del acta de fecha 16 de febrero de 2016, hacen constar actuación presenciales ejecutadas por su persona en fechas 10, 20, y 22 de enero de 2016 todo en beneficio de la demandada pero estas dichas fechas la demandante se encontraba fuera del país por lo que la información inserta en dichos documentos es falsa dejando a sus autores inmersos en una situación difícil por tratarse de documentos públicos. También presentó una incapacidad medica extendida por el doctor Fernando R. Valerio afirmando haber atendido a la demandante el día 24 de enero de 2016 incapacitándola para descansar los días lunes 25, martes 26 y miércoles 29 de enero de ese mismo año 2016, atención que no pudo ser posible porque para esa fecha la accionante se encontraba en los Estados Unidos de Norte América, los argumentos con los cuales la actora pretendió justificar las ausencias los días martes 19 miércoles 20 y jueves 21, viernes 22, lunes 25, martes 26 y miércoles 27 de enero de 2016, nunca fueron ciertos si no inventados y respondieron a la intención de la actora en convertirlas en la justificación perfecta, pues conforme al movimiento migratorio durante los días en que la demandante estuvo ausente de sus labores viajo con destino a los Estados Unidos de Norte América saliendo del país el día 19 de enero e ingresando el 27 de enero del año en referencia con procedencia del mismo lugar de destino por lo que los documentos aportados por la demandante faltan a la verdad de los hechos para parámetros establecidos en la constitución, los tratados y convenios y demás leyes laborales aplicables, el despido se ejecutó mediante oficio No. 190-SEDP de fecha 24 de febrero de 2016 por haber faltado a su trabajo sin causa justa los días 19, 20, 21, 22, 25, 26 y 27 de enero de 2016 y además por actuar engañando a su patrono al presentar documentos para justificar dichas inasistencias tiempo durante el cual estuvo fuera del país. En la audiencia primera de tramite opuso la excepción material de prescripción con fundamento en los artículos 691 y 864 del Código del Trabajo, alegando que la demandante no cumplió con el procedimiento gubernativo reglamentario si no que opto por ejecutar la acción de amparo al respecto el representante procesal de la parte actora manifestó que el término de prescripción fue interrumpido por la acciones y gestiones realizadas ante la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social y la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala Constitucional, ante quien se tramito un amparo con suspensión del actor reclamado. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha 30 de noviembre del 2020, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR EL DEFECTO PROCESAL DE PRESCRIPCION OPUESTO POR LA REPRESENTACION PROCESAL DE LA PARTE DEMANDADA.- SEGUNDO: DECLARAR CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE EMPLAZAMIENTO PARA QUE EL PATRONO PRUEBE EN JUICIO LA JUSTA CAUSA DEL DESPIDO, CASO CONTRARIO SEA CONDENADO AL REINTEGRO AL PUESTO DE TRABAJO O POR LO MENOS EN IGUALDAD DE CONDICIONES A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS EL PAGO DE LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR. INCREMENTOS SALARIALES. Promovida por la señora INES YADIRA CUBERO GONZALES, de generales ya conocidas. Contra LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), a través de su representante legal y rector el señor FRANCISCO HERRERA ALVARADO. TERCERO: EN CONSECUENCIA, SE CONDENA a la entidad estatal LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), a través de su representante legal y rector el señor FRANCISCO HERRERA ALVARADO a fin de que proceda A REINTEGRAR a la trabajadora INES YADIRA CUBERO GONZALEZ a su puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones a las que tenía al momento de la terminación de la relación laboral reconociéndosele a la trabajadora los incrementos o aumentos que procedan según el contrato colectivo o incrementos del 1% en concepto de Años de Servicio y del 4.22% en concepto de Costo de Vida en base al IPC Decretado por el Banco Central de Honduras siendo efectivo para el mes de enero del año 2019, causados durante la secuela del juicio.- Más los salarios dejados de percibir, desde la fecha en que se produjo la notificación del despido de forma definitiva en fecha 25 de junio del año 2018 hasta que se haga efectiva la reinstalación en su puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones. CUARTO: SIN COSTAS…”. Bajo el criterio que, el artículo 862 del Código del Trabajo establece que: “La prescripción es un medio de librarse de una obligación impuesta por el presente Código o sea consecuencia de la aplicaci6n del mismo, mediante el transcurso de cierto tiempo y en las condiciones que determina este Capítulo. El derecho de prescripción es irrenunciable, pera puede renunciarse la prescripción ya consumada, sea expresamente, de palabra o por escrito, o tácitamente por hechos indudables”. De tal suerte que para el caso de la acción que tiene el trabajador su acción debe enmarcarse dentro del término que contempla el artículo 864 del Código del Trabajo, ya que los derechos y acciones de los trabajadores para reclamar contra los despidos injustificados que se les hagan o contra las correcciones disciplinarias que se les apliquen, prescriben en el término de dos (2) meses contados a partir de la terminación del contrato o desde que se le impusieron dichas correcciones, respectivamente. Y tal término de prescripción se puede interrumpir de conformidad con el artículo 868 del Código del Trabajo, y el efecto jurídico de la interrupción del término es inutilizar para la prescripción todo el tiempo corrido antes de que aquella ocurra (Art. 871 del Código del Trabajo). Por lo que, la prescripción se puede interrumpir en virtud de gestión ante la autoridad competente. En tal sentido tomando en cuenta que la parte actora en base a los argumentos que consideró oportuno cuestionar y atacar, interpuso la acción de amparo misma que fue admitida con la medida cautelar de suspensión provisional del acto reclamado, reintegrándose provisionalmente a la demandante por media de reclamo formulado ante el Ministerio del Trabajo, constituyéndose inspectoría del trabajo a levantar el acta del reintegro provisional, de manera que hasta la fecha en que se dictó la sentencia de amparo y ordeno devolver los antecedentes a la autoridad recurrida, y cesar la suspensión provisional del acto reclamado se puede considerar que el acto administrativo que se cuestionaba en el amparo adquirió el carácter de despido definitivo, por cuanto procedió la patronal a notificar tal sentencia y el cese de la suspensión provisional del acto reclamado por medio de Inspectoría del Trabajo la cual le fue notificada hasta en fecha 25 de Junio del año 2018, lo que ha producido los efectos de que la prescripción no pueda prosperar, la relación laboral entre la demandante y la patronal se mantuvo continua, devengando salario y estando sometida a las ordenes patronales, continuándose así un sostenimiento de la relación laboral, y quedando ésta concluida hasta que se le notificó la sentencia de amparo, lo que le permite tomando en consideración el principio de tutela judicial efectiva, así como en aplicación del principio pro hominen, y conforme los artículos 8, 24, 25 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José del 22 de Noviembre de 1969), le ha quedado expedito a favor de la parte actora lo procedente a fin de cuestionar el despido ante los Juzgado de Letras del Trabajo, por lo que la parte actora dentro del término concedido procedió a realizar su reclamo administrativo, agotando la vía administrativa a fin de ser reintegrada a su puesto de trabajo en igual o mejores condiciones, dándose por cerrado este trámite administrativo en fecha 26 de Julio del año 2018, procediéndose a interponer la demanda en fecha 24 de septiembre del año 2018 por lo que la acción no se encuentra prescrita, si ha sido interpuesta dentro del término de dos (2) meses que contempla el artículo 864 del Código del Trabajo en virtud de como se explica en este fallo tomando en cuenta la notificación efectuada a la demandante de hacer firme el despido hasta la fecha 25 de Junio del año 2018, y sí agoto la parte actora la vía administrativa gubernativa para la presente acción tal como lo exige el artículo 691 del Código del Trabajo. Considerar los argumentos que expone la parte demandada seria interpretar restrictivamente los derechos de acción que tiene la parte actora, lo cual sería denegar el derecho de tutela judicial efectiva a la parte actora y derecho una resolución de fondo, ya que si se interpuso la garantía constitucional de amparo es porque la parte actora no tenía la certeza de la vía jurisdiccional a la que debía encaminar su acción, es la misma Sala de lo Constitucional en la sentencia de amparo que establece en su considerando cuatro, que el tipo de contratos de trabajo celebrados entre la recurrente con la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS para el Valle de Sula, aún y cuando puedan denominarse contrato de servicios profesionales, reúnen los requisitos señalados en el artículo 20 del Código del Trabajo, ya que el trabajador desarrolla sus labores de manera continua, ejerciendo las mismas actividades y funciones, bajo las órdenes del mismo patrono y recibiendo un pago como retribución a sus labores y cumpliendo una jornada de trabajo, por lo que es claro que el contrato suscrito entre las partes es de naturaleza laboral, de manera que se procede a sobreseer el amparo en virtud de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que regula la inadmisibilidad de la acción, por lo que el plazo se mantuvo enervado, sin eficacia, en virtud de la admisión de la suspensión provisional del acto reclamado ya que la actora siguió laborando para la institución demandada tal como se acredito el proceso judicial, por lo que una vez se hizo efectiva la terminación de la relación laboral tal como fuere notificada la parte procedió a ejercitar su acción tal como lo manda el Código del Trabajo dentro del término legal y agotando la vía administrativa, ya que de conformidad con la parte final del artículo 67 de la Ley Sobre Justicia Constitucional la sentencia de amparo no prejuzga sobre ninguna otra materia y conforme el artículo 72 de la misma Ley Sobre Justicia Constitucional ya que el efecto de la sentencia de amparo es únicamente en relación con la controversia constitucional plateada, y no origina derechos subjetivos a favor de los particulares o del Estado por lo que no podrá oponerse como excepción de cosa juzgada en ningún proceso que se ventile con posterioridad ante los órganos jurisdiccionales, lo que se configura que la acción no está prescrita, la parte demandada considera que hay prescripción porque así se hace ver en tal sentencia de amparo, sin embargo el termino empezó a correr desde la fecha en que la misma patronal notificó los efectos del cese de la suspensión del acto reclamado y siendo que conforme el artículo 134 de la Constitución de la República quedan sometidas a la jurisdicción del trabajo todas las controversias jurídicas que se originen en las relaciones entre patronos y trabajadores, de manera que a criterio de este Juzgado de Letras del Trabajo en virtud del otorgamiento de la suspensión del acto reclamado se restablecieron provisionalmente los derechos y hasta que fue notificado el cese de tal medida y adquirido eficacia la notificación del despido directo correspondía a la parte actora gestionar las acciones que estimaba pertinentes, interponiendo su acción dentro del término legal tal como ya se explicó. Corresponde a la demandada acreditar la legalidad y justeza del despido, al actor conforme las causas invocadas; le corresponde acreditar la justificación de sus inasistencias al trabajo según se desprende de las citas para audiencia de descargos (Audiencia de derecho de defensa). Vale para ello, establecer que, en concreto los motivos invocados en el oficio No. 190-SEDP de fecha 24 de febrero de año 2016, cuyo recibido consta bajo protesta el día 25 de febrero del 2016 y transcribe el acuerdo No. 278-2016 que acuerda cancelar el contrato individual de trabajo a partir de la fecha de notificación, sin responsabilidad para la UNAH, a la empleada Inés Yadira Cubero González, por haber faltado a su trabajo los días 19, 20, 21, 22, 25, 26 y 27 de enero del 2016, sin justa causa. Ya en la audiencia de cargos y descargos en base a la imputación realizada, presentó diversas constancias y documentos a fin de acreditar según se desprende de todo el contexto de la audiencia de cargos y descargo y según prueba aportada al proceso de la autorización de la UNAH a ella como Coordinadora del Consultorio Jurídico Gratuito, según el programa de actividades y división de funciones visible a folio del 185 al 192 se encontraban autorizadas las actividades presenciales delegadas, presentando las constancia y documentación que es tendiente a justificar que en tales fechas que no dejo de cumplir y ejecutar su trabajo, ya en concreto también para justificar sus inasistencias expone que en tales fechas se encontraba incapacitada estando pendiente la incapacidad ante el seguro social, acreditando tales extremos con un certificado médico temporal 560125 en el cual se le incapacita por parte de esa dependencia desde el día 18 de enero hasta el día 24 de enero del año 2016, lo cual así mismo lo hizo ver cuando compareció ante este Juzgado a realizar interrogatorio de parte. La existencia de tales incapacidades médica, fue comunicada y puesto en conocimiento de la patronal durante el procedimiento disciplinario y a los departamentos correspondientes, según se desprende de la prueba realizando una valoración libre e integral de la misma. Pese a ello la patronal posterior a la realización de tales audiencias de derecho de defensa, procedió a considerar que la sanción aplicable a los hechos imputados era el despido, sanción de mayor gravedad. Derivando en tal conclusión la patronal al constatar todo con un documento de prueba evacuado fuera de las audiencias de derecho de defensa relativo a un movimiento migratorio, por tanto se considera en este juicio tal como lo alega la parte actora que en ningún momento el procedimiento disciplinario responde a una confrontación con la constancia del movimiento migratorio que alude la patronal en el acuerdo de destitución y que a consideración patronal le resta eficacia y demuestra que era imposible que la demandante pudiera haber sido examinada el 24 de enero del 2016 según se desprende del Certificado médico extendido, de la incapacidad de los días del 24 al 27 de enero del 2016. En lo relativo a considerar la falta de justificación de los días señalados en la carta de despido, por haber presentado constancias que están incorporadas al proceso para comprobar que no cometió las faltas imputadas, considera la patronal no justifican, demostrando más bien engaño tomando en consideración que se encontraba en Estados Unidos según se desprende del Movimiento migratorio y lo expresado en audiencias de procedimiento disciplinario, no obstante como se ha advertido siendo que los hechos imputados son relativos a inasistencias y que por tanto son relativos a desatender la ejecución de sus labores, las mismas fueron extendidas según se observa del contexto de los hechos y la prueba practicada que corresponden para la acreditación del cumplimiento de las actividades autorizadas el día 19 de enero del año 2016 tal como es visible a folio 193 a los procuradores designados para los efecto de práctica, a su vez por actos presenciales delegados, es decir que tal como se observa del programa de actividades, división de funciones aprobado desde el 16 de marzo del 2015, tales actividades pueden realizarse de forma "personal delegada", textualmente tal programación expresa con relación a las funciones de la abogada Inés Yadira Cubero González en su numeral 7 "Asistencia y supervisión de audiencias y expedientes de forma personal o personal delegada mediante procuradores en las distintas dependencias judiciales fiscales y otras y avalar con su firma la constancia de finalización de la práctica profesional supervisada". De modo que se desprende que las mismas tal como se verifico con la audiencia de interrogatorio de parte, ante esta sede judicial la parte actora explica que fueren presentadas para verificar que las obligaciones se supervisaron y todo se hizo de conformidad a los que establece el programa de actividades de división de funciones de fecha 16 de marzo del año 2015 y en uso de sus funciones autorizadas específicamente la número 7. En consecuencia en base al análisis realizado en este fallo sobre lo alegado por las partes, es procedente el reintegro de la actora en iguales o mejores condiciones a la que tenía al momento del despido ilegal e injusto, realizándole el patrono los incrementos o aumentos que procedan según el contrato colectivo o incrementos del 1 % en concepto de Años de Servicio y del 4.22% en concepto de Costo de Vida en base al IPC Decretado por el Banco Central de Honduras siendo efectivo para el mes de enero del año 2019. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 23 de abril del 2021, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que, de las pruebas que obran en el juicio, es indudable que la actora no se presentó a su puesto de labores los días 19, 20, 21, 22, 25, 26 y 27 de enero de 2016, por lo que fue convocada con un día de anticipación, a audiencia de derecho de defensa o descargos en dos momentos diferentes (febrero 09 y 16 de 2016), audiencias en las que la demandante expuso las razones o justificaciones del caso: “incapacidades médicas, migraña, constancias de órganos y entidades estatales, plan de actividades....”, justificaciones que el empleador no consideró o validó, al concluir que fue engañado porque según el movimiento migratorio de la actora, esta salió de Honduras el 19 de enero de 2016 con destino a Estados Unidos de Norte de América, ingresando el 27 de ese mismo mes y ano con procedencia del país en referencia; sin embargo, por dicho comportamiento no se realizó procedimiento de descargo alguno, cuando aparentemente para el 16 de febrero de 2016 la demandada tenía conocimiento de ello, considerando la pregunta formulada por el Coordinador de efectividad del recurso humano en la audiencia de descargos celebrada el 16 de febrero de 2016, ¿usted salió del país en esos días que se le imputan?; y, pese a no tener respuesta al respecto, el empleador no realizó más preguntas ni confrontó a la demandante con el contenido del oficio no. 108-SG-16 extendido por el secretario general del Instituto de Migración contentivo de su movimiento migratorio, omisión que constituye una violación al derecho de defensa de la actora como lo consideró el iudex a quo, al no haber tenido la oportunidad de explicar lo referente a dicho movimiento; sobre todo teniendo en cuenta que la demandante fue convocada para justificar o explicar las razones de su ausencia a su puesto de trabajo. Lo anterior resulta así en razón de los principios que rigen el proceso investigativo-disciplinario: tipicidad (legalidad), derecho de defensa, buena fe, oportunidad, razonabilidad y proporcionalidad, y en base a los cuales la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Laboral y Contencioso Administrativo, ha establecido línea jurisprudencial en el sentido de que no puede imponerse sanciones disciplinarias por faltas no previstas o establecidas previamente, debe convocarse a descargos con la suficiente anticipación de manera que el trabajador pueda preparar su defensa y que la sanción sea proporcional al comportamiento que se imputa y que sea constitutivo de falta o injuria laboral. Así las cosas, las justificaciones expuestas por la trabajadora ante el llamado a descargos por inasistencia a sus labores, surten toda la eficacia del case, de ahí, que se comparte la valoración del juez de primera instancia al estimar como justificadas las ausencias en referencia. Este tribunal observa que el iudex a quo ordena el reintegro de la demandante "en iguales o mejores condiciones a las que tenía al momento de la terminación de la relación laboral con el reconocimiento de los incrementos o aumentos que procedan según el contrato colectivo", cuando de autos no resulta acreditado que la actora este afiliada al sindicato o que aporte cuota sindical a favor de este, conforme lo dispone el artículo 60 del Código del Trabajo; aspecto sobre el cual el recurrente no hizo ningún cuestionamiento, por lo que este tribunal no hace pronunciamiento alguno. Por las razones de hecho y de derecho expuestas, consecuentes de la valoración de los elementos fácticos aportados por las partes y la prueba allegada al proceso según lo disponen las normas procesales, este Tribunal estima procedente confirmar la sentencia que se conoce mediante recurso de apelación, por ser la misma conforme a Derecho. 5.- Mediante auto de fecha 07 de septiembre del 2021, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado DENNIS ALEJANDRO ORELLANA REYES, en su condición de representante procesal de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 04 de abril del 2022, compareció ante este Tribunal el Abogado DENNIS ALEJANDRO ORELLANA REYES, en su condición de representante procesal de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 04 de mayo del 2022, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado JOSE ERNESTO CUBERO GUTIERREZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado Roy Pineda Castro, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I. La finalidad del recurso de casación es la unificación de la jurisprudencia nacional tal como lo establece el artículo 764 primer párrafo del Código de Trabajo, no constituye una tercera instancia que permita un discurso atropellado, alegaciones extensas y argumentos desordenados. Por ello este Tribunal, afincado al sistema constitucional y legal y adoptando una cultura de respeto y cumplimiento a los tratados y convenios internacionales suscritos por el País, tiene dicho que la demanda de casación está sometida a un conjunto de formalidades para que sea atendible. Se ha establecido también que esos precisos requerimientos de técnica, más que un culto a la formalidad son supuestos esenciales de la racionalidad del recurso de casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice. II. La demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. III. Que el Abogado Dennis Alejandro Orellana Reyes, en su condición de Representante Procesal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en su primer motivo de casación alega: “EXPRESION DE LOS MOTIVOS DE CASACION. PRIMER MOTIVO DE CASACION: Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva nacional, por infracción directa proveniente de la interpretación errónea del literal a) del Artículo 868 del Código de Trabajo, que la hizo incurrir en error de hecho que aparece de manifiesto en los autos y que la llevo en forma directa a la violación de los Artículos 113 y 864 del Código del Trabajo al interpretarse erróneamente el literal a) del Artículo 868 del Código de Trabajo. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: La norma procesal que sirvió de media para la violación de las normas sustantivas señaladas, están contenidas en el literal a) del artículo 868 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACION DEL MOTIVO: La Corte Sentenciadora, al confirmar el fallo dictado por el Juzgado de Primera Instancia, incurrió en error de hecho al interpretar erróneamente y atribuirle un sentido y alcance más amplio del que en realidad tiene el literal a) del Artículo 868 del Código de Trabajo, y tener por interrumpida la prescripción por gestión o demanda ante autoridad competente, al señalar que "no es posible considerar que la acción de la demandante haya prescrito para reclamar sus derechos económicos laborales, pues el Artículo 868 del Código de Trabajo, cuando establece que la prescripción se interrumpe por demanda o gestión ante la autoridad competente, no lo hace de forma restrictiva o limitativa, sino de manera de que quien se vea afectado o perjudicado en sus derechos, pueda acudir ante autoridad competente en procura de los mismos, en este caso de los derechos laborales ejercitando las acciones o realizando las gestiones del caso, bien sea en sede administrativa o judicial; como ocurre en el presente caso, una vez que la demandante ceso en sus labores, conforme se dejó establecido".- Lo expuesto, fue citado por dos (2) de los magistrados ponentes de la sentencia recurrida, y al tenor de ello debemos entonces aceptar que cualquier acción judicial o administrativa es suficiente para interrumpir un término de prescripción, independientemente de la razón o la materia de que se trata, de ser esto cierto, una demanda de amparo, o el solicitar los servicios de un inspector o un simple cálculo de prestaciones seria causa suficiente para tener por interrumpida la prescripción, lo cual sabemos por criterios de esta sala y por la experiencia, que no es así.- Ahora bien, la interpretación correcta que debió dar la Corte Sentenciadora al literal a) del Artículo 868 del Código de Trabajo es la contenida en los criterios jurisprudenciales (CL-443-09 y CL-638-11) que establecen "que la acción interrumpe la prescripción cuando se trata de gestiones a las que hace referencia el literal a) del Artículo 868 del Código de Trabajo y que se refieren a las actuaciones directas del reclamo en si formulado contra el patrono ante la autoridad del trabajo, ya sean las peticiones para el pago de las denominadas prestaciones e indemnizaciones laborales o el reintegro al trabajo, conforme al derecho alternativo que para hacerlo le concede el Artículo 113 del Código de Trabajo, no comprendiéndose como tales, las actuaciones que se refieran a la obtención de cálculos de prestaciones, constatación de hechos, etcétera, aunque sean realizadas ante las referidas autoridades del trabajo, porque las mismas no sirven para inutilizar ese tiempo corrido antes de que ocurra la prescripción, conforme lo dispuesto en el Artículo 871 del Código de Trabajo".- Dicho lo anterior, en el caso que nos ocupa "no debería ser posible que las comparecencias y actuaciones del Ministerio del Trabajo en el dos mil dieciséis (2016) interrumpan la prescripción ya que ello fue realizado con ocasión de la acción de amparo que finalmente fue sobreseído, pues la petición se basó en constatar hechos (cumplimiento del amparo) y no un reclamo directo contra el patrono respecto del cese laboral en los términos de los Artículos 113 y 691 del Código de Trabajo".- Esto último, respondería al criterio manifiesto de la Sala de lo Constitucional de esta Honorable Corte Suprema de Justicia, en la resolución del amparo presentado por la demandante con atención al despido efectuado en el dos mil dieciséis (2016), al estimar "que, dado su carácter extraordinaria, el amparo solamente es procedente cuando la legislación que norma el acto reclamado, no brinda al afectado ningún medio legal de reparación. No obstante, en el caso sub judice, Ley de Procedimiento Administrativo, así como el Código de Trabajo, si prevén la posibilidad de atacar la providencia conocida en amparo, mediante la interposición de las respectivas demandas y posteriores recursos hasta 1legar a la acción constitucional de amparo".- Todo lo cual debió ser suficiente para que la Corte Sentenciadora declarase con lugar la apelación interpuesta como consecuencia de la declaratoria ha lugar de la prescripción opuesta”. IV. El cargo que antecede no es admisible a razón de lo siguiente: el Censor basa su motivo en una interpretación errónea del Artículo 868 literal A del Código de Trabajo y agrega que, también se incurrió en violación directa del Artículo 113 y 864 del Código de Trabajo. En el caso del Artículo 868 literal A este Alto Tribunal concluye que el Censor omite en expresar que la resolución sobre la cual dilucida la acción perentoria de prescripción, consiste en una sentencia que dentro de su mandato contiene la imposición de la medida cautelar de suspensión del acto reclamado. Por lo que, conforme lo que ordena el Artículo 59 de la Ley sobre Justicia Constitucional, sí tiene un efecto directo en la interrupción de la prescripción de la acción reclamada, que consiste y se concatena precisamente con el reclamo al patrono por la cancelación del contrato individual del trabajo. Asimismo, adiciona una violación directa, sin expresar si se trata de una infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea del Artículo 113 del Código de Trabajo. Aunado a lo anterior, la norma señalada como violada, contiene distintos párrafos y literales, con diferentes situaciones jurídicas que era necesario precisar a cuál de ellas dirigía su ataque contra el fallo impugnado. V. En un segundo motivo de casación, el Recurrente precitada establece lo siguiente: “SEGUNDO MOTIVO DE CASACION: Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva nacional, por infracción indirecta proveniente de la errada apreciación que hace la Corte Sentenciadora de la prueba documental propuesta por la parte demandada y singularizada a la certificación de la sentencia dictada por la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justifica en resolución del Amparo Laboral AA-178-2016, con fecha veintidós (22) de noviembre del dos mil diecisiete (2017) y la resolución de su recurso de reposición de fecha veintitrés (23) de febrero del dos mil dieciocho (2018), visible a folios que van del 83 al 87 de los autos que conforman la primera pieza, y que hace incurrir a la Corte Sentenciadora en error de hecho que aparece de manifiesto en los autos y que la llevo en forma indirecta a la violación de los Artículos 113 y 864 del Código del Trabajo.- REGLAS PROCESALES VIOLADAS: La norma procesal que sirvió de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas, están contenidas en los Artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACION DEL MOTIVO: La Corte Sentenciadora, al confirmar el fallo dictado por el Juzgado de Primera Instancia, incurrió en error de hecho al apreciar de forma errada la prueba documental propuesta por la parte demandada y que corresponde a la sentencia dictada por la Sala Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justifica, de fecha veintidós (22) de noviembre del dos mil diecisiete (2017) y la resolución de su recurso de reposición de fecha veintitrés (23) de febrero del dos mil dieciocho (2018), visible a folio que van del 83 al 87 de la primera pieza, documento en el cual se encuentra la certificación de la sentencia dictada por la Sala de lo Constitucional de esta Honorable Corte Suprema de Justicia, de fecha veintidós (22) de noviembre del dos mil diecisiete (2017) y la resolución del recurso de reposición mediante auto de fecha veintitrés (23) de febrero del dos mil dieciocho (2018), con el cual da por hecho que la prescripción se interrumpió por gestión o demanda ante autoridad competente. Dicho documento fue apreciado de forma errada y defectuosa por la Corte Sentenciadora, al admitirse únicamente con dicha documental, que "en el asunto que nos ocupa, es visto que comunicada que fue la cancelación del contrato, la demandante acudió en amparo ante la Corte Suprema de Justicia, acción que fue admitida con suspensión del acto reclamado, de manera que la actora estuvo prestando servicios hasta el 25 de junio de 2018, cuando con el auxilio de la autoridad administrativa del trabajo, la demandada entregó formalmente a la demandante las resoluciones judiciales mediante las que se ordenó el sobreseimiento de la causa y con ello el cese inmediato de la medida le la suspensión provisional del acto reclamado, con fundamento en el artículo 46 de la Ley sobre Justicia constitucional que regula las causas de inadmisibilidad, según resulta de la parte motiva de la sentencia proferida en fecha 22 de noviembre de 2017; gestión en razón de la cual la demandante acudió ante la autoridad administrativa del trabajo y posteriormente ante el órgano judicial presentando la demanda que nos ocupa. Así las cosas, no es posible considerar que la acción de la demandante haya prescrito para reclamar sus derechos económicos laborales; pues el artículo 868 del Código del Trabajo, cuando establece que la prescripción se interrumpe por demanda o gestión ante la autoridad competente, no lo hace de forma restrictiva o limitativa, sino de manera de que quien se vea afectado o perjudicado en sus derechos, pueda acudir ante autoridad competente en procura de los mismos, en este caso de los derechos laborales ejercitando las acciones o realizando las gestiones del caso, bien sea en sede administrativa o judicial; como ocurre en el presente caso, una vez que la demandante cesó en sus laborales, conforme se dejó establecido".- Al emitir esa errada apreciación, la Corte Sentenciadora en primer lugar, obvio que la Sala de lo Constitucional de esta Honorable Corte Suprema de Justicia, en la sentencia de fecha veintidós (22) de noviembre del dos mil diecisiete (2017) desestimo la acción de la ahora demandante, al estimar en el considerando seis (6) de dicha sentencia, que "el procedimiento administrativo que la recurrente estaba obligada a evacuar, es el legalmente preestablecido en el Código de Trabajo, en consecuencia las diligencias que contienen la acción de amparo deben ser sobreseídas, en vista de que la recurrente tenía expedito el interponer una acción ante la jurisdicción laboral y omitió hacerlo", y posteriormente, al estimar en la resolución del recurso de reposición, con el cual la ahora demandante busco "se le habilitara el termino para iniciar el trámite administrativo en la materia laboral, el mismo que dejo de utilizar, al recurrir el acto, vio amparo directo" (considerando dos de la resolución del recurso de reposición), la Sala de lo Constitucional de esta Honorable Corte Suprema de Justicia le declaro sin lugar el aludido recurso de reposición al estimar en el considerando cinco (5) "que, dado su carácter extraordinaria, el amparo solamente es procedente cuando la legislación que norma el acto reclamado, no brinda al afectado ningún medio legal de reparación. No obstante, en el caso subjudice, Ley de Procedimiento Administrativo, así como el Código de Trabajo, si prevén la posibilidad de atacar la providencia conocida en amparo, mediante la interposición de las respectivas demandas y posteriores recursos hasta 1legar a la acción constitucional de amparo".- Las consideraciones establecidas en la certificación de la sentencia dictada en el recurso de amparo y la resolución del recurso de reposición, apreciadas correctamente, debieron ser suficientes para "declarar con lugar la excepción perentoria de prescripción, pues el cese laboral se materializo el día 25 de febrero del 2016 (folio: 28pp) y la demanda fue presentada el 24 de septiembre del 2018, es decir, cuando ya había transcurrido el plazo definido por la norma legal referida en el fundamento segundo de este voto particular tal y como lo afirma la demandada, no siendo posible que las comparecencias y actuaciones del Ministerio del Trabajo de fecha 11, 12, 15 y 19 de abril, 01, 03, 12 y 25 de agosto, todos del 2016 interrumpan la prescripción ya que ello fue realizado con ocasión de la acción de amparo que finalmente fue sobreseído, pues la petición se basó en constatar hechos (cumplimiento del amparo) y no un reclamo directo contra el patrono respecto del cese laboral en los términos de los artículos 113 y 691 del Código del Trabajo". Siendo así, la Corte Sentenciadora debió declarar ha lugar la prescripción opuesta y el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, y consecuente con ello debió declarar sin lugar a la demanda que nos ocupa”. VI. Conforme a la rigurosidad y especialidad de la técnica de casación, se concluye que el segundo motivo no es admisible a razón de lo que a continuación se establece: A) Debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos, lo cual no aparece demostrado por el Recurrente; B) La prueba singularizada sí fue apreciada en el fallo impugnado, resultando que se le dio una valoración o alcance diferente al que pretende el Impetrante, sin embargo no es una apreciación errónea del medio probatorio, el cual basa su acto reclamado literalmente en lo siguiente: “Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada INES YADIRA CUBERO GONZALEZ favor de SI MISMA, contra actuaciones de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), relacionadas a la Resolución No. 190-SEDP de fecha veinticuatro (24) de febrero de dos mil dieciséis (2016), que cancela el contrato individual de trabajo de la señora INES YADIRA CUBERO GONZALEZ del cargo de Profesora Auxiliar de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras para el Valle de Sula.” Por lo que, el argumento vertido por el Censor en cuanto a que el reclamo reflejado en la Certificación de la sentencia de fecha 22 de noviembre de 2017 emitida por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia no se trataba de un reclamo directo del patrono respecto al cese laboral es infundado. VII. Por lo anteriormente expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación que se ha hecho mérito en sus dos motivos. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 59 de la Ley sobre Justicia Constitucional; 664, 665, 666 literal C, 764, 765, 769, 777 y 858 del Código de Trabajo; 22, 200, 211, 212, 214, 215 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación interpuesto por el Abogado Dennis Alejandro Orellana Reyes, en su condición de Representante Procesal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en sus dos motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado Roy Pineda Castro. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ROY PINEDA CASTRO, COORDINADOR, WALTER RAUL MIRANDA SABIO, ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes agosto del dos mil veintitrés; certificación de la sentencia de fecha cinco días del mes de junio del dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL 221-2021. Firma y sello. - OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ, SECRETARIO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.